Así pagan, Videla

Por Diego Martínez

 

En mayo de 1987, cuando el Congreso se aprestaba a tratar la obediencia debida, 5400 personas dieron el visto bueno para respaldar con su firma una solicitada de “reconocimiento y solidaridad” con Jorge Rafael Videla por defender “a la Nación de la agresión subversiva”. Hace dos meses la alta sociedad despidió a José Alfredo Martínez de Hoz con 91 avisos fúnebres en el diario La Nación. Ayer, tras la muerte de Videla, condenado y preso en cárcel común, apenas 18 avisos en el diario de los Mitre reflejaron el triste y solitario final de quien fuera considerado durante no menos de veinte años ejemplo de militar y hasta estadista.

La mayor parte de los avisos los firman allegados a la familia. Sólo dos admiradores se pronuncian sobre la “injusticia” de las condenas que alcanzó a escuchar. Delia Goti de Azumendi apuntó que el dictador estaba “injustamente privado de su libertad”. Vecina de Recoleta, la señora tiene especial consideración con responsables políticos de masacres. En 2007, siempre en La Nación, expresó su “consternación” por el procesamiento de Fernando de la Rúa por los muertos que dejó al huir de la Casa Rosada.

El segundo aviso reivindica abiertamente a Videla. “Comandó la guerra interna revolucionaria contra el terrorismo subversivo apátrida”, descargó bronca el teniente coronel y abogado Rubén Brandariz. “Murió en injusto cautiverio”, lamentó, y pidió “que su muerte sirva a la verdad, la justicia y la paz entre argentinos”. El cordobés Brandariz pasó a retiro en mayo de 1976 con 51 años y, salvo que haya sido recontratado como personal de Inteligencia, no participó de la “guerra” de su ídolo. Más discreto fue el aviso de Tito Román. “Gracias, mi Tte. Gral.”, invocó el grado que Videla había perdido después de su primera condena en 1985. “Desde Córdoba despido a quien asumió con coraje grandes responsabilidades y sirvió al país con graves riesgos”, lo elogió Enrique Finocchietti. Así se llama el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba y se llamaba el secretario de Obras Públicas de Martínez de Hoz.

La única promoción del Colegio Militar que despidió a Videla fue la 81ª. La mayor parte de sus miembros nacieron en 1930, alcanzaron su máxima jerarquía durante la dictadura y pasaron a retiro tras el retorno de la democracia. Héctor Ríos Ereñú y José Caridi fueron jefes del Ejército durante la presidencia de Alfonsín. Varios rinden cuentas por su rol en el terrorismo de Estado. Víctor Pino, juzgado en Córdoba junto a Videla, fue condenado a doce años de prisión. Pino fue jefe de un regimiento del que dependían las brigadas que participaron de traslados de presos políticos y fue condenado por tres homicidios. Federico Antonio Minicucci fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada del que dependía el centro clandestino Pozo de Banfield y afronta su primer juicio por delitos de lesa humanidad en la causa Plan Cóndor. Manuel Fernando Saint Amant fue condenado en diciembre a prisión perpetua como jefe del área militar 132 por la masacre de calle Juan B. Justo y la desaparición de seis militantes en San Nicolás. “La Promoción 81 del Colegio Militar despide a su querido oficial instructor, 1948-1951, con cariño y respeto”, volvieron a unirse ayer.

Juicio a los fusiladores de Capilla del Rosario

En agosto de 1974, el Ejército fusiló a catorce combatientes de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se habían entregado tras el frustrado intento de tomar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Los diarios de la época dieron cuenta de un “combate”; la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón felicitó a los militares, y los abogados que denunciaron el fusilamiento fueron asesinados o apresados durante años. Hoy, a las 9, a 38 años de los crímenes, el Tribunal Oral Federal de Catamarca comenzará a juzgar por la Masacre de Capilla del Rosario, como pasó a la historia, a los militares retirados Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta, quien ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en Córdoba.

El ERP planificó dos operaciones simultáneas para conseguir armas a mediados de 1974. Los objetivos: la Fábrica Militar de Villa María, en Córdoba, y el Regimiento 17. En la medianoche del sábado 10 de agosto, dos jóvenes en bicicleta se toparon en Banda de Varela, a pocos kilómetros de Catamarca, con un grupo de guerrilleros que se preparaba para la operación. Los ciclistas alertaron a la policía, que llegó al lugar en cuatro patrulleros. Se produjo entonces un enfrentamiento que terminó con dos militantes muertos y dos policías heridos. El ERP ordenó la retirada y sus militantes se dispersaron en tres grupos. Algunos consiguieron autos y lograron volver al campamento base en los montes tucumanos. Otros fueron detenidos en la ciudad y años después serían condenados sin conocer al juez. El tercer grupo, al mando de Antonio Fernández, del buró político del PRT-ERP, terminó aislado en las lomadas de Capilla del Señor, en Collagasta, departamento de Fray Mamerto Esquiú.

Cinco militantes que bajaron al pueblo a conseguir alimentos fueron capturados y torturados para arrancarles información sobre sus compañeros. Cuando las fuerzas de seguridad se acercaron al campamento se produjo un enfrentamiento en el que murió un policía. Los jefes del Regimiento 17 informaron al Tercer Cuerpo de Ejército, convocaron a todos sus oficiales, e iniciaron un rastrillaje junto con la policía con el fin de “aniquilar” a los militantes, según consta en el libro histórico del regimiento. Cuando el abogado tucumano Mario Marca le pidió al ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro que intercediera para evitar más muertes, el funcionario se comunicó con el coronel Eduardo Cubas, jefe del Regimiento 17, quien le respondió que no había posibilidad de diálogo porque el Ejército “salía con instrucciones de aniquilar”. La orden la había dado el segundo comandante del Tercer Cuerpo, general Antonio Vaquero. Marca fue detenido un día después y estuvo nueve años preso.

Los guerrilleros resistieron, pero ante la superioridad numérica y de poder de fuego de militares y policías depusieron las armas y se entregaron. El mismo lunes 12 fueron fusilados. Los cuerpos fueron trasladados en helicópteros y camiones a la morgue del cementerio municipal, donde se los pudo ver con manchas de pólvora, infinidad de impactos y huesos rotos. Las autopsias de tres médicos forenses establecieron que “todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia”. Algunos fueron baleados en los brazos, ante “un gesto defensivo reflejo”. El 20 de agosto, la flamante viuda de Perón, presidenta de la Nación, felicitó a los militares por “la encomiable actitud de arrojo y valor demostrado”, que “ha dejado sentado el prestigio de la fuerza”. Entre los abogados que por esos días denunciaron las torturas y ejecuciones estuvieron Ricardo Curuchet y Silvio Frondizi, asesinados por la Triple A al mes siguiente. El ERP, en tanto, decidió responder al “asesinato indiscriminado” con “una ejecución de oficiales indiscriminada”. “Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura a respetar las leyes de la guerra”, informó desde la revista Estrella Roja.

Los guerrilleros fusilados en Catamarca eran Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera (Héctor Moreno), Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia, Raúl Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Pedro Orbano, Roberto Domingo Jerez, Rutilo Dardo Betancour Roth, Alberto Rosales y Hugo Caccivillani Caligari. Cinco fueron enterrados como NN en el cementerio, el resto fue devuelto gradualmente a sus familiares.

La causa se inició en 2004 a pedido de organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los NN. El juez federal subrogante Pedro Navarro se declaró competente, el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó las exhumaciones e identificó al santiagueño Rosales y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari, ambos militantes tupamaros. Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, comenzaron a declarar militares, policías y soldados. En mayo de 2009, el coronel retirado Nakagama se convirtió en el primer detenido por la masacre. Con el grado de capitán, en 1974 Nakagama era jefe de la sección morteros pesados del Regimiento 17. Siguió sus pasos Carrizo Salvadores, que entonces era asistente personal del jefe del regimiento y que en 2004 llegó a ser jefe de policía de Jujuy. Finalmente, fue procesado Acosta, que en 1974 tenía a su cargo una compañía del regimiento y ya fue condenado por su actuación en La Perla. En 2010, la Cámara Federal de Tucumán confirmó los procesamientos y dictaminó que el fusilamiento era un crimen de lesa humanidad y por ende imprescriptible.

El tribunal que a partir de hoy escuchará a 65 testigos lo integran Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas (camarista en Tucumán) y Carlos Jiménez Montilla (juez del Tribunal Oral de Tucumán). Los acusados llegan a juicio en prisión: Carrizo y Nakagama en Catamarca, Acosta en el penal de Bower, en Córdoba. Están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser cometido como integrante de una fuerza de seguridad”. Además del Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a familiares, actuarán como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía de Estado de Catamarca.