viernes, 15 de febrero de 2008

Un “estado de shock” más que oportuno

EL CAPITAN SOSA HIZO ALGUNOS RETOQUES A LA VERSION OFICIAL DE LA ARMADA

Un “estado de shock” más que oportuno

El marino acusado de encabezar la masacre de Trelew declaró ayer durante siete horas. Desmintió haber dado la orden de fuego, pero señaló a sus subordinados. Dijo que no notó que le hubieran sacado el arma, que entró en shock y que cuando levantó la vista los guardias ya habían comenzado a disparar. Hoy declara otro acusado.

Por Diego Martínez
/fotos/20080215/notas/na07fo01.jpg
El capitán Luis Emilio Sosa en los tribunales de Rawson, donde repitió con algunas modificaciones a su favor la vieja versión de la Armada.

Veinte años no es nada, pero 35 para armar un relato verosímil no son poca cosa. El capitán de fragata (R) Luis Emilio Sosa repitió ayer ante la Justicia la versión oficial publicitada por la Armada en 1972, con algunas modificaciones sutiles pero comprensibles para quien está acusado de ordenar fusilar a 19 personas. Ante “el lío” que hacían los guerrilleros confinados en calabozos de la base Almirante Zar no tuvo mejor idea que darles “una perorata” aleccionadora. Según describió, fue y volvió por el pasillo, sus hombros rozando a un lado y otro, hasta que “una toma de karate” lo derribó. No ordenó disparar, dijo, contradiciendo su versión de 1972. Tampoco percibió que le robaran el arma. Entró “en estado de shock” y, cuando se recuperó, sólo había muerte a su alrededor.

Lúcido, sereno y de mente ágil para sus 73 años, Sosa declaró durante casi siete horas. Su relato sobre la madrugada del 16 de agosto, cuando los guerrilleros sitiados en el aeropuerto de Trelew entregaron sus armas, no será una buena noticia para el capitán de navío (R) Rubén Norberto Paccagnini. El entonces jefe de la base Zar declaró el miércoles que no estuvo aquella noche en el aeropuerto. El capitán dijo lo contrario. Paccagnini le transmitió en persona, antes de subir al colectivo, la orden del presidente Lanusse de trasladarlos a la base, que hizo añicos la “palabra de honor” de Sosa, que se había comprometido a llevarlos al penal de Rawson.

Al llegar a la base también fue Paccagnini quien le ordenó meterlos en calabozos y detalló las medidas de seguridad. Nadie podía verlos. Además de incomunicados con el mundo exterior, no debían hablar entre ellos, ni siquiera con sus compañeros de celda. Paccagnini organizó las guardias en tres turnos de ocho horas. Su responsabilidad era sólo inspeccionar. Pasaba de vez en cuando y consultaba a los guardias, “que no tenían experiencia en custodiar detenidos”, aclaró.

Según su primera versión de los hechos, publicada por la revista Marcha el 8 de septiembre de 1972, “el guerrillero Pujadas, mediante un golpe de karate, lo arrojó al suelo y le quitó el arma, no obstante lo cual él, Sosa, logró zafarse y dio la orden de reprimir”. Ayer tuvo la oportunidad de mejorarla. Y no la desaprovechó.

Al llegar a los calabozos el capitán Roberto Bravo le comentó “que no los podía manejar”, dijo. Por ese motivo los había sacado al pasillo. Estaban formados en dos hileras. Sosa decidió entonces “dar una perorata” ejemplar. Para mejor eligió caminar entre las dos filas. “Era muy chiquito, me rozaba los hombros con unos y otros”, aseguró. Fue hasta el fondo y volvió un par de veces. La tercera recibió un golpe que lo desparramó en el piso. “Una toma de karate, no de judo como informó entonces la Armada”, especificó.

Ante la mirada atenta del juez Hugo Sastre y del fiscal Fernando Gelvez, que lo dejaron hablar y recién después formularon preguntas, Sosa dijo no haber notado que le quitaran el arma, tal como se describió en la versión oficial de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Lo supo después, dijo, por los testimonios del resto de los guardias y al leer sus declaraciones en la investigación interna a cargo del oficial Bautista.

Relató que cuando levantó la vista el resto de los guardias ya había comenzado a disparar (léase: no dio la orden). Cree haber escuchado por lo menos cuatro armas. Identificó dos ametralladoras TAM. Quienes dispararon fueron el teniente Emilio del Real, el capitán Bravo y el cabo primero Carlos Marandino, detalló. En cuestión de segundos entró en estado de shock. Se recuperó varios minutos después, cuando todo había pasado. Pensó que estaba herido, pero el jefe del Batallón de Infantería de Marina le explicó que era sólo miedo.

Con el correr de la declaración cayó en varias contradicciones y sinsentidos. Se definió como “una persona muy precavida” y dio un ejemplo: en el colectivo que llevó a los detenidos del aeropuerto a la base Zar fue “con la pistola enfundada”, para evitar arrebatos o accidentes.

–¿Cómo se explica que un hombre precavido, respetuoso de las medidas de seguridad, camine ida y vuelta varias veces entre dos filas de detenidos rozándole los hombros? –le preguntó el fiscal Gelvez.

–Quería evitar una situación de tensión.

–¿Pudo haber sido una provocación?

–Nnno –balbuceó.

–¿No contrarió órdenes de la superioridad al dar una arenga y caminar entre los presos? –insistió el fiscal.

El capitán prefirió no responder.

Después de la masacre estuvo guardado en Puerto Belgrano, confesó. Cuando el fiscal preguntó en qué otros lugares pasó los años posteriores se negó a responder. “No tiene que ver con la causa”, dijo. La indagatoria concluyó cerca de las seis de la tarde. Lo asistió la defensora oficial Mirta Seniow de Gandow. Sosa seguirá en la comisaría de Playa Unión.

El abogado Fabián Gabalachis, defensor de Paccagnini y Del Real, adelantó que va a pedir más declaraciones para demostrar la inocencia del primero. “Hizo lo que debía: convocó a los médicos e inició una investigación”, dijo. Agregó que el sumario de la Armada murió “en un incendio”. Hoy será el turno de Del Real. Ahora que su jefe declaró que no ordenó disparar, habrá que ver cómo se replantea su estrategia de defensa.

jueves, 14 de febrero de 2008

Empezaron a declarar los marinos responsables de la Masacre de Trelew

El capitán de navío Rubén Paccagnini dijo que no participó de los fusilamientos de los 19 presos y repitió que se trató de un intento de rebelión. Fue trasladado a Rawson el capitán Luis Emilio Sosa.

Por Diego Martínez
/fotos/20080214/notas/na08fo02.jpg
Luis Sosa (der.), señalado como el brazo ejecutor de la Masacre de Trelew, llegó preso ayer a Rawson.

El primer marino indagado por la Masacre de Trelew, capitán de navío (R) Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar en 1972, aseguró ayer no haber escuchado los disparos producidos a 200 metros de su habitación y se limitó a repetir la versión oficial publicitada por la Armada y el gobierno de Alejandro Lanusse hace 35 años. Hoy declarará en primer término el capitán de fragata (R) Emilio Jorge del Real y, si dan los tiempos, su camarada Luis Emilio Sosa. El más célebre fusilador (conocido) de la Armada fue trasladado ayer a Rawson y quedó detenido en la comisaría de Playa Unión, custodiado por la policía de Chubut.

Paccagnini fue detenido el sábado, llegó a Rawson el lunes y ayer declaró durante casi cinco horas ante el juez federal Hugo Sastre. Se mostró lúcido para sus 81 años, pero se aferró al relato oficial. Negó haber estado de licencia el 22 de agosto. Contó que dormía en la casa asignada al jefe de la base cuando recibió un llamado de la guardia con la noticia. Pese a los escasos 200 metros que separaban su habitación del pasillo de la masacre, aseguró que no escuchó un solo disparo. Las paredes de los calabozos son gruesas, explicó. Hombres de sueño pesado, varios testigos que prestaron declaración testimonial también dijeron no haber escuchado la metralla.

Paccagnini relató que fue la primera persona que no participó de la masacre en llegar al lugar. Cuando se presentó todo había pasado, dijo. Ya no había ningún marino en la guardia de los calabozos. Sólo estaban los cuerpos de los fusilados. Algunos se movían, confesó. Salió rápido y ordenó buscar médicos y enfermeros para auxiliarlos.

Después viajó a Rawson a informar al general Eduardo Betti, jefe del área militar. Allí se produjeron las primeras consultas con Buenos Aires. Desde el Estado Mayor de la Armada recibieron la orden de iniciar un sumario interno, tarea que encomendaron a un oficial de apellido Bautista. A su vez Paccagnini le ordenó al comandante del Batallón de Infantería que separara a los oficiales que habían participado de los hechos para tomarles declaración. Dos días después llegó el enviado de la Armada, que recibió los testimonios de los oficiales y suboficiales involucrados. La Marina nunca entregó esa supuesta investigación. Paccagnini no supo explicar cómo pudo haber desaparecido.

Recordó haber leído las actuaciones internas y admitió haber dialogado con varios protagonistas, como el capitán Raúl Herrera. Los participantes de la masacre, según Pa-ccagnini, fueron sólo cuatro: Sosa, el teniente Roberto Guillermo Bravo, el cabo primero Carlos Marandino y el fallecido Herrera. Sobre Del Real, con quien pasó sus últimas cuatro noches, dijo ignorar dónde estuvo aquella madrugada. Los hechos que relató no difirieron del cuento infantil conocido: guerrilleros “haciendo lío”, Bravo los saca al pasillo, Sosa circula entre las dos hileras, Pujadas lo golpea, le roba el arma y no deja otra alternativa que gatillar.

Paccagnini también habló sobre los momentos posteriores a la fuga. Cuando el colectivo con los 19 guerrilleros que acababan de entregar sus armas partió hacia el penal, recibieron la orden de llevarlos a la base Zar “hasta que se restableciera el orden en la U6”, a cargo del Ejército, explicó. La decisión de desdecir la “palabra de honor” de Sosa provino de la presidencia de Alejandro Lanusse, vía Ministerio del Interior, agregó.

A primera hora de ayer, al ingresar al juzgado, el abogado Fabián Gabalachis adelantó a la prensa que pedirá la prisión domiciliaria de sus clientes. Sin ponerse colorado destacó que “no ofrecieron resistencia al ser detenidos” (Paccagnini tiene 81 años y cáncer. Del Real, 73, diabetes y una pierna ortopédica). Del Real tampoco se negaría a declarar. “El espíritu es de colaboración”, dijo.

Minutos antes de las 14, en un avión sanitario del gobierno de Chubut, llegó al aeropuerto de Trelew el capitán Sosa. Campera de verano gris clara, camisa blanca y un portadocumentos marrón que sostuvo en todo momento, Sosa bajó la escalerilla con dificultad. En el breve trayecto entre el avión y los patrulleros que lo esperaban intentó escapar de las fotografías, sin éxito. Su traslado hasta Rawson estuvo a cargo del Grupo Especial de Operaciones Policiales, que formó un cordón mientras el marino ingresaba a la comisaría de Playa Unión. Hoy en primer turno declarará Del Real. Si no se extiende demasiado, habrá llegado el momento de Sosa.

miércoles, 13 de febrero de 2008

El fin de un secreto de la Armada

DETUVIERON AL CAPITAN SOSA, PRESUNTO AUTOR MATERIAL DE LA MASACRE DE TRELEW

El represor fue arrestado en una inmobiliaria de Recoleta. Un hijo de desaparecidos, que le había comprado el departamento sin saber quién era, aportó los datos para ubicarlo. Su paradero fue durante años un secreto. Está acusado de 16 asesinatos y tres intentos de homicidio por la masacre de Trelew.

Por Diego Martínez
/fotos/20080213/notas/nac03.jpg
El edificio, de Pueyrredón al 1300, donde funciona la inmobiliaria en la que fue detenido el capitán de fragata Luis Sosa.

Según las crónicas periodísticas de los últimos veinte años el paradero del capitán de fragata retirado Luis Emilio Sosa era uno de los secretos mejor guardados por la Armada Argentina. Sin embargo, apenas cuatro días después de que la Justicia federal librara su orden de detención, agentes de la Brigada de Drogas Peligrosas de la policía de Chubut detuvieron al marino de 73 años en una inmobiliaria de la Recoleta. Un hijo de desaparecidos que dos años atrás le compró un departamento, sin saber que el anciano era el célebre marino acusado de masacrar a 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew, insultó de bronca cuando lo supo y aportó un dato clave para dar con el represor. Mañana será trasladado a Rawson y el jueves será indagado por el juez Hugo Sastre.

Fueron necesarios treinta y cinco años, cinco meses y veinte días para que la Justicia argentina diera con uno de los dos principales acusados por la masacre de Trelew. Los policías chubutenses, que por su especialización en narcotráfico se movilizan de civil, se presentaron a las 14.57 en un domicilio de Austria al 2000, el último registrado a nombre de la esposa de Sosa. Los atendió un hombre joven.

–No, no vive acá. Le compré el departamento hace dos años.

–¿Sabe cómo encontrarlo? –preguntaron los policías.

–No, no lo vi más, no tengo ninguna relación –hizo un silencio y tanta pregunta le generó curiosidad–. ¿Por qué lo buscan?

–Está acusado por la masacre de Trelew –le explicaron los agentes.

El muchacho se sobresaltó con la noticia.

–¡Hijo de puta! –gritó. Luego explicó que sus padres eran desaparecidos, confesó que quería ayudar y pidió “un par de horas para ver si se me ocurre alguna punta”. Revolvió papeles viejos hasta dar con la dirección de la inmobiliaria donde compró la propiedad: “Acher Salomón”, en Pueyrredón 1317, piso 3, departamento C, barrio de Recoleta.

El propio dueño recibió a los policías. No hizo falta demasiada explicación. “Es mi amigo. Su esposa trabaja acá. Los está esperando”, resumió. Levantó el teléfono y le informó al marino sobre la visita anunciada. Minutos después llegó Sosa, solo. Se entregó manso a su destino inexorable.

Por sus 73 años, el cáncer que padece y el antecedente Febres, que obligó a replantearse los criterios de seguridad a varios magistrados, Sosa quedó alojado en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional. Hoy a las 9.30 será trasladado a Rawson en el mismo avión de la provincia que a primera hora traerá al gobernador Mario Das Neves. Mañana prestará declaración indagatoria ante el juez Sastre.

“No fue sencillo ubicarlo, todo lo contrario”, resumió el secretario del juzgado federal, Mariano Miquelarena.

“Deseaba fervientemente poder saber algo antes de morirme pero no pensaba que se fuera a concretar”, confesó emocionada Soledad Capello, la madre de Eduardo (militante del PRT-ERP), de 86 años. Durante años junto con su marido la mujer viajó 1400 kilómetros cada semana para visitar a su hijo preso en Rawson. Para ayudarlo a combatir el frío le tejía pullóveres y medias que Eduardo repartía entre sus compañeros. “Acabo de brindar. Es un placer fuera de los límites”, describió Capello, querellante con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales.

“Recibimos la noticia con muchísima alegría, porque es una deuda histórica y un avance enorme en la lucha contra la impunidad”, consideró Luis Eduardo Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos y uno de los abogados que viajó a Trelew después de la fuga del penal de Rawson para exigirle al gobierno de Alejandro Lanusse garantías sobre la vida de los presos capturados. “La masacre de Trelew tiene un carácter emblemático por ser el antecedente más notorio de la aplicación del terrorismo de Estado aplicado durante la dictadura.”

La Secretaría de Derechos Humanos pidió la detención de Sosa & Cía. el 22 de agosto pasado, al cumplirse 35 años de la masacre. “El juez me dijo en ese momento que era ‘un poco prematuro’ pero que lo tendría presente cuando la causa avanzara”, contó Duhalde, quien sabía que Sosa cobraba su retiro como oficial retirado de la Armada y que Panamá le denegó un pedido de radicación el 16 de mayo pasado.

Cuando Sosa despegue rumbo a Rawson, el juez Hugo Sastre les recibirá declaración indagatoria a los dos primeros detenidos: el capitán de navío (R.) Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Zar que sugestivamente pidió licencia el día anterior a la masacre, y el capitán de fragata (R.) Emilio Jorge del Real, que está acusado de haber estado presente durante los fusilamientos. Ambos nombraron como defensores a dos penalistas chubutenses: Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre.

El cabo primero Carlos Amadero Marandino tenía previsto retornar al país desde Estados Unidos esta semana. Habrá que ver si la orden de captura librada el viernes lo hizo cambiar de planes. “Del que menos datos tenemos es del teniente Bravo”, admitió Maquilarena. Carlos Guillermo Bravo, el otro “gran secreto” de la Armada Argentina, es el segundo protagonista estelar de la masacre. Tal vez en los próximos días caiga otro mito.

El capitán que no tenía honor

LA CARRERA DE LUIS SOSA, EL EMBLEMA DE LA MASACRE
Por Diego Martínez
/fotos/20080213/subnotas/na02fo01.jpg
El año pasado los ex presos políticos entraron al penal de Rawson.

Apenas frustrada la fuga del penal de Rawson, frente a un juez y decenas de testigos, el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa dio su “palabra de honor” ante los guerrilleros sitiados en el aeropuerto de Trelew. Volverán al penal, prometió. A mitad de camino el colectivo se detuvo. Cuando arrancó hacia la base Almirante Zar, el honor de Sosa se hizo añicos. Una semana después, junto con el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, pasó a la historia por encabezar el fusilamiento que el gobierno de Alejandro Lanusse publicitó como un enfrentamiento con 16 muertos y tres moribundos de un lado y ningún rasguño del otro.

Luis Emilio Sosa nació el 18 de enero de 1935. Tenía 20 años cuando la Armada bombardeó Plaza de Mayo y 21 cuando egresó del Comando de Infantería de Marina. El 15 de agosto de 1972 encabezó al grupo de marinos que sitió a los 19 guerrilleros de tres organizaciones armadas que no alcanzaron el avión para concretar la huida. Cuando Mariano Pujadas pidió que un médico constatara la salud del grupo, porque “tenemos experiencia sobre la forma en que hemos sido torturados”, Sosa simuló asombro:

–¡No lo voy a permitir! –reaccionó.

–No estoy diciendo que usted sea un torturador. Pero, le repito, tenemos experiencia. En otras oportunidades la policía nos aseguró que no seríamos torturados y sin embargo hemos sufrido torturas.

Luego un médico revisó a los militantes y Sosa dijo garantizar el traslado al penal. Poco después el mundo supo del valor de su palabra.

El segundo hito de su carrera se concretó una semana después. Según su propia versión (ver la revista Marcha, 8-9-72), Pujadas le dio un golpe de karate que lo tiró al suelo, le quitó el arma pero con pésima puntería: no hirió a nadie. Sosa logró zafarse y ordenó reprimir a los guardias atónitos. Pese al riesgo de herirlo vaciaron sus cargadores hasta matar a 16 guerrilleros y dejar moribundos a otros tres. En medio de la balacera, ni de refilón Sosa recibió un tiro. Luego los tres sobrevivientes contaron la historia real: los hicieron formar en dos filas, al costado de los calabozos y los fusilaron a mansalva con ráfagas de ametralladora.

El 30 de abril de 1973 el general Lanusse envió al capitán Sosa a Estados Unidos, becado y con sobresueldo, para instruirse junto a los infantes de marina norteamericanos. En 1974 su abogado, Jorge Carlos Ibarborde, informó como domicilio de sus defendidos Sosa y Bravo la Agregaduría Naval Argentina en Estados Unidos, en el 1816 de Corcoran Street, en Washington. “Los paraderos de Sosa y Bravo son de los secretos más celosamente guardados por la Marina hasta hoy”, publicó el diario Noticias ya en agosto de 1974.

Desde entonces circularon infinidad de versiones sobre su paradero: en Estados Unidos con identidad falsa, en Centroamérica, visto en Buenos Aires durante la guerra de Malvinas, agregado militar en la embajada argentina en Honduras, anclado en Puerto Belgrano, gozando de una vejez silenciosa y, por qué no, muerto. Sus destinos durante la última dictadura también son un misterio. Una versión indica que el jefe de la ESMA Jorge Acosta lo expuso ante un grupo de cautivos como ejemplo entre los precursores de la aplicación de “métodos antisubversivos”. Se retiró como capitán de fragata en marzo de 1981. Ningún juez, hasta el viernes, había ordenado su detención. Ayer pasó su primera noche en prisión.

martes, 12 de febrero de 2008

Reclamo para que renuncie un funcionario de Jaque

Organismos de derechos humanos le exigieron al gobierno la salida del secretario de Seguridad por su rol en la dictadura.

Por Diego Martínez
/fotos/20080212/notas/na02fo01.jpg
Cristina Fernández visitó ayer Mendoza. Los organismos le presentaron su petitorio a Randazzo.

Mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer en Mendoza un petitorio de familiares de detenidos-desaparecidos que exigen la renuncia del secretario de Seguridad, Carlos Rico, por su actuación durante la última dictadura, el funcionario echó más leña al fuego al denunciar por falso testimonio e injurias a una sobreviviente del Departamento 2 (D2) de la policía de Mendoza que lo reconoció como una de las personas que actuaban en ese centro clandestino. “Tengo miedo. Si alguien no respetó la vida entonces, ¿por qué la va a respetar ahora?”, planteó ante Página/12 la mujer, que pidió reserva de su identidad.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue el encargado de recibir a una comisión de miembros de organismos de derechos humanos. De la reunión también participaron el ministro provincial de Gobierno, Juan Marchena; el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Lavado, y el coordinador Pablo Salinas. Tras recibir el petitorio, Randazzo sugirió “esperar un poco a que se pronuncie la Justicia federal”. Los representantes de los organismos le explicaron que entre los sobrevivientes reina el miedo y le pidieron que el gobierno nacional fuera coherente con su prédica en materia de derechos humanos e intercediera ante Celso Jaque para expulsar a Rico. Le recordaron, además, los particulares criterios de la Justicia local. La fiscal María Dolores Andrés sostiene que haber sido visto en un centro clandestino no es suficiente para imputar a nadie. El juez Walter Bento excarceló al policía Fernando Morellato, acusado por dos desapariciones forzadas, a pesar de que en su legajo consta que en 1976 pidió prestada una picana eléctrica para interrogar a tres personas.

Cuando las fotos de Rico y sus antecedentes como instructor de los “Cursos de Instrucción Contrasubversiva” en la Policía Federal trascendieron, a más de un sobreviviente sus rasgos le resultaron familiares. Fernando Rule, de la Asociación de Ex Presos Políticos, sugirió que tenía “una dicción muy similar” a la de “El Porteño”, apodo de uno de los represores que lo interrogaba en cautiverio. Una sobreviviente del D2 declaró la semana pasada ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de Mendoza y ante la Justicia federal haber reconocido a Rico como una de las personas que actuaban en el D2. “Es un rostro muy particular, rasgos muy definidos –contó a Página/12–. Cuando vi la foto en el diario lo reconocí. Como era mujer nos hacían levantar un poco la venda para repartir comida y limpiar los pisos. Por eso pude verlo.”

La mujer destacó el rol que ocupa el miedo. “Es difícil pelear contra estas cosas. Este hombre actuó en el marco del terrorismo de Estado y hoy ocupa un alto cargo en seguridad. Tengo miedo, pero no puedo callar. Los mendocinos merecemos que la seguridad esté en manos de alguien que respete la vida y los derechos humanos, sobre esas bases debemos construir la democracia. Pero es difícil enfrentar una relación de poder tan desigual. Quien no respetó la vida ayer, ¿por qué va a respetarla hoy?”, se preguntó.

Rico no es el único funcionario cuestionado. El ministro de Seguridad, Juan Aguinaga, incorporó a otros cuatro comisarios retirados que tomaron cursos “contrasubversivos” durante la dictadura. El gobernador Jaque aún no respondió a los organismos locales ni al Centro de Estudios Legales y Sociales, que la semana pasada pidió la remoción de Rico y del director de logística, Aníbal Gómez, porque “carecen de las condiciones éticas y profesionales exigibles para ocupar un cargo público en el Estado”.

lunes, 11 de febrero de 2008

El prófugo que dirige una agencia

LA SEGURIDAD PRIVADA, UN NEGOCIO AL QUE CONFLUYERON REPRESORES DE LA DICTADURA

El coronel retirado Aldo Alvarez, prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad, dirige en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue jefe de Inteligencia del V Cuerpo y compañero de promoción y amigo del represor Ramón Camps.

Por Diego Martínez
/fotos/20080211/notas/na03fo01.jpg
Coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del V Cuerpo de Ejército.

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, controla en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue gerente de Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno. Nueve meses antes se había sancionado la Ley 12.297 que regula el negocio de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires e inhabilita a poseer o integrar las empresas a represores indultados o impunes por las leyes de impunidad. Alvarez se benefició con la Obediencia Debida, pero su caso nunca fue detectado. La Ley 1913 de la Ciudad de Buenos Aires es aún más generosa: sólo excluye a indultados y condenados. Las agencias fiscalizadoras no sólo carecen de mecanismos para detectar testaferros. Ante un pedido formal de Página/12, la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr) de la Ciudad respondió que la sociedad civil sólo puede conocer nombres de empresas y saber si están habilitadas, pero no quiénes son sus dueños. Mientras cientos de genocidas no han sido identificados, el Estado no dispone de una ley nacional que controle al millar de ejércitos privados que les da trabajo.

Las normas que regulan el funcionamiento de la seguridad privada excluyen al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad y organismos de inteligencia. Ello explica por qué la mitad de los agentes que emplean los 850 empresas registradas en la provincia cobran en negro y no están inscriptos como exige la ley. El dato lo difundió el Ministerio de Seguridad hace un mes, cuando intervino la Dirección Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada en respuesta al aumento de robos a personas que por propia voluntad se encierran en barrios privados. La cantidad de agentes registrados en la provincia llega a 45 mil hombres, apenas 6 mil menos que la Policía Bonaerense. En los partidos de alta concentración de vecinos enrejados como Pilar la cantidad de agentes supera 13 veces a la de policías. La ciudad de Buenos Aires es la segunda jurisdicción con mayor desarrollo. Según la Dgspr existen 435 agencias habilitadas, con 23.966 empleados.

Ninguna ley nacional impide que ex miembros de grupos de tareas de la guerra sucia tengan ejército propio, con uniforme y escudo, al servicio de quien esté dispuesto a contratarlo. Sólo el decreto 1002/99, con el que se buscó crear una instancia federal de control dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior que nunca llegó a concretarse, permite que el Archivo Nacional de la Memoria objete a los candidatos a poseer o integrar las agencias. Pero su opinión no es vinculante para las direcciones fiscalizadoras.

Hace dos años, al cuestionar a la Dgspr por habilitar a ex policías y penitenciarios que se negaban a informar sus destinos durante la dictadura, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad le notificó a su titular que la Ley 1913 “no asegura que los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado sean excluidos de prestar estos servicios”. Agregó que la seguridad privada es “una actividad de interés público que desarrollan particulares”, es “complementaria, subsidiaria y subordinada a la seguridad pública” y consideró “de vital trascendencia para toda la sociedad la forma en que dicha actividad debe desarrollarse”. La respuesta fue contundente: la subsecretaría dejó de ser consultada.

Policía particular

Alsina SRL nació en 1948 bajo el nombre de “Policía Particular, empresa dedicada a la investigación y a la realización de informes comerciales y particulares”, según explica en su sitio. En 1958 hizo sus primeros servicios de vigilancia y seguridad. El año del golpe de Estado, 1976, la empresa “decide ampliar sus horizontes y comienza a brindar servicios en la provincia de Buenos Aires”. Alvarez era entonces jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V, que abarcaba el sur bonaerense y la Patagonia.

Como garantía de eficiencia, Alsina SRL informa que su personal es “retirado de las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad” y cuenta con “armas de puño y armas largas”. Presta servicios de protección física, vigilancia, implementa “acciones preventivas en forma sistemática” y tiene una central de operaciones comunicada con cada uno de “nuestros objetivos” las 24 horas. Entre sus servicios adicionales ofrece “investigaciones y seguimientos” para “determinar los responsables de acciones cometidas en perjuicio de particulares, empresas y organizaciones de distinto tipo”. Su casa central funciona en Alsina 909, piso 3. Su sucursal bonaerense en Hipólito Yrigoyen 1526, Florida, Vicente López.

Alvarez renunció a su cargo de gerente en 1998, una década después de obtener su impunidad gracias a la ley de Obediencia Debida. En marzo de 2000, ante la posibilidad de que la agencia fiscalizadora lo descubriera, le cedió a su yerno Rubén Héctor Burgos sus 12 mil cuotas parte, el equivalente a dos tercios del capital de la empresa. Como socio con el otro tercio asumió Juan Balanesco, un principal dado de baja de la Policía Federal. En 2002, Burgos le cedió la mitad de sus acciones a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti.

A fines de 2005 se reabrió la causa por los crímenes en La Escuelita bahiense, que funcionaba a 200 metros de la oficina de Alvarez. El 8 de mayo pasado, el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, ordenó su detención. Cuando fueron a buscarlo a su departamento de Virrey del Pino 1875, ya no estaba. El 15 de junio, el juez pidió su captura. El 19 de julio, cuando el coronel llevaba un mes prófugo, su esposa volvió a cederle las acciones y el cargo de gerente al marido de su hija.

Alvarez y Burgos también son vecinos en Laguna del Sol, un barrio cerrado de General Pacheco que cuenta con una laguna de agua transparente de ocho hectáreas para pescar y practicar deportes náuticos, 750 lotes de mil metros cuadrados y “un servicio de seguridad privada las 24 horas que les permitirá vivir con la tranquilidad necesaria que usted y su familia merecen”. Ambos tienen domicilio en Coronel Encalada al 1200: el militar en el lote 229; su hija y su yerno, en el 19. Cuando la policía lo buscó allí, Elizabeth María Alvarez Icazatti explicó que sus padres se habían esfumado.

En la administración del country responden que “no hay ningún Alvarez registrado”. Allegados a la familia aseguran que, cuando dejó el barrio cerrado, el coronel se siguió reuniendo con Burgos y Balanesco, y que su último refugio fue en Picaflores 75 de Pinamar. Esa casa figura en la guía a nombre de su esposa y –según la mujer que atiende el teléfono– está alquilada por la temporada. Cuando este cronista tocó el portero eléctrico de Alsina SRL le respondieron que Balanesco estaba de licencia y Burgos había salido. El yerno del coronel no respondió los mensajes de Página/12 que recibió en la empresa y en su casa.

Otras joyas

El caso de Alvarez es el primero que se conoce sobre un responsable de delitos de lesa humanidad prófugo con ejército propio. Pero nada sugiere que sea el único. Los ex represores o civiles vinculados con el terrorismo de Estado dueños de empresas de seguridad son más bien regla que excepción:

- El teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. Allí acogió a la apologista del genocidio Cecilia Pando, quien junto con su hija María Pía fue cara visible de una autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. En 2003, Schwab estuvo preso por orden del juez español Baltasar Garzón. En 2006 fue procesado por hostilizar a empleados tercerizados de Movicom y Telefónica. En Tucumán está acusado por un secuestro extorsivo y por la desaparición de un subordinado.

- El coronel (R) Jorge Luis Toccalino, detenido desde septiembre por la Justicia federal de Necochea por secuestros y torturas en esa ciudad, además de tener empresa propia preside la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e integra el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.

- Félix Alejandro Alais, acusado de haber integrado la Triple A de Bahía Blanca cuando era subcomisario de la Policía Federal, figuró hasta 2004 como socio de Fast Cooperativa de Trabajo Limitada. En 1976 torturó a profesores de la Universidad Nacional del Sur detenidos en el marco de una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 2004, Fast ganó una licitación en el rectorado de la UBA. Un gremialista lo escuchó presentarse como “comisario Alais”, investigó su prontuario, lo denunció y el rectorado revocó la adjudicación. Cuando la noticia trascendió varios camaradas pusieron sus empresas a nombre de esposas y yernos. En Bahía Blanca le fue mejor: hasta el año pasado prestó servicios en el departamento de agronomía de la UNS y la Justicia nunca lo citó.

- El director ejecutivo del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, creó en 1997 la empresa Megatrans. Se especializa en localizar vehículos y transmitir datos móviles. Desde 2001 controla 150 patrulleros de la Policía Federal y 1500 de la Bonaerense. En plena dictadura, Massot visitaba en la ESMA a su director, almirante Jacinto Chamorro. Tres meses después del golpe de Estado, dos obreros gráficos de sus talleres, que durante los años previos habían encabezado reivindicaciones laborales, fueron secuestrados, torturados y asesinados. El juez Alcindo Alvarez Canale considera que son crímenes imprescriptibles, pero nunca investigó, ni citó a declarar a los dueños de La Nueva Provincia.

viernes, 8 de febrero de 2008

Expertos en “contrasubversión”

PIDEN LA REMOCION DE FUNCIONARIOS MENDOCINOS
Por Diego Martínez

Cinco comisarios retirados de la policía de Mendoza que el gobernador Celso Jaque incorporó en cargos estratégicos del Ministerio de Seguridad tomaron cursos “contrasubversivos” durante la última dictadura. El subsecretario Carlos Rico también los impartió. Entre sus alumnos sobresalió Eduardo Smaha, preso por secuestrar, torturar y desaparecer al poeta y militante montonero Paco Urondo. Mientras los organismos de derechos humanos locales y el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja mendocina, Ricardo Puga, solicitaron la destitución de los cinco agentes adoctrinados para “erradicar a la delincuencia subversiva”, el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la remoción de Rico y de Aníbal Gómez, director de Logística, porque “carecen de las condiciones éticas y profesionales exigibles para ocupar un cargo público en el Estado”.

A poco de asumir como ministro, el demócrata Juan Aguinaga incorporó a nueve comisarios pasados a retiro en 1997, tras un levantamiento contra el gobierno de Arturo Lafalla. Los organismos de derechos humanos denunciaron entonces que Rico había formado parte del Grupo Especial ’78, creado con fines “antisubversivos”, y Gómez del Departamento 2 Inteligencia. Ante las evidencias y el pedido de explicaciones generalizado, Rico blanqueó su legajo. Allí consta que después de formarse en el Curso de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal impartió a sus camaradas la materia “Plan de actividades teóricas y prácticas de la subversión”. La meta de la instrucción era coordinar “la erradicación de la delincuencia subversiva”. Rico juró que su rol fue “instructivo, no operativo”.

Cuando la Comisión de Derechos y Garantías recibió los legajos de los comisarios constató que no era un caso aislado. También Gómez, Raúl Vega, Vicente y Pedro Chacón formaron parte del CIC. El último fue denunciado días pasados como director de Inteligencia Criminal, por ordenar tareas de espionaje ilegal sobre obreros de la empresa TAC y militantes del Partido Obrero. Aguinaga lo removió del cargo pero no lo echó.

Miembros de la Asociación de Ex Presos Políticos mendocina manifestaron ayer sus sospechas de que Rico pueda ser la misma persona que los interrogaba en cautiverio con el alias de El Porteño. “Tenía una dicción muy similar a la del subsecretario”, consideró Fernando Rule.

El CELS recordó que en el D2, donde actuó Gómez, funcionó el principal centro clandestino de Mendoza. “Mientras la inocencia en materia criminal es un presupuesto que sólo puede ser desvirtuado por pruebas en contrario, la idoneidad para ejercer cargos públicos es algo que la administración y el mismo funcionario deben acreditar”, le recordó al gobernador.

El CELS también solicitó al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, la normativa en que se fundamentó el CIC de la Policía Federal, la nómina de instructores y de agentes federales y provinciales que pasaron por sus filas. Y requirió al coordinador del programa Verdad y Justicia, Marcelo Saín que evalúe posibles implicancias de las designaciones de Aguinaga en las causas de lesa humanidad radicadas en Mendoza y los eventuales riesgos para sus impulsores. El organismo destacó que 12 de los 17 represores procesados en Mendoza por delitos de lesa humanidad pertenecen a la policía provincial.

domingo, 3 de febrero de 2008

Un defensor compenetrado

UN ABOGADO CUESTIONA LA PROTECCION DE LOS TESTIGOS
Por Diego Martínez

“No sé de qué hay que protegerlos si declararon hace treinta años y no han tenido ningún problema”, declaró impávido Jorge Buompadre, abogado de dos militares imputados, en referencia al programa de asistencia y contención psicológica de testigos implementado por autoridades provinciales y nacionales. “Es un ignorante del desarrollo científico mundial. Es vergonzante que una universidad pública lo tenga como vicedecano”, reflexionó Pablo Vassel, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes. Buompadre es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. “Aun el más abyecto criminal merece asistencia letrada”, pero “asumió una defensa política que lo aleja del mundo del derecho para acercarse al de la política y al de los defensores del terrorismo de Estado”, agregó Vassel.

Se trata de “evitar que el costo emocional de reactualizar situaciones traumáticas como las torturas y tener enfrente a quien los haya torturado o secuestrado no paralice a los testigos”, explicó Victoria Martínez, responsable del plan nacional de contención y asistencia a testigos y querellantes en juicios por terrorismo de Estado.

“No sé de qué hay que protegerlos si declararon hace treinta años y no han tenido ningún problema. Me parece que es un pseudo plan elaborado por el Estado para manipular a los testigos”, fue la respuesta de Buompadre. Las declaraciones “¿serán dirigidas por un psicólogo?”, ironizó.

Vassel calificó sus palabras como “aberraciones imposibles de soslayar”. Es evidente que “a la defensa de los carniceros del RI9 no le gusta que se proteja a los testigos”. Le recordó que de cuatro juicios que llegaron a su etapa oral y pública, en uno se secuestró a un testigo clave, que permanece desaparecido, y en otro se asesinó al imputado 48 horas antes de su sentencia. Ambos hechos “confirman la peligrosidad del aparato del terror”.

Vassel destacó la importancia de la asistencia psicológica a quienes atravesaron traumas extremos. “De las consecuencias del estrés postraumático hablan los sobrevivientes del Holocausto nazi, que lo sufren aún hoy, los ex combatientes de Malvinas y cualquier persona que haya sido víctima de una golpiza o violación. Hay protocolos científicos y carreras universitarias especializadas en la materia. Buompadre es un ignorante del desarrollo científico mundial. Es vergonzante que una universidad pública lo tenga como vicedecano”, consideró.

“Buompadre puede defender a quien quiera, puede ganar fortunas con ello, pero no está obligado a asimilarse en sus valores humanos a sus clientes y mucho menos a ejercer verbalmente la misma crueldad que ejercían sobre sus víctimas personas que violaban a los detenidos, que torturaban con sadismo”, concluyó.

Cinco represores a juicio oral

El primer proceso oral y público por crímenes de la dictadura en el interior del país comenzará el martes. Declaran cerca de cien testigos.

Por Diego Martínez
/fotos/20080203/notas/na12fo20.jpg
El capitán (R) Juan Carlos Demarchi es un empresario ganadero de Corrientes.

Con cinco represores en el banquillo, más de noventa testigos y la ausencia casi confirmada del general Cristino Nicolaides, comenzará el martes en Corrientes el primer juicio oral y público del interior del país por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Entre los imputados, ex miembros del Regimiento de Infantería 9, sobresale el capitán (R) Juan Carlos Demarchi, un empresario ganadero que despierta simpatías en las familias patricias correntinas a quien sus camaradas bautizaron “El Electricista” por sus destrezas con la picana eléctrica. Serán juzgados por asociación ilícita, doce casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda.

Además de Demarchi, interrogador en carácter de jefe de inteligencia del área militar 231, serán juzgados los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, y dos oficiales de Gendarmería: Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso. La situación de Nicolaides, condenado en diciembre a 25 años de prisión por cinco desapariciones, será resuelta mañana por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La información que tenían ayer los querellantes es que está internado en terapia intensiva en una clínica de Córdoba. Gracias a sus 82 años, el ex jefe del Ejército vivió el proceso en su prisión domiciliaria de Hilarión Plaza 3866, Cerro de las Rosas.

La causa del RI9 se reabrió a fines de 2003 con la presentación de familiares de Vicente Ayala, patrocinados por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. En 2004 se sumaron los familiares de Vargas y Artieda, vistos por última vez en cautiverio en el RI9. Si bien los casos se unificaron, la causa se desdobló y el caso Ayala no fue elevado. En octubre de 2004 el juez federal Carlos Soto Dávila ordenó las primeras detenciones, que conmocionaron a la alta sociedad correntina. Sobre todo por el caso Demarchi, próspero ganadero que llegó a presidir la Sociedad Rural local. Su colega en la entidad madre, Luciano Miguens, suele enviar “saludos a Pancho” cada vez que pisa la provincia.

La notoriedad de Demarchi y la imposibilidad de evitar el juicio también generó declaraciones eclesiásticas. En noviembre, el obispo correntino, monseñor Domingo Castagna, reivindicó la teoría de los dos demonios. El país “ha sufrido mucho por causa de la violencia subversiva y de la violencia represiva del poder ilegítimamente usado”, dijo. La lectura sobre el terrorismo de Estado “es parcializada y mentirosa” y da lugar a “conclusiones inadecuadas e injustas”, agregó. Días después, durante un homenaje a desaparecidos de Perugorría, el obispo de Goya, Ricardo Faifer pidió disculpas por “los hermanos católicos que no supieron interpretar el mensaje” cristiano durante la dictadura, palabras que los organismos locales interpretaron como un claro apoyo al proceso de justicia.

No sólo Demarchi hizo carrera. Los coroneles Barreiro y Losito estaban en actividad cuando fueron detenidos. El primero, destinado en el Regimiento de Monte Caseros. Losito era agregado militar en Italia. En 2003 el juez federal Carlos Skidelsky ordenó su detención por su actuación en la Masacre de Margarita Belén. La Cámara Federal de Resistencia lo liberó, pero allí culminó su aventura europea. Reynoso llegó a ser comandante de Gendarmería. Después descubrió la veta política. Fracasó como candidato a intendente de Orán, Salta, pero asumió como concejal, siempre por el Partido Renovador del capitán de navío Roberto Ulloa.

Excepto los gendarmes Reynoso y Piriz, presos en Marcos Paz, y Nicolaides, en su casa, los militares imputados estuvieron detenidos desde el primer día en la Base de Apoyo Logístico de Resistencia, servidos por sus pares. Recién en diciembre, cuando el prefecto Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex del Tigre, fueron trasladados al Instituto Penal de Campo de Mayo. Desde el miércoles están alojados en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario chaqueño. A diferencia de los coroneles del Batallón de Inteligencia 601, que sólo asomaron la cabeza cuando no tuvieron otra alternativa, Demarchi & Cía. van a presenciar las audiencias.

Los jueces del TOF de Corrientes encargados de conducirlas y dictar sentencia son Víctor Alonso, Lucrecia Rojas Badaró y el conjuez Carlos Navarro. El último reemplaza a Vicente Constancio Espósito, quien debió excusarse porque fue juez federal durante la dictadura y las defensas de los imputados lo ofrecieron como testigo. Representarán al Ministerio Público el fiscal federal del Tribunal Oral de Chaco, Jorge Auat, el fiscal general federal correntino Germán Wiens Pinto, y el fiscal de primera instancia Flavio Ferrini, que actuó durante la instrucción.

Durante cuatro meses, ofrecidos por las defensas de los imputados, declarará medio centenar de militares retirados y capataces de estancia. Por las querellas darán testimonio más de 40 testigos, en su mayoría sobrevivientes del RI9. También la documentalista francesa Marie Monique Robin y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense que el año pasado identificaron a Rómulo Artieda, visto con vida por última vez en el RI9 y enterrado como NN en una fosa común del cementerio de Empedrado.

miércoles, 30 de enero de 2008

En Mendoza, “un contrasubversivo” teórico

EL GOBERNADOR JAQUE DECIDIRA EL FUTURO DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD
Por Diego Martínez

El subsecretario de Seguridad de Mendoza, comisario retirado Carlos Rico, admitió haber tomado un curso “contrasubversivo” dictado por la Policía Federal en 1976. Documentación entregada por él menciona como meta de la instrucción coordinar “la erradicación de la delincuencia subversiva”. Sin embargo, Rico juró que su actuación fue “de carácter instructivo, no operativo”. La Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos que encabeza Diego Lavado espera respuestas de su par de Nación, Eduardo Luis Duhalde, y del juez federal Walter Bento antes de emitir su dictamen para que el gobernador Celso Jaque evalúe la idoneidad moral del comisario.

No bien el ministro Juan Aguinaga designó a Rico, el Movimiento Ecuménico denunció que había integrado el Grupo Especial ’78 (GE’78), que actuó con fines “antisubversivos” mientras 29 personas desaparecían en Mendoza. El ministro de Gobierno Juan Marchea solicitó entonces a su par de Seguridad un informe sobre Rico y el GE’78. Días después Aguinaga designó director de Logística de Seguridad al ex comisario Aníbal Gómez, miembro del Departamento 2 Inteligencia entre 1980 y 1983. “Es preocupante que gente del D2 forme parte del gobierno y más aún que se sientan orgullosos”, consideró Lavado, que exigió explicaciones a Aguinaga.

Ayer llegó la primera respuesta. Rico informó que tomó un curso en el Centro de Instrucción Contrasubversivo (CIC) de la Federal. La nota que certifica su egreso cita como objetivo “unificar y divulgar métodos, técnicas y procedimientos” entre los “órganos comprometidos en la erradicación de la delincuencia subversiva”. Como la policía “ha tenido que operar ante el elemento social –armado e ideológico– que apareció en la escena del delito y con el fin de agredir las estructuras sociales naturales de nuestra Patria”, su jefe, vicecomodoro Julio Santuccione, creó en forma experimental un CIC mendocino. Rico dio cátedra allí sobre el “Plan de actividades teóricas y prácticas de la subversión”. Entre quienes lo secundaron sobresalió el inspector Ignacio Medina por “su intervención directa en el operativo Independencia que se desarrolla en Tucumán” (14-12-76). Trasmitió enseñanzas con “claridad pedagógica”, celebró Santuccione. Medina, dueño de una agencia de seguridad, fue echado de la policía tras el crimen de Sebastián Bordón en 1997.

El segundo destino conocido de Rico durante la dictadura fue en el GE’78, creado a fines de 1977 con vistas a la “prevención y represión” de delitos en la subsede mundialista. El mal supremo a prevenir era “la actuación de bandas de delincuentes subversivos”. Su consigna: “Hacer el bien venciendo el mal”. Entre sus integrantes, además de Medina, estaba el comisario Eduardo Smaha, preso por varias desapariciones como miembro del D2. La instrucción no fue sólo teórica: una ráfaga de Itaka atravesó al subinspector Jorge Cornejo en una práctica.

En su descargo Rico afirmó que “nunca tuvo funciones operativas” porque “no surgieron eventos que lo justificaran”. Su actuación fue “de carácter instructivo”. Cerró con una frase de antología: los cursos perseguían “una capacitación acorde a una delincuencia que actuaba en este medio en el marco de una realidad que se desarrollaba en esa época”. Lavado entregará hoy a los organismos el informe de Rico. Cuando el titular de la SDH Eduardo Duhalde concluya el suyo sobre el GE’78 y el juez Bento responda si investiga a Rico, elaborará un dictamen para que el gobernador decida.

jueves, 24 de enero de 2008

Un ex juez que ahora será juzgado por delitos de lesa humanidad

Es Víctor Brusa, ex magistrado federal de Santa Fe. La causa en la que está acusado fue elevada a juicio oral. El expediente se originó por un pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón.

Por Diego Martínez
/fotos/20080124/notas/NA12FO01.jpg
Víctor Brusa fue destituido luego de que ex detenidos declararan en el Consejo de la Magistratura.

Por primera vez en la historia argentina un ex miembro del Poder Judicial será sometido a juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos al amparo del terrorismo de Estado. Se trata de Víctor Hermes Brusa, ex juez federal de Santa Fe, acusado de obligar a personas detenidas a firmar declaraciones obtenidas bajo tortura cuando era un joven empleado de ese juzgado. La elevación del conjuez Leandro Conti incluyó también al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y a cinco policías provinciales: los ex comisarios Mario Facino (ex presidente comunal de San José de Rincón), Juan Calixto Perizzotti y Héctor Romeo Colombini, el ex oficial de inteligencia Eduardo Ramos y la ex carcelera María Eva Aebi.

Brusa fue destituido de su cargo a comienzos de 2000, luego de que ocho ex detenidos relataron ante el Consejo de la Magistratura que los había obligado a firmar declaraciones arrancadas a fuerza de torturas. “Como me negaba a firmar la acusación, el doctor Brusa amenazaba con que los guardias volverían a interrogarme. Presos de otras celdas me confirmaron que ése era el procedimiento habitual: torturas, declaraciones forzadas e interrogatorio de Brusa que se transformaba en una nueva sesión de tortura si era necesario”, relató entonces José Schulman, querellante en la causa y secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La destitución no se fundó en su comportamiento durante la dictadura porque los legisladores que lo nombraron en 1992 conocían su legajo y el Consejo no tenía atribuciones para revisar una decisión del Senado. El jurado de enjuiciamiento basó su medida en un hecho de 1997: Brusa atropelló a un nadador con su lancha y le negó asistencia. Sin embargo, sus antecedentes de complicidad con el genocidio fueron cruciales para definir su apartamiento de la corporación judicial.

El 17 de septiembre de 2001, a pedido del juez español Baltasar Garzón, que instruía una causa por “terrorismo y genocidio”, el ex juez Gabriel Cavallo ordenó la detención de Brusa. Después de jugar a las escondidas durante diez días, se entregó a la Justicia. Pero el gobierno de Fernando de la Rúa impidió su extradición. El 14 de agosto de 2002 el juez federal santafesino Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad alfonsinistas. El 17 de febrero de 2005 procesó a Brusa, a los cinco policías que ahora serán juzgados y al ex suboficial del Ejército Nicolás Correa, que murió impune el año pasado. Dos meses después, al coronel Marcellini. Pero ante una presentación de la defensa de Aebi la Cámara Federal de Rosario apartó a Rodríguez de la causa. El motivo: procesó a los acusados por asociación ilícita sin haberles imputado ese delito en las declaraciones indagatorias. El juez los había interrogado apenas por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos.

Si bien el juicio no tiene fecha, la medida de Conti cierra la posibilidad de que los imputados recuperen su libertad cuando concluya el plazo máximo de prisión preventiva: el 2 de febrero para Brusa, Ramos, Perizzotti y Colombini, el 4 para Aebi y el 8 para Facino. De todos modos, la mayoría goza de prisión domiciliaria: Marcellini en Mendoza, Facino en San José del Rincón, Perizzotti y Colombini en Santa Fe. Aebi está en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada y Ramos en el Cuerpo de Bomberos Zapadores, ambos en el microcentro de Santa Fe. Brusa está internado en un sanatorio privado luego de sufrir una descompensación.

Desde la reapertura de las causas sólo fueron juzgados –y condenados– dos policías, ocho militares y el capellán Cristian von Wernich, mezcla de agente con sacerdote de la Iglesia Católica. Brusa será el primer representante de la familia judicial en el banquillo de los acusados.

domingo, 20 de enero de 2008

En busca de justicia para el crimen de una familia

El Tribunal Oral de Mar del Plata ordenó a la Justicia federal investigar a los responsables de tres muertes ocurridas antes del golpe.

Por Diego Martínez
/fotos/20080120/notas/NA14FO04.jpg
El coronel Carlos Alberto Barda es uno de los acusados por la muerte de los familiares de Federico Báez.

El 1º de marzo de 1976 una patota de uniformados y civiles secuestró en Mar del Plata a los padres y la hermana de un militante montonero. Cuatro días después aparecieron los cadáveres, acribillados y sin dedos en las manos. Los enterraron desnudos y los cubrieron con cal. A tres décadas de los crímenes, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, que desde 2001 realiza cada semana audiencias del Juicio por la Verdad, acaba de ordenarle a la Justicia federal que reabra el expediente e investigue a los responsables militares, policiales y a los miembros del Poder Judicial que archivaron la causa sin ordenar una sola medida.

En febrero de 1976 la revista Mercado, invocando “fuentes policiales”, sindicó a Federico Guillermo Báez y su mujer, Isabel Carmen Eckerl, como autores del asesinato del coronel Rafael Reyes, jefe del Grupo de Artillería Antiaérea 601 (GADA 601) del Ejército. En el caso de la mujer es improbable: desde julio estaba presa en la cárcel de Olmos. Si bien la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO, un desprendimiento maoísta de Vanguardia Comunista) se adjudicó el hecho, el 18 de febrero desconocidos preguntaron por Báez en el Banco Provincia de Villa Gesell, donde trabajaba. El gerente negó conocer su paradero.

En la madrugada del 1º de marzo un grupo de hombres armados, movilizados en varios vehículos, fue en busca de los familiares de la pareja. A la madre de Eckerl la torturaron hasta dejarla sorda de un oído. La tiraron al costado de la ruta 2. Ya en democracia, la mujer declaró que sus secuestradores usaban borceguíes y que a dos de ellos volvió a verlos: uno en la tapa del diario La Capital, como custodio del dictador Jorge Videla durante una visita oficial a Mar del Plata; al otro cuando fue a pedir un certificado de domicilio en la comisaría 4ª.

En la casa de los Báez demoraron varias horas. Los vecinos recuerdan que al menos tres vestían uniforme verde oliva, birrete y casco, aunque quienes los cargaron al auto iban de civil. Según una inspección ocular de la propia policía, los secuestradores revisaron todos los libros, carteras, bolsillos y cajones que encontraron. Se llevaron hasta las fotos de los portarretratos. Cortaron la luz pero no el teléfono. También robaron 6 millones de pesos moneda nacional que Federico Báez padre acababa de cobrar en la inmobiliaria donde trabajaba.

Cuatro días después, el 5 de marzo, los tres cadáveres aparecieron enterrados en una fosa común, debajo de un puente en la entrada de Dolores. Antes de enterrarlos los cubrieron con cal, para acelerar la descomposición de los tejidos. Los cuerpos estaban desnudos. Los dedos de las manos, amputados. Les dispararon a la cabeza desde menos de un metro de distancia. Báez tenía 52 años y desde su juventud había militado en el radicalismo. Su esposa, Silvia Agnes Acevedo, tenía 47 años y la hija de ambos, María Ercilia, estudiante y militante de la Juventud Peronista, apenas 23. Los enterraron en Dolores.

Por la jurisdicción donde ocurrieron los secuestros, las primeras averiguaciones estuvieron a cargo del comisario Mario Rubén Maiti, jefe de la seccional 2ª, acusado ya en 1975 de encabezar interrogatorios bajo tortura. Un día antes del golpe de Estado el juez de Dolores remitió la causa a Mar del Plata. Cuarenta días después, previo dictamen del fiscal Juan Alberto Altamura, el juez penal Juan Alberto Ferrara consideró que no había indicios para identificar a los asesinos y, sin disponer una sola medida de instrucción, dictó el sobreseimiento provisorio. Allí murió la investigación, dos meses después que los Báez.

Con la causa a la vista e invocando el dictamen del procurador general Esteban Righi en el expediente “Derecho, René”, en el cual define con precisión el concepto de delito de lesa humanidad, el fiscal general Juan Manuel Petiggiani le solicitó al TOF que declare la competencia de la Justicia Federal para reabrir la investigación.

A partir de su dictamen, el TOF –que integran los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Rubén Parra– situó a la cabeza de los responsables al jefe del GADA 601, coronel Carlos Alberto Barda, reemplazante de Reyes, que tenía a su cargo el control operacional de la ciudad. Subrayó que en 1987 ante la Cámara Federal porteña Barda confesó que, a su criterio, “los padres de los subversivos que les daban techo y comida eran cómplices”.

El fiscal y el TOF solicitaron que se investigara también al comisario Maiti por liberar la zona donde se produjo el secuestro. Por las horas que estuvieron en casa de los Báez, los vehículos en la calle, la cantidad de involucrados y el hecho de haber trasladado a las víctimas 200 kilómetros sin que nadie los interceptara, “el grupo operativo habría contado con las facilidades otorgadas por las más altas jerarquías militar y policial”, consideró el tribunal.

Finalmente, extendieron las omisiones funcionales a la administración de Justicia. Para el fiscal Petiggiani hubo “graves falencias investigativas, o lisa y llanamente ausencia de investigación”. El TOF apuntó que “no se ha llevado a cabo ningún acto procesal por parte del Poder Judicial para investigar nada menos que el secuestro y homicidio de toda una familia”. Ambas críticas tienen dos destinatarios: el ex fiscal Altamura, ya fallecido, y el ex juez Ferrara, actual conjuez de la Cámara Federal de Mar del Plata.

La causa Báez es la primera que se reabrirá en Mar del Plata por crímenes de lesa humanidad cometidos antes del golpe de Estado, pero no será la última. El TOF considera que “a partir de mediados de 1974 y hasta el advenimiento de la democracia en 1983 habrían actuado grupos operativos protegidos desde el propio Estado, cuya actividad se orientó a la perpetración de numerosos homicidios, desapariciones forzadas de personas, intimidaciones públicas e incendio de vivienda, entre otros delitos”. La historia recién comienza.

De la guerra sucia al narcotráfico

EL INCREIBLE PERIPLO DE UN EX SERVICIO QUE REVISTABA CON GORDON
Por Diego Martínez
/fotos/20080120/notas/NA16FO03.jpg
Lorenzo, alias “Mayor Guzmán”.

La mano de obra desocupada de la dictadura militar sigue empeñada en causas nobles. Ernesto Lorenzo, el líder de los narcotraficantes detenidos ayer, tiene una extensa trayectoria ligada a las Fuerzas Armadas y a paramilitares que el mero paso del tiempo no logra reciclar. El “Mayor Guzmán”, tal su alias o nombre de guerra desde hace treinta años, trabajó en Inteligencia del Ejército durante la guerra sucia, se integró luego al Batallón de Inteligencia 601 –nueve de sus miembros acaban de ser condenados– y fue hombre de confianza del paramilitar Aníbal Gordon, para quien siguió trabajando en secuestros extorsivos en los años ’80. Ya había caído preso por narco en 2000. Nadie le podrá negar coherencia.

Lorenzo tiene 58 años. Es civil, aunque durante años estuvo rodeado de uniformes verde oliva. A principios de los ’70 comenzó a especializarse en asaltos y defraudaciones de la mano de Gordon, que con los años se convertiría en celebridad entre los genocidas del Cono Sur. Con el surgimiento de la Triple A las ofertas laborales se diversificaron. Antes del golpe de Estado, Gordon y Lorenzo fueron reclutados en Rosario por el general Otto Paladino, que de la Triple A saltó a conducir la SIDE durante la dictadura. Paladino fue uno de los cerebros del centro clandestino Automotores Orletti, un símbolo del Plan Cóndor por el que pasaron desaparecidos de varios países de Sudamérica. Durante los años duros del gobierno de facto, Lorenzo trabajó en el departamento II de Inteligencia del Cuerpo II de Ejército, en Rosario, como subordinado del coronel Oscar Pascual Guerrieri, uno de los condenados en diciembre.

Entre 1982 y 1984 la banda de Gordon se especializó en secuestros extorsivos. Los primeros cinco minutos de fama de Lorenzo llegaron cuando la dictadura agonizaba: participó como chofer en el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. Fue en agosto de 1983 en la esquina de Cabildo y Republiquetas. Junto con Eduardo “Zapato” Ruffo (apropiador, procesado y preso por su actuación en Automotores Orletti), César Enciso, Marcelo Gordon (hijo de Aníbal) y Carlos Rizzaro, Lorenzo trasladó a Kelly hasta una casa operativa en Rosario, donde lo aguardaba Aníbal Gordon. Según contó el “Mayor Guzmán” a la Justicia, “se le preguntó para qué servicio de Inteligencia trabajaba”. Gordon agregó que entregaron el video con el interrogatorio al Cuerpo II, que les ordenó liberarlo por el revuelo que la publicidad del caso había causado. Un año después Lorenzo fue detenido. En 1991 el juez federal Martín Irurzun lo condenó a siete años de prisión, pero ya los había cumplido.

En 1992 volvió a caer, esta vez por un intento de robo a la sucursal de plaza San Martín del Lloyds Bank. El 29 de octubre de 1995, al volante de una camioneta, fue detenido una vez más en el barrio de Belgrano. En la caja transportaba un cuadro de Goya del sigloXVIII, Retrato de María Teresa Ruiz de Apodaca y Sesma. Lo había robado la banda de Gordon dos meses después de secuestrar a Kelly, en 1983, del Museo de Arte Decorativo Odilio Estevez, de Rosario. La obra de arte estaba valuada en más de tres millones de dólares.

Su anteúltima caída fue el 28 de octubre de 2000 en una casaquinta de General Rodríguez, como miembro de un grupo de narcotraficantes, su último oficio. Lo acompañaba José Orlando Mercado Solís, que un día antes se había escapado de la cárcel de Devoto con la colaboración de agentes del Servicio Penitenciario Federal. Además de credenciales falsas de la policía y de la Secretaría de Seguridad Interior, la banda tenía un arsenal en su poder. Lorenzo había cambiado de rubro pero no de alias: “Mayor Guzmán” era su nombre clave en la organización.

En 2005 el juez Norberto Oyarbide condenó a la banda de Gordon por los secuestros de los ’80. A Lorenzo le dio diez años, pero por la pena que purgó en los ’80 siguió en libertad. Fuentes vinculadas con la detención de ayer informaron que estuvo cuatro años preso, por narcotráfico y tenencia de armas de guerra, hasta que la Cámara Federal de San Martín lo liberó, por causas que aún no se desconocen.

sábado, 19 de enero de 2008

La patota de la brigada

DETUVIERON A UN MILITAR Y DIEZ POLICIAS EN EL CHACO

Los represores están acusados de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979. En la misma causa están imputados dos ex fiscales que fueron separados de sus cargos.

Por Diego Martínez
/fotos/20080119/notas/na07fo01.jpg
La Brigada de Investigaciones de Resistencia, el centro clandestino más importante del Nordeste.

Un militar y diez policías retirados de la provincia de Chaco fueron detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979 en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el centro clandestino más importante del nordeste argentino. La medida fue ordenada por el conjuez federal Juan Antonio Piñero en la causa Caballero, uno de los primeros imputados. Se trata del mismo expediente en el que están acusados por su actuación durante la dictadura los ex fiscales federales chaqueños Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes, separados de sus cargos el mes pasado por la Procuración General de la Nación, que ordenó someterlos a un jury de enjuiciamiento. Mazzoni renunció no bien conoció la medida.

Los imputados que el juez Piñero ordenó detener el 15 de diciembre pasado por su participación en torturas y desapariciones en la brigada que funcionó en calle Juan B. Justo 473 son el teniente coronel José Tadeo Luis Bettolli, denunciado también por la masacre de Margarita Belén, y los policías Félix “El Indio” Cáceres, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza, Juan Ramón Rodríguez Valiente, José Omar Esquivel, Guillermo Antonio Enchausti, Cristino Martínez, Ramón Héctor Maidana, Miguel Angel Vitorello, Francisco Orlando Alvarez, Pedro Ramos, Regiardo Cáceres, Omar Eduardo Monzón y Oscar Octavio Ayala. Los últimos cuatro están muertos. Excepto Bettoli, que vivía en Formosa –como presidente del Instituto Sanmartiniano fue habitué hasta estos días de los actos oficiales del gobierno provincial–, el resto de las detenciones se produjeron en Chaco.

Desde su reapartura en 2003, la causa Caballero alternó detenciones, liberaciones y demoras. En septiembre de ese año, por orden del juez federal Carlos Skidelsky, fueron arrestados por primera vez los ex policías Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José María Cardozo, José Marín y Héctor Ramón Escobar. Pero sus defensores lograron apartar del caso al juez y el 3 de diciembre quedaron en libertad. En octubre de 2005, luego de una serie de recusaciones, los volvieron a detener, pero entre Navidad y Año Nuevo el conjuez Ricardo San Martín los volvió a liberar. El 27 de diciembre de 2006 el conjuez Piñero volvió a apresarlos. La tercera, hasta ahora, fue la vencida.

Los cinco policías están en la Alcaidía de esa fuerza, donde ahora los acompañan sus diez camaradas, apresados por primera vez luego de tres décadas de plena impunidad. La custodia está a cargo de la propia policía de Chaco. La alcaidía fue el centro clandestino donde las Fuerzas Armadas concentraron y torturaron a los detenidos políticos provenientes de la Unidad 7 y de la propia Brigada antes de fusilarlos en la masacre de Margarita Belén, la madrugada del 13 de diciembre de 1976.

En la causa también están detenidos pero con prisión domiciliaria los ex agentes Lucio Caballero y Ramón Esteban Meza, en tanto el teniente Luis Alberto Pateta, imputado también por Margarita Belén, está en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo. Procesados pero sin prisión preventiva están los ex policías Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard y el agente de Inteligencia Alberto Valussi. Los dos máximos responsables de ese centro de exterminio murieron impunes: el ex comisario Carlos Alcides Thomas era jefe de la Brigada y su par Wenceslao Ceniquel, jefe de la policía de Chaco.

En la misma causa están imputados el ex fiscal federal de primera instancia Carlos Flores Leyes y el ex fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni. Están acusados de participar en interrogatorios ilegales, amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad. Ambos fueron apartados de sus funciones el mes pasado por orden del titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, quien ordenó que se los someta a un jury de enjuiciamiento. Mazzoni renunció dos días después. Sobre los dos magistrados y el ex juez federal de Resistencia Luis Angel Córdoba, ya jubilado, existe en la causa Caballero un requerimiento de la fiscalía para que se los indague por tormentos. Aún no fueron citados. Las querellas también los denunciaron por su actuación en Margarita Belén.

lunes, 14 de enero de 2008

La estabilidad más indeseable

NO VARIA LA CANTIDAD DE IMPUTADOS PROFUGOS

La estabilidad más indeseable

Por Diego Martínez

La cantidad de prófugos imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura –44 según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales– es la más estable de las situaciones procesales entre los represores autóctonos. Desde marzo del año pasado, cuando Página/12 publicó que una de cada siete órdenes de captura no se habían concretado, pocos jueces acusaron recibo.

El 1º de abril Interpol detuvo en Virginia, Estados Unidos, a Ernesto Barreiro, alias Nabo, jefe de torturadores de La Perla, en Córdoba. El 10 de mayo otra vez Interpol capturó a Enrique José Del Pino, alias Miguel, jefe de un grupo de tareas de El Banco y El Olimpo. El 18 de septiembre, tras cuatro años huyendo de la Justicia, Gendarmería detuvo al sargento ayudante Alfredo Omar Feito, alias Cacho o Speziale, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 de Ejército. El 26 de septiembre la división antiterrorismo de la Policía Federal apresó al capitán Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía de San Luis imputado por el homicidio de Graciela Fiochetti. También durante 2007 fueron detenidos el uruguayo Ernesto Soca, alias Drácula, investigado por su papel en Automotores Orletti, y el policía salteño Jorge Héctor Zanetto, imputado por el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone.

Como contracara de esas capturas, se incorporaron a la lista de prófugos Herminio Jesús Antón, alias Perro, ex miembro de la temible D2 de inteligencia de la policía de Córdoba investigado en la causa del Comando Libertadores de América; Juan Máximo Cocteleza, miembro del grupo de tareas Swat investigado por su actuación en el Hospital Posadas; los oficiales Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic, imputados por las torturas a las que fue sometida la actual jueza sanjuanina Margarita Camus en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, más los dos prófugos auxiliados por la Justicia federal de Bahía Blanca. Encontrarlos es imprescindible para garantizar la seguridad de testigos, querellantes y magistrados.

La causa donde los represores mueren o se escabullen impunes

La lentitud de la Cámara Federal de Bahía Blanca ya permitió que sean más los fallecidos y prófugos que los imputados en la investigación por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Por Diego Martínez
/fotos/20080114/notas/nac8.jpg
De izquierda a derecha: los militares prófugos García Moreno, Alvarez y Corres.

Cada vez que recibió una notificación para presentarse a declarar voluntariamente, el teniente coronel Jorge Aníbal Masson respondió con certificados médicos que daban cuenta de sus problemas cardíacos. Recién cuando el militar agotó la posibilidad de pedir nuevas prórrogas, el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale ordenó su detención. Pero ya era tarde. En el 7º D de Luis María Campos 1245 sólo quedaba un sillón, para que descansaran los visitantes. No es el único represor que burla a la Justicia con el visto bueno de Su Señoría. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, popular vecino de Belgrano condecorado en 1977 por su actuación “en combate”, se esfumó de su piso en 3 de Febrero 1747 después de recibir la citación del juez bahiense.

Hasta la sanción de las leyes de impunidad, la Cámara Federal de Bahía Blanca sobresalió por su eficiencia en investigar los crímenes cometidos en La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V. Desde la reapertura de la causa en diciembre de 2005, cuando Alvarez Canale declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes, la Justicia bahiense se destacó en el mejor de los casos por su lentitud. Pese a los reiterados pedidos de detención y denuncias por retardo de justicia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, H.I.J.O.S. Capital y los fiscales Antonio Castaño y Hugo Cañón, en los dos años transcurridos la cifra de prófugos y muertos impunes ya supera a la de imputados por Alvarez Canale.

El primer procesado, en noviembre de 2006, fue el suboficial Santiago Cruciani. Pese a la abundancia de pruebas –los sobrevivientes recordaban al “Tío” como interrogador en la mesa de torturas y sus familiares porque los recibía en el Destacamento de Inteligencia 181, donde se hacía llamar “Mario Mancini”–, el juez no elevó su caso a juicio oral. Cruciani murió en julio, sin condena. Seis meses antes había fallecido, impune y libre, el teniente coronel Emilio Jorge Ibarra, jefe del “equipo de combate contra la subversión”, como llamó en el Juicio por la Verdad a las patotas de secuestradores del Ejército.

En junio, Alvarez Canale procesó y detuvo en el Instituto Penal de Campo de Mayo a tres miembros del Estado Mayor del Cuerpo V: el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Al cuarto nunca lo encontró. El coronel Aldo Mario Alvarez, jefe de Inteligencia, se convirtió entonces en el segundo prófugo de la causa, junto con el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, torturador de La Escuelita que dependía, según admitió en el Juicio por la Verdad, del propio Alvarez.

En ese contexto, en lugar de ordenar las detenciones como se lo había solicitado el fiscal, Alvarez Canale decidió citar a indagatoria, como si fueran infractores de tránsito, a cuatro ex miembros de los grupos operativos del célebre “Loco” Ibarra. El coronel Mario Alberto Casela y el teniente coronel Mario Carlos Méndez se presentaron, declararon y quedaron detenidos. Masson presentó certificados médicos para ganar tiempo y organizar la mudanza en paz. García Moreno –ex legislador porteño y ex director del Registro Nacional de las Personas durante la presidencia interina del senador Eduardo Duhalde– encomendó a su abogado Eduardo San Emeterio el explicarle al juez que era un católico honorable, militante antiabortista e hincha de Atlanta, pero por las dudas no volvió a pisar su bonito piso de Belgrano.

Dos meses atrás familiares de detenidos-desaparecidos le reclamaron a Alvarez Canale por deficiencias en la instrucción y le solicitaron que detuviera al menos a los militares que merodeaban impunes por la puerta de su juzgado, como el coronel Jorge Enrique Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181. El juez tampoco citó aún –como se lo solicitaron los fiscales– a su ex colega Guillermo Federico Madueño, que tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a impulsar su juicio político. Mucho menos a los directivos del diario La Nueva Provincia, pese a que eran los únicos enemigos de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

“La actitud de ciertos jueces y fiscales ante delitos de lesa humanidad denota cuanto menos cierto temor a actuar con la frontalidad que aplican en causas comunes. Si ante imputados de gran habilidad, que han gozado de impunidad por décadas y tienen recursos para eludir a la Justicia, no se actúa con habilidad y diligencia, la posibilidad de un juzgamiento adecuado puede frustrarse”, reflexionó el fiscal Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. “En Bahía Blanca se ha dado el caso de militares con órdenes de detención que seguían cobrando como retirados, lo cual es una burla a la inteligencia”, agregó.

“Con la prueba reunida varios imputados debieran estar condenados”, considera el secretario de la APDH bahiense, Eduardo Hidalgo. “Pero con resoluciones insulsas y noveladas, más una evasión reiterada de los requerimientos de querellantes y fiscales, la Justicia bahiense aplica un indudable criterio de promoción y afianzamiento de la impunidad”, lamenta.

Otro reclamo de los organismos a Alvarez Canale es por impedir que participen de las indagatorias los abogados de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, creada por la Procuración General de la Nación justamente para auxiliar a la Justicia. La medida genera absurdos que para fortuna del juez la sociedad ignora: el teniente Casela, por ejemplo, dijo haber participado de un operativo posterior al período en el que admitió haber prestado servicios sin que Alvarez Canale ni el fiscal Castaño se percataran. Cuando el fiscal le reiteró la importancia de ser secundado por sus colaboradores en virtud de “la complejidad de la causa”, el magistrado respondió, sincero: “Me cago en la complejidad”.

sábado, 12 de enero de 2008

“Sabés por qué estamos acá”

ROBO DE DOCUMENTOS A UNA INTEGRANTE DE HIJOS

El hecho ocurrió en Mar del Plata. Se llevaron testimonios del Juicio por la Verdad y fotos de servicios de inteligencia que se infiltran en las marchas de los trabajadores del puerto.

Por Diego Martínez
/fotos/20080112/notas/NA13FO01.jpg
Eleonora Alais tiene 32 años y es hija de Raúl Alais, desaparecido en la Noche de las Corbatas.

El jueves a la madrugada, cuando abrió el garaje de su casa, Eleonora Alais, dirigente de H.I.J.O.S. filial Mar del Plata, se encontró con dos hombres encapuchados y armados. Cuando el que parecía mayor le advirtió “vos sabés por qué estamos acá” se le ocurrieron un par de ideas. Todavía no sabe con cuál quedarse. Su única certeza es que no eran delincuentes cualunques. Seleccionaron papeles con cuidado y dejaron objetos de valor. A priori se interesaron por testimonios del Juicio por la Verdad, que la agrupación sube a la web para que lean quienes no pueden presenciar las audiencias. Más llamativo parece el interés por las fotos de los servicios de inteligencia que acostumbran infiltrarse entre los obreros del puerto marplatense y que la dirigente analizaba en esos días con sus compañeros del frente antirrepresivo.

Eleonora Alais tiene 32 años y es hija de Raúl Alais, desaparecido en la famosa Noche de las Corbatas del 13 de julio de 1977, cuando las patotas del Grupo de Artillería Antiaérea 601 secuestraron a un grupo de abogados y los llevaron al centro clandestino “La Cueva”. En 2001 la joven se plantó frente al ex jefe del GADA 601, coronel Carlos Alberto Barda. Le gritó asesino y le pegó un bofetazo. Barda acababa de negarse a declarar en el Juicio por la Verdad. “Es indignante saber que dio la orden para que maten a tu viejo y esté ahí como si nada”, explicó.

El miércoles, cuando salió de su casa, en Juana Manso al 1500 del barrio El Progreso, hacía 20 días que no pisaba la calle, para reponerse de una operación. “Al abrir el portón vi a dos personas con la cara cubierta. El primero entró, el segundo me tapó la boca. En la desesperación se me ocurrió simular que tenía asma y me ahogaba. Mientras me golpeaba la cabeza contra el portón yo tiraba manotazos y gritaba. Le dije que buscara el aparatito para el asma que tenía en la cartera. Cuando soltó el arma para agarrar la cartera salí corriendo por el portón y empecé a gritar a los vecinos”, relató.

–¡Rancho! ¡Rancho! –gritó el pibe, no más de 17 años, calculó.

“El segundo me dijo ‘no llames a nadie porque te vamos a venir a buscar’. Por la voz parecía mayor. Yo salí corriendo hacia el centro y ellos hacia el lado opuesto. Como creía que había alguien más no me animé a entrar. Llamé al 911 y dije que había gente armada en mi casa. Cuando entramos con la policía nos asombramos: estaba todo ordenado salvo el escritorio de mi habitación y una caja con papeles. De a poco nos fuimos dando cuenta de qué cosas faltaban. Objetos de valor material, sólo una filmadora y una cámara digital. Pero por la selección de papeles que hicieron deduzco que estaban desde hacía un buen rato”, agregó.

La lista de documentos robados incluye testimonios del Juicio por la Verdad, surgidos de audiencias públicas y que la propia Alais se encarga de subir al sitio http://hi josmardelplata.blogspot.com; los documentos sobre su padre registrados por la ex Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y películas en DVD sobre la dictadura. “También portarretratos con fotos de los padres de mis compañeros de H.I.J.O.S. y, lo que más me duele, la medalla que el Colegio de Abogados me entregó, como homenaje a mi padre, cuando se cumplieron 30 años del secuestro”.

Pero los incursores no sólo tenían inquietudes por el pasado de la dirigente. “También se llevaron las fotos de todos los servicios de inteligencia que se infiltran en las marchas por el conflicto de las fileteras, material que estábamos trabajando con la colaboración del frente antirrepresivo de los compañeros del puerto”, agregó.

A la tarde un superior de la comisaría 3ª le hizo preguntas durante una hora y media. Le aclaró que era del interior, recién llegado a la ciudad, y que desconocía el caso de su padre. Se disculpó por su ignorancia y se puso a disposición. “El problema es que los de la comisaría 3ª son los mismos que intervienen en el conflicto del puerto y los conocemos: nos persiguen en todas las marchas de las fábricas del barrio”, explicó.

Para compensar tanta pálida celebró que “me llamaron de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones, hasta de sociedades de fomento para solidarizarse”. También de las secretarías de Derechos Humanos de provincia y Nación, donde le ofrecieron protección. “Pero acá la protección de testigos muy bien no funciona. Los mismos prefectos que en teoría cuidan testigos después se sacan el uniforme para infiltrarse entre los portuarios”, enfatizó. La denuncia de Alais, realizada ante el fiscal federal Daniel Adler, quedó radicada en Juzgado Federal 2. “Más allá del susto tengo una bronca bárbara porque la medalla de mi viejo era lo único que me quedaba”, lamentó.

jueves, 10 de enero de 2008

Anaya murió antes de volver a los Tribunales

Por Diego Martínez
/fotos/20080110/notas/na09fo01.jpg
Jorge Isaac Anaya, “estratega” de la guerra de Malvinas.

A los 80 años, en libertad y rodeado de seres queridos, ayer por la mañana en su semipiso de Recoleta falleció de muerte natural Jorge Isaac Anaya, el almirante que desató y condujo la guerra de Malvinas, donde murieron 649 soldados argentinos, más 400 que se suicidaron al volver. Anaya integró la tercera Junta Militar junto con el general Leopoldo Galtieri y el brigadier Arturo Lami Dozo. Desde noviembre de 2006, cuando el juez federal Sergio Torres ordenó su detención, una serie de oportunos infartos le evitaron el mal trago de pisar Tribunales. Estaba acusado por 266 casos de secuestros y torturas en la ESMA.

Anaya nació en Bahía Blanca en 1926. El 12 de septiembre de 1981 fue designado comandante en jefe de la Armada y, como tal, miembro de la Junta Militar. Cuando la dictadura se desplomaba, la Comisión Investigadora Interfuerzas, en su famoso “Informe Rattenbach”, lo sindicó como propulsor de la idea de recuperar Malvinas y recomendó conducirlo junto con Galtieri y Lami Dozo a un pelotón de fusilamiento. Consideró que la junta “eligió el peor momento desde el punto de vista de la política internacional”, criticó su “planeamiento defectuoso”, que no contempló la reacción británica, y subrayó que “la falta de capacidad integral de la flota no se correlaciona con la decisión del comandante en jefe de la Armada de impulsar la idea de recuperar los archipiélagos australes”.

El 15 de mayo de 1986 el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lo condenó con la más alta de las penas a los integrantes de esa junta: 14 años de prisión, contra 12 a Galtieri y 8 a Lami Dozo. En 1988 la Cámara Federal porteña revisó el fallo, unificó las penas en 12 años y ordenó quitarle el grado militar. Pero el 7 de octubre de 1989 el presidente Carlos Menem lo indultó.

Por su papel en el terrorismo de Estado tampoco le fue mal. Durante el Juicio a las Juntas en 1985 el fiscal Julio Strassera lo acusó por 236 casos de secuestros, torturas y reducción a la servidumbre y pidió una condena de 12 años de prisión, pero la Cámara Federal lo absolvió.

En 2003 estuvo detenido unos pocos días a pedido del juez español Baltasar Garzón. El 9 noviembre de 2006 por orden del juez Torres, a cargo de la megacausa ESMA, quedó detenido en el Edificio Libertad. Dos horas antes de la declaración indagatoria, gracias a un “infarto agudo de miocardio” evitó a la justicia y fue internado en el Hospital Naval. El fiscal Eduardo Taiano había pedido su detención por su responsabilidad en 266 casos de secuestros y torturas mientras se desempeñó como director de Personal Naval, entre diciembre de 1977 y febrero de 1980. Gracias a otros tres infartos ni siquiera llegó a conocer el despacho del juez.

miércoles, 9 de enero de 2008

Para que no le dé un golpe de calor

LA HERMANA DE ASTIZ SE QUEJO PORQUE EL REPRESOR NO TIENE VENTILADOR

Escribió una carta abierta contra el almirante Godoy. Dice que su madre y ella se sofocaron en la ruta al penal de Marcos Paz.

Por Diego Martínez
/fotos/20080109/notas/NA09FO01.jpg
El represor Alfredo Astiz fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz luego de la muerte de Febres.

A menos de un mes del traslado de los imputados por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada al penal de Marcos Paz, las familias navales no dejan de asombrarse por las condiciones de detención que los presos comunes deben soportar en las cárceles argentinas. Tras una visita frustrada al ex oficial Alfredo Astiz en esa unidad del Servicio Penitenciario Federal, su hermana Lucrecia denunció en una carta abierta que el penal “no cumple con los requisitos de la Constitución” porque “abundan las cucarachas, las ratas y no disponen de ventiladores”.

Luego de casi cuatro años en unidades militares, el grupo de marinos imputados por secuestros y torturas en la ESMA fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz por orden del juez federal Sergio Torres una semana después de la aparición del cadáver del prefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex VIP de Prefectura.

No habían transcurrido 24 horas de la llegada al penal cuando el abogado Alfredo Solari presentó un escrito para solicitar el retorno a bases navales, donde vivieron desde 2003 hasta julio pasado, cuando se sumaron a los militares presos en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo. Permanecer en una “cárcel civil” implica “un tratamiento indigno, degradante, persecutorio y carente de justificación histórica, humana, jurídica y constitucional”, escribió Solari. Su colega Juan Martín Aberg Cobo (h), defensor de Astiz y amigo íntimo de la familia, planteó como alternativa que retornaran a la base de Río Santiago, aunque “bajo vigilancia y supervisión del SPF” e incluso ofertó habilitar el predio donde funcionó la ex Escuela Naval Militar.

La visita de Lucrecia Astiz al hermano en desgracia se produjo el viernes pasado. La acompañó su madre, de 81 años, que viajó especialmente desde Mar del Plata. Consustanciada con la apertura tradicional de la Armada a las instituciones del Estado, la hermana del represor no dirigió su reclamo al ministro del Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, de quien depende el SPF, sino al jefe naval almirante Jorge Godoy, pese a que Astiz fue exonerado de la Marina.

“Ibamos tres mujeres al presidio y en General Paz se nos pinchó la goma”, relató. “Tardaron una hora o más en auxiliarnos. La sensación térmica era de 40 grados. Debimos sentarnos en el pasto debajo de un arbolito que no lograba aplacar el calor. Estábamos sofocadas”, destacó en mayúsculas. “Para colmo, cuando me retiré a pedir auxilio pasó un ‘pobre chorro’ –ironizó– y nos manoteó la cartera con la plata y los documentos.”

Después debieron atravesar un basural a la vera del único camino de acceso disponible con “pozos de casi medio metro de profundidad, en los que casi dejamos el chasis”, lamentó. Ya en el penal, sufrió “la degradación de desnudarse delante de mujeres policías”, que si bien “son correctas” la hicieron sentirse “como una criminal”. Por razones que no explica no le permitieron ver a su hermano ni dejarle lavandina para asear su celda. Por si fuera poco, el guardiacárcel que las recibió “no nos creía lo del chorro, porque no le sustrajeron los aros a mi madre”.

Siempre en referencia al almirante Godoy, la hermana del secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo admitió no haber imaginado nunca poder “albergar tanto odio” hacia el jefe de la Armada y confesó “realmente me afloran sentimientos de venganza”.