ENTREVISTA A GLENN POSTOLSKI, DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UBA
Por Diego Martínez
“Ahora estamos en otro estadío y hay una
responsabilidad en términos estatales de dar respuesta a la expectativa
que generó la ley de medios. Es el momento de avanzar en el plan
técnico, en la reserva del 33 por ciento a los medios sin fines de
lucro, en el llamado a concursos. La conducción de la Afsca tiene que
dar un salto cualitativo en ese aspecto.” La reflexión pertenece a Glenn
Postolski, especialista en medios, impulsor de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, director de la carrera Comunicación Social de
la UBA y flamante decano electo de la Facultad de Ciencias Sociales.
–¿Qué significa el fallo de la Corte a cuatro años de la sanción?
–En principio significa que aquellos que habíamos militado y
planteado que el proceso era legítimo y legal no éramos unos cruzados
inquisidores contra la libertad de expresión, sino quienes pensamos la
comunicación como un derecho humano fundamental. Eso se ve plasmado en
el fallo y por lo tanto es celebratorio. Por otro lado, cuatro años es
un período presidencial y esa demora implicó en términos de debate
democrático una degradación de los términos en que se discutió, a partir
de una confrontación reduccionista y sesgada en torno de Clarín y el
Gobierno, cuando esto implicaba una cuestión mucho más trascendente.
–La ley y antes los “21 puntos...” plantearon la
adjudicación del 33 por ciento de las licencias a medios sin fines de
lucro y sobre 900 licencias de FM adjudicadas desde 2009 sólo 28 fueron a
ese tipo de entidades. ¿A qué atribuye esa demora en un punto que no
frenó la Justicia?
–Primero caracterizaría la complejidad en torno de cualquier
organismo del Estado, históricamente colonizado por un determinado tipo
de interés. No hay que olvidar que el Comfer mandaba resoluciones por
fax a Clarín antes de que salieran con la firma del interventor o que se
habló de un Comfer paralelo que negociaba con las corporaciones. Son
costumbres arraigadas y el Estado no construye fácilmente condiciones
para dar respuestas rápidas a actores con los que nunca tuvo una
dinámica de trabajo. Por otro lado, entiendo que el Gobierno tomó una
definición política por la cual la disputa en términos de los fines
transformadores de la ley pasaba por una contradicción principal que era
desmontar al grupo hegemónico, porque caso contrario cualquier otra
iniciativa iba a quedar opacada por la capacidad de Clarín en términos
de fijación de agenda. La decisión fue priorizar esa disputa y frente a
ella no aplicar el conjunto del articulado. Si fue o no la mejor
caracterización, lo evaluarán quienes lo decidieron. Creo que ahora
estamos en otro estadío y hay una responsabilidad, en términos
estatales, de dar respuesta a la expectativa que generó la ley. Es el
momento de avanzar en el plan técnico, en la reserva del 33 por ciento,
en el llamado a concursos. La conducción de la Afsca tiene que dar un
salto cualitativo en ese aspecto.
–¿Qué otras medidas podría impulsar el Estado para
garantizar una mayor pluralidad de voces? La Red Nacional de Medios
Alternativos reclama un fondo de promoción y desarrollo para medios
comunitarios y exención de gravámenes.
–No sólo eso. La obligatoriedad de los sistemas de cable de incluir
señales de organizaciones sociales, todo lo relacionado con la
capacitación, promoción y desarrollo... El Estado de alguna manera vino
generando condiciones, ahora es el momento de apostar al mediano plazo.
Lo mismo con el abono social para sectores vulnerables, la producción de
contenidos para público infantil y juvenil, todas estas cosas tienen
que tomar mayor dinámica.
–La UBA tiene una radio. ¿Analizan la posibilidad de tener una licencia de televisión?
–La radio es de la universidad, la maneja el rectorado. Creo que
tienen una licencia de TV digital, aunque no es un tema que conozca. Si
me pregunta como director de Comunicación Social si la carrera debiera
en este escenario producir sus contenidos e inclusive tener un medio
propio, hoy no tenemos la personería jurídica (la tiene la UBA) pero
habría que imaginarse formas de que sea posible. Comunicación tiene
10.000 alumnos y una gran capacidad de producción e incidencia en el
entorno metropolitano. Habrá que ver si con el actual presupuesto y con
los actuales actores políticos será viable, pero sería una apuesta
interesante.
–La ley exige a los nuevos licenciatarios garantizar los
puestos de trabajo y se firmó un convenio con ese fin entre el
Ministerio de Trabajo, la Afsca y algunos gremios. ¿Se traducirá la ley
en algún momento en la creación de nuevos puestos de trabajo?
–La expectativa de incrementar cuantitativamente los medios, la
viabilidad a nivel federal, es un proceso que se está dando. Una parte
de esta idea de federalización y pluralidad da cuenta de que hay
expectativas de que aparezcan nuevas fuentes de trabajo. Lo único que no
hay que pensar es que toda aparición va a ser en términos de grandes
medios: no van a aparecer canales como Telefe con 200 trabajadores, es
otra escala, otra dimensión, pero puestos van a aparecer y de hecho con
los concursos de contenidos para TV digital se armaron decenas de
cooperativas de productores, guionistas, etcétera.
–La Corte, aunque no era el tema del fallo, planteó la
necesidad de pautas claras sobre el reparto de la publicidad oficial.
¿Cuál es su posición?
–Creo que hay un conjunto de regulaciones que hacen a un sistema y
ninguna debe estar por fuera de la lógica general. Pienso que habría que
fijar criterios que tengan como lógica fomentar el pluralismo de voces y
no distribuir pauta según el nivel de venta o el rating de un medio.
Debería ser una herramienta que constituya la posibilidad de
sustentabilidad de los medios, y ese debate debería darse en el
Congreso. También el de una ley de acceso a la información que tenga
como objeto no sólo al Estado sino a otros actores, como los grandes
medios, para que los ciudadanos puedan decidir en base a información
transparente y no al secretismo que manejan grandes grupos económicos.
–¿Cómo imagina el mapa de medios audiovisuales en un lustro? ¿Qué nuevos actores sociales marcarán agenda?
–De acá a cinco años va a ser muy parecido, los cambios en la arena
de lo cultural son más a mediano y largo plazo. Creo que no habrá una
explosión de medios alternativos como en los ’80, sí experiencias
vinculadas a sectores sociales organizados que empiecen a construir
contenidos diferentes y que vayan creando un nuevo tipo de audiencia,
que hoy es hasta difícil de imaginar. Hay todo un camino por recorrer
donde se van a generar nuevos nichos, nuevas audiencias, sujetos
particulares vinculados por ejemplo a la vida gremial de los
trabajadores. Creo que en ese recorrido se van a poder garantizar
contenidos diferentes y proyectos políticos comunicacionales
sustentables en el tiempo.
Peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense
comenzarán a trabajar el lunes próximo en un predio del Ejército ubicado
en la reserva Laguna del Diamante, en una zona cordillerana de la
provincia de Mendoza, en busca de restos de desaparecidos. La medida fue
ordenada por el juez federal subrogante de San Rafael, Eduardo Ariel
Puigdéngolas, a partir de dos testimonios coincidentes realizados con
casi treinta años de diferencia por personas que no se conocen y cuyas
identidades se mantienen en reserva. La hipótesis de los investigadores,
que ya realizaron una primera inspección sobre el terreno, es que allí
habrían sido enterradas víctimas del terrorismo de Estado de San Rafael,
secuestradas en 1976.