sábado, 15 de diciembre de 2007

El misterioso participante argentino

EL ABOGADO GUILLERMO LEDESMA CONTO QUE SE REUNIO CON ANTONINI

Guillermo Ledesma, ex integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas, estuvo en una de las reuniones con los venezolanos en Miami. Lo consultaron como penalista por la situación de Antonini.

Por Diego Martínez
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El ex camarista Guillermo Ledesma junto al ex fiscal Luis Moreno Ocampo, tiempo atrás.

El misterioso “individuo de la Argentina” mencionado en el informe que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) presentó el miércoles ante la Corte de Florida y que el 27 de agosto se reunió en un restaurante de Miami con el empresario Guido Antonini Wilson –por entonces con pedido de captura internacional emanado de la Justicia argentina– es el penalista Guillermo Ledesma, el mismo que en 1985 integró la Cámara Federal porteña que condenó a Videla, Massera & Cía.

Un día después de la detención de Moisés Maionica, el abogado conocido de Wilson que lo convocó y lo recibió antes del encuentro, Ledesma envió a Página/12 una carta con pedido de publicación:

“Con motivo de la detención de tres personas en Estados Unidos vinculadas al affaire Antonini Wilson, de público conocimiento, se menciona la intervención de un argentino en una reunión celebrada en Fort Lauderdale en la que habrían participado el nombrado, el Dr. Maionica y otras dos personas.

“Dado que en todos los actos de mi vida profesional, tanto como juez cuanto en mi calidad de abogado, he actuado a plena luz del día, me veo en la obligación, por respeto al derecho de informar que hace a la libertad de prensa, valor sustancial en un Estado de derecho, a poner de manifiesto que el argentino presente en esa ocasión fui yo.

“He aquí los motivos: el estudio jurídico venezolano Di Vénere-Maionica-Rossini-Jelambi-Balestrini & Ribeiro se puso en contacto conmigo solicitando mis servicios a los efectos de que, como especialista en derecho penal argentino, respondiera a las inquietudes de Antonini Wilson en relación con la posibilidad de presentarse ante la justicia con motivo de la solicitud de captura que pesaba en ese momento sobre él con miras a la extradición que habría de pedirse por parte de la juez que intervenía en la causa por contrabando seguida contra el nombrado en Buenos Aires. Acepté la proposición y viajé a Miami, adonde llegué el 26 de agosto. Ese día me reuní, en el hotel en que estaba hospedado, con el Dr. Maionica y un socio, cuyo nombre no recuerdo, con quienes conversamos sobre los aspectos jurídicos vinculados a la situación de Antonini. Acordamos que al día siguiente me llamaría para reunirnos con éste y así fue.

“Me envió un automóvil que me condujo a un restaurante ubicado en una zona residencial de Ft. Lauderdale. Allí me encontré con el Dr. Maionica y nos sentamos a una mesa junto a una de las vidrieras que daban a la calle, en la que se hallaba una persona de alrededor de treinta años y, si mal no recuerdo, luego se nos unió otra. Al rato se hizo presente Antonini Wilson. Luego de la presentación que hizo el Dr. Maionica de mi persona y de mis referencias profesionales, la conversación se centró en la situación procesal de Antonini en la Argentina. Le señalé que era conveniente que no eludiera la acción de la Justicia. De ahí que lo razonable era, de acuerdo con mi experiencia, solicitar su eximición de prisión y que si se la concedían, cosa que era probable dada la pena del delito que se le atribuía, cabía el levantamiento de la captura internacional y que se le concediera autorización para salir del país durante el proceso. Con esas garantías su presentación carecería de riesgos. Desde entonces, la sugerencia nunca tuvo acogida.

“Recuerdo que también se habló de la oportunidad de esa eventual presentación en función de la situación política del país y de otras circunstancias que carecen de relevancia. En honor a la verdad, debo decir que, al menos en mi presencia, no se habló del destino que tenían los fondos que fueron secuestrados. El primero en retirarse de la reunión –en la que hubo un aparte entre la persona joven a la que me referí y Antonini Wilson– fue este último. Eso es todo.

“Saludo al director muy atentamente. Guillermo Ledesma”.

Contexto

La reunión del abogado argentino con el venezolano-norteamericano Antonini Wilson, su socio Moisés Maionica y otras dos personas se concretó once días después de que la jueza María Luz Novatti ordenara la captura internacional del empresario. Dos días más tarde, el 18 de agosto, el FBI informó a la Policía Federal que había ubicado a Antonini Wilson en Key Biscayne. Sin embargo, el dato sobre su paradero recién se hizo público el 27 de agosto, es decir el día de la reunión que detalla Ledesma.

Según la cronología del FBI, el 23 de agosto Franklin Durán le informó a su socio Antonini Wilson “la identidad del candidato” presidencial argentino que recibiría los 800.000 dólares de la “donación abortada”, le advirtió que “autoridades tanto de la Argentina como de Venezuela (le) harían juicio si decía que los fondos decomisados no pertenecían a él” y que sus futuras acciones “podrían poner en riesgo la vida de sus hijos”. Ledesma viajó el 26. No informa en su nota cuántos días antes recibió el llamado. Según el FBI, el cuarto participante de la reunión fue Durán, quien le habría advertido a Wilson que hacer público el propósito y el destinatario de los dólares “resultaría en la pérdida de la elección” del candidato presidencial. Durán le habría advertido a Wilson que “el pueblo de Venezuela y la Argentina” deseaban que no se conociera la verdad sobre el affaire Antonini. Ledesma asegura no haber escuchado ese fragmento de la conversación. El agente especial del FBI Michael Lasiewicki, redactor del informe, omitió consignar la identidad y la profesión del abogado argentino. También la sugerencia rechazada. Por razones comprensibles, tampoco especificó quién grabó los diálogos de Antonini.

El miércoles, los venezolanos Maionica, Durán, Carlos Kauffmann y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello fueron detenidos en Miami. El mismo día el FBI presentó una acusación formal ante la Justicia. Los acusa de trabajar como agentes encubiertos de Venezuela para encubrir el origen y el destino de los 800.000 dólares decomisados el 4 de agosto en el aeroparque Jorge Newbery. También incluyen en la conspiración al venezolano Antonio José Canchica Gómez, prófugo de la Justicia.

El mismo miércoles el fiscal federal adjunto Tom Mulvihill especificó que los dólares decomisados eran para ayudar “a la campaña de Cristina Kirchner”. La Presidenta calificó las acusaciones del FBI como una “operación basura”, advirtió que no se va a dejar presionar y defendió la relación del gobierno argentino con el presidente venezolano Hugo Chávez.

El lunes los cuatro detenidos tendrán su primera audiencia ante una Corte de Justicia de Miami. El 28 deberán optar entre declararse culpables y negociar una reducción de la pena o presentarse como inocentes y afrontar un juicio que podría llevarlos a la cárcel.

viernes, 14 de diciembre de 2007

Presos en sus casas, en cuarteles militares y pocos en las cárceles

Sobre 339 represores presos, más de un tercio están en unidades militares. Un 35 por ciento goza de prisión domiciliaria. Hubo reclamos de querellantes, fiscales y el Ministerio de Defensa para que no están en unidades de las Fuerzas Armadas.

Por Diego Martínez
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Los restos de cianuro hallados en el cadáver del prefecto Héctor Febres reavivan el debate sobre lugares y condiciones de detención de los represores. Algo es evidente: el Estado falla. Con o sin el consentimiento de Febres, alguien ingresó cianuro al destacamento de Prefectura. Suicidio o asesinato, el Estado, con sus jueces federales a la cabeza, tiene el deber de dar explicaciones.

Desde la reapertura de la causa ESMA, tanto querellantes como fiscalía cuestionaron los privilegios de los imputados. En 2004, la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios transmitió a los jueces su inquietud por los detenidos en bases de la Armada, Gendarmería y Prefectura. Al mes, el abogado Rodolfo Yanzón solicitó que ocho represores de la ESMA fueran trasladados a la cárcel de Marcos Paz. El juez Sergio Torres pidió informes y constató cómo vivía Febres: recepción, comedor, dormitorio, baño privado. El juez adujo “riesgos” y negó el pedido. Cuando el fiscal Eduardo Taiano le recordó que las cárceles argentinas son inhóspitas para todos, desempolvó otro argumento: “El rechazo que han generado en la opinión pública los hechos”, léase torturas y asesinatos. El rechazo no los diferencia de otros delincuentes presos, contestó Taiano. Fue en vano. El fiscal federal Félix Crous retrucó que se trataba de un privilegio insostenible, resabio de fueros derogados y competencias prohibidas. La Cámara Federal coincidió, a fines de 2005, y le ordenó a Torres que los marinos pasaran a ser custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal, pero nada cambió.

Cinco meses después, la ministra de Defensa insistió para que los jueces reconsideraran la decisión de enviar genocidas a los cuarteles. La Constitución lo prohíbe, las funciones penitenciarias están vedadas a las Fuerzas Armadas y sus miembros tienen prohibido vincularse con detenidos, explicó. Pero el juez no modificó su postura.

El 17 de julio último, Garré convenció a Torres de trasladar a los marinos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, la cárcel de Campo de Mayo, donde ahora los custodian agentes del Servicio Penitenciario. Sin celulares ni Internet, los oficiales navales no tuvieron mejor idea que presentar un hábeas corpus, recurso que se utiliza cuando se supone en riesgo la vida, la libertad o la integridad de una persona. Claro que la medida de Garré no alcanzó a Febres, que hasta el final siguió rodeado por sus camaradas de Prefectura.

¿Alguna razón justifica que los represores detenidos no estén en cárceles comunes? Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales no disponen de la infraestructura propia de una penitenciaria. Sus hombres no se capacitan como guardiacárceles. Tampoco merecen semejantes compañías. Las leyes de defensa y seguridad vedan a las tres armas las funciones de custodia y seguridad de presos a disposición de tribunales ordinarios.

Sobre 339 represores presos registrados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, un 35 por ciento goza de prisión domiciliaria, otro tanto está en unidades militares y el resto en cárceles comunes, categoría que incluye Campo de Mayo.

Los imputados por el fusilamiento de Margarita Belén viven plácidos en la Base de Apoyo Logístico de Resistencia. Toman aire en la plaza donde exhibieron los cadáveres y son servidos por soldados y suboficiales. El ex director de seguridad de Marcos Paz ordenó en marzo brindar un “trato privilegiado” a los genocidas. Los consideraba “presos políticos”. Cuando esto se supo, fue pasado a disponibilidad. Un fiscal denunció al SPF por obstaculizar la investigación para esclarecer la segunda desaparición de Julio López. La mayor parte de los policías provinciales procesados en el interior están detenidos en dependencias de sus propias fuerzas. Los privilegios parecen haberle jugado a Febres una mala pasada.

jueves, 13 de diciembre de 2007

Alcides Bosch

LA MASACRE DE MARGARITA BELEN
Por Diego Martínez

Los actos por el aniversario de la masacre de Margarita Belén culminarán hoy con una buena noticia: el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de Alcides Bosch, militante de la Juventud Peronista y más tarde de las Ligas Agrarias del norte argentino. Bosch fue secuestrado el 22 de noviembre de 1976 en Resistencia, transcurrió su cautiverio en algún centro clandestino aún no identificado y después de ser fusilado fue enterrado como NN, por orden del Ejército Argentino, en el cementerio San Francisco Solano de la localidad chaqueña.

En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 miembros de la Brigada de Infantería VII del Ejército arrancaron de cárceles legales y clandestinas a 22 hombres y mujeres (el número preciso nunca pudo ser confirmado). Los fusilaron en un paraje de la ruta 11 conocido como Margarita Belén. “Cuando trascendió la masacre se me estrujó el alma”, recuerda María Isabel Francovich, compañera de Bosch y primera secretaria general de las Ligas Agrarias. “Desde ese momento comencé a armar la figura del desaparecido. Comprendí que si iban a detenernos era mejor huir y ser asesinados, para que al menos nuestra familia se enterara”, agrega.

La mayor parte de las víctimas fueron entregadas a sus deudos a cajón cerrado. En mayo de 2001 la causa de la masacre se reabrió a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En 2005 por orden del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky el EAAF exhumó dos cuerpos, un varón y una mujer, enterrados como NN. Según una investigación de El Diario de la Región de Chaco, la mujer podría ser Ema Cabral, santafesina y esposa de Reinaldo Zapata Soñez, asesinado en el mismo operativo. El cotejo del ADN del varón con familiares de Bosch que colaboraron con la investigación permitió corroborar su identidad.

Alcides Bosch, Bocha para los amigos, nació en Las Mercedes, colonia rural de Villa Ocampo, en Santa Fe, el 10 de octubre de 1948. Según el periodista Raúl Borsatti, autor de Sólo digo compañeros. Vida y compromiso militante desde el norte de Santa Fe, cuando terminó el secundario se internó en el Seminario Diocesano de Santa Fe para formarse como sacerdote. Lo abandonó para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Católica. Hizo la conscripción en el Distrito Militar Santa Fe y tras algunos oficios terrenales en Reconquista se trasladó a Villa Ana, pagos arrasados por la Forestal en los años ‘30, donde se sumó al parque agrícola que dirigía su tío, el sacerdote tercermundista Rafael Yacuzzi. En representación de Villa Ana participó por primera vez de un congreso de las Ligas Agrarias del norte santafesino. El 22 de noviembre de 1976 partió a dedo desde Misión Lahisí, Formosa, hacia Resistencia. No hay testigos de su secuestro ni de su cautiverio. “Era un militante de tiempo completo. Voluntarioso, convencido, ponía el alma en cada tarea. Era afectuoso y cálido, siempre con una broma a mano, humor que heredó nuestro hijo”, recuerda su compañera.

Por la masacre de Margarita Belén hay once represores procesados. Desde abril de 2005 se encuentra prófugo el mayor Norberto Raúl Tozzo, dueño de medios de comunicación en las localidades entrerrianas de Monte Grande y Hasenkamp. Los actos por el aniversario concluirán hoy con una caravana hacia el lugar de la masacre. En el monumento que recuerda a las víctimas la agrupación H.I.J.O.S chaqueña agregará el nombre de Alcides Bosch.

domingo, 9 de diciembre de 2007

La otra cara de la Iglesia

LOS PASIONISTAS: LA CONGREGACION QUE COBIJO A LAS MADRES

En la Santa Cruz se reunían los familiares de desaparecidos durante la última dictadura. Allí nacieron la APDH y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Allí también fueron secuestradas las Madres fundadoras de Plaza de Mayo. Una parroquia que mantuvo en estos treinta años su compromiso con los problemas sociales.

Por Diego Martínez
Imagen: Gustavo Mujica

La palabra refugio flota en el aire de la Santa Cruz. ¿Por qué se reunían las Madres aquí? ¿Por qué les abrimos las puertas?, titula el padre Carlos Saracini en la revista de la parroquia. ¿Los pasionistas están locos? “Sí, decididamente locos. Dicho con humildad, conociendo nuestras fragilidades, incoherencias, miedos y cobardías”, responde. Igual que hace treinta años, cuando la pluma del padre Federico Richards denunciaba desde The Southern Cross las atrocidades que la Conferencia Episcopal silenciaba, los escritos de la Congregación de Misioneros Pasionistas van por carriles alejados de la jerarquía. Desde sus páginas aún predican Angelelli, Mugica, Freire y se celebra la autocrítica del almirante Godoy: ESMA como “símbolo de barbarie e irracionalidad”, un descenso al fango de la historia imprescindible “para explicar las consecuencias de colocar el corazón y los pies entre los pobres”.

El padre Carlos tiene 43 años. Aparenta menos. Se crió en la manzana Santa Cruz, que incluye parroquia, colegio y la Casa Nazareth, cobijo de perseguidos de dictaduras del Cono Sur aun antes del golpe. En 1991 se ordenó sacerdote, vivió el menemato desde Montevideo y en 1998 volvió “a Potenciar –con mayúsculas escribe– la manzana”. Desde entonces vive “años pasionistas, muy apasionados”.

¿Certezas? Apenas tres: ser coherentes con el modelo de Iglesia que predica, hacer memoria de la pasión de Jesús y vivir una fe adulta, responsable de su libertad.

La historia

El lunes 3 el padre Bernardo Hu-ghes cumplió 74 años. Como agradecimiento escribió una carta a sus amigos. “Siento como un don del Espíritu haberme encontrado con Madres y Abuelas: no me permitieron ser indiferente”, apuntó. La espera incluye un bautismo a un joven que lucha por dejar la droga. Bernardo arma una ronda, conversa y se calza “la maxifalda” para cumplir con el rito. Después busca una habitación y se dispone al diálogo.

–¿Cuándo ubica los primeros refugiados?

–Cuando cae (Salvador) Allende, las familias chilenas. Muchos terminan en Suecia.

–¿Había espacio para todos?

–Sí, la manzana tiene varias bocas de expendio. La escuela, frente al pasaje que llamo “Historia Argentina” porque nace en Independencia y termina en Estados Unidos; el templo, el local de Alcohólicos Anónimos que los curas no usamos, el servicio social y la Casa de Nazareth, treinta habitaciones con baño.

Sin proponerlo la charla se desvía hacia Perón. “Fuimos a recibirlo las dos veces: la primera con lluvia, la segunda con sol y tiros. Los muchachos del barrio le dieron sentido religioso, me invitaron a rezar la noche anterior. En el camino una columna nos advirtió: ‘nos robaron la fiesta’.”

–¿Cuándo sintió miedo por primera vez?

–La violencia nos rozó con (Juan Carlos) Onganía. A pocas cuadras, en Filosofía y Letras, fue la Noche de los Bastones Largos. Después cuando involucraron al cura (Alberto) Carbone con el secuestro de Aramburu. Invitamos a orar y vino la policía. “¿Qué significa tercermundistas? ¿Quieren casarse?”, preguntó un cana. “Para eso no hace falta tanto lío”, le explicamos. No había que distraerse, era sacar el foco del problema.

Hughes fue párroco de la Santa Cruz durante nueve años, hasta mayo de 1976. La historia oficial dice que se exilió. “No me dijeron las intenciones”, relativiza. Cuando masacran a los palotinos le advirtieron “no vuelvas, va carta”. En Bogotá conversó con Eugenio Delaney, teólogo que tenía a su cargo la Casa de Nazareth, donde una bomba había servido de advertencia. “Ahí me desayuno que en Argentina hay centros clandestinos, parecía imposible”, recuerda.

El 8 de diciembre de 1977 Bernardo estaba en Montevideo. Como párroco lo había reemplazado Mateo Perdía, hermano del montonero. Junto con Delaney, el padre Richards, el rector del colegio Carlos O’Leary y el sacerdote Jorge Stanfield, Perdía –amigo de Adolfo Pérez Esquivel– fue quien abrió las puertas de la Santa Cruz a las primeras Madres. Allí nacieron el Movimiento Ecuménico (MEDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). También la Asociación de Trabajadores del Estado.

Y allí siguen firmes, junto con los obreros de Brukman, en la Multisectorial Vecinos de San Cristóbal o exigiendo desprocesar a los trabajadores del Hospital Francés, copado por gendarmes. Como señal de alerta, un documental que hizo el grupo de jóvenes del Area Social de la parroquia por los 30 años de los secuestros arranca con un graffiti de 1976, “Fuera curas comunistas”, y otro de 2007, “Viva Videla” junto con la placa que recuerda a los doce secuestrados de aquella noche.

El padre Bernardo tampoco baja los brazos. Pelea “en medio de esa guerra brutal entre pobres que es el negocio de la droga” en el barrio San Cayetano, a mitad de camino entre Zárate y Campana. “Es un barrio cerrado, porque no tiene entrada, y privado, privado de todo”, lamenta.

–La sacamos barata –concluye cuando mira hacia atrás–. El secuestro de esas doce personas no fue un golpe a nosotros. No es que sea insensible. Quiero decir que si hubieran querido también nos habrían llevado.

jueves, 6 de diciembre de 2007

Por una larga temporada en la sombra

PROCESARON A PATTI POR ALLANAMIENTOS ILEGALES, SECUESTROS Y TORTURAS DURANTE LA DICTADURA

El ex intendente de Escobar seguirá alojado en el penal de Marcos Paz. Además de procesarlo, el juez Alberto Suares Araujo embargó sus bienes por dos millones de pesos. Está imputado por dos allanamientos, diez secuestros y dos casos de tormentos. También se ampliaron los procesamientos de Bignone, Riveros y Espósito.

Por Diego Martínez
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El ex subcomisario Luis Abelardo Patti, que fue procesado ayer, seguirá detenido en la cárcel de Marcos Paz.

Luis Abelardo Patti no vivirá una Navidad feliz. Un mes después de su rotundo fracaso como candidato a gobernador bonaerense por el PAUFE –obtuvo un pobre 2,48 por ciento de votos–, a trece días de una detención que no esperaba y a nueve de su primer cumpleaños –el 55– en “el pabellón de lesa de Marcos Paz”, como cariñosamente lo llaman los presos, el ex subcomisario de la policía de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Escobar recibió ayer el peor regalo de fin de año: el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo, que tiene a su cargo la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, lo procesó con prisión preventiva por allanamientos ilegales, secuestros y torturas que lo tuvieron como protagonista hace treinta años, cuando era un joven pero ya destacado suboficial inspector de la maldita policía, y ordenó embargar sus bienes por dos millones de pesos.

Contra la pretensión de sus escasos pero tenaces seguidores, que pretenden encontrar motivaciones políticas para explicar el mal trago, la causa contiene una cantidad abrumadora de pruebas, recolectadas desde el momento de los hechos, cuando nadie podía prever su futura carrera política. “Durante ocho meses trabajamos intensamente con mi abogado. Leí su indagatoria y la enumeración de pruebas empezaba en la letra A y terminaba en la S, es decir casi un abecedario completo. Ni yo ni mis hermanos militamos políticamente, sólo exigimos justicia y actuamos en consecuencia. Por eso es injusto que se hable de persecución política”, explicó emocionada pero serena Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado en febrero de 1977, quien antes de ser torturado, adormecido y arrojado en un auto a un arroyo entrerriano alcanzó a escribirle a su esposa desde su cautiverio: “Movete rápido, estamos en Escobar, nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”.

Tal como documentó Página/12 hace un año, hasta la Nunciatura Apostólica registró el apellido del represor en 1977, al mismo tiempo que cometía sus tropelías. La familia de Muniz, en su incansable trajinar, denunció el secuestro ante la representación diplomática del Vaticano, que en un escueto informe firmado por monseñor Ubaldo Calabresi dejó asentada la participación de “una comisión policial a cargo del oficial que se identificó como Patti”.

La medida de Suares Araujo abarca los secuestros de Muniz y su secretario Juan José Fernández –salió vivo de aquel arroyo y antes de exiliarse asentó ante escribano su testimonio, incluido el paso por la comisaría de Escobar–, el asesinato de Gastón Gonçalves –secuestrado el 24 de marzo de 1976, cautivo una semana en un camión celular detrás de esa comisaría, asesinado el 2 de abril, abandonado al borde del río Luján, enterrado como NN en el cementerio de Escobar e identificado veinte años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense–, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y el secuestro de Osvaldo Arriosti, que también sobrevivió para contarlo e identificó al enérgico policía entre sus captores. Como agravantes, el juez subrayó su carácter de funcionario público y la utilización de violencia y amenazas durante los procedimientos.

“El procesamiento implica la confirmación de los hechos aportados en la instrucción y es el fruto de la investigación de las familias de las víctimas. Pero hay algo aún más importante: el avance en esta causa ya no sobre los autores mediatos de los crímenes sino sobre miembros de grupos de tareas y torturadores. Patti formaba parte de la primera cadena de la barbarie, la que secuestraba y trasladaba a sus presas a los campos de concentración”, analizó el abogado Pablo Llonto.

“Me emocioné otra vez. Dimos otro pasito. ‘Es una carrera de cien metros y recién vamos por los diez primeros’, como dice mi abogado”, sintetizó Juana Muniz Barreto. “Estamos viviendo un proceso notable, que ojalá otras familias puedan atravesar. Acompañar el camino de la justicia permite empezar a cerrar una historia de vida dolorosa. Luchar contra la impunidad genera paz, tranquilidad, no sólo para las víctimas y sus familias. Ninguna sociedad democrática puede madurar si tiene como base la impunidad”.

El procesamiento torna cada vez más lejana la posibilidad de que Patti llegue a ocupar su banca de diputado nacional, para la que fue electo con 400.000 votos en 2005, siempre en representación del Partido Unidad Federal. La cámara baja impidió su ingreso por carecer de “idoneidad moral”, el policía devenido en político trasladó el caso a la Justicia y ahora espera una definición de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez que su defensor Silvio Duarte apele el procesamiento de ayer le tocará a la Cámara Federal de San Martín confirmar o rechazar la medida. No se trata de un tribunal bien visto por los organismos de derechos humanos: es la única cámara federal del país que avaló las leyes de impunidad, además de haber desprocesado a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, apenas horas después de que sus defensores apelaran el procesamiento en la causa que investiga la posible apropiación ilegal de sus hijos adoptivos. Mientras tanto, Luis Patti pasará sus días en “el pabellón de lesa”, donde dispondrá de todo el tiempo del mundo para conversar con condenados como el ex jefe de investigaciones Miguel Etchecolatz y el ex capellán Christian Von Wernich.

miércoles, 5 de diciembre de 2007

En la cueva del Cóndor

PIDEN ELEVAR A JUICIO LA CAUSA DE ORLETTI
Por Diego Martínez
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Automotores Orletti, centro de torturas y exterminio de la SIDE.

El mayor símbolo del Plan Cóndor –la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas de los años ’70– llegará a juicio en 2008. El fiscal federal Federico Delgado solicitó ayer al juez federal Daniel Rafecas la elevación a juicio oral y público de la causa contra seis ex militares y agentes de inteligencia por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en Automotores Orletti, centro de torturas y exterminio de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente del Cuerpo I de Ejército, por el que pasaron más de 300 personas. Entre los imputados se destaca el ex personal civil del inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti, alias Mayor Guastavino, símbolo de la mano de obra de la guerra sucia reciclada en democracia –fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín–, detenido en agosto de 2006 en su quinta de Mercedes, y el ex servicio Eduardo Alfredo Ruffo, alias Zapato, mano derecha del célebre Aníbal Gordon, condenado en los ’80 por la apropiación de la hija de una de sus víctimas y prófugo durante años, hasta su captura en el selecto Barrio Parque en octubre de 2006. Otros diez represores procesados en esa causa seguirán esperando turno.

Automotres Orletti, como pasó a la historia –el cartel desgastado de donde surgió su nombre decía en realidad “Automotores Cortell”, apellido del dueño– funcionó a partir de junio de 1976 en un taller mecánico ubicado en Venancio Flores 3521, barrio de Floresta, bajo el mando del general Otto Paladino, entonces jefe de la SIDE, en coordinación con el Servicio de Informaciones de Defensa de Uruguay y en menor medida la Dirección de Inteligencia (DINA) chilena. Por sus salas de tortura pasaron secuestrados argentinos, uruguayos, bolivianos y cubanos. “Fue un lugar común para los torturadores sudamericanos”, apuntó Delgado.

Los imputados en esta primera etapa son el comodoro Néstor Horacio Guillamondegui y el coronel Rubén Visuara como ex jefes de la División Operaciones Tácticas I de la SIDE, el general Eduardo Rodolfo Cabanillas como jefe de la base “OT 18” (los tres “dirigieron el campo de concentración” y serán juzgados como autores mediatos), más los agentes de inteligencia Honorio Martínez Ruiz –preso por el robo de cajas de seguridad del Banco Nación cuando Rafecas ordenó su detención–, Guglielminetti y Ruffo por su participación directa en los hechos. El Pájaro Martínez Ruiz y Ru-ffo fueron sindicados por el fiscal por su actuación en 65 casos de secuestros y torturas. Les sigue Guillamondegui con 52 casos más el homicidio agravado de Carlos Santucho, hermano del líder del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho.

Entre los 65 casos por los que deberán responder a la Justicia se destacan los secuestros y torturas de una treintena de militantes uruguayos que fueron interrogados en la cueva de la SIDE y luego trasladados hacia centros clandestinos de ese país, y el asesinato de Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta Juan Gelman, cuyo cadáver –junto con otros cuatro– apareció fondeado en el río Luján adentro de un tanque con cemento. También está incluido el secuestro del actor Luis Brandoni.

Delgado destacó en su escrito que después del golpe del 24 de marzo “el objetivo real” del gobierno de facto fue “desatar una feroz represión tendiente a despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población en su conjunto” y reiteró el criterio adoptado por distintos tribunales según el cual los secuestros y confinamientos en centros clandestinos implican por sí solos la aplicación de tormentos, es decir al margen de las torturas físicas puntuales en cada caso.

Existió “una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada”, con grupos de tareas y “normativas formales que cumplían la función de encubrir el accionar clandestino”. Subrayó que, igual que los oficiales nazis, los represores autóctonos no actuaron bajo coacción sino “con conocimiento y voluntad”, sin ignorar “la manifiesta ilegalidad de las órdenes que ejecutaron”.

Orletti funcionó poco más de cuatro meses, hasta que dos cautivos lograron robarles los fusiles a sus secuestradores y escaparon corriendo, desnudos, disparando hacia atrás con las armas de la SIDE. Tan rápido lo abandonó la banda de Gordon que treinta años después, durante una inspección ocular, se encontraron restos de documentos de inteligencia usados para tapar agujeros de bala. Al juez Daniel Rafecas le corresponde ahora dar el próximo paso.

lunes, 5 de noviembre de 2007

Las catacumbas de la Armada

INSPECCION EN LA BASE NAVAL DE PUERTO BELGRANO

Por primera vez en democracia, sobrevivientes del campo ilegal de detenciones que funcionó en la mayor base naval del país recorrieron el predio como inicio de un proceso judicial. El próximo paso serán las indagatorias a los marinos involucrados en la represión.

Por Diego Martínez

“Abran esa puerta”, ordenó el fiscal Hugo Cañón. Pasaron cinco minutos. La llave no aparecía. “Abran”, insistió. Al jefe de la Base Naval de Puerto Belgrano se le diluyó la sonrisa. El capitán de navío Néstor Omar Costa se quitó sus Ray-Ban oscuros de marco dorado, pidió que las cámaras no filmaran y acató, hacha en mano, la orden de la Justicia. Del otro lado sólo había papeles inútiles, pero para los sobrevivientes del campo de torturas y exterminio que funcionó en la mayor base naval del país, protagonistas por primera vez en 23 años de democracia de una inspección ocular a las catacumbas donde transcurrieron sus cautiverios, la imagen simboliza el comienzo de un proceso de justicia que lentamente avanza también en la inconmovible Bahía Blanca.

La medida fue ordenada por el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, que instruye la causa desde febrero, tras un año de excusaciones y recusaciones, en algunos casos por identificación con la dictadura. Acompañaron a los sobrevivientes representantes de las querellas: H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local. En nombre de la Armada encabezó el contingente el comandante de operaciones navales, contraalmirante Luis Oscar Manino, secundado por Costa y el jefe de Baterías, capitán de navío Gustavo Eladio Ardusso. Gracias a un oportuno asueto por el “Día de la Madre” (sic), que benefició al personal con más de un cuarto de siglo en la Armada, los interlocutores de los visitantes a lo largo del trayecto fueron jóvenes sin protagonismo en los años ‘70.

La inspección comenzó por el Puesto 1, cerca de la entrada principal. En los días posteriores al golpe allí fueron interrogados, entre otros, los dirigentes peronistas Edgardo Carracedo, Jorge Izarra, Néstor y Hugo Giorno, que relataron ante el juez sus padecimientos. Los tres últimos fueron luego intendentes de Punta Alta. Durante tres semanas estuvieron encerrados en camarotes del crucero 9 de Julio, reciclado para la ocasión. Pese a los ojos de buey sellados, lograron ver los muelles de la dársena de Puerto Belgrano, donde hoy descansan los hierros chamuscados que catapultaron al estrellato al capitán Guillermo Tarapow.

Luego fue el turno de las baterías históricas, fortalezas de piedra con paredes de un metro de ancho levantadas a fines del siglo XIX para custodiar el puerto militar. A juzgar por pisos, paredes externas, eucaliptos, vías de trocha angosta y playas cercanas, coincidentes con los relatos de sobrevivientes, los detenidos-desaparecidos locales resistieron en alguna de esas casamatas. Es improbable que sin la confesión de algún marino la Justicia confirme con certeza cuál de las seis baterías funcionó como centro de detención. La inspección incluyó sólo dos, la sexta y la tercera, ambas abandonadas, actuales “villas cariño”. El silencio de los victimarios no permite descartar que el CCD haya funcionado en la cuarta, actual sede de un museo histórico.

Tentoni ya declaró nulas las leyes de impunidad y los indultos que beneficiaban a los oficiales imputados en los ’80. El próximo paso serán las indagatorias no sólo de marinos detenidos en otras causas como Julio Torti, Antonio Vañek, Juan Carlos Malugani o Juan José Lombardo, sino también de quienes continúan impunes y libres, como el contraalmirante Raúl Alberto Marino, el capitán de navío Edmundo Núñez, los miembros de las patotas operativas, sus capellanes y sus subordinados de Prefectura.

domingo, 23 de septiembre de 2007

“De corazón, ni idea”

PREFECTO MARTINEZ LOYDI, JEFE DE INFORMACIONES EN 1976
Por Diego Martínez
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Según su memoria anual de 1976, a partir del golpe de Estado grupos de “12 a 15 hombres” de Prefectura actuaron “en acciones contra guerrillas” en el sur bonaerense, en coordinación con la Fuerza de Tareas 2 del Comando de Operaciones Navales, con sede en la base naval de Puerto Belgrano. Pese a las abundantes evidencias de su participación en secuestros de personas que continúan desaparecidas, como el de Héctor Rubén Sampini en Ingeniero White, a tres décadas de los hechos la Justicia federal de Bahía Blanca aún no investigó a la Armada ni a la Prefectura.

El jefe del servicio de inteligencia que durante 1975 ordenó realizar informes sobre estudiantes, dirigentes gremiales y sacerdotes tercermundistas a las delegaciones de todo el país fue el prefecto mayor Rodolfo Alfonso Manzi. Quien como jefe de la delegación bahiense recibía sus pedidos era el prefecto mayor Julio Benjamín Baeza. A cargo de la sección informaciones que investigó y redactó el borrador sugiriendo “ralear” La Nueva Provincia de obreros molestos estaba el subprefecto Bernardino Miguel Nieto. Pero para marzo de 1976, cuando finalmente se elevó el informe, Baeza había sido reemplazado por el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli, y Nieto por el subprefecto Francisco Manuel Martínez Loydi, quien volvió a ocupar el cargo en 1980, cuando a falta de militancia la “comunidad de inteligencia” se dedicó a perseguir y amedrentar a los familiares de detenidos-desaparecidos que exigían justicia.

Ex combatiente de Malvinas, ex dirigente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y actual regente de la Escuela de Formación y Capacitación para el personal de la Marina Mercante de Prefectura Quequén, el bahiense “Pancho” Martínez Loydi se mostró sorprendido ante la consulta de Página/12.

–¿Recuerda los asesinatos de los obreros gráficos de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola?

–¡A la pistola! No recuerdo los nombres, sí los homicidios.

–Fue un caso atípico para ese año: los secuestraron y fusilaron pero no difundieron ningún comunicado haciéndolo pasar por tiroteo.

–(Silencio.)

–¿Recuerda el informe sobre la guerrilla sindical infiltrada en La Nueva Provincia?

–Te soy franco, no recuerdo.

–¿Alguna fuerza en particular se ocupaba de la seguridad de esa empresa?

–Pudo haber sido la Sipba.

–¿Qué entiende usted por “personal a ser raleado” de una empresa?

–Supongo que movido, sacado. ¿Por qué?

–Un informe firmado por su sección aconsejó ralearlos, tres meses antes de matarlos.

–No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial. No podíamos nosotros.

–¿Y qué fuerza sí podía?

–Te soy franco, no sé. Mentiría si dijera algo. De corazón, ni idea.

El día que “sanearon” “La Nueva Provincia”

EL TERRORISMO DE ESTADO AL SERVICIO DE SUS VOCEROS

Un informe de inteligencia de Prefectura Naval sindicó en 1976 como “personal a ser raleado” del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca a dos obreros gráficos que tres meses después fueron asesinados. Son crímenes imprescriptibles, pero nadie investiga a sus autores, materiales ni intelectuales.

Por Diego Martínez
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En el recorte, la visita al retirarse del Prefecto Cornelli al diario monopólico de Bahía Blanca.

Tres meses antes de ser secuestrados, torturados y acribillados a balazos, los nombres de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaron un listado de “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL” (mayúsculas del original) para la masacre que se avecinaba: el diario naval La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Como miembros del Sindicato de Artes Gráficas ambos habían organizado a los trabajadores de la empresa, que no dudó en equipararlos con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero”. El informe “estrictamente secreto y confidencial”, fechado dos días antes del golpe de Estado, fue elaborado por la sección informaciones de la Prefectura Naval, fuerza subordinada a la Armada, y certifica la importancia que los servicios asignaban al monopolio de medios bahiense. A fines de 1976 el jefe de Prefectura, prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli, se despidió en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot y reafirmó su decisión de “aniquilar a las huestes de la delincuencia ideológica”. Consultado por Página/12, el jefe de informaciones durante 1976, prefecto (R) Francisco Manuel Martínez Loydi, dijo no recordar el informe, tradujo “raleado” como “movido o sacado” y se permitió dudar: “No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial”. La Justicia de Bahía Blanca ya determinó que son crímenes imprescriptibles pero no investiga a sus autores materiales ni intelectuales.

Enrique Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato. Miguel Angel Loyola, esterotipista y tesorero. A partir de 1971 se dedicaron a reafiliar compañeros expulsados del gremio. A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales demoraron la salida del diario. El primer día de 1974 lograron el acatamiento masivo a un paro contestado con cuarenta despidos compulsivos y sin indemnización, medida que anuló el Ministerio de Trabajo. A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del diario, radio y canal de TV resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. En medio de referencias a Heinrich y Loyola, el asistente de dirección Federico Massot remarcó en una nota al delegado de Trabajo los “fines políticos inconfesos” que ocasionan “un grave daño a la Nación”. Los gráficos exigían a la empresa –no a la Nación– un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, no hubo diario durante tres semanas y la empresa debió respetar el convenio.

El día que La Nueva Provincia reapareció, su directora denunció la “labor disociadora” de los delegados, “cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. Sugirió que pretendían intervenir el diario para “cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, los equiparó con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un Estado en descomposición” (LNP, 1-9-75). Condicionó el ingreso de los obreros a la firma de un acta por la cual se comprometían a colaborar y en caso de incumplimiento aceptaban ser despedidos sin indemnización. Los treinta que se negaron fueron suspendidos por cinco días.

“Un medio fundamental”

El informe de Prefectura se titula “Estudio realizado sobre el diario ‘La Nueva Provincia’ de esta ciudad (guerrilla sindical)”, afirma haber sido elaborado en base a información “propia y de Policía Federal”, y es calificado con el máximo valor posible, A-1. Excepto por dos oraciones, es idéntico a un borrador del 6 de diciembre de 1975. Y tuvo un único destinatario: el Servicio de Inteligencia de Prefectura, entonces a cargo del prefecto mayor Néstor Arnaldo Occhiuzzi. Sin embargo, no fueron los prefectos los únicos servicios preocupados por cuidar los intereses de los Massot. Ese mismo año el delegado de la SIDE local, general (R) Carlos Alberto Golletti Wilkinson, había solicitado al resto de la autodenominada comunidad de inteligencia “antecedentes de toda índole” de Heinrich.

Como causas de la organización obrera que denomina “avance de este método subversivo”, Prefectura destaca la “prédica tradicionalista y católica” del diario “que lo convirtió en acérrimo enemigo del marxismo, tercermundismo y peronismo”, y “la infiltración que, manejada desde la Universidad Nacional del Sur y grupos marxistas del peronismo, se llevó a cabo entre el personal”.

Según el borrador, el proceso se inició con la asunción de Héctor J. Cámpora y “fue apuntado, sin equivocación alguna, por uno de los jefes de seguridad de la empresa a sus directivos”, frase suprimida en la versión definitiva. “El comisario Héctor José Ramos –arranca el mismo párrafo, ahora sin vincularlo a la empresa– definió en reiteradas oportunidades como Peronismo de Base al grupo encargado de sabotear La Nueva Provincia”. Murió “antes de concluir su labor de esclarecimiento” (Ramos, segundo jefe de la delegación local del Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Sipba, fue asesinado por Montoneros el 20 de marzo de 1975, sindicado como “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”). El informe minimiza la importancia de detallar el supuesto sabotaje porque la empresa ya lo documentó “a los comandos militares y navales de la zona”. Sólo se propone consignar datos sobre el “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL, tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”.

La lista comienza con Heinrich y Loyola e incluye los domicilios de donde fueron secuestrados. Los acusan de amedrentar al “personal antihuelguista”, difundir panfletos con los nombres del “personal leal” y presionar a canillitas. Agregan que custodios de los Massot llegaron a “encañonar con armas largas” a los ocupantes de un Falcon que pretendían impedir la salida de un vehículo con diarios hacia Punta Alta. Siguen con el Sindicato de Prensa, a cuyo secretario general Néstor Larrondo consideran “el cerebro intelectual”, y concluyen con “los manejados”, que “no dejan de ser culpables e indeseables”.

“La mano viene dura”

A mediados de junio de 1976, mientras reclamaban el pago de días de paro descontados, Heinrich, Loyola y el armador Jorge Manuel Molina, vocal del sindicato, fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre”, cuenta Molina. “Dijo ‘muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás”. Al atardecer del 30 de junio una patota se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la mañana, cuando terminó su jornada en la rotativa. A medida que llegaban familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi siete horas. Cuando cayó la presa, a los siete testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, les inyectaron somníferos para adormecerlos.

Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich pidió que se identificaran. “Somos de la Federal”, dijeron, y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.

Durante cuatro días estuvieron desaparecidos. Molina junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. Su respuesta fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas. El domingo 4 de julio una familia que mateaba en el paraje “La cueva de los leones”, a 17 kilómetros de Bahía, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Los rodeaban 52 vainas calibre 9 milímetros. Un llamado alertó al Vasco Larrondo: “Ya hicimos cagar a dos rojos, el próximo sos vos”. Logró viajar a Tandil con la ayuda de Rafael Emilio Santiago, reconocido periodista que aún trabaja en la empresa.

El lunes, mientras la noticia les quemaba las manos, La Nueva Provincia publicó un aviso fúnebre de la familia Loyola. Recién el martes, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, un redactor leal antihuelguista la sintetizó en veinte líneas. “Se desempeñaban en la sección talleres de este diario”, apuntó. En 31 años La Nueva Provincia no volvió a tocar el tema. Un día después de recibir el sumario policial, el juez Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a Juan Alberto Graziani, que al mes la archivó. “Nos encontramos envueltos en una guerra apátrida”, arengó dos meses después ante los marineros que terminaban el servicio militar el subprefecto Juan Bautista Ghiorzi (LNP, 16-9-76). Ese mismo año, cuando dejó Bahía Blanca, el jefe de la fuerza prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli y su ayudante Ghiorzi se despidieron en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot (LNP, 11-12-76). En su carta de despedida Cornelli reafirmó su “decisión irrevocable de defender todo aquello que haga a la soberanía nacional, combatiendo y aniquilando a las huestes de la delincuencia ideológica” y destacó su “agradecimiento más íntimo y el reconocimiento incondicional para la gente de prensa”.

sábado, 22 de septiembre de 2007

Piedra libre para Cachito

DETUVIERON A UN REPRESOR DEL BATALLON 601
Por Diego Martínez

Luego de cuatro años prófugo, fue detenido el martes al sargento ayudante retirado Alfredo Omar Feito, alias Cacho o Speziale, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Ayer a la mañana Feito se negó a declarar ante el juez federal Ariel Lijo, quien había encomendado su búsqueda por la desaparición de un grupo de militantes montoneros que ingresó al país en 1980. Su colega Daniel Rafecas, que también había pedido su captura, lo interrogará por sus andanzas en los centros clandestinos El Banco y El Olimpo. El juez de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale –que aún no solicitó su detención– deberá indagarlo por su actuación en el Cuerpo V.

Nacido en La Pampa, 61 años, vecino de Parque Avellaneda, Cacho Feito llegó al Batallón 601 a principios de 1977. “Andaba siempre con Del Pino, parecían teros, los dos juntos para todos lados”, recordó un ex compañero ante la justicia. Enrique José del Pino, alias Miguel, detenido por Interpol hace cuatro meses, fue jefe del grupo de tareas que operaba en El Banco y El Olimpo. El fallecido torturador Juan Antonio del Cerro, alias Colores, recordó a Feito como “jefe del Grupo Especial 50, que también hacía operaciones en el exterior” (en la base de San Pablo, Brasil).

En 1980, Feito fue el encargado de interrogar a Silvia Tolchinsky, secuestrada en septiembre al intentar salir del país. En medio de preguntas sin sentido, humillaciones y referencias a cautivos, el sargento ostentó sus conocimientos sobre la militancia de su presa. De sus respuestas o silencios dependía la disminución o el aumento de los gritos de una persona secuestrada en una habitación contigua, a quien Tolchinsky identificó tiempo después como el sacerdote Jorge Adur, capellán de Montoneros capturado tres meses antes en Paso de los Libres, cuando salía del país con una carta para Juan Pablo II.

Según declaró el policía Julio Simón, como jefe del Grupo Especial 50, Feito le ordenó trasladar a Tolchinsky a Paso de los Libres, donde más tarde la visitó. Ella volvió a verlo durante la última etapa de su cautiverio, donde le informó que su hermano Daniel, al que tenían secuestrado junto con su mujer desde octubre de 1979, ya no vivía.

Años antes de los delitos por los cuales se ordenó detenerlo, en 1975 fue destinado al Cuerpo V de Bahía Blanca. Hasta fines de 1976 se desempeñó en la jefatura II de Inteligencia a cargo del coronel Aldo Mario Alvarez –prófugo de la Justicia– y como subordinado del coronel Osvaldo Lucio Sierra, actual vocal del Centro de Residentes Salteños en Buenos Aires, impune gracias a la parálisis de la Justicia bahiense.

En 1983 fue dado de baja. Durante veinte años vivió tranquilo. En 2002 el juez Claudio Bonadío solicitó su detención a la Policía Federal, que en tres años no aportó un solo dato. Dos meses después de ser declarado en rebeldía su nombre apareció en el Boletín Oficial, cuando formó las sociedades Poitagua y Loncotear junto con la empresaria Mirta Inés Williner y la abogada Gabriela Isabel Fuster. En 2001 había constituido Integral Motorcar Service junto con su hijo Juan Martín, Juan Manuel Ducler (hijo del financista Aldo Ducler) y la licenciada en economía Silvia Elisa Elías.

En marzo, cuando Página/12 denunció que había 43 represores prófugos, Lijo encomendó su búsqueda a Gendarmería. En las primeras fotos que acercaron al juzgado aparecía un hombre pelado con barba, muy distinto al que figuraba en el legajo del Ejército. El martes a la noche, cuando salía de un edificio de San Isidro, se entregó manso a su destino inexorable.

lunes, 18 de junio de 2007

Represores presos en Bahía

PROCESADOS POR CRIMENES DURANTE LA DICTADURA

Un juez federal dictó prisión preventiva para tres oficiales retirados, acusados por torturas y desapariciones. Otro juez declaró nulos los indultos que beneficiaban a seis marinos.

Por Diego Martínez
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El coronel Aldo Alvarez, jefe de Inteligencia. Prófugo, al igual que el teniente coronel Corres.

El juez federal Alcindo Alvarez Canale dictó el miércoles el procesamiento con prisión preventiva de tres oficiales retirados del Ejército como autores mediatos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridos en Bahía Blanca durante la última dictadura, cuando integraban el Estado Mayor del Cuerpo V. Un día después, el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni declaró nulas las leyes de impunidad y los indultos que beneficiaban a seis oficiales superiores de la Armada imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y en la de infantería de marina Baterías. En los próximos días –salvo que el coronel decida dejar de jugar a las escondidas–, Alvarez Canale dictará el pedido de captura nacional e internacional de Aldo Mario Alvarez, jefe del departamento II de Inteligencia.

Los flamantes procesados son el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Bayón fue durante 1976 jefe del departamento III Operaciones, del cual dependía el “equipo de combate contra la subversión”, como definió el fallecido teniente coronel Emilio Ibarra a la patota de secuestradores que encabezaba. En 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra. El “mayor Delmé”, así lo recuerdan las familias que lo padecieron, era el encargado de negar información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos, en cautiverio a 200 metros de su oficina. En 1999 declaró que llevaba un registro de todos los detenidos pero ignoraba la existencia de secuestrados, “sólo por rumores sabía de la existencia del LRD” o lugar de reunión de detenidos, traducción castrense de centro clandestino de detención. Páez fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica, y presidió un autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. En 1977 fue trasladado a Campo de Mayo. Los tres están presos en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo.

La resolución de Tentoni retrotrae la situación de los marinos a 1989, cuando el ex presidente Carlos Menem los indultó. Un año antes, la Cámara Federal de Bahía Blanca los había citado a indagatoria por 42 casos de secuestros y torturas en centros clandestinos de Punta Alta. Tres de los seis imputados están actualmente procesados con preventiva: los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, en la causa ESMA, gozan de prisión domiciliaria; el contraalmirante Juan Carlos Malugani, por los crímenes en la base naval de Mar del Plata, está preso en dependencias de la Policía Federal marplatense. Los otros tres, aún impunes y libres, son el vicealmirante Juan José Lombardo, el contraalmirante Raúl Alberto Marino y el capitán de navío Edmundo Núñez. La resolución judicial incluye también al contraalmirante Luis María Mendía y al capitán de navío Zenón Saúl Bolino, ambos fallecidos. Es comprensible que los bahienses no se hayan enterado del paso dado por Mendía: La Nueva Provincia, que hace treinta años publicaba su sonrisa día por medio, fue el único diario del país que no lo informó.

A un año y medio de la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e Hijos Capital y a ocho meses de que los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaran 75 detenciones, la causa del Cuerpo V tiene apenas cuatro detenidos (el primero fue el suboficial Santiago Cruciani, interrogador de La Escuelita) y dos prófugos: el teniente coronel Julián Oscar Corres, que administraba la picana eléctrica, y el coronel Aldo Alvarez, de quien dependía la Laucha Corres, según lo admitió durante el Juicio por la Verdad. Hasta hace un par de semanas Alvarez vivió en Coronel Encalada 1200 del barrio cerrado Laguna del Sol, en Troncos del Talar, partido de Tigre. Cuando la policía fue a buscarlo una hija les explicó que sus padres se habían esfumado de la tierra.

miércoles, 23 de mayo de 2007

Una cita en tribunales para una testigo muy particular

La directora del diario de Bahía Blanca La Nueva Provincia, apologista de la última dictadura, fue citada en La Plata en el marco del Juicio por la Verdad. Es por el caso de una detenida –sobrina del abogado de la empresa– por la que intercedió ante Camps.

Por Diego Martínez
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Diana Julio de Massot, integrante de la Liga Anticomunista Mundial.

A sus 79 años, luego de casi medio siglo como directora del diario La Nueva Provincia y mientras siguen impunes los asesinatos de los obreros gráficos que en los años previos al golpe le paraban la rotativa, Diana Julio de Massot fue citada por primera vez ante la Justicia. Los jueces de la Cámara Federal de La Plata no le preguntarán sobre Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que hasta la madrugada de sus secuestros trabajaron en su empresa, sino sobre la detenida desaparecida Susana Lebed, médica, militante de la Juventud Peronista y sobrina del abogado del multimedio naval, por quien la viuda de Massot intercedió en 1976 ante los generales Ramón Camps y Edmundo Ojeda, jefes de las policías Bonaerense y Federal. La cita es en los tribunales platenses en el marco del Juicio por la Verdad.

Lebed fue secuestrada en la casa de sus padres, en City Bell, la madrugada del 1º de octubre. “Soy un jefe de familia honorable, cristiano, católico nacionalista. Es un atropello”, reaccionó Aníbal Lebed.

–¿Son de las fuerzas combinadas? Confío en el Ejército –agregó ingenuo.

–¿Qué Ejército? Somos policías –le respondieron.

Susana se despertó con una ametralladora en la cabeza. Otra apuntó a su hermana Fátima, de 12 años. “Es una criatura, no pueden”, rogó su madre Nélida Jáuregui. En tres Torino cargaron a Susana y a tres compañeras de estudios con quienes había vivido hasta dos meses antes. La mujer quiso seguirlos pero Aníbal y Fátima la frenaron. Juntos rezaron un Padrenuestro.

Según relató Lebed en el Juicio a las Juntas, “desesperados hablamos a Bahía con mi cuñado, doctor [Néstor] Jáuregui, asesor letrado de La Nueva Provincia, para que interiorizara a la señora Diana Julio, amiga de la familia y vinculada con el gobierno, a efectos de que tratara de hacer lo posible”.

El pedido llegó en un momento particular: septiembre fue especialmente sangriento en Bahía Blanca. En tres enfrentamientos fraguados los militares habían fusilado a ocho personas previamente secuestradas en La Escuelita. El diario no se limitó a publicar los comunicados oficiales con información falsa. En esos días difundió cuatro notas tituladas “¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de la subversión”.

“La señora, con toda decisión tomó el teléfono y habló con el coronel Camps –siguió Lebed–. Le contestó que aún no tenía los listados. Entonces se trasladó a Capital y se entrevistó entre otros con el jefe de la Policía Federal, general Ojeda, que le dijo: ‘Recomiéndele a Lebed que no se mueva porque lo van a chupar a él también y va a perjudicar a su hija. Trabaja en tres hospitales de la guerrilla’.” Católica como Lebed e integrante de la Liga Anticomunista Mundial, hoy la señora podrá detallar sus gestiones tras el diálogo con Ojeda.

El resto de la historia de Lebed se conoce por sus amigas, que declararon en el Juicio por la Verdad. A Mónica Salvarezza y Susana Ceci las encerraron en el baúl de un auto, desde donde escuchaban los gritos de Susana. Al llegar al centro clandestino les advirtieron “de acá no sale nadie”, contó Salvarezza. “Te vamos a dar con la verdulera”, le advirtieron. La desnudaron, la picanearon y la llevaron a otra habitación. “Ahí estaba Susi. No la veo pero la escucho. ‘Mónica me muero. Llamen a un médico porque me muero, se me cortan las manos’, gritaba. Se sentía olor a carne quemada y había un hombre que le hablaba en francés. Ella era profesora de francés. Fue la última vez que la escuché”, relató (paradójicamente Salvarezza es empleada de La Nueva Provincia, célebre por la apología de la verdulera de Vicente Massot, hijo de la señora).

La psicóloga Liliana Polenta, que trabajaba en el mismo hospital de Florencio Varela que Lebed, contó que al llegar al centro clandestino la encandilaron y le mostraron fotos de compañeros de estudios de Susana. Consultada sobre el médico Enrique Oscar Rosón, jefe de Lebed en la guardia de los viernes, recordó que “era más bien fascista” y destacó su “enemistad marcada hacia Susana”, quien “defendía sus ideales, no se callaba, discutía”. Rosón habría admitido en un sumario interno del hospital haber dicho “los mocosos me quieren embromar, los voy a hacer reventar con la SIDE”.

Las tres jóvenes fueron tiradas al costado de una ruta el 10 de octubre. “En media hora sáquense las vendas”, ordenaron los militares. “¿Cómo calculo media hora si me robaron el reloj?”, preguntó Salvarezza. Como respuesta le quebraron el tabique.

Una semana después del secuestro de Lebed, el diario de Diana Julio aseguró que “en la Argentina no hay crímenes como no sean los perpetrados por las bandas marxistas y peronistas; no hay torturas como no sean las del ERP y Montoneros”. Hoy podrá ampliar el porqué de semejante certeza.

viernes, 18 de mayo de 2007

Buena noticia para un fiscal

LA PROCURACION ARCHIVO EL EXPEDIENTE CONTRA PEROTTI
Por Diego Martínez

Luego de una prolija investigación del fiscal Pablo Ouviña, el procurador general Esteban Righi dispuso archivar el expediente sobre la participación del fiscal Raúl Perotti en sesiones de tortura durante la dictadura, mientras se desempeñaba como defensor oficial en La Pampa. Tras escuchar a ex empleados policiales y ex detenidos de la seccional 1ª de Santa Rosa que negaron recordar al actual fiscal, Ouviña consideró no acreditada la presencia ni el conocimiento de Perotti sobre apremios policiales.

En 1984 el ex empleado de la seccional 1ª Héctor Strack declaró que Perotti “iba a conversar” con los represores “con posterioridad” a interrogatorios bajo tortura. El ex ordenanza de la unidad regional José María Leppez agregó que “sabía presenciar” las sesiones. Carlos Samprón, ex rector del instituto José Ingenieros de Jacinto Aráoz, relató que lejos de defenderlo “interrogó a alumnos de 13 años presionándolos a que declararan contra mí bajo amenaza de que no iban a poder proseguir sus estudios”, y destacó que “con su prepotencia, su falta de sensibilidad y su inacción fue cómplice de la situación”.

Strack no pudo ratificar sus palabras porque murió. Leppez se desdijo ante escribano público no sólo de su acusación contra Perotti sino sobre varios represores pampeanos actualmente procesados, pero tanto Ouviña como el juez Daniel Rafecas consideraron que “se ha pronunciado con falsedad al intentar revertir” sus dichos. Según otro empleado de la unidad regional, Leppez acompañaba a los detenidos hasta el “área restringida” donde los interrogaban.

Samprón ratificó que Perotti “nos prejuzgaba, tildándonos de guerrilleros” y se mostraba nervioso por entender que “comprometen mi carrera judicial”. Ouviña la consideró una actitud “desacertada”, pues “los defensores oficiales no eligen a sus clientes”, pero destacó que “cumplió con su labor” como defensor.

El ex policía pampeano Athos Reta, en 1985, incluyó al “doctor Pedro Perotti” en un listado de testigos que podían dar fe ante la Justicia de su intachable labor. “Estuvo afectado de alguna manera a tareas inherentes a la subzona militar 14”, escribió. Encabezaba la lista Ramón Camps y la integraban los principales represores pampeanos. Reta está procesado, pero en libertad, por doce privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de tormentos. El dato aportado por él sobre Perotti no fue confirmado ni desmentido por la investigación.

jueves, 10 de mayo de 2007

Los jerarcas de Bahía Blanca

ORDENARON LA DETENCION DE SEIS REPRESORES
Por Diego Martínez

El juez federal Alcindo Alvarez Canale ordenó el lunes la detención de seis oficiales retirados para indagarlos como autores mediatos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridos durante la última dictadura, cuando integraban el Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército. Se trata de los coroneles Aldo Mario Alvarez, Juan Manuel Bayón, Rafael Benjamín De Piano, Hugo Jorge Delmé, el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez y el mayor Jorge Guillermo Streich. Sus detenciones fueron solicitadas en enero de 2006 por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.i.j.o.s Capital y reiteradas en octubre por los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño.

Alvarez fue jefe del Departamento II Inteligencia. En 1987 y 2000 declaró que desconocía el centro clandestino que funcionaba a 200 metros de su oficina porque se dedicaba a planear la guerra con Chile. Sin embargo, el teniente coronel Julián Oscar Corres, dueño de la picana en La Escuelita y actualmente prófugo, declaró en el Juicio por la Verdad que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo”.

Bayón y De Piano fueron jefes de Operaciones en 1976 y 1977 respectivamente. Bayón nunca fue citado por su actuación en Bahía Blanca. De Piano firmaba los comunicados sobre enfrentamientos fraguados. Aún integra la comisión directiva del Círculo Militar.

Páez fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones, encargada de desfiles y condecoraciones, y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar.

El “mayor Delmé” –como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos. Streich fue mencionado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba después de la tortura. En 1999 reconoció que concurría a La Escuelita con su arma reglamentaria.

Excepto Streich (San Martín de Los Andes) y Páez (San Rafael, Mendoza) el resto debería ser detenido en la Capital Federal. Si la policía no encuentra a Alvarez en su casa de Virrey del Pino, la segunda opción “que el juez omitió consignar” es en Coronel Encalada 1200 del barrio cerrado Laguna del Sol, Troncos del Talar, partido de Tigre.

Hasta ayer el único detenido por los crímenes en esa zona era el suboficial Santiago Cruciani, trasladado esta semana al penal de Marcos Paz. Continúa prófuga la Laucha Corres. En octubre los fiscales solicitaron 75 detenciones que incluyen militares, policías, penitenciarios y civiles como el ex juez Guillermo Madueño. En seis meses Alvarez Canale apenas citó a nueve.

jueves, 3 de mayo de 2007

Con los puntos sobre las AAA de Bahía Blanca

Un juicio por calumnias e injurias que inició el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca permitió que, por primera vez, se acreditara judicialmente la existencia de la Triple A en esa ciudad.

Por Diego Martínez

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Néstor Luis Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca.

La Justicia consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca y profesor de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Luis Montezanti, en medio de un grupo de matones que, a punta de pistola, ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional y que –hasta fines de 1975– conformaron la Alianza Anticomunista Argentina bahiense. Así lo consignó el juez correccional José Luis Ares en la causa iniciada por Montezanti contra el ex estudiante de la UNS Alberto Rodríguez, testigo presencial en abril de 1975 del asesinato de su compañero David Cilleruelo en un pasillo de la universidad, quien lo había sindicado como “partícipe” del grupo paramilitar. Ares absolvió a Rodríguez por calumnias pero lo condenó por injurias por calificar al juez de “cómplice de los crímenes en esta universidad” y “hombre de la ‘misión Ivanisevich’”. Luego de conocerse el fallo decenas de vecinos bahienses se solidarizaron con el empleado bancario Rodríguez y organizaron una colecta para juntar los 6500 pesos con los que saldará el daño moral al camarista.

Gracias a la honra lacerada de Montezanti, a las convicciones de Rodríguez –que lejos de amedrentarse ratificó sus dichos– y a la férrea tarea del defensor oficial Jorge Sayago –que apelará el fallo–, la Justicia acreditó por primera vez la existencia de la Triple A de Bahía Blanca, cuyos crímenes permanecen impunes.

También dio por acreditada la existencia de un diploma en el estudio de Montezanti otorgado por una “Liga Anticomunista Argentina”, firmado por el comandante del Cuerpo V en 1975, general Guillermo Suárez Mason, “aunque de ello sólo se pueda extraer, a todo evento, una filiación ideológica” dado que “la Triple A no otorgaba diplomas”.

Aquella tarde de 1974, al enterarse de la toma de la UTN, más de 300 estudiantes de la UNS interrumpieron una asamblea y marcharon en solidaridad. Los testigos contaron que al llegar vieron al grupo armado y, en el medio, a “un hombre de traje y corbata” que resultó ser Montezanti. Pronto supieron que los ocupantes “eran trabajadores de la Junta Nacional de Granos y respondían al sindicalista Rodolfo Ponce”, diputado nacional, delegado de la CGT y cara visible de la AAA. Con el tiempo conocieron algunos nombres: Jorge Argibay, su hijo Pablo, Roberto Sañudo, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio, Miguel Angel y Héctor Oscar Chisú (Argibay padre y Sañudo murieron. El resto nunca fue citado por la Justicia).

Los siete fueron contratados en 1975 por el rector interventor de la UNS Remus Tetu como “personal de seguridad y vigilancia”. Montezanti “charlaba animadamente con ellos” aunque no portaba armas. Pese al esfuerzo del camarista por desacreditar a quienes consideró “perjuros” y “canallas”, para Ares los testigos fueron “convincentes y veraces”. Si bien un “único y aislado incidente” impide vincular, “en grado de certeza”, al juez con la Triple A, Ares absolvió a Rodríguez del delito de calumnias por considerar que incurrió en un error de tipo que excluye el dolo, es decir que señaló al magistrado como miembro de la Triple A “convencido de buena fe de la real autoría en torno de la comisión de un delito de acción pública”.

Un petiso laburante

Pese a la oposición del defensor Sayago, que objetó la conversión del querellante en testigo y le sugirió declarar en la causa Triple A que instruye Norberto Oyarbide, el juez autorizó a Montezanti a explayarse sobre las acusaciones en su contra y sobre los datos consignados el 9 de abril por Página/12.

Afirmó que desde 1969 fue abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero no tuvo “nada que ver con la Triple A ni con patotas”, pues se considera “un inútil redomado” en materia de armas. El secretario de la UOM bahiense Albertano Quiroga era enemigo de Rodolfo Ponce. “No se podían ver ni en figuritas. Nadie podía estar con ambos”, aclaró.

Durante la gestión en la UNS de Remus Tetu (profesor rumano que huyó a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que formó parte del gobierno colaboracionista de la ocupación nazi, y que heredó al grupo de choque de Ponce) se consideraba “el último orejón del tarro, un petiso que laburaba”, a pesar de lo cual en 1975 le ofrecieron ser juez federal de Bahía Blanca.

“Deploro no haberme hecho cargo del juzgado porque el asesinato de Cilleruelo me hubiera tocado a mí”, lamentó, mientras su abogado Hugo Sierra –secretario del juzgado que tuvo una intervención simbólica en la causa– parpadeaba nervioso. Cilleruelo fue asesinado por el jefe de custodios de Tetu, suboficial de la Armada Jorge Argibay, y pese a las pruebas abrumadoras en su contra no estuvo un solo día preso por ese crimen.

Montezanti aclaró que no formuló ninguna presentación en favor del militante de Tacuara Néstor Beroch –tal como consignó este cronista– y explicó su fugaz relación con el general Acdel Vilas, comandante del Cuerpo V en 1976. “En los primeros días del Proceso” el frío de un FAL entre sus piernas le interrumpió la siesta. “Eran tres milicos. Reventaron mi casa por algo que le adjudicaban a Quiroga. Indignado fui al correo y le escribí una carta documento a Vilas. Me llamó, me invitó a tomar un café, se disculpó y me pidió una tarjeta. Por eso me pidió que lo defendiera, cargo que extrañísimamente decliné.” El pedido de Vilas fue en 1987, es decir que conservó la tarjeta durante once años.

Sobre el médico acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita, Humberto Adalberti tiene “el peor de los conceptos: ni honorarios me pagó”. Tomó su caso porque repudia los escraches, símbolos de “barbarie, salvajismo y primitivismo”. Pese a que vivió el juicio que impulsó como “un proceso de la Santa Inquisición” celebró haber tenido “mi día ante el tribunal”. “Ni nazi ni facho: demócrata convencido”, concluyó. Ares le creyó “pues las personas evolucionan y maduran”.

Cuando Rodríguez afirmó que en sus clases Montezanti adjudicaba la muerte de Cilleruelo a “un arreglo de cuentas en su organización”, este cronista –a un metro y medio del querellante– lo escuchó decir “hijo de mil puta” y vio su rostro desencajado. Un día antes había llamado “patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo. “¿Quién se anima a colgar un cuadro firmado por Suárez Mason?”, preguntó Rodríguez. “No fue un filósofo, fue un criminal que repudian las propias Fuerzas Armadas”, explicó. El imputado agradeció a Montezanti la querella porque “gane o pierda pude decir toda la verdad”, leyó el listado de víctimas de la Triple A que “hoy vivirían felices” y se declaró orgulloso “porque no renuncio a mi pasado”. La sala lo aplaudió de pie.

–¿Por qué en virtud del momento (en 2002 era candidato a camarista) no se dirigió al Senado o al Consejo de la Magistratura?, preguntó Montezanti.

–Por ignorante –se sinceró Rodríguez–. Así me lo explicó un abogado.

Esto debió tratarse en el poder público.

martes, 24 de abril de 2007

El hogar de la Marina

LA JUSTICIA EN PUERTO BELGRANO
Por Diego Martínez

Luego de treinta años de absoluta impunidad la Justicia Federal de Bahía Blanca investigará por primera vez los delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y su vecina base de infantería de marina Baterías. Los primeros ocho imputados son oficiales superiores de la Armada que la Cámara Federal local citó a indagatoria en 1988 por 42 casos de secuestros y torturas, indultados por el ex presidente Carlos Menem por decreto 1002 de 1989. Entre ellos, se destacan el contraalmirante Luis María Mendía y los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, hoy procesados con arresto domiciliario en la causa ESMA. Vañek será juzgado además por robo sistemático de bebés, causa que ayer elevó a juicio oral el juez federal Guillermo Montenegro.

Puerto Belgrano es el mayor asentamiento naval del país. Cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo, la historia de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en sus bases de Punta Alta es poco conocida. En los ’80, diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía investigar sus centros clandestinos postergaron el comienzo de la instrucción. En julio de 1988 la Cámara Federal bahiense citó a indagatoria a los ex comandantes de operaciones navales Mendía y Torti al jefe de Estado Mayor de Operaciones Navales Vañek, al comandante de la fuerza de submarinos vicealmirante Juan José Lombardo, al comandante de Puerto Belgrano, capitán de navío Zenón Saúl Bolino; a los ex jefes de la Base Naval de Mar del Plata contraalmirantes Juan Carlos Malugani (actualmente alojado en dependencias de la Policía Federal de esa ciudad por su responsabilidad como jefe de la base) y Raúl Alberto Marino, y el capitán de navío Edmundo Núñez. Gracias a los artilugios de sus defensores y a los indultos menemistas no llegaron a ser procesados.

Por pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.I.J.O.S. Capital, en diciembre de 2005 el juez federal Alcindo Alvarez Canale declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, pero se excusó de intervenir en causas de la Armada por su parentesco con el contraalmirante Marino. Durante más de un año se excusaron o fueron recusados una docena de abogados, en algunos casos por su identificación “con los postulados del Proceso de Reorganización Nacional”. En junio –mientras Página/12 publicaba por primera vez el testimonio de una sobreviviente de Puerto Belgrano–, el fiscal federal Antonio Castaño solicitó la inconstitucionalidad del decreto de indulto que benefició a los ocho marinos, su detención y alojamiento “en el Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de ser citados a prestar indagatoria”. Pero la causa seguía sin juez.

Recién en febrero se declaró competente Eduardo Tentoni, abogado de reconocida trayectoria en el Colegio de Abogados bahiense, quien de inmediato aceptó las excusaciones, solicitó documentación oficial de la Armada y notificó a los imputados del pedido de inconstitucionalidad de las querellas. Si bien Tentoni no tiene despacho en tribunales, en teoría dispone –igual que Alvarez Canale– de los seis secretarios y ayudantes que el Estado designó para colaborar con causas por delitos de lesa humanidad.

En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos. Uno en Baterías, probablemente en el ex Batallón de Infantería de Artillería Antiaérea, contra la costa, más conocido como séptima batería, edificio viejo y húmedo que se inundaba cuando llovía. Los secuestrados pasaban día y noche en colchonetas inmundas, sobre piso de portland, vendados y encapuchados. Desde allí escuchaban a gente distendida en una playa. El otro funcionó en un barco desmantelado, copado por ratas, amarrado a un muelle, aparentemente frente a la plaza del comando anfibios en Baterías, aunque otras fuentes creen que estaba adentro de Puerto Belgrano.

Los guardias se intercambiaban los apodos para no ser reconocidos. Entre los interrogadores sobresalían Legui y Rubio. Junto con Cacho (oficial culto con olor mezcla de perfume y tabaco fino) ambos tenían autoridad sobre el resto. Entre los torturadores se destacaban el Turco y Leona. Del testimonio de sobrevivientes se sabe que los guardias eran unos quince, estaban siempre borrachos y usaban alias como Jaime, Negro, Tierno, Laucha, García, Tornillo, Jimmy, Viejo, Pájaro y Carlitos. También un enfermero concurría a limpiarles las úlceras en los tobillos y a ponerles gotas en los ojos. De la Justicia depende saber quiénes de los miles de oficiales y suboficiales que caminan impunes por Bahía Blanca y Punta Alta usaban esos apodos en las mesas de torturas.

miércoles, 18 de abril de 2007

Primero acusado y después acusador

EL JUICIO INICIADO POR UN JUEZ SEÑALADO COMO MIEMBRO DE LA TRIPLE A
Por Diego Martínez

Desde Bahía Blanca

El presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, ex diputado nacional y ex miembro de la Conadep, Juan Pedro Tunessi, admitió haber visto en 1984 en el estudio del actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca Néstor Luis Montezanti “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general Suárez Mason”, comandante del V Cuerpo de Bahía Blanca durante el segundo semestre de 1975. La declaración tuvo lugar durante la primera audiencia del juicio por calumnias e injurias que Montezanti promovió contra el ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur Alberto Rodríguez, quien lo sindicó como “partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina” durante una reunión del Consejo Superior de la UNS en 2002. Rodríguez fue uno de los pocos testigos que el 3 de abril de 1975 denunció a Jorge Argibay, custodio del interventor de la UNS Remus Tetu, como el asesino del estudiante David Cilleruelo en los pasillos de la universidad bahiense, relato que en marzo pasado reiteró ante el juez federal Norberto Oyarbide.

Por su parte, el ex rector de la UNS durante la presidencia de Héctor Cámpora, Víctor Benamo, se presentó como “delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Bahía Blanca” y relató que fue Montezanti quien luego de su exilio le abrió las puertas de la universidad para dictar una conferencia sobre derecho comunitario. “Fue la única vez que alguien me permitió enseñar lo aprendido en Bruselas”, agradeció. Dijo ignorar la declaración del secretario Eduardo Luis Duhalde ante el juez Oyarbide en la causa Triple A (publicada en todos los diarios del país el 17 de enero) y también que Montezanti tuviera relación con esa organización paramilitar. “Reconozco sus estudios revisionistas en las filas del nacionalismo, pero queda en el querellado probar si con C o con Z”, dijo. Cuando Montezanti le preguntó si la UOM o el gremio de camioneros a los que asesoraba eran afines a la CGT de Rodolfo Ponce, cara visible de la Triple A, Benamo respondió: “Tengo entendido que era al revés, que Ponce y [el secretario de la UOM Albertano] Quiroga no se llevaban bien”.

El segundo testigo ofrecido por el camarista, Raúl José Hernández, ex empleado de la UOM durante 25 años, admitió haber sido cliente de Montezanti y aseguró que el gremio metalúrgico “sufrió varios atentados de la Triple A”. Finalmente, el abogado Miguel Asad relató haber sido quien le propuso a Montezanti redactar el pedido de amnistía para Dardo Cabo tras el Operativo Cóndor (el desvío de un avión comercial hacia las islas Malvinas por parte de un comando peronista en 1966). “No creo que la Triple A hubiera estado contenta con Montezanti en sus filas si defendió a Dardo Cabo”, sugirió Asad, quien omitió distinguir el Movimiento Nueva Argentina (desprendimiento de Tacuara en el que Cabo militaba en ese entonces) de la organización Montoneros, donde Cabo militaría años más tarde.

Los testigos Miguel Angel Pereyra, Marcos Canova, José Patrignani y Juan Larrea admitieron haber visto a Montezanti en medio de una patota armada que a mediados de 1974, por orden del delegado regional de la CGT Rodolfo Ponce, ocupó la Universidad Tecnológica Nacional con armas cortas y largas para impedir el ingreso de estudiantes que cuestionaban la gestión del interventor Emilio Garófoli. Larrea dijo que conocía desde años antes la “concepción fascista del mundo” del camarista pero que lo sorprendió verlo en medio de los matones porque “era un hombre de ideas, y esa era gente de acción”. Montezanti silenció una vez más a su defensor Hugo Sierra para mostrar sus dotes de interrogador:

–¿Usted adscribe a la concepción comunista del mundo, no? –preguntó.

Larrea consultó al juez si era relevante responder y ante el visto bueno aclaró:

–Soy marxista, sí.

–¿Comunista también? –retrucó el juez.

–Sí, comunista también.

–Ah, suficiente, ya está –concluyó Montezanti, quien perdió la compostura en reiteradas oportunidades, calificó de “mentiroso y farsante” a un testigo y a los gritos ordenó “cállense, patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo.

lunes, 9 de abril de 2007

Una historia olvidada que se reabre

JUICIO POR CALUMNIAS A UN EX ESTUDIANTE QUE DENUNCIO A UN CAMARISTA

Un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias que le inició el presidente de la Cámara Federal, a quien vinculó con la Triple A.

Por Diego Martínez

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La señorial fachada de la Universidad Nacional del Sur, sede de la historia.

Mientras torturadores y asesinos caminan impunes por Bahía Blanca con el visto bueno de la Justicia federal, un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias por haber denunciado como partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino Humberto Adalberti. Si el juez José Luis Ares comprende de antemano que la Triple A no entregaba carnet de socios a sus sicarios ni a sus referentes intelectuales, será menos complejo para el denunciado demostrar que su acusación no es caprichosa que para el juez justificar ante sus alumnos la férrea indiferencia de la corporación judicial bahiense frente a la masacre cometida por las Fuerzas Armadas antes y después del último golpe de Estado.

La historia comenzó en octubre de 2002, mientras los estudiantes de la UNS se movilizaban en contra de los exámenes de ingreso. Alberto Rodríguez participaba de la reunión del Consejo Superior como delegado de la Asociación Argentina de Actores. “En lugar de poner trabas al ingreso de alumnos habría que analizar de una buena vez el plantel de docentes. Aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad”, dijo. Citó como ejemplo a Montezanti, “impulsor de la pena de muerte y partícipe de la Triple A”. Un mes después el Senado aprobó su designación como camarista y en octubre de 2004, con efecto retardado, Montezanti se sintió injuriado, querelló a Rodríguez y pidió un resarcimiento de 10.000 pesos más intereses.

Credencial para matar

A Rodríguez no le contaron la historia. El 3 de abril de 1975, en un pasillo de la UNS, fue testigo del asesinato de David Cilleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino, Jorge Oscar Argibay, suboficial de la Armada, era el custodio de máxima confianza del flamante rector Remus Tetu, cuya primera medida de gobierno fue contratar bajo el rubro “seguridad y vigilancia” a un ejército de matones sindicales y “ex integrantes de fuerzas armadas y de seguridad” que le proveyó “uno de los servicios de inteligencia”, según admitió ante la justicia en 1980.

Cilleruelo acababa de acusar a Tetu durante una asamblea de representar “a la misión Ivanissevich, que no es otra cosa que implantar el imperialismo con el apoyo de la Marina de Guerra, única arma del país que bombardeó a un pueblo indefenso”. Cuando Rodríguez fue a la seccional a denunciar el crimen un sargento intentó disuadirlo. Argibay “tiene credencial de la Federal, arréglenlo con sus propias manos”, sugirió. Pese a que varios testigos reiteraron que vieron a Argibay disparar a quemarropa y huir en el Falcon verde con patente dorada del rectorado, la policía no asentó su apellido en el acta. La Nueva Provincia omitió el dato del auto oficial y la relación del sicario con Tetu, editorialista del diario naval.

Durante 1975, con contratos rubricados por el rectorado, la patota de Tetu tuvo vía libre para matar. Recién el 10 de diciembre Argibay fue detenido por Prefectura de Puerto Quequén, no por orden de la Justicia sino herido en un tiroteo en la Junta Nacional de Granos. Un mes después del golpe el juez federal Guillermo Madueño le tomó declaración en el penal de Olmos. Cuando le informó su derecho a ser defendido Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”, viejo conocido de Tetu (en agosto de 1973, cuando una asamblea de estudiantes de Humanidades promovió la destitución del profesor Tetu por utilizar textos filonazis, Montezanti lo acompañó al juzgado para exigir la suspensión del juicio académico).

Pese a los 700 kilómetros recorridos el interrogatorio entró en una carilla. En la causa no consta que Montezanti haya sido notificado ni que haya actuado en defensa de Argibay, quien pese a las abrumadoras evidencias en su contra no estuvo un solo día preso por la muerte de Cilleruelo. En noviembre de 1977, cuando un juez marplatense dispuso liberarlo y consultó a su par bahiense, Madueño respondió que “por ahora no interesa a este juzgado la detención de Argibay” (el secretario del juez federal era el doctor Hugo Sierra, hoy profesor de derecho en la UNS y por casualidad abogado de Montezanti). En 1980, el juez Jorge Suter pidió su captura, sin éxito: el marino murió prófugo dos años después. Desde el jueves este cronista intentó comunicarse con el señor juez para consultarlo sobre su relación con Argibay, pero no logró ser atendido.

De Beroch a Adalberti

Temido por sus pares, poco apreciado entre sus alumnos pero respetado por las corporaciones de poder locales (es uno de los principales referentes intelectuales del intendente Cristian Breitenstein), Montezanti nunca ocultó su ideología. A principios de los ’60, viejos peronistas lo ubican como referente de la Guardia Restauradora Nacionalista, desprendimiento ultracatólico de Tacuara encabezado por el sacerdote Julio Meinvielle que adoptó por lema “Dios, Patria y Hogar”. En julio de 1965, en pleno brote antisemita de esa organización, el comando regional bahiense respaldado por el platense Néstor Beroch ingresó al domicilio del gerente de Casa Muñiz, durmió a la familia con cloroformo y robó 1.596.000 pesos. Al ser detenido su jefe local, Sebastián Avale, definió al grupo como “católico nacionalista, anticomunista”, admitió “cierta afinidad con el nacionalsocialismo”, con principios “basados en la doctrina católica” (La Nueva Provincia 13-10-65).

Mientras sus compañeros cumplían condenas Beroch se mantuvo prófugo. En 1972, según coincidieron dos abogados y un ex militante de Tacuara, Montezanti solicitó en representación de Beroch la prescripción de la causa. Cuatro años después Beroch colaboraría con los grupos de tareas que secuestraron a los militantes de la UES durante la famosa Noche de los Lápices.

También en los ’60 –según confirmó su abogado Sierra–, pidió la amnistía para los miembros del grupo comando peronista que el 28 de septiembre de 1966, en el denominado Operativo Cóndor, desvió un avión comercial hacia Malvinas, donde antes de ser detenidos cantaron el himno y desplegaron siete banderas argentinas. Comandaba el grupo el entonces joven Dardo Cabo, hijo de un legendario dirigente de la UOM y entonces miembro del Movimiento Nueva Argentina, otro desprendimiento de Tacuara.

Montezanti no sólo dio batalla en tribunales. El 20 de noviembre de 1973, durante un acto por el aniversario del combate de Vuelta de Obligado organizado por la Agrupación de Suboficiales Justicialistas bahienses del que participó la UOM, la Juventud Sindical Peronista y el comando local de la “Juventud Peronista Juan Manuel de Rosas”, tomó la palabra para anunciar que “hoy tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”. No se refería a ningún enemigo externo.

En 1975 a priori trabajó como abogado de la UOM, profesor de la UNS y de la Universidad Tecnológica Nacional. Sin embargo, un abogado radical que aspira a ser intendente y analiza en este momento costos y beneficios de declarar contra el presidente de la Cámara Federal, le aseguró a Rodríguez que en su buffet de abogado Montezanti tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason, se ignora a cambio de qué servicio/s. Entre mayo de 1975 y enero de 1976 el célebre Pajarito fue comandante del Cuerpo V bahiense. Bajo su mando actuaron los “grupos antisubversivos” clandestinos, cuyo trabajo sucio la Justicia nunca investigó. Según ex militantes católicos que debieron huir de las garras de la AAA ese mismo año, Montezanti forjó un fuerte vínculo con el sacerdote Emilio Ogñenovich, entonces vicario general del arzobispado de Bahía Blanca, formador de cursillistas del Cuerpo V y recordado por los familiares de detenidos-desaparecidos locales (al padre de Daniel Gastaldi, recién secuestrado, sin inmutarse le dijo: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”).

En la elección interna del PJ bahiense de 1983, Montezanti integró la triunfante lista Azul y Blanca que encabezaba Rodolfo Ponce, quien antes de ser delegado regional de la CGT e indiscutida cara visible de la Triple A bahiense había disputado –a comienzos de los años ‘70– espacios de poder con la UOM de Albertano Quiroga. Un veterano militante nacionalista local afirma que varios de los matones sindicales de la UOM nutrieron las filas de la Triple A.

En 1987 el general Adel Vilas le propuso hacerse cargo de su defensa. Montezanti declinó la oferta pero le impartió “algunos consejos técnicos profesionales”, según escribió al excusarse en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. La Cámara Federal procesó a Vilas por 12 homicidios, 61 privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas. Una década después, cuando la agrupación Hijos bahiense anunció un escrache contra el médico Humberto Adalberti (acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita y beneficiado con una declaración de falta de mérito), Montezanti presentó una medida cautelar para impedir la manifestación. Al fracasar demandó a los organizadores por daños y perjuicios, denuncia que la Justicia rechazó por razones formales. Entre los dilectos amigos a quienes despidió públicamente se destacan el oficial naval Julio Rodolfo Comadira, jefe de división en la asesoría jurídica de la Armada durante la dictadura, y Martín Gregorio Allica, pluma de La Nueva Provincia denunciado por Madres de Plaza de Mayo como agente del Batallón de Inteligencia 601. Desde la creación de la carrera de derecho en la UNS su mayor logro es haber resistido la formación de una cátedra sobre Derechos Humanos.