domingo, 29 de noviembre de 2009

Cuando los confesores no encubren

PROCESARON POR PRIMERA VEZ A UN PILOTO NAVAL POR SU PARTICIPACION EN LOS VUELOS DE LA MUERTE

Es el capitán Emir Hess. Para su procesamiento resultaron claves los testimonios de dos allegados que contaron cómo relataba que sus víctimas caían “como hormiguitas”. Fue detenido en septiembre después de que Página/12 publicara su historia.

Por Diego Martínez
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Uno de los aviones Electra utilizados por la Armada en los vuelos de la muerte.

El capitán Emir Sisul Hess se convirtió esta semana en el primer piloto naval procesado por confesar su actuación en vuelos de la muerte. Si bien su legajo es idéntico al de cientos de marinos, la prueba que lo llevó a Marcos Paz fueron testimonios de allegados, quienes lo escucharon relatar que los secuestrados de la ESMA “iban cayendo como hormiguitas” hacia el vacío. El caso Hess, igual que el del teniente Julio Alberto Poch, preso en España por la denuncia de sus compañeros de la aerolínea holandesa Transavia, revela cuánto depende de los confesores el avance de las causas que investigan el último eslabón del terrorismo de Estado.

El método de arrojar personas al mar fue utilizado durante la dictadura por las tres Fuerzas Armadas. Existen casos probados a partir del hallazgo de cadáveres de personas vistas en Campo de Mayo, ESMA y Olimpo. Por testimonios de sobrevivientes y del capitán Adolfo Scilingo se sabe que en los vuelos hubo militares, prefectos, gendarmes, policías y civiles. También que contaron con la asistencia espiritual de capellanes como Luis Manceñido y Alberto Zanchetta, aún libres e impunes.

El denunciante que inició a la causa, en 2002, supo del relato de Hess por boca de un tercero. Cuando el carromato judicial se puso en marcha, no sólo el confesor admitió la historia: una ex empleada del marino la ratificó y amplió. “Contaba en tono burlón que las personas pedían por favor” y que “no le temblaba el pulso”, dijo el primero. Hablaba con “bronca y resentimiento”, dijo la mujer. Hess le aseguró que las víctimas “eran tipos muy pesados” y que no se sentía un criminal porque “había que cumplir órdenes”.

En 2005 el expediente llegó al juzgado de Sergio Torres, responsable de la causa ESMA. Allí hibernó durante cuatro años, hasta que a principios de septiembre Página/12 contó la historia. La detención fue el 29 de septiembre, una semana después que la de Poch. Hess declaró ante el juez que arrojar personas al mar era “aberrante e innecesariamente cruento”, porque “en una fuerza armada lo que abundan son las armas, para ser utilizadas conforme a la Convención de Ginebra” (sic). Negó haber integrado “la fuerza de tareas creada para la lucha antisubversiva”, intentó demostrar que piloteaba helicópteros que no podían usarse para tirar personas y dijo desconocer las razones de los testigos para “tergiversar la realidad”.

El juez consideró probado que Hess “formó parte de las tripulaciones de aviones y helicópteros utilizados en el sistema de eliminación física denominado ‘vuelos de la muerte’”. Apuntó que tres aeronaves que piloteó servían para “arrojar carga sin perder capacidad de vuelo”: los helicópte- ros Sea King y los aviones Beechcraft C-45 y Pilatus Porter PL-6-A. Agregó que las confesiones fueron ante personas “de su confianza” y que un testigo de la defensa ratificó la amistad con el primer confesor.

El procesamiento de 583 páginas detalla el método que según Scilingo bendijo la jerarquía católica. Los condenados “eran designados por oficiales de Inteligencia los martes a la noche”. Los miércoles se aislaba el sótano. A las cinco de la tarde un suboficial leía una lista con números de prisioneros. “Se producía un clima de violencia, con una gran carga de adrenalina, ya que el futuro trasladado era tomado en forma impulsiva”, contó un sobreviviente. “Se los hacía tomar manos con hombro en un trencito”, apuntó Ricardo Coquet. Tabicados y encadenados, bajaban hasta la enfermería. Con la excusa de “las condiciones higiénicas” del “campo de recuperación”, les inyectaban un somnífero. Los sacaban por “una puerta que sólo se abría en esas oportunidades, directo hacia el playón”, recordó Elisa Tokar. Mareados o desmayados, los cargaban a un camión que los llevaba al aeropuerto. Gras apuntó que lo subían “a un Fokker de la Escuadrilla Multipropósito”, el destino de Hess en 1978 y 1979. Otro sobreviviente vio en la ESMA “un libro donde estaba desarrollado el proceso que seguía un cadáver cuando se descomponía abajo del mar”.

Los traslados eran “en forma semanal”, apuntó Torres, y citó un cálculo de Scilingo: “Hubo entre ciento ochenta y doscientos vuelos, arrojando en cada uno entre quince y treinta personas”, léase entre 2700 y 6000 víctimas. “Lo insólito era la vida, los nacimientos. La rutina era la muerte”, dijo Scilingo. “No matamos a nadie, no tiramos a nadie al mar”, confesaban algunos “Verdes”, aspirantes a suboficiales de dieciocho años, que a veces lloraban ante algún secuestrado. El cabo Juan Carlos Fotea confesó que era “rallante” ver el desfile de condenados. “Estamos tirando una generación al mar”, admitió el policía, que comenzará a ser juzgado en dos semanas. Varios oficiales contaron que habían “fondeado” a las monjas francesas. “Toda la Armada va a tener que poner los dedos”, sonreía el Tigre Acosta para referirse a la rotación orquestada por Emilio Massera.

El documento incluye la historia del desaparecido que volvió de un vuelo. Emilio Assales, alias Tincho, suboficial de la Armada, secuestrado el 11 de enero de 1977, fue conducido un mes después al sótano del Casino de Oficiales. El somnífero tardó en hacerle efecto porque era corpulento. Alcanzó a ver que sus compañeros vomitaban, se desmayaban y eran sacados a la rastra hacia el playón. Lo subieron a un camión y lo trasladaron al área militar del Aeroparque Jorge Newbery. Lo obligaron a subir a un avión y antes de despegar le preguntaron el número asignado. Se percataron de que aún no había sido interrogado por el Servicio de Inteligencia Naval y ordenaron devolverlo a Capucha.

–Quiero ir al sur –le insistió al suboficial a cargo del traslado, según le contó luego a un sobreviviente.

–Vos no sabés de lo que te salvaste –le respondió “Pedro Bolita”, jujeño de ojos achinados que aún no fue identificado.

Antes de relatar su experiencia, Tincho durmió un día entero. Tiempo después fue trasladado, entonces sí para siempre.

dmartinez@pagina12.com.ar

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Al Edificio Libertad en busca de instrucciones

EMIR SISUL HESS RECURRIO A LA ARMADA CUANDO SE DIFUNDIO SU CONFESION
Por Diego Martínez

El 9 de marzo de 2002, cuando leyó en La Nación que la Cámara Federal había ordenado investigar su confesión, el capitán Emir Hess envió una carta a la Armada. “Desmiento que (la nota) tenga que ver con mis dichos y solicito asesoramiento en caso de ser citado por la Justicia”, le planteó el contraalmirante Jorge Recio, director de personal naval, y ratificó su “total identificación con la institución”, agregó. El 13 de marzo, en una carta de lectores, el contraalmirante Horacio Zaratiegui afirmó que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe pero no importa. Sería un capitán de corbeta, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares.

Hess mencionó la carta al ser indagado como muestra de su “intención de aclarar el asunto”. Dijo que “tras enviar ese escrito fui citado al Edificio Libertad, donde tuve una entrevista con el almirante (Jorge) Godoy, manifestándome que volviera a mi casa”. Luego, “por orden superior, el capitán Juan José Membrana, que presta servicios en Aerolíneas Argentinas, resolvió mi problema de alojamiento”. “A la semana se presentó en mi domicilio, en Bariloche, el teniente auditor Sergio Vargas, que ahora tiene el estudio Vargas-Carli. Estas personas pueden dar cuenta de mi presentación ante las autoridades de la Armada”, concluyó.

El almirante Godoy recibió por escrito preguntas de Página/12 y prefirió no responderlas. El jefe de la Armada era en 2002 subsecretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría General Naval. Este diario confirmó que son exactos los oficios que Hess asigna a sus camaradas y no logró contactar a Membrana. Vargas desmintió haber visitado a Hess y dudó haberlo conocido. Admitió que en 2002 era teniente auditor pero enfatizó que “nunca se brindó asesoramiento técnico” a imputados. “Por el verticalismo es imposible que me hubieran mandado a asesorar” a Hess, dijo, pues era su subordinado.

Vargas fue mencionado por Horacio Verbitsky en 1999 como enlace entre la Armada y la Justicia, subordinado al capitán Pedro Florido, identificado por el sobreviviente Víctor Basterra como quien lo obligó a falsificar pasaportes en la ESMA. En 2002, cuando Hess dice haber sido recibido en el Edificio Libertad, Godoy, Florido y Vargas revistaban en la Secretaría General Naval. Nora Veiras escribió que Vargas trabajó en el estudio de José Scelzi, abogado de represores, y que pasó a diponibilidad en 2008 cuando publicó que integraba un “grupo de contención” de camaradas en desgracia. “La Armada llevaba un control de causas”, explicó Vargas. “Cuando llegaba un requerimiento se verificaba si la persona vivía en el domicilio registrado y se le avisaba. Lo que hacíamos era facilitar la tarea del juzgado. No se asumían gestiones técnicas ante la Justicia, menos (sic) en 2002 cuando no había detenidos”, dijo.

Florido es uno de los grandes ausentes en la causa que instruye Torres. El capitán médico Carlos Capdevila declaró que supo “por comentarios de (Jorge) Acosta que en 1977 y 1978 cumplió funciones” en la ESMA. Dijo que en 1980 lo vio “salir numerosas veces del despacho del capitán Estrada”, director de la ESMA, y repudió que, lejos de estar detenido, “siguió manejando nuestras causas como integrante del Servicio de Inteligencia Naval por tener relación con varios jueces”, entre los que mencionó a Torres y a María Servini de Cubría. Horacio Estrada apareció muerto de un tiro en la sien en 1998 luego de declarar por su rol en la venta ilegal de armas hacia Ecuador. “Estrada era muy amigo de Hess”, declaró la testigo que lo escuchó contar los vuelos. Agregó que “se puso loco” cuando supo de la muerte y que para Hess “no fue un suicidio sino que lo habían matado”.

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jueves, 26 de noviembre de 2009

Alemann tiene una cita en tribunales

Debe declarar por encubrir crímenes de lesa humanidad
Por Diego Martínez

Veintidós años después de la declaración de un sobreviviente que aseguró haberlo visto en la ESMA, el ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Ernesto Alemann deberá declarar como imputado de encubrir crímenes de lesa humanidad ante el juez federal Sergio Torres. Carlos Lorkipanidse afirmó en 1987 que el funcionario de Alfredo Martínez de Hoz estuvo en el centro clandestino en 1980 para reconocer a dos secuestrados con capucha y grilletes, que según los marinos habían participado de un atentado en su contra y que permanecen desaparecidos. El juez también citó a indagatoria, como partícipe secundario de secuestros, torturas y asesinatos, al abogado Oscar Hermelo, “hombre de confianza del grupo de tareas” (GT) según su jefe, capitán Adolfo Scilingo, y uno de los condecorados por Emilio Massera en 1978 por su actuación “en operaciones reales de combate”. Hermelo fue fiscal de ejecución hasta hace apenas un mes.

Alemann, de 81 años, fue secretario de Hacienda entre 1976 y 1981. Sufrió un atentado en su casa en junio de 1978 y otro en noviembre de 1979 contra el vehículo que lo transportaba, que costó la vida de su chofer. Lorkipanidse lo vio en la ESMA a mediados de 1980. “Había mucho movimiento y el guardia me dijo que me encerrara en el laboratorio y no saliera. Al rato salí para ir al comedor y al cruzar el pasillo lo veo a Alemann entrando en ‘La Huevera’ en medio de los represores”, declaró. Agregó que le hicieron ver a dos cautivos “encapuchados y con los pies engrillados, porque el GT quería fanfarronear que había capturado a sus atacantes”. Alemann se refirió al tema en 2002. “A mí me dijeron que agarraron a todos estos asesinos”, contó a la agencia DyN. Cuando le preguntaron dónde, balbuceó “fue privadamente... alguno... no recuerdo quién”. Tiene dos semanas para hacer memoria: declarará ante Torres el 10 de diciembre.

Hermelo intervenía en la preparación de los autos robados que la Armada utilizaba en los secuestros. “En 1977 era mi subordinado en Automotores, era encargado del pañol de repuestos y hombre de confianza del GT”, escribió Scilingo en 1995, cuando el menemismo designó a Hermelo como fiscal. Ese año se conoció una foto de Hermelo recibiendo una distinción en la ESMA. Renunció al cargo tras una investigación ordenada por el procurador Esteban Righi, realizada por el fiscal Alejandro Alagia, quien consideró probada su actuación en la ESMA, recomendó su remoción y envió un informe a Torres para que lo indague. En 1978, Massera reconoció su “esfuerzo y abnegación” junto al electricista que arreglaba las picanas. Torres lo citó a indagatoria para el 9 de diciembre a las diez.

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miércoles, 25 de noviembre de 2009

Los dioses del Olimpo en el banquillo

Primera audiencia en el juicio a diecisiete represores de centros clandestinos porteños

Con Guglielminetti, Uballes, Simón, Miara y otros entre los acusados, comenzó el proceso por los delitos cometidos durante la dictadura en Atlético, Banco y Olimpo. El tribunal pretende que los sobrevivientes reconozcan a sus torturadores, pero la querella se opone.

Por Diego Martínez
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El juez Daniel Rafecas está a cargo de la megacausa sobre el Primer Cuerpo de Ejército.

Estiró los brazos para que le sacaran las esposas. Miró hacia la bandeja superior, vio muecas de lástima en los rostros de sus seres queridos, las ñatas contra el blíndex, un rosario en la mano de su hijo, y esbozó una sonrisa poco convincente. Al bajar la mirada se encontró con un grupo de Madres de Plaza de Mayo, pañuelos blancos en la cabeza, y militantes de Hijos, varios con fotos de sus padres desaparecidos en las manos. Entonces el comisario Eugenio Uballes se transformó, frunció el ceño y volvió a ser El Führer o Anteojito Quiroga, interrogador y torturador de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Sostuvo la mirada con odio durante varios segundos, dio vuelta la cara y se sentó resignado.

La escena formó parte de la audiencia inicial del juicio a diecisiete represores del principal circuito represivo de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, dependiente del Primer Cuerpo de Ejército. Tuvo lugar ayer, en el subsuelo de Comodoro Py, donde un tribunal porteño volvió a diferenciarse de sus pares del resto del país que juzgan a represores de la dictadura al prohibir a los reporteros gráficos tomar imágenes de los imputados.

Hace casi tres décadas de las primeras declaraciones de sobrevivientes que nombraron a Eugenio Uballes. Por sus apodos, sus tareas y también su apellido. El fallecido torturador Juan Antonio del Cerro lo confirmó en su indagatoria: “Anteojito Quiroga era el comisario Uballes, de la Superintendencia de Comunicaciones”. Formalmente era segundo jefe de guardia de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Según testigos que declararon en instrucción ante el juez federal Daniel Rafecas, en la práctica compartía con Baqueta (Juan Carlos Gómez) la “guardia más dura”. “No es que hacían cumplir las disposiciones disciplinarias, sino que muchas veces sacaban gente al pasillo para garrotearla”, declaró Mario Villani.

La abundancia de pruebas le permitió a Rafecas procesarlo y llevarlo a juicio sin ordenar ningún reconocimiento por parte de los sobrevivientes, con el visto bueno de la Cámara Federal. La novedad introducida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2), que lo diferencia del resto de los tribunales que instruyen juicios de lesa humanidad (excepto del TOF-5, que prohíbe de plano el trabajo de reporteros), es la prohibición de registrar su rostro. La decisión tiene por fin no explicitado someter a los sobrevivientes a reconocimientos en público de quienes los torturaron en cautiverio, e implica burlar la acordada 29/08 de la Corte Suprema de Justicia sobre publicidad de los procesos orales y, en teoría, públicos.

“Desde ya nos oponemos a cualquier intento de identificación, ni siquiera de reconocimiento”, planteó el abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina de los Derechos del Hombres. “Un eventual reconocimiento exige inmediatez, no tiene sentido a 33 años de los hechos”, agregó. El pedido no fue como consecuencia de la prohibición a la prensa, sino al ingreso a la sala de los querellantes que son a su vez testigos. De la respuesta de los jueces Jorge Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori, que se conocerá hoy, depende que la sociedad pueda conocer el rostro de quienes torturaron y asesinaron en un galpón de la Policía Federal, en cuya entrada un cartel decía: “Bienvenidos al Olimpo de los Dioses”.

Trajes y gomina

La jornada arrancó en la calle. A la convocatoria de Hijos, que repartió camisetas “Por Juicio y Castigo”, respondieron los legisladores Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Fabio Basteiro, Juan Cabandié y el director técnico Angel Cappa, entre otros. A las 14.30, después de que los reporteros retrataran a los jueces, ingresaron los imputados: todos con esposas, rostros adustos, la mayoría de traje, varios con gomina. Se distinguían el célebre Raúl Guglielminetti, con menos pelo y más kilos que en los ’80, cuando cayó por secuestros extorsivos, y Julio Simón, alias Turco Julián, de camisa rosa, que va en busca de su tercera condena.

Se sentaron diez en hilera, otro junto a la defensora oficial Verónica Blanca, y cuatro en segunda fila, incluido al capitán Enrique Del Pino y el subcomisario Samuel Miara, condenado ya por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa. Desde la bandeja superior los miraban el juez Daniel Rafecas y su equipo de trabajo, responsables de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo. Entre periodistas y allegados a los imputados también se mezclaron el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alen, y el embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian.

El juez Tassara, presidente del tribunal, informó una serie de formalidades y calculó en ocho meses la duración del juicio. Antes de que sus secretarios comenzaran a leer los requerimientos de elevación, el abogado Rodolfo Yanzón formuló dos pedidos: que se permita el ingreso a la sala de los querellantes que son al mismo tiempo sobrevivientes, y que durante el transcurso del juicio se informe a las partes, día a día, quiénes visitan a los imputados. “Para evitar un deceso no deseado, un segundo (Héctor) Febres”, explicó, en referencia al prefecto de la ESMA envenenado en su dúplex de Prefectura días antes de escuchar la sentencia. Hoy se conocerá la respuesta del tribunal.

El resto de la jornada estuvo dedicado a la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal Federico Delgado, un documento de casi cuatrocientas páginas con el detalle de imputados, víctimas, pruebas y estructura del aparato terrorista. Los datos de los policías sirvieron para recordar que la mayoría pertenecía formalmente a la Superintendencia de Seguridad Federal, que hasta el momento tiene sólo dos condenados por la Masacre de Fátima, y que los dos jefes del circuito Atlético-Banco-Olimpo murieron impunes: el entonces mayor Guillermo Antonio Minicucci y el comisario Antonio Benito Fioravanti. El juicio continuará hoy, desde las 14, con la lectura de los requerimientos de las querellas, y luego se interrumpirá hasta el lunes a las 9.

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lunes, 23 de noviembre de 2009

La banda de Suárez Mason en el Olimpo

Comienza el juicio a diecisiete represores del Primer Cuerpo de Ejército

Los represores juzgados actuaron en los centros clandestinos de detención Club Atlético, El Banco y Olimpo, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército. Estaban bajo las órdenes de Suárez Mason y de Olivera Róvere.

Por Diego Martínez
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El ex oficial de inteligencia Raúl Guglielminetti será uno de los enjuiciados.

El “Turco Julián” reparte cadenazos y explica: “No soy un monstruo, lo hago por la patria”. Un adolescente judío es obligado a ladrar, caminar y morder como un perro. “Quintana” toca la guitarra y le canta el feliz cumpleaños a un secuestrado. “Cobani” muele a patadas a una mujer embarazada de siete meses. “Soler” se ufana de estar infiltrado en la Facultad de Derecho. “El Cura” lleva un televisor para que los cautivos vean la misa de domingo y se ofrece como confesor para impartir castigos y absoluciones. Guerreros sin uniforme recitan discursos de Hitler y violan a mujeres indefensas.

Las imágenes, recuerdos de sobrevivientes de los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo, se recrearán a partir de mañana en el subsuelo de Comodoro Py, donde el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2) juzgará durante ocho meses a diecisiete imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 184 víctimas. Los delitos de lesa humanidad que llegan a juicio se cometieron en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de los generales Carlos Suárez Mason, ya fallecido, y Jorge Olivera Róvere, condenado por el TOF-5 a prisión perpetua simbólica: en libertad.

El juicio oral que conducirán Jorge Alberto Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori será el más representativo hasta ahora de las dimensiones del terrorismo de Estado en la ciudad de Buenos Aires. Desde el primer proceso por delitos de lesa humanidad en Py, en 2006, pasaron por el banquillo autores mediatos como los brigadieres de Mansión Seré o los ex jefes de áreas, ladrones de bebés como el gendarme Víctor Rei, asesinos como los de la Masacre de Fátima, y el torturador Julio Simón, alias “Turco Julián”, juzgado en soledad. El juicio que comienza mañana, con cuatrocientos testigos y quince imputados como autores directos de los delitos, marca un quiebre en el proceso de verdad y justicia, que dará un nuevo paso el 11 de diciembre, cuando comiencen a rendir cuentas ex miembros de grupos de tareas de la ESMA, y otro cuatro días más tarde, cuando arranquen las audiencias con ocho represores de El Vesubio como acusados.

Diez de los imputados son de la Policía Federal, entre ellos el principal Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”, de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en un caso de protección de prostíbulos; el oficial Ricardo Taddei, alias “Padre” o “Cura”, detenido en 2006 en Madrid y extraditado desde España, donde vivió veinte años; el subcomisario Samuel Miara, alias “Cobani”, condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa; el suboficial Simón, que va en busca de su tercera condena; y el guardia Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”, por su destreza en las artes marciales. Los últimos tres son investigados en primera instancia por abusos sexuales denunciados por sobrevivientes. Acompañarán a los policías un agente del Servicio Penitenciario Federal, dos oficiales superiores de Gendarmería responsables de la seguridad de los centros clandestinos y los traslados a Campo de Mayo, y cuatro integrantes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, donde se procesaba la información obtenida en las mesas de torturas y se ordenaban nuevos secuestros: su ex jefe, coronel Carlos Alberto Roque Tepedino; el agente civil Raúl Guglielminetti, famoso por su eficacia en secuestros extorsivos a principios de los ‘80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín; el capitán Enrique José Del Pino, alias “Miguel”, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo; y el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, condenado en Neuquén por su actuación como jefe del Destacamento de Inteligencia 182. Gómez Arenas será juzgado esta vez como segundo jefe de la Central de Reunión del batallón de Viamonte y Callao.

A diferencia de los jerarcas de Mansión Seré o de los ex jefes de áreas, que comenzaron y terminaron el proceso en libertad, la mayor parte de los imputados que juzgará el TOF2 están detenidos en cárceles: ocho en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, tres en Devoto, tres en Ezeiza, y el capitán Del Pino en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, en el corazón de la mayor guarnición del Ejército, donde ningún fiscal ni juez federal realizó nunca una inspección ocular. Sólo el coronel Tepedino, retratado por Página/12 en 2003 mientras violaba el arresto domiciliario, conserva ese privilegio por gentileza de la justicia.

El circuito Atlético, Banco y Olimpo fue en la práctica “un mismo centro que mutó de nombre y ubicación pero no de detenidos, guardias y elementos de suplicio”, escribió el juez federal Daniel Rafecas, responsable de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo. El primero funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Patotas y secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en Autopista Riccheri y Camino de Cintura, mientras se acondicionaba El Olimpo, en Lacarra y Ramón Falcón, funcionó hasta fines de 1979, cuando Suárez Mason dejó la jefatura del Primer Cuerpo.

El juicio oral tendrá dos etapas. La primera es la causa “Miara”, tiene quince acusados y abarca 181 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas. La segunda, conocida como “Tepedino”, es sobre el homicidio de Carlos Fassano y Lucila Révora de De Pedro, embarazada de ocho meses. Tiene a dos imputados comunes (Del Pino y el penitenciario Juan Carlos Avena), a quienes se sumarán los coroneles Tepedino y Gómez Arenas. La postergación es porque el ex jefe del Batallón 601 afronta desde hace tres semanas su primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, en el TOF de San Martín.

La instrucción de la megacausa “Primer Cuerpo” continúa a cargo del juez Rafecas, que en junio del año pasado elevó los casos que llegan a juicio. Tras la reasignación de expedientes que por razones de conexidad se abarrotaban en el TOF-5, ordenada por la Cámara Nacional de Casación Penal a instancias de la Procuración General de la Nación, el juicio a los grupos de tareas de la Policía Federal recayó en el TOF-2. El comienzo estaba previsto para el 20 de octubre pero se postergó por las denuncias contra el juez subrogante Alberto Pravia, investigado por irregularidades en un concurso del que participó como jurado.

La acusación estará a cargo del fiscal federal Alejandro Alagia y de un grupo de organismos encabezados por el CELS y Kaos. El juicio comenzará mañana a las 14 con la lectura del auto de elevación. Dos horas antes, en la vereda de Comodoro Py, la agrupación H.I.J.O.S. lanzará la campaña “Ponete la camiseta por el Juicio y Castigo”. A diferencia de sus pares del TOF-5, los jueces Tassara, D’Alessio y Garrigós de Rébori permitirán el ingreso de reporteros gráficos minutos antes de cada audiencia. A diferencia del resto de los tribunales que juzgan crímenes de la dictadura, impedirán tomar imágenes de los acusados hasta la etapa de los alegatos. Se trata de un novedoso modo de burlar la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre publicidad de los procesos, ahora con el objetivo de volver a someter a los sobrevivientes a reconocimientos en público de quienes los torturaron en cautiverio.

Buenos muchachos

Imputado Alias Fuerza
Raúl Guglielminetti Mayor Guastavino Civil
Samuel Miara Cobani PF
Julio Simón Turco Julián PF
Raúl González Negro o Mayor Raúl PF
Eufemio Uballes Führer o Anteojito PF
Eduardo Kalinec Doctor K PF
Roberto Rosa Clavel PF
Juan Carlos Falcón Kung Fu PF
Luis Donocik Polaco Chico PF
Oscar Rolón Soler PF
Ricardo Taddei Padre o Cura PF
Juan Carlos Avena Centeno SPF
Guillermo Cardozo Cortés Gendarmería
Eugenio Pereyra Apestegui Quintana Gendarmería
Enrique Del Pino Miguelito Ejército
Carlos Tepedino
Ejército
Mario Gómez Arenas
Ejército
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viernes, 20 de noviembre de 2009

“Fortalece la libre expresión”

LA SUPRESION DE LAS CALUMNIAS E INJURIAS EN ASUNTOS DE INTERES PUBLICO

La eliminación de las figuras incluidas en el Código Penal, aprobada por el Congreso, fue destacada ayer por el CELS, el Ministerio de Justicia y el periodista Eduardo Kimel, condenado por criticar el rol de la Justicia en la dictadura. Hubo críticas de la CC.

Por Diego Martínez
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El Senado aprobó por unanimidad el proyecto oficial para despenalizar los delitos de calumnias e injurias.

La eliminación del Código Penal de las figuras de calumnias e injurias referidas a “asuntos de interés público”, sancionada por el Senado anteayer, “es la culminación de una batalla judicial de casi 18 años”, celebró el periodista Eduardo Kimel, condenado por criticar la actuación de la Justicia durante la dictadura. La directora adjunta del CELS, Andrea Pochak, destacó que la modificación “adecua el Código Penal a los estándares interamericanos y convierte a la Argentina en un país pionero en la región”. Julio Alak, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, calificó la ley sancionada por unanimidad como “profundamente progresista”. La diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, autora de un proyecto a favor de la despenalización completa de los “delitos contra el honor”, la consideró “insuficiente”, entre otras razones porque no pone fin al “efecto inhibitorio” de las sanciones económicas.

La reforma que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hace dos meses en la ESMA, en respuesta a la condena de la Corte Interamericana contra el Estado en el caso Kimel, es parte de un proyecto elaborado por el CELS, que patrocinó al autor de La Masacre de San Patricio ante el sistema interamericano. Su aprobación implica que ninguna persona condenada por calumnias (imputación falsa de un delito) o injurias (deshonra o descrédito intencional) puede ser penada con prisión cuando se trata de “asuntos de interés público”, es decir que ningún funcionario podrá usar la amenaza de la cárcel para intentar silenciar a la prensa.

“Celebramos la decisión del Congreso. Es una medida de enorme trascendencia. La aprobación por unanimidad demuestra el consenso alcanzado”, celebró Pochak, abogada del CELS, que acaba de ser distinguida por el gobierno de Francia por su trabajo a favor de la libertad de expresión. “De esta manera la Argentina no sólo cumple con una decisión de la Corte Interamericana y adecua el Código Penal a los estándares interamericanos sino que se convierte en un país pionero en el tema en la región”, sostuvo, y agregó: “Seguiremos trabajando para lograr modificar también las figuras civiles de calumnias e injurias, ya que pueden ser usadas para censurar la crítica pública”.

“Esta medida puede parecer progresiva, pero si se observa el problema de las restricciones a la prensa en toda su magnitud se muestra insuficiente”, estimó Marcela Rodríguez. La diputada destacó que, según el fallo de la Corte Interamericana, “la vaguedad con la que la figura de injurias describe la conducta prohibida únicamente se puede salvar con la derogación o con la modificación de la descripción de la conducta”, y “ninguna de las dos reformas fue promovida por la ley sancionada”.

La legisladora de la Coalición Cívica enfatizó que en algunos casos las sanciones civiles “llegan a superar ampliamente a las que en otras ocasiones se le reconoce al valor de la vida”. “Ese tipo de sanciones absolutamente desproporcionadas produce un efecto inhibitorio en la prensa y en la población, que se agudiza en aquellos que cuentan con menor respaldo económico”, destacó. Rodríguez consideró que “cualquier medida legislativa que seriamente quiera fortalecer la libertad de prensa debe reformar el régimen de responsabilidad civil, incorporando estándares de protección como el de la ‘real malicia’, que ya han sido reconocidos por nuestra Corte Suprema de Justicia.” La reforma del Código Civil “fue uno de los reclamos del CELS en el caso Kimel”, recordó, y lamentó que “fue torpemente desoído por el Gobierno”.

El ministro Julio Alak calificó la modificación como “un cambio histórico”. Destacó mediante un comunicado que “ajusta la legislación al Derecho internacional vigente” y “fortalece aún más la libertad de expresión”. Agregó que los cambios “representan un nuevo avance en materia de calidad institucional y en la consolidación de la Argentina como Estado respetuoso de sus compromisos y obligaciones internacionales”. “La Presidenta fue muy clara y gráfica cuando anunció el envío del proyecto al Congreso: este gobierno prefiere mil millones de mentiras a ser responsable de cerrarle la boca a alguien”, remarcó Alak.

“Es una enorme satisfacción. No sólo revierte aquella condena penal; también permite extender derechos civiles a toda la sociedad. Además, los fallos del sistema interamericano tienen consecuencias en todos los sistemas legales del continente”, destacó Kimel. La causa que derivó en su condena fue impulsada por Guillermo Rivarola, juez durante la dictadura y hasta hace tres años. En su investigación sobre el asesinato de los sacerdotes y seminaristas palotinos en 1976, Kimel escribió que la Justicia fue “condescendiente, cuando no cómplice”, que “elementos decisivos no fueron tomados en cuenta” por el juez Rivarola y que “la evidencia de que la orden del crimen partió de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa”.

Kimel destacó que “en 1991, cuando comenzó esta historia, no pensé que la batalla judicial pudiera concluir de esta manera”. “Lo fui advirtiendo con el tiempo, cuando quienes me representaban explicaban que por su grado de injusticia y por haber vulnerado la libertad de expresión de manera tan contundente se trataba de un caso testigo”, destacó, e interpretó la sanción de la ley como “un homenaje a mi viejo, que me acompañó durante todo el proceso y murió hace exactamente seis años”.

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jueves, 19 de noviembre de 2009

Una sesión por los derechos humanos

Aprobaron despenalizar calumnias e injurias y tres proyectos reclamados por los organismos

El Senado convirtió en ley la despenalización de las calumnias e injurias. También proyectos promovidos por los organismos: el de obtención de ADN por medios alternativos y que el Banco de Datos Genéticos sea un ente autárquico.

Por Diego Martínez
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Estela de Carlotto, de Abuelas, con el ministro Julio Alak. Luego celebró la aprobación de los proyectos.

A diez años del compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Senado convirtió en ley anoche, por unanimidad, el proyecto oficial para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado el proyecto en septiembre, en la ESMA, durante un homenaje a los miembros de la CIDH que en 1979 corroboraron los crímenes de la última dictadura. La promesa de eliminar ambos delitos del Código Penal fue incumplida por todos los presidentes argentinos durante la última década. En la misma sesión y luego de un debate de cuatro, la Cámara alta también aprobó tres proyectos oficiales reclamados por organismos de derechos humanos:

- El primero permite a los jueces que intervienen en causas por apropiaciones obtener muestras de ADN “por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo”, tal como aprobó la Corte Suprema y como se aplicó con éxito en nueve casos de jóvenes recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Se aprobó por 57 votos a favor y sólo uno en contra.

- El segundo convierte el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tenía una doble dependencia funcional, en un ente autárquico que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El BNDG se encarga de realizar los exámenes genéticos que hicieron posible identificar a decenas de hijos de desaparecidos. Fue el que mayor resistencia tuvo: 38 votos a favor, 20 en contra.

- El tercero establece que las asociaciones o fundaciones registradas conforme a la ley pueden constituirse como querellantes en los procesos por crímenes de lesa humanidad, al margen de representar a víctimas directas, siempre que su objetivo estatutario se vincule con la defensa de los derechos lesionados. La ley pone fin al cuestionamiento de distintos tribunales a la legitimidad de organismos que patrocinan a víctimas o familiares. Se aprobó por 50 votos a favor y siete en contra.

La eliminación de los llamados “delitos contra el honor” del Código Penal implica cumplir el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal le ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista, reconocer su responsabilidad en un acto público y modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión, punto que se cumplió ayer.

El debate comenzó poco antes de las seis de la tarde. Los tres proyectos, con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se debatieron en conjunto. El pampeano Rubén Marín los presentó en nombre del oficialismo. Remarcó que el traspaso del BNDG a Ciencia y Tecnología y no al Ministerio de Justicia, como establecía el proyecto original, era un pedido de los partidos que asegura “una independencia y autonomía mayor”. Sobre el proyecto de extracción de ADN, destacó que estaba en línea con los fallos de la Corte Suprema y las indicaciones de la Comisión Interamericana, y que trataba de “contemporizar un medio de prueba que la tecnología puso al servicio de los jueces, sin invadir la privacidad de la persona”.

Luis Petcoff Naidenoff fundó la negativa al proyecto del BNDG tras remarcar la trayectoria de la UCR, por haber excluido de las leyes de impunidad la apropiación de menores. Cuestionó que se limita la utilización del BNDG a causas vinculadas con delitos de lesa humanidad; la misma crítica formuló Sonia Escudero, del Interbloque Federal: el traspaso implica “la apropiación de once mil muestras de ADN, y se deja en desamparo total a actuales y futuras víctimas de delitos”, afirmó.

Petcoff leyó una carta de Adolfo Pérez Esquivel. Según el Premio Nobel de la Paz, el Banco bajo la órbita del Ejecutivo “afecta el requisito de la imparcialidad”, porque la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en causas penales, y por ende “implica otorgar un salvoconducto a los imputados”. El radicalismo también objetó que los jueces pudieran ordenar la extracción de ADN de imputados. “Si pasamos esa línea nos llevamos puesta la arquitectura garantista de la Constitución”, afirmó. Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica, consideró que la transformación del Banco era “inmotivada para las necesidades de investigación y reparación”, sugirió errores de redacción y consideró “bochornoso” que no se haya solicitado la opinión de las autoridades del Banco.

La senadora chaqueña Elena Corregido prefirió relatar la recuperación de Martín Amarilla Molfino. “Le quitaron el derecho a la intimidad, que es el de mirarse con su madre cuando se alimenta”, dijo, y recordó que “su propia sospecha lo llevó a hacerse los análisis de ADN, datos que el Banco no tenía, porque su familia ignoraba que la mamá estaba embarazada”. “Todos tenemos derecho a la identidad y a recuperar a nuestros hijos y nietos. Con estas leyes estamos asegurando el derecho a la verdad”, afirmó.

Daniel Filmus recordó que “este Congreso aprobó las leyes de impunidad” y destacó “el aval para debatir estos proyectos es el respaldo de los organismos de derechos humanos”. “Cuando buena parte de la sociedad les daba la espalda, Madres y Abuelas siguieron luchando. Hoy plantean estos temas como centrales para recuperar la dignidad de la sociedad”, dijo. Rubén Giustiniani fundó la disidencia del socialismo sobre el traspaso del Banco, y respaldó los otros proyectos. “Van a significar un instrumento legal importante para avanzar en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad”, afirmó. “Hoy damos un paso adelante en el camino de la verdad, la justicia y la consolidación de la democracia”, cerró.

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miércoles, 18 de noviembre de 2009

El fantasma de Julio López

Piden veinticinco años de prisión para el comisario Ulibarrie en Corrientes

El sargento retirado de la Policía Federal Juan Carlos Camino, el más importante testigo en la causa por cuatro desapariciones, denunció ante Página/12 que policías en actividad, vinculados con Ulibarrie, el principal acusado, vigilan sus movimientos.

Por Diego Martínez
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El comisario retirado Diego Manuel Ulibarrie, acusado y dueño de agencias de seguridad.

Los querellantes y el representante del Ministerio Público coincidieron ayer en Corrientes en pedir 25 años de prisión para el comisario retirado Diego Manuel Ulibarrie, imputado por cuatro secuestros (ocurridos días antes del golpe de Estado) de personas que permanecen desaparecidas. A menos de una semana de la sentencia, el principal testigo de la causa, Juan Carlos Camino, ex agente de la Policía Federal, denunció ante Página/12 que policías en actividad vinculados con Ulibarrie vigilan sus movimientos, recordó que el acusado es dueño de una agencia de seguridad y manifestó: “No quiero que me pase lo mismo que a (Julio) López”, en referencia al testigo del juicio a Miguel Etchecolatz que desapareció antes del fallo. Desde el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados admitieron conocer el caso, informaron que se le ofrecieron alternativas para garantizar su seguridad pero que no se incorporó a Camino a ningún programa “porque no aceptaba las medidas de protección globales, que abarcaban a toda su familia”.

Ulibarrie es el único imputado del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes, donde el año pasado fueron condenados el coronel Rafael Barreiro y el capitán Juan Carlos Demarchi, ex titular de la Sociedad Rural local. Está acusado por los secuestros de Vicente Ayala, Julio César Barozzi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Romero, ocurridos poco después del mediodía del 16 de febrero de 1976. El mismo día, entre las seis y las ocho de la tarde, Camino reconoció a Ulibarrie a la cabeza del grupo que ingresó con dos de los secuestrados en andas, encapuchados y con signos de torturas, en la delegación correntina de la Policía Federal.

Por tratarse de un solo acusado y de un número limitado de delitos, los alegatos de ayer fueron breves. La jornada duró apenas cuatro horas. Las exposiciones estuvieron a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini, de los abogados Ramón Leguizamón y Hermindo González por la querella unificada de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y los familiares de las víctimas y de Daniel Domínguez Henaín por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Leguizamón interviene en la causa desde hace 33 años: presentó un hábeas corpus después de los secuestros. Ayer detalló los hechos y recordó que “los cuatro secuestrados integran hoy la triste nómina de los treinta mil desaparecidos, de la etapa más negra que nos tocó vivir a los argentinos”.

Miembros de la Comisión manifestaron ayer su preocupación por “el acoso y la falta de contención de testigos como Camino”, que hace tres meses identificó a Ulibarrie al frente a la patota de secuestradores, y destacaron la “capacidad de hacer inteligencia” del imputado. En diálogo con Página/12, el sargento retirado de 63 años, que en 1979 se refugió en Paraguay perseguido por otros policías, aseguró que “vigilan mis movimientos permanentemente”. “Son gente que conozco, que estuvo con Ulibarrie en la época de la represión. Algunos son policías jóvenes, en actividad, pero atrás están los grandes, cercanos a Ulibarrie, que es dueño de una empresa de seguridad y está preso en un lugar light, la comisaría 5ª, desde donde mantiene sus contactos –explicó–. Por supuesto que no salgo de noche, estoy enclaustrado en mi domicilio, pero no quiero que me pase lo mismo que a (Julio) López. Pedí protección a un programa de testigos y hace como un año que estoy esperando respuesta”, agregó Camino, que declaró por primera vez días antes del golpe de Estado.

Según reconstruyó Página/12 de fuentes de los programas Verdad y Justicia y de protección de testigos, ambos organismos conocen la situación de Camino, que se analizó en conjunto con los miembros del Tribunal Oral Federal correntino. El testigo no acepta custodia policial porque no le genera confianza y tampoco aceptaría ser relocalizado con su familia por los trastornos que generaría la medida. “No podemos obligarlo a aceptar una medida y tampoco él puede obligarnos a decidir qué es lo mejor para su seguridad. Sacar sólo al testigo implica transferirle la amenaza a la familia, y eso es inaceptable”, fue la explicación oficial.

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domingo, 15 de noviembre de 2009

Un cambio de trinchera

EL JUEZ GUILLERMO GORDO DEJO SU CARGO EN EL TOF-5

El magistrado reemplazó en el TOF-3 a Oscar Hergott, quien a su vez ocupó su lugar. Ambos tenían diferencias con los colegas de los tribunales que integraban. El pase le permitirá a Gordo tomar distancia de la actuación de las Fuerzas Armadas.

Por Diego Martínez
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Gordo discrepaba con sus pares sobre la obligación de garantizar la publicidad de los juicios.

Con el decreto 1713 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner concluyó el trámite de “permuta” solicitado por dos jueces de Tribunales Orales Federales (TOF), ambos disgustados con sus pares. Uno es Guillermo Gordo, miembro hasta ayer del TOF-5, donde instruyó siete juicios por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. El otro es Oscar Hergott, del TOF-3, quien mantenía serias diferencias con Miguel Pons y Gerardo Larrambebere, e integrará ahora el tribunal que juzgará a los represores de la ESMA. Gordo, en tanto, podrá tomar distancia de la actuación de las Fuerzas Armadas que lo acecha desde 1977, año del secuestro de su prima, vista por última vez en La Perla, y año en el que su suegra Martha Delia Pons, titular de un tribunal de familia de Lomas de Zamora en el que el propio Gordo trabajó hasta septiembre de 1976, se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés.

Los magistrados no hicieron públicos los motivos por los que desean abandonar sus tribunales. Sólo dejaron constancia de que sus pares aceptan el trueque, que el Consejo de la Magistratura aprobó en su plenario del jueves pasado. Según el decreto, el traslado apunta a “lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia”. La “situación traumática en el seno” del TOF-3 fue denunciada en mayo por el abogado Rodolfo Yanzón. Tras recibir la causa “Hospital Posadas”, Pons se excusó por su parentesco con el capitán Luis Alberto Pons, imputado por secuestros en la base naval Puerto Belgrano. Hergott rechazó la pretensión salvo que Pons admitiera “un conocimiento previo de los hechos imputados a su primo”, y mediante una acordada (léase jueces en oficinas contiguas que se comunican por escrito) lo exhortó a que “culmine con la práctica de reuniones bilaterales con el restante magistrado para organizar el tribunal a su antojo”.

El principal motivo de Gordo para alejarse del TOF-5 pasaría por sus diferencias con Daniel Obligado: en general sobre la visión del proceso penal y la necesidad de fundar las respuestas a las partes; en particular sobre la obligación de garantizar la publicidad de los juicios. Gordo es partidario de prohibir el ingreso de reporteros gráficos, posición que derivó en reclamos de fiscales y organismos de derechos humanos, en una acordada de la Corte Suprema de Justicia y, días atrás, en un pedido de once organizaciones civiles para que el alto tribunal garantice que el TOF-5 no vuelva a burlar su directiva.

Con su traslado voluntario, el magistrado concluye un ciclo de 16 años en el TOF-5, donde condenó a dos parejas de apropiadores, al policía Julio Simón, al general Jorge Olivera Róvere y a los ex jefes de Mansión Seré, entre otros; absolvió a Miguel Angel Timarchi por la Masacre de Fátima y a tres ex jefes de áreas militares porteños; y no llegó a dictar sentencia al prefecto Héctor Febres, envenenado días antes del fallo.

El pase al TOF-3, que tras las excusaciones en “Hospital Posadas” no tiene causas por delitos de lesa humanidad, también le permitirá a Gordo tomar distancia de la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, que sobrevolaron su entorno desde el comienzo de su carrera. En abril de 1976, su padre, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por decreto del dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó años atrás de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.

Hasta septiembre de 1976, el propio Gordo, con 25 años, fue oficial segundo del Tribunal de Menores 1 de Lomas de Zamora. Su titular Martha Delia Pons tuvo un rol activo durante 1977 en el reparto de criaturas nacidas en cautiverio o secuestradas junto a sus padres, como se probó en los casos de Emiliano Ginés Scotto, Sebastián Juárez, Jorgelina Molina Planas, Carlos, María Esther y Mariano Ramírez, entre otros que aún investiga la Justicia y las Abuelas de Plaza de Mayo. En 1978 Pons le dijo a una abuela que “sus hijos eran terroristas” y le advirtió que no pensaba devolverle a los nietos porque “no tienen derecho a criarlos”. Luego le informó que “están en manos de familias decentes”, como las que treinta años después condenaría su yerno: Gordo está casado con Alejandra Inés Sánchez Pons, actual vicepresidenta de la Cámara Civil y Comercial de San Martín y hasta el año pasado jueza de familia igual que su mamá, que murió en 1999 y no llegó a estar imputada por el plan sistemático de robo de bebés.

También las víctimas rozaron de cerca a la familia Gordo en su juventud. Su prima María Irene Gavalda y su yerno Juan Mogilner fueron vistos por última vez en La Perla. La mujer fue secuestrada el 5 de diciembre de 1977 junto con sus cuatro hijos, incluidas mellizas de 22 meses. Olga Gordo de Gavalda, hermana del general, relató durante el Juicio a las Juntas que supo del operativo once días después por una carta de un vecino de su hija. Al día siguiente, ya en Córdoba, se reencontró con tres de sus nietos y comenzó la búsqueda de María Cecilia, una de las mellizas. La investigación la condujo a “un teniente de apellido Echevez o Etchevez”, destinado en el Liceo General Paz, quien le dijo que la niña estaba al cuidado de su esposa y la llevó a su casa para entregársela.

–Usted debe de ser muy cristiano –le dijo la mujer al ver el rosario del militar.

–Sí señora.

–Lo único que quisiera es que mi hija sepa que los chicos están con nosotros –le pidió.

–Yo le voy a hacer llegar a su hija noticias de que los chicos están con ustedes –se comprometió el militar. (El único oficial del Ejército con un apellido similar es el coronel retirado Roberto Horacio Etchebest, que en 1977 tenía 37 años).

La tía del magistrado también declaró que “durante tres meses, todos los días”, se comunicó con su hermano, el general, pero que “le resultó imposible averiguar nada” sobre su hija y su yerno, de quienes volvió a tener noticias en 1978 por sobrevivientes de La Perla blanqueados en la cárcel de La Plata.

La última historia vinculada al terrorismo de Estado que merodeó el despacho de Gordo es la de su ex colega Guillermo Madueño, con quien llegó al TOF-5 en 1993 y compartió once años de labor. Ex juez federal de Bahía Blanca durante la dictadura, denunciado por Página/12 en 2004 por su complicidad con los crímenes del Ejército, Madueño fue detenido el jueves luego de medio año prófugo. Entre quienes lo ayudaron a burlar al Estado está su novia Ana Delia Vargas González, quien aún sirve mate y café en el tribunal que hasta ayer integró Gordo.

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viernes, 13 de noviembre de 2009

Un ex juez preso por encubridor

MADUEÑO, EMBLEMA DE LA REPRESION EN BAHIA BLANCA
Por Diego Martínez

Luego de tres meses de investigación y sin recompensas de por medio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer a Guillermo Federico Madueño, que tenía pedido de captura desde abril por encubrir crímenes de lesa humanidad como juez federal de Bahía Blanca durante la dictadura. El ex magistrado integró hasta 2004 el Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF-5) y es hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. De la investigación de la PSA surge que estaba escondido en un departamento en avenida San Juan 270, 3º “11”, alquilado por Hernán Horacio Rubio, un escribano mencionado el año pasado en una denuncia del Ministerio de Defensa contra militares y civiles por fraguar licitaciones para hacer negocios a costa del Estado. El prófugo mantenía estrecho contacto con Ana Delia Vargas González, una señora paraguaya de 45 años que hasta ayer servía mate y café en el TOF-5, el mismo tribunal que desde el jueves próximo juzgará a Astiz, Acosta & Cía.

Madueño fue entre 1975 y 1978 la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Acdel Vilas. De día rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del TOF-5, Madueño condenó al apropiador de Claudia Poblete. En 2004, Página/12 publicó su historia negra y el CELS pidió su juicio político. Renunció cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo. En octubre de 2006, el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que el juez Alcindo Alvarez Canale ordenó recién el 20 de abril último. El 27 de julio, a casi dos años del pedido a la Policía Federal para que detuviera al prófugo más antiguo de la causa, coronel Aldo Mario Alvarez, el fiscal federal ad hoc, Abel Córdoba, requirió la intervención de la PSA y le encomendó también buscar a Madueño, símbolo de la inserción en instituciones democráticas de los cómplices civiles del terrorismo de Estado.

El viernes, la PSA informó al fiscal que el prófugo usaba una línea de teléfono de Rubio para comunicarse con familiares y con Vargas González, quien ese día viajó a Paraguay a visitar a su padre enfermo, de 84 años. Escribano y ordenanza hablaban de Madueño en clave. La mujer le informó que la policía vigilaba el edificio donde supo vivir el ex juez “porque el fiscal los tiene locos”, en referencia a Córdoba, que no en vano se formó junto al ex fiscal Hugo Cañón. Los investigadores también descubrieron que la empleada del TOF-5 “habría visitado o visto” al prófugo e informaron que el escribano Rubio le dijo a la dueña del departamento que el huésped era su primo y estaba enfermo.

El miércoles, la PSA confirmó la ubicación del escondite y solicitó al fiscal que gestionara la orden de allanamiento, que finalmente libró el juez federal Ariel Lijo. La detención se concretó a las cinco de la tarde e incluyó el secuestro de carpetas con documentos de su misión en Bahía Blanca. Madueño se manifestó sorprendido y, según los investigadores que lo vieron, goza de buena salud. Minutos después llegaron el escribano amigo y la novia, que ayer se reincorporó al TOF-5.

“Por su lugar en la estructura represiva y por la impunidad que creía tener hasta hace apenas cinco años, Madueño es uno de los símbolos del terrorismo de Estado en Bahía Blanca”, reflexionó el fiscal Córdoba. “Su contribución a la represión ilegal consistió en obstaculizar el acceso de las familias a la Justicia, tarea que aún hoy rinde frutos, ya que impidió que existieran líneas investigativas mientras se cometían torturas y asesinatos”, concluyó.

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lunes, 9 de noviembre de 2009

Los 28 de los que nunca se habló

Documento exclusivo que revela los nombres de 81 personas que integraban el GT 3.3

La orden firmada por Massera para condecorar a 81 integrantes o colaboradores del Grupo de Tareas de la ESMA reveló la existencia de 28 personas que no fueron denunciadas. Más pruebas para el juicio que comienza la próxima semana.

Por Diego Martínez
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Facsímiles de la primera y la última hoja de la orden secreta firmada por Emilio Massera.

El 12 de septiembre de 1978, cuando la mayor parte de los secuestrados de la ESMA ya habían sido “trasladados” en vuelos de la muerte, el almirante Emilio Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el Grupo de Tareas 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye secuestradores, torturadores, mecánicos que reparaban autos robados, médicos que atendían partos en cautiverio e inyectaban a las víctimas de los vuelos, aviadores, técnicos aeronáuticos y hasta el electricista que reparaba las picanas. Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros once combatientes serán juzgados desde la próxima semana en Comodoro Py. Ocho están procesados con prisión preventiva. Cinco continúan prófugos. Murieron como mínimo 27: los menos como imputados –incluido el prefecto Héctor Febres, envenenado antes de escuchar su sentencia–, la mayoría en el anonimato. Página/12 investigó y buscó al resto: 28 desconocidos, libres e impunes. Cinco son dueños o directores técnicos de empresas de seguridad privada. Varios hicieron carrera en la Armada y supieron merodear altas esferas de gobierno. Uno fue director de Inteligencia Naval hace apenas cinco años. Otro presidió el Foro de Almirantes Retirados, bastión de lucha a favor de la impunidad de sus miembros.

La resolución secreta lleva el número 745/78. Se titula “Otorgar distinciones a personal componente del Grupo de Tareas 3.3” (GT 3.3). Invoca como fundamento la resolución 736/78, que instituyó premios a protagonistas de “hechos heroicos y acciones de méritos extraordinarios, individuales o de conjunto”, y la firma Massera, comandante en jefe de la Armada. La lista incluye sesenta marinos, ocho miembros de la Policía Federal, tres del Ejército, tres del Servicio Penitenciario Federal, dos de Prefectura y cinco civiles, divididos en cuatro categorías: heroico valor en combate, honor al valor en combate, operaciones de combate a secas, y premio al esfuerzo y la abnegación. Sólo cuatro figuran además como heridos en combate. Excepto los suboficiales, todos son realzados con el rango de Don. La orden escrita firmada por Massera fue incorporada a la causa a cargo del juez federal Sergio Torres hace casi seis meses.

Un operador Florido

La resolución de la Armada, que niega conservar información sobre la guerra sucia, fue incorporada a la causa “a título de colaboración” por el capitán de fragata médico Carlos Octavio Capdevila, procesado con prisión preventiva por atender a mujeres embarazadas en la ESMA a partir de 1979. La condecoración incluye a los colegas que lo precedieron: Carmelo Spatoco, Héctor Reinaldo Ricciardi y el comisario Francisco Antonio Diez, todos fallecidos. El 18 de mayo, preso en el penal de Ezeiza, “Tommy” Capdevila solicitó ampliar su declaración. Explicó que llevaba seis años detenido y consideró injusto que le prorrogaran su prisión preventiva. “Mi colaboración no ha sido tenida en cuenta”, afirmó, y le recordó al juez que varios miembros del GT 3.3 que mencionó en 2007 “no han sido llamados a prestar declaración indagatoria”.

Citó como ejemplo al capitán de navío auditor Pedro Carlos Florido. Reiteró que supo “por comentarios del capitán Acosta que en 1977 y 1978 cumplió funciones” en la ESMA, que lo vio “salir numerosas veces del despacho del capitán (Horacio) Estrada” en 1980, y manifestó su sorpresa de que, lejos de estar detenido, “hasta no hace mucho tiempo siguió manejando nuestras causas como integrante del Servicio de Inteligencia Naval, por tener relación personal con varios jueces federales, entre los que se encuentra Su Señoría y (María) Servini de Cubría”, declaró.

En base al Plan de Capacidades de la Armada y a las directivas del Consejo de Defensa 1/75 “Lucha contra la subversión”, ambos de 1975, Capdevila calculó que la suma de oficiales superiores y jefes que participaron de la guerra sucia asciende a 1200 marinos, “que indudablemente tenían capacidad de decisión”. “Sólo resta a Su Señoría ordenar a la Armada que suministre los datos de quiénes cubrían esos cargos e indagarlos”, propuso.

“En mi modesta opinión todos aquellos que hasta la fecha no aparecieron deben estar muertos”, arriesgó, y para dar con los responsables de los vuelos consideró “imprescindible investigar a la Fuerza Aeronaval 3 de Ezeiza”, dato que coincide con las declaraciones de ex mecánicos del área militar de Ezeiza citados el mes pasado por Páginal12.

Tiburones y panteras

Varios condecorados tuvieron una larga carrera naval. La mayoría pasó a retiro en la década del ’90. Seis siguieron en actividad en el siglo XXI. Héctor Julio Alvarez alcanzó el grado de vicealmirante. En 1998 participó como comandante del Area Naval Austral del primer ejercicio combinado con la Armada de Chile. En la foto que publicó La Nación aparece tomando un café, en Puerto Williams, con el contraalmirante chileno Jorge Arancibia Clavel. En 1999 el presidente Fernando de la Rúa lo nombró director de Personal Naval. Entre 2003 y 2006 presidió el Foro de Almirantes Retirados.

Cinco llegaron a ser contraalmirantes: Gerardo Enrique Ferrer, Jorge Daniel Marquardt, Jorge Horacio Fuertes, Mario José Bilesio y Horacio Luis Ferrari. En septiembre de 2003 el ex presidente Néstor Kirchner designó a Ferrari como Director de Inteligencia Naval, cabeza de la estructura que sería denunciada por el espionaje ilegal en la base Zar. El ex ESMA es también vicepresidente del Centro Naval y “capitán general de rugby” en el club Centro Naval. Un sobreviviente denunció en 2007 que Ferrari era el apellido de “Pantera”, jefe de operaciones del GT 3.3 que reemplazó a Enrique Yon. Otro mencionó al “teniente Ferrari” a secas. El fiscal Eduardo Taiano precisó en su dictamen de 2005 que “Pantera” era en 1977 teniente de navío. El condecorado era en 1978 teniente de fragata. Vive en un departamento de la avenida Libertador.

Entre los distinguidos hay al menos dos sobre quienes obran en la causa datos contundentes. Un “suboficial Mazola” aparece en distintas declaraciones como “ayudante de Acosta y Radice”. En 2005 Taiano incluyó en su dictamen a “Aníbal José Mazola” y apuntó que actuó entre 1977 y 1979 en el sector de logística del GT 3.3. La Armada respondió que ningún suboficial tenía ambos nombres y envió el certificado de defunción de un tal Julio Mazola. Hasta allí llegó la búsqueda de la Justicia. La condecoración precisa el nombre: “Suboficial mayor Domingo Aníbal Mazola”, que hoy tiene 78 años.

Los sobrevivientes recuerdan a tres miembros del Servicio Penitenciario Federal en la ESMA. “Fragote” es Carlos Generoso, preso en Ezeiza. “Paco” es Roberto Naya, prófugo. El tercero se apodaba “Yoli”, “presumiblemente apellidado Guerra”, apuntó el fiscal Taiano. Massera condecoró a tres penitenciarios: Generoso, Naya y el “oficial adjutor Arturo José Guerra”, que hoy tiene 59 años, vive en Ezeiza y llegó a ser alcaide mayor.

Un razonamiento similar se aplica a los miembros de la Policía Federal. Massera condecoró a siete. Ernesto Weber, maestro en el arte de la picana, goza de arresto domiciliario. Juan Carlos Fotea Dineri, alias “Lobo”, está preso en Marcos Paz. Siguen prófugos Roberto González, alias “Federico”, el “Gordo Juan Carlos” Linares y Pedro Salvia, alias “Angosto”. Carlos Pérez, alias “Bicho”, está muerto. El último es el agente Raúl Cabral, cuyo apellido nadie conocía y “tiene que ser Tiburón porque es el único que falta del grupo de la Federal”, apunta un sobreviviente. Taiano incluye a “Tiburón” en 1977 y 1978 en el sector operaciones del GT 3.3.

Abnegados

Las condecoraciones “al esfuerzo y la abnegación” son las únicas que incluyen a civiles. Oscar Hermelo intervenía en la preparación de los autos no identificables que se usaban en los secuestros. “En 1977 era mi subordinado en el Taller de Automotores, hombre de confianza del grupo de tareas”, escribió el capitán Adolfo Scilingo en 1995, cuando el menemismo designó a Hermelo como fiscal de ejecución. El artículo que ese año publicó Horacio Verbitsky incluye una foto en el taller de la ESMA donde Scilingo le entrega una maqueta de un auto en reconocimiento por su labor. Hermelo sobrevivió en el Ministerio Público hasta el mes pasado. Renunció tras una investigación ordenada por el procurador Esteban Righi a partir de una denuncia del legislador Juan Cabandié, nacido en la ESMA. El fiscal Alejandro Alagia consideró probada su actuación en la ESMA.

Gonzalo Torres de Tolosa, también abogado, ex defensor de varios de sus compañeros, está denunciado como asiduo visitante a la ESMA, miembro del sector “automotores”, y pariente lejano del Tigre Acosta. Scilingo declaró que el “Teniente Vaca”, a quien identificó como Torres de Tolosa, lo acompañó en uno de sus dos vuelos de la muerte. Estuvo apenas un día preso, por orden del juez español Baltasar Garzón. Taiano solicitó su detención hace ya cuatro años.

El mérito del “instructor de práctica” Carlos Héctor Gattoni sería el buen mantenimiento de las picanas. “Gattoni era el apellido de un profesor de la ESMA a quien apodaban ‘Gato electrónico’”, recordó un sobreviviente. “Era profesor de electricidad o de física. Había quedado mal de la cabeza después de tirarse un clavado a una pileta vacía. Tenía entre 30 y 35 años, usaba bigotito”, agregó.

Entre los abnegados figura también el suboficial mayor del Ejército Juan Alberto Brezzo, mencionado por Scilingo en “automotores” con “un sueldo espectacular”, y el “instructor de práctica” José Cotelo. El capitán de navío Oscar José Cabrera murió en 1981. El capitán Osvaldo Agustín Garutti, fallecido hace una década, era íntimo del almirante Chamorro, director de la ESMA. El agente civil Luis Antonio Corvini falleció a los 84 años hace menos de un año. Su esposa no recuerda la condecoración aunque sí que “trabajó toda la vida en la ESMA, enseñaba mecánica”. El médico Francisco Antonio Diez, comisario inspector de la Policía Federal y vecino de Palermo nacido en 1920, habría muerto dos años atrás.

dmartinez@pagina12.com.ar

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jueves, 5 de noviembre de 2009

“Sí, acá estoy, hijo de puta”

El general Verplaetsen insultó a uno de los abogados querellantes

El ex presidente de facto Bignone y sus secuaces optaron por no hacer uso de la palabra. El ex jefe de Inteligencia de los cuatro centros clandestinos de Campo de Mayo, a quien su abogado quiere que declaren inimputable, insultó a la querella.

Por Diego Martínez
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El general Fernando Verplaetsen fue retirado de la sala de audiencias.

El único que abrió la boca en la tercera jornada del juicio por la represión en Campo de Mayo fue Fernando Verplaetsen. El ex jefe de Inteligencia de los cuatro centros clandestinos, quien según su defensor “no comprende preguntas y no recuerda nada de la época”, escuchó sin dificultad al abogado Pablo Llonto, percibió con claridad cuando mencionó su apellido para decir que “Verplaetsen está prestando atención ahora mismo, acá mismo”, y mientras toda la sala giraba la cabeza para mirarlo dijo con todas las letras: “Sí, acá estoy, hijo de puta”. “La puta madre que te parió”, repitió el general retirado del Ejército de 84 años. Luego el tribunal le concedió la posibilidad de una nueva pericia psicológica, última esperanza del condenado de no tener que enfrentar más juicios en el tiempo que le queda.

“Hicimos la guerra con la doctrina en la mano”, explicaba en 1980 el general Santiago Riveros para escudarse de los crímenes. “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano”, repitió en 2003 el general Reynaldo Bignone, en la comodidad del hogar, ante la periodista Marie-Monique Robin. Ayer tuvieron oportunidad de explayarse sobre doctrinas y prácticas ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y ante los familiares de sus víctimas, que los recibieron con las fotos en alto de sus desaparecidos, pero prefirieron guardar silencio. “Por el momento no”, dijeron uno a uno cuando el presidente del tribunal les ofreció ampliar las indagatorias.

La tercera audiencia del proceso a los ex jefes de Campo de Mayo comenzó con planteos del defensor oficial Juan Carlos Tripaldi. Primero pidió que se evalúe “si Verplaetsen está en condiciones de soportar y entender las exigencias de este juicio oral” y sugirió que tenía problemas de memoria y de concentración que le impedían comunicarse. Luego solicitó que se declaren nulas las declaraciones de todos los testigos que murieron antes del juicio porque “esta defensa no tuvo oportunidad de interrogarlos”. Por último le pidió al tribunal que le adelantara si, en caso de condenar a los represores, pensaba revocarle los arrestos domiciliarios tal como ocurrió con Riveros, Verplaetsen y Jorge García por secuestrar, torturar y asesinar a Floreal Avellaneda. “Hace al juego limpio”, sugirió Tripaldi.

Héctor Sagretti, presidente del tribunal, concedió entonces la palabra a los acusadores. Querellantes y fiscales argumentaron su rechazo y explicaron que la muerte de los testigos tiene relación directa con la impunidad planificada por las Fuerzas Armadas, incluida la orden de Bignone de incinerar los archivos de la guerra sucia. “No quieren que se lean los testimonios porque no quieren escuchar la voz de sobrevivientes y sus familiares”, explicó Llonto, y recordó el fallecimiento en Salta, esta misma semana, de Elida Morales Miy, quien fue secuestrada junto con su hija, debía declarar en carácter de víctima y de testigo (su hija continúa desaparecida) y fue velada con su pañuelo de Madre de Plaza de Mayo.

Llonto explicó que “no podemos traer a declarar a los muertos”, pero que se debía leer “toda la prueba acumulada en más de treinta años de trabajo”. Agregó que los militares “aún conservan en sus casas las armas y los archivos que usaron” y se permitió observar que la actitud de Verplaetsen no se condecía con el diagnóstico de su abogado. “Está prestando atención ahora mismo, acá mismo”, dijo. Con todas las miradas encima, el viejo le dio la razón: “Acá estoy, hijo de puta”, lo insultó. Cuando Llonto concluyó su exposición, los otros querellantes informaron al tribunal del exabrupto. Sagretti explicó que se lo habían advertido tarde, pero igual le llamó la atención al militar, que entonces simuló sordera. “Evite toda manifestación”, le dijo. El defensor Carlos Palermo retiró al actor frustrado de la sala.

Tras un cuarto intermedio de tres horas, el tribunal informó sus decisiones: concedió la pericia a Verplaetsen, rechazó el pedido de nulificar testimonios porque no se había individualizado ninguno y porque “la cuestión debió plantearse en la fase probatoria”, y el pedido de adelantar el modo de cumplimiento de la sentencia “porque todo pronunciamiento implicaría un prejuzgamiento”, leyó Sagretti.

El juez concedió entonces la palabra a los imputados. “Pueden negarse a declarar sin que ello constituya presunción en su contra”, aclaró, y les formuló la pregunta uno a uno. Con la imagen de los rostros de los desaparecidos a la vista, en manos de sus seres queridos, los generales se pasaron el micrófono de mano en mano para informar la negativa. Con el acuerdo de las partes para que las indagatorias se incorporen sin leerlas en voz alta concluyó la primera semana de juicio. Riveros y García lo seguirán desde el penal de Marcos Paz. Verplaetsen desde el Hospital Militar. Bignone, Eugenio Guañabens Perelló y Alberto Roque Tepedino gozan de arresto domiciliario. El ex comisario Germán Montenegro está excarcelado: llega y se va de la sala a pie. El martes a las 9.30 comenzarán a declarar los testigos.

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martes, 3 de noviembre de 2009

Las decadentes caras del horror

Empezó el primer juicio oral y público a Bignone y otros jefes de Campo de Mayo

En un galpón de Munro, el último presidente de facto empezó a escuchar las acusaciones en su contra como responsable de cuatro centros clandestinos. El general Espósito fue excluido por su estado de salud. El general Verplaetsen se retiró por “problemas diarreicos”.

Por Diego Martínez
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Los acusados fueron sentados en hilera, el último rostro es el de Reynaldo Benito Bignone.

Ante una sala colmada por más de trescientas personas, una docena de camarógrafos, y con los rostros de los desaparecidos en alto sobre las manos de sus seres queridos, comenzó ayer en un galpón de Munro el primer juicio oral y público al dictador Reynaldo Bignone y a otros ex jefes de Campo de Mayo durante la última dictadura. La noticia del día fue la ausencia del general retirado Eduardo Alfredo Espósito, que por problemas de salud fue excluido del juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. El general Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares del que dependían cuatro centros clandestinos de tortura y exterminio, fue autorizado a retirarse a poco del comienzo con diagnóstico de “diarrea autocontenida”.

El escenario del proceso al último dictador es la antítesis del subsuelo de Comodoro Py, donde en semanas se comenzará a juzgar a los represores de la ESMA. El tribunal y las partes, incluidos los imputados, se mueven con comodidad sobre un escenario que ocupa la mitad de la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento “José Hernández”, separados por policías y dos hileras de vallas a la altura del área grande. En la otra mitad trabajan los reporteros gráficos y se ubican los allegados a las víctimas y a los militares, que ayer se contaban con los dedos de una mano. A la izquierda de los jueces hay una bandera argentina. Sobre sus cabezas no está Jesucristo crucificado. Tampoco hay policías ni judiciales de traje hostigando a la prensa o a las Madres para que se saquen los pañuelos. Sólo habrá que ver cuánto rinden los ventiladores los días en que el sol caliente el techo de chapas.

A las 9.47 ingresaron al tribunal los siete imputados, todos mayores de ochenta años. El general Santiago Riveros, al menos a la distancia, aparenta menos. El rostro pálido de Bignone, que sobresale por la altura, sugiere varios años más. Todos tienen el pelo blanco excepto el ex comisario Germán Montenegro, el único policía, a quien los militares dejaron solo durante el cuarto intermedio. El más a gusto con el rol que no eligió parecía ayer el coronel Alberto Roque Tepedino: petiso y corpulento, el pecho inflado, ceño fruncido, anteojos negros pese a las nubes. La imagen se condice con el imaginario de lo que podría ser un ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 y poco tiene que ver con la del anciano en camiseta y con bolsitas de hacer los mandados retratado hace seis años mientras violaba su arresto domiciliario.

La audiencia inicial comenzó con una serie de comunicaciones de Marta Milloc, presidenta del tribunal. El último informe de los médicos forenses sobre la salud de Espósito destacó su “deterioro neurológico”, explicó la jueza. La resolución de excluirlo se tomó el miércoles pasado y ayer fue notificada a las partes. Luego informó que las audiencias se realizarán de martes a jueves porque dos jueces son titulares en otros tribunales, y agregó que se tratará de respetar el pedido de las defensas para que no superen las cinco horas, de modo de “preservar a sus defendidos”.

Por último hizo constar en actas que a primera hora, cuando agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron a retirar a Verplaetsen del Hospital Militar, los médicos entregaron un informe en el cual le recomendaron “24 horas de reposo” por el cuadro diarreico. Como el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo manifestó que el mal aún lo aquejaba, a las 10.06, veinte minutos después de llegar, fue autorizado a retirarse. El último párrafo de Milloc fueron quejas por los inconvenientes para encontrar una sala acorde (ver aparte) y disculpas a los pibes del barrio que se quedaron sin cancha de fútbol.

La lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que continuará hoy, estuvo a cargo de las secretarias Gabriela Basualdo y Débora Damonte. Sus voces se combinaron con el ruido de la lluvia, que por momentos golpeó duro contra las chapas, y con los bombos de los compañeros de Cacho Scarpati, el principal testigo de la causa, que falleció el año pasado. Desde la primera fila, a la altura de la media cancha, escuchaban atentas Tati Almeida, de Madres Línea Fundadora; Sara Derothier de Cobacho, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Judith Said, del Archivo Nacional de la Memoria; el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak –que escuchó sin pestañear las críticas del tribunal–, y Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. A sus espaldas, cientos de jóvenes, mayoría de remeras negras del “Peronismo 26 de Julio”, y de organizaciones sociales nucleadas en “Justicia Zona Norte” y la Comisión Campo de Mayo. También estuvieron presentes Iris y Floreal Avellaneda, padres del Negrito, la primera víctima de Campo de Mayo por la que se hizo justicia, dos meses atrás, con las condenas de Riveros, Verplaetsen & Cía.

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