viernes, 27 de agosto de 2010

Patti, otra vez al hogar


Publicado (sin firma) en PáginaI12

Luis Abelardo Patti quema los últimos cartuchos en busca de impunidad. A un mes del inicio de su primer juicio por crímenes de lesa humanidad y ante un supuesto agravamiento de sus problemas neurológicos, el represor fue trasladado ayer desde la cárcel de Devoto hasta la clínica Fleni, en Escobar, donde pasó la mayor parte de 2010. “Su retorno al Fleni nos genera desconfianza y temores”, advirtió la abogada Ana Oberlin, de Hijos Rosario, quien recordó que “por personas que lo vieron internado supimos que sus condiciones físicas no eran las que reflejaban los informes médicos y que realizaba reuniones políticas en las que se analizaban alternativas para eludir el juicio”. Oberlin y el también abogado Pablo Llonto le solicitaron al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que el examen mental previo al juicio, previsto para la próxima semana, no quede en manos del cuestionado Cuerpo Médico Forense (CMF) y reclamaron que se dé intervención a especialistas de las facultades de Psicología y Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación Médica de Buenos Aires, que en abril encontraron lúcido y en condiciones de ser juzgado al coronel Manuel Saint Amant, a quien el CMF había declarado incapaz.

La estrategia de Alfredo Bisordi y Silvio Duarte para probar que Patti es incapaz de comprender y comunicarse, paso previo al reclamo de suspensión del juicio, rindió los primeros frutos en enero, cuando lograron la autorización para una operación de ligamentos cervicales. Durante la intervención Patti habría sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) que le permitió tomar distancia del penal de Marcos Paz, donde estaba detenido desde 2007, y pasar un semestre en el centro de rehabilitación de Escobar, que inauguró cuando era intendente y donde no se privó de sacarse fotos disfrazado de payaso.

Cuando los defensores de Patti empezaron a gestionar su arresto domiciliario, un perito de parte de los querellantes dictaminó que no era imprescindible el tratamiento indicado por los médicos de Fleni y describió al paciente como un burdo simulador. A principios de agosto los jueces Héctor Sagretti, Lucila Larrandart y Marta Milloc ordenaron su traslado al hospital del Servicio Penitenciario Federal en Villa Devoto. En la noche del viernes 13, cuando llevaba apenas 48 horas preso y mientras esposa y admiradores deambulaban por cuando medio les daba espacio denunciando la “violación de los derechos humanos” (sic) del torturador, sus abogados presentaron un hábeas corpus aduciendo un “agravamiento en las condiciones de detención”. No comía y tenía un cuadro depresivo, adujeron. El juez de instrucción Federico Salva rechazó el recurso, pero en una decisión atípica lo envió al Sanatorio Anchorena. Ayer el TOF de San Martín autorizó su regreso al centro de rehabilitación de Escobar y no al Hospital Penitenciario de Ezeiza, que según consta en la causa se encuentra acondicionado para el tratamiento que recibe Patti y sobre cuyos profesionales no pesan sospechas de parcialidad.

La próxima semana tendrá lugar el examen mental obligatorio para todo acusado por un delito cuya pena exceda los diez años de prisión. Tal como se preveía, los abogados de Patti solicitaron que se evalúe si el ACV de enero le produjo una “incapacidad sobreviniente” que permita excluirlo del proceso. Los abogados querellantes pidieron la intervención del Gabinete de Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Facultad de Medicina de la UBA y de la Asociación Médica de Buenos Aires.

Fundan la desconfianza en el Cuerpo Médico Forense en la intervención dispuesta por la Corte Suprema de Justicia por falta de controles e irregularidades, pero también en su actuación concreta en causas por delitos de lesa humanidad. En julio de 2008 peritos del CMF dictaminaron que el coronel Saint Amant no estaba en condiciones de defenderse. Veinte meses después, a pedido de Hijos Rosario, una pericia de psicólogos y médicos de la UBA sostuvo lo contrario: el mayor responsable de la represión ilegal en San Nicolás comprende hechos, pruebas, derechos, y puede defenderse si le place.

Oberlin y Llonto también llamaron la atención sobre un dato que surge del último dictamen del CMF sobre Patti. Los peritos aconsejaron realizar el tratamiento de recuperación en el centro Fleni o en el Instituto de Neurociencias Buenos Aires, Ineba. “Resulta llamativo y desde nuestro punto de vista una falta de ética que se aconseje dicha institución, ya que quien presidió la pericia, doctor Osvaldo Fustinoni, forma parte del staff, justamente a cargo del área de enfermedades cerebrovasculares.”

domingo, 22 de agosto de 2010

Un mes de changüí para Patti y Bignone


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El represor Luis Patti.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

El inicio del primer juicio oral y público al torturador Luis Patti, que debía comenzar el lunes 30 de agosto, se postergó en principio para el 27 de septiembre. La causa no pasa por “una serie de planteos presentados por la defensa de Patti”, como informó ayer la agencia de noticias del Poder Judicial, sino por los eternos problemas de los organismos competentes del Estado para conseguir salas acordes a la relevancia de los procesos. Familiares y allegados a las víctimas nucleados en la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, quienes caminaron el conurbano en busca de un auditorio, habían advertido el problema a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura, a los que reclaman comprar una sala para solucionar el tema con vistas a los próximos juicios por los crímenes en el mayor centro clandestino del país.

La falta de un espacio adecuado en los tribunales federales de San Martín se conoce desde hace más de un lustro, cuando se reabrieron las causas. El proceso por el caso de Floreal Avellaneda, el primero vinculado con Campo de Mayo, se realizó a partir de abril de 2009 en una sala del Poder Judicial de la provincia. El préstamo derivó en quejas de jueces y abogados, por lo que se descartó para futuros procesos. El segundo juicio, a Bignone, Riveros & Cía., se postergó en noviembre por dificultades para encontrar un auditorio. Hubo entonces quejas de querellantes y allegados a las víctimas, quienes debieron recorrer Zona Norte en busca de salas, y acusaciones cruzadas entre tribunal, Corte, Consejo y Ministerio de Justicia. El juicio se realizó finalmente en el gimnasio de una sociedad de fomento, que debió paralizar sus actividades durante meses y ahora no quiere volver a dejar a los pibes del barrio sin su cancha de fútbol.

Por la popularidad del ex intendente de Escobar, para el tercer juicio de Campo de Mayo se habló desde el comienzo de la necesidad de una sala amplia, para que familiares de víctimas y de represores puedan seguir las audiencias a prudente distancia. Miembros de las comisiones de Zona Norte y de Campo de Mayo –y una secretaria del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín durante sus días de franco– buscaron sin suerte durante semanas galpones en alquiler en Vicente López y San Isidro. El 5 de agosto les recordaron por carta a los miembros de la Corte que “a 25 días del comienzo del juicio al procesado Patti, el TOF-2 de San Martín carece de un lugar adecuado”. El miércoles 11, luego del acto en el que la Corte presentó su informe sobre el estado de los procesos, miembros de la Comisión Zona Norte junto con el abogado Pablo Llonto le plantearon personalmente el tema a Ricardo Lorenzetti, presidente del alto tribunal.

Esta semana trascendió que el tribunal que integran Lucila Larrandart, Marta Milloc y Horacio Sagretti dio con la sala adecuada: el anfiteatro del Centro Municipal Hugo del Carril, en José León Suárez, partido de San Martín. Pero recién cuando municipio y tribunal firmen el contrato de alquiler se comenzará a acondicionar para convertirla en sala de audiencias. El 27 de septiembre, siempre en teoría, arrancará el juicio, que además de Patti tendrá en el banquillo a los condenados Bignone y Santiago Riveros, y al ex comisario de Escobar, Juan Fernando Meneghini.

“Todos se comprometen de palabra, pero cada vez que empieza un juicio el problema se repite y las víctimas tienen que salir a mendigar salas. La solución de fondo es comprar un lugar adecuado”, destacó Llonto. El abogado recordó que el juicio a Patti debería terminar antes de fin de año y que ya hay otros dos procesos en condiciones de comenzar, que podrían postergarse si el Poder Judicial no soluciona definitivamente el problema.

jueves, 19 de agosto de 2010

Menéndez volvió a su casa

A pesar de sumar cuatro condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, Luciano Benjamín Menéndez fue beneficiado con la cárcel domiciliaria. La agrupación Hijos Córdoba realizó un escrache frente a la casa del represor.


Por Diego Martínez

La lentitud de la Cámara Nacional de Casación Penal para confirmar las sentencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad derivó ayer en la obtención del beneficio del arresto domiciliario para Luciano Benjamín Menéndez, quien suma cuatro condenas a prisión perpetua en el haber. El mayor asesino del norte argentino durante la última dictadura fue condenado en julio de 2008 a cumplir su sentencia en el penal de Bouwer, pero se benefició días después con una resolución de la Sala III de Casación, que ordenó postergar el cumplimiento efectivo de la medida hasta que el fallo quedara firme, paso que no dio durante los 25 meses posteriores. El retorno del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército a su chalet del barrio Bajo Palermo se produce mientras recrudecen las amenazas a querellantes, fiscales y militantes de derechos humanos.

Paradójicamente, Menéndez no pasó los últimos dos años en la cárcel por las condenas de los tribunales orales de Córdoba y Tucumán, sino por los procesamientos con prisión preventiva de jueces que instruyen causas en primera instancia. Ayer por la mañana, el Tribunal Oral Federal 1 recibió la notificación de la decisión del riojano Daniel Herrera Piedrabuena: el mismo juez que un año atrás decidió postergar la estadía de Menéndez en la cárcel, le otorgó finalmente el arresto hogareño en base a un diagnóstico médico de neumonía bilateral. Al mediodía, durante la audiencia del juicio que Menéndez comparte con el dictador Jorge Videla y 29 ex subordinados, el presidente del tribunal Jaime Díaz Gavier informó la habilitación para retornar al hogar cuando concluyera la jornada.

“El mayor asesino que conocieron las diez provincias que integraron el Tercer Cuerpo de Ejército vuelve a su casa. Ya aprendimos que el único camino que nos garantiza justicia es la organización del pueblo”, escribió minutos después Hijos Córdoba en su perfil de Facebook, para convocar a una marcha de repudio. Cuando concluyó el testimonio de Marcelo Gustavo Iturbe, otro ex preso político que detalló los padecimientos en la Unidad Penitenciaria 1, un centenar de personas se trasladó hasta la casa de Menéndez, custodiada por un imponente operativo a cargo de fuerzas de elite de la policía provincial. A las 20.18, tras recoger sus petates en el Hospital Militar, donde estaba internado desde el 2 de julio, el condenado volvió al barrio en un celular del Servicio Penitenciario Federal, que mañana a primera hora lo devolverá a la sala de audiencias.

“La Cámara de Casación es la gran responsable de que Menéndez vuelva a su casa. Su actitud es absolutamente funcional para que los represores de mayor rango mueran sin sentencia firme”, destacó Claudio Orosz, abogado de Hijos Córdoba. “Días después de la sentencia de 2008, sin entrar en el fondo del asunto, la Sala III ordenó que no se aplicara el punto que ordenaba el cumplimiento de la pena en la cárcel. Luego de esa resolución en tiempo record pasó más de dos años sin pronunciarse”, recordó Orosz. “En diciembre, cuando nos rechazaron el segundo pedido de pronto despacho, dijeron que habían pedido documentos al tribunal. Tres meses después nos enteramos que el tribunal no había recibido nada”, abundó.

La medida que beneficia a Menéndez se produce en un contexto de amenazas crecientes a sobrevivientes, familiares y querellantes: desconocidos que anuncian encomiendas y desaparecen, mensajes telefónicos con música durante horas. “Su hijo va a mirar los rabanitos desde abajo”, le advirtieron al padre de Orosz. La frase lleva la marca registrada de La Perla. La semana pasada, el ex comisario Carlos Yanicelli, torturador del Departamento de Informaciones (D2) que llegó a ser director de inteligencia criminal del gobernador Ramón Mestre, insultó a la fiscal Graciela López de Filoñuk, a quien acusó de “peinar testigos”. La acusación se convirtió ayer en volantes que circularon por tribunales.

Menéndez no es el único condenado beneficiado por las demoras de la Cámara de Casación para confirmar las sentencias. Circulan por las calles con impunidad, entre otros, el general Jorge Olivera Róvere, responsable de la represión en la ciudad de Buenos Aires durante 1976, y los brigadieres César Comes e Hipólito Rafael Mariani, condenados por crímenes en Mansión Seré. A cuatro años de los primeros juicios desde la reapertura de las causas existen sólo dos condenas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia: Julio Simón y Miguel Etchecolatz, ambos juzgados en 2006. Los otros 1462 represores imputados, procesados y/o condenados, son para el Poder Judicial técnicamente inocentes.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Miguel Angel Rovira: otro ex Triple A muere impune


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Publicado (sin firma) en PáginaI12.

A los 75 años, después de treinta meses preso en su casa de San Cristóbal pero formalmente inocente, léase impune, murió el ex suboficial Miguel Angel Rovira, el último de los jefes operativos conocidos de la Alianza Anticomunista Argentina. El ex custodio de José López Rega, ideólogo y líder de los grupos parapoliciales de ultraderecha que sembraron el país de muertes a mediados de los ’70, estaba imputado de una docena de crímenes, incluidos los del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el sobreviviente de la masacre de José León Suárez Julio Troxler y el profesor Silvio Frondizi. Reabierta hace cuatro años, la causa que según el pedido del fiscal federal Eduardo Taiano debe investigar a los responsables de 628 asesinatos continúa paralizada en manos del juez Norberto Oyarbide.

“Un ex policía con veintisiete muertes en el haber y adornado con cuanta esvástica encontrara”. Así definió a Rovira uno de sus ex compañeros, el arrepentido Salvador Horacio Paino, en su libro autobiográfico Historia de la Triple A. Igual que Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón Sena, Rovira aprendió el oficio en la subsección Vigilancia General de Robos y Hurtos de la Policía Federal. A mediados de los ’60, los tres fueron expulsados de la fuerza; en 1973 fueron reincorporados y ascendidos por decreto presidencial. Rovira alternó entre las custodias de López Rega y de Isabel Martínez de Perón; hasta que el ex ministro de Bienestar Social cayó en desgracia participó en un número incalculable de crímenes, siempre con el sello de la Triple A.

Rovira volvió a ser noticia en 2001, tres meses antes de que el país estallara y Fernando de la Rúa huyera en helicóptero. Con murgas de fondo, cerca de trescientos manifestantes convocados por la agrupación Hijos y vecinos de San Cristóbal participaron de un escrache frente a su casa de Pasco 1032. Rovira era entonces jefe de seguridad de la empresa Metrovías.

A fines de 2005, el fiscal Taiano solicitó por primera vez la reapertura de la causa Triple A y la captura de Rovira, entre otros. Un año más tarde, después de que el diario español El Mundo publicara que Almirón vivía en las afueras de Valencia, Oyarbide aceptó la solicitud. El magistrado calificó los asesinatos cometidos al amparo del Estado como crímenes de lesa humanidad y pidió la extradición de Almirón, concretada en marzo de 2008. El juez ordenó su detención en el penal de Marcos Paz y más tarde en su casa. Declarado insano por el Cuerpo Médico Forense, Almirón murió impune en 2009.

El ex comisario Morales también fue detenido tras una investigación periodística: fue fotografiado tomando aire, en el balcón de su departamento en Carranza 2336. Llegó a ser indagado pero murió con arresto domiciliario siete meses después, a los 88 años, en agosto de 2007. Felipe Romeo, director de El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A, salió del país luego de que Página/12 revelara que vivía en Buenos Aires reciclado como restaurador de edificios. Estuvo dos años prófugo, hasta que sus seres queridos lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso.

Rovira se entregó a la Justicia en enero de 2007. Oyarbide lo procesó y le prorrogó varias veces la prisión preventiva domiciliaria. En marzo de 2008, la Cámara Federal confirmó que los crímenes de la Triple A eran delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. En diciembre de aquel año Taiano reclamó ampliar la investigación a 628 asesinatos y 40 amenazas de muerte. Hace dos meses, la Sala I de la Cámara Federal declaró la nulidad de la última prórroga del arresto de Rovira, criticó la “inexplicable pasividad” de Oyarbide y la “virtual parálisis del sumario”. Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero resaltaron que el fiscal Taiano llegó a pedir cerca de ochenta medidas probatorias y setenta declaraciones testimoniales, en tanto el juez apenas había concretado dos audiencias.

Miguel Angel Rovira murió de un aneurisma el 23 de julio pasado. La noticia se conoció ayer.

sábado, 7 de agosto de 2010

Patti, otra vez en la mira

Reabren la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi
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El comisario Luis Abelardo Patti está preso por la causa que investiga el asesinato de Gastón Goncalves.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

A veintisiete años de los crímenes y a cinco del pedido original del fiscal federal Juan Patricio Murray, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, reabrió la causa por los secuestros, torturas y asesinatos, en 1983, de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Fue uno de los últimos crímenes con el sello del terrorismo de Estado: secuestro y tormentos a cargo de militares y civiles de inteligencia del Ejército, asesinato en enfrentamiento fraguado por policías bonaerenses, incluido Luis Abelardo Patti, que ese mismo año pasó varios meses preso. La reapertura de la causa implica que rendirán cuentas desde los fusiladores hasta el condenado Reynaldo Bignone.

Cambiasso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. Un comunicado del Ministerio del Interior y la Policía Bonaerense informó que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, el ahora condenado Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos de las víctimas modificó el escenario: estableció que antes de morir habían sido golpeados, torturados con picana eléctrica, atados con cuerdas, y que los disparos mortales habían sido a quemarropa.

El juez Juan Carlos Marchetti dictó la prisión preventiva de los policías, pero luego cambió de posición y los sobreseyó. Pese a las evidencias, consideró que no estaba probada la relación entre el secuestro y los asesinatos. Las víctimas bien podían haberse fugado después de la sesión de picana, robado un vehículo, armas y marchado hacia Zárate, donde tuvieron la mala suerte de toparse con Patti, que en legítima defensa los acribilló a balazos. El 4 de noviembre de 1983 la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En marzo de 2005, tras la anulación de las leyes de impunidad, el fiscal Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Luego se sumaron al reclamo familiares de Cambiaso y Pereyra Rossi patrocinados por los abogados de H.I.J.O.S. regional Rosario. La investigación del fiscal sugiere que al momento de los crímenes, luego del “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos y encomendó al “juicio divino” el análisis de la represión ilegal, los servicios de inteligencia estaban diagramando y ejecutando operaciones para enrarecer el clima político, con la esperanza de suspender el llamado a elecciones o bien condicionar la política del futuro gobierno sobre los crímenes de la dictadura.

A partir del estudio de la causa, el fiscal observó la pretensión de ocultar los rastros de torturas y de disparos a quemarropa. Adjudicó el trabajo a los policías bonaerenses, que instruyeron la causa bajo la dirección del juez Luis Milesi (suboficial del Ejército devenido juez con el golpe de Estado) y luego del juez Marchetti. Entre quienes no pudieron desconocer el operativo señaló a los jefes de los Cuerpo I y II, generales Juan Carlos Trimarco y Eduardo Espósito, al jefe de policía, Verplaetsen, al jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, y al dictador Bignone. Murray también desmenuzó la actuación de Marchetti y sostuvo que el sobreseimiento tras la prisión preventiva era “inexplicable desde el punto de vista jurídico” (Marchetti es quien como juez de Menores falseó en 1977 un expediente de adopción para entregar en guarda a Manuel Goncalvez a personas de su confianza, delito por el que lo sobreseyó Villafuerte Ruzo y sobre el que debe pronunciarse la Cámara Federal de Rosario).

Al margen de las irregularidades, Villafuerte Ruzo asignó especial importancia a la nueva prueba aportada dos años atrás por Eduardo Constanzo, ex personal civil de inteligencia (PCI) del Destacamento 121 condenado en abril a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de Rosario. En declaraciones judiciales y ante la prensa, Constanzo relató que el seguimiento de Cambiasso estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, otro PCI que luego se encargó de interrogarlos “en el camioncito Mercedes Benz 608”. “Lo del bar Magnum lo hacen (Víctor “Chuli”) Rodríguez, (Pascual) Guerrieri y toda la patota, que la integraba también el Gato (Edgardo) Andrada, arquero de Central”, recordó. Entre quienes llevaron a los secuestrados hasta el camino rural cercano a la localidad de Lima mencionó a Ariel Porra, alias Puma, y a “Filtro, alias Sebastián, que es el yerno del coronel (Edgardo Juvenal) Pozzi”.

Del trabajo final se encargó Patti.