“Adopté un bebé que era huérfano”

Víctor Rei admitió que el chico que crió como propio no es su hijo biológico

El gendarme reconoció la apropiación, pero no contó el modo en que el hijo de Pedro Sandoval y Liliana Fontana llegó a sus manos. “Lo único que quiero es paz”, dijo el joven, quien declaró como testigo de su apropiador.

Por Diego Martínez

Víctor Rei y su abogado durante la audiencia del juicio por la apropiación de Alejandro.

El gendarme Víctor Enrique Rei confesó que el joven que crió como propio no es su hijo biológico. “Adopté a un huérfano”, dijo. Pero en lugar de contar quién lo convirtió en huérfano y cómo se apoderó del hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana, anticipó que “sobre ese tema” iba a hablar “después que Alejandro”, como lo rebautizó, y le pasó toda la presión a la víctima. Obligado a exponer su tragedia por voluntad del apropiador, que lo ofreció como testigo, Alejandro le extendió la mano con lástima y dijo “es mi padre” cuando le preguntaron qué relación tenía con el imputado. Intentó ayudarlo, dijo que el cepillo de dientes que le devolvió la identidad no era suyo, hizo un esfuerzo sobrehumano para no quebrarse al advertir sus contradicciones. “Lo único que quiero es paz”, confesó. Cuando salía no pudo contener el llanto y abrazó al hombre que lo crió. De inmediato Rei y su defensor se dieron vuelta, aplaudieron blíndex mediante frente a Abuelas de Plaza de Mayo y familiares, y el abogado Alejandro María Macedo Rumi gritó: “¡Aplaudan! ¡Ustedes son los hijos de puta que le dicen al pibe que es quien no es!”. En ese instante Alejandro se estrechaba en un abrazo con su abuela Clelia D’Harbe de Fontana, de 77 años, que antes había detallado el secuestro de Liliana y había confesado que aún conserva “la ropita que mi hija le había comprado”.

El ejemplo norteamericano

Rei arrancó en rol de víctima, dijo estar “privado ilegalmente de mi libertad” y aseguró que “no existe antecedente ni en la Rusia de Stalín (sic) de que alguien sea juzgado 30 años después por criar a un huérfano”.

–No entiendo –confesó el juez José Martínez Sobrino.

–Es el primer caso –respondió Rei, que hasta ayer decía ser padre biológico de Alejandro.

–¿Cómo sabe que era huérfano? –preguntó Luciano Hazán, abogado de Abuelas.

–No dije que adopté a un huérfano –se desdijo en vano.

Rei reflexionó sobre las tragedias que provoca el ejército de Estados Unidos, del que es miembro honorario, y sobre la impunidad de la que gozan allí quienes cometen delitos como los que se le imputan. “Si se procesara a todos los oficiales que trajeron huérfanos de Corea, Irán e Irak deberían triplicar las cárceles norteamericanas”, admitió.

Diagnosticó que la Justicia “está afectada”, advirtió que se la controla con “la doctrina gramsciana” y comparó a los jueces actuales con los de la dictadura. “En los ’70 respondieron 6836 hábeas corpus en forma negativa. ¿Cómo es posible que un juez responda 200 y no se dé cuenta de que algo pasa?”, planteó. Cuando comenzaron las preguntas se le encogió la lengua. Durante el Operativo Independencia estuvo encerrado en el aeropuerto de Tucumán, dijo. En 1976 y 1977 se dedicó “full time” al curso de oficial de Estado Mayor. Cuando Hazán comenzó a marcarle sinsentidos pidió no responder preguntas.

El orgullo de Chela

Chela Deharbe de Fontana contó que los secuestradores usaban pelucas, “robaron todo” y sintetizó la última imagen de Liliana: “Se paró en la puerta y nos miró a todos”. Dos años después un cura entrerriano “le dijo a mi marido ‘sos abuelo de un varón, no te puedo decir nada’ y salió corriendo”. Al final clavó sus ojos en el apropiador:

–¿Qué hizo de mi hija? No era un pedazo de ladrillo.

–¿Le puedo contestar? –dijo Rei. La jueza María del Carmen Roqueta le explicó que podría hacerlo más adelante.

–¿Por qué cree que algunos fueron liberados y su hija no? –preguntó el inefable Macedo Rumi.

–¿Usted estuvo presente en el parto? ¿Cómo sabe que tuvo un hijo? –la provocó.

Chela cerró manifestando su orgullo de ser madre de Liliana y reclamó justicia y memoria. La sala la abrazó con un aplauso.

El cepillo

Alejandro entró nervioso y le extendió la mano a Rei. Hasta las preguntas formales eran difíciles. Dijo que tiene “treinta años” en base a la partida falsa fechada el 5 de abril de 1978. A Liliana la sacaron del Club Atlético el 27 de diciembre de 1977. El imputado “es mi padre”, dijo. ¿Las Abuelas? “Soy amigo de la casa”.

Macedo Rumi simuló ignorar la confesión de su cliente y avasalló a la víctima. Alejandro dijo que “mis padres me dieron alimentación, salud y amor”. Declaró tenso que, “previendo el allanamiento, no tenía cepillo de dientes en esa casa”, que el secuestrado “era de Víctor” y él lo había tomado “de Campo de Mayo”, donde estaba detenido el gendarme. Por compasión nadie le preguntó cómo el ADN de Rei podía ser compatible en un 99,9999996 por ciento con la pareja Sandoval-Fontana.

El joven relató que durante la instrucción un secretario de la jueza María Servini de Cubría le pidió 250.000 pesos “para perder el expediente” y que en 2006, tras la confirmación, la jueza le dijo “aceptá a esta familia aunque sepamos que no son”. Los abogados de Abuelas y el fiscal Martín Niklison le marcaron contradicciones con un par de actas que había firmado, pero evitaron presionarlo con más pruebas. Cuando el fiscal le preguntó si tras el ADN positivo Rei le había contado la verdad, Alejandro explicó que “no tuve necesidad de contarle nada, sólo quiero ayudarlo, contenerlo”.

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La foja del gendarme Rei

Un todo servicio

Por Diego Martínez

En 1978, tras apoderarse de un hijo de desaparecidos, Víctor Rei participó como oficial de Inteligencia de Gendarmería en detenciones ilegales e interrogatorios ordenados por el general Carlos Suárez Mason. Empresarios, abogados y empleados del Banco de Hurlingham e Industrias Siderúrgicas Grassi que declararon en el juicio a los ex comandantes recordaron a Rei entre quienes los torturaron en Campo de Mayo. A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, el juez Daniel Rafecas desarchivó la causa, que además de militares y gendarmes incluye entre sus imputados a ex funcionarios del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El 31 de agosto de 1978 el presidente de la CNV, Juan Alfredo Etchebarne, querelló a las dos firmas ante el juez Rafael Sarmiento. Días después comenzaron a ser secuestrados sus directivos. Previa escala en el Regimiento de Granaderos, eran depositados en Campo de Mayo. El operativo encomendado al coronel Roberto Roualdes fue ejecutado por los tenientes coroneles Francisco Obdulio D’Alessandri y Raúl Alberto Gatica, y por el comandante Rei. Dos años después la justicia pidió la extradición de Suárez Mason y procesó a Roualdés y Etchebarne.

El operativo fue ordenado “por la junta militar”, le confió Rei al cautivo Jorge Tejerina. Los detalles y objetivos se conocieron durante el Juicio a las Juntas y Horacio Verbitsky los desmenuzó en El Periodista. Poco antes de los secuestros se había difundido la supuesta vinculación de Montoneros con el Grupo Graiver, propietario hasta fines de 1976 del Banco de Hurlingham, donde la organización habría depositado 17 millones de dólares pagados por los hermanos Born. Los sucesores de Graiver habían vendido el banco en doce millones de dólares al Grupo Chavanne, que a su vez lo cedió en parte de pago a la siderúrgica. El ingeniero Luis Grassi explicó ante la Cámara Federal que Etchebarne y el ex vicepresidente del Banco Central, Christian Zimmerman, querían apoderarse del banco sin pagar un peso. Agregó que también querían llevar a la ruina a su siderúrgica, quiebra que beneficiaba a Acindar, la empresa que presidió Alfredo Martínez de Hoz antes de asumir como ministro de economía.

Juan Claudio Chavanne fue detenido por un grupo armado al mando de Raúl Guglielminetti. En Campo de Mayo le pegaban “con un fierro muy finito en la cabeza, no muy fuerte, muy despacio, en forma sistemática y continua, con lo cual el dolor de cabeza y de oídos se hace tremendo”, detalló. “Después me ponían agua hirviendo en la parte final de la espalda, decían que era el mejor sistema para ablandar la memoria”, agregó. Las torturas con picana al abogado Eduardo Aguirre Saravia le provocaron dos desmayos. Lo revivieron mediante un simulacro de fusilamiento y lo dejaron sin comer durante quince días. Entre las víctimas estuvo el abogado Alejandro Pinedo, tío de Federico, diputado nacional PRO.

Zimmerman designó ocho peritos del Banco Central y la CNV para asesorar a los torturadores. El fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Roberto Solá, le exigió al comandante Rei que le quitaran las vendas y las esposas a Chavanne porque de otro modo no lo interrogaría. “Gendarmes ebrios intentaron violar” a la esposa de Chavanne, embarazada de cinco meses, historió Verbitsky. Jorge Buleraich creyó escuchar, durante su detención, que al comandante Rei “en algún momento se lo denominó Mayor Castro”. Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al juez Rafecas en marzo que indague al gendarme por privación ilegal de la libertad, coacción, extorsión y asociación ilícita.

Ayer, mientras teorizaba sobre el origen de la deuda externa, Rei recordó que en 1978 participó “en forma tangencial” de “un procedimiento a delincuentes económicos” en Campo de Mayo. “Gatica y D’Alessandri me llevaron porque me interesaba el procedimiento y tenía algunas nociones”, contó. Su función era “coordinar y leer y hablar con los abogados y contadores de la CNV que estaban ahí, y sobre todo con los fiscales”. Sin obligación de decir la verdad, aseguró que el operativo fue legal y que “nunca estuve en un LRD”, nombre técnico de los campos de concentración.

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Otro represor que se descompensa

El general retirado Colombo, procesado por la represión ilegal en Formosa, ayer evitó hablar

La primera audiencia del juicio a distancia de Juan Carlos Colombo terminó suspendiéndose tras dos cuartos intermedios y la orden de reposo al represor. Hoy se le realizará un examen médico integral para evitar otra dilación.

Por Diego Martínez

A pesar de sus intentos por eludir la cámara, el rostro de Juan Carlos Colombo fue retratado ayer.

Una silla vacía en una diminuta pantalla de televisión de espaldas al público. Esa fue la imagen que durante horas tuvo ayer ante sus ojos el centenar de personas que concurrió al Colegio de Escribanos de Formosa con la intención de presenciar la audiencia inaugural del primer juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia. El imputado, general de brigada retirado Juan Carlos Colombo, ex gobernador de facto entre 1976 y 1980, tuvo un pico de hipertensión que obligó al Tribunal Oral Federal a disponer dos cuartos intermedios y, en la segunda oportunidad, el traslado del represor al Hospital Militar, donde finalmente le ordenaron reposo de 24 horas. Hoy a las once de la mañana el Cuerpo Médico Forense (CMF) deberá entregar una evaluación clínica detallada sobre el estado de salud del militar de 84 años. “Esperemos que se despejen todas las dudas. No deja de resultar llamativo que le retiraran una medicación para la hipertensión, sobre todo estando a la vista la iniciación del juicio”, confió a Página/12 una alta fuente del tribunal.

Colombo, que goza de arresto domiciliario, llegó al edificio del Consejo de la Magistratura porteño poco después de las nueve, acompañado por una mujer que sería su hija, en una camioneta del Servicio Penitenciario Federal. Ingresó a paso lento y subió en ascensor hasta el tercer piso, donde funciona el Jurado de Enjuiciamiento, que facilitó una sala con la tecnología necesaria para juzgarlo a distancia. Lo recibió Adriana Gómez González, quien ofició de secretaria ad hoc del TOF formoseño. Pese a reiteradas manifestaciones de buena voluntad de la secretaria letrada del presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, y del visto bueno del propio tribunal, Página/12 debió conformarse con ver desfilar penitenciarios, policías de civil, personal de limpieza y mozos con café sin poder ingresar a la sala donde estaba el represor.

Cuando aún no había transcurrido media hora de lectura de la acusación, a cargo del secretario de derechos humanos del tribunal José Cunha Ferré, Colombo manifestó las primeras molestias. Eduardo Ariel Belforte, presidente del TOF, decidió entonces un cuarto intermedio. Veinte minutos después llegó una médica del CMF, rubia, cincuentona. Luego de revisarlo informó al tribunal, frente a la cámara, que el anciano general sufría “un cuadro hipertensivo” y que le había suministrado “un ansiolítico”, pero que podía seguir escuchando la lectura del auto de elevación.

Veinte minutos después del reinicio, Colombo pidió una nueva suspensión. Los formoseños lo vieron pararse, caminar seguro hasta su bastón, y minutos después hablar por teléfono con su abogado, de apellido Casco, presente en la sala formoseña. La médica informó entonces “un pico de hipertensión”, apuntó que Colombo le manifestó que “por indicación médica” había dejado de tomar determinada medicación y sugirió trasladarlo a un hospital. Belforte ordenó un nuevo cuarto intermedio hasta las seis de la tarde, pero el militar nunca volvió. Alrededor de la cinco le dieron el alta en el Hospital Militar, pero con la indicación de guardar reposo durante 24 horas.

Cuando se reanudó la audiencia, Belforte explicó a las partes que había ordenado “una evaluación integral” que se realizará hoy a primera hora. La APDH de Formosa informó que pondrá un perito de parte para corroborar el examen al represor. Tanto ese organismo como el fiscal Luis Benítez solicitaron que se evaluara la posibilidad de trasladar al imputado a la provincia norteña, donde existen centros de atención de alta complejidad superiores al hospital militar porteño. El último diagnóstico que recibió el tribunal, en septiembre pasado, es el que dictaminó que Colombo podía defenderse pero no estaba en condiciones de viajar.

El abogado querellante Pedro Velásquez Ibarra se permitió dudar sobre los problemas de salud del ex gobernador de facto, imputado por once secuestros y tormentos agravados y dos desapariciones forzadas. “Varias personas preferirán otro final para el general antes de que se conozca la verdad. Paradójicamente los que queremos que viva mucho tiempo somos las víctimas. Sus amigos y colaboradores de Formosa están rogando que terminen sus días”, enfatizó.

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Las dilaciones del gendarme apropiador

El juicio a Víctor Rei comenzó ayer y, ante un pedido de la defensa, pasó a cuarto intermedio

El comandante retirado de Gendarmería está acusado de la apropiación y supresión de la identidad del hijo de dos desaparecidos, Pedro Sandoval y Liliana Fontana. Su abogado solicitó la nulidad del juicio, que continuará el viernes.

Por Diego Martínez

El represor Víctor Enrique Rei junto a su abogado, Alejandro María Macedo Rumi.

Con la lectura de la acusación y planteos dilatorios de la defensa, comenzó ayer el juicio oral y público a Víctor Enrique Rei, comandante retirado de Gendarmería imputado por la apropiación y supresión de la identidad del hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana. El abogado Alejandro María Macedo Rumi –que el año pasado invocó al dictador Jorge Rafael Videla para afirmar que “el desaparecido es una incógnita, no está ni vivo ni muerto, es un de-saparecido”– solicitó la nulidad del juicio con el argumento de que su cliente no fue indagado ni procesado por el caso específico de la pareja de entrerrianos. Pese a que tal situación es pública e inevitable, ya que Abuelas de Plaza de Mayo y la propia Justicia avanzan contra los ladrones de criaturas mucho antes de que los exámenes genéticos confirmen quiénes son los verdaderos padres, el Tribunal Oral Federal 6 dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes para responderle.

Por primera vez en la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Capital Federal, un fotógrafo –en este caso de Página/12– ingresó a la sala y retrató al imputado sin que ningún secretario se abalanzara sobre su cámara. El salto cualitativo en términos de publicidad de actos públicos que implica la autorización del TOF-6 incluyó paneos de todos los protagonistas de la audiencia, incluido el apropiador. Para que se cumpliera con la acordada de la Corte Suprema de Justicia de octubre pasado sólo faltó que se autorizara el ingreso a la sala de los canales interesados, como TN, Crónica y Canal 7, que ayer debieron conformarse con la señal de circuito cerrado.

Preso en Marcos Paz desde el año pasado, Rei ingresó a la sala a las 10.48, esposado. De camisa y chaleco verde gendarme, el oficial de inteligencia le dio un beso a su pintoresco abogado y extrajo de una bolsa de nylon papeles, carpetas y catorce biromes para tomar nota. Por orden de la presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta, sus secretarias leyeron entonces los requerimientos de elevación –primero el de Abuelas, luego el del fiscal Horacio Comparatore– y, tras un cuarto intermedio, a pedido de Macedo Rumi, el texto completo del auto de elevación a juicio.

El imputado declaró una y otra vez que Alejandro, como lo rebautizó, es su hijo biológico y nació en el Hospital Militar Cosme Argerich. Según la partida de nacimiento que aportó a la causa, el parto se produjo en la calle Báez 840, el 5 de abril de 1978, y ofició de partero el médico militar Julio César Cáceres Monié. Pero demasiados puntos no cierran. La calle Báez termina al 800. Cáceres Monié es cardiólogo, trabajó en el Argerich hasta diciembre de 1977 y en su vida atendió un parto. Sí firmó actas de nacimiento falsas a favor de otros apropiadores, como los de Victoria Poblete y María Eugenia Sampallo Barragán. En el Hospital Militar no hay registros de ingreso ni historia clínica del bebé ni de la supuesta madre, Alicia Beatriz Arteach, que no es juzgada sólo porque fue declarada insana. Rei se olvidó además de tramitar la asignación prenatal.

Con ese cúmulo de pruebas, la jueza federal María Servini de Cubría lo procesó en 2004 por retención y ocultación de un menor de diez años, supresión de identidad y falsificación de documento público. Recién en julio de 2006, el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand confirmó que su ADN era compatible en un 99,9999996 por ciento con el de Pedro y Liliana, secuestrados el 1º de julio de 1977 y vistos por última vez en el centro clandestino Club Atlético. A fines de ese año, tras la elevación a juicio, el promisorio Macedo Rumi pidió la nulidad con el argumento de que el informe de compatibilidad era “más que dudoso” (sic), que “no se encuentra probada la desaparición” de las víctimas y tampoco “la relación (de la pareja) con mi defendido”.

Lo tercero es cierto y tal vez sólo Rei puede contarlo, aunque es improbable que le convenga hacerlo, más aún ante el tribunal que lo juzga. Quienes investigaron el caso a fondo no descartan que haya participado del secuestro de los padres del joven que crió como propio. A Liliana la sacaron del Club Atlético el 26 de diciembre de 1977, ya para dar a luz. Diez días antes, Rei había sido destinado a la Dirección de Inteligencia de Gendarmería. En ese destino formal, como adscripto al comando del Primer Cuerpo de Ejército, participó de secuestros e interrogatorios en Campo de Mayo, tal como probó la Cámara Federal porteña en el juicio a los ex comandantes. En el Hospital Militar de Campo de Mayo funcionó una de las mayores maternidades clandestinas de la última dictadura.

A fines de 2004, luego de seis meses detenido, y tras “una profunda reflexión”, la única idea que se le ocurrió fue definirse como un “preso político” víctima de una persecución con “el único fin de percibir indemnizaciones”. “Puede ser cierto que se hizo desaparecer” personas, admitió, pero la “causa política” en su contra es “igual o más grave”, dijo. El viernes se sabrá si durante los últimos cuatro años de reflexión se le ocurrió alguna estrategia de defensa digna de un oficial de inteligencia.

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La democracia no es su fuerte

EN BAHIA BLANCA EL INVITADO ESTRELLA DE LA RURAL FUE VICENTE MASSOT

El director de La Nueva Provincia visitaba la ESMA durante la dictadura. No está solo en Bahía Blanca. Un dirigente de la Rural local dijo en un acto que “estamos en democracia gracias a las Fuerzas Armadas que eliminaron a la subversión”.

Por Diego Martínez

“Nos dicen que debemos dejar de ser habitantes para empezar a ser ciudadanos pero nadie nos enseña cuál es el camino para ser un buen ciudadano y dónde hay que participar.” El reclamo lo formuló el martes el productor agropecuario Orlando Arrechea Harriet (h), ansioso por integrarse al mundo a sus 61 años, luego de 38 en la comisión directiva de la Sociedad Rural de Bahía Blanca. El actual presidente de la entidad fue el anfitrión de la “charla abierta sobre participación política” que organizó la SRA con la consigna “el ‘no te metás’ no existe más. Ahora es ‘metete’”. “La idea es que el encuentro se transforme en un taller práctico de compromiso político en el que se expliquen desde las distintas formas de participación hasta qué cargos se elegirán en las elecciones legislativas”, anticipó al diario La Nueva Provincia.

Para desentrañar semejante intríngulis no disertaron profesores de educación cívica sino el presidente y el secretario de la Rural, Hugo Biolcati y Arturo Llavallol, el consultor Felipe Noguera y el “analista político” Vicente Massot, como los diarios La Nación y Clarín rotulan sus columnas de opinión.

Director de La Nueva Provincia, dueño de la empresa de seguridad Megatrans y ex ministro de Defensa de Carlos Menem hasta que reivindicó la tortura, Massot fue en los ’70 editor de la revista Cabildo y colaborador de la revista Verbo, que tradujo y publicó los textos de los capellanes franceses de la guerra de Argelia que justificaban con argumentos teológicos la tortura y la ejecución de prisioneros, y en plena dictadura visitaba en la ESMA a su director, almirante Jacinto Chamorro.

En junio de 1976 los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que habían encabezado las reivindicaciones de los trabajadores de La Nueva Provincia, fueron secuestrados, torturados y asesinados, noticia que el diario publicó en veinte líneas y nunca más volvió a mencionar. El juez Alcindo Alvarez Canale admitió que son crímenes imprescriptibles pero no investigó a los únicos enemigos que tenían las víctimas.

Cuando uno ve en la convocatoria el nombre de Massot, con la historia que ello implica, se pregunta qué puede aportar esta persona a la democracia y qué pueden aportar ustedes a la democracia le planteó el periodista Mauro Llaneza a Arrechea Harriet (h).

Bueno, ése es el punto de vista suyo, lo acepto –concedió–. Vicente Massot es una persona muy conocida y respetada en nuestra zona y en la Argentina también (sic), y habrá sectores que estarán de acuerdo y otros que no, así como pueden estarlo con Buzzi o con Biolcati –cambió de tema.

El 3 de octubre de 1976, durante la inauguración de la 92ª Exposición de Ganadería e Industria de Bahía Blanca, Arrechea Harriet (h) era director suplente de la Rural bahiense, que presidía Juan Carlos Harriet. En pleno auge del “no te metás”, con el secretario de agricultura Jorge Zorreguieta, el comandante de operaciones navales Luis María Mendía y el jefe del Cuerpo V general René Azpitarte en el palco de honor, se escucharon algunos reclamos conocidos: “Que las reglas de comercialización sean claras y adecuadas al sistema de libre comercio, que todas las retenciones sean eliminadas, que los impuestos alienten a producir”, pidió Juan Rebollini, tesorero de Carbap, quien admitió un cambio de rumbo con respecto “al último período, en que se procuraba únicamente la conquista de las simpatías del pueblo denunciando a honrados, decentes señores productores”. El dirigente celebró que “la esperanza está puesta otra vez en los frutos de su tierra, pero cuidado”, alertó: “No olvidemos que estamos en guerra para salvar nuestro sistema social de vida, amenazado por la estrategia de las izquierdas internacionales. Guerra que simula ser ideológica pero no es más que económica, pues lo que ambicionan es apoderarse del manejo de esas mismas fecundas tierras para proveerse de alimentos baratos”.

El actual director de la Rural bahiense, martillero Juan Roberto González Biocca, no oculta su nostalgia por aquellos tiempos. “Estamos cansados de palabras por lo cual voy a ser muy breve”, anunció meses atrás durante una asamblea cuyo audio registró la FM de la Calle. “Esta señora que tenemos hoy de turno (en referencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner) ha tocado un tema muy hiriente hacia nosotros, y lo dije y lo digo acá en voz alta a todos los políticos y las pongo acá (sic) sobre la mesa: ¡Estamos en democracia gracias a las Fuerzas Armadas que eliminaron a la subversión!”. La paisanada lo ovacionó.

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Un nuevo paso en busca de la verdad

COMIENZA OTRO JUICIO POR LA APROPIACION Y SUPRESION DE LA IDENTIDAD DE UN HIJO DE DESAPARECIDOS

En el banquillo estará sentado Víctor Enrique Rei. Es un comandante principal retirado de Gendarmería de 68 años que está preso en Marcos Paz. Anotó como propio al hijo de los entrerrianos Pedro Sandoval y Liliana Fontana.

Por Diego Martínez

Liliana Fontana. En la otra foto, su hijo Alejandro durante un encuentro con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.

Mañana a las diez, en el subsuelo de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 6 comenzará a juzgar por la apropiación y supresión de la identidad de un hijo de desaparecidos a Víctor Enrique Rei, comandante principal retirado de Gendarmería de 68 años, preso en el penal de Marcos Paz. Pese a que los exámenes genéticos demostraron que el joven bautizado con el nombre de Alejandro es hijo de los entrerrianos Pedro Sandoval y Liliana Fontana, militantes del Frente Revolucionario 17 de Octubre (FR17) secuestrados en 1977 y vistos por última vez en el centro clandestino Club Atlético, el oficial de inteligencia Rei nunca lo admitió ante la Justicia. Tampoco su esposa, Alicia Beatriz Arteach, que no será juzgada porque fue declarada insana. Será el primer juicio por apropiación a un gendarme y el primero con muestras genéticas obtenidas mediante un allanamiento judicial. También será el primer proceso por delitos cometidos al amparo del terrorismo de Estado a cargo de un tribunal porteño distinto del TOF-5 y, por ende, el primero en el que fotógrafos y camarógrafos podrán trabajar sin obstáculos.

Rei se retiró en 1990 luego de una extensa carrera. A comienzos de los ’70 participó en cursos de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas y se convirtió en miembro honorario del Ejército de los Estados Unidos. A partir de 1973 fue jefe de inteligencia de la Agrupación Formosa. Cuando se produjo el golpe de Estado seguía en ese destino aunque deambulaba por el país en comisiones. En 1975 participó del Operativo Independencia en Tucumán bajo el mando del general Adel Vilas y retornó al año a acatar órdenes de Antonio Bussi. En 1977 fue subjefe de inteligencia de Gendarmería a nivel nacional. Según su legajo, en 1978 fue destinado al Escuadrón Concepción del Uruguay. Sin embargo, la Cámara Federal que juzgó a los ex comandantes probó que ese mismo año participó de secuestros e interrogatorios en Campo de Mayo, como adscripto al comando del Primer Cuerpo de Ejército. Por su actuación en el mayor centro clandestino del país lo recordó hace una década el sargento Víctor Ibáñez, que describió el funcionamiento de Campo de Mayo ante el periodista Fernando Almirón.

Pedro Sandoval nació en Nogoyá. Liliana Fontana, en Viale, ambos en Entre Ríos. En 1977 él tenía 33 años y ella 20. A partir de septiembre de 1976 una patota de civil se instaló en la casa de los padres de Sandoval, responsable del FP17. Los secuestraron el 1º de julio de 1977 a las nueve de la noche en casa de los padres de Liliana, en Caseros. Ella estaba embarazada de dos meses y medio. Ambos fueron llevados al Club Atlético, donde transcurrieron sus últimos meses. Pedro fue trasladado en noviembre. Liliana estuvo allí hasta el 26 de diciembre. Se la llevaron sola, según el recuerdo de los sobrevivientes. Fue el Turco Julián quien difundió la noticia del nacimiento. “¿Te acordás de la rubita? Tuvo un varón”, contó.

El cardiólogo partero

La partida de nacimiento del joven robado lleva la firma de Julio César Cáceres Monié, cardiólogo del Ejército, ya fallecido, que rubricó varios certificados falsos de hijos de desaparecidos. El documento está fechado el 5 de abril de 1978 en una supuesta dependencia del Hospital Militar Central, en calle Báez 840, que nunca existió. A partir de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, la jueza federal María Servini de Cubría constató que tampoco existían registros del parto en el Hospital Militar. Las mujeres que dieron a luz ese día no recordaban al matrimonio ni al médico.

El 17 de mayo de 2004 Rei se convirtió en el primer gendarme detenido por la apropiación de un hijo de desaparecidos. Durante la indagatoria aseguró que Alejandro era su hijo biológico. Dijo ignorar cuál era la especialidad de Cáceres Monié pero aseguró que el médico militar había atendido a su mujer en el sector de obstetricia del Hospital Militar. Las historias clínicas que aportó la obra social ratificaron que el parto no había existido. Rei entregó fotos de su esposa con panza y otras con un bebé de varios meses en brazos, pero no pudo probar el embarazo ni el nacimiento. Quienes investigaron el caso a fondo no descartan que haya participado del secuestro de los padres del joven que crió como propio.

Alejandro, que en 2004 tenía 26 años, se negó a someterse a un estudio genético para conocer su identidad. Un año antes, en el caso Evelyn Vázquez, la Corte Suprema de Justicia había resuelto que la extracción compulsiva de sangre afectaba derechos personalísimos de la víctima. Servini ordenó entonces allanar el domicilio en busca de objetos con material genético. El 14 de julio de 2006 el análisis de ADN realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que Alejandro era hijo de Pedro y Liliana. Fue la segunda identidad esclarecida con métodos alternativos a la extracción de sangre. La primera fue la de Natalia Suárez Nelson, robada por el tanguero Omar Alonso, a quien ahora querella.

El 24 de mayo de 2007, luego de tres años con prisión preventiva servido por subordinados en la Agrupación Buenos Aires de su propia fuerza, el inefable TOF-5 ordenó liberar a Rei y a la semana se declaró incompetente. La liberación se frustró por la apelación de Abuelas y del fiscal Félix Crous. Ambos explicaron que la demora era producto de los tiempos de la propia Justicia, que Rei había intentado obstruir el proceso al impugnar el análisis de ADN argumentando que el cepillo de dientes era suyo pese a que al momento del allanamiento llevaba meses detenido, y que liberar a un oficial de inteligencia con la apropiación confirmada era invitarlo a fugarse. La Sala IV de Casación le envió una cédula a Abuelas informando que un planteo anterior de Rei era abstracto porque se había “confirmado” la liberación dispuesta por el TOF-5, que nadie había notificado. Cuando los abogados fueron a verificarlo les explicaron que se trataba de un “error administrativo”. La falsa alarma concluyó con la renuncia del secretario Daniel Madrid, allegado al militante Alfredo Bisordi, y con una denuncia penal que archivó el juez federal Ariel Lijo.

Luego de que jueces subrogantes de la Sala IV rechazaran la liberación y con fecha de inicio de audiencias confirmada para el 2 de junio pasado, el joven solicitó una nueva pericia que obligó a postergar el juicio. El abogado de Rei volvió a pedir la excarcelación pero, a diferencia del tribunal presidido por Guillermo Gordo, el TOF-6 la rechazó, ordenó el cese de los privilegios en la prisión VIP de Gendarmería y el traslado de Rei al penal de Marcos Paz. Con menos presiones, Alejandro se presentó ante el tribunal, desistió de su pedido y se fijó nueva fecha de largada.

Los cargos que enfrenta Rei son retención y ocultación de un menor de diez años, supresión de identidad y falsificación de documento público. El tribunal lo integran María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo. La secretaria Adriana Palliotti leerá mañana la elevación a juicio. La acusación pública estará a cargo del fiscal Martín Niklison y la privada de los abogados de Abuelas, Alan Iud y Luciano Hazán. Las audiencias se desarrollarán los lunes y viernes. A diferencia del TOF-5, el tribunal que preside Roqueta autorizó el ingreso de reporteros gráficos durante la audiencia inicial, alegatos y sentencia, tal como sugirió la Corte Suprema de Justicia en su acordada de octubre pasado. El viernes comenzarán a declarar los primeros de los 53 testigos. A un promedio de siete u ocho por audiencia, las testimoniales no deberían durar más de un mes. La defensa del apropiador estará a cargo de Alejandro María Macedo Rumi, el mismo que en 2008, como abogado del capitán Enrique Berthier, invocó al dictador Jorge Rafael Videla para afirmar que “el desaparecido es una incógnita, no está ni vivo ni muerto, es un desaparecido”.

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“Los llevaban arrastrando”

Comenzaron las declaraciones testimoniales en el juicio a Jorge Olivera Róvere

Patricia Erb, sobreviviente de Campo de Mayo, y otros cuatro testigos fueron las primeras personas en declarar. Se esperan cerca de 400. El abogado del represor buscó incomodar a quienes dieron su testimonio.

Por Diego Martínez

El represor Jorge Olivera Róvere está siendo juzgado por 120 secuestros y cuatro homicidios.

Sin el imputado en la sala pero con su abogado Norberto Giletta empeñado en estigmatizar a quienes sobrevivieron a los centros clandestinos de la última dictadura, se inició ayer la ronda de testimonios del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976. Luego del escándalo del martes y de la revisión del criterio de publicidad acotada por parte del Tribunal Oral Federal 5, que por primera vez luego de cinco juicios por crímenes de lesa humanidad autorizó el miércoles el ingreso de un fotógrafo, las testimoniales comenzaron sin reporteros en la sala. La Corte Suprema de Justicia, en la acordada 29 del año pasado, reclamó garantizar sólo la publicidad de audiencias iniciales, alegatos y sentencias.

La primera de los casi 400 testigos que declararán durante los próximos seis meses fue Patricia Erb, sobreviviente de Campo de Mayo, citada por los casos de los desaparecidos Aníbal Carlos Testa y Elena Cristina Barberis, por los que está imputado el ex jefe de la subzona militar Capital Federal. Erb fue secuestrada en Floresta el 13 de septiembre de 1976 y trasladada a un galpón repleto de cautivos encadenados y encapuchados. Un par de veces, mientras la llevaron a un baño, pudo ver fugazmente “gente muy torturada, que no se podía parar y los llevaban arrastrando”, dijo. Por comentarios de otros secuestrados supo que estaba en la mayor guarnición militar del Ejército: Campo de Mayo.

Erb describió con el mayor detalle posible los recuerdos de sus 23 días en cautiverio, dio apodos y en algunos casos nombres de personas secuestradas allí, entre ellos “La Gringa” y “El Cordobés”, como llamaban a Barberis y Testa, y el del ex dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores Domingo Menna. Luego contó que la blanquearon en una comisaría de Bella Vista, donde gracias a las gestiones de su familia la visitó el cónsul norteamericano, que le tramitó su pasaporte.

–¿De dónde conocía al Cordobés y la Gringa? –preguntó Giletta, que defiende a Olivera Róvere desde hace más de veinte años.

–De la militancia –respondió Erb.

–¿Dónde militaba usted? –indagó el ex juez de la dictadura.

–En la Juventud Guevarista, era una activa militante pese a mi juventud.

–¿Y cómo conocía a Domingo Menna? –preguntó desafiante Giletta.

El fiscal Félix Crous objetó la pregunta porque “no tiene nada que ver con el objeto del juicio”, dijo, pero los miembros del TOF5 no hicieron lugar al pedido y le ordenaron responder.

–Era un reconocido dirigente del PRT –explicó Erb.

–¿Por qué motivo supone que sobrevivió? –metió el dedo en la llaga Giletta, consciente de la estigmatización de delatores que los propios represores se esmeraron en imponer a los sobrevivientes.

Crous volvió a objetar la pregunta. “No es pertinente y me preocupa el camino que está tomando la defensa”, advirtió. A los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías, no les pareció una pregunta reprochable.

–Supongo que me liberaron porque era ciudadana norteamericana y hubo muchas gestiones y presión para obtener mi libertad –dijo Erb.

Luego hubo otros cuatro testigos. Por la desaparición de Carlos Florentino Cerrudo declararon su hermana Delia, que presenció el secuestro, y Orlando Ormanechea, detenido en el mismo operativo por un grupo armado de civil. Rubén García, suboficial retirado de la Policía Federal, declaró como testigo de contexto de un procedimiento en el laboratorio Lepetit en noviembre de 1976. Contó que fue comisionado a constatar la existencia de un enfrentamiento armado pero al llegar se encontró con un oficial que se presentó como “mayor Valderrobles”. Cuando informó el dato sus superiores le ordenaron retirarse. Francisco Astelarra contó que dos semanas antes del secuestro de su hermano Santiago, delegado del Cemic, una patrulla del Ejército preguntó por él en casa de sus padres, y que al día siguiente de su secuestro un llamado anónimo alertó a la familia que se lo había llevado “gente del Ejército”.

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Olivera Róvere dijo whisky

El ex subjefe del Primer Cuerpo se negó a declarar, pero pudo posar para las fotos

El acusado ratificó sus declaraciones indagatorias de 1987 y 2004 y no quiso responder preguntas. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aseguró que los tribunales tienen facultades para organizar los procesos, pero pidió que colaboren con la prensa.

Por Diego Martínez

El general retirado Jorge Olivera Róvere fue jefe de la represión ilegal en la Capital Federal. Está siendo juzgado por cuatro homicidios y 120 secuestros.

El general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por cuatro homicidios y 120 secuestros como jefe de la subzona militar Capital Federal en 1976, se negó ayer a declarar ante la Justicia. Luego del escándalo del martes y de cinco juicios por delitos de lesa humanidad en los que prohibió el ingreso de reporteros gráficos, el Tribunal Oral Federal 5 finalmente autorizó a trabajar a un fotógrafo de la agencia Télam. Le impuso sólo dos condiciones: tomar fotos desde atrás de un blíndex y no usar flash. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ratificó ayer la importancia de garantizar la publicidad de los juicios y requirió a los magistrados “un fuerte trabajo de colaboración con la prensa”.

La segunda jornada del juicio al ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército comenzó con planteos de sus abogados, Norberto Giletta padre e hijo. El ex juez de la dictadura, defensor de Olivera Róvere desde hace veinte años, pidió la nulidad de la acordada de la Cámara Federal porteña que en 2003 reabrió la megacausa Primer Cuerpo. Su hijo pidió que se rechazaran testimonios tomados en Conadep o vía exhortos y sólo se consideraran los de quienes declararan ante el tribunal. Luego, el imputado ratificó sus declaraciones indagatorias de 1987 y 2004, aclaró que no tenía nada nuevo para decir y se negó a responder preguntas de las partes.

Cuando el juez Daniel Obligado invitó al militar a pasar al estrado, el fotógrafo Gustavo Amarelle lo retrató sin más obstáculos que el blíndex que separa a la Justicia de la sociedad. Un día antes el TOF5 había autorizado a Leonardo Zavattaro a trabajar tres minutos sin el represor en la sala, y el secretario Martín Schwab se abalanzó sobre su lente cuando, ya detrás del vidrio, disparó contra el reo. El repudio que generó la medida derivó en un criterio menos estricto, aunque aún lejano al de otros tribunales orales que instruyen causas por crímenes de lesa humanidad.

El régimen que se aplicará a los canales interesados en televisar audiencias sigue siendo una incógnita. Hasta el martes, Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías concedían a Canal 7 la posibilidad de filmar durante tres minutos la sala en silencio y sin el acusado, para luego conectarse al circuito cerrado con tomas exclusivas de Sus Señorías y sus secretarios. Ayer, los canales transmitieron el escándalo del martes, pero no reclamaron su derecho a filmar a Olivera Róvere, pese a que la declaración formaba parte de la audiencia inicial que la acordada de la Corte encomendó transmitir. Recién el 29 de abril, cuando se lea la acusación contra los ex jefes de áreas militares, se sabrá si Gordo & Cía. mantienen la prohibición para la televisión o la modifican con vistas al próximo juicio, el primero a celebridades rentables para la TV como Alfredo Astiz, Jorge Acosta & Cía.

Tras el repudio de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, el Foro de Periodistas, el CELS y Justicia Ya! al maltrato sufrido por el periodista de Télam, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicó ayer que “los jueces tienen facultades para resolver cómo se hace en la práctica” la difusión de cada juicio, aunque reiteró que los debates deben ser “públicos” y “es muy importante que la gente conozca lo que sucede”. “Eso requiere un fuerte trabajo de colaboración con la prensa. La relación con los medios no debe ser conflictiva sino de cooperación”, sugirió. “El rostro del imputado no es un problema, pero no hay que estigmatizar a una persona sometida a proceso. Hay que recordar que toda persona es inocente hasta que se la declare culpable”, enseñó. “En el ámbito de cada juicio tiene competencia cada tribunal. El juez tiene que equilibrar la difusión con el respeto a las reglas del debido proceso para que el juicio no sea una telenovela”, concluyó.

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Una imagen que los jueces no quieren mostrar

Restricciones para la prensa en el juicio al jefe de la represión en la Capital Federal durante la última dictadura militar

La Corte Suprema había hecho gestiones para que se garantizara la publicidad del juicio, pero los miembros del tribunal oral sólo dejaron entrar tres minutos a un fotógrafo y no quisieron que el acusado fuera fotografiado.

Por Diego Martínez

La única foto del represor Jorge Olivera Róvere que se pudo obtener en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal número 5.

Tal como anticipó Página/12 el jueves y pese a las gestiones de la Corte Suprema de Justicia para que cumpla con su acordada que ordena garantizar la “difusión radial y televisiva” de las audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 volvió a impedir el trabajo de los reporteros gráficos durante la jornada inicial del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976. Los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías sólo permitieron el ingreso de un fotógrafo de la agencia Télam con la condición de que se retirara en tres minutos y sin aclararle que el imputado no estaría en la sala. Pese al esfuerzo del secretario Martín Schwab por obstruir con sus propias manos la lente de la cámara, Leonardo Zavattaro logró en medio de un forcejeo con policías y judiciales trajeados registrar el rostro insípido del represor. En la Corte hay malestar por la reticencia del tribunal a dar publicidad al juicio. El CELS, Justicia Ya!, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Foro de Periodismo Argentino repudiaron las restricciones y la agresión al fotógrafo.

El miércoles pasado el tribunal confirmó a Página/12 que, tal como lo hizo en la sentencia a los ex jefes de Mansión Seré, volvería a prohibir el ingreso de los reporteros gráficos. La acordada de la Corte es clara. Encomienda al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles” y requerir a un canal la toma de imágenes para aquellos que no puedan ingresar a la sala “por insuficiencia de espacio”. Ante la noticia de la prohibición y el repudio de Argra, Fopea y los querellantes, la Corte se reunió el lunes con el tribunal, que accedió a autorizar el ingreso de Canal 7 y Télam. El mismo día, Daniel Obligado, presidente del TOF5, le comunicó la autorización concedida al presidente de la agencia pública Martín Granovsky y al gerente de noticias de Canal 7, Raúl Dellatorre. Ambos confirmaron a Página/12 que el juez no mencionó límite de tiempo ni imposibilidad de fotografiar y filmar al imputado.

Ayer a primera hora, mientras Hijos realizaba un “camarazo” en la vereda de Comodoro Py para repudiar la prohibición, el tribunal le comunicó al camarógrafo de Canal 7 que habían resuelto interponer un pequeño obstáculo: no podría ingresar con su cámara, debería usar la del tribunal. Debatieron durante una hora, mientras familiares de desaparecidos aguardaban el comienzo de la audiencia, prevista para la 10.30. Cuando finalmente Gordo & Cía. dijeron acceder al pedido, desempolvaron otra mala nueva: su trabajo duraría tres minutos, ni más ni menos, y no podría filmar a Olivera Róvere. El periodista consideró que no tenía sentido seguir dialogando en esos términos y el canal continuó con su cobertura desde la vereda. Militantes de Hijos le pidieron ayuda al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pero no consiguieron comprometerlo para una gestión inmediata.

Los amigos

–¡No se ve un carajo! –lamentó en voz alta uno de los cuatro amigos de Olivera Róvere, en la bandeja superior de la sala, cuando se percató de que desde allí sólo podría ver las corbatas de Gordo, Obligado y Farías.

–Cuando entre, parémonos para que nos vea. Va a ser importante para él –propuso otro hombre mayor, mientras se deleitaba con las fotos de verano del diario La Razón.

El fotógrafo de Télam ingresó a la sala con la misión de obtener imágenes para distribuir al resto de los medios. Cuando le comunicaron que tenía sólo tres minutos se sorprendió, pero trató de hacer algunas tomas, a la espera del ingreso del represor. Sus Señorías entraron a la sala y ante el asombro de todos se quedaron en silencio, inmutables, durante tres minutos. Recién entonces el diligente Schwab le informó a Zavattaro que a pedido de Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado del represor, no podría fotografiar al imputado. El reportero le dijo que era un criterio “absurdo” y comenzó a retroceder.

–Que pase el imputado –dijo Obligado.

Zavattaro escuchó la orden y se dio vuelta para conseguir la imagen del represor. Schwab se abalanzó sobre la cámara, pero no logró impedir que retratara al militar. La intervención de varios policías sobre el periodista derivó en un forcejeo y desató la bronca de los familiares de las víctimas presentes.

–¿Por qué no dejan sacar fotos? ¡Es un represor!

–¿Quién sos vos? –increparon a Schwab, posado cual mariposa sobre la lente.

–Es resolución del tribunal –invocó la obediencia debida el secretario.

–Señores del público: guardar compostura –pidió Obligado, mientras la policía se llevaba a Zavattaro.

De traje gris, anteojos, canoso, considerable cabellera y tranco ágil para sus 82 años, Olivera Róvere apoyó una carpeta negra sobre el escritorio y se sentó entre sus abogados. Obligado ordenó entonces que se leyera el requerimiento de elevación a juicio y el camarógrafo del tribunal, cuyo único movimiento del día fue un paneo del público que ningún canal difundió, enfocó de lleno a la secretaria Fernanda Alberti, que comenzó a leer el detalle de los secuestros y homicidios imputados a Olivera Róvere.

Si desde el lugar reservado al “público” sólo se ve la nuca de los imputados, desde el espacio que ocupa la prensa ni siquiera eso: sólo a los jueces. La prohibición ordenada por Sus Señorías no sólo impidió seguir los gestos del represor ante la descripción de sus crímenes. También impidió a la sociedad poder ver y analizar la nula atención que el juez Guillermo Gordo le prestó a la lectura de la secretaria, obsesionado en controlar cada movimiento de la sala mientras se planchaba la corbata sobre la panza. Sobre los graves riesgos que corren los represores en manos de los voraces familiares de desaparecidos puede dar fe el coronel retirado Bernardo José Menéndez, imputado por 41 privaciones ilegales de la libertad, quien presenció la audiencia sentado entre sobrevivientes de centros clandestinos sin que nadie le dirigiera la palabra y sin que Gordo & Cía. se enteraran.

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Molestia suprema

“Es difícil hacerles entender a algunos jueces que sus acciones deben difundirse”, se quejaban ayer en la Corte Suprema. El máximo tribunal intentó influir en el Tribunal Oral Federal Nº 5 para que se garantizara la difusión del juicio contra el represor Jorge Olivera Rovere. En el máximo tribunal creen que no pueden –y tampoco desean hacerlo– ordenar a los jueces detalles de la organización de un juicio, pero el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo gestiones para que el TOF 5 se plegara al espíritu de la acordada que firmaron los ministros a fin de año y flexibilizara su postura de impedir que fotógrafos y camarógrafos ingresaran a la sala de audiencia. El lunes, los ministros de la Corte se dieron por satisfechos con la respuesta del juez Daniel Obligado, quien aseguró que una cámara de Canal 7 y un fotógrafo de la agencia Télam iban a poder presenciar el inicio del proceso. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se preocupó ayer por saber cómo había comenzado todo, pero se llevó una decepción.

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Una imagen que los jueces no quieren mostrar

Restricciones para la prensa en el juicio al jefe de la represión en la Capital Federal durante la última dictadura militar

La Corte Suprema había hecho gestiones para que se garantizara la publicidad del juicio, pero los miembros del tribunal oral sólo dejaron entrar tres minutos a un fotógrafo y no quisieron que el acusado fuera fotografiado.

Por Diego Martínez

La única foto del represor Jorge Olivera Róvere que se pudo obtener en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal número 5.

Tal como anticipó Página/12 el jueves y pese a las gestiones de la Corte Suprema de Justicia para que cumpla con su acordada que ordena garantizar la “difusión radial y televisiva” de las audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 volvió a impedir el trabajo de los reporteros gráficos durante la jornada inicial del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976. Los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías sólo permitieron el ingreso de un fotógrafo de la agencia Télam con la condición de que se retirara en tres minutos y sin aclararle que el imputado no estaría en la sala. Pese al esfuerzo del secretario Martín Schwab por obstruir con sus propias manos la lente de la cámara, Leonardo Zavattaro logró en medio de un forcejeo con policías y judiciales trajeados registrar el rostro insípido del represor. En la Corte hay malestar por la reticencia del tribunal a dar publicidad al juicio. El CELS, Justicia Ya!, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Foro de Periodismo Argentino repudiaron las restricciones y la agresión al fotógrafo.

El miércoles pasado el tribunal confirmó a Página/12 que, tal como lo hizo en la sentencia a los ex jefes de Mansión Seré, volvería a prohibir el ingreso de los reporteros gráficos. La acordada de la Corte es clara. Encomienda al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles” y requerir a un canal la toma de imágenes para aquellos que no puedan ingresar a la sala “por insuficiencia de espacio”. Ante la noticia de la prohibición y el repudio de Argra, Fopea y los querellantes, la Corte se reunió el lunes con el tribunal, que accedió a autorizar el ingreso de Canal 7 y Télam. El mismo día, Daniel Obligado, presidente del TOF5, le comunicó la autorización concedida al presidente de la agencia pública Martín Granovsky y al gerente de noticias de Canal 7, Raúl Dellatorre. Ambos confirmaron a Página/12 que el juez no mencionó límite de tiempo ni imposibilidad de fotografiar y filmar al imputado.

Ayer a primera hora, mientras Hijos realizaba un “camarazo” en la vereda de Comodoro Py para repudiar la prohibición, el tribunal le comunicó al camarógrafo de Canal 7 que habían resuelto interponer un pequeño obstáculo: no podría ingresar con su cámara, debería usar la del tribunal. Debatieron durante una hora, mientras familiares de desaparecidos aguardaban el comienzo de la audiencia, prevista para la 10.30. Cuando finalmente Gordo & Cía. dijeron acceder al pedido, desempolvaron otra mala nueva: su trabajo duraría tres minutos, ni más ni menos, y no podría filmar a Olivera Róvere. El periodista consideró que no tenía sentido seguir dialogando en esos términos y el canal continuó con su cobertura desde la vereda. Militantes de Hijos le pidieron ayuda al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pero no consiguieron comprometerlo para una gestión inmediata.

Los amigos

–¡No se ve un carajo! –lamentó en voz alta uno de los cuatro amigos de Olivera Róvere, en la bandeja superior de la sala, cuando se percató de que desde allí sólo podría ver las corbatas de Gordo, Obligado y Farías.

–Cuando entre, parémonos para que nos vea. Va a ser importante para él –propuso otro hombre mayor, mientras se deleitaba con las fotos de verano del diario La Razón.

El fotógrafo de Télam ingresó a la sala con la misión de obtener imágenes para distribuir al resto de los medios. Cuando le comunicaron que tenía sólo tres minutos se sorprendió, pero trató de hacer algunas tomas, a la espera del ingreso del represor. Sus Señorías entraron a la sala y ante el asombro de todos se quedaron en silencio, inmutables, durante tres minutos. Recién entonces el diligente Schwab le informó a Zavattaro que a pedido de Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado del represor, no podría fotografiar al imputado. El reportero le dijo que era un criterio “absurdo” y comenzó a retroceder.

–Que pase el imputado –dijo Obligado.

Zavattaro escuchó la orden y se dio vuelta para conseguir la imagen del represor. Schwab se abalanzó sobre la cámara, pero no logró impedir que retratara al militar. La intervención de varios policías sobre el periodista derivó en un forcejeo y desató la bronca de los familiares de las víctimas presentes.

–¿Por qué no dejan sacar fotos? ¡Es un represor!

–¿Quién sos vos? –increparon a Schwab, posado cual mariposa sobre la lente.

–Es resolución del tribunal –invocó la obediencia debida el secretario.

–Señores del público: guardar compostura –pidió Obligado, mientras la policía se llevaba a Zavattaro.

De traje gris, anteojos, canoso, considerable cabellera y tranco ágil para sus 82 años, Olivera Róvere apoyó una carpeta negra sobre el escritorio y se sentó entre sus abogados. Obligado ordenó entonces que se leyera el requerimiento de elevación a juicio y el camarógrafo del tribunal, cuyo único movimiento del día fue un paneo del público que ningún canal difundió, enfocó de lleno a la secretaria Fernanda Alberti, que comenzó a leer el detalle de los secuestros y homicidios imputados a Olivera Róvere.

Si desde el lugar reservado al “público” sólo se ve la nuca de los imputados, desde el espacio que ocupa la prensa ni siquiera eso: sólo a los jueces. La prohibición ordenada por Sus Señorías no sólo impidió seguir los gestos del represor ante la descripción de sus crímenes. También impidió a la sociedad poder ver y analizar la nula atención que el juez Guillermo Gordo le prestó a la lectura de la secretaria, obsesionado en controlar cada movimiento de la sala mientras se planchaba la corbata sobre la panza. Sobre los graves riesgos que corren los represores en manos de los voraces familiares de desaparecidos puede dar fe el coronel retirado Bernardo José Menéndez, imputado por 41 privaciones ilegales de la libertad, quien presenció la audiencia sentado entre sobrevivientes de centros clandestinos sin que nadie le dirigiera la palabra y sin que Gordo & Cía. se enteraran.

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Molestia suprema

“Es difícil hacerles entender a algunos jueces que sus acciones deben difundirse”, se quejaban ayer en la Corte Suprema. El máximo tribunal intentó influir en el Tribunal Oral Federal Nº 5 para que se garantizara la difusión del juicio contra el represor Jorge Olivera Rovere. En el máximo tribunal creen que no pueden –y tampoco desean hacerlo– ordenar a los jueces detalles de la organización de un juicio, pero el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo gestiones para que el TOF 5 se plegara al espíritu de la acordada que firmaron los ministros a fin de año y flexibilizara su postura de impedir que fotógrafos y camarógrafos ingresaran a la sala de audiencia. El lunes, los ministros de la Corte se dieron por satisfechos con la respuesta del juez Daniel Obligado, quien aseguró que una cámara de Canal 7 y un fotógrafo de la agencia Télam iban a poder presenciar el inicio del proceso. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se preocupó ayer por saber cómo había comenzado todo, pero se llevó una decepción.

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Con Olivera Róvere como principal acusado

Mañana comienza el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos desde 1985

Por cuatro homicidios y 242 secuestros están imputados en total seis represores. Reclamos para que puedan transmitir los medios.

Por Diego Martínez

El general retirado Jorge Olivera Róvere, ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército.

Mañana a las 10.30, en el subsuelo de Comodoro Py, comenzará el mayor juicio por crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado desde el proceso a los ex comandantes en 1985. Seis militares octogenarios, que están libres y de ser condenados seguirán en sus casas, rendirán cuentas por cuatro homicidios y 242 privaciones ilegales de la libertad de personas, en su mayoría desaparecidas. El principal imputado es el general retirado Jorge Olivera Róvere, ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, jefe de la subzona militar Capital y autor mediato de todos los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la ciudad en 1976 por Fuerzas Armadas y de seguridad. Durante medio año, como mínimo, declararán más de 400 testigos que los imputados no deberán oír y la sociedad no podrá escuchar ni ver por medios audiovisuales por decisión del Tribunal Oral Federal 5. La agrupación Hijos convocó a un “camarazo” para repudiar las restricciones al trabajo de la prensa por parte de los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, y para exigirle a la Corte Suprema que garantice el cumplimiento de sus acordadas.

Olivera Róvere secundaba al general Carlos Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo. Carlos Menem lo indultó en 1990 y el juez Rodolfo Canicoba Corral lo procesó en abril de 2004. Durante su indagatoria dijo que sólo retransmitió órdenes sobre patrullajes y ceremonial, y que supo de “unas diez o quince personas” detenidas por sus subordinados. La Cámara de Casación Penal lo excarceló hace dos años. Será juzgado por 120 secuestros, incluido el del escritor Haroldo Conti, y por el homicidio de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Su defensa estará a cargo del ex juez de la dictadura Norberto Giletta y de su hijo homónimo.

Cuatro secuestros de personas vistas en centros clandestinos de la jurisdicción de Olivera Róvere, de 82 años, bastarían para condenarlo en dos meses a la pena más alta que prevé el Código Penal y comenzar a juzgar a Astiz, Acosta & Cía. Ante la ausencia de una planificación eficaz de los procesos a ejecutores del terrorismo de Estado, cientos de testigos deberán declarar durante meses para lograr otra condena aislada mientras más genocidas morirán sin castigo (veinte fallecieron en 2008) y otros seguirán reclamando la liberación de quienes llevan años procesados.

Los otros cinco acusados, por 154 secuestros en total, ocupaban eslabones intermedios en la cadena de mandos del Primer Cuerpo y no estarán presentes mañana. Como sólo se les imputan 32 secuestros en común con Olivera Róvere, el tribunal resolvió que primero declaren testigos de casos que involucran sólo al ex jefe de subzona. Quienes se sumarían en abril son:

- General Rodolfo Enrique Wehner (80 años), ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” y por ende del área militar III desde el golpe hasta fines de 1977. Se le imputan 51 privaciones ilegales.

- Coronel Humberto José Lobaiza (79) y general Teófilo Saá (78), ex jefes del Regimiento de Infantería “Patricios” en 1976/7 y 1978/9, procesados por 83 y 28 secuestros respectivamente.

- Coronel Felipe Jorge Alespeiti (77), ex segundo jefe de “Patricios” y jefe del área militar II durante 1976. Será juzgado por 34 secuestros.

- Coronel Bernardo José Menéndez (76), ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y del área V en 1977 y 1978. Es abogado y se defenderá a sí mismo. Está acusado de 41 secuestros.

La megacausa Primer Cuerpo se reabrió en septiembre de 2003. Por abundancia de pruebas sobre responsabilidades mediatas los imputados fueron procesados pocos meses después. En febrero de 2007 se elevó el caso Olivera Róvere y en octubre “jefes de áreas”, como se conoce la causa. Por el abarrotamiento de juicios en el TOF-5, recién dos años después el primer imputado se sentará en el banquillo.

Las audiencias testimoniales comenzaron en marzo pasado. Ante el riesgo de que los testigos que rondan los 80 años no llegaran a declarar, todos los viernes de los últimos once meses el tribunal escuchó sus relatos. Las audiencias futuras se desarrollarán de martes a jueves y durarán entre seis y nueve meses. La acusación estará a cargo del fiscal federal Félix Crous y encabezarán las querellas abogados del CELS y la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.

Juicio para pocos

El proceso a Olivera Róvere & Cía. es el mayor en términos de cantidad de víctimas desde el juicio a los nueve ex comandantes. Una ínfima porción sobrevivió para dar testimonio. Otra aún menor fue identificada por el Equipo de Antropología Forense. Algunas fueron vistas en los centros Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio u Orletti. A la mayoría se le perdió el rastro tras el secuestro. Para los seres queridos de cada una de esas 246 personas, por primera vez desde 1985 la justicia puede condenar a alguien por los padecimientos sufridos. Paradójicamente, si sólo un allegado por víctima se acreditara para presenciar la audiencia, más de 150 quedarían afuera de la sala. La posibilidad de que puedan seguirla por los medios fue reducida al máximo por los propios jueces. El tribunal que hasta 2008 presidió Guillermo Gordo y ahora encabeza Daniel Obligado es el único que instruye juicios por crímenes de lesa humanidad y prohíbe trabajar a fotógrafos y camarógrafos. También es el único que prohíbe a las Madres de Plaza de Mayo ingresar con sus pañuelos.

Las restricciones a la prensa fueron cuestionadas por querellantes, víctimas, organizaciones de prensa, académicos, fiscales y jueces. La propia Corte dictó una acordada para que se garantice la “difusión radial y televisiva”, no de las declaraciones testimoniales, que otros tribunales permiten transmitir, sino sólo de actos iniciales, alegatos y sentencia. Días después, Gordo y los demás jueces prohibieron a los reporteros cubrir la condena a los ex jefes de Mansión Seré. Ante la ratificación del criterio restrictivo, la Asociación de Reporteros Gráficos le reclamó a la Corte que garantice el cumplimiento de su acordada. Hijos decidió convocar a los fotógrafos a las 9 en Comodoro Py para exigir que el tribunal permita a la sociedad conocer el rostro del ex dueño de vidas y muertes en la ciudad durante el año más sangriento de la última dictadura.

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Reclamos que se multiplicaron

La publicidad de los juicios a los represores

Por Diego Martínez

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina le reclamó ayer a la Corte Suprema de Justicia que garantice el cumplimiento de su propia acordada y disponga las medidas necesarias para que el Tribunal Oral Federal 5 no vuelva a impedir el trabajo de fotógrafos y camarógrafos el próximo martes, cuando comience el juicio al ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército, general Jorge Olivera Róvere. La agrupación H.I.J.O.S., en tanto, convoca para ese día a las nueve a los fotógrafos a un “camarazo” en Comodoro Py. Mientras el CELS reiteró su repudio ante las restricciones a la prensa y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos anticipó que presentará un pedido similar al de Argra, el presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata, Carlos Rozansky, consideró que “limitar una garantía constitucional como la publicidad de la actividad judicial es limitar la capacidad de comprensión de lo que ocurrió en nuestro país”.

El TOF 5 es el único tribunal que instruye juicios por crímenes de lesa humanidad y prohíbe el trabajo de los reporteros gráficos. Ante el rechazo a los reclamos formulados por querellantes, agrupaciones de prensa y el fiscal Félix Crous, en octubre, la Corte dictó una acordada para que se garantice la “difusión radial y televisiva” de actos iniciales, alegatos y sentencia. Encomendó al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles”. Cinco días después, durante la sentencia de Mansión Seré, el TOF impidió ingresar a los reporteros, criterio que, como informó Página/12, prevé repetir el martes.

Argra presentó su reclamo ayer ante el titular de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad de la Corte, José Luis Mandalunis. Repudió las “maniobras obstruccionistas” del tribunal y consideró que “tergiversó hasta la inanidad la posibilidad de filmar la lectura de la sentencia” de Mansión Seré. H.I.J.O.S. convocó al “camarazo” por considerar que el tribunal “niega a la sociedad el derecho a estar informada”. “Queremos conocer las caras de los asesinos, torturadores y apropiadores de bebés. La difusión pública de los juicios fortalece a la democracia. Todos somos parte de los juicios porque todos somos víctimas de sus crímenes. Queremos conocer sus caras porque algunos vuelven después a sus casas, impunes o con arresto domiciliario, para poder repudiarlos, dejar de saludarlos, no venderles el pan, y seguir denunciando cuando burlan a la Justicia y violan el arresto domiciliario”, explicó la agrupación en un comunicado.

El director del CELS, Gastón Chillier, consideró que si se restringe el acceso a la prensa “no se crea conciencia en la sociedad para que hechos aberrantes no vuelvan a suceder”. Liliana Mazzea, abogada de la AEDD, que también actuará como querellante, anticipó que pedirá a la Corte el cumplimiento de la acordada en el caso de que se vuelva a prohibir el ingreso de los reporteros, criterio que el tribunal ya confirmó.

El juez Carlos Rozansky, presidente del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz y al cura Christian Von Wernich, recordó que la publicidad es una garantía constitucional: “Sólo se comprende lo que se conoce. Si la sociedad tiene una restricción para acceder a conocer la verdad, habrá problemas para construir la memoria social. La memoria es fundamental para tener un conocimiento de nuestro pasado y presente como sociedad y para construir un futuro mejor”.

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A Menem todavía le dura la sonrisa

El ex presidente se presentó en el juicio oral en su contra y se negó a declarar

El tribunal que juzga el contrabando de armas a Ecuador y Croacia le tomó sus datos personales. Menem se negó a declarar. Llegó sonriente y en buena forma, aunque había alegado problemas de salud para evitar concurrir a las audiencias.

Por Diego Martínez

El ex presidente Carlos Menem se presentó ayer ante el Tribunal Penal Económico Nº 3.

Sonriente y rozagante, aunque con tranco lento y curvatura normal para un hombre de 78 años, el ex presidente Carlos Menem dejó de jugar a la escondida, se presentó ante el tribunal que lo juzga por contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia y, por consejo de su abogado, se negó a declarar. Antes, el Tribunal Oral Penal Económico Nº 3 había rechazado los pedidos de recusación contra el juez Horacio Artabe y de nulidad del requerimiento de elevación a juicio que formuló Maximiliano Rusconi, uno de los cuatro defensores del riojano. El abogado anticipó que el martes apelará las negativas ante la Cámara de Casación y minimizó las consecuencias que podrían generar sus planteos. “Un mes de demora”, calculó. “Para una causa que lleva trece años no es nada”, dijo.

Menem llegó 9.10, veinte minutos antes de la hora prevista para el inicio de la audiencia, y saludó a la docena de admiradores que lo alentó con bombos. “¡Viva Perón! ¡Viva Menem!”, mezclaban. “Hoy es un día importante para la Argentina. Que un ex presidente constitucional sea sometido a un proceso judicial implica que todos somos iguales ante la ley”, celebró el abogado Ricardo Monner Sans durante la espera. Cuando un cronista preguntó por “el rol específico de Carlos Menem” se activó una alarma que taladró los oídos de los huéspedes del subsuelo de Comodoro Py. La abogada Mariana Barbitta, defensora del riojano junto con Rusconi, Gabriel Palmeiro y María Valeria Onetto, se explayó sobre temas procesales pero prefirió los monosílabos ante preguntas sobre el hombre que los contrató.

–¿Cuándo viajó?

–No sé.

–¿Por qué medio?

–No sé.

–¿Mejoró su salud?

–No sé –repitió y se escabulló por un pasillo.

La audiencia arrancó a las once con la prensa apiñada al fondo de una sala tipo chorizo. Primero, el tribunal rechazó la recusación de Artabe por supuesto “conocimiento exhaustivo” del expediente. El juez cuestionado explicó que su conocimiento de la causa, cuando era juez de instrucción, duró sólo “un día” y descartó el menor riesgo de parcialidad. El tribunal coincidió. Sostuvo que había “un temor infundado” porque la intervención del juez no revestía “la más mínima entidad” y “se limitó a comparar objetos procesales de dos causas para concluir en su conexidad”. Luego rechazó el pedido de nulidad de los requerimientos de elevación. Rusconi sostiene que los decretos fueron actos administrativos lícitos y el contrabando es posterior. Menem llegó a juicio por los elementos que sugieren la relación entre ambos momentos. “Es justamente lo que hay que discutir”, explicó el abogado de la Aduana, José Solari.

Finalmente llegó la hora de escuchar al imputado. El juez Luis Imaz le tomó los datos. Menem respondió en voz baja, aunque no más baja ni menos incomprensible que la del presidente del tribunal. Contó que tiene 78 años, es abogado, divorciado, riojano, con domicilio actual “aquí en Capital, como senador de la Nación”. Recordó que sus padres murieron y deletreó el nombre de su mamá: M-o-h-i-b-e A-k-i-n. “De Menem, por supuesto”, agregó.

–¿Condiciones de vida? –preguntó Imaz

–Senador nacional.

–¿Procesos anteriores?

–Antecedentes no –balbuceó.

Antes de que el juez le preguntara si iba a declarar, Rusconi anticipó que va a apelar los planteos rechazados, por lo cual, dijo, “Menem no debe defenderse de un acción que considera nula”. Imaz le recordó que debía responder el propio imputado y le dio la palabra. “Habida cuenta de que hay cuestiones pendientes apeladas, he resuelto no prestar declaración en esta audiencia”, dijo Menem. El juez ordenó que se leyeran sus declaraciones durante la instrucción. Rusconi pidió permiso para que Menem se retirara, lo acompañó hasta la puerta y después habló ante la prensa. Como al pasar dijo: “Debiera suspenderse la tramitación del juicio” porque “no hay garantías orgánicas”. Si sus planteos prosperan “entraría el cuarto juez y habría que nombrar un nuevo suplente”, que debería leer los requerimientos y la elevación. “No es tan grave, un mes de demora”, calculó.

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Justicia a paso lento en Formosa

Fue postergado el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en la provincia

El Tribunal Oral Federal local informó que el proceso al represor Juan Carlos Colombo se demorará “entre 10 y 20 días”. No hubo explicación oficial, pero se presume que la demora se debe a dificultades para hallar una sala adecuada.

Por Diego Martínez

Colombo (centro) fue gobernador de la dictadura y está procesado como jefe de una asociación ilícita.

El comienzo del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Formosa, previsto para el martes próximo, se postergará “entre 10 y 20 días”, según informaron ayer fuentes del Tribunal Oral Federal local. Si bien fue imposible obtener una explicación oficial, los motivos de la demora se relacionan con las dificultades para obtener una sala acorde y también para instalar una red de intranet que le permita al imputado, general de brigada retirado Juan Carlos Colombo, seguir las audiencias por teleconferencia. “El paso del tiempo nos va a dar una solución biológica. Los imputados se van a morir antes de ser juzgados”, lamentó ayer William Caravallo, uno de los abogados querellantes. El ex gobernador de facto tiene 84 años, goza de arresto domiciliario, pero por problemas de salud está internado en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

La reapertura de las causas de lesa humanidad en Formosa derivó en infinidad de problemas. Tras la excusación del juez federal Marcos Bruno Quinteros, por su amistad con dos ex integrantes del Tribunal Superior de Justicia imputados en la causa, se excusaron o fueron recusados 37 abogados que integraban la lista de conjueces. En marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el propio Quinteros instruyera la causa. Formosa también trascendió por la cantidad de prófugos radicados en Paraguay, por las liberaciones en masa que concedió la Cámara Nacional de Casación Penal y por la original “excarcelación bajo caución institucional” que la camarista Angela Ledesma encomendó nada menos que al Ejército, con el argumento de que por su capacidad de mando era la institución ideal para garantizar que se presenten ante la Justicia.

Fue en ese contexto que desde el expediente principal, que lleva el nombre del abogado paraguayo desaparecido Fausto Carrillo, se separó y avanzó en la instrucción de las imputaciones a Colombo, gobernador de facto entre 1976 y 1980. Colombo enviaba dinero por decreto al Regimiento de Infantería de Monte 29 para el mantenimiento de los secuestrados “hasta su destino final” y también ascendió a policías por sus “patrióticos servicios prestados” en la “lucha contra la subversión”. Fue detenido en septiembre de 2006 y está procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita responsable de al menos once privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados, más dos desapariciones forzadas. El 25 de septiembre de 2007 su caso se elevó a juicio y un año después se fijó la fecha de inicio del debate: 10 de febrero de 2008. En el medio surgieron los inconvenientes para conformar el Tribunal Oral Federal. Finalmente, se nombró presidente a Eduardo Ariel Belforte y se completó con dos jueces subrogantes chaqueños, que deberán viajar cada semana a Formosa para participar de las audiencias.

El problema edilicio también es de vieja data. En septiembre el TOF declaró la emergencia de infraestructura edilicia y de personal. Según el escrito, el tribunal funciona en el garaje de una casa, carece de un lugar mínimo para guardar expedientes en trámite, los debates que debieran ser secretos se realizan en voz baja para que no lleguen a oídos de las partes y no hay modo de aislar a los testigos para que no se escuchen entre sí.

La salud de Colombo es apenas el último problema. En noviembre el Cuerpo Médico Forense dictaminó que estaba en condiciones de defenderse, pero no de ser trasladado a Formosa, por el estrés que le generaría el viaje. En diciembre, según fuentes de la Justicia local, comenzaron los trámites para el sistema que le permita declarar y seguir el juicio por videoconferencia. Pero entre la licencia del presidente del tribunal y la feria judicial de enero, hasta el lunes los querellantes no tuvieron ni siquiera interlocutor para saber dónde declararán los testigos. Hasta ayer había dos alternativas: el Colegio de Escribanos o el juzgado federal. Cuando se elija una u otra sede habrá que trasladar la red de intranet que funciona en el TOF. Luego habrá que ver si Colombo aún respira.

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Massera bajo el microscopio

El juez Sergio Torres ordenó nuevas pericias para corroborar si el dictador simula

La medida fue reclamada por organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos, luego de que un informe ordenado por la Justicia italiana señalara que el represor está en condiciones de ser sometido a juicio.

Por Diego Martínez

El dictador Emilio Massera fue declarado inimputable, pero los juicios en su contra podrían reabrirse.

El ex comandante en jefe de la Armada Emilio Massera será sometido a una nueva pericia médica, en el marco de la megacausa ESMA, para corroborar si es un simulador “plenamente en condiciones de ser sometido a juicio”, como afirma la pericia del médico italiano Pie- ro Rocchini, que ayer publicó Página/12. Hasta ahora, el Cuerpo Médico Forense sostuvo que el dictador es insano e inimputable.

Los procesos contra Massera en la Argentina se suspendieron en 2005, luego de que una junta médica dictaminara sobre su “involución mental” producto de un derrame cerebral sufrido en diciembre de 2002 y la jueza María Servini de Cubría lo declarara “insano” e incapaz de enfrentar un proceso penal, lo cual fue avalado por la Corte Suprema.

Italia puso en duda la seriedad de los exámenes y el juez Marco Mancinetti envió al perito Roberto Tatarelli, que lo revisó el 5 de marzo de 2007, tras sortear los obstáculos que interpuso el entonces juez y hoy ministro porteño Guillermo Montenegro. Tatarelli concluyó que la demencia le impedía al ex marino afrontar un juicio. Mancinetti suspendió el proceso y estipuló una revisión periódica para evaluar posibles cambios, que encomendó a la Justicia argentina. Tal como informó Horacio Verbitsky hace un año, los jueces argentinos no enviaron los informes médicos. En diciembre, por orden del juez italiano, el perito Piero Rocchini volvió a examinarlo. Concluyó que Massera “experimenta una moderada declinación psíquica” pero está en condiciones de ser juzgado, “pese a posibles intentos manipulatorios, más o menos conscientes, actuados por medio de exageraciones de síntomas psíquicos ficticios”.

Mientras organismos querellantes y la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron la reapertura de los juicios contra Massera, el juez Torres, a cargo de la causa ESMA, confirmó a Página/12 que ordenó una pericia a cargo de la Asociación Médica Argentina, la Facultad de Medicina de la UBA y el Cuerpo Médico Forense, intervenido por la Corte por su irregular funcionamiento. La SDH reclamó que también participe de los exámenes el Gabinete Pericial Psicológico Forense de la Facultad de Psicología. Torres aclaró que “la declaración de insania rige sólo para el fuero civil”. “Lo que hay es una suspensión de la causa en base a los informes que dicen que no está en condiciones de defenderse”, explicó. Si la nueva pericia contradice las anteriores y confirma la italiana, “se ordenará su indagatoria y se verá qué se hace con los médicos que intervinieron”, dijo.

Massera también está imputado en causas por robos de bebés a cargo de Servini de Cubría, en “Plan Cóndor”, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, y en “Plan sistemático” de apropiaciones, que instruye Norberto Oyarbide. “Corresponde a estos magistrados verificar de inmediato las condiciones de salud de Massera, reabrir el proceso penal en su contra y trasladarlo a una unidad penitenciaria común, donde no reciba privilegios”, reclamó ayer Abuelas de Plaza de Mayo. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, consideró que el caso confirma “la complicidad de la Justicia, cada vez más clara”. “No es que la Justicia perdona a Massera y dice que está tonto. En la Justicia se perdonan ellos también, porque también son responsables y cómplices de todo lo que pasó”, concluyó.

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Fotógrafos abstenerse

El juicio al general Olivera Róvere

Por Diego Martínez

A diferencia del resto de los tribunales orales federales del país, donde fue posible seguir en vivo el alegato de Luciano Menéndez, el llanto de Antonio Bussi y las amenazas de muerte de Cecilia Pando, y a contramano de la acordada de la Corte Suprema de Justicia que ordenó “garantizar el derecho a la información” en juicios que generan “gran interés en la ciudadanía”, el Tribunal Oral Federal 5 porteño confirmó que impedirá una vez más el ingreso de fotógrafos y camarógrafos a las audiencias del juicio al ex dueño de vidas y muertes en Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, que comienza el martes.

Las restricciones al trabajo de la prensa ya se aplicaron en los juicios al policía Julio Simón, al prefecto Héctor Febres, a los responsables de la Masacre de Fátima, a los apropiadores de Eugenia Sampallo y a los ex jefes de Mansión Seré. Ante el rechazo a los reclamos que formularon querellantes, organizaciones de prensa y el fiscal Félix Crous, en octubre la Corte dictó una acordada para que se garantice la “difusión radial y televisiva” de actos iniciales, alegatos y sentencia. La Corte encomendó al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles”. “El tribunal requerirá a un medio televisivo, preferentemente público, la toma de imágenes” para los medios “que no pudieran ingresar a la sala por insuficiencia de espacio”, agregó.

Cinco días después, durante la sentencia de Mansión Seré, el tribunal impidió el ingreso de reporteros, prohibió difundir imágenes de las últimas palabras de los imputados y sólo permitió a los canales tomar la señal de circuito cerrado que mostró al juez leyendo la sentencia. Ayer, ante la consulta de Página/12, el tribunal confirmó que se mantendrá el criterio restrictivo y que aún no se resolvió si el camarógrafo contratado podrá filmar o no a Olivera Róvere cuando responda si piensa declarar o callar.

Tanto el CELS como el fiscal Crous, a cargo de la acusación, repudiaron la decisión. “La acordada ordena garantizar el acceso de los reporteros, no que el tribunal decida qué filmar. Es una interpretación restringida e irrazonable”, consideró Gastón Chiller, director del CELS. “El TOF ya incumplió la acordada, pero esa discrecionalidad no puede repetirse. La Corte debería adoptar una medida categórica para garantizar la publicidad”, agregó. “Hay un fuerte resabio inquisitivo de juicios de catacumba en la cultura judicial, en la que conviven normas modernas con mentalidades retrógadas”, reflexionó el fiscal. El año pasado Crous denunció por “arbitrariedad manifiesta” al tribunal por negarse a transmitir las audiencias sobre las que luego se pronunció la Corte. La Sala IV de Casación rechazó su apelación y consideró que el tribunal “aseguró la participación del público en la medida de lo posible”. Como si la acordada no hubiera entrado en vigencia, invitó a los colegas del TOF 5 a considerar la orden “en el futuro”. El futuro ya llegó.

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