jueves, 31 de julio de 2008

El apoyo logístico

Dos policías detenidos por complicidad con Corres
Por Diego Martínez
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El fugado Julián Corres. Investigan si tuvo ayuda del Ejército.

Los dos jefes de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal pasados a disponibilidad tras la fuga del represor Julián Corres fueron detenidos ayer por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Se trata del comisario Gustavo Ariel Scelsi y del subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Dos de sus subordinados describieron que ambos, pero sobre todo Voros, mantenían una relación que oscilaba entre la admiración y la pleitesía con los represores. Los privilegios incluían amenas charlas de café en sus despachos y constantes visitas de militares en una sala especialmente acondicionada, en un sector inaccesible para presos comunes.

“Todo lo que se investigó permite inferir que (la fuga) no fue un acto casual, producto sólo de la inoperancia y/o complicidad de la Policía Federal, sino que hubo un apoyo logístico expreso desde afuera. Todo sugiere que hubo una actividad de inteligencia del Ejército y un enlace institucional o cuasi institucional, ya que existió más de una maniobra distractiva para garantizar la posibilidad de fuga”, explicó a Página/12 el fiscal general Hugo Cañón, en quien Tentoni delegó la investigación.

El cabo Pablo Carbajal, que ayer fue excarcelado, contó que algunos militares invocaban a Voros para poder recibir visitas en una sala de estar del primer piso con sillones y mesa ratona. Junto con el inspector Juan Carlos Lastra, que sigue detenido, les negaron el permiso aquella vez, pero le consta que otros guardias acataban la orden. El suboficial contó que el primer preso de la causa, el fallecido suboficial Santiago Cruciani, permanecía en un calabozo cerrado. El trato privilegiado comenzó tras la llegada de los oficiales retirados Jorge Mansueto Swendsen y Miguel Angel García Moreno, hoy procesados y presos en Marcos Paz.

Carbajal, que vio por última vez a Corres poco después de la medianoche, mirando TV y fumando, declaró que el Ejército proveyó a sus represores de camas, mantas y también de alimentos. Un día antes Lastra había contado que el sábado a las 8.45 se percataron de la ausencia de Corres cuando fueron a preguntarle qué quería comer. De las declaraciones de los policías puede inferirse que en los próximos días habría nuevas citaciones a indagatoria. El comandante del Cuerpo V de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, es el general de brigada Oscar Roberto Gómez.

Hoy a las 11, convocados por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Suteba, CTA y otras organizaciones, habrá una “marcha contra la impunidad” hasta el juzgado de Alcindo Alvarez Canale, aún de vacaciones. Reclamarán la captura de Corres y repudiarán la connivencia de la Policía Federal con los represores, la lentitud de la causa y las amenazas contra Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH de Bahía Blanca.

miércoles, 30 de julio de 2008

Amenaza y una búsqueda infructuosa

Citarán a indagatoria al comisario Scelsi por la fuga del represor Corres
Por Diego Martínez

Luego de tres días de exposición pública por la fuga del oficial Julián Corres, un cobarde amparado en el anonimato amenazó de muerte ayer a Eduardo Hidalgo, secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y sobreviviente de La Escuelita. La investigación sobre el paradero del militar que el sábado escapó de la delegación local de la Policía Federal carece de indicios significativos. De la declaración del agente a cargo de la guardia surge que la libertad de movimientos de los represores estaba garantizada desde la cúpula de la fuerza que debía custodiarlos. Es inminente la citación a indagatoria del comisario Gustavo Scelsi, que el sábado fue pasado a disponibilidad. Ayer la Justicia allanó sin éxito el domicilio de un suboficial de la Armada, en Punta Alta.

El inspector Juan Carlos Lastra admitió que por orden superior la puerta de la habitación de los represores no tenía candado y tenían libertad para cocinar y ver televisión. Agregó que el día de la fuga el Servicio Penitenciario Federal le había anunciado que el traslado, ordenado el 25 de junio, se concretaría el domingo, un mes después. Minutos después de anunciar la novedad a sus superiores, los presos ya lo sabían. Alejandro Marambio, director del SPF, le confirmó el dato al juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Agregó que el traslado se suspendió en dos oportunidades por motivos que ahora deberá detallar en la causa de la fuga. Tentoni le negó a Lastra la excarcelación. Hoy será indagado el cabo primero Pablo Carbajal, el último que vio al militar preso.

De la instrucción surge que el viernes a la noche Corres vio Cirque du Soleil, fumó bastante y se recostó. Estaba ansioso, le dolía la cabeza. Alrededor de la una de la madrugada se puso la campera, tomó el dentífrico, el cepillo de dientes y partió hacia el baño del fondo. Nunca volvió. Un guardia se percató de su ausencia a las 8.45, cuando fue a despertarlo. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ofrece 150.000 pesos a quienes brinden datos útiles para capturarlo, pero aún no informó qué medidas tomó para garantizar la comparecencia a la Justicia de los 83 represores alojados en dependencias de Fuerzas Armadas y de seguridad como las que posibilitaron la fuga de Corres.

La amenaza al teléfono de Hidalgo fue a las 16.28. “Cortala con lo de Corres porque te vamos a matar”, fue el mensaje. “La voz era de una persona joven, treinta y pico de años. Una voz con cierta agudeza, pero elevada de tono”, describió a Página/12. “No tengo miedo pero sí cierta intranquilidad”, admitió antes de exponer ante el fiscal Cañón. Miembro de la APDH desde 1986, no es la primera amenaza que Hidalgo recibe, pero sí la más clara. El 24 de marzo de 2007, en medio de una multitud, una voz le sugirió: “Estás demasiado tranquilo”. Poco después, por teléfono, le advirtieron “hijo de puta, terminala”. Anoche durmió con custodia.

“Chiquito” Hidalgo, por sus dos metros, cayó dos veces. En agosto de 1976 fue maltratado durante dos semanas en un galpón ferroviario de la calle Parchape, centro de detención que los bahienses desconocen. El 9 de noviembre una patota que integraba Corres lo llevó a La Escuelita. En la mesa de torturas le leyeron una carta dirigida a su hermano Daniel, en la cual relataba pormenores del cautiverio. “Sos inteligente. Te diste cuenta que veníamos del norte”, le dijo un guardia correntino. El 14 de noviembre, Daniel y su compañera Olga Souto Castillo fueron masacrados tras defenderse a tiros durante media hora. Primero murió él. Chela, 21 años, embarazada, resistió hasta que le tiraron con una bazuca. “Tiene unos huevos así de grandes”, admitió Corres ante otro secuestrado. Los guardias de La Escuelita levantaron el volumen de la radio para que Hidalgo escuchara el comunicado oficial de boca de José Román Cachero, un empleado del Ejército camuflado como periodista del diario La Nueva Provincia.

lunes, 28 de julio de 2008

Detenidos por dejar huir a la Laucha

Dos policías sospechados por la fuga de un represor detenido en Bahía Blanca

El represor Julián “Laucha” Corres estaba en un edificio sin custodia y con cámaras que no funcionan. La Justicia detuvo a dos policías y anoche se aprestaba a allanar sus domicilios.

Por Diego Martínez
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Tras la fuga de Corres, la delegación policial fue intervenida.

La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal de donde se fugó el sábado el teniente coronel retirado Julián Oscar Corres no llevaba registro de visitas al represor. El edificio no tiene custodia exterior y la cámara de seguridad que debió registrar la fuga no funciona desde el año 2000. En ese lugar, sin infraestructura ni personal capacitado para oficiar de guardiacárcel, estuvo preso durante casi cuatro meses, por orden del juez federal Alcindo Alvarez Canale, nada menos que un ex oficial de inteligencia del Ejército procesado por secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino La Escuelita.

A pedido del fiscal federal Hugo Cañón y por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, fueron detenidos dos de los policías que vieron a Corres la madrugada de la fuga: el inspector Juan Carlos Lastra y el cabo primero Pablo Alejandro Carbajal. Al cierre de esta edición iban a allanar sus domicilios. Lastra tuvo a su cargo la guardia de los detenidos hasta las 6 de la mañana. Tres horas después, cuando le preguntaron dónde estaba Corres, dijo que a las 5.45 lo acompañó al baño y no volvió a verlo. Agregó que designó como custodia al cabo primero Carbajal, quien dijo haber visto por última vez a Corres a la 1 de la madrugada, cuando apagó el televisor y se fue a lavar los dientes.

La Unidad Especial del Ministerio de Justicia, encargada de la búsqueda de delincuentes de lesa humanidad prófugos, ayer no había dado señales de vida. La ley 26.375 que la creó y le asignó un fondo de recompensas de 5 millones de pesos se sancionó el 22 de mayo. Desde el sábado, Página/12 intenta infructuosamente conocer quién es su titular, que depende del ministro Aníbal Fernández. Ayer la delegación de la Policía Federal bahiense fue intervenida y pasaron a disponibilidad once de sus agentes, encabezados por el ahora ex jefe, comisario Gustavo Scelsi.

El 25 de junio, Alvarez Canale ordenó trasladar a cuatro procesados por delitos de lesa humanidad desde la dependencia de la Policía Federal a instalaciones del Servicio Penitenciario. Para los ex jefes de la cárcel Andrés Miraglia y Héctor Selaya y para el agente Leonardo Núñez ordenó el traslado al penal de Marcos Paz. Para Corres, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas. No se conocen los motivos por los que no se concretó el traslado. Versiones sugieren que fue por falta de móviles.

Tras dar la orden, el juez partió de vacaciones por 45 días. En su ausencia, el fiscal Cañón solicitó al otro juez federal de la jurisdicción Ramón Dardanelli Alsina que por conexidad designara en la causa de la fuga a Tentoni, juez ad hoc de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano. Dardanelli aceptó el criterio y designó al abogado, quien delegó la investigación en el fiscal. Al atardecer, asistido por personal de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo del vicecomodoro Fernando Telpuk, Cañón allanó las instalaciones de Rondeau 189 donde Corres estuvo detenido desde el 9 de abril. El reconocimiento incluyó el secuestro de libros de registros, documentación, discos rígidos y demás objetos.

Durante su declaración indagatoria, el 30 de abril, Corres relató que a La Escuelita asistían “tres equipos diferentes” de interrogadores y que “dos podrían ser de la policía”. Sostuvo que lo dedujo “por los modismos”, diferentes a los militares, y por frases como “dejá el móvil en la entrada”, en referencia a los autos de civil que usaban en los operativos clandestinos. La mención a la participación de policías durante interrogatorios bajo tortura, que Corres también admitió, no impidió que el juez Alvarez Canale autorizara su alojamiento en la delegación de la Policía Federal durante tres meses.

domingo, 27 de julio de 2008

Como Laucha por tirante

UN REPRESOR SE FUGO DE LA DELEGACION DE LA POLICIA FEDERAL DE BAHIA BLANCA

Estaba procesado por secuestros, torturas y homicidios en el centro de detención La Escuelita. Habían ordenado su traslado a Marcos Paz, pero seguía en la policía. Hay otros 83 represores en sitios no controlados por el Servicio Penitenciario.

Por Diego Martínez
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Julián Oscar “Laucha” Corres en 1999, cuando fue a declarar al Juicio por la Verdad de Bahía Blanca.

Luego de burlar con éxito a la Justicia y a las fuerzas de seguridad durante un año y medio y a menos de cuatro meses de su detención, el teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, alias Laucha, se fugó durante la madrugada de ayer de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. Estaba procesado por secuestros, torturas y homicidios en el centro de detención La Escuelita durante la última dictadura. Los guardias que en teoría lo custodiaban se percataron de su ausencia recién dos horas después. El juez federal Alcindo Alvarez Canale había ordenado el traslado de Corres al penal de Marcos Paz el 25 de junio pasado, antes de irse de vacaciones. Ayer nadie supo explicar por qué el traslado nunca se concretó. Aún hay 83 represores detenidos en unidades de fuerzas armadas o de seguridad que carecen de infraestructura y capacitación para cumplir el rol de guardiacárceles.

Según la versión oficial brindada por el comisario Gustavo Scelsi, jefe de la delegación bahiense, a las ocho de la mañana y mientras realizaba el recuento de detenidos, el oficial ayudante Cristian Alberto Bértoli, a cargo del servicio de guardia desde las seis, se percató de la ausencia de Corres. El inspector Juan Carlos Lastra, que cumplió el mismo servicio hasta las seis, dijo que quince minutos antes acompañó al Laucha al baño, en los fondos de la comisaría, “haciendo aparentemente sus necesidades fisiológicas”. Se ignora por qué motivo lo dejó solo. Lastra también dijo que designó como guardia nocturna y custodia general al cabo primero Pablo Alejandro Carbajal, quien vio por última vez a Corres a la una de la madrugada. Extraoficialmente, el jefe policial habría admitido que no llevaban registro de las visitas que recibía el represor, aunque el dueño de una bodega de Viedma era uno de sus asiduos visitantes.

“El informe policial sugiere una relajación absoluta en cuanto a los controles. Corres es uno de los represores más terribles que pasaron por Bahía Blanca y costó mucho trabajo detenerlo. Tememos que haya connivencias dentro de las estructuras del Estado, policiales o militares”, explicó a Página/12 el fiscal federal bahiense Hugo Cañón. “Es responsabilidad del juez Alvarez Canale que este hombre haya estado cuatro meses en una delegación policial después de un año y medio prófugo. Se sospechaba que intentaría fugarse. Había que imponer las mayores medidas de seguridad para que eso no sucediera”, lamentó Mirta Mántaras, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Según sobrevivientes del centro clandestino del Cuerpo V, “Laucha” era el apodo de quien manejaba la picana eléctrica durante los interrogatorios. Corres admitió durante el Juicio por la Verdad bahiense en 1999 que lo apodaban “Laucha” y que era “jefe de guardias” de La Escuelita. Dependía de la Jefatura II de Inteligencia, a cargo del coronel retirado Aldo Mario Alvarez, dueño hasta marzo de 2000 de la empresa de seguridad Alsina SRL, también prófugo de la Justicia. Debajo de Alvarez y por encima de Corres estaban el teniente coronel Walter Bartolomé Tejada y el mayor Osvaldo Lucio Sierra, ambos libres e impunes. La causa por delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V está a cargo de Alvarez Canale, que se tomó vacaciones a fines de junio y tiene previsto regresar el 17 de agosto.

Corres fue detenido por Interpol el pasado 3 de abril al mediodía, cuando salía del edificio de Córdoba 1309 donde funciona la empresa petrolera Chañares Herrados Sociedad Anónima. Durante sus últimos meses en libertad usaba un pase a nombre de esa firma para atravesar los peajes de Autopistas del Sol. El apoderado de Chañares Herrados, al menos hasta abril, era Luis Alfredo “Fredy” Zarattini, “compañero de un hermano de Aldo Rico y de Raúl Antonio Guglielminetti en los campos de concentración y en Centroamérica”, detenido con un arsenal en su poder en agosto de 1988 e indultado un año después por Carlos Menem junto a un grupo de ex carapintadas, según publicó Horacio Verbitsky. Según un informe sobre antisemitismo de la DAIA, Zarattini, ex militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, también está acusado de colaborar con la DINA chilena en el asesinato del jefe del Ejército durante el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats.

Otro de los contactos de Corres durante su año y medio prófugo fue el capitán retirado Adolfo Saúl Zabala, que pasó a retiro en 1980. A diferencia del Corres versión 1999, que era calvo, usaba bigote pero no anteojos, nueve años después para esquivar a la Justicia comenzó a usar lentes, se dejó crecer la barba y la melena, igual que en 1975, entonces para infiltrarse entre los estudiantes de la Universidad del Sur.

Corres ingresó en la delegación bahiense de la Policía Federal, en Rondeau 189, el 9 de abril a la medianoche. Alvarez Canale lo indagó a fines de abril y lo procesó por 47 secuestros, 38 casos de torturas, 17 homicidios (ejecuciones en enfrentamientos fraguados) y siete desapariciones forzadas. Hasta ayer compartía una habitación precaria con los ex jefes de la cárcel local Andrés Miraglia y Héctor Selaya y con Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre el penal de Villa Floresta y La Escuelita. Consultado por Página/12, el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, invocó el “estricto secreto de sumario” para no dar información. Sólo dijo que “Interpol y toda la fuerza está trabajando” para ubicarlo y que “administrativamente, está viajando gente de Asuntos Internos para tomar cartas en el asunto y entrevistarse con el juez”.

“No hicimos más que aplicar la ley”

JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE CONDENO A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ

El magistrado cordobés señala que todavía hay sectores de la Justicia que son renuentes a investigar los crímenes de la dictadura, asegura que la cárcel común debería ser la regla y la domiciliaria la excepción y que hay que garantizar la publicidad de este tipo de procesos.

Por Diego Martínez
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Cordobés de 58 años, juez desde 1993, Jaime Díaz Gavier fue el encargado de leerle a Luciano Benjamín Menéndez su condena a prisión perpetua por cuatro de los miles de crímenes que cometió cuando gobernaba, a su manera, diez provincias argentinas. Junto con los vocales Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, resolvieron que el general retirado de 81 años pasara el resto de sus días en la cárcel de Bouwer, donde el jueves cenó puchero. Entrevistado por Página/12 horas después del histórico fallo, Díaz Gavier destacó la contribución de las víctimas, explicó que la cárcel común debe ser la regla y la domiciliaria una excepción bien fundada y consideró “un poco absurdo” impedir la difusión de las imágenes de los imputados como ocurre en el Tribunal Oral Federal 5 porteño. “La Justicia no estuvo ni está al margen de lo que pasó en la Argentina. Muchas de las cosas que pasaron no habrían sido posibles sin su consentimiento o indiferencia”, reflexionó.

–¿Qué siente tras haber condenado a prisión perpetua a Menéndez?

–La sensación es de deber cumplido. Es una satisfacción en el sentido de que los juicios se han hecho esperar muchos años. Luego se destrabaron, pero aún así hubo idas y vueltas. Los juicios son producto del reclamo de la sociedad argentina para esclarecer, determinar los hechos, fijar responsabilidades penales e, incluso, como un modo genuino de poder superar la historia para poder seguir adelante sobre una base de justicia efectiva. Siento satisfacción porque fue un gran trabajo montar este juicio en tan poco tiempo, pero se hizo precisamente con la idea de que había que dar respuesta a la sociedad de la manera más rápida posible, dentro de los marcos procesales y los términos que debemos respetar.

–¿Qué simboliza para usted Menéndez, no como juez, sino como ciudadano de Córdoba?

–Para mi generación, que atravesó el llamado “proceso”, la dictadura militar, en la plenitud de la juventud (en 1976 Díaz Gavier tenía 26 años e iniciaba su carrera como abogado), el recuerdo es muy complicado. Se asocia a todo tipo de temores, inseguridades. Lo importante es que la historia siguió su curso y, aunque con demora, se ha podido llevar adelante el juicio y dictar sentencia.

–¿Fue difícil tomar la decisión de hacer cumplir la pena en una cárcel común?

–Siempre es difícil decidir sobre la libertad de una persona, sea quien sea. Desde el punto de vista jurídico y procesal, la primera dificultad pasa por determinar los hechos y atribuir responsabilidades. En estos casos es aún más complejo por el tipo de delitos, cometidos de manera tal de disimular y hacer desaparecer las pruebas. Desde ese punto de vista, lo difícil es la condena en sí. Sobre la prisión común, no hicimos más que aplicar la ley, que establece que una persona condenada debe cumplir su pena en un establecimiento penitenciario del Estado. Hay excepciones, como la edad o eventualmente una enfermedad en estado terminal, pero aun en esas situaciones la ley requiere informes y dictámenes médicos y psicológicos que justifiquen la imposibilidad de cumplir la pena en la cárcel. Se está cumpliendo la norma, así debe ser.

–¿Qué balance hace del desarrollo de las audiencias? La sensación es que todas las partes quedaron conformes.

–Afortunadamente sí, creo que pudimos manejarlo con imparcialidad, con objetividad. Es evidente que había tensiones muy fuertes, dramáticas, no comunes en otros juicios, porque se trata de un período de la historia muy complicado y que no ha terminado de procesarse. De manera tal que haber podido llevarlo adelante en un marco de respeto a los derechos de las partes y de control de todo tipo de reacciones fue muy importante. En ese sentido me parece importante destacar la actitud del público, básicamente constituido por víctimas o familiares de víctimas, que hicieron un verdadero esfuerzo de autocontrol y consiguieron dominar reacciones que hasta podrían ser comprensibles.

–¿Se quejaron los imputados por la difusión que tuvo el juicio, por su exposición ante las cámaras? Se lo pregunto porque en Capital Federal el tribunal oral que concentra la mayor cantidad de juicios por crímenes de lesa humanidad, el número cinco, impide que se conozca el rostro de los imputados e incluso que se transmita el audio de sus sentencias.

–(Silencio.) Confieso que no lo sabía y en principio no me gusta esa idea. Entiendo que debemos respetar el principio de publicidad, de manera que la gente pueda conocer la actuación de un poder del Estado. Ignoro las razones y valoraciones del TOF 5. Lo que hicimos aquí fue preservar la seguridad de los testigos para que no ocurrieran casos como los de Julio López. El cuerpo policial encargado de custodiarlos cumplió y cumple su tarea con eficiencia. Honestamente me parece que preservar la identidad de los imputados es un poco absurdo. El pueblo tiene derecho a conocer quiénes son. A quien hay que proteger es al testigo que está prestando un servicio público, máxime cuando pasaron por situaciones extremas.

–Antes del comienzo del juicio, usted dijo que un sector minoritario de la Justicia no era partidario de avanzar con las causas por crímenes de la dictadura. ¿Sigue existiendo esa resistencia?

–No tengo ninguna duda. Hablo al menos de la Justicia federal, que integro y conozco, y es la encargada de intervenir en estas causas. Creo absolutamente que, no sólo en Córdoba sino en todo el país, la Justicia no estuvo ni está al margen de lo que pasó en la Argentina y que muchas de las cosas que pasaron no habrían sido posibles sin el consentimiento o la indiferencia de actores sociales que no atendieron estas cosas, que no querían creer o ver. La Justicia es parte de la sociedad y tiene los mismos síntomas de crisis. Es evidente que existen sectores que fueron y son renuentes a investigar y juzgar este tipo de crímenes.

–¿Conoce la cárcel de Bouwer? ¿Cómo es el calabozo de Menéndez?

–Sí, somos también jueces de ejecución de sentencias, tenemos el deber de visitar a los condenados. Honestamente no he visto qué calabozo le asignaron, pero conozco el módulo, los pabellones. Es una cárcel moderna, de las mejores que me ha tocado ver en el país. Las celdas individuales tienen sanitario y lavabo. En otros sectores lamentablemente hay superpoblación. En el sector del pabellón donde están los detenidos vinculados a fuerzas de seguridad y armadas el régimen es el mismo que en el resto de la cárcel. Por razones obvias no pueden tener contacto con la población común, porque su destino sería muy previsible.

viernes, 25 de julio de 2008

Un claro día en que se hizo justicia

CONDENARON A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ Y OTROS SIETE REPRESORES Y LOS ENVIARON A LA CARCEL

El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército deberá cumplir prisión perpetua por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a cuatro militantes del PRT que estuvieron cautivos en La Perla. Hubo festejos dentro y fuera del tribunal.

Por Diego Martínez
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“Por fin justicia”, gritaron en la sala cuando el juez leyó el fallo. En la calle se armó el festejo.

Desde Córdoba

Luciano Benjamín Menéndez durmió anoche como un preso más en la cárcel de Bower, en las afueras de su querida Córdoba. El Tribunal Oral Federal 1 condenó a uno de los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino, junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. Siete de sus subordinados en el Cuerpo III de Ejército que, como miembros del Destacamento de Inteligencia 141 operaron en el centro clandestino La Perla, también fueron condenados a pasar el resto de sus días en una prisión común y corriente, como cualquier hijo de vecino.

Cuando el juez Jaime Díaz Gavier terminó de leer la sentencia, alguien gritó “¡Por fin justicia!”. Hubo un aplauso cerrado y luego silencio. En la calle la emoción se transformó en llantos, gritos, cantos y abrazos.

El clima que se vivió ayer en los tribunales cordobeses es difícil de sobredimensionar. En la calle, pleno parque Sarmiento, miles de personas, amplia mayoría sub-25, hicieron el aguante desde la mañana, cuando los jueces citaron a los imputados para escuchar sus últimas palabras (ver aparte). En el salón de usos múltiples, que tiene 160 butacas, ingresaron no menos de trescientas personas. Sin embargo, la organización nunca se vio desbordada. Los imputados ingresaron a paso lento y no recibieron un solo insulto. Nadie molestó a sus familiares que presenciaron la audiencia. Los reporteros gráficos pudieron cumplir con su trabajo. Los represores agradecieron por el esfuerzo a sus defensores oficiales y al tribunal por haber conservado el orden durante los dos meses de audiencias. El sargento primero retirado Carlos Alberto Díaz, incluso, se dio el lujo de levantar los brazos con sus dedos en V frente a la multitud que celebraba el fallo.

Menéndez & Cía. fueron condenados por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Según declararon los sobrevivientes de La Perla, los miembros del grupo de “operativos especiales” (OP3) del Destacamento los torturaron sin piedad durante un mes. En la madrugada del 15 de diciembre los sacaron para matarlos en un “operativo ventilador”, como llamaban a las ejecuciones en la vía pública en las que simulaban enfrentamientos. No dejaron detalles librado al azar: eligieron la esquina que mejor los representaba: Sagrada Familia y Ejército Argentino. Los militantes del PRT fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente. Hasta el momento sólo Hilda Palacios fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Para que nadie quedara fuera de la sala, la lectura de la sentencia comenzó media hora después de lo previsto. En las primeras filas se ubicaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. En las últimas, los H.I.J.O.S. con los suyos. Luego llegaron el gobernador Juan Schiaretti, la diputada y nieta recuperada Victoria Donda y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezados por su titular Luis Duhalde. Los representantes de organismos que debieron elegir sólo una cara visible para ingresar a la sala (Estela Carlotto, por Abuelas; Marta Vázquez, por Madres Línea Fundadora; Laura Conte, por el Centro de Estudios Legales y Sociales).

La mayor fiesta se vivió en la calle. Con sol radiante y abundantes choripanes, hasta los perros bailaban al ritmo que imponía el Movimiento Nacional de Murgas. “Olé olé/olé olá/ los subversivos cada día somos más”, celebraban. Detrás de decenas de banderas de organizaciones sociales, gremios y partidos sobresalían cientos de fotos con rostros de víctimas del terrorismo de Estado. Por los altoparlantes la voz de María Angélica Olcese de Moller, Queca para la historia, que murió la noche previa a la sentencia, recordaba el pánico de las primeras vueltas a la Plaza de Mayo y la fundación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, que la tuvo en primera fila.

A las cinco en punto ingresaron los imputados. No volaba una mosca. Igual que el primer día, una cinta negra cubría la escarapela de la solapa del saco de Menéndez, de luto por el fin de su impunidad. Los abogados de H.I.J.O.S. adornaron sus pupitres con las fotos de sus seres queridos. Martín Fresneda con la de sus padres caídos, Tomás y Mercedes Argañaraz, con la abuela Otilia, que los crió con infinito amor. Claudio Orosz con la de sus ex compañeros del colegio Manuel Belgrano: Pablo Schmucler, Claudio Román y Gustavo Torres, todos desaparecidos.

Fotógrafos y camarógrafos inmortalizaron a los militares y se fueron. Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal que también integran José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, anunció que los fundamentos se conocerán el 31 de julio y comenzó a leer. En los ocho primeros puntos de la resolución, que fue unánime, rechazó planteos de los defensores. Cuando llegó el noveno, consciente de que iba a leer la sentencia más importante de su vida, hizo una pausa y respiró hondo. Una mano sabia apagó el aire acondicionado para que todos escucharan. “Noveno. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez coautor mediato penalmente responsable (ayastrando la eye cordobesa) de los delitos”, y enumeró: “privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionario público, por uso de violencia, por la duración (más de un mes) y por compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada; tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio doblemente calificado, por alevosía y por pluralidad de partícipes”.

Y siguió: “imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua”. Y la sala explotó en un aplauso que se mezcló con abrazos y llantos. Pero faltaba la frutilla: “En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba”.

El tribunal leyó por orden de jerarquías. Dictó cinco prisiones perpetuas, por los mismos delitos que a Menéndez, para los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y para el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone, todos ex miembros del OP3. Al coronel Hermes Oscar Rodríguez y al capitán Jorge Ezequiel Acosta los condenó a 22 años de prisión y al suboficial Carlos Alberto Vega a 18 años, porque para las fechas de los homicidios habían cambiado de destino. Los cuatro años a favor de Vega son por su jerarquía, menor a la de los oficiales. El tribunal resolvió que todos cumplan su condena en la cárcel de Bower, la más moderna de la provincia. Hasta el comienzo del juicio, cuando por seguridad el tribunal concentró a los imputados en el Cuerpo III, Menéndez, Rodríguez y Vega gozaban de arresto domiciliario, en tanto Padován y Lardone habían sido excarcelados por la Cámara de Casación. “Señores, el juicio ha terminado”, cerró Díaz Gavier, quien miró a los ojos a cada imputado mientras leía las condenas. La sala se puso de pie, los H.I.J.O.S. levantaron sus pañuelos, los familiares las fotos de sus víctimas, y a coro entonaron “como a los nazis/ les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar”. Fue entonces cuando Díaz, el torturador de cogote macizo, se dio vuelta, sonrió y levantó los brazos con los dedos en V. Nadie le respondió. La música siguió con “Siga el baile siga el baile, al compás del tamborín, que tenemos la cabeza, de Luciano Benjamín”. Mientras las cámaras de concentraban en el gobernador Schiaretti, con lágrimas en los ojos, Orosz arengó para salir a la calle “donde está la gente que hizo posible este juicio”. Toda Córdoba lo siguió.

Atrasa treinta años

LA ARENGA DEL REPRESOR ANTES DE QUE SE LEYERA LA SENTENCIA
Luciano Benjamín Menéndez aprovechó sus “últimas palabras” para hacer una defensa del terrorismo de Estado. Habló de “la guerra contrarrevolucionaria” y de los “guerrilleros que hoy están en el poder”.

Por Diego Martínez
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El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército llevó ayer un crespón negro.

Con su reloj detenido desde hace treinta años, el general Luciano Benjamín Menéndez tomó el micrófono y se despachó con su vieja arenga. Igual que en los palcos oficiales de la dictadura, igual que en los del gobernador Eduardo Angeloz en los ’80, igual que en la mesa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en 1984, cuando intentó acuchillar a los militantes que fueron a repudiarlo, el general de ojeras grandes y mirada fría reivindicó lo que llamó “una guerra contrarrevolucionaria” contra “el terrorismo marxista”, dijo que “tenemos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia que juzga a sus soldados victoriosos” y se preguntó: “¿Para quién ganamos la batalla?”. No le faltará tiempo para pensarlo.

A las 10.34, la sala se paró para recibir a Su Señoría. Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal, anunció “la última oportunidad de formular cualquier manifestación”. Los imputados estaban debajo de una innecesaria jaulita de vidrio, escoltados por una fila de policías y un puñado de íntimos. Se ubicaron por orden de jerarquía: general, coronel, capitán, suboficiales y civil. Todos menos Exequiel Acosta hicieron uso de la palabra. La mayoría elogió el papel de los defensores oficiales, Mercedes Crespi y Máximo Liva. “Inteligente e intensa”, dijo Menéndez. “Excelente”, el coronel Hermes Rodríguez.

Menéndez repasó su versión de la historia de las luchas populares, criminalizó a la militancia, pero no negó los secuestros, torturas y asesinatos por los que sabía que sería condenado. Fue el único que no desmintió los hechos. “Hace cincuenta años, la guerra estalló repentina y brutalmente en nuestro país”, arrancó. El “asalto de los subversivos marxistas” se ideó “en la Unión Soviética y su filial: Cuba”. “No se trataba de arrancarnos territorio”, sino que “apuntaban al alma de nuestro pueblo”. Pretendían “revolucionar nuestro modo de vida” para “asaltar el poder e instrumentar un régimen comunista”. “Se equivocan quienes creen que el pueblo fue un convidado de piedra en esta guerra”, aclaró.

Para reforzar la idea citó al ministro de Defensa Facundo Suárez, en 1964, cuando anunció “la inminencia de una guerra revolucionaria, silenciosa, pero inexorable, global y permanente”. Siguió por un documento del PRT de 1970 con el anuncio de que “se comenzó a combatir para hacer posible la insurrección del proletariado”; una nota de El Combatiente de 1974 sobre el aumento de poder de fuego de las unidades guerrilleras; una breve historia de Montoneros publicada en Cristianismo y Liberación que anuncia “la ofensiva para la toma del poder” a partir de 1969; y dos “partes de guerra” de organizaciones armadas. “Nos declararon la guerra y ahora hablan de persecución de opositores políticos y represión ilegal”, rezongó. “La subversión actuó desde los ’60 con distintos gobiernos. ¿De quiénes eran opositores? ¿Los perseguía Frondizi, Illia, Perón?” Aseguró que “la Nación ensayó todos los métodos para defenderse”, recordó que “el actual procurador Esteban Righi disolvió la Cámara Federal Penal que procesó y condenó a 1600 guerrilleros y amnistió a los subversivos”. (Aquí una abogada del Ceprodh gritó varias veces “genocida” hasta que fue expulsada de la sala.) “La subversión desbordó todos los sistemas y prohibiciones”, continuó Menéndez. Destacó los decretos de Isabel, Luder & Cía., que “ordenaron el aniquilamiento de la subversión”. “Los marxistas ensangrentaron al país y nosotros estamos siendo juzgados”, dijo. “Ya derrotados, abandonaron la lucha armada y se mimetizaron como pacíficos civiles, siguiendo la doctrina de Gramsci”, redondeó, para deleite del pasquín Cabildo y del diario La Nueva Provincia.

Y volvió al presente. “Los marxistas no conciben la armonía y la concordia. No se sacaron la piel de cordero porque les falta controlar algunos resortes del poder. Son enemigos de la Constitución porque niegan a Dios, reemplazan la paz interior por el conflicto y apuntan a disolver la familia y la propiedad”, dijo. Anunció que en el futuro “van a abandonar el disfraz de la paz y van a volver a la violencia” porque “el comunismo internacional persiste en sus objetivos: antes en la ilegalidad, ahora se apropiaron de la legalidad y desde esa ficción intentan destruir nuestra forma de vida y nuestro ser nacional”. Creyente al fin, manifestó su confianza “de que los argentinos detengamos esta marcha al abismo a la que nos conducen los guerrilleros que hoy están en el poder”.

jueves, 24 de julio de 2008

A Menéndez le llegó la Justicia

Hoy se conocerá la sentencia por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Tercer Cuerpo

Los siete responsables del centro clandestino de detención La Perla escucharán hoy el veredicto del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba. Será el primer fallo por terrorismo de Estado en la Justicia del interior del país.

Por Diego Martínez
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El general retirado Luciano Benjamín Menéndez fue indultado por Menem.

Desde Córdoba

A los 81 años, luego de decidir sobre vidas y muertes en diez provincias norteñas y gozar de impunidad desde el indulto dictado por Carlos Menem en 1989, Luciano Benjamín Menéndez aprenderá hoy qué es la Justicia. A las 9.30 el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba le dará la oportunidad de volver a expresarse, sin picanas ni vendas de por medio. Por la tarde el juez Jaime Díaz Gavier le leerá su sentencia, junto con la de otros siete ex miembros del Destacamento de Inteligencia 141 que operaban en el centro clandestino La Perla. Tanto los fiscales como la acusación de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba solicitaron para el “Cachorro” de ojeras gigantes la pena de prisión perpetua y, por tratarse de delitos de lesa humanidad, su cumplimiento en una cárcel común. Será la primera sentencia por delitos de lesa humanidad del interior del país e, igual que la acusación y los alegatos, toda la provincia la podrá escuchar y ver en vivo por radio y televisión. Quienes no puedan acceder a una de las 160 butacas de la sala podrán ver la audiencia desde una pantalla gigante en el hall de ingreso.

El ex comandante del Cuerpo III de Ejército, uno de los asesinos más célebres del Norte argentino junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, es juzgado desde fines de mayo por los secuestros, torturas y fusilamientos de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en diciembre de 1977. Lo acompañan en el banquillo el coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento, el capitán retirado Jorge Exequiel Acosta, jefe de la patota de “operativos especiales” (OP3), los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován, y al ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. El general de brigada retirado Arturo Gumersindo Centeno y el civil Ricardo Andrés Luján, torturador de La Perla, murieron impunes antes del juicio. El coronel César Emilio Anadón, jefe del Destacamento 141, se suicidó en 2004 mientras cumplía arresto domiciliario. No podrán ser condenados por la Justicia, pero sus nombres ya forman parte de la historia.

Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del PRT, fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y trasladados a La Perla. Varios sobrevivientes los vieron deshechos tras las sesiones de torturas. En la madrugada del 15 de diciembre los hombres de Menéndez los sacaron del centro clandestino y los asesinaron en un “operativo ventilador”, como llamaban al método de fusilar y simular enfrentamientos en la vía pública. La ejecución fue en la intersección de Sagrada Familia y Ejército Argentino, óptima esquina para obtener justicia terrenal. Ocho meses después los enterraron clandestinamente en el cementerio de San Vicente. En 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a Palacios. El resto permanece desaparecido.

Los acusadores pidieron que se condene a Menéndez y a Rodríguez como autores mediatos, por sus cargos jerárquicos, y al resto como coautores materiales. En los casos de Rodríguez, Acosta y Vega no solicitaron prisión perpetua sino 21 años de prisión porque no se les imputan los homicidios. Según sus legajos fueron trasladados a otros destinos a principios de diciembre de 1977 y no prestaban servicios en La Perla el día de la ejecución, 15 de diciembre. En el caso de Acosta, que aquel año estuvo un mes arrestado por ladrón, el abogado Claudio Orosz solicitó que se investigue su rol en los homicidios, ya que varios sobrevivientes declararon que lo vieron hasta fines de 1977.

La Perla fue el mayor centro de exterminio del interior del país. Los organismos de derechos humanos calculan que pasaron por el lugar más de 2000 personas. Muchas de las víctimas asesinadas por orden de Menéndez fueron enterradas en el cementerio de San Vicente Catorce, incluida Palacios, y fueron identificadas por el EAAF. Otras, según testimonios de testigos, tuvieron que cavarse su propia fosa en distintos lugares del predio del cuartel, que hoy tiene varias hectáreas cubiertas con plantaciones de soja.

A la sentencia acudirán miembros de organismos de derechos humanos de todo el país, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales. También el gobernador Juan Schiaretti, dato no menor en una provincia donde Menéndez con uniforme de gala llegó a compartir un palco oficial con Eduardo Angeloz. Hay más de un centenar de periodistas acreditados. La jornada incluirá arte callejero en las afueras de tribunales, con actividades organizadas por la “Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos”, que reúne a decenas de organizaciones sociales. La sentencia se conocería alrededor de las cuatro de la tarde.

miércoles, 23 de julio de 2008

Rastros de un pasado indeleble

Descubrieron en la ESMA inscripciones hechas por un desaparecido

Los responsables del mantenimiento del ex centro clandestino de detención descubrieron en una viga de hierro dos firmas de Horacio Domingo Maggio, un desaparecido que se fugó de la ESMA y luego fue recapturado.

Por Diego Martínez
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En una inscripción se leen las últimas tres letras de su nombre, su apellido y la fecha “27/12/77”. En la segunda sus iniciales y “3/3/78”.

Treinta años después de su muerte, Horacio Domingo Maggio sigue dando batalla. El delegado bancario y militante montonero que en 1978 se fugó de la ESMA para denunciar ante el mundo las torturas y crímenes de la Armada en el corazón de Buenos Aires también dejó sus huellas en las vigas de hierro de la “Pecera”, un sector del Casino de Oficiales donde los marinos obligaban a trabajar a los secuestrados. Miembros del equipo de conservadores del Instituto Espacio para la Memoria, responsables del mantenimiento del ex centro clandestino, descubrieron a principios de mes dos inscripciones con su firma. En la primera se leen las últimas tres letras de su nombre, luego su apellido y la fecha “27/12/77”, cuando ya llevaba diez meses en cautiverio. En la segunda apuntó sus iniciales y “3/3/78”, dos semanas antes de su fuga.

Maggio nació el 5 de enero de 1948 en Santa Fe. Miembro de la comisión interna del banco provincial, su militancia comenzó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, luego de la fusión de las dos organizaciones, continuó en Montoneros. Fue secuestrado en Santa Fe el 15 de febrero de 1977. Desde allí fue trasladado a la ESMA.

Jaime Dri lo había dado por muerto pero para su sorpresa volvió a verlo en la ESMA, luego de su secuestro, en diciembre de 1977. “Era de cuerpo pequeño y magro y tenía un rostro discepoliano, que adornaba con una sonrisa constante”, le describió Dri al periodista y diputado nacional Miguel Bona-sso, que desmenuzó su relato en Recuerdos de la muerte.

–La tortura se aguanta. Te juro que se aguanta –le repetía el Nariz, como apodaban a Maggio. Dri relató que, lejos de comportarse como un condenado a muerte, parecía “un ser todopoderoso”, capaz de sembrar esperanzas en el contexto más horroroso.

–Hay que ganar, ¿entendés? Hay que ganarles la batalla –le explicaba Maggio a Dri, que meses después también logró burlar la inteligencia del capitán Jorge Acosta y fugarse de la ESMA.

El 17 de marzo de 1978, dos semanas después de escribir sus iniciales en la viga de la Pecera, le pidió permiso a uno de sus captores para ir al baño del Correo, adonde lo habían enviado, y logró fugarse. Durante los meses siguientes se dedicó a denunciar todo lo que vio y supo durante su cautiverio, a informar a las familias de los secuestrados dónde estaban sus seres queridos, y ni siquiera se privó de llamar a los marinos que lo habían torturado para insultarlos.

“Con los bolsillos llenos de cospeles y monedas, llamaba a sus verdugos, se identificaba, los insultaba y les preguntaba cuánta gente más habían matado desde que él no estaba en la ESMA. Y como una premonición, decía al teléfono: ‘Va a haber un Nuremberg para todos ustedes, asesinos’”, escribió Bonasso.

El testimonio de Maggio fue fundamental en varias causas judiciales, incluido el juicio de Italia contra los marinos de la ESMA. Ma-ggio relató que en la ESMA conversó con las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, quienes le relataron el secuestro en la iglesia de la Santa Cruz, y tras varios días de tortura fueron trasladadas “no sé dónde”. También contó que Norma Arrostito había soportado “heroica y estoicamente durante más de un año de cautiverio la tortura y presión física y psíquica de los oficiales de la Marina” hasta que la inyectaron y murió en el Hospital Naval, según contó el Tigre Acosta a sus víctimas.

De boca del prefecto Gonzalo Sánchez, alias Chispa, hoy prófugo de la Justicia, supo los métodos de los marinos para deshacerse de los cadáveres. “Se les coloca una inyección (somnífero), se los envuelve en una lona y se los tira al mar”, escribió en abril de 1978. Poco antes del mundial de fútbol su testimonio recorrió el mundo gracias a una entrevista que le realizó el subdirector de la agencia Associated Press.

Convertido en objetivo prioritario para los militares, volvió a caer el 4 de octubre de 1978. Pero no lograron secuestrarlo con vida. Estaba desarmado pero se resistió a piedrazo limpio hasta que una patota del Ejército lo asesinó. Su cadáver fue trasladado a la ESMA, donde Acosta lo expuso como trofeo de guerra ante el resto de los cautivos. “El que lo imite va a terminar como él”, sonreía el Tigre. Un año después, el 11 de septiembre de 1979, fue secuestrada la esposa de Maggio, Norma Valentinuzzi, docente de 28 años que permanece desaparecida. Le sobreviven sus hijos Facundo y María Eva.

viernes, 18 de julio de 2008

“Este lugar no estaba denunciado”

DOS SOBREVIVIENTES RECONOCIERON EL LUGAR DONDE ESTUVIERON SECUESTRADOS EN LA TABLADA

En el marco de la causa por delitos de lesa humanidad que investiga el juez Rafecas, Víctor Hugo Díaz y Alcira Ríos volvieron al lugar donde estuvieron secuestrados en el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada.

Por Diego Martínez
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La abogada Alcira Ríos estuvo detenida-desaparecida en 1978.
Víctor Hugo Díaz logró escaparse a horas de su secuestro, en 1977.

“La maquinaria de la muerte tenía grietas. Por una de ellas salí yo”, relató Víctor Hugo Díaz, ex militante de la Juventud Peronista que en la mañana del 4 de febrero de 1977, a horas de su secuestro, se fugó del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. Tres décadas después, Díaz volvió ayer a la ex guarnición militar, no en un baúl, sino como testigo de una inspección ocular que encabezó el juez federal Daniel Rafecas. El edificio del que logró huir ya no está en pie y en su lugar hay un hipermercado de colores furiosos. “Pero siempre quise volver y estar acá es una gran victoria –aclara–, porque este lugar no estaba denunciado.”

El Regimiento General Belgrano, en la intersección del Camino de Cintura y Crovara, en La Matanza, pasó a la historia por el asalto del Movimiento Todos por la Patria en 1989. Años antes, durante la dictadura, había cobijado a los cerebros de El Vesubio. El centro clandestino tenía línea directa con la Central de Reunión de Inteligencia (CRI) a cargo del mayor Pedro Durán Sáenz, que alternaba trabajos sucios entre ambas sedes y viajaba a Azul los fines de semana para asistir a misa y visitar parientes. Por encima suyo estaba el coronel Federico Minicuchi, jefe del Regimiento. Durante el menemato el predio pasó a manos de la cadena francesa Auchan, que en 2004 lo revendió. Hoy el terreno de la CRI y la “enfermería”, que alojó a decenas de secuestrados, pertenecen a otro mercado. El resto de las construcciones se mantienen en pie: siete edificios de dos plantas, lúgubres, pero con rastros de maderas y alfombras que delatan su pasado.

Beto Díaz entró por primera vez en el baúl de un auto. Durante la tortura se le subió la venda y alcanzó a ver un rostro y un tablero con fotos. Lo abandonaron desnudo, vendado, en un catre de lona. Cuando escuchó roncar al guardia se desa-tó las manos con los dientes. Le sacó el arma, le dio un golpe en la cabeza y le preguntó dónde estaba.

–Regimiento 3 de Infantería de La Tablada. No me mate –le rogó.

Díaz se puso la camisa verde oliva del militar, le sacó la billetera y salió. Amanecía. No eran las siete. “Corrí trescientos metros hasta el alambrado. Al saltar me corté las manos con alambre de púas”, relató ante Rafecas. Cruzó la ruta a los gritos. “¡Soy Víctor Díaz, me secuestró el Ejército!”. Pidió plata y se tomó un colectivo hasta Once. En el camino abrió la billetera y vio el DNI del guardia: capitán Alberto Juan, que pasó a retiro en 1979 y nunca rindió cuentas a la Justicia. Horas después, en su casa, secuestraron a dos de sus hermanos, liberados un día después.

Díaz volvió en 1999, con su hijo, a filmar el edificio de la fuga. Hoy sólo quedan ruinas. La principal tiene cuatro columnas y una escalinata señorial para mirar a la tropa desde arriba. En el interior, un tosco mural de Belgrano y sus batallas. Detrás de una puerta que indica “área restringida” un graffiti señala “Pañol San José” encima de frases de adoctrinamiento. “La guerra es algo muy remoto, pero el día menos pensado, pasa”, por ejemplo. En el piso de una sala, hojas de un álbum de fotos inservibles: una visita protocolar de los ’60. En el ex patio de armas, restos de un mástil con una virgen triste. El juez ingresa a todos los edificios menos a uno, al fondo, que tiene puertas y ventanas tapiadas.

“Acá nos hicieron bañar, con toallas del Ejército y un guardia armado que no nos sacaba la vista de encima”, recordó ayer Alcira Ríos, abogada de Abuelas durante más de dos décadas que pasó un mes de septiembre de 1978 secuestrada en La Tablada. A Ríos y a su compañero los sacaron de La Cacha y simularon liberarlos a dos cuadras del Regimiento. “Armaron un operativo con uniformes y camiones ‘¡Tienen armas!’, gritaba el milico”, recordó ayer. Mientras les armaban un sumario por “actividades terroristas” los encerraron treinta días en una pieza, detrás de la salita de guardia pegada a la “enfermería”. Nada de eso quedó en pie.

“Sólo reconocí el baño. Fue como volver en el tiempo, aunque a esta altura lo cuento como si fuera una película”, desdramatiza y sonríe. Desde su vuelta al país en 1984, Ríos se dedicó a investigar apropiaciones y exigir justicia. Díaz también se corre del rol de víctima. “La fuga fue una pequeña victoria en medio de tanta muerte –reflexiona–. El marco de mi historia es la resistencia a la dictadura, no como víctima sino como persona que vive, que milita, que resiste, que lucha ante la muerte.”

jueves, 17 de julio de 2008

Un “festejo indecoroso”

El Tribunal Oral 5 pidió sanciones para un defensor de represores

Los jueces denunciaron ante el Colegio Público de Abogados a los defensores del comisario Miguel Angel Timarchi por festejar su absolución. Lo consideraron una “falta de respeto” hacia el tribunal y a los familiares de las víctimas.

Por Diego Martínez
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El abogado Carlos Broitman encabezó la defensa de Timarchi. El tribunal denunció a sus dos socios.

Tres días después de dictar sentencia por la masacre de Fátima, el Tribunal Oral Federal 5 denunció el lunes ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a dos miembros del estudio jurídico que encabeza Carlos Broitman, por lo que consideró “una grave falta de respeto” hacia los jueces y “en especial” hacia los familiares de las víctimas de una de las más brutales ejecuciones sumarias de la última dictadura. Los magistrados calificaron como “inaceptables” los festejos desmesurados de los letrados Héctor Amarelle y Alejandro Martín Broitman tras conocer la absolución de su cliente, comisario Miguel Angel Timarchi.

Página/12 informó el sábado que cuando el presidente del tribunal Daniel Obligado, comenzó a leer la absolución de Timarchi, Amarelle saltó como quien festeja el gol de su vida, gritó “¡Vamos todavía!” y le dio un beso a Carlos Broitman. Según la denuncia del tribunal, se trató de un abrazo y no con Carlos, sino con su hermano Alejandro. Los jueces describen “un salto al grito de ‘vamos carajo’, a la vez que se abrazaban entre sí, mirando hacia el público”, compuesto por los sobrevivientes de la Superintendencia de Seguridad Federal y familiares de los masacrados. Agregan que “esa conducta y la consecuente reacción del público desembocó en el de- salojo de la sala y, por supuesto, de tales letrados”. En realidad expulsaron a la comitiva que secundó a Broitman, pero no a Amarelle, que luego del festejo le manifestó sus condolencias al comisario Carlos Gallone, condenado a cadena perpetua por secuestrador y asesino.

El escrito de Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías calificó los “gestos indecorosos” de los abogados como expresiones “inapropiadas y por ende inaceptables en una audiencia judicial”. Se trató de “una grave falta de respeto hacia los integrantes del tribunal, sus contrapartes y, en especial, los familiares de las víctimas que se encontraban presentes y debieron soportar tamaño insulto”. La actitud “exacerbó el comprensible y justificado ánimo de los asistentes”, que comenzaron a cantar “Como a los nazis, les va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar”.

El TOF-5 solicitó al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados –que preside el constitucionalista peronista Alberto García Lema– que “analice las conductas” y determine “el correctivo pertinente”. Consideró que se violaron “deberes específicos de los abogados, entre los que se destaca el comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional, y de un incumplimiento a las normas de la ética profesional”.

Amarelle presenció varias audiencias y descolló durante el alegato, cuando calificó al proceso de “desastroso”, y llegó a decir que “se han plantado pruebas” para “cubrir a los verdaderos responsables” y condenar a “tres chivos expiatorios”, incluido su cliente absuelto. Alejandro Broitman, en cambio, sólo apareció el día de la sentencia. Broitman es secretario de ORY, un centro de contención para discapacitados mentales de origen judío. El año pasado, luego de recibir una donación, reflexionó que “unos pocos muchachos con capacidades diferentes son capaces de humanizar multitudes. Las personas que los pueden ver actuar en sociedad, realmente se conmueven y logran volver a ese estado natural de humanización y de valores que quizá, con el día a día, nuestra sociedad va perdiendo”.

domingo, 13 de julio de 2008

Un crimen que no se investigó

MARIA DEL CARMEN MAGGI, SECRETARIA ACADEMICA DE LA CATOLICA
Por Diego Martínez

El 9 de mayo de 1975 a la madrugada, dos horas después de la explosión de una bomba en la casa de Eduardo Cincotta, miembro de la CNU y secretario general de la Universidad Provincial, un grupo armado que se movía en tres autos secuestró a María del Carmen Maggi, secretaria general y decana de Humanidades de la Universidad Católica. Maggi era mano derecha del rector honorario, monseñor Eduardo Pironio. Ambos resistían el intento de unificación de ambas universidades que propiciaban los miembros de la CNU.

Selva Navarro, amiga de Maggi, gestionó una reunión entre el rector de la Universidad Provincial, José Cattuogno, y el de la Católica, Hugo Grinberg. Cattuogno los recibió acompañado por Gustavo Demarchi, coordinador académico, y Cincotta, secretario general. Demarchi, que también era fiscal, le negó el saludo a Grinberg. Lo presionó para que se trasladaran a Buenos Aires a firmar el traspaso de la Católica a la Provincial y se enojó ante la negativa, relató Navarro. De pronto se apagaron las luces y la mujer comenzó a gritar. “La universidad se va a nacionalizar por las buenas o por las armas”, les aclaró Demarchi.

El secuestro de Maggi tuvo amplia difusión. Pese a que sus padres y un vecino describieron a los secuestradores, el identikit se publicó una sola vez. Al mes de los hechos, con la víctima desaparecida, Demarchi pidió sobreseer la causa. “La actividad de la Justicia fue prácticamente nula”, apuntó el TOF. El cadáver, enterrado en Mar Chiquita, apareció un día antes del golpe de Estado. Los diarios publicaron la noticia, pero “insólitamente el sumario no fue reabierto”. La operación se cerró con la desaparición del sumario provincial sobre el hallazgo del cuerpo.

Un testigo de identidad reservada detalló ante el TOF qué miembros de CNU participaron del secuestro. Dijo haber escuchado a Mario Durquet confesar que había asesinado a Maggi y que Piero Assaro “vomitó al presenciar el homicidio”. Durquet usaba una credencial de la SIDE con el apellido Villagra. Un informe de Inteligencia de Prefectura redactado al calor de los hechos destaca la “actividad izquierdizante” de Maggi y diagnostica: “Todo indica que pasará a engrosar la nómina de ‘ajusticiados’ por motivaciones políticas y su cuerpo arrojado a algún paraje desolado de la ciudad”. Los prefectos sabían de qué hablaban. El crimen de Coca Maggi permanece impune.

La pata marplatense de la Triple A

EL TRIBUNAL ORAL DE MAR DEL PLATA DENUNCIO A CIVILES DE LA CNU QUE ASESINARON ANTES DE 1976

El tribunal señaló que la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria cometió crímenes de lesa humanidad al amparo del Estado. Involucran a abogados influyentes en el fuero local, entre ellos un ex fiscal.

Por Diego Martínez
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El ex fiscal Gustavo Demarchi, acusado de encubrir los crímenes, dice que no fue necesario investigar a la CNU.

Los civiles de Mar del Plata que al amparo del Estado asesinaron con garantías de impunidad antes del 24 de marzo de 1976 deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Así surge de una denuncia formulada por el Tribunal Oral Federal local ante el juez Norberto Oyarbide, quien ya declaró imprescriptibles los crímenes de la Triple A. El tribunal que integran Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portela desempolvó viejos expedientes, los cruzó con documentos de inteligencia, con testimonios que desde 2001 recibe en el Juicio por la Verdad y concluyó que los asesinatos cometidos por la Concentración Nacional Universitaria contaron “con la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”.

Tras el asesinato del jefe de la CNU, Ernesto Piantoni, el 20 de marzo de 1975, “parte” del grupo “se asoció con el fin de cometer delitos indeterminados” y contó “con la estrecha vinculación de la organización que funcionaba bajo la sigla A.A.A.”, sostienen los jueces. Ya en 1971 la CNU había asesinado a la estudiante Silvia Filler, pero fue durante el velorio del jefe cuando se gestaron los primeros crímenes de una seguidilla que derivó un año después en la integración de varios de sus miembros al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601.

La madrugada del 21 de marzo, ostentando credenciales policiales, el grupo secuestró y ejecutó a cinco personas. Un testigo de identidad reservada cercano a los asesinos declaró que “todos los integrantes de CNU fueron a vengar el homicidio de Piantoni”. Incluyó al entonces fiscal federal Gustavo Demarchi, que dos meses después pidió el sobreseimiento de la causa, y a su oficial segundo Eduardo Ullúa.

El suboficial Orestes Vaello, que pasó de CNU al Batallón 601, declaró ante la Conadep que el grupo marplatense “dependía del Destacamento de Inteligencia” y que Ullúa era su jefe. Entre los miembros recordó a un “gerente vinculado al SUPE”, que según el tribunal es Armando Nicolella. Según registros de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), la madrugada de enero de 1976 en que fue detenido con siete camaradas, Nicolella llevaba armas de guerra y tarjetas de Demarchi, con quien pidió comunicarse. “Lejos de excusarse”, el fiscal “actuó como su abogado de confianza”, explica el tribunal.

“La violencia de la CNU fue fomentada y tolerada por las más altas jerarquías de la Universidad Provincial”, sostienen. Eduardo Cincotta, miembro de CNU, era secretario general. Demarchi, coordinador académico. Los CNU fueron contratados para realizar “tareas de inteligencia ilegal”. Uno apuntó como domicilio la sede de la agrupación. Otros dos, el del abogado Luis Coronel. Los legajos de los CNU son los únicos que no tienen foto. Cincotta se integró en 1976 al GADA y aún luce en su estudio una distinción por servicios “en la lucha contra la subversión”.

La CNU “actuaba dentro de las estructuras del Estado”, en particular “de la Justicia Federal y de la Universidad de Mar del Plata”, con “cobertura” de las policías bonaerense y Federal, sostienen los jueces. Llegan a esa conclusión tras analizar varios homicidios:

- El 5 de junio de 1975 varios hombres secuestraron y ejecutaron de treinta disparos a Héctor Sanmartino, profesor de Psicología del Trabajo. Un informe de la Dipba lo vincula a “un elemento marxista” y otro lo tilda de “elemento terrorista”. Esa es toda la causa. Un mes después, previo dictamen de Demarchi, el juez Adolfo González Etcheverry la sobreseyó. “La premura, como en otros homicidios de militantes de izquierda, estaba dada por el archivo”, apuntan los jueces.

- El 12 de junio cortaron el tránsito y secuestraron de un décimo piso a Víctor Kein y Jorge Dell Arco. Los fusilaron vendados y con las manos atadas. La instrucción muestra “que se investigó a las víctimas”, dice la denuncia. Alguien que los vio dijo que se presentaron como policías y le ordenaron: “váyase a su casa”. Ni el fiscal ni el juez lo citaron. La esposa de Kein supo que la patota entró primero a una oficina donde había una reunión de la Asociación Marplatense de Rugby. Nadie los citó.

- Roberto Wilson y otros obreros del Frigorífico San Telmo estuvieron once días presos por reclamar blanqueos salariales. Dos días después de ser liberado, fue secuestrado. Nunca apareció. Su mujer describió a los captores y su madre le aportó dos nombres al juez: un miembro del Sindicato de la Carne y un militante de la CNU. El 8 de abril, previo dictamen de Demarchi, el juez sobreseyó la causa.

- El 13 de marzo de 1976 dos personas bajaron de un Falcon azul para secuestrar a Juan Manuel Crespo. Resistió hasta que lo mataron, junto a Emilio Azorín, frente a decenas de testigos que el comisario de la 1ª prefirió no escuchar. Dos días después los mismos muchachos hirieron a Ricardo Leventi. La Capital publicó que se movilizaban en el mismo Falcon azul y apuntó la patente: C-746.329. Leventi declaró que quien intentó matarlo hacía inteligencia en Humanidades. Fue en vano. El 21 de abril el fiscal admitió la “implicancia política-gremial” de los crímenes pero pidió sobreseer la causa. Así fue. El TOF investigó que la patente correspondía a un Fiat Berlina robado, y que el Falcon, con la misma chapa pero pintado de blanco, terminó en el Sindicato de la Carne porteño.

La denuncia incluye más de veinte nombres pero sobresale el eje Demarchi-Ullúa-Cincotta. Los CNU “convivían en la universidad con quienes debían investigarlos”, explican. La actividad en la fiscalía fue “imprescindible para asegurar la impunidad” del grupo. Ante la prensa Demarchi negó haber integrado la CNU y dijo que “no hubo que investigarla en ese momento”. La denuncia sugiere lo contrario. Ante la “estrecha relación” de los denunciados con la Justicia, los miembros del TOF enviaron copia a la Procuración General de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia.

sábado, 12 de julio de 2008

Dos condenas, una absolución, 30 asesinatos

Dos ex policías recibieron prisión perpetua por la Masacre de Fátima, pero el tercer acusado quedó en libertad

Los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone fueron declarados culpables de 30 asesinatos y secuestros. El tribunal consideró que la participación del comisario Miguel Angel Timarchi en los crímenes estaba en duda.

Por Diego Martínez
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Aurora Morea, madre de Susana Pedrini, y Fátima Cabrera, sobreviviente de Superintendencia, después del fallo, en los tribunales de Comodoro Py.

Luego de treinta y dos años de impunidad, cuando la mayor parte de los asesinos disfruta del anonimato y muchos identificados mueren antes de ser juzgados, los familiares de las víctimas de la Masacre de Fátima –como pasó a la historia la ejecución sumaria de veinte hombres y diez mujeres arrancados de tubos de Superintendencia de Seguridad Federal en la madrugada del 20 de agosto de 1976– recibieron ayer dos granitos de justicia y un bofetazo del que no será sencillo reponerse.

El Tribunal Oral Federal 5 condenó a la pena de prisión perpetua a los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, pero absolvió de culpa y cargo, gracias a la duda sembrada por una oportuna licencia médica, al comisario Miguel Angel Timarchi. El festejo desmesurado de sus abogados Carlos Broitman y Héctor Amarelle ante decenas de madres, hermanos e hijos de los masacrados hizo explotar la bronca contenida en la sala. “¡Asesinos!”, gritaron jóvenes y ancianos. Daniel Obligado, presidente del tribunal, pidió permiso a su colega Guillermo Gordo y con su visto bueno ordenó desalojar la sala. Expulsó a los colaboradores de Timarchi que habían contenido la emoción, pero no les llamó la atención a los efusivos letrados.

Las “últimas palabras” de los imputados (ver aparte) estaban previstas para las 13 pero, como en el resto de las audiencias, los magistrados ingresaron una hora más tarde. A pedido del tribunal, que también integra Ricardo Farías, las Madres de Plaza de Mayo guardaron sus pañuelos, los familiares guardaron las fotos de los masacrados y los reporteros gráficos no pudieron ingresar a la sala. La gerencia de noticias de Canal 7 solicitó al Tribunal una negativa por escrito, que hasta ayer a la tarde no había obtenido respuesta. Las tres horas de receso también sumaron. A las 17.55, cuando el secretario ordenó ponerse de pie para recibir a Sus Señorías, varias butacas estaban vacías.

Tras rechazar los planteos de Adrián Tellas y Martín Cardoso, abogados de Gallone, el juez Obligado, con voz firme, anunció la condena a perpetua de Lapuyole, que ya se había ido a su casa, donde goza de arresto domiciliario. El ex director de Inteligencia de Superintendencia fue sentenciado como autor mediato de las treinta privaciones ilegítimas de la libertad y los treinta homicidios agravados por la alevosía de ejecutarlos contra personas que tenían las manos atadas y los ojos vendados. Luego leyó la condena a perpetua para Gallone, jefe de una brigada, como coautor de los secuestros y partícipe necesario de los homicidios.

Cuando el juez leyó “absolviendo libremente y sin costas a Miguel Angel Timarchi”, Amarelle gritó “¡Vamos todavía!”, saltó como quien festeja el gol de su vida y le dio un beso a Broitman. Timarchi permaneció inmutable. El juez intentó seguir pero en medio de gritos y llantos desconsolados los H.I.J.O.S. comenzaron a cantar: “Como a los nazis... les va a pasar... a donde vayan los iremos a buscar”. Obligado ordenó desalojar la bandeja superior y luego la inferior, repletas de Madres sin pañuelos.

–¡Asesino! ¡Mataste a mi tío! –gritó una mujer desencajada.

–¡Vos sos cómplice, hermano! –le aclaró un hombre al juez–. ¡A ellos les tenés que decir ‘nunca más’! Se te están cagando de risa en la cara.

–¡Los tres son cómplices! –rectificó desencajada Aurora Morea, de 84 años, madre de Susana Pedrini, víctima de la masacre.

Con la sala vacía y el canto “a los nazis” de fondo el juez terminó de leer la sentencia. Para absolver a Timarchi invocó el artículo 3 del Código Procesal Penal, que en caso de duda juega a favor del reo. “Estamos conformes con las condenas, pero vamos a apelar la absolución. Antes tenemos que conocer los fundamentos, ya que el tribunal dejó entrever dudas sobre su rol aquella madrugada. Para condenar la Justicia exige pruebas contundentes que después de treinta años no es fácil conseguir. Son las reglas de juego”, reflexionó en medio de abrazos y llantos la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales.

“Siento bronca, dolor. La Justicia fue injusta. Fue terrible tener que soportar el discurso político” de Timarchi, relató Fátima Cabrera, ex cautiva de Superintendencia. “Tiene el típico perfil de los ideólogos del terrorismo de Estado, de quien cumplía el rol de ‘bueno’ en los interrogatorios. Pocos llegan a juicio, otros están prófugos (en referencia a Luis Alberto “El Japonés” Martínez), este hombre se da el lujo de llamar ‘testigos falsos’ a las víctimas, y ahora queda suelto”, lamentó. “Pero tenemos que seguir, pese a la Justicia”, concluyó.

“Se logró que dos culpables paguen, pero cuesta creer que alguien que actuó en Superintendencia haya sido liberado. El camino de la Justicia es muy lento pero la lucha sigue, eso es lo importante”, rescató Franco Castiglioni, también sobreviviente. “Es indignante. (El ex guardia de superintendencia Armando) Luchina denunció a este tipo durante 25 años. ¿Cómo lo pueden absolver?”, razonó Hugo Argente, hermano de Jorge, víctima de la masacre. “Durante muchos años estuve alejado de mi familia, siempre les expliqué que era para conseguir verdad y justicia. ¿Qué les digo ahora?”, se preguntó.