viernes, 24 de diciembre de 2010

Un año histórico

Publicado en Será Justicia/20, diario del juicio a Videla, Menéndez & Cía.

Por Diego Martínez

La condena a Videla cierra un año histórico para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia: 17 sentencias, 110 condenas, nueve absoluciones, ocho procesos en curso. Hubo juicios con imputados aislados pero también procesos acordes a la magnitud del terrorismo de Estado: 31 acusados en Córdoba, 17 por Atlético-Banco-Olimpo, 14 en La Plata. Creció la base de la pirámide (ochocientos procesados van camino al juicio oral) y la capacidad del Estado para superar obstáculos en tierras hostiles, como Mendoza, donde los operadores de la impunidad debieron quitarse las togas para defenderse.

Los tiempos del Poder Judicial siguen siendo un problema. Desde que una causa llega al tribunal oral hasta que comienza el juicio transcurren entre uno y tres años. Según el CELS hay 1.095 imputados que no fueron sometidos a juicio. De los represores identificados que no murieron o no fueron declarados insanos apenas el diez por ciento tuvo su sentencia en el último lustro. Al ritmo actual y aún si no se identificara a nuevos imputados habría juicios hasta 2020. Una década es una eternidad para quienes piden justicia desde hace treinta años y una garantía de impunidad para los verdugos. Según la Procuración General de la Nación el 42 por ciento del medio millar de procesados con prisión preventiva tiene más de setenta años. En 2010, según registros del CELS, murieron treinta imputados. Massera con una condena añeja. Adel Vilas, precursor del terrorismo de Estado, bien lejos de la cárcel. Murieron impunes el ex fiscal Carlos Flores Leyes, el ex juez Guillermo Madueño y Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia de Bahía Blanca.

Las demoras también rinden frutos luego de las condenas. Según el CELS sólo tres de cuarenta sentencias fueron confirmadas por la Corte y apenas ocho tienen el visto bueno de Casación. Que no queden firmes beneficia a condenados que pagaron altas sumas para evitar la cárcel: Jorge Olivera Róvere, dueño de vidas y muertes en Buenos Aires, los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, jefes de Mansión Seré, o el coronel Bernardo Menéndez, que además de seguir libre defiende a camaradas en desgracia.

Otro obstáculo creciente son las excarcelaciones. El porcentaje de procesados con prisión preventiva disminuyó el último año, según la Procuración, del 70 al 57 por ciento. De ese universo el 56 por ciento está en una cárcel y el 37 en su casa. La Corte Suprema tomó argumentos del Ministerio Público y ordenó a tribunales inferiores, con Casación a la cabeza, analizar con rigor los riesgos procesales antes de conceder excarcelaciones automáticas.

Números al margen, otro triunfo del año fue el compromiso de la dirigencia política con los juicios a genocidas. Las esperanzas de que una catástrofe política derivada de la derrota del oficialismo en las parlamentarias de 2009 permitiera torcer el rumbo en 2011 se esfumaron hasta desaparecer. Todos los partidos con representación parlamentaria ratificaron que los juicios son una política de Estado.

El camino está trazado y el rumbo es irreversible. El desafío es acelerar los tiempos.



Condenas y absoluciones de 2010.:

1. Santa Fe 12-4-10 (1-0): Horacio Barcos.

2. Salta, caso Melitón Bustos 13-4-10 (2-0): Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo.

3. Rosario, Quinta de Funes 15-4-10 (5-0): Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Eduardo Constanzo y Walter Pagano.

4. San Martín, Campo de Mayo II, 20-4-10 (6-1): Reynaldo Bignone, Santiago Riveros, Fernando Verplaetsen, Carlos Tepedino, Jorge Osvaldo García y Eugenio Guañabens Perelló. Absuelto Germán Montenegro.

5. Mar del Plata 9-6-10 (1-0): Gregorio Molina.

6. Tucumán, Jefatura de Policía 8-7-10 (4-0): Luciano Menéndez, Roberto Albornoz, Armando y Carlos De Cándido.

7. Santa Fe, caso Alicia López 13-8-10 (1-0): Mario Facino.

8. La Rioja, caso Villafañe 13-9-10 (1-0): José Rodríguez.

9. La Plata, U9 13-10-10 (14-0): Abel Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Raúl Aníbal Rebaynera, Catalino Morel, Ramón Fernández, Elvio Cosso, Jorge Luis Peratta, Leandro Corsi, Carlos Jurio, Luis Domingo Favole, Segundo Andrés Basualdo, Héctor Acuña y Valentín Romero.

10. Santiago del Estero, caso Kamenetzky 1-11-10 (3-0): Musa Azar Curi, Ramiro del Valle López Velloso y Miguel Tomás Garbi.

11. Mendoza, San Rafael 17-11-12 (4-0): Aníbal Guevara Molina, Raúl Soppe, Juan Labarta y Raúl Egea.

12. La Pampa 17-11-10 (9-0): Néstor Greppi, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Néstor Cenizo, Athos Reta, Oscar Yorio y Hugo Marenchino.

13. Chaco, Brigada de Investigaciones, 13-12-10 (12-0): Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Lucio Caballero, José Marín, Ramón Meza, Oscar Galarza, Francisco Alvarez, Rubén Roldán, José Tadeo Luis Bettolli, Luis Patetta, Enzo Breard y Ramón Gandola.

14. Primer Cuerpo de Ejército, Atlético--Banco--Olimpo 21-12-10 (16-1): Juan Carlos Avena, Oscar Augusto Rolón, Luis Juan Donocik, Eduardo Emilio Kalinec, Eufemio Jorge Uballes, Raúl González, Julio Héctor Simón, Samuel Miara, Eugenio Pereyra Apestegui, Guillermo Víctor Cardozo, Roberto Antonio Rosa, Enrique José Del Pino, Raúl Antonio Guglielminetti, Carlos Alberto Roque Tepedino, Ricardo Taddei y Mario Alberto Gómez Arenas. Fue absuelto Juan Carlos Falcón.

15. Mar del Plata, Base Naval 21-12-10 (3-0): Alfredo Arrillaga, Roberto Pertusio y Justo Ortiz.

16. Salta, Masacre de Palomitas, 21-12-10 (3-0): Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche.

17. Córdoba, UP1, 22-12-10 (24-7): Jorge Rafael Videla, Luciano Menéndez, Vicente Meli,Víctor Pino Cano, Emilio Juan Huber, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Ángel Pérez, Gustavo Adolfo Alsina, Carlos Hibar Pérez, Mauricio Carlos Poncet, Jorge González Navarro, Raúl Eduardo Fierro, Marcelo Luna, Calixto Luis Flores, Yamil Jabour, Alberto Luis Lucero, Carlos Alfredo Yanicelli, Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Gómez, Hermes Oscar Rodríguez, José Eugenio San Julián, Fernando Martín Rocha y Mirta Graciela Anton. Fueron absueltos Osvaldo César Quiroga, Luis David Merlo, Luis Alberto Rodríguez, Ricardo Cayetano Rocha, Gustavo Rodolfo Salgado, Francisco Pablo Daloia y José Antonio Paredes.

18. El martes 28-12-10 a las 13 el TOF5 de San Martín dictará sentencia contra Luis José Ricchiutti y Elida Hermann por la apropiación ilegal de la hija de Antonio Domingo García y Beatriz Recchia.


“La Justicia no escapó a la complicidad”

JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE CONDENO A JORGE RAFAEL VIDELA Y A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ

“Me pareció un momento de gran significación histórica”, reveló a Página/12 el juez del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba sobre el momento en que él mismo leía el fallo con el que se condenó a Videla y a Luciano Benjamín Menéndez.

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Jaime Díaz Gavier, presidente del Tribunal Oral Federal de Córdoba.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

Jaime Díaz Gavier tuvo en 2008 la responsabilidad histórica de presidir el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez, símbolo máximo del terrorismo de Estado en Córdoba. El miércoles, siempre ayastrando la erre y mirando a los ojos, el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua al dictador Jorge Rafael Videla, que no escuchaba una sentencia desde hace 25 años. “Pero no tengo predilección por juzgar a nadie. El privilegio es en todo caso profesional, por el interés histórico que tienen estas causas”, confiesa. Mientras se prepara para encabezar el cuarto proceso por delitos de lesa humanidad de la provincia, por crímenes en el centro clandestino La Perla, Díaz Gavier confía en que también llegará a los estrados la complicidad del Poder Judicial con el terrorismo de Estado.

–¿Qué pensaba mientras leía la condena y miraba a Videla?

–Sinceramente me pareció un momento de gran significación histórica, se estaban esclareciendo y determinando responsabilidades en hechos dramáticos de nuestra historia. Más allá de que juzgamos casos de la Unidad Penitenciaria y de la policía provincial, en realidad son una muestra de tantos que ocurrieron en el país. Lo de mirar a los ojos lo he hecho siempre como muestra de respeto hacia la persona sobre la que estoy disponiendo. No mirar sería una muestra de indiferencia.

–Hace dos años le tocó condenar por primera vez a Menéndez; ahora a Videla, símbolo máximo de la dictadura. ¿Lo vive como un privilegio?

–No. En todo caso puede ser un privilegio estrictamente profesional por el interés histórico que tienen estas causas. El privilegio pasa por tener la oportunidad de participar, de recibir los testimonios de quienes vivieron un período tan trágico. Pero no tengo predilección o interés particular en juzgar a nadie, y mucho menos interés de figuración. Usted sabe que en la judicatura hay un tema de protagonismo insatisfecho, búsquedas de figuración, sobreactuaciones, le diría que de casi todos los actores procesales vinculados con estos juicios. Creo que hay que ser profesional, aplicar la ley con las convicciones que cada uno tiene en base a las pruebas, tal como se recibieron en las audiencias.

–En el juicio se ventilaron pruebas sobre la complicidad de magistrados con delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se viven esas acusaciones desde adentro del Poder Judicial?

–Por el tipo de hechos, por tratarse de presos legales –por decirlo de alguna manera– a disposición de jueces y del Poder Ejecutivo, evidentemente hubo un nivel de compromiso de la Justicia de la época, igual que lo hubo en sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica y de la sociedad civil que, como mínimo, miraron para otro lado. Ciertamente, la Justicia no escapó a una suerte de complicidad o por lo menos omisión en el cumplimiento de lo que debieron ser sus deberes.

–¿Es optimista en que llegará a juicio la complicidad judicial?

–Sí, a partir de distintas revelaciones se trasladaron las denuncias y se está investigando. Creo que efectivamente en algún momento se determinará la elevación a juicio de estas causas y tendremos que abocarnos.

–¿Podría darse la paradoja de tener que juzgar al doctor Carlos Otero Alvarez, que participó del primer juicio a Menéndez?

–Podría darse, pero en ese caso tendría que apartarme porque estoy vinculado por lazos de afecto, compartimos quince años en la magistratura. Debo decirle, sin que signifique adelanto de opinión, que Otero Alvarez era secretario y su función era ser signatario, certificar con su firma, por lo que la responsabilidad estaría muy acotada. No puedo adelantar más porque podría tener que analizar situaciones similares.

–¿Cómo se explica que siete imputados, que dos instancias judiciales consideraron culpables, terminaron absueltos? ¿Es tan diferente la evaluación de la prueba?

–Para nuestro sistema procesal, en el caso de la instrucción y la Cámara basta con la probabilidad para procesar. En la etapa de juicio no se puede condenar por probabilidad, las pruebas deben incriminar. Cuando se llega al punto en que la atribución de responsabilidades se bifurca y hay una duda jurídica razonable, el juez no puede condenar, la ley lo prohíbe. Siempre es mejor que quede libre un culpable y no preso un inocente.

–¿Es el caso de Osvaldo Quiroga, que firmó el retiro de tres presos que terminaron fusilados?

–Es el caso más notorio, el de Vaca Narvaja, Toranzo y De Breuil, hombres emblemáticos de las organizaciones llamadas entonces subversivas. Como tribunal no pudimos superar el estado de duda sobre la participación de esta persona. Igual el hecho no quedó impune, fueron condenados Videla, Menéndez, el coronel Meli y los jefes de secciones del Estado Mayor. Lo que no pudimos determinar con certeza fueron los autores materiales.

–Durante el juicio hubo amenazas a querellantes y testigos. ¿También a jueces?

–No, honestamente no recibí amenazas ni presiones. Sí las hubo después de las sentencias anteriores, alguna llamada telefónica.

–¿Tuvo protección durante el juicio?

–No, es una actitud personal que tengo desde siempre. No tengo, ni me interesa. Prefiero moverme sin un testigo permanente al lado.

–Varios policías imputados, como Carlos Yanicelli, ocuparon altos cargos hasta mediados de los ’90. ¿Qué tan depurada está la policía de Córdoba?

–Hasta 1997, la administración radical tenía a policías ahora condenados en la más alta jerarquía del escalafón. Seguramente subyacen en la policía, como en otros estamentos, sectores autoritarios y partidarios de gobiernos dictatoriales, pero en términos generales me parece que tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas hay una formación con criterios mucho más democráticos.

–Córdoba es una de las jurisdicciones que más avanzó en juzgar delitos de lesa humanidad, aunque hay todavía varios juicios pendientes, incluso el mayor, por La Perla. ¿Cuánto tiempo prevé que durarán los procesos?

–El juicio de La Perla está elevado en mi tribunal, seguro que empieza antes de mediados de año y será un proceso enorme, de por lo menos un año. Hay otras causas pendientes, por lo que estimo que habrá por lo menos un par de años más de juicios.

jueves, 23 de diciembre de 2010

Tres coroneles con perpetua

Fueron condenados en Salta por la Masacre de Palomitas

Los militares retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche recibieron la pena de prisión perpetua por el fusilamiento de once presos políticos ocurrido en 6 de julio de 1976.

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Los organismos de derechos humanos celebraron las condenas en la causa, que tiene otros seis procesados.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

A ocho años de la reapertura de la causa y a doce meses desde el comienzo del juicio, el juez federal jujeño Carlos Olivera Pastor condenó a la pena de prisión perpetua a los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche, por su actuación en la Masacre de Palomitas, como pasó a la historia el fusilamiento de once presos políticos ocurrido en Salta el 6 de julio de 1976. A diferencia de las otras tres sentencias de esta semana, el juicio tramitó por el viejo Código de Procedimientos Penales, por lo que acusadores y condenados fueron notificados en sus domicilios el martes a la noche. Olivera Pastor, que se tomó hasta el último minuto de los cuatro meses de plazo que le otorgó para fallar la Cámara Federal de Salta, deberá decidir ahora el modo de cumplimiento de la condena por parte de Mulhall, de 81 años, y de Gentil, de 80, ambos con arresto domiciliario. En el caso de Espeche, de 65, excarcelado a mediados de 2010 por la prolongación de su prisión preventiva, ya ordenó su inmediata detención.

Al atardecer del 6 de julio de 1976, once presos políticos del penal de Villa Las Rosas fueron trasladados por oficiales del Ejército y fusilados a un costado de la ruta 34, en un paraje conocido como Palomitas, en el Departamento de General Güemes, a más de treinta kilómetros de la capital de Salta. “Con el fin de lograr mayor eficacia e impunidad en el operativo, que tendría como fin la muerte de las once personas, Mulhall en forma coordinada con sus consortes de causa implementaron operativos que les permitieran conseguir el objetivo buscado”, escribió el juez en su sentencia y precisó los roles de los condenados. “Quien ordenó el retiro desde el penal de Villa Las Rosas de las once víctimas y de los hechos que sucedieron después fue el jefe de la Guarnición Ejército Salta y jefe del área militar 322, coronel Mulhall. Quien intervino en todo momento, desde la elaboración del ilícito plan hasta la ejecución, dando las órdenes al personal de su dependencia para el cumplimiento del rol asignado, fue el jefe de la policía de Salta, teniente coronel Gentil. Quien ejecutó el retiro ordenado y el traslado de las víctimas hasta Palomitas fue Espeche. A los dos primeros les cabe responsabilidad en el ilícito cometido como autores mediatos, al último como partícipe necesario”, distinguió.

“Es una condena histórica que corona el esfuerzo y el trabajo intenso de ocho años”, resumió la abogada Tania Kiriaco, querellante que representa a familiares de víctimas y a la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Salta. “Es una causa que iniciamos con el doctor David Leiva (abogado del Encuentro por Memoria, Verdad y Justicia) en 2002, cuando aún regían las leyes de impunidad, y fue la primera del país en la que un tribunal, la Cámara Federal de Salta, dictó la nulidad de la obediencia debida y el punto final”, destacó Kiriaco, también querellante junto a Leiva en el juicio que concluyó en abril con las condenas a Carlos Arias y Luis Angel Zírpolo por el asesinato del escribano Melitón Bustos.

La causa de la masacre tuvo un trajinar repleto de obstáculos. El juez federal Miguel Medina procesó a los tres militares en mayo de 2003, pero se inhibió tras la incorporación a la lista de imputados del entonces juez Ricardo Lona, que en 1976 había recibido de manos de Mulhall la versión oficial de la masacre, que se negó a investigar: “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”, sostenía el escrito.

Ante las excusaciones de toda la corporación judicial salteña por su amistad manifiesta con Lona, la instrucción de la investigación se trasladó a Jujuy. Como la investigación se realizaba según el nuevo Código de Procedimientos, las defensas plantearon que debía regir el código vigente al momento de los hechos. La discusión jurídica en distintas instancias consumió varios años, hasta que la Cámara de Casación Penal que entonces integraba Alfredo Bisordi (hoy defensor de Luis Patti y otros represores) les dio la razón a los imputados y anuló la mayor parte del proceso, que prácticamente debió comenzar de cero.

Más tarde, la Cámara Federal de Salta resolvió que el juicio debía estar a cargo de un juez distinto del de la instrucción y asignó la causa a Olivera Pastor, secretario de un juzgado y a quien los querellantes nunca llegaron a conocerle la cara. Ante un pedido de pronto despacho de los querellantes y del fiscal jujeño Ricardo Batule, la Cámara Federal de Salta le dio un ultimátum de cuatro meses, que Olivera Pastor exprimió al máximo. La causa de la masacre tiene otros seis procesados con prisión preventiva en condiciones de recibir sentencia. Se trata del ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Menéndez, que ayer consiguió su quinta condena a perpetua, y de los militares Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil, Luis Donato Alvarez, Andrés del Valle Soraire y Ubaldo Vujovich, todos con arresto domiciliario.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Tres marinos con condena

JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN LA BASE NAVAL DE MAR DEL PLATA

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, al contraalmirante Roberto Luis Pertusio y al capitán de navío Justo Alberto Ignacio Ortiz, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino que funcionó en la base naval de la ciudad. Se trata de la primera condena a dos oficiales superiores de la Armada desde el juicio a los ex comandantes, en 1985. Los represores gozarán del beneficio de la prisión preventiva domiciliaria al menos hasta el 18 de febrero, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia.

“Este fallo se lo debemos a las Madres, a las Abuelas, a las víctimas y familiares que estuvieron presentes e impulsando este juicio desde el comienzo –destacó el abogado Alejo Ramos Padilla, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense–. Es además una demostración de que poco a poco la Justicia está asumiendo la responsabilidad histórica frente a los más graves delitos de los que fue víctima nuestro pueblo.”

“El fallo deja en claro que Arrillaga, como jefe de operaciones e inteligencia, fue el responsable de coordinar la represión ilegal en toda la subzona militar 15, y que la Armada estuvo bajo las órdenes del Ejército”, destacó Marcelo Núñez, de Hijos Mar del Plata. “Esta sentencia ratifica que la absolución del coronel (Alejandro) Duret fue una decisión política”, agregó. La frase alude a la decisión de los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, tras la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias de 2009, en beneficio del oficial de inteligencia identificado a la cabeza del grupo que llevó a Carlos Labolita encapuchado y torturado a allanar la casa familiar antes de desaparecer. La Cámara de Casación estudia desde hace meses la apelación a ese fallo, que votó en disidencia Carlos Rozansky. La condena de ayer la firmaron Jarazo, Esmoris y Jorge Michelli, miembros del TOF-2 platense, subrogantes en Mar del Plata por la recusación de quienes actuaron en el Juicio por la Verdad.

Los imputados llegaron al tribunal a las 7.30 acompañados por agentes del Servicio Penitenciario Federal. La audiencia prevista para las últimas palabras arrancó con casi una hora de demora. Ante una sala colmada por más de setenta personas (el tribunal no permitió asistentes parados), Pertusio y Ortiz aseguraron que no tuvieron ninguna relación con el terrorismo de Estado. Ortiz, que encabezaba la Fuerza de Tareas 6, se definió como un “hombre ético”. El general Arrillaga, que volvió a torturar y matar tras el copamiento del Regimiento de La Tablada en 1989, prefirió mantenerse en silencio.

A las 13.45, luego del cuarto intermedio y la demora reglamentaria, Jarazo comenzó a leer el fallo. Esta vez la prensa no pudo ingresar en la sala. Sólo lo escucharon en vivo las partes y un puñado de familiares de víctimas. Excepto un marino de apellido Ponce, que asistió a los camaradas durante todo el juicio, no hubo allegados a los represores. Medio millar de personas debió escuchar la sentencia desde la calle, sobre la avenida Luro, con el tránsito cortado desde primera hora.

La primera condena fue para Pertusio, que dirigía la Fuerza de Submarinos e integraba la FT6. “Prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua”, leyó el presidente del tribunal. El marino fue condenado por secuestros, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos y los homicidios calificados de Delia Garaguzo y Tristán Roldán, secuestrados el 18 de septiembre de 1976. Dos días después la patota volvió a desvalijar la casa y el entonces capitán de fragata Pertusio le dejó al padre de Roldán una copia del acta del procedimiento, que 34 años después le valió la condena también por hurto agravado.

Ortiz recibió la misma pena, en su caso por ocho privaciones ilegales de la libertad y tormentos, más los homicidios agravados de Garaguzo, Roldán, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri y Liliana Retegui. Arrillaga fue condenado por los secuestros y asesinatos de Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, y las torturas al primero. Todas las víctimas por las que fueron condenados permanecen desaparecidas. El tribunal tomó nota del pedido de querellantes y fiscales de revocar los arrestos domiciliarios, pero postergó un pronunciamiento sobre el tema al menos hasta la lectura de los fundamentos. Los condenados se retiraron en un camión celular de la Policía Federal y seguirán en sus casas: Pertusio en Olivos, Arrillaga en Capital Federal, Ortiz alquilando sus cabañas en Merlo, San Luis.

La de ayer fue la tercera condena a represores en Mar del Plata. En julio de 2009, por el secuestro, las torturas y el homicidio de Labolita, fue condenado a prisión perpetua el general Pedro Pablo Mansilla y absuelto el coronel Duret. En junio de este año fue condenado a prisión perpetua Gregorio Rafael Molina, suboficial de la Fuerza Aérea, torturador y violador en el centro clandestino La Cueva, en la base aérea local. En 2011 está previsto un juicio por los casos de La Cueva y de la comisaría 4ª, y más tarde el segundo juicio por crímenes en la base naval.

jueves, 9 de diciembre de 2010

Con el apropiador en el banquillo

El juicio a Omar Alonso por la sustracción de la hija de dos víctimas de la dictadura

En La Plata comenzó el proceso a Alonso por la sustitución de identidad de la hija de dos militantes de Montoneros. También está acusado el capitán de navío retirado Juan Carlos Herzberg.

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Omar Alonso declaró que Herzberg le entregó a la niña.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo recibió la primera denuncia contra Omar Alonso por la apropiación de una niña durante la dictadura. El comerciante y tanguero platense burló a la Justicia en democracia, cuando se fugó al Paraguay, y fue procesado recién en 2007, al comprobarse que la mujer a quien llamó María Natalia es hija de Mario César Suárez Nelson y María Elena Corvalán, víctimas del terrorismo de Estado. El lunes pasado, con el apropiador preso en su casa gracias a sus 70 años, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgarlo por sustitución de identidad, sustracción, retención y ocultamiento de una menor de diez años y falsificación de documentos públicos. Lo acompaña el capitán de navío retirado Juan Carlos Herzberg, que según Alonso fue quien le entregó a la niña.

Suárez Nelson fue asesinado el 10 de junio de 1977 mientras se resistía a ser secuestrado por la Armada junto con su compañera, con quien militaba en Montoneros. Según el comunicado oficial, un ocupante de la vivienda fue “abatido” y “el otro, de sexo femenino, logró eludir el cerco”. María Elena pudo escapar a las balas, no al secuestro: con un embarazo de casi ocho meses, fue trasladada al centro clandestino La Cacha. A fines de junio la sacaron para dar a luz, presumiblemente en la cárcel de Olmos. De vuelta en La Cacha, sus compañeros supieron que había tenido una niña a quien llamó Lucía. En esos días, una partera llamó a su hermana para avisarle del nacimiento. El 8 de agosto, Herzberg le entregó la niña a Alonso y su esposa, María Luján Di Mattía, que la inscribieron como hija biológica, con un certificado de nacimiento que suscribió el médico Francisco Antonio Bosia. El marino sería luego padrino de bautismo.

La causa se inició en 1985. Alonso y Sra. inventaron una historia sobre el nacimiento y se opusieron a las pericias genéticas. En 1986, igual que otros apropiadores como Samuel Miara o Norberto Bianco, se refugiaron en el Paraguay de Alfredo Stroessner. Alonso fue detenido en 1993, durante una visita a La Plata, pero fue sobreseído por “no hallarse probado el cuerpo del delito”. Su esposa fue extraditada en 1996, estuvo detenida pero fue liberada. Pese a que se había probado que ella nunca estuvo embarazada, el juez provincial Juan Carlos Bruni decidió absolverlos.

Abuelas insistió hasta lograr reabrir la causa. En 2005, el juez federal Arnaldo Corazza ordenó allanar la casa de la mujer apropiada, que ya tenía 28 años, para extraer muestras de ADN de objetos personales. El 1o de junio de 2006, a través de un estudio del Banco Nacional de Datos Genéticos, María Natalia conoció su identidad. Fue el primer caso en el que un hijo de desaparecidos supo quiénes eran sus padres sin someterse a una extracción de sangre. La confirmación obligó a revisar la absolución. En 2007, Corazza procesó a Alonso y, en 2008, a Herzberg –el ex comandante de la Fuerza de Tareas 5 o “Agrupación Río Santiago”, jefe de los marinos que actuaron en La Plata, Berisso y Ensenada, goza de arresto domiciliario en Luis María Campos 1419, 16º A–.

Di Mattía fue indagada recién el 22 de abril último. El juez le dictó falta de mérito, Abuelas apeló la decisión. El médico Bosia todavía no fue citado a indagatoria.

Alonso declaró en la primera audiencia. Herzberg le dijo que la niña “era de la hija de un superior que no podía tenerla”, aseguró. El marino prefirió no hablar. María Natalia, como testigo, recordó que el apropiador le escondía las citaciones judiciales. Una pareja de Alonso le dijo que había nacido de una relación extramatrimonial y que su madre había muerto de cáncer, versión que Alonso le confirmó. “Estuve dos años creyendo eso. Fue terrible, no puedo creer cómo me mintieron así”, dijo.

Elena de la Cuadra recordó que las primeras denuncias sobre Alonso fueron en 1982 y detalló sus maniobras para entorpecer la investigación. También habló sobre la relación de Alonso con el dictador boliviano Hugo Banzer. Cecilia Corvalán, hermana de María Elena, relató el llamado por el que se enteraron del nacimiento. Una vecina que presenció el secuestro contó que el operativo incluyó hasta helicópteros y que “en la casa había más de cien tiros”.

Cinco sobrevivientes de La Cacha confirmaron el avanzado estado de embarazo de María Elena, quien permanece desaparecida. Patricia Pérez Catán recordó que la llamaban “Negrita”. María Silvia Bucci no la vio, pero supo “que había tenido una beba a la que llamó Lucía”. Héctor Quinterno recordó que “la dejaban caminar por el lugar” y relató cuando un guardia le contó a María Elena cómo habían matado a su compañero. “Era como una diatriba del guerrero, le remarcaba la heroicidad, pero creo que fue para quebrarla emocionalmente, porque después María Elena quedó bastante afectada”, declaró. Raúl Elizalde contó que “sufría mucho por su embarazo, los guardias la amenazaban con que la iban a torturar en la panza”, y agregó que “para despedirse nos leyó una carta muy linda, muy cálida”. Ricardo Herrera recordó que a Corvalán le gustaba cantar. “Cantaba ‘Eulogia Tapia’. Era su forma de mantener la vida y los sentimientos a pesar del lugar en el que estábamos”, dijo.

El hijo homónimo del vicecónsul boliviano Roger Soruco relató reuniones entre Banzer, Herzberg y Alonso. Antes de morir su padre, le confesó que “la hija que tiene Alonso se la entregó el capitán Herzberg, envuelta en un capote negro de la marina”. El pediatra Hugo Pérez Salas recordó que atendió a la niña en casa de Alonso y que le llamó la atención no encontrar vestigios del parto hogareño. El juicio continuará el lunes, a las 10, en la ex sede de la AMIA platense, en calle 4 entre 51 y 53.