domingo, 31 de enero de 2010

El encubrimiento judicial

DENUNCIAN A CAMARISTAS DE MENDOZA POR OCULTAR TORTURAS

Organismos de derechos humanos acusan de silenciar delitos de lesa humanidad cometidos por policías de Mendoza a Otilio Romano y Luis Miret, miembros de la Cámara Federal que excarceló a los represores locales.

Por Diego Martínez
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Organismos de derechos humanos y sobrevivientes del mayor centro clandestino de Mendoza, que funcionó en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, denunciaron ante el Consejo de la Magistratura y pidieron la destitución de dos miembros de la Cámara Federal local por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones, cometidas por miembros de fuerzas de seguridad antes y durante la última dictadura. Se trata de Otilio Roque Romano y Luis Francisco Miret, que hace un tercio de siglo eran respectivamente fiscal y juez federal. El escrito destaca el “compromiso ideológico” de Romano “con la persecución sistemática de población civil emprendida por el régimen militar” y recuerda que Miret era amigo confeso del general Juan Pablo Saa, ex jefe militar de la provincia, indultado por Carlos Menem.

La tierra de Manzano, Moneta y Cobos, con más de doscientos desaparecidos, es un paraíso para los represores: ninguno fue condenado y, peor aún, todos siguen libres. Los últimos fueron excarcelados a fines de 2008 por los camaristas Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Carlos Pereyra González, denunciados ante el Consejo por su “actitud consecuente y manifiesta a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado”. El último renunció luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Luis ordenó investigarlo por encubrir torturas cuando era secretario del juez Eduardo Allende. La conducta de “Rabanito”, como lo apodaban los policías de San Luis, fue desmenuzada por dos jueces del TOF e ignorada por el tercero, Jorge Roberto Burad, también mendocino.

Las excarcelaciones automáticas incluyen a represores de San Juan y San Luis y abarcan hasta a ex prófugos como el policía Horacio Julio Nieto, libre bajo caución juratoria, léase promesa de no fugarse tras un año y medio en fuga. Un problema anterior es la lentitud y la atomización en la etapa de investigación. En abril los fiscales mendocinos y la Unidad de Coordinación de la Procuración General de la Nación presentaron ante el juez Walter Bento un plan de trabajo para acumular causas a fin de agilizar el proceso y concretar juicios significativos en plazos razonables, y le solicitaron la delegación de las actuaciones en las que ni siquiera tomó declaraciones indagatorias. Ocho meses después, Bento no accedió a ninguno de los pedidos. Las 16 causas individuales que elevó sin ningún criterio (las querellas reclamaban por relación entre operativos o por centros clandestinos, los fiscales según grados de avance procesal) fueron acumuladas por simples razones de economía procesal recién cuando llegaron al TOF, que el 11 de marzo comenzará a juzgar a cinco militares y cuatro policías por 24 secuestros, torturas y asesinatos, incluido el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Paco Urondo.

“Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y, en algunos casos, propia”, sostiene el escrito presentado por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos, y dos de las trescientas víctimas que pasaron por el D2. “Tenían perfecto conocimiento de las gravísimas violaciones de los derechos humanos de las personas detenidas y puestas a su disposición” pero “han omitido todo control sobre las fuerzas represivas, han permitido la detención de personas que fueron torturadas, otras violadas, bajo procesos que repugnan al derecho”, agregan los denunciantes, patrocinados por los abogados Pablo Salinas, Viviana Beigel, Alfredo Guevara, Diego Lavado y Carlos Varela. El escrito describe casos testigos documentados en causas instruidas al amparo de la ley 20.840 de “seguridad nacional”, a las que los organismos accedieron hace apenas dos meses, cuando llegaron al TOF.

La primera se inició en junio de 1975 con detenciones en una manifestación de metalúrgicos. Del punteo del expediente surge que presos incomunicados a disposición de Miret relataron allanamientos de madrugada, en autos particulares y sin testigos; interrogatorios amordazados y vendados; lesiones graves constatadas por informes médicos; y violaciones de mujeres, incluida una menor de 17 años, que según el Cuerpo Médico Forense padecía “depresión, angustia y (era) vulnerable a vivencias psicotraumáticas”, por lo que aconsejó su “urgente tratamiento psiquiátrico”. Los vejámenes ocurrían en el D2, a doscientos metros de Casa de Gobierno, donde aún funciona la central de policía. El escrito destaca que el fiscal Romano proponía medidas de prueba sin hacerse eco de las denuncias, y que el defensor oficial Julio Quevedo Mendoza renunció a patrocinar a dos detenidos por “la imposibilidad material de tomar contacto” con ambos “en razón de las disposiciones vigentes en la penitenciaría y las instrucciones impartidas por el juzgado”.

En la segunda causa, después del golpe de Estado, se repiten los delitos y se agregan denuncias de torturas con picana eléctrica. Cuando el defensor de una detenida reclamó que se investigara el destino del auto y los muebles que le habían robado, Romano afirmó que él era “el principal custodio de los actos del procedimiento” pero que el planteo no tenía “absolutamente nada que ver con la investigación” de fondo, y, con la excusa de no convertir al tribunal “en una oficina de informes de cosas perdidas” (sic), propuso no investigar el saqueo. Los abogados resaltan que el actual presidente de la Cámara Federal “tomó conocimiento de todas las denuncias de malos tratos”.Miret, en tanto, “legitimó todo el accionar ilegal”, pues como camarista recibió las apelaciones y “tomó conocimiento de los delitos que se cometían”.

El tercer expediente sólo involucra a Romano e incluye denuncias de violaciones sistemáticas y hasta una “pirámide humana” de presos y presas, como diversión de las patotas que comandaba el ultracatólico brigadier Julio César Santuccione, quien murió impune en 1996. El juez que indagaba a detenidos destrozados, descalzos y con el torso desnudo era en esta causa Rolando Evaristo Carrizo, quien abandonó la gestión pública. El 1º de agosto de 1977, cuando el juez Gabriel Guzzo ordenó investigar los apremios, Romano le respondió que le corriera vista recién cuando fueran identificados los imputados. La respuesta demoró catorce meses. El fiscal sugirió entonces que por el tiempo transcurrido era “imposible la demostración” de los apremios y dictaminó el archivo. Tiempo después, Romano “presentó la acusación contra todos los imputados, fundándose en las declaraciones efectuadas bajo tortura”. “Sin el auxilio o la cooperación institucional” de los magistrados, concluyen, los delitos de lesa humanidad “no habrían podido cometerse o, al menos, no con la impunidad con la que se ejecutaron”.

Consultado por el diario Los Andes, Romano se limitó a mostrar una hoja con una amenaza de un “comando anticomunista” que le adjudicaba “favoritismo hacia los sucios bolches”. “Para los anticomunistas éramos de izquierda y para los de izquierda éramos parte del Proceso. Esa es la mejor garantía de que se impartía justicia”, simplificó. “Siempre fui garantista”, aseguró Miret. Como certificados de calidad recordó que Raúl Alfonsín envió su pliego al Senado pese a que había sido denunciado por Madres de Plaza de Mayo, y que la Universidad Nacional de Cuyo archivó un pedido de cesantía presentado por organismos por su actuación durante la dictadura.

dmartinez@pagina12.com.ar

domingo, 24 de enero de 2010

El fin del secreto en el Batallón 601

POR PRIMERA VEZ, LA JUSTICIA TIENE LOS NOMBRES DE QUIENES ACTUARON EN INTELIGENCIA DURANTE LA DICTADURA

El Gobierno entregó al Poder Judicial información sobre los militares y civiles que integraron la estructura de inteligencia del Ejército durante la dictadura. Aún no existe una causa judicial que investigue al Batallón 601.

Por Diego Martínez
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El coronel Alberto Tepedino, el primer ex jefe del Batallón 601 en llegar a juicio.

Por primera vez desde el retorno de la democracia, fiscales y jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad disponen de los nombres y responsabilidades específicas de oficiales, suboficiales y también civiles que prestaron servicios durante la dictadura en organismos de inteligencia del Ejército. Se trata del porteño Batallón 601 y de los destacamentos y secciones de las principales ciudades del país, unidades siempre camufladas y por lo general alejadas de los cuarteles donde trabajaron quienes interrogaban a los secuestrados en los centros clandestinos, quienes procesaban la información arrancada en las mesas de torturas, y en donde rendían cuentas centenares de aún ignotos civiles infiltrados en fábricas, sindicatos, universidades y organizaciones sociales en busca de potenciales “subversivos”.

La información fue aportada durante el último año por el programa Verdad y Justicia, y por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que dependen del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El primero elaboró y entregó a magistrados de cada jurisdicción informes de los respectivos destacamentos y sus integrantes, con detalle de cursos realizados (interrogadores, entre otros) y tareas asignadas según categoría y cargo. El ANM le acaba de entregar al juez federal Ariel Lijo un listado con los nombres y categorías (producción de información, analista, asesor universitario, etcétera) en las que revistaban 1599 civiles del Batallón 601, otros 2353 repartidos en destacamentos y secciones de todo el país, más 345 oficiales del Ejército que prestaron servicios en un destino u otro.

Los datos sobre el “personal civil de inteligencia”, PCI en la jerga castrense, son accesibles al Poder Judicial y a cualquier ciudadano que manifieste un interés legítimo gracias al decreto presidencial 4/2010, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que en base al “derecho de la sociedad a conocer su pasado” y ante el cúmulo de requerimientos judiciales eliminó las restricciones al acceso a la información calificada como “secreto de Estado” entre 1976 y 1983.

Los informes abarcan por el momento a la estructura del Ejército, que tuvo el “control territorial” tras el golpe de Estado, y que además de civiles contó en sus filas con personal policial, de Gendarmería, Prefectura y SIDE, incluidos ex miembros de bandas de ultraderecha ligadas a la Triple A. El próximo paso del Ejecutivo será profundizar en el conocimiento de los miles de hombres y mujeres que cumplieron idénticas tareas para la Armada y la Fuerza Aérea, y que tampoco rindieron cuentas por sus acciones al amparo del terrorismo de Estado.

La impunidad del 601

“El 601 estaba integrado por representantes de todos los servicios de inteligencia importantes del país, al cual todos los organismos debían apoyar”, explicó en 1986 quien fuera su jefe en 1976 y 1977, general Alberto Valín, que murió impune. “Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo. Operaban en todo el país, con vestimentas de civil. Gracias a ellos se ganó la guerra”, destacó durante su declaración indagatoria el condenado general Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo.

“La desaparición es trabajo del 601”, asentaron oficiales de la embajada de los Estados Unidos en un memo de abril de 1980, luego de apuntar que los militantes montoneros capturados cuando reingresaban a la Argentina estaban secuestrados en “la prisión secreta de Campo de Mayo” y que serían “interrogados y desaparecidos permanentemente” (sic). Según ese documento desclasificado del Departamento de Estado, los norteamericanos llegaron a pensar que la junta era “prisionera” de las decisiones del batallón de Callao y Viamonte.

A pesar de su rol central en la represión, no existe aún ningún juez o fiscal abocado a investigar el complejo entramado del Batallón 601. El primer ex jefe que llega a juicio es el coronel Alberto Tepedino, juzgado en San Martín junto con el dictador Reynaldo Bignone y un grupo de ex jerarcas de Campo de Mayo. El juez Lijo investiga sólo la actuación de sus miembros en la desaparición de los militantes que volvieron al país en el marco de la “contraofensiva” de Montoneros, en 1980.

Lijo condenó en 2007 al coronel Jorge Arias Duval, jefe de la Central de Reunión del 601, y a siete de sus subordinados, incluido el PCI Santiago Hoya, que murió tres días después. Desde entonces fueron procesados apenas seis represores. El civil Julio Cirino, ex miembro de la Fundación PensAR vinculada al PRO, se ufanó ante la embajada de haber estado en tres “centros de detención e interrogación” y advirtió que los desaparecidos “no van a aparecer”. Jorge Oscar Baca, otro civil, cuyo nombre de cobertura era Juan Omar Boyé, fue el secretario de Arias Duval. También están presos el sargento Alfredo “Cacho” Feito y el ex gendarme Carlos Somoza, sindicado como interrogador en Campo de Mayo en los primeros años de la dictadura. Procesados pero libres están el coronel Julián Marina y el teniente coronel José Ramón Pereiro.

El epicentro de los interrogadores del 601 admirados por Riveros era justamente Campo de Mayo. La causa radicada en San Martín que debería investigarlos sólo alcanza por el momento a ex jefes como Fernando Verplaetsen o el propio Riveros. Somoza ni siquiera fue citado a prestar declaración indagatoria. El otro interrogador identificado, el prefecto Néstor León López, alias El Alemán, que se especializó en militantes del PRT, murió impune y en el anonimato.

También son escasos los ex miembros de unidades del interior del país que llegaron a juicio. En Córdoba fueron condenados siete integrantes del Destacamento 141 que operaron en La Perla, y se suicidó su ex jefe, coronel César Anadón. En Neuquén fue condenado el coronel Mario Gómez Arenas, ex jefe del Destacamento 182, y sus ex subordinados Sergio San Martín y Jorge Molina Ezcurra, en tanto sigue prófugo el capitán Jorge Di Pascuale. También está prófugo el coronel Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento 201 que en 1978 comenzó a operar en Campo de Mayo, y varios ex miembros del Destacamento 181 de Bahía Blanca.

dmartinez@pagina12.com.ar

jueves, 21 de enero de 2010

Otro represor camino a la extradición

El comandante retirado de Gendarmería Eduardo Britos actuó en La Rioja y está detenido en Paraguay
Por Diego Martínez

Mientras el ex piloto naval Julio Alberto Poch prepara sus petates en la prisión de Estremera (España) y el coronel uruguayo Manuel Cordero sueña con un diagnóstico que lo declare enfermo en una clínica de Santana do Livramento (Brasil), otro represor imputado por delitos de lesa humanidad se apresta a ser extraditado a la Argentina. Se trata de Eduardo Abelardo Britos, comandante retirado de Gendarmería, quien llegaría entre febrero y marzo desde Paraguay. El juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, que en mayo solicitó su captura internacional, pretende indagarlo por el delito de tormentos contra presos políticos en La Rioja.

Tal como lo comprobaron el marino Ricardo Miguel Cavallo en México, el mayor Ernesto Barreiro en los Estados Unidos, Poch en el reino de los Países Bajos y el coronel Cordero en Brasil, entre otros, el planeta parece un sitio inseguro para los represores del Cono Sur. Sérpico Cavallo afronta su primer juicio por crímenes en la ESMA junto con Acosta, Astiz & Cía. El ex carapintada Barreiro se prepara para rendir cuentas por su actuación como torturador en La Perla, Córdoba. La Audiencia Nacional de España acaba de ordenar el envío del ex marino Poch con la condición de que no se lo condene a reclusión perpetua (en España podría purgar mil años de prisión pero jamás perpetua).

En tanto, el juez federal Norberto Oyarbide pedirá hoy precisiones sobre la salud de Cordero, cuya extradición aprobó el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil. Según fuentes judiciales, el uruguayo imputado en la causa Plan Cóndor fue internado luego de que la policía de Brasil lo detuviera para extraditarlo. Cordero fue filmado este año mientras fumaba y tomaba cerveza en un bar y también mientras corría para huir del camarógrafo. Su abogado José Favera había invocado “problemas cardíacos” para intentar prolongar su impunidad.

Los citados no son los únicos procesos de extradición en curso. Brasil también debe enviar al ex mayor Norberto Tozzo, imputado por la Masacre de Margarita Belén. Paraguay, histórico refugio de represores argentinos, tiene pendiente la entrega del médico militar y apropiador Norberto Bianco, imputado por ladesaparición de mujeres embarazadas en el hospital de Campo de Mayo. Un Tribunal de Apelaciones confirmó en septiembre un fallo de primera instancia a favor de la extradición, que los defensores de Bianco (con arresto domiciliario) volvieron a apelar.

Más intrincada parece la extradición del capitán Roberto Bravo, sindicado como fusilador de la Masacre de Trelew en 1972 y dueño en Miami de la empresa RGB Group,que firma contratos millonarios con la fuerza aérea norteamericana. El juez chubutense Hugo Sastre pidió su detención en febrero de 2008. Traducir las pruebas y satisfacer las “recomendaciones” de la embajada de los Estados Unidos demoró casi un año y medio. El 15 de julio el edido llegó finalmente al Departamento de Estado, última escala antes de que un juez analice el caso y ordene la detención. El juicio oral y público en el teatro Verdi de Trelew está previsto para abril, por lo que –si Estados Unidos lo extradita–Bravo sería juzgado en soledad.

El comandante Britos, de 60 años, fue detenido por Interpol Paraguay el 25 de agosto en la ciudad de San Lorenzo. Llevaba un año prófugo y se ofrecían 100 mil pesos de recompensa para ubicarlo. Herrera Piedrabuena ordenó su captura por su actuación hace treinta años, cuando con el grado de primer alférez integraba el Escuadrón 24 en Chilecito, La Rioja. El periodista Enrique Lanzillotto recordó que Britos fue denunciado por torturar a presos políticos en la cárcel riojana. El juez paraguayo Rubén Ayala Brun consideró que los delitos estaban prescriptos y rechazó en primera instancia el pedido de su colega argentino, pero el 4 de enero la Sala Penal de la Corte Suprema de Paraguay revocó el fallo y ordenó su extradición.

Igual que Mendoza, La Rioja no tiene ningún represor preso. Apenas se elevaron dos causas con tres imputados. Adiferencia de los cuyanos, en los pagos de Menem no se avizoran juicios en el horizonte.

miércoles, 20 de enero de 2010

Cordero atado y casi extraditado

Detuvieron a un represor uruguayo y será trasladado al país
Por Diego Martínez
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Juan Manuel Cordero será juzgado en Argentina por delitos del Plan Cóndor.

El coronel Juan Manuel Cordero, uno de los máximos responsables de la represión ilegal en Uruguay, está cada día más cerca de ser juzgado en la Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva organizada por las dictaduras del Cono Sur en los ’70. La Policía Federal de Brasil lo buscó ayer en su casa de Santana do Livramento para detenerlo y extraditarlo, tal como resolvió en agosto el Supremo Tribunal Federal (STJ), pero lo dejó internado en un hospital por un supuesto malestar. Un vocero del Ministerio de Justicia brasileño informó que la intención del gobierno de Lula es concretar hoy mismo el traslado. El juez Norberto Oyarbide, que instruye la causa Cóndor, tiene previsto tomarle declaración indagatoria mañana a las 11.

Cordero fue uno de los principales cuadros de inteligencia del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), la pata uruguaya del Cóndor, que en Buenos Aires tuvo como epicentro el centro clandestino Automotores Orletti, donde fue reconocido por sobrevivientes orientales. Cordero está acusado, entre otros casos, por la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman y por el asesinato, en mayo de 1976, de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.

Igual que Alfredo Astiz, que gracias a las leyes de impunidad tuvo que rendir cuentas primero por sus declaraciones y recién años después por sus crímenes, Cordero vivió impune en su país gracias a la ley de caducidad promovida por el ex presidente Julio María Sanguinetti y fue citado a declarar en 2003, acusado de hacer apología de la tortura, delito que él mismo practicó durante la dictadura uruguaya, entre 1973 y 1985.

En julio de 2004, un mes antes de que se librara su orden de detención, huyó a Brasil y se radicó en Santana de Livramento, en la frontera entre ambos países. Allí lo detectó Jair Krischke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, y fue retratado por un reportero de la revista Caras y Caretas. La extradición a Uruguay no se concretó porque la pena máxima del delito imputado, “desacato por ofensa”, son dos años, menos que lo exigido por el Tratado del Mercosur para tramitarla.

El pedido de extradición, solicitado por el fiscal federal Miguel Angel Osorio, lo formuló en 2006 el entonces juez federal Guillermo Montenegro, hoy ministro porteño. Cordero fue detenido en febrero de 2007. Estuvo preso en una dependencia policial en Porto Alegre, luego en un regimiento militar, hasta que por “razones humanitarias” le concedieron el arresto domiciliario. Con la detención comenzó una campaña internacional para que el STJ concediera su extradición a la Argentina o al Uruguay, donde era requerido por el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, no incluidos en la ley de caducidad. El 6 de agosto, el STJ votó a favor del envío a la Argentina, donde ocurrieron los hechos. La última maniobra dilatoria de Cordero, el lunes, fue un reclamo para ampararse en la ley de amnistía de Brasil. El vocero del gobierno de Lula que informó sobre la detención explicó que “se sintió mal y fue hospitalizado”, pero “no bien mejore será entregado, por Uruguayana o en vuelo de Porto Alegre a Buenos Aires”.

viernes, 15 de enero de 2010

Por un traslado bajo custodia

Cuestionan los privilegios de cuatro represores de la ESMA

La fiscalía y los querellantes objetaron que quienes gozan del beneficio del arresto domiciliario vayan a Tribunales por sus propios medios y acompañados por sus familiares. Señalaron que deben ser vigilados por fuerzas de seguridad.

Por Diego Martínez
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Cuatro de los acusados en el juicio por la ESMA llegan a Tribunales por sus propios medios y con su familia.

El Ministerio Público y las querellas del primer juicio a un grupo de represores de la ESMA cuestionaron ayer que los imputados que gozan de arresto domiciliario se movilicen por sus medios y en compañía de esposas y amigos, igual que los sobrevivientes y familiares de víctimas que acuden a presenciar las audiencias, y reclamaron que sea una fuerza de seguridad la que garantice las custodias durante los traslados a Comodoro Py. “Familiares y amigos pueden cuidarlos, pero la custodia es un deber indelegable del Estado”, destacó el fiscal federal Pablo Ouviña. La respuesta del Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) al planteo que formuló originalmente el abogado Rodolfo Yanzón se conocerá el 27 de enero a las 10, cuando se reanude el juicio oral y público a Acosta, Donda & Cía.

A diferencia de las audiencias iniciales, los imputados ingresaron ayer sin esposas. Los veinte marinos instalados en la bandeja superior levantaron la mano derecha al mismo tiempo en respuesta al saludo del capitán Raúl Scheller, Mariano en la sala de torturas de la ESMA. La imagen provocó una sonrisa de Adolfo Donda, “un tipo encantador” según confió Cecilia Pando a los periodistas el mes pasado, cuando Gerónimo, como se hacía llamar en cautiverio, ingresó por primera vez a la sala. Alfredo Astiz dejó ayer en la cárcel el libro del agente Juan Yofre y sólo llevó una carpeta rosa con hojas sueltas.

Los jueces dieron inicio a la audiencia una hora después de lo previsto, una vieja costumbre del TOF5. Luego su presidente Daniel Obligado autorizó el ingreso de 21 reporteros gráficos (divididos en cuatro tandas), quienes tras dos horas de espera tuvieron que hacer su trabajo en poco más de un minuto. Retrataron por primera vez al capitán Alberto González, alias Gato, ausente al comienzo del juicio con diagnóstico de “lumbalgia” emitido por el Hospital Naval. No estuvieron, en cambio, el prefecto Juan Antonio Azic, alias Piraña (no está imputado en la causa por el secuestro de las monjas francesas, cuyo requerimiento de elevación se leyó ayer), y al ex canciller Oscar Montes, quien consiguió que le leyeran las acusaciones en su contra durante las primeras audiencias y lo autorizaran a quedarse (arrestado) en su casa, por su delicado estado de salud.

Yanzón había cuestionado la ausencia de controles durante los traslados de quienes gozan de arresto domiciliario luego de ver en sus autos particulares al contraalmirante Manuel García Tallada, y al teniente coronel Julio César Coronel con su hijo. De los 17 imputados, gozan del privilegio los dos citados más el contraalmirante Montes y el comisario Ernesto Weber, quien le enseñó a usar la picana eléctrica a los marinos.

El fiscal Ouviña analizó el artículo 33 de la ley 24.660 que regula el arresto hogareño y diferenció tres aspectos: la supervisión del cumplimiento, el cuidado del reo y su custodia durante los traslados. La última función, explicó, debe estar a cargo de fuerzas de seguridad. Argumentó que “el arresto domiciliario es un modo de cumplimiento de la prisión preventiva” y que “el tribunal debe garantizar la custodia” del detenido, por lo cual “los traslados deben estar a cargo de personal idóneo, ya sea policía o Servicio Penitenciario Federal”.

Adhirieron a su posición las querellas del CELS, de la Secretaría de Derechos Humanos y el abogado Horacio Méndez Carreras, y se opusieron los de los imputados. El defensor oficial Lucas Tassara rechazó la distinción entre supervisión y custodia. Su colega Carlos López Camelo destacó la buena conducta de los imputados. Guillermo Coronel dijo que hablaba “en el doble plano de defensor e hijo”, destacó que su padre “cumple exageradamente con las disposiciones” legales, y pidió no olvidar que “los procesados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Una tercera posición planteó la abogada Miriam Bregman, de Justicia Ya. Cuestionó que imputados por delitos de lesa humanidad gocen de prisión domiciliaria, recordó la desaparición de Julio López, la muerte por envenenamiento de Héctor Febres, y reclamó “cárcel común, efectiva y de máxima seguridad”, al margen de edades o enfermedades. Su exposición derivó en silbidos poco sutiles de la mujer de uno de los imputados. Obligado exigió silencio y advirtió que “de ser identificada, la persona que silbó será retirada de la sala y hasta detenida”. Minutos después, ya en el pasillo, los policías que la vieron taparse la boca le advirtieron que le prohibirían el ingreso en la sala. Consultada por Página/12, en compañía de dos marinos, la señora prefirió ocultar su identidad.

jueves, 14 de enero de 2010

Más cerca de la extradición

El represor Julio Poch sería trasladado desde España en dos semanas

El ex piloto naval que confesó ante colegas de una aerolínea haber participado de los vuelos de la muerte aceptó ayer ser juzgado en Argentina. Ahora se considera víctima de “una jugada política” de Holanda, donde residía.

Por Diego Martínez
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Poch, de 57 años, dice que en Argentina hay “caza de brujas” por los crímenes de la dictadura.

Luego de contratar a dos de los abogados más caros de Europa con el objetivo de evitar ser juzgado en la Argentina, donde ocurrieron los vuelos de la muerte que confesó ante sus compañeros de la aerolínea Transavia, el ex piloto naval Julio Poch modificó su estrategia y manifestó ayer ante la Audiencia Nacional de España su voluntad de ser extraditado y sometido a “un juicio justo”. Fuentes judiciales calcularon que en dos semanas podría concretarse el próximo vuelo del marino sobre el Atlántico y en un año estaría en condiciones de ser juzgado.

El teniente de fragata de 57 años, que según sus colegas holandeses “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, explicó ante los jueces que se considera víctima de “una jugada política” del reino de los Países Bajos, donde ejerce como princesa una hija de Jorge Zorreguieta, secretario de Agricultura de la última dictadura. El lunes trascendió que una de las hijas de Poch le envió una carta a la sucesora del reino con la esperanza de obtener ayuda, y el propio imputado anticipó en declaraciones al diario De Telegraaf sus intenciones de probar su inocencia en el país. Poch contó con orgullo que en la cárcel de Madrid lo llaman “gentleman” y, con citas de “expertos” no identificados, afirmó que existe en la Argentina una “caza de brujas” por los crímenes de la última dictadura.

El ex oficial de la Armada fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia. De inmediato contrató a Gerard Spong, afamado defensor de causas impopulares en Holanda, y a Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y ex representante de España ante organismos de la Unión Europea. Spong se paseó por los medios criticando a la Justicia argentina e insistiendo en la obligación de Holanda de repatriar al piloto que tiene doble ciudadanía. Su trabajo continuó al menos hasta la semana pasada, cuando dijo que en caso de ser extraditado su cliente debería estar entre seis y diez años con prisión preventiva, e invocó un supuesto informe de Human Right Watch para destacar las “grandes posibilidades” de ser condenado pues “sólo el treinta por ciento” de los represores resultan absueltos. En realidad, según el CELS fueron absueltos siete de los 75 imputados que llegaron a juicio, el 9,3 por ciento.

Peláez también alternó trabajo jurídico con declaraciones en los medios. Ya en octubre pasado dijo que la detención respondía a “temas más políticos que otra cosa”, sugirió que el reino de los Países Bajos evitó concretar la detención de Poch y, como consecuencia “la patata caliente se la han mandado a España”. La semana pasada les anticipó a periodistas holandeses que iba a plantear ante la Audiencia Nacional un “fraude de derecho” en contra de Holanda por negarse a detenerlo en su territorio, y afirmó que su cliente no tendría en la Argentina “un juicio imparcial y justo” porque gran parte de los jueces “son de izquierda” (sic).

El 6 de octubre Poch declaró ante el juez Eloy Velasco que no tuvo “nada que ver” con el terrorismo de Estado. El 30 de octubre, el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aceptó tramitar la extradición al considerar que Argentina es competente para juzgar a sus represores. El 18 de diciembre, un juez de La Haya admitió que Holanda estaba facultada para juzgar a Poch y no descartó que le permitan volver para cumplir su condena, pero consideró que el juicio debía realizarse donde ocurrieron los crímenes, para “que los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso”, y rechazó la extradición al reino de la princesa Máxima Zorreguieta.

El lunes, en diálogo con De Telegraaf, Poch intentó desacreditar al ex compañero de Transavia que lo denunció (no a los testigos directos de la confesión), culpó al gobierno holandés de su detención en España, que vinculó con el fantasma de Zorreguieta, y por primera vez manifestó su voluntad de ser extraditado a la Argentina. Ayer dijo ante los tres jueces de la Audiencia Nacional que llevaba “cuatro meses detenido injustamente”, que deseaba la extradición para “poder defenderse”, que le han “arruinado” su carrera por hechos de los que “no existen pruebas”, y que “lo más vergonzoso” era que la Justicia argentina lo acusó “sin investigar los hechos”. La afirmación carece de fundamentos: el juez federal Sergio Torres y su secretario Pablo Yadarola pidieron su captura internacional después de escuchar en persona a los testigos de su confesión. La posta de Spong y Peláez ya la tomó el abogado Gerardo Ibáñez, que el año pasado logró en Mar del Plata la absolución del coronel Alejandro Duret y que en la causa ESMA defiende al coronel Roque Angel Martello.

dmartinez@pagina12.com.ar

miércoles, 13 de enero de 2010

Final de vacaciones para otro represor

Fue detenido Carlos Somoza, acusado por secuestros y asesinatos en el Operativo Murciélago

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer a Somoza, alias Segal, ex integrante de la Central de Reunión del Batallón 601. Estaba prófugo desde hacía seis meses y fue hallado en una casa en el oeste bonaerense.

Por Diego Martínez
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El juez Ariel Lijo dio la orden para detener al represor conocido como César Ernesto Segal.

Luego de treinta años impune y a seis meses de haberse escabullido de las narices de la Policía Federal, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron ayer a Carlos Eduardo Somoza, ex miembro de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, acusado de interrogar a secuestrados en los centros clandestinos Vesubio y Campo de Mayo. La investigación que permitió ubicarlo en una casa de Ituzaingó fue realizada por la SIDE a pedido del juez federal Ariel Lijo, quien pidió la captura del represor por su actuación en el Operativo Murciélago, el secuestro y asesinato de montoneros que ingresaron al país en 1980 en el marco de la “contraofensiva” contra la dictadura. Con la detención de ayer, son 39 los represores que continúan prófugos.

El ex miembro del Batallón 601 tiene apenas 56 años, se formó en Gendarmería y estudió la carrera de Fotointérprete en la Universidad del Salvador. Según declaró ante la Conadep el penitenciario Norberto Cendón, que hoy integra la lista de prófugos, Somoza era el apellido real del interrogador que se hacía llamar César Ernesto Segal, con los apodos de Gordo o Fito. Por los mismos alias lo recuerdan sobrevivientes de El Campito, el mayor centro de detención del país, en Campo de Mayo. La coincidencia de iniciales entre nombre real y de cobertura es una obligación impuesta por la ley de personal civil de la SIDE y los servicios de Fuerzas Armadas.

En la causa que instruye Lijo, que en 2007 condenó a Julio Simón y a ocho coroneles del Batallón 601, Segal figura como enviado asiduo a la “base San Pablo”, desde donde se habría coordinado el secuestro de Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock, trasladados a Campo de Mayo y desaparecidos. Segal o Fito también figura entre los interrogadores de la sobreviviente Silvia Tolchinsky en una de las cuevas que el servicio de inteligencia del Ejército tenía en inmediaciones de Campo de Mayo.

En octubre de 2007, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entregó un informe con los antecedentes de Somoza a Martín Suares Araujo, entonces juez federal de San Martín. El magistrado renunció catorce meses después sin haber ordenado la detención, que tampoco solicitó su reemplazante Juan Manuel Yalj. El principal testigo del paso de Somoza por Campo de Mayo, donde se especializó en interrogar a militantes de Montoneros, era Juan Carlos Scarpatti, quien lo identificó como El Gordo. Cacho Scarpa-tti murió en agosto de 2008, sin poder ver ni siquiera la primera condena a Riveros, Verplaetsen & Cía.

Somoza vivió hasta el 13 de julio pasado en Concordia 989, en el barrio porteño de Floresta. Tal como informó Página/12, se fugó con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que según el acta policial tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba y pedir instrucciones. Tras el chubasco, Lijo apartó a la Federal y encomendó la investigación a la SIDE. La semana pasada le informaron que el universo de búsqueda se había acotado a dos casas de Ituzaingó: Tabaré al 600 y Ollantay al 4500. Lijo ordenó allanarlas al mismo tiempo. El operativo, a cargo de la PSA, se concretó ayer a las 6.30. Los agentes encontraron a Somoza mientras dormía en la primera dirección, que pertenecería a una amiga de su esposa. Luego se negó a declarar ante Lijo y, por la tarde, fue trasladado al pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz.

Por los crímenes del Batallón 601 ya fueron condenados los coroneles Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Santiago Hoya (murió tres días después), Waldo Roldán, Juan Carlos Gualco, Carlos Fontana y Pascual Guerrieri. Todos gozan de arresto domiciliario excepto Fontana, en la Unidad 34 de Campo de Mayo, y Gualco, libre y en gestiones para ser declarado insano. Por la misma causa fueron procesados los civiles Julio Alberto Cirino (alias Jorge Contreras, miembro de la Fundación PensAR que nutrió de cuadros al PRO) y Jorge Oscar Baca (alias Juan Omar Boyé o Negro Boyé, secretario de Arias Duval), el teniente coronel Jorge Horacio Granada (a quien Luis Patti encubrió durante su primera etapa como prófugo) y el sargento Alfredo Omar Feito, alias Cacho o Speziale, que también actuó en la represión en Bahía Blanca. Procesados pero sin prisión preventiva están los militares Julián Marina y José Ramón Pereiro.

sábado, 9 de enero de 2010

Tres represores en el banquillo

Comenzó el juicio a los responsables de la Masacre de Palomitas

Los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche son juzgados por el fusilamiento de once presos políticos del penal salteño de Villa las Rosas. Por ese crimen hay otros cinco represores con prisión preventiva.

Por Diego Martínez
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Hugo César Espeche encabezó la comisión militar que retiró del penal a los presos posteriormente fusilados.

Al atardecer del 6 de julio de 1976, once presos políticos del penal salteño de Villa las Rosas fueron trasladados por oficiales del Ejército y fusilados a un costado de la Ruta 34, en un paraje conocido como Palomitas, departamento de General Güemes, a más de 30 kilómetros de la capital de Salta. El caso pasó a la historia como la Masacre de Palomitas. Esta semana, con más de un tercio de siglo de demora, la Justicia federal de Salta comenzó a juzgar por esos crímenes a los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche. Otros cinco represores ya están procesados con prisión preventiva. Como el juicio tramita por el viejo código de procedimientos penales, los testimonios se realizan a puertas cerradas y sólo se registran por escrito.

La Red de Derechos Humanos del NOA denunció la semana pasada “la llamativa morosidad de la Justicia federal” en Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, y destacó que a más de cinco años de la nulidad de las leyes de impunidad “los imputados siguen gozando de una siniestra impunidad”. Hasta el momento hubo un solo juicio, en Tucumán, que concluyó con las condenas de los célebres Menéndez & Bussi (el ex gobernador tucumano sigue gozando de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena). El segundo juicio comenzó el mes pasado, en Salta. Por el secuestro y la de-saparición del escribano Melitón Bustos, el Tribunal Oral Federal de Salta juzga a los militares Luis Angel Zirpolo, con arresto domiciliario en su casa de Tucumán, y Carlos Alberto Arias, en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El proceso se reiniciará recién el 3 de febrero.

El primer juicio por la Masacre de Palomitas, que instruye el juez federal Carlos Olivera Pastor, arrancó el miércoles con el testimonio de los coroneles Joaquín Cornejo Aleman y Guillermo Zuviría. Ambos fueron ofrecidos como testigos por el defensor del imputado Espeche, quien hasta abril gozó de arresto domiciliario en Comodoro Rivadavia, donde creó la firma de seguridad Espe SRL. El privilegio concluyó cuando trascendió que se movía con absoluta libertad. Según la información difundida por H.I.J.O.S. regional Salta, ambos militares aseguraron que el entonces capitán Espeche no tenía posibilidad de negarse a cumplir con la orden de trasladar a los presos desde el penal, que le había impartido el coronel Mulhall, entonces jefe de la Guarnición Militar Salta. Cornejo Aleman, que era segundo jefe del Regimiento de Caballería de Salta, declaró bajo juramento que el día del fusilamiento estaba en Buenos Aires y que se enteró por teléfono aunque no le brindaron detalles. “De eso no se hablaba”, admitió el militar, quien reconoció que es familiar de Pablo Outes, uno de los fusilados, y que nunca habló del hecho con la familia. El coronel Zuviría, amigo personal de Espeche, explicó que como jefe de una subunidad Espeche estaba obligado a acatar la orden superior.

La causa por la masacre se reabrió en 2002. En mayo de 2003 el juez federal Miguel Medina (investigado por el Consejo de la Magistratura por la demora en la instrucción) procesó a los tres militares que seis años después juzga el subrogante Olivera Pastor. Mulhall, que llegó a ser interventor de la provincia, fue el encargado de entregarle al juez federal de facto Ricardo Lona una nota con la versión oficial de la masacre: “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”. Gentil era el interventor de la policía y Espeche, quien encabezó la comisión militar que los retiró del penal. Según el informe de la Red de Derechos Humanos, hay otros cinco represores procesados por la masacre: Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil, Luis Donato Alvarez, Andrés del Valle Soraire y el condenado Menéndez.

Las causas por delitos de lesa humanidad en el NOA proseguirán el mes próximo con un nuevo juicio a Bussi, Menéndez y otros seis imputados por crímenes en la Jefatura de Policía de Tucumán. Aún sin fecha confirmada, también se realizaría en 2010 el juicio por la de-saparición del ex gobernador salteño Miguel Ragone, que también tiene entre los acusados a Menéndez, Mulhall, Gentil, Guil, y otros cuatro represores.