martes, 24 de abril de 2007

El hogar de la Marina

LA JUSTICIA EN PUERTO BELGRANO
Por Diego Martínez

Luego de treinta años de absoluta impunidad la Justicia Federal de Bahía Blanca investigará por primera vez los delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y su vecina base de infantería de marina Baterías. Los primeros ocho imputados son oficiales superiores de la Armada que la Cámara Federal local citó a indagatoria en 1988 por 42 casos de secuestros y torturas, indultados por el ex presidente Carlos Menem por decreto 1002 de 1989. Entre ellos, se destacan el contraalmirante Luis María Mendía y los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, hoy procesados con arresto domiciliario en la causa ESMA. Vañek será juzgado además por robo sistemático de bebés, causa que ayer elevó a juicio oral el juez federal Guillermo Montenegro.

Puerto Belgrano es el mayor asentamiento naval del país. Cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo, la historia de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en sus bases de Punta Alta es poco conocida. En los ’80, diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía investigar sus centros clandestinos postergaron el comienzo de la instrucción. En julio de 1988 la Cámara Federal bahiense citó a indagatoria a los ex comandantes de operaciones navales Mendía y Torti al jefe de Estado Mayor de Operaciones Navales Vañek, al comandante de la fuerza de submarinos vicealmirante Juan José Lombardo, al comandante de Puerto Belgrano, capitán de navío Zenón Saúl Bolino; a los ex jefes de la Base Naval de Mar del Plata contraalmirantes Juan Carlos Malugani (actualmente alojado en dependencias de la Policía Federal de esa ciudad por su responsabilidad como jefe de la base) y Raúl Alberto Marino, y el capitán de navío Edmundo Núñez. Gracias a los artilugios de sus defensores y a los indultos menemistas no llegaron a ser procesados.

Por pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.I.J.O.S. Capital, en diciembre de 2005 el juez federal Alcindo Alvarez Canale declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, pero se excusó de intervenir en causas de la Armada por su parentesco con el contraalmirante Marino. Durante más de un año se excusaron o fueron recusados una docena de abogados, en algunos casos por su identificación “con los postulados del Proceso de Reorganización Nacional”. En junio –mientras Página/12 publicaba por primera vez el testimonio de una sobreviviente de Puerto Belgrano–, el fiscal federal Antonio Castaño solicitó la inconstitucionalidad del decreto de indulto que benefició a los ocho marinos, su detención y alojamiento “en el Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de ser citados a prestar indagatoria”. Pero la causa seguía sin juez.

Recién en febrero se declaró competente Eduardo Tentoni, abogado de reconocida trayectoria en el Colegio de Abogados bahiense, quien de inmediato aceptó las excusaciones, solicitó documentación oficial de la Armada y notificó a los imputados del pedido de inconstitucionalidad de las querellas. Si bien Tentoni no tiene despacho en tribunales, en teoría dispone –igual que Alvarez Canale– de los seis secretarios y ayudantes que el Estado designó para colaborar con causas por delitos de lesa humanidad.

En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos. Uno en Baterías, probablemente en el ex Batallón de Infantería de Artillería Antiaérea, contra la costa, más conocido como séptima batería, edificio viejo y húmedo que se inundaba cuando llovía. Los secuestrados pasaban día y noche en colchonetas inmundas, sobre piso de portland, vendados y encapuchados. Desde allí escuchaban a gente distendida en una playa. El otro funcionó en un barco desmantelado, copado por ratas, amarrado a un muelle, aparentemente frente a la plaza del comando anfibios en Baterías, aunque otras fuentes creen que estaba adentro de Puerto Belgrano.

Los guardias se intercambiaban los apodos para no ser reconocidos. Entre los interrogadores sobresalían Legui y Rubio. Junto con Cacho (oficial culto con olor mezcla de perfume y tabaco fino) ambos tenían autoridad sobre el resto. Entre los torturadores se destacaban el Turco y Leona. Del testimonio de sobrevivientes se sabe que los guardias eran unos quince, estaban siempre borrachos y usaban alias como Jaime, Negro, Tierno, Laucha, García, Tornillo, Jimmy, Viejo, Pájaro y Carlitos. También un enfermero concurría a limpiarles las úlceras en los tobillos y a ponerles gotas en los ojos. De la Justicia depende saber quiénes de los miles de oficiales y suboficiales que caminan impunes por Bahía Blanca y Punta Alta usaban esos apodos en las mesas de torturas.

miércoles, 18 de abril de 2007

Primero acusado y después acusador

EL JUICIO INICIADO POR UN JUEZ SEÑALADO COMO MIEMBRO DE LA TRIPLE A
Por Diego Martínez

Desde Bahía Blanca

El presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, ex diputado nacional y ex miembro de la Conadep, Juan Pedro Tunessi, admitió haber visto en 1984 en el estudio del actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca Néstor Luis Montezanti “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general Suárez Mason”, comandante del V Cuerpo de Bahía Blanca durante el segundo semestre de 1975. La declaración tuvo lugar durante la primera audiencia del juicio por calumnias e injurias que Montezanti promovió contra el ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur Alberto Rodríguez, quien lo sindicó como “partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina” durante una reunión del Consejo Superior de la UNS en 2002. Rodríguez fue uno de los pocos testigos que el 3 de abril de 1975 denunció a Jorge Argibay, custodio del interventor de la UNS Remus Tetu, como el asesino del estudiante David Cilleruelo en los pasillos de la universidad bahiense, relato que en marzo pasado reiteró ante el juez federal Norberto Oyarbide.

Por su parte, el ex rector de la UNS durante la presidencia de Héctor Cámpora, Víctor Benamo, se presentó como “delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Bahía Blanca” y relató que fue Montezanti quien luego de su exilio le abrió las puertas de la universidad para dictar una conferencia sobre derecho comunitario. “Fue la única vez que alguien me permitió enseñar lo aprendido en Bruselas”, agradeció. Dijo ignorar la declaración del secretario Eduardo Luis Duhalde ante el juez Oyarbide en la causa Triple A (publicada en todos los diarios del país el 17 de enero) y también que Montezanti tuviera relación con esa organización paramilitar. “Reconozco sus estudios revisionistas en las filas del nacionalismo, pero queda en el querellado probar si con C o con Z”, dijo. Cuando Montezanti le preguntó si la UOM o el gremio de camioneros a los que asesoraba eran afines a la CGT de Rodolfo Ponce, cara visible de la Triple A, Benamo respondió: “Tengo entendido que era al revés, que Ponce y [el secretario de la UOM Albertano] Quiroga no se llevaban bien”.

El segundo testigo ofrecido por el camarista, Raúl José Hernández, ex empleado de la UOM durante 25 años, admitió haber sido cliente de Montezanti y aseguró que el gremio metalúrgico “sufrió varios atentados de la Triple A”. Finalmente, el abogado Miguel Asad relató haber sido quien le propuso a Montezanti redactar el pedido de amnistía para Dardo Cabo tras el Operativo Cóndor (el desvío de un avión comercial hacia las islas Malvinas por parte de un comando peronista en 1966). “No creo que la Triple A hubiera estado contenta con Montezanti en sus filas si defendió a Dardo Cabo”, sugirió Asad, quien omitió distinguir el Movimiento Nueva Argentina (desprendimiento de Tacuara en el que Cabo militaba en ese entonces) de la organización Montoneros, donde Cabo militaría años más tarde.

Los testigos Miguel Angel Pereyra, Marcos Canova, José Patrignani y Juan Larrea admitieron haber visto a Montezanti en medio de una patota armada que a mediados de 1974, por orden del delegado regional de la CGT Rodolfo Ponce, ocupó la Universidad Tecnológica Nacional con armas cortas y largas para impedir el ingreso de estudiantes que cuestionaban la gestión del interventor Emilio Garófoli. Larrea dijo que conocía desde años antes la “concepción fascista del mundo” del camarista pero que lo sorprendió verlo en medio de los matones porque “era un hombre de ideas, y esa era gente de acción”. Montezanti silenció una vez más a su defensor Hugo Sierra para mostrar sus dotes de interrogador:

–¿Usted adscribe a la concepción comunista del mundo, no? –preguntó.

Larrea consultó al juez si era relevante responder y ante el visto bueno aclaró:

–Soy marxista, sí.

–¿Comunista también? –retrucó el juez.

–Sí, comunista también.

–Ah, suficiente, ya está –concluyó Montezanti, quien perdió la compostura en reiteradas oportunidades, calificó de “mentiroso y farsante” a un testigo y a los gritos ordenó “cállense, patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo.

lunes, 9 de abril de 2007

Una historia olvidada que se reabre

JUICIO POR CALUMNIAS A UN EX ESTUDIANTE QUE DENUNCIO A UN CAMARISTA

Un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias que le inició el presidente de la Cámara Federal, a quien vinculó con la Triple A.

Por Diego Martínez

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La señorial fachada de la Universidad Nacional del Sur, sede de la historia.

Mientras torturadores y asesinos caminan impunes por Bahía Blanca con el visto bueno de la Justicia federal, un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias por haber denunciado como partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino Humberto Adalberti. Si el juez José Luis Ares comprende de antemano que la Triple A no entregaba carnet de socios a sus sicarios ni a sus referentes intelectuales, será menos complejo para el denunciado demostrar que su acusación no es caprichosa que para el juez justificar ante sus alumnos la férrea indiferencia de la corporación judicial bahiense frente a la masacre cometida por las Fuerzas Armadas antes y después del último golpe de Estado.

La historia comenzó en octubre de 2002, mientras los estudiantes de la UNS se movilizaban en contra de los exámenes de ingreso. Alberto Rodríguez participaba de la reunión del Consejo Superior como delegado de la Asociación Argentina de Actores. “En lugar de poner trabas al ingreso de alumnos habría que analizar de una buena vez el plantel de docentes. Aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad”, dijo. Citó como ejemplo a Montezanti, “impulsor de la pena de muerte y partícipe de la Triple A”. Un mes después el Senado aprobó su designación como camarista y en octubre de 2004, con efecto retardado, Montezanti se sintió injuriado, querelló a Rodríguez y pidió un resarcimiento de 10.000 pesos más intereses.

Credencial para matar

A Rodríguez no le contaron la historia. El 3 de abril de 1975, en un pasillo de la UNS, fue testigo del asesinato de David Cilleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino, Jorge Oscar Argibay, suboficial de la Armada, era el custodio de máxima confianza del flamante rector Remus Tetu, cuya primera medida de gobierno fue contratar bajo el rubro “seguridad y vigilancia” a un ejército de matones sindicales y “ex integrantes de fuerzas armadas y de seguridad” que le proveyó “uno de los servicios de inteligencia”, según admitió ante la justicia en 1980.

Cilleruelo acababa de acusar a Tetu durante una asamblea de representar “a la misión Ivanissevich, que no es otra cosa que implantar el imperialismo con el apoyo de la Marina de Guerra, única arma del país que bombardeó a un pueblo indefenso”. Cuando Rodríguez fue a la seccional a denunciar el crimen un sargento intentó disuadirlo. Argibay “tiene credencial de la Federal, arréglenlo con sus propias manos”, sugirió. Pese a que varios testigos reiteraron que vieron a Argibay disparar a quemarropa y huir en el Falcon verde con patente dorada del rectorado, la policía no asentó su apellido en el acta. La Nueva Provincia omitió el dato del auto oficial y la relación del sicario con Tetu, editorialista del diario naval.

Durante 1975, con contratos rubricados por el rectorado, la patota de Tetu tuvo vía libre para matar. Recién el 10 de diciembre Argibay fue detenido por Prefectura de Puerto Quequén, no por orden de la Justicia sino herido en un tiroteo en la Junta Nacional de Granos. Un mes después del golpe el juez federal Guillermo Madueño le tomó declaración en el penal de Olmos. Cuando le informó su derecho a ser defendido Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”, viejo conocido de Tetu (en agosto de 1973, cuando una asamblea de estudiantes de Humanidades promovió la destitución del profesor Tetu por utilizar textos filonazis, Montezanti lo acompañó al juzgado para exigir la suspensión del juicio académico).

Pese a los 700 kilómetros recorridos el interrogatorio entró en una carilla. En la causa no consta que Montezanti haya sido notificado ni que haya actuado en defensa de Argibay, quien pese a las abrumadoras evidencias en su contra no estuvo un solo día preso por la muerte de Cilleruelo. En noviembre de 1977, cuando un juez marplatense dispuso liberarlo y consultó a su par bahiense, Madueño respondió que “por ahora no interesa a este juzgado la detención de Argibay” (el secretario del juez federal era el doctor Hugo Sierra, hoy profesor de derecho en la UNS y por casualidad abogado de Montezanti). En 1980, el juez Jorge Suter pidió su captura, sin éxito: el marino murió prófugo dos años después. Desde el jueves este cronista intentó comunicarse con el señor juez para consultarlo sobre su relación con Argibay, pero no logró ser atendido.

De Beroch a Adalberti

Temido por sus pares, poco apreciado entre sus alumnos pero respetado por las corporaciones de poder locales (es uno de los principales referentes intelectuales del intendente Cristian Breitenstein), Montezanti nunca ocultó su ideología. A principios de los ’60, viejos peronistas lo ubican como referente de la Guardia Restauradora Nacionalista, desprendimiento ultracatólico de Tacuara encabezado por el sacerdote Julio Meinvielle que adoptó por lema “Dios, Patria y Hogar”. En julio de 1965, en pleno brote antisemita de esa organización, el comando regional bahiense respaldado por el platense Néstor Beroch ingresó al domicilio del gerente de Casa Muñiz, durmió a la familia con cloroformo y robó 1.596.000 pesos. Al ser detenido su jefe local, Sebastián Avale, definió al grupo como “católico nacionalista, anticomunista”, admitió “cierta afinidad con el nacionalsocialismo”, con principios “basados en la doctrina católica” (La Nueva Provincia 13-10-65).

Mientras sus compañeros cumplían condenas Beroch se mantuvo prófugo. En 1972, según coincidieron dos abogados y un ex militante de Tacuara, Montezanti solicitó en representación de Beroch la prescripción de la causa. Cuatro años después Beroch colaboraría con los grupos de tareas que secuestraron a los militantes de la UES durante la famosa Noche de los Lápices.

También en los ’60 –según confirmó su abogado Sierra–, pidió la amnistía para los miembros del grupo comando peronista que el 28 de septiembre de 1966, en el denominado Operativo Cóndor, desvió un avión comercial hacia Malvinas, donde antes de ser detenidos cantaron el himno y desplegaron siete banderas argentinas. Comandaba el grupo el entonces joven Dardo Cabo, hijo de un legendario dirigente de la UOM y entonces miembro del Movimiento Nueva Argentina, otro desprendimiento de Tacuara.

Montezanti no sólo dio batalla en tribunales. El 20 de noviembre de 1973, durante un acto por el aniversario del combate de Vuelta de Obligado organizado por la Agrupación de Suboficiales Justicialistas bahienses del que participó la UOM, la Juventud Sindical Peronista y el comando local de la “Juventud Peronista Juan Manuel de Rosas”, tomó la palabra para anunciar que “hoy tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”. No se refería a ningún enemigo externo.

En 1975 a priori trabajó como abogado de la UOM, profesor de la UNS y de la Universidad Tecnológica Nacional. Sin embargo, un abogado radical que aspira a ser intendente y analiza en este momento costos y beneficios de declarar contra el presidente de la Cámara Federal, le aseguró a Rodríguez que en su buffet de abogado Montezanti tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason, se ignora a cambio de qué servicio/s. Entre mayo de 1975 y enero de 1976 el célebre Pajarito fue comandante del Cuerpo V bahiense. Bajo su mando actuaron los “grupos antisubversivos” clandestinos, cuyo trabajo sucio la Justicia nunca investigó. Según ex militantes católicos que debieron huir de las garras de la AAA ese mismo año, Montezanti forjó un fuerte vínculo con el sacerdote Emilio Ogñenovich, entonces vicario general del arzobispado de Bahía Blanca, formador de cursillistas del Cuerpo V y recordado por los familiares de detenidos-desaparecidos locales (al padre de Daniel Gastaldi, recién secuestrado, sin inmutarse le dijo: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”).

En la elección interna del PJ bahiense de 1983, Montezanti integró la triunfante lista Azul y Blanca que encabezaba Rodolfo Ponce, quien antes de ser delegado regional de la CGT e indiscutida cara visible de la Triple A bahiense había disputado –a comienzos de los años ‘70– espacios de poder con la UOM de Albertano Quiroga. Un veterano militante nacionalista local afirma que varios de los matones sindicales de la UOM nutrieron las filas de la Triple A.

En 1987 el general Adel Vilas le propuso hacerse cargo de su defensa. Montezanti declinó la oferta pero le impartió “algunos consejos técnicos profesionales”, según escribió al excusarse en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. La Cámara Federal procesó a Vilas por 12 homicidios, 61 privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas. Una década después, cuando la agrupación Hijos bahiense anunció un escrache contra el médico Humberto Adalberti (acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita y beneficiado con una declaración de falta de mérito), Montezanti presentó una medida cautelar para impedir la manifestación. Al fracasar demandó a los organizadores por daños y perjuicios, denuncia que la Justicia rechazó por razones formales. Entre los dilectos amigos a quienes despidió públicamente se destacan el oficial naval Julio Rodolfo Comadira, jefe de división en la asesoría jurídica de la Armada durante la dictadura, y Martín Gregorio Allica, pluma de La Nueva Provincia denunciado por Madres de Plaza de Mayo como agente del Batallón de Inteligencia 601. Desde la creación de la carrera de derecho en la UNS su mayor logro es haber resistido la formación de una cátedra sobre Derechos Humanos.