Mendoza: confirmación del procesamiento de Romano

El juez Otilio Roque Romano, procesado por casi cien hechos.

Publicado en PáginaI12.

La Cámara Federal de Mendoza confirmó ayer el procesamiento de uno de sus miembros, el juez Otilio Roque Romano, por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El tribunal ratificó la responsabilidad penal del magistrado en 76 casos de secuestros, torturas y desapariciones, aunque agravó su situación procesal al modificar la calificación legal. Además de la omisión de investigar delitos de manera sistemática y prolongada en el tiempo, que le había adjudicado en primera instancia el juez federal Walter Bento, la Cámara reemplazó la calificación de partícipe secundario a partícipe necesario, que en caso de confirmarse en la etapa de juicio oral podría costarle a Romano una condena a prisión perpetua. Un día antes el juez Bento lo había procesado por otros 17 casos, que ahora debe analizar la Cámara. Paradójicamente, el camarista continúa en funciones gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

“Es un caso gravísimo, no se entiende que el propio Poder Judicial tenga tanta ambivalencia o ambigüedad”, reflexionó el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de seguimiento y coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. “Por un lado se confirma y agrava el procesamiento de Romano por casi cien hechos y, por el otro, el Consejo de la Magistratura, es decir la cabeza administrativa o política, con todas las facultades a su alcance, va a la zaga y muy lejos de acompañar al poder jurisdiccional”, lamentó. “Es inexplicable, no hay consonancia, no hay comportamiento coherente. Romano no puede seguir en funciones, es un juez procesado por crímenes de lesa humanidad, no puede tener el más mínimo espacio de poder con semejante situación procesal. Es perentoria una decisión administrativa”, planteó el fiscal chaqueño, quien viene de celebrar la condena por la Masacre de Margarita Belén.

La decisión de la Cámara Federal mendocina fue rubricada por los jueces Pedro González, Roberto Naciff y Hugo Echegaray, e incluye a otros tres magistrados que prestaron servicios durante el terrorismo de Estado. En el caso de Rolando Evaristo Carrizo, ex titular del Juzgado Federal de Mendoza, la confirmación fue automática porque el imputado no apeló el procesamiento de primera instancia. Carrizo fue responsabilizado hasta el momento por omitir investigar delitos de lesa humanidad en 19 casos. El segundo procesamiento firme recayó sobre Miret, en su caso por denegación de justicia contra 36 víctimas. El tercer procesado camino a juicio es Guillermo Max Petra Recabarren, por idéntica omisión, pero en perjuicio de 22 personas y en carácter de juez federal subrogante. Petra Recabarren es primo hermano de Julio Petra, actual presidente de la Cámara Federal cuyana, quien tal como informó Página/12 el mes pasado hizo lobby ante la Corte Suprema de Justicia para lograr la remoción de Naciff y Echegaray, justamente por contrariar la política histórica del tribunal de obstaculizar el avance de los procesos de lesa humanidad. Petra a secas es el mismo que después de prestarse a recusar a Bento fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar céntrico de Mendoza con su amigo Romano, compañero de tribunal durante casi veinte años, según denunció el diario virtual Mendoza On Line.

En el último punto de la parte resolutiva la Cámara ordenó ayer notificar su decisión a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara Nacional de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura “a los fines que estimen corresponder”. También el juez Bento había notificado sin suerte en marzo al organismo responsable de analizar y juzgar el desempeño de Sus Señorías. Tanto Miret como Romano renunciaron al cargo para intentar evitar el jury, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que les frustró la maniobra. Miret debió afrontar el proceso y terminó destituido por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Romano logró burlar al organismo gracias a una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Carlos Parellada, denunciado a su vez por el sobreviviente del Departamento de Informaciones de la policía cuyana Fernando Rule como amigo íntimo y compañero de fuero del camarista durante la dictadura.

“La resolución de la Cámara de Mendoza es de suma trascendencia para el juzgamiento de hechos gravísimos de complicidad judicial con el terrorismo de Estado”, reflexionó Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de la Procuración. “La decisión del tribunal deja la causa en condiciones de ser elevada a juicio, lo que seguramente ocurrirá en muy poco tiempo. El Consejo de la Magistratura debe tomar nota de esta resolución y resolver urgentemente la situación de Romano. Es una situación de inusitada gravedad institucional que no puede quedar sin resolver”, alertó.

Acto de Abuelas por sus diez años en la causa Noble

Publicado en PáginaI12.

Un millar de personas convocadas por Abuelas de Plaza de Mayo concurrió ayer a plaza Lavalle, frente a Tribunales, para exigirle al Poder Judicial que esclarezca la identidad de los niños adoptados de manera ilegal por la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble. A diez años de la presentación de Abuelas como querellante y cuando la Cámara de Casación se apresta a pronunciarse sobre el fallo de la Cámara de San Martín que ordenó realizar los análisis de ADN con o sin el consentimiento de Marcela y Felipe, Estela de Carlotto se dirigió a ellos y les propuso “liberarse de la opresión” y les advirtió que “junto con la libertad sólo los espera el amor”. El abogado Pablo Llonto recordó que el jueves 26 será la audiencia en Casación y repudió la “vergonzante actitud del ex juez Gabriel Cavallo”, que diez años después de declarar inconstitucionales las leyes de impunidad defiende a la imputada Herrera de Noble. “Le vamos a decir una vez más que el derecho a la identidad es parte de nuestra historia y lo vamos a defender aquí y en cualquier parte”, advirtió.

“Conocer la verdad nos dio la posibilidad de elegir”, explicaba Manuel Gonçalvez desde una pantalla, mientras la plaza se cubría de banderas: H.I.J.O.S., Negros de Mierda, Peronismo Militante, La Cámpora, Juventud Sindical, Grupo Kolina, JP Evita, Frente Nacional de Mujeres K. El primer orador fue un joven de la JSP: repudió a “los malintencionados que preguntan desde cuándo la Juventud Sindical se consustanció con los derechos humanos”, reafirmó el compromiso con las Abuelas y criticó a “las corporaciones mediáticas bañadas en sangre”. El judicial Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, lamentó la existencia de “jueces con la ideología de la dictadura” y afirmó que “el movimiento obrero quiere saber quiénes son los padres de los Noble Herrera y que los responsables paguen en la cárcel”.

“Este es un lugar muy simbólico: un vetusto edificio recorrido tantos años pidiendo justicia”, arrancó Carlotto tras confesarse “conmovida por los bombos”. Calificó de “insoportable” pensar que pasaron diez años desde que Abuelas se presentó como querellante en el caso y explicó que “los convocamos para que nos transmitan fuerza”. “Parece que esta Justicia se inclina para el lado de los poderosos y se olvida del resto”, dijo, y la contrastó con “la buena gente que exige memoria, verdad y justicia”.

“Las Abuelas, con casi 34 años, queremos dejar un país con ciertas seguridades para los jóvenes, sobre todo la de que nadie deba transitar nuestro camino”, se esperanzó. Y fue al grano: “La situación de Marcela y Felipe es única. Todo lo hacemos por ellos. Queremos saber con ansiedad y amor si son los nietos que buscamos. Este acto es para ellos. Tienen que luchar, liberarse de la opresión”, rogó. “Viven en una jaula de oro, son rehenes de la historia”, definió la presidenta de Abuelas.

El segundo destinatario de su mensaje fue el Poder Judicial. “Esto no es un acto de presión. Estamos reclamando el derecho inalienable de ser libres, de Marcela, Felipe y los cuatrocientos nietos que no saben quiénes son.” “Tenemos la seguridad de que éste es un pueblo de lucha, que está de pie para defender la democracia”, agradeció, y cerró con “dos buenas nuevas”. La primera: la condena al ex policía Luis Falco. “Se hizo justicia, cárcel común”, gritó, y la plaza saltó con el himno de los juicios a represores: “Como a los nazis...”. La segunda “sugiere que algo bueno está por llegar: un apropiador, ex prófugo, detenido en Paraguay, el médico Atilio Bianco, va a ser extraditado”, anunció eufórica.

El abogado Pablo Llonto recordó que la viuda de Noble admitió en una carta abierta la posibilidad de que Marcela y Felipe fueran “víctimas de la represión ilegal”. “Nos preguntan por qué en la Argentina no hay un juez con coraje para decirle ‘basta’ al Grupo Clarín y ordenar los análisis de ADN”, planteó, y respondió: “En eso estamos, en la lucha de Abuelas, peleando por lo que más temprano que tarde será la verdad”.

“Marcela, Felipe: ¿no quisieran ser tan admirados como Cabandié, Donda y tantos otros nietos?”, preguntó el Negro Horacio Fontova. “Libérense, no sean cagones, los estamos esperando con los brazos abiertos.”

Vuelos. Entrevistas con Víctor Hugo Morales.

Entrevista, 11.5.11 (si no se puede escuchar, abrir desde el link siguiente):

http://www.continental.com.ar/oir.aspx?id=1470072

Entrevista de Víctor Hugo Morales con Horacio Verbitsky, 12.5.11:

http://www.continental.com.ar/oir.aspx?id=1470790

Un vuelo a la cárcel

Detuvieron a cinco acusados de participar en los vuelos de la muerte. Tres son pilotos que habrían formado parte de la tripulación que arrojó al mar a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

Por Diego Martínez

A diecisiete años de la confesión pública del ex capitán Adolfo Scilingo, el juez federal Sergio Torres ordenó detener e indagó ayer a cinco imputados por los vuelos de la muerte. El más conocido es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, defensor de sus compañeros de la ESMA durante años, pese a que Scilingo lo había denunciado como quien le alcanzaba a personas dormidas para arrojar al vacío. Los ex pilotos Enrique José De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, en cambio, fueron imputados a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación, que estudió planillas de Prefectura e identificó el vuelo del Skyvan en el que habrían sido asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y los familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977. El quinto detenido es el ex suboficial naval Rubén Ricardo Ormello, quien confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. Tanto De Saint George y Arru como el mecánico Ormello son empleados de Aerolíneas Argentinas.

El único detenido por los vuelos en el país era hasta el lunes el capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como hormiguitas”. Su caso ya fue elevado al Tribunal Oral Federal 5 y podría ser juzgado junto a la segunda tanda de marinos de la ESMA cuando concluya el proceso a Acosta, Astiz & Cía. Distinto es el caso del teniente Julio Alberto Poch, el piloto de Transavia extraditado desde España, quien goza de libertad desde que la Cámara Federal le ordenó al juez Torres reforzar los argumentos del procesamiento. Las nuevas detenciones se produjeron el lunes. Cuatro de los imputados prestaron ayer declaración en el juzgado de Torres, quien los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. A Torres de Tolosa, con un tumor cerebral, lo indagó el secretario Pablo Yadarola en la casa, donde quedó detenido con un policía en la puerta. El juez tiene ahora diez días para resolver sus situaciones procesales.

Teniente Vaca

Gonzalo Torres de Tolosa, pariente lejano del capitán Jorge Acosta, integraba el sector Automotores de la ESMA junto con Scilingo, quien lo conocía como “teniente Vaca”, el nombre de cobertura que usaba para ocultar su identidad. Juntos participaron del primer vuelo de la muerte que confesó el marino, ocurrido a mediados de 1977 en un Skyvan de Prefectura. El abogado había estado apenas un día detenido, en 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón, quien pidió sin suerte su captura y extradición. Torres de Tolosa estuvo imputado en la megacausa ESMA desde 2005, cuando el fiscal federal Eduardo Taino lo incluyó en su acusación. El dictamen no le impidió recorrer durante años los pasillos de Comodoro Py para defender a sus camaradas en desgracia. El abogado es además uno de los cinco civiles condecorados el 12 de septiembre de 1978 por el ex almirante Emilio Massera por su “esfuerzo y abnegación” como integrante del Grupo de Tareas 3.3 “en operaciones reales de combate”.

El Colorado Ormello

Rubén Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada, tenía 21 años y prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su confesión, que Página/12 publicó hace veinte meses, la relataron ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura y para la que trabajó hasta el lunes en el sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruyó un operario. Las fuentes citaron un detalle que los paralizó: “Trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho efecto. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba. El 13 de agosto de 2009 Página/12 buscó a Ormello en su lugar de trabajo y en su casa de Godoy Cruz. Su esposa informó que estaba de viaje. El cronista dejó su teléfono y su mail, pero no recibió respuesta, ni antes ni después de la nota, publicada el 6 de septiembre de 2009.

Del Skyvan al Boeing

Las primeras denuncias sobre el uso de los Skyvan en vuelos de la muerte datan de 1983. Los registros de Prefectura que derivaron en las detenciones no los pidió el fiscal o el juez de la causa ESMA sino el fiscal Miguel Osorio, que decidió investigar vuelos en el marco del Plan Cóndor. La Unidad Fiscal que conducen Jorge Auat y Pablo Parenti procesó 2758 planillas de cuatro Skyvan, identificó vuelos anómalos y señaló en particular el del PA-51 del 14 de diciembre de 1977, que despegó del aeroparque Jorge Newbery a las 21.30, voló tres horas y diez minutos y, sin escalas ni pasajeros según el registro, retornó al punto de partida. Horas antes habían sido fotografiadas en la ESMA las monjas Domon y Duquet, cuyo cadáver apareció en las playas de San Bernardo seis días más tarde. De Saint George y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas. Hasta el mes pasado, cuando el fiscal Taiano pidió sus detenciones, volaban tres veces por mes a Madrid como comandantes de los Boeing 747. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra. Días después del vuelo un superior elogió el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En Necochea vive aún libre e impune el jefe de los pilotos, prefecto general Hilario Fariña, a quien el Concejo Deliberante local podría declarar el jueves “persona no grata”.

diemar75@gmail.com

Dos versiones sobre el retorno de los qom a Formosa

El CELS y Félix Díaz, líder de la comunidad qom, aseguraron que no hubo “desalojo” del acampe. Nora Cortiñas, de Madres, denunció que intervino "una patota" de La Cámpora.

Por Diego Martínez

Félix Díaz acampó durante cinco meses para exigir la restitución de tierras ancestrales en Formosa.

El Centro de Estudios Legales y Sociales y el líder de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz, informaron anoche mediante un comunicado que “el levantamiento del acampe en la Avenida 9 de Julio fue voluntario y no se trató de un desalojo”. La declaración se difundió un día después de que Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, denunciara que los aborígenes fueron expulsados “compulsivamente” por “una patota de jóvenes” de La Cámpora y de “organizaciones afines al gobierno”. “Es una canallada decir que los integrantes de la comunidad qom han sido presionados para levantar el campamento” porque esa medida “formaba parte del acuerdo al que habíamos llegado en la reunión que mantuvimos en Casa de Gobierno”, aseguró el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Los miembros de la comunidad qom acamparon durante cinco meses en la Avenida 9 de Julio para exigir la restitución de tierras ancestrales en Formosa, y justicia por la represión del 23 de noviembre, cuando la policía que responde al gobernador Gildo Insfrán con la complicidad de Gendarmería asesinó a Roberto López (abuelo qom de 62 años) y dejó un tendal de heridos, incluidos varios ancianos.

A fines de abril los qom extremaron las medidas para exigir una reunión con el Gobierno. Díaz y otros indígenas iniciaron el lunes 25 una huelga de hambre y un corte en la Avenida 9 de Julio. Un día después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Gobierno a adoptar medidas “para garantizar la vida y la integridad física” de los manifestantes “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.

El sábado 30 la Justicia contravencional porteña ordenó liberar el corte y el Ministerio de Seguridad apostó más de cien efectivos frente a los manifestantes. “No hay orden para negociar”, confió un colaborador de la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz luego de despejar la calle.

El lunes, Randazzo recibió finalmente al líder de la comunidad, en una mesa de negociación junto al CELS, el Serpaj, Madres Línea Fundadora, CTA, APDH, la Defensoría General de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “El Estado se comprometió a brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa para solucionar el conflicto de fondo por las tierras tradicionales que pertenecen a la comunidad”, precisó el CELS en el comunicado. “El Estado facilitó además los medios para garantizar el retorno de los qompi a Formosa en condiciones de seguridad, de acuerdo con uno de los puntos que exigió la CIDH cuando hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el CELS y la Defensoría General de la Nación”, agregó el organismo.

Los indígenas habían informado que tenían previsto mantener el acampe hasta mañana, cuando se realice la primera reunión con el Estado Nacional y de Formosa, para resolver luego en asamblea los pasos a seguir. El viernes a primera hora, sin embargo, varios camiones y un micro de Gendarmería se apostaron ante los manifestantes con la misión de trasladarlos a sus tierras. “Los levantaron de forma agresiva. Fue muy desagradable”, lamentó Cortiñas. “Era una especie de patota de jóvenes (que vinieron) a provocar esta situación”, agregó. “Fue compulsivamente: ‘acá se van o se van’”, contó, y confesó que “esto nos preocupa y nos duele, no es modo de actuar”.

“La decisión de suspender la protesta fue tomada por los miembros de la comunidad mediante una asamblea en función del compromiso firmado el lunes con el gobierno nacional”, sostiene el comunicado que suscribieron anoche el CELS y Félix Díaz. “El acampe era una medida extrema que la comunidad llevó adelante durante cinco meses, a la espera de ser recibida por funcionarios del Estado Nacional. Habiendo logrado este objetivo y con un compromiso firme de avanzar en la discusión de fondo por la propiedad de las tierras, los qom volvieron a mostrar su voluntad de diálogo y levantaron el acampe”, agrega. “Esta medida resulta esencial para fortalecer el espacio de negociación” que se abrirá mañana, concluye.

En busca de la revancha del interinato

Eduardo Duhalde lanzó ayer su campaña a la presidencia con un acto en el Luna Park

Eduardo Duhalde se lanzó en el Luna Park, donde lo presentaron como “el hombre que hizo el milagro”.

Publicado sin firma en PáginaI12.

Con la eterna apelación a la figura del piloto de tormentas, esta vez sin nubes en el horizonte, Eduardo Duhalde lanzó ayer su candidatura presidencial por Unión Popular. Calificó al Gobierno de “perverso e intolerante” y propuso “cerrar las heridas del pasado con verdad y justicia, pero no desde una presión ideológica y política sobre los jueces sino desatándoles las manos”. Afirmó que fue perseguido por la Triple A y que las Madres de Plaza de Mayo lo acompañaron en los ’80. “Logramos pacificar el país sin tirar tiros”, aseguró sobre su mandato interino 2002/2003 el hombre que debió adelantar la entrega del poder por los asesinatos de Kosteki & Santillán en la estación Avellaneda.

“Todos con Duhalde, el hombre que hizo el milagro”, aseguraba una voz desde una combi de gastronómicos, mientras hombres y mujeres del conurbano llegaban al Luna Park a puro bombo y Diego Torres insistía con su “Color esperanza”. Durante la espera se leyeron tres adhesiones. Rodolfo Terragno confesó tener “grandes expectativas”. La juventud de Unión Popular reclamó “un país pacificado”. La tercera fue del salteño Juan Carlos Romero.

A las 19.05 el locutor gritó “demos la bienvenida al futuro presidente”, llovieron papelitos y entró Duhalde: jean, camisa, saco, pañuelo rojo, pelo blanco. En las primeras filas se vio a Ramón Puerta, Miguel Angel Toma, Graciela Camaño, Gerónimo Venegas y Luis Barrionuevo. “Quiero que mi abrazo se multiplique a los millones de desamparados”, arrancó Duhalde. Contó que el día de su asunción en 2002 Fidel Castro dijo que “sólo un loco se puede hacer cargo de la Argentina”, y le dio la razón: “Soy un loco de amor a mi patria y a mi pueblo”, arengó. Chiche miraba embelesada.

“Gobierno perverso, intolerante, anclado en el pasado”, piropeó. “Estoy harto de la intolerancia”, aseguró. Apuntó a “quienes dicen que soy de extrema derecha”, aseguró que fue perseguido por la Triple A y que “no soy de izquierda ni de derecha, soy peronista de Juan Domingo Perón”. Explotó el Luna. “La diferencia –le habló a la Presidenta– es que creo en la unidad, mientras usted se encarga de dividir todo lo que puede.”

“Tenemos diferencias en todo. Yo creo en otros derechos humanos, establecidos antes de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948: el derecho a la niñez, la ancianidad, la salud, pero en serio, señora”, predicó compungido. Contrastó la “concepción integral de los derechos humanos” con una política que pretendió acotada a la Justicia por los crímenes de la dictadura. “Tal vez sea un conflicto de culpa por lo que no hicieron”, chicaneó, y aseguró que asumió la intendencia de Lomas en los ’80 “rodeado de pañuelos blancos”. “Las Fuerzas Armadas están arrinconadas y humilladas”, pretendió, y lejos de las políticas de Defensa para integrar a los militares a la sociedad, comparó “la vocación patriótica” de los nuevos soldados con quienes deciden “entrar a la religión”.

De la gestión que comenzó en 2003 diferenció dos modelos. “El primero me tocó ponerlo en marcha” e implicó “el fin del Consenso de Washington”. De su mandato destacó la alianza con “la Iglesia Católica argentina”, que lo respaldó “en lo físico y lo espiritual”. “Logramos pacificar el país sin tirar tiros”, dijo con el rostro impávido. Luego agradeció “al padre de la democracia recuperada”, Alfonsín, que “me aportó dos ministros cuando muchos disparaban”, dijo y saludó a Jorge Vanossi. “El otro modelo comenzó cuando Kirchner creyó que era economista y se desprendió de (Roberto) Lavagna. No es un modelo productivo, enfrenta a todos como perros y gatos”, dijo.

Cerró con diez “objetivos”: 1. “Hambre cero” por medio de una “renta básica de ciudadanía”; 2. “inversión en prevención y represión del delito”; 3. “concepción integral de los derechos humanos”; 4. “lucha frontal contra los narcotraficantes” (alertó sobre “el peligro de los narco-Estados y repudió la “visión bélica de los norteamericanos”); 5. “cerrar las heridas del pasado con verdad y justicia, pero no desde una presión ideológica y política sobre los jueces sino desatándole las manos a la Justicia”, enunció y evitó explayarse, para frustración del paisano de Arrecifes que mostraba orgulloso un cartel con la tapa de B1, la revista de quienes reclaman impunidad para los represores; 6. “recuperar el federalismo”; 8. (salteó un número) “Paz definitiva en orden y libertad”; 7. “propongo un nuevo derecho: de arraigo”, que dijo haber inventado “hace treinta años”, que surgiría de sumar: entrega de tierras para construir más educación y trabajo, y que debería empezar “por el NEA y el NOA”; 9. “organismos de control en manos de la oposición, con participación de las ONG que trabajan sobre transparencia”; y 10. “shock de inversiones”.

“Fui el primer presidente surgido del movimiento obrero” y “quiero gremialistas que no se queden con la plata de los trabajadores”, dijo en el cierre. Recordó a Lorenzo Miguel, José Ignacio Rucci y Saúl Ubaldini como “honrados y honestos” y ubicó en esa línea al peón rural Venegas y al mozo Barrionuevo. Concluyó una vez más con la idea de “enfrentar la tormenta” y “entregar mi corazón en la batalla”, e invitó al hijo de Hugo del Carril a entonar la marcha peronista, que cantó todo el Luna excepto Martín Redrado, quien sólo atinó a aplaudir con la lengua paralizada.