sábado, 21 de enero de 2012

Murió Angela Muruzábal de Westerkamp


“Se fue suavemente, se apagó”



A los 97 años, murió una de las primeras mujeres universitarias, doctora en Química. Tuvo un rol clave en la fundación del CELS. La detención de su hijo Gustavo en 1975, que estuvo más de siete años preso, signó su vida y la de su esposo.


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Los restos de Angela Muruzábal de Westerkamp serán trasladados hoy a la Chacarita.
Publicado en PáginaI12.

A los 97 años, luego de una vida dedicada a la ciencia y la investigación y de una intensa militancia para denunciar los crímenes del terrorismo de Estado, murió ayer Angela Muruzábal de Westerkamp. Doctora en Química, docente universitaria, fundadora de la Universidad Tecnológica Nacional, su vida dio un giro radical tras la detención de su hijo Gustavo, que durante siete años y medio peregrinó por las cárceles de la dictadura. A través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y más tarde del Centro de Estudios Legales y Sociales, siempre junto a su esposo José Federico “Pipo” Westerkamp, Angela se ocupó durante años de ayudar a los familiares de presos políticos que la dictadura encerraba bien lejos de sus seres queridos y participó en 1980 de la difusión clandestina del “Informe prohibido” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Creo que muchas mujeres estarán orgullosas, las representó muy bien”, escribió ayer Gustavo. “Se fue esta madrugada suavemente, se apagó”, apuntó en su perfil de Facebook. Angela fue velada en su departamento de calle Juncal hasta ayer al atardecer y luego en una casa velatoria en Córdoba 3677. Hoy a las 9.30 será traslada al cementerio de la Chacarita.
Angela Muruzábal había nacido el 18 de septiembre de 1914 en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, donde vivió su primera infancia. Junto a su familia, numerosa, de origen vasco, se trasladó a Buenos Aires. A los veinte años ingresó a estudiar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Corría 1935 y las mujeres eran minoría en la academia: sobre 45 matriculados, 40 eran varones. En la facultad conoció a quien sería su esposo, Pipo Westerkamp, con quien tuvo tres hijos, incluida una niña que murió a poco de nacer.
En 1940 se recibió de doctora en Química con diploma de honor y medalla de oro, que no recibió por falta de presupuesto, según historió la licenciada María Ferraro en el boletín de la Fundación Síntesis, que homenajeó hace un lustro la trayectoria de Muruzábal. Una vez recibida comenzó a ejercer la docencia en la Universidad de Buenos Aires y en el exterior, en las universidades de Columbia y de Nueva York. Durante sus años en los Estados Unidos conoció a Albert Einstein, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, New Jersey. En nuestro país trabajó con los médicos Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA. En 1955, luego de quince años como docente de la UBA, participó de la fundación de la Universidad Tecnológica Nacional, donde se desempeñó hasta 1978.
Su vida dio un giro el 21 de octubre de 1975, cuando Gustavo fue secuestrado tras la revisación médica para el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Patricios. Angela sabía de la militancia de su hijo, incluso lo había acompañado al funeral de un amigo muerto en un enfrentamiento con militares. Westerkamp hijo fue torturado durante dos días en la Superintendencia de Seguridad Federal y luego comenzó a peregrinar por las cárceles de Villa Devoto, Sierra Chica, La Plata y Rawson, siempre a disposición del Poder Ejecutivo, pero sin cargo ni proceso. “Siete años y medio preso sin condena. Estos no se animaban a condenar”, afirmó Westerkamp padre, entrevistado para el archivo oral de Memoria Abierta.
“Angelita estuvo siempre al lado del movimiento de los derechos humanos, muy cerca del CELS en sus primeros tiempos”, recordó ayer Cristina Caiati, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales desde 1980. Recordó su participación en la reproducción y difusión del informe de la CIDH que ingresó al país Emilio Mignone, fundador del CELS, y que junto a un grupo de Madres de Plaza de Mayo hicieron llegar a políticos, periodistas, jueces y dirigentes. “También hizo un trabajo muy importante en 1981, cuando metieron presos a todos los miembros de la comisión directiva. Llamó a todo el mundo en Estados Unidos. Se movió mucho para que recuperaran la libertad”, apuntó. Caiati destacó en particular la relación que Muruzábal tejió con Tex Harris, un diplomático norteamericano que recibió a centenares de familiares de desaparecidos y que tendría un rol clave en la fundación del CELS. “Trabajó muchísimo para generar interés internacional sobre lo que pasaba en el país. Fue una mujer muy solidaria con todos los familiares y las víctimas”, recordó.
“Mi madre tuvo un ACV que le dejó paralizado todo el lado izquierdo del cuerpo (...) Los médicos no han dado un pronóstico favorable sino lo contrario. Angela pone todo de sí para salir adelante, pero parece que no puede”, escribió Gustavo el jueves. “Angela pone todo de sí para salir adelante pero parece que no puede. Nosotros tratamos de hacerle lo más suave posible este trance, pero parece que se va a ir apagando lentamente”, anunció. El desenlace se produjo el jueves a las siete de la mañana.

viernes, 13 de enero de 2012

La impunidad de Mercedes Benz y la boina del Che


Por Diego Martínez
Mientras la causa por la desaparición de activistas de Mercedes Benz Argentina (MBA) continúa paralizada y los abogados de la automotriz dilatan con éxito el juicio civil ante un tribunal de California, la firma que tiene en su haber catorce delegados desaparecidos desató la ira de los cubanos de Miami al utilizar la imagen de Ernesto Guevara para identificar a sus autos con la revolución. "Nunca más voy a comprar un Mercedes y le estoy diciendo a mis amigos lo mismo", se ofuscó Félix Rodríguez, un cubano contratado por la CIA para capturar al Che en Bolivia, luego de ver el ícono de la marca en reemplazo de la estrella roja de la boina del guerrillero. "Es vergonzoso que una empresa que creció durante el nazi fascismo ahora utilice la imagen de un revolucionario latinoamericano", opinó la periodista Gabriela Weber, que investigó la complicidad de Mercedes Benz con el terrorismo de Estado e impulsa la causa en los Estados Unidos. "Es una forma de intentar blanquearse", de "mostrar que no son reaccionarios", sostiene Julio D'Alessando, ex trabajador que debió exiliarse durante la dictadura y que integra la Asociación de ex Trabajadores y Familiares de Desaparecidos de MBA.

"Varios de los delegados desaparecidos de Mercedes Benz fueron vistos en Campo de Mayo o en centros clandestinos de Zona Oeste", apunta Pablo Llonto, abogado del sobreviviente Héctor Ratto, secuestrado dentro de la propia empresa. La causa está radicada desde 2002 en el juzgado federal 2 de San Martín y no avanzó durante la década que estuvo en poder de los jueces Martín Suárez Araujo y Juan Manuel Yalj. Desde el mes pasado está en manos de la subrogante Alicia Vence. Los querellantes le presentaron un escrito para recordar que siguen pendientes de respuesta los pedidos de indagatoria para los jefes de Campo de Mayo. Las solicitudes de investigación incluyen al directorio de MBA, en particular al ex gerente Juan Rolando Tasselkraut, quien en presencia de Ratto entregó la dirección de un obrero que horas después desapareció para siempre. También abarca al entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf y al secretario general de Smata, José Rodríguez, acusados de gestionar la "eliminación" de "elementos subversivos".

"La causa está dormida por voluntad política", afirmó Weber, quien volcó su investigación en el documental Milagros no hay. "Cristina (Fernández de Kirchner) festejó el aniversario en Mercedes Benz y ni siquiera mencionó a los obreros desaparecidos", destacó, en referencia al acto por los 60 años de MBA en el país, el 6 de septiembre pasado, en el que la presidenta pidió que "tengamos memoria" pero no en referencia a los desaparecidos de la firma anfitriona sino para entender "cómo terminamos como terminamos en 2001".

El juicio ante la Corte de Apelaciones de San Francisco, iniciado en base a una ley que permite demandar a corporaciones asentadas en los Estados Unidos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, debía comenzar en diciembre pero se suspendió por un recurso que presentó Mercedes Benz a último momento.

El episodio que ofuscó a los exiliados cubanos ocurrió el martes durante una feria de consumidores en Las Vegas. Dieter Zetsche, directivo de Mercedes Benz, apareció orondo con un afiche gigante a sus espaldas con la imagen del Che retocada: en lugar de la cruz roja, el símbolo de la marca alemana. Zetsche pretendió usar la presentación para describir una nueva campaña que tituló Car Together, para exhortar a los choferes de autos de lujo a compartir los viajes con el fin de reducir las emisiones de gases y el congestionamiento de tránsito, informó ayer El Nuevo Herald. "Algunos colegas piensan que compartir el coche bordea el comunismo", bromeó. "Si ese es el caso, ¡viva la revolución!", celebró su ocurrencia y desató la reacción de los cubanos exiliados.

"No saben quién fue el Che Guevara. Fue un criminal", escribió Rodríguez en el sitio web de la marca. Apuntó que tuvo tres Mercedes pero "nunca más voy a comprar otro". La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen escribió que "el Che era un cobarde corrupto y sediento de sangre" y que Mercedes Benz debería "avergonzarse". "No entiendo cómo una compañía que vende carros de lujo pueda usar una figura de alguien que predicó la lucha de clases", se indignó Ninoska Pérez Castellón, miembro del directorio del Consejo por la Libertad de Cuba.

Daimler AG, que controla Mercedes Benz, difundió el jueves un comunicado para disculparse. "El doctor Zetsche se refirió a la revolución de la automovilidad debido a nuevas tecnologías, en particular aquellas asociadas con la conectividad", intentó aclarar. "Para ilustrar el punto, la compañía brevemente empleó una foto del revolucionario Che Guevara (una de muchas imágenes y videos en la presentación)", agregó. "Daimlier no respalda la vida o acciones de esta figura histórica o la filosofía política que promovía”, tomó distancia. “Nos disculpamos sinceramente con aquellos que se sintieron ofendidos", concluyó.

"Pienso que es una forma de intentar blanquearse", considera D'Alessando, un trabajador que debió exiliarse en Brasil durante la dictadura. "Ellos participaron del genocidio con gente del servicio de inteligencia del Batallón 601 y ahora presentan estas cosas como para mostrar que no son reaccionarios", agrega. "Creo que la movida es esa, con más razón ahora que se está haciendo un juicio en los Estados Unidos. No tiene nada que ver con la ideología, sólo hacen negocios".

El turno de los jueces chilenos


Un juez chileno solicitó al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputan al ex camarista destituido por participar en delitos de lesa humanidad. El magistrado también requirió informes sobre el pedido de refugio presentado por Romano.

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El ex camarista mendocino Otilio Romano ya nombró un abogado en Chile.
Publicado en PáginaI12.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Adalis Oyarzún, le solicitó al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputan al ex camarista mendocino Otilio Romano, destituido por el Consejo de la Magistratura por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, por los que ya tiene procesamiento firme. El magistrado también le pidió al Ministerio del Interior de su país que le informe en qué estado se encuentra el trámite por el pedido de refugio político presentado por el ex hombre fuerte del Poder Judicial de Mendoza en agosto pasado, luego de huir en avión a Chile justo cuando el Consejo se aprestaba a suspenderlo y dejarlo sin fueros.
Romano fue durante años un pilar fundamental para obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad en las tres provincias de Cuyo, donde siguió actuando como juez incluso después de haber sido procesado. Esa particular situación fue posible gracias a una medida cautelar que le concedió un juez ad hoc y que permitió demorar durante casi un año el avance del proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. El 24 de agosto, un día antes de la sesión que terminaría con su suspensión como magistrado, Romano se tomó un vuelo de LAN rumbo a Chile, donde pidió asilo político, un beneficio que no incluye a imputados por delitos de lesa humanidad pero que le permite ganar tiempo hasta que el Estado chileno analice el caso y se pronuncie.
Una de las últimas señales de vida de Romano fue a principios de diciembre, cuando a través de un abogado presentó una carta ante la misma Cámara Federal de Mendoza para decir que se consideraba despedido, ya que el Consejo de la Magistratura le suspendió el pago de haberes (estimado en 40 mil pesos mensuales por tratarse de un camarista) al considerar que huir del país para no enfrentar un proceso judicial es “incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas de un juez federal”.
El 15 de diciembre, luego de un proceso en ausencia en el que varios sobrevivientes del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza testimoniaron sobre la pasividad de Romano ante las denuncias por secuestros, torturas y violaciones, el Consejo, con voto unánime, lo separó del cargo por haber omitido en forma sistemática denunciar e investigar graves violaciones a los derechos humanos mientras se desempeñó como fiscal federal y juez subrogante, a partir de fines de 1975. “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Irineo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, concluyó el jury.
“Ya lo vamos a traer, lo va a traer la Justicia”, declaró un día después la presidenta Cristina Fernández en Mendoza. “El Gobierno, como corresponde, va a pedir la extradición al gobierno de Chile”, agregó. Al mismo tiempo, el juez federal Walter Bento activó la orden de detención pedida por los abogados de los organismos de derechos humanos y por el fiscal general Omar Palermo, hasta entonces supeditada a la destitución.
En los últimos días de diciembre, Bento envió a la Cancillería un extenso formulario que, vía Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, debía llegar al máximo tribunal trasandino. El nombre completo de Otilio Roque Irineo Romano, mientras tanto, figura con foto y demás datos personales en un listado de las 315 personas más buscadas por Interpol junto con narcotraficantes y terroristas.
El estado de los trámites sobre Romano fue publicado por el diario trasandino El Mercurio, donde también se informó que la defensa del ex juez en Chile está a cargo de Claudio Feller Schleyer, profesor y director del departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de ese país y abogado especializado en temas criminales y delitos de carácter económico. Las gestiones de su abogado chileno sugieren que resistirá desde el otro lado de la cordillera, sin volver a huir a un tercer país. La decisión de detenerlo y extraditarlo está ahora en manos de la Corte Suprema de Chile. Si decide avanzar, la última palabra la tendrá el presidente Sebastián Piñera.