lunes, 25 de mayo de 2009

Dos represores rinden cuentas

EMPIEZA EL TERCER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN BUENOS AIRES

El Tribunal Oral de Mar del Plata juzgará desde mañana al general Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret por el secuestro, las torturas y el asesinato de Carlos Alberto Labolita, en 1976.

Por Diego Martínez
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A un tercio de siglo de los hechos y un lustro de la reapertura de las causas, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar mañana al general de brigada Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret. Están acusados por el secuestro, las torturas y el asesinato en 1976 de Carlos Alberto Labolita, militante de la Juventud Peronista visto por última vez en el centro clandestino que funcionó en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. Será el tercer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires, donde sólo fueron condenados Miguel Etchecolatz y el sacerdote en actividad Christian von Wernich.

Oriundo de Las Flores, Labolita tenía 23 años, estudiaba Sociología en la Universidad de La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Se había casado tres años antes con Gladis D’Alessandro. En los meses previos al golpe de Estado, por razones de seguridad, abandonaron su departamento y se alojaron en la casa de los santacruceños Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Después de un tiempo, nos fuimos a una pensión hasta el 24 de marzo. Ahí cada uno salió como pudo”, recordó Gladis ante Página/12.

El día del golpe, la policía detuvo a Carlos Labolita padre, docente y militante socialista, que padecería la cárcel durante cuatro años. Un mes después, a pesar del peligro, su hijo decidió volver. “Yo no estaba de acuerdo pero, como siempre, lo acompañé. Las Flores es un pueblo chico, circulan muchas historias, éramos militantes y se corría un gran riesgo. Carlos quiso ver a su madre y a sus hermanas, saber qué pasaba con su padre. Era difícil medir los riesgos en ese momento. Llegamos a la casa y en menos de media hora apareció la policía”, contó Gladis.

Fue el 25 de abril de 1976 a la madrugada. El comisario Aníbal Lista declaró que el teniente coronel Mansilla, jefe del Grupo de Artillería, consideraba a Labolita un “elemento subversivo” y le dio “expresas instrucciones” para capturarlo. En la comisaría dejaron constancia de que el detenido quedaba “a disposición del área militar 125”, que conducía Mansilla e incluía a Tandil, Azul y Olavarría. Dos días después, el 27 a la mañana, la policía lo entregó en la oficina de inteligencia del regimiento. Lo recibió el teniente Duret, alias “Porra”, quien se negó a entregar constancia del ingreso. En presencia de los policías, le pusieron una capucha negra.

En la madrugada del 1º de mayo, un grupo de tareas de civil, a cara descubierta y con borceguíes militares, allanó la casa de la familia. “Trajeron a Carlos torturado, encapuchado, descalzo, con las manos atadas. Me encerraron con él en la cocina. Buscaban una valija, direcciones. Carlos les decía que yo no tenía nada que ver”, recordó Gladis. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a contarle su compañero. Apenas podía caminar. Los ocho miembros de la patota, incluido Duret, destruyeron bibliotecas, muebles, teléfonos, dieron vuelta la casa. Decían buscar “la valija verde con los fierros”, que no encontraron. Se llevaron a Gladis, la hicieron dar varias vueltas, la cabeza contra el piso de un auto, hasta que la abandonaron.

Sobrevivientes del centro de detención del cuartel de Azul contaron que fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, confesó un torturador. “Aquí se entra solo, y sólo Dios te ayuda a salir”, explicaba una inscripción que un ex cautivo vio desde la mirilla de su calabozo. Cuando Gladis fue con su madre a pedir por su esposo, Mansilla las maltrató y dijo que lo habían liberado. No negó su paso por el cuartel.

Con el retorno de la democracia, el juez federal de Azul, Jorge Ferro, avanzó en la instrucción de las causas, hasta que se declaró incompetente y envió el expediente el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las leyes de Raúl Alfonsín implicaron para los militares veinte años de impunidad. En 1994, el nombre de Duret reapareció como jefe del Grupo de Artillería de Neuquén, donde fue asesinado el soldado Omar Carrasco. En 2000, los organismos de derechos humanos impugnaron su ascenso en el Senado. Al año, con el visto bueno de Fernando de la Rúa, se convirtió en coronel.

La causa Labolita se reabrió en 2004, impulsada por su familia y por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que reclamó al juez federal Juan José Comparato investigar los delitos de lesa humanidad en el ex área militar 123. En diciembre de 2005, a casi tres décadas del crimen, el juez citó a los represores, que se negaron a declarar. El pintoresco Duret, entonces en actividad, concurrió al juzgado con el uniforme verde oliva que no usaba en las madrugadas de 1976. Se retiró con esposas rumbo a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, hoy Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, donde aún pasa sus días el militar de 56 años. El general Mansilla, de 77 años, goza de arresto domiciliario en su departamento de Dorrego 2699, Capital Federal.

“Fueron lacayos”

DIALOGO CON CARLOS O. LABOLITA
Por Diego Martínez

Carlos Orlando Labolita fue profesor de filosofía y pedagogía, militante gremial en Las Flores, y padeció la dictadura en carne propia: cuatro años preso en los penales de Marcos Paz y La Plata. A fines de 2005, después de ver en el juzgado de Azul al septuagenario general Pedro Mansilla, quien se negó a hablar sobre su hijo desaparecido, confesó al diario El Popular de Olavarría que sintió lástima por el represor. “Con los años uno entendió cosas que ellos no entendieron nunca. Fueron los lacayos de los verdaderos dueños de este país”, explicó.

–¿Qué espera del juicio?

–Espero justicia, esa cosa tan huidiza y ausente en la Argentina. Después de 32 años no estoy henchido de ilusiones, pero eso espero, nada más. Es lo que hay, como dicen los chicos.

–¿Sigue sintiendo lástima por Mansilla?

–En 32 años he pasado por toda la gama de sentimientos que se puede experimentar, tuve tiempo de revisar todo el inventario. Me dio lástima porque está viejo y tiene que hacerse el distraído, decir que no recuerda, aunque lo cierto es que está en su casa viendo TV con sus nietos. Al principio los hubiera querido hacer volar, pero pasa el tiempo y se va naturalizando todo.

–¿Volvió a militar después de la cárcel?

–No. Cuando se fueron los milicos, dejaron tierra arrasada, nadie quiso formar nada después de semejante experiencia. Seguí en la docencia pero, con un currículum que incluía cinco años en cana y un hijo muerto, al principio se me huía, era como mufa. “Lo que pasó, nos marcó a todos. Es algo que nos dejó medio vacíos y, por otro lado, llenos de conocimientos desagradables, sobre el papel del Estado, los políticos, la Iglesia. Nunca tuve demasiadas ilusiones con respecto al hombre, pero esto fue terrible, una experiencia nefasta. Más allá del compañerismo y la amistad en la cárcel, en el fondo fue negativo”, explica con voz serena.

“Hay algo que me alegra, que no sé si es correcto decir, aunque nunca fui políticamente correcto”, dice. “Me alegra que ellos me hayan considerado su enemigo. Es lo único que me queda como una especie de posgrado en Oxford. Si los enemigos del país, de la patria y de los trabajadores me consideran su enemigo... ¡caramba!, significa que no estoy tan errado.”

jueves, 21 de mayo de 2009

Escudo protector contra los Patti

Media sanción para inhabilitar a los represores
Por Diego Martínez
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La diputada Victoria Donda.

Con decenas de representantes de organismos de derechos humanos en los palcos desde primera hora, la Cámara de Diputados aprobó finalmente anoche el proyecto de ley que inhabilita a imputados por graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos. La norma la propuso hace ya quince meses la diputada y nieta restituida Victoria Donda, de Libres del Sur, e implicará modificar la Ley de Etica Pública, el Código Electoral y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que torturadores como Luis Patti, cuya impugnación resolvería hoy el juez electoral platense Manuel Blanco, puedan volver a presentarse como candidatos.

“¡Néstor, la ley para que no asuman represores!”, gritó de palco a palco Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos, al ex presidente Kirchner, presente por la asunción de Jorge Rivas. Como la jura del diputado insumió más de media hora y ya era imposible votar el tratamiento sobre tablas, Donda propuso y consiguió que tres cuartos de la Cámara aceptara apartarse del reglamento y que dos tercios se comprometiera a analizar el proyecto. La tarde pareció consumirse luego en discursos de homenaje a Raúl Alfonsín.

–¡No se vayan! –gritó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo.

–No nos vamos, se fueron los de la oposición –aclaró tres pisos abajo Agustín Rossi, del Frente para la Victoria, que en noviembre se comprometió sin éxito a tratar el proyecto en comisión. Salvo contadas excepciones, el PRO y la UCR se habían ido del recinto.

La insistencia de Donda, el aguante de Madres, H.I.J.O.S., Familiares, CELS, Hermanos y demás militantes de distintas generaciones y la presión de legisladores del FpV a sus compañeros más remisos dieron al fin su fruto. Poco antes de las diez comenzaron las exposiciones: Remo Carlotto, Marcela Rodríguez, Rossi, Donda, Eduardo Macaluse. Nadie argumentó en contra del proyecto. Donda y demás impulsores pretendían que la “prueba suficiente de participación” en secuestros y torturas alcanzara para excluir a ex represores, pero tuvieron que bajar las pretensiones para lograr consenso. Los sectores duros del PJ condicionaron su apoyo a la exigencia de procesamiento. Así fue. Minutos antes de las once, con 131 votos a favor (todo el FpV, el ARI y el SI), cuatro abstenciones y 123 ausentes, se aprobó la norma en general, que ahora deberá tratar el Senado.

sábado, 16 de mayo de 2009

La represión judicial

Ordenan detener a un ex juez por cómplice de la dictadura

Visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”. Investigó la “infiltración ideológica marxista” en la universidad.

Por Diego Martínez
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La entrada al centro clandestino de detención La Escuelita, de Bahía Blanca.

Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del Tribunal Oral Federal 5, condenó al apropiador de una hija de desaparecidos, juicio que concluyó con las Abuelas de Plaza de Mayo cantando “Como a los nazis les va a pasar...”. En 2004 Página/12 publicó su historia negra y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su juicio político. Cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo, renunció. En octubre de 2006 el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que ahora, dos años y medio después, ordenó el juez federal Alcindo Alvarez Canale. El protagonista de la historia es Guillermo Federico Madueño, un símbolo de la inserción en las instituciones democráticas de cómplices civiles del terrorismo de Estado.

En diciembre de 1975 el flamante juez archivó sin investigar la causa del primer desaparecido bahiense. El comando a cargo del general Carlos Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en patrullero, esposado y custodiado por tres policías, Daniel Bombara abrió la puerta y se tiró al asfalto. Para no entregar su cuerpo con rastros de tortura, al día siguiente simularon que “desconocidos” lo habían robado mientras una ambulancia lo trasladaba a la morgue. “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, informó La Nueva Provincia. Al mes, el juez archivó la causa.

En abril de 1976, una mujer secuestrada junto con Bombara declaró ante el juez y su secretario, Hugo Sierra, que “un patrullero” los llevó hasta un lugar que no pudo determinar y “con los ojos vendados” fue sometida “a toda clase de torturas”. El magistrado hizo oídos sordos, no investigó las torturas ni reabrió la causa Bombara. En agosto, para mantener en prisión a un militante de la Juventud Peronista, Sierra le propuso al juez usar un dato de la declaración del desaparecido, “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes” (sic) por razones que prefirió no analizar. El juez no se animó a tanto. Sierra aún no está imputado en la causa y es profesor de derecho en la Universidad Nacional del Sur.

En plena dictadura Madueño se reunía en la casa del general René Azpitarte, jefe del Cuerpo V, “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al juez a hacer la investigación de la UNS”, declaró en 1987 el general Vilas, impune por insania. La investigación fue una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura, y que el diario La Nueva Provincia y la revista Cabildo publicitaron como ejemplo de la lucha contra la subversión. Vilas contó ante la Cámara Federal bahiense que invitó al juez a visitar el centro clandestino La Escuelita y que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juez Alvarez Canale ordenó la detención de su ex colega. El defensor oficial Luis Angel Devaux respondió que Madueño padece una enfermedad grave, que se presentará si lo citan y pidió la eximición de prisión. El juez la rechazó.

jueves, 14 de mayo de 2009

Otro represor quiere una banca en el Congreso

Folloni se postula en Salta y fue impugnado por su rol en la dictadura
Por Diego Martínez

Luis Patti no está solo. Organismos de derechos humanos de Salta impugnaron la postulación como candidato a diputado nacional de Jorge Oscar Folloni, ex secretario de Estado del gobernador de facto Roberto Ulloa, fundador del Partido Renovador de Salta, investigado por la Justicia Federal por el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos en 1978. Comandante retirado de Gendarmería de 73 años, Folloni fue diputado provincial, nacional y candidato a gobernador.

La presentación fue efectuada por David Leiva y Tania Kiriaco, abogados de la Red de Derechos Humanos de Salta, ante el juez electoral Leonardo Bavio. Destacan que el candidato “ha participado de un gobierno terrorista que aplicó un plan sistemático de violación de derechos humanos”. Más allá del cargo como funcionario, recuerdan que el 14 de noviembre de 1977, por decreto 3498, el capitán de navío Ulloa y el gendarme Folloni le negaron a Bustos la habilitación como escribano en base a “la evaluación efectuada por el Poder Ejecutivo de los antecedentes ideológicos del peticionante, suministrada con carácter estrictamente confidencial y secreta por los organismos pertinentes”. Dos meses y medio después, el 2 de febrero de 1978, Bustos fue secuestrado en Tartagal y trasladado al Regimiento de Infantería 28, en Embarcación, donde se lo vio por última vez. Para los impugnantes, el decreto “anunciaba el destino final” de la víctima.

La investigación judicial se reabrió en 2005. Al año, el juez federal Miguel Medina procesó por el secuestro del escribano a los coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zirpolo. Hace tres meses elevó la causa a juicio, que recayó en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta. Pero la investigación excede a los coroneles. En julio pasado, el juez Medina dispuso investigar a Ulloa y Folloni por encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los impugnantes sostienen que el candidato carece de “idoneidad ético-jurídica” por haber integrado un gobierno que “no sólo derrocó a las autoridades civiles, sino que produjo miles de víctimas en todo el territorio nacional”. Recuerdan que el Estado se comprometió a implementar mecanismos para evitar que personas comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos ocupen cargos públicos, y destacan que “la protección de los fueros parlamentarios conduce a la impunidad”.

Cordobés, hijo de italianos, abogado, Folloni se radicó en Salta en 1968. El 30 de octubre de 1983, con el flamante Partido Renovador, fue electo diputado provincial. En 1995 se presentó sin suerte como candidato a gobernador. Más tarde asumió como diputado nacional. En 2003 anunció su alejamiento de la política, pero en agosto del año pasado decidió volver. Presidió la convención del partido y fue electo cabeza de la lista de diputados nacionales. El lunes confirmó la postulación. El martes, mientras los abogados lo impugnaban, declaró que “el 28 de junio, en el ocaso del kirchnerismo, se cerrará una etapa cuando el matrimonio que gobierna el país reciba un duro mensaje de la ciudadanía, que mostrará su desacuerdo con un estilo de gobierno hegemónico y confrontativo”. El vicepresidente del partido, Andrés Zottos, calificó la impugnación como “una chicana política”.

miércoles, 13 de mayo de 2009

Por un Congreso libre de asesinos

Diputados, familiares de sus víctimas y organismos de derechos humanos impugnaron la candidatura del represor Luis Patti

Reiteraron que el torturador carece de “las calidades exigidas por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos” para presentarse. Destacaron que aún no fue condenado porque hubo treinta años de impunidad. Es improbable que asuma.

Por Diego Martínez
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Luis Abelardo Patti está preso en el penal de Marcos Paz, procesado por delitos de lesa humanidad.

Familiares de víctimas de la última dictadura, organismos de derechos humanos y diputados nacionales impugnaron ayer la candidatura del ex subcomisario Luis Patti, preso en la cárcel de Marcos Paz con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad y a disposición del Tribunal Oral Federal de San Martín, que debe juzgarlo en los próximos meses. El represor se postuló para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como cabeza de una lista de duhaldistas, menemistas y miembros del Modín. La nueva candidatura del ex intendente de Escobar se produce después de catorce meses en los que el Congreso de la Nación no reunió el quórum necesario para tratar un proyecto de ley de la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, que inhabilita a imputados en graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos.

Las presentaciones ante la secretaría electoral nacional, a cargo del juez federal platense Manuel Blanco, fueron formuladas por los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, las hermanas de Osvaldo Cambiaso y los hijos de Gastón Gonçalvez, los tres asesinados durante la dictadura en operativos vinculados directamente con Patti. Patrocinaron el pedido los abogados Ana Oberlin, de Hijos; Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Pablo Llonto. Por otra parte, lo impugnaron los diputados nacionales oficialistas Remo Carlotto y Diana Conti, y Emilio García Méndez, de Solidaridad e Igualdad, con el patrocinio de los abogados Luciano Hazán, María Laura Durandeu y María Eva Asprella.

A mediados de abril, los abogados de Patti solicitaron a la justicia electoral una “acción declarativa” que confirmara la idoneidad del represor para postularse a un cargo. El juez Blanco le negó el cheque en blanco y explicó que sólo podría pronunciarse en el caso de que Patti se presentara y la sociedad civil lo impugnara, como ocurrió ayer. Los escritos reiteran que el ex intendente de Escobar carece de “las calidades exigidas por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos” para presentarse como candidato y subrayan la obligación contraída por el Estado, a partir de la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2000, para evitar que personas sospechadas de graves violaciones a los derechos humanos puedan acceder a cargos públicos. Destacan que la falta de una condena firme “debe evaluarse en el contexto de excepcionalidad argentino”, donde la falta de investigación y sanción penal producto de las leyes alfonsinistas y los indultos menemistas “generaron un marco de impunidad y privación de justicia por casi 30 años”. Los impugnantes detallan los hechos por los que Patti será juzgado, solicitan la producción de nuevas medidas y piden a Blanco que convoque a una audiencia pública para que los votantes “puedan ejercer su derecho con la debida información”, tal como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.

Sus Señorías

Si bien las posibilidades reales de asumir como diputado son prácticamente nulas, los últimos antecedentes fueron favorables para el torturador. En 2007, con votos de Juan Carlos Hitters, Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Petiggiani, Federico Domínguez y Carlos Natiello, la Corte Suprema de Justicia bonaerense confirmó una resolución de la Junta Electoral que desestimó mecánicamente un planteo de familiares de víctimas de Patti para impedir su candidatura a la gobernación de la provincia. El candidato se presentó y obtuvo 171.667 votos, equivalente al 2,45 por ciento de los electores.

En abril de 2008, previo dictamen favorable del procurador general Luis Santiago González Warcalde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la decisión de la Cámara Nacional Electoral que había invalidado la exclusión del represor en la Cámara de Diputados en 2006. Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni opinaron que el Congreso se había excedido en sus facultades de contralor y que no le correspondía realizar valoraciones sobre la idoneidad ética de sus miembros. Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carlos Maqueda, en disidencia, consideraron válida la exclusión en virtud de normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, que obligan al Estado argentino a adoptar medidas para que responsables de graves violaciones a los derechos humanos no permanezcan ni ingresen a la función pública.

En la práctica, la decisión de la Corte derivó en la suspensión de la prisión preventiva de Patti durante ocho días. El 24 de abril a la madrugada, por 196 votos a favor, nueve en contra (PRO, Recrear, los demócratas mendocinos, dos radicales y un Paufe) y once abstenciones (ocho de la UCR y tres del Frejuli de Rodríguez Saa), Diputados aprobó el desafuero, privó a Patti de la inmunidad con la que pretendía burlar a la Justicia y la Cámara Federal de San Martín volvió a ordenar su detención.

Aun si la Justicia electoral mantuviera su criterio de ignorar los motivos de la impunidad, rechazara las impugnaciones y Patti fuera electo, es improbable que logre asumir. El Tribunal Oral Federal de San Martín, que aún no fijó fecha pero tendría previsto juzgar a Patti & Cía. cuando concluya el primer juicio por Campo de Mayo, debería en tal caso analizar los planteos de los defensores del policía para que consiga fueros y por ende impunidad. Aun si el TOF concediera el pedido, el desafuero se trataría en diciembre el Diputados.

Congreso en deuda

El proyecto de Victoria Donda para inhabilitar a personas sobre quienes pesan graves sospechas de haber participado en delitos de lesa humanidad se presentó en marzo de 2008, pero nunca llegó al recinto. Debió tratarse en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y, por último, Derechos Humanos y Garantías. Nunca llegó a discutirse en la primera, por falta de quórum. “Ahora estamos pidiendo una reunión conjunta de las tres comisiones, ya que es un proyecto consensuado, para tratarlo directamente en la próxima sesión”, explicó ayer Remo Carlotto, que impugnó a Patti en 2005 y 2007.

El diputado explicó que “el proyecto está consensuado pero no pudo tratarse y carecemos de la legislación que impida que estos personajes se presenten”.

–Si había consenso, ¿por qué no trató?

–Hay que preguntar a quienes tenían a cargo el tratamiento legislativo. Desde el Frente para la Victoria pusimos toda la voluntad, Gerónimo Vargas Aignasse y yo. En período preelectoral es complicado conseguir quórum, pero la decisión política está, es parte de la política de derechos humanos del Gobierno. Somos firmantes del proyecto, lo impulsamos, trabajamos para buscar una síntesis con otros proyectos. No se pudo aprobar, pero no lo vinculo a intencionalidad política del bloque sino al funcionamiento de las comisiones, a la dificultad para conseguir quórum. Pero el compromiso del Frente para la Victoria está.

sábado, 9 de mayo de 2009

“No garantizan la imparcialidad”

Piden que la causa sobre el Hospital Posadas cambie de tribunal oral

Los querellantes cuestionaron los antecedentes de dos de los jueces del TOF Nº 3. Uno de ellos ya se excusó. Además, señalaron que los roces que existen entre esos dos magistrados y el tercer integrante del tribunal podrían perturbar el proceso.

Por Diego Martínez
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Durante la última dictadura militar, en el Hospital Posadas funcionó un centro clandestino de detención.

Un mes después de que la Cámara de Casación Penal encomendara al Tribunal Oral Federal Nº 3 el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, querellantes patrocinados por el abogado Rodolfo Yanzón solicitaron ayer una nueva reasignación de la causa, porque entienden que los jueces Miguel Guillermo Pons y Gerardo Larrambebere “no se hallan en condiciones de garantizar la imparcialidad” necesaria. Copia del escrito fue entregada a Liliana Catucci, presidenta de Casación, para que los obstáculos surgidos en el tribunal no demoren el inicio del juicio a los represores, incluido el dictador Reynaldo Bignone.

El juez Pons se excusó luego de admitir que la detención de su primo hermano, capitán de corbeta retirado Luis Alberto Pablo Pons, investigado por delitos similares a los que debería juzgar pero ocurridos en la base naval de Puerto Belgrano, “afecta la garantía de imparcialidad del juzgador”. El marino de 66 años, internado en el Hospital Naval, encabezó en 1976 la Brigada de Infantería Nº 1 y está imputado como ejecutor directo del secuestro y los tormentos a Hugo Giorno, ex intendente de Punta Alta.

Oscar Hegott rechazó la excusación de su colega porque entiende que los delitos los cometió “una distinta organización armada estatal: la Armada”, no el Ejército como en el hospital. Sin disimular la tensa relación inter pares, el juez apuntó que “sólo podría ponderar” la excusación si Pons admitiera “un conocimiento previo de los hechos imputados a su primo” e introdujo un tema que para Yanzón “pone a la luz una situación traumática en el seno del tribunal”. Hegott recordó que “mediante la Acordada 4/09 (léase jueces en oficinas contiguas que se comunican por escrito) he exhortado al señor juez que culmine con la práctica de reuniones bilaterales con el restante magistrado para organizar el tribunal a su antojo” (sic).

La excusación y la feroz interna, que para Yanzón “conspira contra la misión que deberían cumplir en este proceso”, no son los únicos elementos que motivan el pedido. También incide el probable apartamiento de Larrambebere, quien habría intervenido en la causa cuando era juez de Morón, y añejos antecedentes de ambos magistrados:

- En 1985, como juez federal porteño, Pons “dispuso la captura de ex miembros de Montoneros basándose en la conferencia de prensa que habían dado en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura”, recordó el abogado.

- En 1989, como juez de Morón, Larrambebere intervino en la causa por los hechos posteriores al copamiento del cuartel de La Tablada. “Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos por no haber investigado los homicidios y torturas” cometidos por militares, “por el tratamiento dado a los cadáveres de los incursores (depostados a pedido del Ejército para impedir que se investiguen los motivos de las muertes)” y por el rol de la fuerza como “auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial”, apunta el escrito.

La investigación de los delitos en el policlínico la realizó el juzgado de Daniel Rafecas, que elevó la causa en enero, con cinco imputados: Bignone, el coronel Agatino Di Benedetto, el brigadier Hipólito Mariani (jefe de Mansión Seré condenado por el TOF Nº 5 a 25 años de prisión, libre hasta que el fallo quede firme) y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos.

Ante el atolladero de expedientes acumulados en el TOF Nº 5 y la alta probabilidad de que decenas de acusados mueran sin sentencia, Casación reasignó todas las causas vinculadas al Primer Cuerpo de Ejército. Hospital Posadas recayó en el TOF Nº 3, que en junio tenía previsto comenzar a juzgar el affaire IBM-Banco Nación. Si por la edad de los represores (tres superan los 80 abriles) el tribunal analizaba priorizar el último juicio recibido, el pedido de los querellantes para que Casación “disponga con urgencia una nueva reasignación” le permitirá juzgar a los banqueros y ex funcionarios menemistas, causa que lleva apenas 14 años en trámite.

Buscan “controlar a la prensa”

Un proyecto para repudiar una denuncia del Ejército
Por Diego Martínez

La diputada oficialista Diana Conti presentó un proyecto de declaración para que la Cámara baja exprese “su más enérgico repudio” a la denuncia del coronel Celestino Mosteirín contra dos periodistas correntinos, a quienes acusó de difundir nombres de personal civil de inteligencia de la dictadura que aún prestan servicios en el Destacamento 123 de Paso de los Libres. Consideró que la presentación, autorizada por la Dirección de Inteligencia del Ejército, “encubre una clara utilización del derecho penal para controlar el trabajo de la prensa”.

Miembro del Consejo de la Magistratura, Conti pidió además la citación a la Comisión de Disciplina de la jueza subrogante Mabel Borda. Aun cuando el llamado a indagatoria de los cronistas antecedió a su nombramiento, “su obligación ante la palmaria inexistencia de delito debió traducirse en dejar sin efecto ésa y toda medida de tinte cercenatorio de derechos”, afirmó.

La decisión de indagar a los periodistas por supuesta violación de secretos de Estado no la tomó el juez ad hoc Juan Carlos Silberstein, como informó ayer Página/12, sino su antecesora, María Inés Morales de Paulo, la abogada que el año pasado concedió un hábeas corpus para que ex miembros del destacamento procesados por secuestros y torturas no abandonaran su prisión VIP en el Grupo de Artillería 3. Abogados libreños que conocen la Justicia local sugieren que el ideólogo de ambas decisiones es el ex juez Juan Angel Oliva, a quien la abogada subrogó pocos días. Oliva, que renunció el 1º de febrero, cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a citarlo, es el autor de dos procesamientos contra los represores del centro clandestino La Polaca que por sus desprolijidades fueron anulados en sendas oportunidades por la Cámara Federal correntina.

viernes, 8 de mayo de 2009

Dos periodistas en problemas

La Justicia correntina citó a cronistas por difundir nombres de agentes de inteligencia

En un canal de cable y en una radio se difundieron nombres de personal civil de Inteligencia, identificados por un conscripto que presenció torturas durante la dictadura. El Ejército denunció a los cronistas por violar la Ley de Inteligencia y el juez los citó.

Por Diego Martínez
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La Polaca, en Paso de los Libres, funcionó como centro de torturas hasta el final de la dictadura.

Dos periodistas correntinos difundieron el testimonio de un ex conscripto que presenció durante la dictadura una sesión de torturas a cargo de militares y civiles del Destacamento de Inteligencia 123. El jefe de esa dependencia del Ejército notó que varios de los nombrados –que a priori no participaban del interrogatorio– seguían en actividad bajo su mando treinta años después, e invocando la Ley de Inteligencia Nacional denunció a los periodistas por difundir nombres de agentes. Lejos de desestimar la denuncia, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, cuyos procesamientos a varios represores que mencionó el soldado fueron anulados por sus desprolijidades por la Cámara Federal de Corrientes, citó a prestar declaración indagatoria a los periodistas. “Es un apriete a quienes se animan a informar, más grave aún cuando varios acusados de presenciar las torturas siguen libres y aún no fueron citados por delitos de lesa humanidad cometidos hace décadas”, destacó Tomás Chalup, abogado de los periodistas.

El Destacamento 123 nutrió de personal a los centros clandestinos La Polaca y Local 13, donde se torturaba a personas secuestradas en el puente que divide Paso de los Libres y Uruguayana. En julio del año pasado un ex conscripto declaró que a mediados de 1983 le ordenaron llevar un sobre al Escuadrón 7 de Gendarmería, donde funcionaba Local 13. Como golpeó y nadie atendió, se asomó por la ventana. Vio a un hombre sentado que gritaba “¡No sé nada!”, mientras el civil Víctor Irineo Aldave le arrancaba las uñas con una tenaza y sus compañeros gritaban “¡Cantá que te vamos a hacer mierda!”. Identificó a “empleados civiles y militares, pudiendo citar a Carlos Faraldo, un tal Ledesma, un suboficial Ojeda, Alberto Gonzalo, Don Clementino y otros, que a raíz de la reacción espontánea de salir de la ventana no alcanzó a reconocer”. Ante la pregunta del juez federal libreño Juan Angel Oliva, el testigo dio todos los nombres del personal del destacamento que recordaba.

El testimonio y el detalle de nombres se publicó en medios gráficos, como Conexión Internacional, y fue difundido por Ignacio Villanueva, del canal de cable Tele 10, y Sergio López, de FM Activa. Cuando el entonces teniente coronel Celestino Mosteirín, jefe del Destacamento 123 hasta diciembre, escuchó que varios PCI mencionados aún prestaban servicio a sus órdenes, se presentó en el juzgado y pidió que se investigara a los periodistas por violar la Ley de Inteligencia, que prohíbe difundir nombres de agentes secretos. Una alta fuente del Ministerio de Defensa informó ayer que Mosteirín tenía el deber de denunciar el posible delito y que fue autorizado por la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Según pudo reconstruir Página/12 de dos fuentes con acceso al expediente, el fiscal ad hoc Edgar Giménez se limitó a pedir que el militar amplíe su denuncia, pero no reclamó ninguna medida de prueba. Habría sido el juez federal ad hoc Juan Carlos Silberstein, hoy secretario del juzgado, quien de motu proprio resolvió allanar la FM y citar a indagatoria a Villanueva y a López (no a quienes publicaron idéntico relato). Especialista en derecho tributario, Silberstein encuadró los hechos en el artículo 222 del Código Penal, que prevé uno a seis años de prisión para quien revele secretos concernientes a la defensa de la Nación, entre otros.

“Es un mensaje intimidatorio, la declaración no es secreta. Nos están diciendo ‘no hablen o los vamos a imputar’”, explicó Villanueva, quien ya en 2005 difundió en TV un informe sobre La Polaca, y que se negó a declarar. López no se presentó y tiene nueva cita para el 20 de mayo. “Hoy (el martes) vinieron de Gendarmería, sin orden judicial, a pedirme datos para hacerme un estudio socioambiental. No dejé que me tomaran ni las huellas digitales, esto ya es demasiado persecutorio”, agregó Villanueva.

Consultado por Página/12, el fiscal federal Benito Pont informó que “reasumí hace unos días, analicé la causa y ya estoy pidiendo el archivo, no hay ningún elemento que permita traer a estas personas a proceso”.

–¿Y qué elemento encontró el juez ad hoc? ¿Cómo chequear que servicios de la dictadura siguen en actividad?

–Ah (silencio).

En septiembre Oliva procesó por segunda vez a nueve ex miembros del Destacamento 123. El 1º de febrero renunció, cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a citarlo por irregularidades en las causas de lesa humanidad. El mes pasado, invocando irregularidades en la instrucción, la Cámara Federal correntina anuló por segunda vez los procesamientos. Excepto los civiles Rubén David Ledesma y Carlos Faraldo, procesados en otra causa y presos VIP en la Guardia de Artillería 3, todos los represores locales recuperaron la libertad. La causa por delitos de lesa humanidad y la que investiga a los periodistas están desde hace dos semanas en manos de la jueza federal subrogante Mabel Borda.

jueves, 7 de mayo de 2009

“Cárceles, las ESMAs del presente”

El CELS denunció que en la provincia hay diez mil presos más que los lugares disponibles

El informe anual del organismo sostiene que en 2008 se verificaron regresiones políticas e institucionales en DD.HH.

Por Diego Martínez
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Gastón Chillier y Horacio Verbitsky, director y presidente del CELS, respectivamente, al presentar el informe.

Eternización de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ausencia de mecanismos para evitar que torturadores sin condena asuman en cargos públicos. Reformas regresivas en materia de seguridad con epicentro en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Redes de ilegalidad consentidas desde el poder político. Superpoblación carcelaria. Aumento del número de detenidos en comisarías bonaerenses. Déficit habitacional y desalojos con grupos de choque en la ciudad de Buenos Aires. Tres millones de personas sin servicios cloacales en la cuenca Matanza-Riachuelo. Unos 25.000 detenidos en instituciones psiquiátricas por “razones sociales”. Deudas varias en materia de libertad de expresión. Y, como telón de fondo, ausencia de la más elemental agenda de derechos humanos en los debates políticos. Son sólo algunos de los temas que aborda el “Informe 2009. Derechos Humanos en la Argentina”, que por 14º año consecutivo presentó ayer en sociedad el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hoy a las 20 el trabajo de 491 páginas se presentará en la Feria del Libro.

“No alcanza con políticas de memoria y persecución de crímenes de lesa humanidad si no se trabaja sobre las ESMAs del presente y sobre la reafirmación de los principios y garantías constitucionales”, destacó Gastón Chillier, director del CELS. “Las regresiones políticas e institucionales de 2008 obligan a repensar las formas de construcción de un Estado fuerte y protector de los derechos humanos, objetivo que permanece ausente de los debates políticos”, lamentó. “La deuda principal, a veinticinco años de la recuperación democrática, sigue siendo la conformación de una sociedad inclusiva, en la que la cara visible del Estado para los más desventajados no sea su cara más violenta”, destacó Chillier, director del organismo que este año celebra su 30º aniversario.

La reforma del Código Procesal bonaerense aprobada en diciembre, que restringió el régimen de excarcelaciones e invirtió la regla de la libertad durante el proceso, desde entonces excepcional, es para el CELS una de las mayores regresiones en materia de seguridad ciudadana. El informe destaca que en 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de la prisión preventiva generalizada, “por primera vez en décadas descendió la cantidad de personas privadas de la libertad sin condena”. La tendencia comenzó a revertirse cuando la administración de Daniel Scioli anunció el endurecimiento de la legislación. Entre fines de 2007 y octubre pasado, según el informe, la cantidad de personas detenidas en comisarías ascendió de 2782 a 3448. Si a ello se suman presos en cárceles bonaerenses, el número de detenidos asciende a 27.614, cifra que excede en 10.000 las plazas disponibles según un relevamiento oficial.

El periodista Horacio Verbitsky, presidente del CELS, ratificó que las reformas procesales de Buenos Aires y Mendoza “no solucionan los problemas sino que los agravan” y repudió “la euforia informativa y política con el tema seguridad, totalmente desvinculada de las causas de fondo”. Como ejemplo del rol de los medios, recordó que la cobertura del asesinato de Daniel Capristo “incluyó actos de violencia sobre un fiscal que no merecieron una sola palabra de condena” de los grandes medios. “Pese a que la muerte derivó del intento de robarle el auto, tampoco informaron que ese día se desbarató un desarmadero a cargo de un oficial de la Policía Federal”, agregó. Verbitsky denunció la existencia de “redes de ilegalidad consentidas desde el poder político, que trascienden las jurisdicciones y usan a los chicos como mano de obra barata”. Chillier agregó que “reclutar personal retirado o exonerado, como propuso el gobierno nacional, tampoco es una solución estructural, sino todo lo contrario”.

El informe destaca que el derecho a la vivienda es “sistemáticamente vulnerado” en la ciudad de Buenos Aires. “La lógica de mercado parece tener directa consecuencia en la situación habitacional de los más vulnerables cuando se impulsan desalojos en forma masiva y se generan obstáculos para el acceso a la vivienda”, agrega. “La expulsión sistemática de personas se agrava por la intervención de fuerzas de choque como la Unidad de Control del Espacio Público”, destacó Chillier.

El informe del CELS elogia el fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y destaca que el 55 por ciento de los cinco millones de habitantes de la zona carece de servicios cloacales, situación que se agrava por el tratamiento ineficiente de residuos sólidos y la proliferación de basurales.

En materia de libertad de expresión, el informe remarca la obligación del Estado de adecuar la legislación sobre calumnias e injurias, que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También destaca la necesidad de establecer criterios claros sobre el acceso a la información pública.

martes, 5 de mayo de 2009

Cerrar las puertas del juicio a Astiz & Cía.

La Justicia volverá a impedir el trabajo de la prensa en el proceso a dieciocho represores que actuaron en la ESMA

Pese a que la Corte Suprema ordenó garantizar la publicidad de los procesos, el Tribunal Oral Federal 5 sólo permitirá un fotógrafo por “un breve lapso” y una cámara de TV operada por policías.

Por Diego Martínez
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“Las imágenes atenderán lo sustancial”, según consideren los jueces Farías, Obligado y Gordo.

Víctor Basterra detalla cómo extrajo fotos de torturadores. El Tigre Acosta admite que se sentía Jesucristo cuando seleccionaba pasajeros para los vuelos. Carlos Lorkipanidse relata la tortura a su hijo de veinte días. El cura Emilio Grasselli teoriza que los marinos eran menos brutos que el Ejército. Carlos Capdevila se quiebra al contar cómo arrancaba bebés a sus madres. Graciela Daleo rememora el Mundial en Capucha. Enrique Weber explica que Rodolfo Walsh no le dio otra alternativa que matarlo. Relatos e imágenes, hipotéticos en el caso de los imputados, formarán parte del proceso más importante desde el Juicio a las Juntas en 1985, que filmó ATC y se emitió en flashes sin sonido, a pedido de Raúl Alfonsín, contra la voluntad del tribunal. Un cuarto de siglo después, con Fuerzas Armadas subordinadas a la Constitución y un gobierno que impulsa las causas, el juicio a los iconos del terrorismo de Estado no podrá ser escuchado ni visto más que por el centenar de personas que quepa en Comodoro Py y será filmado por una cámara operada por personal de la policía.

Tras cinco juicios sin cámaras y el escándalo del sexto, cuando dos secretarios cubrieron el lente de un fotógrafo de Télam, el Tribunal Oral Federal 5 que juzgará a 18 represores de la ESMA explicitó por primera vez su criterio de publicidad, que incumple la acordada de la Corte Suprema que ordenó difundir los procesos: 1) Fotógrafos y camarógrafos no ingresarán. La Corte encomendó al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y reporteros” para “garantizar el mejor registro”; 2) Télam tomará imágenes durante “un breve lapso”, en las tres audiencias previstas por la Corte, con prohibición de hacer “primeros planos de las partes ni del tribunal”; 3) La única cámara de TV será operada por policías en base a “directivas del tribunal”. “Las imágenes atenderán lo sustancial”, que determinarán Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado. La mención a “paneos” de imputados sugiere que tampoco se difundirán las indagatorias, incluidas en la acordada.

Arbitrariedad manifiesta

Para la mayor parte de la sociedad, los procesos por crímenes del terrorismo de Estado se limitan a la arenga de Luciano Menéndez, el llanto de Antonio Bussi y las amenazas de Cecilia Pando en Corrientes. La mayoría de los porteños no sabe el nombre de un solo condenado en Comodoro Py, pese a que ya hubo seis juicios: al Turco Julián, la Masacre de Fátima, al prefecto Héctor Febres (envenenado antes del fallo), a ex jefes de Mansión Seré y dos por apropiaciones. Ya lleva dos meses el séptimo, al general Jorge Olivera Róvere.

Excepto el juicio al apropiador Víctor Rei, realizado por el TOF6 sin obstáculos para la prensa, el resto estuvieron a cargo del TOF5, que hasta 2005 integró Guillermo Madueño, quien renunció cuando trascendió su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Durante los primeros juicios, el tribunal rechazó pedidos informales. Sus negativas se instalaron el año pasado, luego de que el país viera en vivo a Menéndez, la Coalición Cívica presentara un proyecto para garantizar la televisación y el comisario Juan Carlos Lapuyole fuera condenado a reclusión perpetua sin que se pudiera conocer el rostro del Francés.

En el inicio del juicio por Mansión Seré, por primera vez el tribunal rechazó por escrito un pedido de Justicia Ya. Argumentó que las cámaras “atentan contra la espontaneidad de los testigos” y que debía “controlar la publicidad negativa del imputado”. Cuando Argra pidió autorización para cubrir las instancias sobre las que luego se pronunciaría la Corte, el TOF se remitió a su escrito previo, que no contrariaba el pedido. El fiscal Félix Crous hizo propio el reclamo de la querella. “En la sociedad de masas, el sentido de la publicidad no se agota en la posibilidad de quienes pueden asistir a la sala”, advirtió. Al mes, sin argumentos, el tribunal ratificó la negativa. Crous recurrió a Casación: denunció la “arbitrariedad manifiesta”, destacó la “gravedad institucional” del caso y recordó que el Estado se comprometió a juzgar los crímenes y a garantizar el derecho a la verdad.

Antes de que Casación respondiera, la Corte, mediante su acordada 29, pidió garantizar la “difusión radial y televisiva”. Encomendó al tribunal determinar “la ubicación” de las cámaras y requerir a un canal “preferentemente público” que distribuya imágenes entre los que no quepan en la sala. La acordada se limitó a la audiencia inicial (incluye indagatorias), alegatos y sentencia (incluye últimas palabras). En la práctica, la Corte convalidó el criterio que aplicaban todos los tribunales excepto el TOF5 y restringió el de La Plata, que incluía publicidad de las testimoniales.

El 3 de noviembre la Cámara de Casación rechazó el planteo de Crous. Gustavo Hornos, Mariano González Palazzo y Augusto Diez Ojeda consideraron que impedir el ingreso de fotógrafos y camarógrafos no era una decisión arbitraria, porque el TOF “aseguró la participación del público en la medida de lo posible”. Como si la acordada fuera un borrador, invitaron al TOF a considerarla “en el futuro”. El fiscal Ricardo Weschler no apeló, el caso no llegó a la Corte. Dos días después, durante la sentencia de Mansión Seré, el tribunal burló la acordada y el consejo de Casación: impidió el ingreso de las cámaras, permitió a los canales tomar la precaria señal de circuito cerrado para ver a Gordo (los represores estaban en sus casas), pero prohibió a la sociedad escuchar las últimas palabras de los imputados.

En febrero, Página/12 anticipó que en el juicio a Olivera Róvere se volvería a incumplir la acordada. “Ordena garantizar el acceso de reporteros, no que el tribunal decida qué filmar. Es una interpretación irrazonable”, apuntó el CELS, que reclamó “una medida categórica” de la Corte. El máximo tribunal citó al TOF, le pidió que acatara la decisión. Gordo amenazó con renunciar antes de autorizar el ingreso de una cámara, algo irrelevante si existe juez sustituto. La audiencia inicial fue un papelón: el tribunal autorizó al fotógrafo de Télam a trabajar tres minutos sin el represor presente y lo obligó a retirarse. Cuando vio de reojo que Olivera Róvere entraba, el fotógrafo desenfundó y un secretario del TOF y otro de la Corte taparon su lente. No lograron evitar la foto y cosecharon un repudio unánime. Al día siguiente, Gordo lo autorizó tres minutos, con dos condiciones: atrás de un blíndex y sin flash. Ante la prohibición de filmar con sus cámaras y la mala calidad de las policiales, Canal 7 se negó a tomar la señal de circuito cerrado.

Una cuestión compleja

El 23 de marzo, el fiscal Alejandro Alagia, designado para secundar a Crous, reclamó “el cumplimiento de la acordada” en el inicio del juicio a los ex jefes de área. La negativa demoró cuatro días. Alagia no apeló y pidió licencia. Un tercio de la resolución son citas de estudios comparados de Gabriel Anitúa y Alberto Bovino, profesores de la UBA partidarios de la más amplia publicidad. El tribunal advierte la “enorme complejidad de la cuestión” y, para simplificarla, selecciona citas sobre riesgos de “manipulación”. Giovanni Sartori alerta que la TV es un medio “frívolo, irresponsable y populista”. María Frascaroli advierte que “la transmisión periodística deforma la realidad”. Julio Maier destaca la escasa objetividad de los medios en el prólogo al estudio de Bovino a favor de la publicidad. Luis García describe condicionamientos que padece la prensa. Alejandro Slokar considera “obscena” la transmisión de “muestras de ira, dolor, desesperación”, no en juicios de lesa humanidad, sino en un programa de María Laura Santillán. García y Slokar sugieren pedir el consentimiento de los testigos para transmitir sus declaraciones, hipótesis que no se analiza. Frascaroli propone que un superior revise las restricciones, como lo hicieron en vano la Corte y Casación.

Gordo, Farías y Obligado concluyen que la TV va a hacer una “difusión manipulada”. No va a difundir “lo sustancial”, sino “lo que impacta, lo que vende, y posar la cámara innecesariamente en el público, el imputado, las partes o el tribunal, a fin de obtener miradas, gestos o reacciones que den volatilidad al ambiente, lo cual puede acarrear consecuencias insospechadas”. En el caso de los privados, “los excesos” derivan del lucro. Los públicos no lucran, pero igual “se ven ‘obligados a vender’ su producto, a presentarlo de modo que resulte aceptado, y en ocasiones esto no es factible si se quiere reproducir fielmente el caso”.

El tribunal sugiere que las prohibiciones “no tienen otro objetivo que controlar lo que ocurra en la sala de audiencias”. No sólo. Gordo, Farías y Obligado ya dejaron en claro su voluntad de impedir también la difusión de las imágenes tomadas por la policía. Ante un pedido de María Eugenia Sampallo Barragán para obtener copia de los videos del juicio a sus apropiadores, no se animaron a descalificar sus motivaciones, pero se limitaron a responderle que lo tendrían “presente” para cuando la Corte confirme la sentencia.