sábado, 30 de junio de 2012

La caída de un hombre clave


Durante 1976 y 1977, años de esplendor del terrorismo de Estado, el general Carlos Alberto Martínez fue jefe de Inteligencia del Ejército. Bajo su mando funcionó el Batallón 601 de Callao y Viamonte y los destacamentos y secciones de Inteligencia de todo el país, destinos de los interrogadores que arrancaban información en las mesas de tortura de los centros clandestinos en busca de nuevos “blancos”. Mano derecha de Jorge Rafael Videla, en abril de 1977 disertó junto al dictador sobre “la agresión marxista internacional” en un salón colmado por 300 periodistas en el edificio Libertador. A partir de 1978, y durante cuatro años, fue jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE. Vivió un tercio de siglo impune, volvió a la SIDE en los comienzos del menemismo y llegó a ser citado como testigo en el juicio oral por crímenes en el circuito Atlético-Banco–Olimpo. Ayer, a sus 84 años, el juez Daniel Rafecas ordenó por primera vez su detención por más de un millar de secuestros, tormentos y homicidios. Martínez se negó a declarar y por su delicado estado de salud quedó detenido en su casa de San Miguel.

“Parece mentira que el cerebro mayor del plan estuviese sin una acusación. Era preocupante porque demuestra que a la Justicia le cuesta entender el rol que cumplieron los aparatos de Inteligencia en el terrorismo de Estado”, reflexionó ayer el abogado Pablo Llonto, querellante en la causa por crímenes de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que instruye Rafecas. “Ojalá que éste sea el inicio de la detención de todos los jefes de Inteligencia de Marina, Aeronáutica, Policía Federal, todas las policías provinciales, Gendarmería, Prefectura y los servicios penitenciarios”, se esperanzó. “Son decenas de oficiales que deben estar presos y sin prisión domiciliaria, porque desde sus casas seguramente siguen espiando”, advirtió. La detención de Martínez había sido solicitada por Llonto, por la fiscalía a cargo de los juicios orales del Primer Cuerpo, a cargo de Alejandro Alagia, y días atrás por la querella que representa a los familiares de Bernardo Alberte, el ex edecán y delegado de Juan Domingo Perón asesinado por sus camaradas la madrugada del golpe de Estado al ser arrojado desde el sexto piso de su departamento en Recoleta.

Ex alumno de la Escuela de las Américas, donde se formaron los torturadores del Cono Sur, Martínez fue en 1975 segundo jefe y a partir de 1976 titular de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, léase un asesor de primera línea de Videla. El 19 de abril de 1977, junto al dictador y su jefe de Estado Mayor, general Roberto Viola, Martínez se explayó con diapositivas, fotos y gráficos sobre “La agresión marxista internacional” y “La subversión marxista en la Argentina”, según registraron los diarios de la época. “Sólo pueden comprenderse el sentido, las implicancias, la diversidad de factores que intervienen y los reales fines de la agresión que sufre la República si se analiza en su real esencia como parte de la agresión subversiva marxista a nivel mundial”, teorizó. “Esta agresión es total en el sentido absoluto de la palabra, su finalidad es la conquista de la población mundial partiendo del dominio de la psiquis del hombre”, agigantó al enemigo antes de explayarse sobre los orígenes de la guerrilla, el PRT, Montoneros, el foquismo, el materialismo histórico y el “socialismo marxista” como objetivo final del enemigo.

A comienzos de 1978, Martínez pasó a comandar la SIDE en reemplazo del general Otto Paladino, ex jefe de Automotores Orletti. “A la SIDE me llevó el general Carlos Alberto Martínez”, confió a Página/12 en 2003 el coronel Alberto Tepedino, hoy condenado. El periodista Gerardo Young, en su libro SIDE. La Argentina secreta, cuenta que el alias de Martínez era “Pelusa”, que en 1989 Juan Bautista Yofre lo nombró director de la Escuela de Inteligencia y que renunció al organismo en tiempos de Hugo Anzorreguy, molesto porque los indultos menemistas no fueron tan amplios como quería.

Martínez no tuvo noticias de la Justicia hasta el 18 de junio, cuando Rafecas allanó sus domicilios en Pardo 2112 y España 865, en San Miguel. Confiado en que moriría impune, el general de división retirado tenía en su poder documentos que comprometen a militares y a civiles de renombre. Ayer, luego de analizar el material, el juez ordenó su detención. El octogenario fue trasladado a los tribunales de Retiro, pero se negó a declarar. Rafecas le imputa delitos contra más de un millar de víctimas en una docena de centros clandestinos, incluidos Atlético, Banco, Vesubio, Orletti y la Superintendencia de Seguridad Federal. El consejero de Videla, que se dializa tres veces por semana, quedó arrestado en su casa.

domingo, 10 de junio de 2012

Saint Jean, el asesino de tímidos e indiferentes goza de buena salud


El Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata denunció ante la Corte Suprema a peritos  del Cuerpo Médico Forense por ayudar a que el ex gobernador de facto logre que se lo declare incapaz.

Por Diego Martínez
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Ibérico Saint Jean intentó ser declarado incapaz para evitar el juicio.
El Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata, que conduce el juicio a 26 represores del circuito Camps, denunció ante la Corte Suprema de Justicia la “actitud de obstrucción” y el “auxilio antiético” de peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) con la “maniobra de simulación” de los defensores del ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean para lograr que se lo declare incapaz. Los jueces Carlos Rozansky, Roberto Falcone y Mario Portela rechazaron la pretensión de excluir del proceso al general que prometió matar desde subversivos hasta tímidos e indiferentes, puso la lupa sobre “el esfuerzo considerable por predicar que Saint Jean carecía de capacidad para estar en debate” de los peritos oficiales Daniel Héctor Silva y Carlos Hugo Escudero, y dejó constancia de la “hostilidad, agresividad, menosprecio e intimidación” que manifestaron hacia dos médicas del Hospital Ramos Mejía que habían dictaminado en sentido contrario.
El 5 de septiembre, a una semana del inicio del juicio, Silva informó que Saint Jean presentaba “un cuadro de síndrome psico-orgánico que limita su autonomía psíquica en forma ostensible”. Dictaminó que “no se encuentra en condiciones psiquiátricas de participar en un proceso penal” y sugirió realizar una evaluación general en el Departamento de Clínica y Especialidades. Tres días después, los abogados Ricardo Saint Jean y Sebastián Olmedo Barrios, defensores del militar, pidieron que se lo excluyera y agregaron un informe del médico Mariano Castex en línea con el CMF. El tribunal decidió no apartar a Saint Jean del juicio y dispuso el examen general. “Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala”, renegó Saint Jain (h) en la audiencia inicial. Invitado a prestar declaración indagatoria, el general que supo ser locuaz se negó a hablar, igual que en 2007 en el Juicio por la Verdad de La Plata.
Pese a que el imputado no mostraba alteraciones en las audiencias, el perito Escudero, del CMF, coincidió con Silva en que requería asistencia permanente y que no podía ser sometido a juicio. El tribunal escuchó entonces a fiscales y querellantes, que marcaron contradicciones e inconsistencias de los forenses y pidieron una junta médica. Los jueces pidieron entonces un examen al Hospital Ramos Mejía. El 4 de octubre, pese a los reparos de sus defensores, Saint Jean fue trasladado al hospital público, donde se lo sometió a una evaluación de un equipo de profesionales que encabezó la neuróloga Silvia Kochen e integraron cuatro médicos y psiquiatras, más cuatro peritos de las querellas y Castex por el imputado. Todos menos Castex concluyeron que el militar estaba “en condiciones físicas y psíquicas” de afrontar el juicio, “de comprender las implicancias jurídicas de sus dichos y organizar su defensa”.
Ante las conclusiones contrapuestas, los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron una junta médica que integraran también los forenses del CMF. Saint Jean (h) y Olmedo volvieron a oponerse, pero el tribunal insistió en la necesidad de un examen interdisciplinario para ahondar en los fundamentos teóricos y científicos de una y otra posición. Argumentaron además que las impresiones del CMF y de Castex no se condecían con la percepción que ellos mismos tenían de las audiencias.
El 22 de febrero se realizó la junta médica, con la participación de cuatro miembros del CMF (Silva, Escudero, Celmina Guzmán y Mónica Herrán), las doctoras Silvia Kochen y Patricia Solís por el Hospital Ramos Mejía, Luis Ohman y Matías Bertone por las querellas y Castex por el acusado. Durante noventa minutos el militar de 89 años respondió atento las preguntas de nueve entrevistadores. Cada vez que comenzaba a explayarse sobre hechos de hace un tercio de siglo los peritos del CMF lo interrumpían para pedirle fechas exactas. Cuando le preguntaron sobre medicamentos que toma dijo que se los autoadministraba con un pastillero. Los peritos oficiales le pidieron los nombres de los medicamentos. Saint Jean dijo no poder precisarlos pero ofreció explicar para qué tomaba cada uno. También se explayó sobre sus relaciones con Videla y Camps, y opinó que “estos juicios son totalmente políticos, está todo direccionado”.
El CMF enfatizó la lentitud para procesar respuestas e insistió en un “deterioro cognitivo moderado” que le impedía afrontar el juicio. Saint Jean (h) y Olmedo, en línea con Castex, que en sus escritos llama “verdadera masacre” a los juicios a represores, explicaron que el militar “trata de responder todas las preguntas para aprobar el examen al que es sometido sin que descubran que sufre una discapacidad mental”. Para los jueces, en cambio, “la incapacidad sobreviniente sólo constituye una pretensión de la defensa, del perito de parte y del auxilio antiético de los forenses”. Rozansky, Falcone y Portela concluyeron que “la actitud de obstrucción del CMF debe ser puesta en conocimiento del Alto Tribunal”.

viernes, 1 de junio de 2012

Condenas por Campo de Mayo: "Eramos simples informantes"


Roberto Bustos recibió 19 años de prisión y Jorge Bianchero, nueve. En el juicio se ventiló el secuestro de un grupo de personas que participaba de un taller literario.

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Roberto Bustos, ex jefe de informaciones de San Martín, y Jorge Bianchero, de la seccional 3 de Villa Lynch.
Dos ex comisarios de la policía bonaerense fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad en 1979. Se trata de Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, y Jorge Julio Bianchero, ex titular de la seccional 3 de Villa Lynch, que recibieron penas de 19 y 9 años de prisión, respectivamente. El tribunal que integran Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Daniel Petrone dispuso que los condenados cumplan la sentencia en una cárcel común. El juicio fue oral y público, pero se desarrolló en una sala con capacidad para ocho personas. Por un accidente cerebro vascular, luego de permanecer varios años prófugo, quedó fuera de juego antes del inicio del juicio el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 con responsabilidad en centenares de secuestros de personas desaparecidas en Campo de Mayo.
El sábado 12 de mayo de 1979 a la noche un grupo de tareas irrumpió en un departamento de Ecuador 318, en la ciudad de Buenos Aires, y secuestró a seis personas, todos compañeros de un taller literario que, según testigos del juicio, tenían previsto viajar a España para publicar un libro sobre la represión en la Argentina. Las víctimas fueron Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski (los tres estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta) y el matrimonio de escritores que formaban Mirta Silber y Carlos Pérez. Los seis permanecen desaparecidos y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Dos días antes, la policía de Villa Lynch, por orden del Ejército, había detenido a un hermano de Beitone junto con un amigo en un departamento de esa localidad. Ambos fueron interrogados y liberados.
“Nosotros éramos simples informantes, sólo se hacían informes de inteligencia”, intentó minimizar su responsabilidad Bustos, que se encargaba de recopilar la información sobre la “lucha antisubversiva” en la delegación San Martín. “Nosotros nunca hicimos operaciones y también la pasamos mal en esa época, tuvimos que ponernos muy rígidos con nuestros vecinos”, dijo al ejercer el derecho a pronunciar sus últimas palabras. “Mis manos están limpias”, concluyó. Previendo la condena, pidió que se le concediera el arresto domiciliario y se dispuso a esperar el fallo junto a Bianchero en el jardín de la casona de Olivos donde se realizó el juicio.
Uno de los pocos privilegiados que pudo ingresar a la sala fue León Sznaider, padre de Jorge, que tenía 19 años y cursaba el primer año del profesorado en Historia. Familiares y allegados a las víctimas junto con militantes de Hijos y de la Comisión Campo de Mayo aplaudieron de pie al anciano, que con el abogado Pablo Llonto realizó la presentación que permitió reabrir la causa. Sin micrófono, con decenas de personas amontonadas en una escalera, fuera de la sala, esforzándose para escuchar, Larrandart leyó la sentencia: 19 años de cárcel para Bustos como coautor de dos allanamientos ilegales, ocho secuestros, y de los tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en los casos de quienes permanecen desaparecidos; nueve años de prisión para Bianchero por un allanamiento ilegal y los dos primeros secuestros.
Los jueces destacaron que se trató de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y encomendaron a la justicia de primera instancia investigar al resto de los policías y militares que participaron o tuvieron responsabilidad en los mismos hechos. A pedido del fiscal federal Marcelo García Berro y en base a la declaración del dictador Jorge Videla sobre el destino de los desaparecidos, los jueces ordenaron que se investigue la responsabilidad de Bustos en los homicidios de las víctimas.
Antes del comienzo del juicio, que duró tres semanas, los acusados habían pedido la suspensión a cambio de una probation, léase tareas comunitarias. Bianchero ofreció además pagar dos mil pesos a la familia de cada víctima como “resarcimiento” por su responsabilidad. El tribunal rechazó los ofrecimientos y también el pedido de arresto domiciliario con el que insistieron hasta ayer. Los ex comisarios afrontaron el proceso en libertad y tras la sentencia quedaron por primera vez detenidos, a sus 78 años y a un tercio de siglo de los hechos. La propia Larrandart actuará como jueza de ejecución. Los presentes aplaudieron la sentencia, nombraron y gritaron “presente” para recordar a cada una de las víctimas. Los condenados quedaron en la sala a la espera de los penitenciarios que los trasladarían a la cárcel. Nedo Otto Cardarelli morirá impune.