Cerca del juicio

Se cumplen 37 años de la Masacre de Trelew

Por Diego Martínez

El 22 de agosto de 1972 fueron fusilados 16 presos políticos.

Con la causa elevada a juicio oral y público, cinco de los seis marinos acusados en prisión domiciliaria y el principal fusilador quién sabe dónde, se cumplen hoy 37 años de la Masacre de Trelew, el asesinato de 16 presos políticos en la base Almirante Zar, el 22 de agosto de 1972. Los actos centrales, organizados por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut, se desarrollarán en el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro Cultural por la Memoria, donde los militantes se entregaron luego de fugarse del penal de Rawson y perder el avión que pudo salvarles la vida.

Todo indica que será el último aniversario sin condenas. A fines de abril, el juez federal Hugo Sastre elevó la causa con seis imputados. Los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real, y el cabo Carlos Amadeo Marandino rendirán cuentas como autores de 16 homicidios agravados por alevosía y premeditación más tres en grado de tentativa, por los sobrevivientes María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de facto tras la fuga, y el entonces jefe de la base, capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la versión oficial del intento de fuga, capitán de navío Jorge Enrique Bautista, será juzgado por encubrimiento.

De los tiempos del tribunal pero sobre todo de la voluntad política de los Estados Unidos depende que el juicio incluya también al teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, jefe de turno la madrugada de la masacre e identificado por los tres sobrevivientes como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. El juez Sastre ordenó su detención el 9 de febrero de 2008. Diez días después Página/12 reveló que Bravo vivía en Florida y era dueño de RGB Group Inc, firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos y paramédicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. El marino devenido empresario jugó a las escondidas con Página/12 y también con El Nuevo Herald, que lo buscó en sus oficinas de Miami.

El proceso de detención y extradición de Bravo, que tras la masacre se refugió en la base naval de Puerto Belgrano y luego en la Agregaduría Naval en Washington, se realiza por medio de la Embajada de los Estados Unidos y lleva ya dieciocho meses. Las exigencias las fija el agregado jurídico de la embajada, quien primero pidió la traducción de todas las pruebas, tarea que demandó meses, y luego declaraciones complementarias y especificaciones que eternizaron el trámite. A principios de agosto trascendió que el pedido había llegado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, responsable de enviarlo al juez que deberá ordenar la captura del Ñato Bravo, quien ya tuvo un año y medio para esconderse.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia, aunque se realizaría en Trelew o Rawson. Para que el TOF confirme el inicio de las audiencias resta que la Cámara Nacional de Casación Penal caratule los homicidios como delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, tal como sostuvieron el juez Sastre y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Los defensores de los imputados interpusieron el recurso ante Casación en mayo de 2008. Allí descansa desde entonces. De los seis imputados con procesamiento firme el único que cumple prisión efectiva, en la alcaidía policial de Trelew, es el ex cabo Marandino, el mismo que declaró que cuatro oficiales alcoholizados le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y el único que admitió que le ordenaron mentirle al instructor Bautista para encubrir el fusilamiento.

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Le llegó el turno al dictador

24 años después del Juicio a las Juntas, Jorge Rafael Videla enfrentará otro proceso oral

Está acusado por las torturas y ejecuciones de presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria 1 y en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba. Lo acompañan Luciano Benjamín Menéndez y otros 23 represores.

Por Diego Martínez

Jorge Rafael Videla será juzgado en Córdoba por primera vez desde la anulación de las leyes de impunidad.

A casi un cuarto de siglo de su condena a prisión perpetua en el histórico juicio a los ex comandantes, el dictador Jorge Rafael Videla afrontará en los próximos meses, en Córdoba, su primer juicio oral y público tras la reapertura de las causas. Secundado por el condenado Luciano Benjamín Menéndez, el ex jefe del Ejército y presidente de facto será el principal de veinticinco acusados por las torturas y ejecuciones de presos políticos arrancados de la Unidad Penitenciaria 1 entre abril y septiembre de 1976, y por idénticos delitos en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba. Así surge de la elevación a juicio que resolvió ayer la jueza federal Cristina Garzón de Lascano. El martes se sorteará qué tribunal oral federal será responsable de juzgarlo.

“El nivel de instrucción de esta causa fue muy importante desde el momento que abarca a toda la cadena de mandos: a quienes dieron las órdenes, a quienes las transmitieron y a quienes las ejecutaron”, consideró Martín Fresneda, abogado querellante de H.I.J.O.S. regional Córdoba. “Desde ese punto de vista es una causa muy completa, con abundante prueba, y muy significativa sobre cómo las estructuras militares intervinieron con metodologías clandestinas en las viejas estructuras legales del Estado, como un establecimiento penitenciario”, agregó.

Videla y Menéndez eran en 1976 comandante en jefe del Ejército y del Tercer Cuerpo, respectivamente. Por debajo, en Córdoba, se ubicaba el jefe de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV y del área militar 311, general Juan Bautista Sasiaiñ, que murió impune. Sí serán juzgados, todos como autores mediatos, el ex jefe de Estado Mayor general Vicente Meli, y los tenientes coroneles Mauricio Carlos Poncet (jefe de la División Personal), Raúl Eduardo Fierro (jefe de Inteligencia) y Jorge González Navarro (jefe de Asuntos Civiles).

El 30 de abril de 1976, luego de diez días secuestrados en el D2, pegado a la Catedral cordobesa, María Eugenia Irazusta, Eduardo Bártoli y Víctor Chiavarini fueron asesinados en un falso intento de fuga. El 17 de mayo, por orden del fallecido Raúl Telleldín, célebre torturador y jefe de informaciones del D2, su banda se presentó en la cárcel con dos órdenes de traslado. En tres vehículos se llevaron, amordazados y encapuchados, a seis presos políticos. Minutos después los fusilaron. Los imputados del D2 que llegan a juicio son los ex comisarios Jamil Jabour, Luis Alberto Rodríguez y Carlos Alberto “Tucán” Yanicelli, los suboficiales Ricardo Cayetano Rocha, Marcelo Luna y Calixto Luis “Chato” Flores, y los civiles Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Angel “Gato” Gómez.

Otras ejecuciones de presos de la UP1 tuvieron protagonistas militares. El 5 de julio de 1976, por orden del teniente coronel Víctor Pino, un grupo de detenidos fue obligado a desvestirse y apoyar los brazos contra un muro de la cárcel. El cabo Miguel Angel Pérez recorrió la fila repartiendo bastonazos. Raúl Bauducco cayó al recibir un golpe en la cabeza. “¡Parate o te mato!”, le gritó Pérez. Como no obtuvo respuesta le murmuró algo al oído al teniente Enrique Pedro Mones Ruiz, que asintió en silencio. Pérez volvió, apuntó a la cabeza de Bauducco y disparó.

Nueve días después, el teniente Gustavo Adolfo Alsina se molestó al ver a José Moukarzel hablar con otro detenido. Lo sacó a un patio, lo hizo desnudar y lo ató de pies y manos con estacas. Le pegó, lo pateó y le tiró un baldazo de agua fría. A las once de la noche, ya inconsciente, lo sacaron en camilla al Hospital Penitenciario, donde murió dos horas después. El médico José Felipe Tavip, sin realizar la autopsia, consignó en el certificado de defunción que murió producto de un paro cariorrespiratorio. El 12 de agosto, por orden de Sasiaiñ, el teniente Osvaldo César Quiroga retiró de la cárcel a Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil. Minutos después fueron asesinados cerca del estadio Château Carreras. Además de los seis citados, serán juzgados por torturas en la UP1 los suboficiales José Antonio Paredes y Carlos Hibar Pérez. Completan la lista de imputados el teniente coronel Emilio Juan Huber y el mayor Francisco Pablo D’Aloia.

Para el 8 de octubre el TOF-1 de Córdoba tiene previsto comenzar a juzgar a Menéndez y a cinco ex miembros del D2, incluidos Flores y Gómez, por torturar y asesinar a Ricardo Albareda, ex subcomisario y miembro del aparato de inteligencia del ERP. Si del sorteo del martes surge que el mismo tribunal debe juzgar a Videla & Cía., ambas causas podrían acumularse en un juicio con 28 imputados. Si “UP1” recae en el TOF-2, es probable que el dictador de 84 años deba esperar su turno en el penal de Campo de Mayo.

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“Fueron crímenes sistemáticos y a gran escala”

Seis represores condenados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

El general Santiago Omar Riveros fue sentenciado a prisión perpetua en una unidad del Servicio Penitenciario. Cinco subordinados suyos recibieron entre 25 y ocho años. Fue por las torturas y el homicidio de Floreal Avellaneda, de 15 años, y el secuestro de su madre.

Por Diego Martínez

Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, y el general Jorge Osvaldo García ayer en el Tribunal Oral de San Martín.

A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto. Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que “por la sistematicidad y gran escala” de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de “crímenes de lesa humanidad”, como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La primera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra. El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en “El Campito”, en la guarnición militar Campo de Mayo. Anoche, con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”. Horas antes, ante Página/12, recordó que “los juicios siguen” y consideró “fundamental que todos los responsables sean condenados”.

La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala. Por la mañana, durante las “últimas palabras” de Riveros y García (ver aparte), hubo incluso una docena de militares de civil. Para garantizar la publicidad del proceso, la jornada fue seguida por diez cámaras de filmación y otros tantos reporteros gráficos.

El tribunal desbarató uno a uno los planteos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como “de humor negro” la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. “Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos”, dijo. El tribunal destacó el valor de la “prueba indiciaria” frente a crímenes signados por “la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas”.

A las 20.43, con la bandera argentina a su derecha, la bonaerense a su izquierda y Jesucristo crucificado sobre su cabeza, la presidenta del tribunal leyó la condena a “prisión perpetua” a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.

La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la “disfunción y trastornos psicogénicos” invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que “previo examen médico y psicológico” podría beneficiarse con el arresto domiciliario.

La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas. Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un “acta de detención” labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en “algunas operaciones de la guerra contra la subversión”. Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.

Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por “inverosímil” la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.

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Con invocaciones a Dios y a la Virgen

Riveros y García hablaron antes del fallo

Por Diego Martínez

Floreal Avellaneda.

Ni arrepentimiento, ni admisión de los crímenes. Sólo reclamos de ser juzgados por “nuestros jueces naturales”, cuestionamientos al “foráneo concepto de crímenes de lesa humanidad” e invocaciones a “Dios y la Virgen Inmaculada”, que ayer en San Martín no lograron despegarse de quienes los invocaron. Las “últimas palabras” previas a la sentencia, por la mañana, estuvieron a cargo de los generales Santiago Riveros y Jorge Osvaldo García. Fernando Verplaetsen optó por el silencio y fue autorizado a dejar la sala. Los otros imputados habían declarado el viernes.

“Ustedes son jueces de la democracia, no pueden ser jueces de militares, no nos conocen bien, no saben lo que sufrimos”, dijo. Como ejemplo de la dedicación que exige convencer a un civil sobre la legitimidad de los métodos castrenses, citó a su ex abogado Florencio Varela, “que estuvo seis años hasta que pudo entenderme”. Más tarde admitió a su manera las dificultades para comprender las reglas del estado de derecho. “Hace 26 años padezco el tormento de recorrer estrados judiciales y en ninguno reconocí la competencia de los jueces”, dijo. “Durante cuarenta años de vida militar me dijeron que esos señores de gorra roja, los generales, eran mis jueces naturales”, agregó. “El Estado nos engañó. Nos formó para obedecer órdenes y ahora aparecen señores que hablan de órdenes inmorales. Las órdenes son órdenes, no se analizan, se cumplen”, predicó.

También renegó del “foráneo concepto de crímenes de lesa humanidad”, que “ni Alfonsín, ni los fiscales del Juicio a las Juntas aplicaron”, y reclamó que se analizara el contexto de “guerra revolucionaria contra el agresor marxista”. Agradeció “a mi querida esposa, fiel compañera” y “a mis dos amados hijos”. “Mis familiares son mis verdaderos jueces naturales”, dijo, contrariando el discurso previo, aunque están por debajo “del juez superior, en el cielo”. Cerró con “mi sincero respeto a la familia Avellaneda, por lo que sufren, por lo que han sufrido y por lo que seguirán sufriendo en su búsqueda de la verdad”.

“Me siento una víctima, un preso político”, arrancó García. Dijo haber participado de “una guerra declarada por el gobierno constitucional” y “continuada en todo el país a partir del 24 de marzo de 1976”. El proceso de justicia está plagado de “sentimientos de venganza y odio, inspirado por la mentirosa propaganda de ex integrantes de organizaciones terroristas devenidos en autoridades enquistadas en todos los niveles de gobierno”, afirmó. “Se intenta reescribir la historia con políticas educativas de tinte gramsciano”, dijo, y aseguró que “ya hay dos generaciones formadas en la calumnia y la mentira”. Lamentó la pasividad de los cómplices civiles del terrorismo de Estado, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces”, a quienes “no se les pide adhesión, pero sí memoria”.

Cerró con un pedido de “reconocimiento a todos los caídos en esta guerra, sin distinción de ninguna naturaleza, y a quienes aún sufren las consecuencias de tanta violencia demencial”, y manifestó su deseo de “que la sociedad argentina pueda interpretar con madurez y objetividad los hechos de la década del ’70”. “Ruego a Dios nuestro Señor que ilumine las decisiones del tribunal y que la Virgen Inmaculada nos proteja con vuestro sagrado manto”, concluyó.

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La encrucijada de los ex colimbas

Los ex conscriptos de la dictadura reclaman una pensión y obra social

Desde una identidad compleja, que incluye a defensores del terrorismo de Estado y también a sus víctimas, los ex conscriptos piden un “reconocimiento” y una “reparación histórica”. Defensa elimina la definición de “desertores” de los expedientes de desaparecidos.

Por Diego Martínez

Un grupo de jóvenes soldados argentinos, en una trinchera de Malvinas, en junio de 1982.

–Fuimos soldados del Operativo Independencia –afirma un hombre calvo, paisano de Bragado.

–Fuimos testigos y por ende víctimas del terrorismo de Estado –explica otro, veterano del Beagle, la guerra que no fue en 1978.

–Nos tocó patear puertas en una guerra no convencional. Te ponían un fusil en la mano y había que salir a levantar subversivos –grita un tercero que dejó de filmar para hacerse oír.

–Fuimos humillados y torturados como todos los colimbas de la historia. No defendí ni serví a la patria. Serví a dos tipos que decían ser cuadros militares –baja los decibeles un correntino de voz serena.

Las definiciones pertenecen a ex conscriptos nacidos entre 1953 y 1959, unidos por el deseo de acceder a pensión y obra social “como reconocimiento y reparación histórica”, pero con serias dificultades para definir la identidad colectiva que justificaría el beneficio. Fueron pronunciadas ante familiares de sus pares desaparecidos, que el Estado terrorista tildó como “desertores”, por hombres que un tercio de siglo después no logran superar las secuelas de la servidumbre civil obligatoria durante el terrorismo de Estado.

La convocatoria fue impulsada por ex conscriptos de La Matanza desde un programa de radio, La Voz de los Colimbas, con el objetivo de rendir homenaje a sus compañeros desaparecidos. Se concretó el sábado pasado, en un club de Lomas del Mirador, con un centenar de hombres, mayoría del conurbano y del interior bonaerense, más algunos rosarinos y correntinos.

“Hemos hecho cosas que no teníamos ganas de hacer”, abre el encuentro un coordinador. Presenta al panel, integrado también por Pablo Pimentel, de APDH La Matanza, y por Pablo Llonto, querellante en causas de lesa humanidad, y pide un minuto de silencio “para los conscriptos desaparecidos por el Proceso de Reorganización Nacional, manga de asesinos y delincuentes que los hicieron pasar por desertores”.

El sondeo previo de Página/12 ratifica que los presentes son testigos centrales del accionar del terrorismo de Estado –ante un Poder Judicial que se obstina en ignorarlos– aunque sugiere que no todos comparten el diagnóstico del presentador: “Fuimos soldados. En este país indemnizaron a los guerrilleros y a los que se fueron a Europa, pero no a los soldados”, renegó minutos antes el pelado de Bragado, buena pilcha, Crónica en mano.

–¿Usted reclama pensión como soldado?

–Sí, del Operativo Independencia.

–¿Estuvo en Tucumán en 1975?

–No, qué Tucumán, después.

–Ese operativo lo encabezó Adel Vilas en 1975. ¿Hasta cuándo duró según usted?

–Hasta 1981, 1982.

–Y empezó antes, pibe –corrige el bragadense que filmará todo–. En el ’74 ya estábamos levantando gente.

Ex parejas y hermanas de miembros de “El batallón perdido”, como los bautizó en su libro el capitán José Luis D’Andrea Mohr, cuentan sus historias con la esperanza de encontrar nuevos datos. Secuestros, peregrinaje por cuarteles, silencio, miedo, datos confusos, registros del cautiverio en algún caso. Juicio por desertores, la respuesta común del general Reynaldo Bignone.

“Lo más doloroso es el rechazo de un sector de la sociedad, que ensucia a los desaparecidos y a sus familiares”, explica un pibe de 26 años, sobrino de un colimba de Campo de Mayo. Se presentó como “luchador por los derechos humanos” y cierra su exposición con un “Nunca más”. La mayor parte de la sala lo aplaude. El grupo del “campo” cuchichea y sonríe.

Pimentel se presenta como “miembro de las clases que la dictadura prefirió no incorporar por sospechosos: 1957 y 1958”. Dos hermanos menores no corrieron su suerte, “pero mi papá, que nos formó para la paz y la solidaridad, invocó la patria potestad ante Bignone” y logró que siguieran en libertad. “Luego, en pleno genocidio, creó el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio”, al que definió como “servidumbre a una casta privilegiada”.

–Con todo respeto, señor –se sale de la vaina un paisano de ojos claros, boina negra, bordado de Malvinas–. Lamento lo de las señoras y lo del chico, pero fue una guerra entre hermanos –dice y se esfuerza para evitar reivindicarse como guerrero, como lo había hecho en privado.

–No fue una guerra, fue un genocidio. No se aplicó ninguna ley –le explica Pimentel, que se explaya en tono firme y didáctico. Recuerda que “el servicio militar fue suspendido, no abolido”, critica sin dar nombres el proyecto del ex liceísta Julio Cobos para reinstalarlo con leve maquillaje y es premiado con un aplauso sonoro, no unánime.

Llonto, abogado y periodista, habla del valor de la verdad. “Toda religión, filosofía, escuela, las maestras y los padres, enseñamos que se debe decir la verdad. Eso buscamos en los juicios, eso niegan los militares”, explica, y cita a Luis Patti como ejemplo de suprema cobardía: “Cuando reinaba la impunidad dijo que había matado a ‘tres subversivos’. Ante la Justicia lo negó”. Cuenta que en la causa Campo de Mayo declararon quinientos colimbas y convoca a los presentes a dar testimonio.

–No todos los de los derechos humanos piensan como ustedes –agradece un hombre conmovido–. La señora de Bonafini nos tildó de cómplices. El diputado Carlotto nos preguntó por qué no desertamos. “Porque nos mataban”, le respondimos.

–Sus palabras son las que repetimos desde hace años –acota el veterano del Beagle dirigiéndose a Pimentel–. No somos ex combatientes, somos testigos y por ende víctimas del terrorismo de Estado.

–Claro que son víctimas, más allá de que algunos se engancharon después en grupos de tareas y compartieron su ideología –recuerda Pimentel, y desata la reacción del camarógrafo amateur.

–¿Estuviste bajo presión alguna vez?

–No.

–¿Sabés lo que es aguantar siete minutos con la cabeza en la mierda? Fui soldado tres años, tengo compañeros desaparecidos, el 82 por ciento del cuerpo con incapacidad por la picana y también fui a patear puertas, año ’74, ’75. Te ponían un fusil en la mano y te sacaban a buscar subversivos. No defiendo a unos ni a otros, pero nos usaban de pantalla. ¿A quién creés que mandaban al frente?

Los familiares de desaparecidos miran sin pestañear.

“Fue una guerra no convencional”, continúa, en línea con los teóricos del genocidio. “Supuestamente yo salí a matar a tu tío, pibe. Salíamos a levantar gente, a patear puertas, a tirar. Fuimos instruidos para ir a matar, eso es ser soldados”, termina, tenso pero aliviado.

La reunión duró varias horas. Concluyó con intercambios de teléfonos y promesas de estrechar el diálogo con querellantes y organismos de derechos humanos para aportar información a la Justicia.

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Un paso adelante

Algunos fueron secuestrados en los propios cuarteles. Otros en sus casas, durante alguna salida. Algunos fueron vistos en cautiverio. A la mayoría se le perdió el rastro para siempre. El mismo Estado terrorista que se los llevó los declaró desertores. Treinta años después, el Ministerio de Defensa decidió adecuar los registros de las Fuerzas Armadas a la realidad: en cada documento donde figure la palabra “desertor” deberá decir “detenido-desaparecido” y el número del correspondiente legajo Conadep. La primera lista difundida por Defensa, surgida de información brindada por las tres fuerzas, incluye a 43 víctimas. “Hemos encontrado otros casos que aún no fueron detectados en los legajos, pero de todas formas es un paso adelante”, consideró el abogado Pablo Llonto, que formuló el pedido en diciembre pasado, en nombre de familiares de cinco ex conscriptos desaparecidos. “Que las Fuerzas Armadas adecuen sus registros es un pequeño avance, aunque debe hacerse una reparación al menos administrativa en todo el Estado –concluyó–. Falta que por ley los padrones los designen como detenidos-desaparecidos, que todas las universidades incluyan esa figura en sus registros, y que en la administración pública no figuren más como abandonando el trabajo o cesanteados.”

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“El comandaba el grupo”

Un ex policía declaró en Corrientes contra el ex comisario Diego Ulibarrie

Diego Ulibarrie es el único imputado del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes que comenzó esta semana. Un ex subordinado suyo lo identificó y aseguró que era el jefe de la “patota” que secuestró a cuatro desaparecidos.

Por Diego Martínez

Diego Ulibarrie fue jefe de la Brigada de Investigaciones de Corrientes y es dueño de una agencia de seguridad.

“Sí sí, acá está el señor. El daba las directivas, él comandaba el grupo, que en ese momento le decíamos patota”, afirmó Juan Carlos Camino, ex agente de la Policía Federal, en referencia al ex comisario Diego Ulibarrie, único imputado del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes que comenzó esta semana. Sin pelos en la lengua pese a las amenazas, Camino es el primero de 23 testigos citados por los secuestros de Vicente Ayala, Julio César Barozzi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Romero, el 16 de febrero de 1976, y reconoció a Ulibarrie a la cabeza del grupo que ingresó a Ayala, encapuchado, en la delegación correntina de la Policía Federal. Las cuatro víctimas permanecen desaparecidas.

Ulibarrie fue detenido hace tres años por orden del juez federal Carlos Soto Dávila. Llegó a ser jefe de la Brigada de Investigaciones de Corrientes y es dueño de una agencia de seguridad privada, ahora en manos de su hijo homónimo. El comienzo de las audiencias coincide con el primer aniversario de la condena al coronel Rafael Barreiro y al capitán Juan Carlos Demarchi, ex titular de la Sociedad Rural local, quienes admitieron ante un secuestrado haber asesinado a Ayala y a Barozzi: “Demarchi me dijo ‘hijo de puta, te vamos a reventar como a los Cachos’”, declaró Carlos Achar Carlomagno en el juicio a los responsables del Regimiento de Infantería 9. “‘¿Sabés de quién te hablamos?’, preguntó el subteniente Barreiro. Respondí que no y me dijo: ‘del Cacho Ayala y el Cacho Barrozzi. A Ayala lo reventamos en la tortura y a Barozzi de un tiro en la cabeza, después lo tiramos en la laguna, cerquita de la quinta, para que las palometas terminen con ellos’”, recordó. Berreiro, Demarchi y el coronel Horacio Losito pasan sus días en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo. El gendarme Rafael Barreiro está en el penal de Marcos Paz.

Según la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, querellante en el juicio, Ayala era abogado, tenía 29 años y militaba en la Juventud Peronista. En 1970 participó de huelgas de hambre junto a sacerdotes tercermundistas excomulgados por la Iglesia oficial. Durante su carrera pasó de la democracia cristiana al peronismo revolucionario. A fines de 1974 fue detenido a disposición del Ejecutivo hasta abril de 1975. Sus compañeros lo recuerdan como “un auténtico cristiano”. Barozzi había llegado a Corrientes para estudiar medicina en la Universidad del Nordeste. Vivía en un pensionado católico, tenía 21 años. Jorge Saravia Acuña, 29 años, era licenciado en economía de la UCA y profesor de la UBA. Militó en las FAR, fundó la JTP en zona sur del Gran Buenos Aires, estuvo detenido desde noviembre de 1974 a disposición del Ejecutivo e hizo uso de la opción para salir hacia Perú en abril de 1975. Volvió en diciembre. El “Negrito” Romero, 27 años, se había formado en un grupo scout en Tucumán, donde estudió arquitectura y comenzó a militar. Abandonó la provincia, perseguido, en febrero de 1975, al mismo tiempo que el general Adel Vilas instalaba el terror como jefe del Operativo Independencia.

Fueron secuestrados al mediodía del 16 de febrero, cuando salían de almorzar en el club San Martín. “Yo estaba de guardia cuando vi que hacían ingresar dos personas encapuchadas. Lo vi a Ayala, estaba muy golpeado y con la espalda quemada. Lo traían en andas”, declaró Camino, que era guardia en la delegación de la Policía Federal, en la costanera correntina, y vecino de Ayala. “El otro debió haber sido Barozzi, porque el tío se apellidaba así y era un policía que quería averiguar el paradero de su sobrino”, agregó. También contó que los llevaron en un Chevrolet azul sin identificación y que el grupo encabezado por Ulibarrie vestía de civil. “Fueron dejados a disposición del servicio de Inteligencia, que eran los que entendían en los asuntos que el gobierno consideraba actividades antidemocráticas”, explicó. Angela Nieves, en segundo turno, contó que fue testigo de un intento de fuga de dos personas, recapturadas en segundos. Cuando Estela Carrazzoni de Ayala le describió a su hijo como alto y corpulento, supo que hablaba de la misma persona. Nieves declaró en pleno 1976 y repitió su relato 33 años después.

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“Los apoyamos con heladeras”

EL PRESIDENTE DE LA UNION DE PROMOCIONES DEL EJERCITO DECLARO A FAVOR DE LOS REPRESORES

El general (R) Heriberto Auel fue citado por la defensa del coronel José Lobaiza en el juicio a los ex jefes de áreas militares en Capital Federal. “La guerra interna no tuvo sostén ético jurídico. Se dio libertad de acción a los mandos bajos”, aseguró.

Por Diego Martínez

El Tribunal Oral Nº 5 está juzgando al represor Jorge Olivera Róvere y a los ex jefes de área en Capital Federal.

“No conocí hechos aberrantes. Un hombre de moral occidental y cristiana no puede cometer actos aberrantes.” La afirmación se refiere a la actuación de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura y pertenece al general retirado Heriberto Auel, asesor de Aldo Rico en la sublevación carapintada de 1987 y presidente de la Unión de Promociones del Ejército, que considera “presos políticos” a los militares procesados por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer personas hace tres décadas. Feliz ante judiciales que lo llamaban “general” y hábil para sortear preguntas concretas con abstracciones, Auel declaró ayer durante dos horas y media ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 para intentar socorrer a sus camaradas imputados por delitos de lesa humanidad cometidos cuando eran jefes de áreas militares en Capital Federal.

“La Unión de Promociones tiene por objeto apoyar con heladeras, microondas, remedios y médicos a nuestros presos, que pasan momentos dramáticos”, aseguró Auel, presidente desde 2007 de la organización que nuclea a retirados del Ejército y, además de entregar artículos del hogar, opera en las sombras desde la reapertura de las causas por la impunidad de los represores, con la señora Cecilia Pando como mascarón de proa. “Se ha hecho de la guerra un delito”, afirmó el militar de 75 años. “El ochenta por ciento de quienes tienen preventiva son oficiales que tenían 22 o 23 años e ignoran por qué fueron privados de la libertad”, agregó inmutable.

Auel fue convocado a declarar por la defensa oficial del coronel José Humberto Lobaiza, que alguna vez lo secundó en la comandancia de un cuartel de Comodoro Rivadavia. “Los conozco, no soy amigo”, aclaró ante la pregunta del juez Guillermo Gordo sobre su relación con los imputados. Además del tribunal, las partes y pocos presentes, lo escucharon Lobaiza y el coronel Felipe Jorge Alespeiti, ex jefe y segundo jefe del Regimiento de Infantería Patricios, imputados por un centenar de privaciones ilegales de la libertad, y el coronel Bernardo José Menéndez, que se defiende a sí mismo y reitera a todos los testigos de la querella la misma pregunta: “¿pertenecía usted a alguna organización política?”.

La jornada arrancó con ex comisarios desmemoriados que compartieron reuniones con militares pero nunca recibieron órdenes, ignoraban la existencia de centros de detención y conocen el término “área liberada” sólo “por la prensa”. Distinto fue el caso de Adolfo Reyes, que pasó los 70 años pero no olvida los diez días de tormentos en “Patricios”. “Nunca imaginé la locura, la demencia de esta gente”, confesó luego de relatar las sesiones de picana, que le hacían escuchar a su madre. “Quiero pensar que no era la filosofía del Ejército, pero no hubieran podido mantener los secretos hasta ahora si no hubiera sido el Ejército Argentino”, razonó.

De traje bien planchado, corbata y pañuelo celeste, Auel se explayó durante una hora sobre conceptos militares a partir de preguntas de Lobaiza. “La jurisdicción del regimiento es el cerco del cuartel. Los regimientos son fundamentalmente de ceremonial”, explicó para deleite de los ex jefes de Patricios, que pretenden mostrarse como eslabones de una estructura administrativa sin relación con los grupos operativos a cargo de los trabajos sucios. Menos sencillas fueron las preguntas del fiscal Félix Crous y los abogados Gerardo Fernández, del CELS, y Mirta Mántaras.

–¿Alguna forma de guerra admite la tortura de prisioneros indefensos y las desapariciones forzadas? –preguntó Crous.

–La guerra interna no tuvo sostén ético jurídico. Se les dijo “vayan y cumplan con su deber” y se dio libertad de acción a los mandos bajos. No se puede hacer responsable al soldado, es una responsabilidad política estratégica –respondió Auel tras varias evasivas.

–¿El Ejército se entrenaba utilizando la tortura como método posible? –reformuló Gordo una pregunta de Fernández sobre la formación de militares argentinos en la Escuela de las Américas.

–Eso sería pensar que la república democrática de los Estados Unidos incluye en su doctrina a la tortura. ¡Jamás!

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Procesaron a Verdura y a sus amigos

PRISION PREVENTIVA PARA CINCO REPRESORES DE OLAVARRIA

Por Diego Martínez

El juez federal de Azul, Juan José Comparato, procesó con prisión preventiva a cinco oficiales retirados del Ejército por delitos de lesa humanidad cometidos en Olavarría durante la última dictadura. Encabeza la lista el general retirado Ignacio Aníbal Verdura, ex jefe del Regimiento de Caballería 2 Lanceros General Paz, jefe del área militar 124 y principal responsable de la represión ilegal de la jurisdicción. Los otros procesados son el coronel Juan Carlos Castignani, segundo jefe del regimiento, el capitán Walter Jorge Grosse, el teniente primero Horacio Rubén Leites y el sargento Omar Antonio Ferreyra. La medida había sido solicitada por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

Grosse fue jefe de inteligencia de Monte Poloni, el principal centro clandestino de la región, que funcionó en el casco de una estancia. Es el mismo que agredió a un periodista en 2006, en plaza San Martín, durante un acto de apologistas del genocidio. Los sobrevivientes lo recuerdan por su alias, Vikingo, como un torturador sanguinario y antisemita. Ferreyra, alias “Pájaro”, alcanzó fama nacional cuando asumió como director de Control Urbano durante la gestión del finado intendente Helios Eseverri.

Verdura fue procesado por los homicidios agravados de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini, ocurridos en Tandil en 1977, y por otras 21 privaciones ilegales de la libertad y tormentos. Gracias a sus 77 años gozará de arresto domiciliario en su casa de Santo Tomé, provincia de Corrientes. A los otros cuatro se los procesó como autores directos de 20 secuestros y tormentos agravados. Excepto Castignani, de 74 años, que también cumplirá la preventiva en su casa de Santa Fe, los otros tres imputados seguirán detenidos en el penal de Marcos Paz. El juez embargó por 500 mil pesos los bienes de Verdura y por 200 mil al resto de los casos. La medida se dispuso en el marco de la causa que investiga el circuito represivo que abarcó las ciudades de Olavarría, Azul, Tandil y Las Flores, y que además de Monte Peloni tuvo como centros clandestinos las brigadas de investigaciones de Azul y Las Flores, y el campo militar General Mariano Necochea, de Tandil, más conocido como “La Huerta”.

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Otros dos juicios con fecha

LOS CRIMENES DE LOS CENTROS CLANDESTINOS ATLETICO, BANCO, OLIMPO Y EL VESUBIO

Uno de los procesos empieza el 15 de octubre e involucra a quince represores. El otro arrancará en diciembre y tiene ocho acusados. Además, también en octubre, comenzarán el juicio por la ESMA y el tercero contra Menéndez.

Por Diego Martínez

Julio Simón, alias “El Turco Julián”, y el coronel Pedro Alberto Durán Sáenz.

Dos nuevos juicios por crímenes de lesa humanidad, ambos por delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, tienen fecha confirmada. El 15 de octubre, una semana después del arranque del proceso a Astiz, Acosta & Cía., el Tribunal Oral Federal 2 comenzará a juzgar a quince secuestradores y torturadores del circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo, en su mayoría ex oficiales de la Policía Federal. Dos meses después, el 15 de diciembre, también hará su debut en causas de lesa humanidad el TOF-4, responsable de juzgar a ocho represores del centro clandestino El Vesubio encabezados por su jefe, el violador Pedro Alberto Durán Sáenz, coronel retirado del Ejército Argentino.

A un tercio de siglo del comienzo de la dictadura y a más de un lustro de la reapertura de causas a los ejecutores de la represión ilegal, octubre de 2009 marcará un hito en la historia del proceso de justicia. El martes 6 comenzará el primer juicio por crímenes en la ESMA, con 18 imputados frente al TOF-5, único tribunal del país que prohíbe el trabajo de los reporteros gráficos y que hasta hace apenas cinco años contaba en sus filas con Guillermo Federico Madueño, hoy prófugo por su complicidad con crímenes similares en Bahía Blanca cuando era juez federal. Dos días después, en Córdoba, el condenado Luciano Menéndez afrontará su tercer juicio y, si se concretan las elevaciones previstas, el dictador Jorge Rafael Videla se sentará ante un tribunal junto a una treintena de militares de La Perla y policías del Departamento de Informaciones.

En ese contexto arrancará el juicio por el circuito Atlético-Banco-Olimpo, centros de detención que compartieron represores, víctimas, muebles y picanas. El primero funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Los grupos de tareas y algunos secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en Autopista Riccheri y Camino de Cintura, mientras en Lacarra y Ramón Falcón se acondicionaba El Olimpo, que funcionó hasta fines de 1979, cuando terminó el ciclo de Carlos Suárez Mason como jefe del Primer Cuerpo.

El TOF-2 juzgará a quince imputados, la mayoría por 181 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados. El más conocido es el único civil, Raúl Guglielminetti, ex agente del Ejército y la SIDE que mostró sus dotes en varias salas de tortura del país, fue custodio del presidente Raúl Alfonsín y concluida la guerra sucia se dedicó a los secuestros extorsivos. El único militar será el capitán retirado Enrique José Del Pino, alias “Miguel”, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo. Lo acompañarán diez oficiales de policía: Samuel Miara (apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa), Oscar Augusto Rolón, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa (de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en el caso de protección de prostíbulos), Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Ricardo Taddei (detenido y extraditado desde España, donde vivió veinte años) y Julio Simón, “El Turco Julián”, con dos condenas en el haber. Completan el cuadro los gendarmes Guillermo Víctor Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui, y el agente Juan Carlos Avena, del Servicio Penitenciario Federal.

El Vesubio funcionó a metros de El Banco entre 1976 y noviembre de 1978, también bajo el mando de Suárez Mason, quien murió impune. Por sus calabozos pasaron, entre otros 400 secuestrados, el historietista Héctor Germán Oesterheld y el escritor Haroldo Conti. Su jefe era el entonces mayor Durán Sáenz, alias “Delta”, que de lunes a viernes sometía sexualmente a prisioneras en su residencia y en el Regimiento de La Tablada, y los fines de semana asistía a misa y visitaba a su familia en la ciudad de Azul. Durán Sáenz será de la partida junto al general de brigada Héctor Gamen, el coronel Hugo Pascarelli y los agentes penitenciarios Ramón Erlán (alias “Pancho”), Roberto Zeolitti (“Zapo”), Diego Chames (“Polaco”), Alberto Neuendorf (“el Alemán”) y José Maidana (“el Paraguayo”).

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En Córdoba, se va la segunda

El 8 de octubre empieza un nuevo juicio contra Luciano Benjamín Menéndez

Los represores en el banquillo serán seis, pero si se agrega otra causa llegarían a treinta. En ese caso incluiría a Jorge Rafael Videla y sería el juicio oral con más acusados por crímenes de lesa humanidad hasta el momento.

Por Diego Martínez

Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba tiene fecha confirmada: jueves 8 de octubre. El Tribunal Oral Federal 1, con el mismo presidente pero vocales distintos de los que protagonizaron el proceso a Luciano Benjamín Menéndez y su patota de La Perla, comenzará a juzgar por segunda vez al ex comandante del Tercer Cuerpo, esta vez acompañado por cinco ex miembros del Departamento de Informaciones de la policía de Córdoba. Si bien hasta hoy son seis los imputados confirmados, la inminente elevación de la causa UP1, que investiga ejecuciones de presos políticos arrancados de la cárcel de San Martín, elevaría la lista a treinta, con un detalle no menor: no la encabezaría Menéndez sino el dictador Jorge Rafael Videla.

El 2009 se caracterizó por juicios insignificantes en relación con la dimensión del terrorismo de Estado: 2,5 imputados como promedio. En seis meses hubo diez sentencias: cinco condenados en San Luis (proceso que debía concluir en 2008), dos en Misiones, el apropiador Víctor Rei en Capital, un condenado y un absuelto en Mar del Plata. En las próximas semanas concluirá el primer juicio a los jerarcas de Campo de Mayo, luego el del general Juan Carlos Colombo (por videoconferencia, desde Formosa) y en septiembre el de Jorge Olivera Róvere y los ex jefes de áreas porteños.

El sistema de juicios por goteo continuará la próxima semana, cuando arranque en Corrientes el proceso al ex policía Diego Ulibarrie, en tanto el 1º de septiembre comenzará en Santa Fe el proceso al ex juez federal Víctor Brussa y otros seis imputados. El proceso de justicia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura recobrará fuerza en octubre. El martes 6, sin reporteros gráficos presentes, el TOF-5 comenzará a juzgar a 18 represores de la ESMA, encabezados por Jorge Acosta y Alfredo Astiz. Dos días después, el presidente del TOF-1 Jaime Díaz Gavier le concederá a Menéndez la posibilidad de reiterar por quinta vez, en vivo y en directo, su apología del terrorismo de Estado.

Esta vez lo acompañarán Aníbal Campos, jefe de policía en 1979, César Armando Cejas, jefe del D2, y tres de sus miembros: Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores y Miguel Angel Gómez. Rendirán cuentas por el caso de Ricardo Fermín Albareda, ex subcomisario y miembro del aparato de inteligencia del ERP. Cuando lo descubrieron, lo llevaron al centro clandestino Casa de Hidráulica, frente al lago San Roque, donde Raúl Telleldín lo castró, le introdujo los testículos en la boca, se la cosió y lo dejó desangrar. Tanto Telleldín (padre del Carlos, célebre por el atentado a la AMIA) como Américo Romano, que lo secundó en la tarea, murieron impunes. Menéndez y Gómez también serán juzgado por nueve y cuatro casos de secuestros y tormentos, respectivamente.

Hay otras dos causas que la jueza Cristina Garzón de Lascano está en condiciones de elevar y que por razones de conexidad se acumularían al proceso: las torturas sufridas por ex miembros del propio D2 y las ejecuciones de presos políticos de la cárcel de San Martín, que combina policías y militares, encabezados por el dictador Videla, que afrontaría en Córdoba su primer juicio desde la reapertura de los procesos.

“Es positivo que luego de tanto tiempo se haya integrado finalmente el tribunal”, destacó Martín Fresneda, abogado de Hijos Córdoba, en referencia a las designaciones de los jueces riojanos Jorge Quiroga Uriburu y Sergio Grimaux en reemplazo de Vicente Muscará, que se apartó porque defendió a un imputado, y Carlos Otero Alvarez, que se jubiló cuando el Consejo de la Magistratura comenzó a investigar su rol durante la dictadura. “La acumulación evita sobreexponer a las víctimas, permite trabajar sobre pruebas comunes y someter a juicio varios hechos, algo fundamental para empezar a pensar en cerrar esta etapa. Llevamos muchos años de instrucción y es importante concretar los juicios. No podemos pasarnos la vida juzgando estos episodios”, concluyó.

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Para encerrar las garras del Cóndor

La Fiscalía Federal solicitó la detención de 28 militares por delitos de lesa humanidad

En la causa que investiga la coordinación de las dictaduras en la región, el fiscal Osorio le solicitó al juez Oyarbide que sean detenidos represores responsables de torturas y desapariciones. Casación aún debe resolver quién juzga a los primeros 18 imputados.

Por Diego Martínez

El dictador Reynaldo Bignone está imputado por su rol como segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1977.

Mientras la Cámara de Casación analiza un problema de competencias entre dos tribunales para resolver quién juzga a los primeros 18 octogenarios imputados por el Plan Cóndor, causa que se elevó a juicio hace veinte meses, el fiscal federal Miguel Angel Osorio solicitó la detención de otros 28 militares por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Más allá de viejos iconos del terrorismo de Estado como el general Reynaldo Bignone o condenados como el general Enrique Olea o el coronel Mario Gómez Arenas, el requerimiento que entregó al juez Norberto Oyarbide incluye en su mayoría a represores poco conocidos, oficiales superiores del Ejército que hace tres décadas ocupaban eslabones intermedios de la cadena de mandos y que no están imputados en otras investigaciones judiciales.

El primer tramo de la causa Plan Cóndor, como se denominó la coordinación represiva entre gobiernos de facto del Cono Sur, fue elevado a juicio en noviembre de 2007 con 18 imputados que promedian más de 75 años como Videla, Harguindeguy, Bussi y Menéndez. La responsabilidad de conducir el juicio recayó en el Tribunal Oral Federal Nº 1. A fines de 2008 el juez Daniel Rafecas elevó a un grupo de represores de Automotores Orletti, el centro clandestino más famoso del Cóndor. Cuando el TOF-2, previo sorteo, la recibió, observó que la mayor parte de las víctimas uruguayas que pasaron por la cueva de la SIDE eran comunes con Cóndor y sugirió acumular ambas en el TOF-1. Sin embargo, sus miembros también encontraron un argumento para no agarrar la papa caliente. Sostuvieron que en Orletti se investigan homicidios agravados, delitos más graves que los secuestros y la asociación ilícita imputados en Cóndor.

Mientras los mayores responsables de la dictadura argentina siguen en sus casas, en el peor de los casos con arresto domiciliario, la Sala IV de Casación se toma su tiempo para dirimir el conflicto de competencias. Videla & Cía. rezan para que recaiga en el TOF–2, donde irían a la cola del juicio al primer grupo de imputados por el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo y de los torturadores del Hospital Posadas.

Obra de cóndores

El detalle de secuestro, tormentos –cuando hay registros–, desaparición u homicidio –cuando se logró recuperar el cuerpo– se denomina en la jerga judicial “un caso”. La síntesis de los 64 casos enumerados en el documento de Osorio, quien solicita que la nueva tanda de cóndores sea indagada también por homicidios calificados, es elocuente sobre los lazos que ligaron a gobiernos, fuerzas armadas, de seguridad y aparatos de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil durante la última dictadura:

- Horacio Campiglia y Susana Pinus de Binstock fueron secuestrados el 12 de marzo de 1980, en el aeropuerto de Galeao, por policías de Brasil y militares argentinos que los trasladaron a Campo de Mayo, donde fueron vistos por última vez.

- El abogado paraguayo Fausto Carrillo fue secuestrado en agosto de 1976 en Formosa, donde se había refugiado para evitar caer en manos del dictador Alfredo Stroessner. Pasó por el centro clandestino Capilla San Antonio y todo indica que fue entregado a militares paraguayos.

- El chileno Edgardo Enríquez Espinosa, hermano del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue secuestrado en Buenos Aires, pasó por Campo de Mayo y dos semanas después fue trasladado a Chile y entregado a la DINA, la dirección de inteligencia de Augusto Pinochet.

- Cristina Carreño fue secuestrada en Buenos Aires en julio de 1978, un día después de pedir asilo ante la Comisión Coordinadora de Acción Social por los seguimientos de emisarios de la DINA. Estuvo en cautiverio en los centros Banco y Olimpo, de donde fue trasladada en diciembre. Su cuerpo apareció en la costa atlántica, fue enterrado como NN e identificado en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

- Claudio y Lila Epelbaum fueron secuestrados en Montevideo por represores argentinos en noviembre de 1976. Fueron repatriados y vistos por última vez en la Brigada Güemes, de la Policía Bonaerense.

- Graciela Rutilo Artés fue secuestrada en Bolivia en abril de 1976 junto a su hija Carla, de meses, y a Enrique Lucas Company. Fue torturada en el Ministerio del Interior boliviano por miembros del Departamento de Orden Político del dictador Hugo Bánzer y por enviados de la Policía Federal Argentina. El 29 de agosto, madre e hija secuestradas ingresaron al país por la frontera Villazón-La Quiaca. Graciela fue vista por última vez en Automotores Orletti. Carla fue el botín de guerra del ex agente de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo, torturador de Orletti.

Nombres para la historia

Los responsables del Cóndor en condiciones de ser juzgados están acusados por delitos contra 108 víctimas, incluidas las 64 del requerimiento de Osorio. El representante del Ministerio Público organizó la lista de imputados en base a los lugares de los secuestros o de los cautiverios, y a las autoridades de las respectivas zonas, subzonas y áreas militares que el fallecido capitán José Luis D’Andrea Mohr detalló en su libro Memoria Debida. La mayoría son ilustres desconocidos para la sociedad. Si bien durante los años que duró la guerra sucia pasaron por distintos destinos, se los presentará con el criterio que aplicó el fiscal Osorio.

Zona I

- Coronel Alejandro Agustín Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Está procesado con prisión preventiva y en condiciones de ser juzgado por crímenes en la Comisaría 5ª junto a Miguel Etchecolatz y ex miembros del circuito Camps.

- Coroneles Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, ex jefes del Regimiento de Infantería Mecanizada y del área militar 112 en 1976/7 y 1978/9, donde funcionó el centro clandestino Pozo de Banfield.

- Coroneles Néstor Horacio Falcón y Jorge Hawkes, jefes del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell y del área 116 en 1977 y 1978 respectivamente.

- General Julián Eduardo Capanegra, jefe del Batallón de Arsenales 101 y del área militar IV de la Capital Federal.

- Mayor Omar Andrada, jefe de sección el Destacamento de Inteligencia de San Nicolás.

- Coronel Mario Alberto Gómez Arenas, jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal entre 1979 y 1981. Condenado el año pasado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén.

- Coronel Horacio De Verda, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 de Capital Federal entre 1979 y 1980.

- General Rodolfo Wehner, ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” en 1976 y 1977. Whener murió en junio. Su salud le evitó ser juzgado junto a Jorge Olivera Róvere y otros jefes de área de Capital.

Zona II

- General Juan Carlos Trimarco, comandante de la Brigada de Caballería Blindada II de Paraná, Entre Ríos. Trimarco fue declarado insano en la causa “Area Paraná”. Los querellantes denunciaron que se esconde “detrás de una enfermedad mental que no tiene”.

- Mayor Rubén Ignacio Gaitán, jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 122 de Paraná.

- Mayor Edgar Gustavo Gomar, jefe del Destacamento de Inteligencia 124 de Formosa.

- Coronel Luis Carlos Sullivan, jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa.

- Coronel Domingo Manuel Marcellini, jefe del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe. Marcellini será juzgado por el TOF de Santa Fe junto al ex juez Víctor Brussa, entre otros, a partir del 1º de septiembre.

- Tenientes coroneles Armando Manuel Hornos y Roberto Luis Martínez, jefes del Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia, Chaco, en 1976 y en 1978/9 respectivamente.

Zona III

- Coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20, de Jujuy. También fue gobernador de facto de la provincia.

- Teniente coronel Alberto Horacio Silva, jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza.

- Coronel Juan Avelino Rodríguez, director del Liceo Militar “General Espejo” y jefe del área militar 331, de Mendoza, entre 1977 y 1979.

Zona IV

- Teniente coronel Nedo Otto Cardarelli, jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo entre 1978 y 1980.

- General Fernando Humberto Santiago, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1976.

- General Reynaldo Bignone, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1977.

- Coronel Rodolfo Emilio Feroglio, director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.

- Coronel Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo.

- Coronel José Julio Mazzeo, director de la Escuela General Lemos y responsable del área militar 470, en General Sarmiento.

Zona V

- Coronel Emilio Silvano Mocchi, jefatura de inteligencia de la zona V.

- General Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181 de Neuquén, condenado el año pasado por el TOF de esa provincia.

“Los aquí imputados, integrantes de la ‘Operación Cóndor’, avasallaron y suplieron el orden constitucional, violando todas sus garantías y disponiendo de la libertad, la vida y la propiedad de los habitantes de modo criminal”, escribió Osorio. Destacó que “el pacto de silencio” y la negativa a entregar “las constancias que revelan el destino dado a miles de personas secuestradas” ponen de manifiesto la voluntad de entorpecer la investigación, por lo que solicitó que sean detenidos y no sólo citados a indagatoria. El escrito ya está en manos del juez Oyarbide.

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Con pensión y acceso a obra social

Beneficio para los miembros del Operativo Cóndor

Por Diego Martínez

Dardo Cabo.

El 28 de septiembre de 1966, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, un comando de estudiantes, obreros y sindicalistas peronistas desvió un avión hacia las islas Malvinas, donde hizo flamear banderas argentinas. La CGT los calificó de héroes; el dictador, de facciosos. En la década siguiente, los miembros del Operativo Cóndor tomaron caminos distintos: unos fueron víctimas de la dictadura, otros como Alejandro Giovenco se integraron a la ultraderecha. A 44 años de aquella reivindicación de la soberanía y a casi tres años desde que la Legislatura bonaerense aprobó una ley para otorgarles una pensión y acceso a una obra social, el gobernador Daniel Scioli firmó el decreto que concretará el beneficio.

El núcleo duro pertenecía al Movimiento Nueva Argentina, que se había desprendido de Tacuara en 1961. El jefe era Dardo Cabo, hijo de un legendario dirigente gremial. Cabo militó luego en Montoneros. Fue arrancado de la U9 de La Plata y ejecutado en 1977. El segundo era Giovenco, que después se integró a la CNU, participó como custodio de la UOM en la masacre de Ezeiza y murió desangrado por la explosión de una bomba que llevaba en su portafolios. La tercera, única mujer, fue Cristina Verrier, periodista y dramaturga que en la cárcel se casó con Cabo.

Según una investigación de Roberto Bardini, el Cóndor fue planificado durante tres años. A las seis del 28 de septiembre, Cabo y Giovenco le ordenaron al comandante del vuelo con destino a Río Gallegos desviar el Douglas DC-4 hacia Malvinas. Un radioaficionado registró el aterrizaje a las 8.42. Habían pasado 133 años desde la última presencia oficial argentina en las islas. El objetivo de tomar la residencia del gobernador y difundir una proclama no fue posible. El avión se enterró en la pista y fue rodeado por un centenar de isleños armados. El sacerdote Rodolfo Roel intercedió y a pedido de Cabo dio misa en el avión. A la mañana se formaron frente a un mástil con la bandera argentina, entonaron el Himno y entregaron las armas al comandante, única autoridad que reconocieron. Un buque los trajo de retorno. “Fui a Malvinas a reafirmar nuestra soberanía”, repitieron ante el juez. Quince fueron liberados nueve meses después. Cabo, Giovenco y Juan Carlos Rodríguez estuvieron tres años presos.

No sólo Cabo y Giovenco tuvieron un final violento. Miguel Angel Castrofini fue ultimado por un comando del ERP-22 de Agosto. Rodríguez y Jorge Money fueron asesinados por la Triple A. Pedro Cursi y Edgardo Jesús Salcedo están desaparecidos. Andrés Castillo estuvo secuestrado en la ESMA y desde que volvió del exilio milita en el gremio bancario. La ley provincial 13.808 de noviembre de 2006 los calificó como “ejemplo de entrega, compromiso y patriotismo para las nuevas generaciones, siempre ansiosas y necesitadas de encontrar referentes de desinteresado amor a la Patria”.

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El interrogador de El Chalet

LA CAMARA FEDERAL CONFIRMO EL PROCESAMIENTO DEL REPRESOR COPTELEZA

La Cámara consideró probado que conducía interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas. Copteleza estuvo dos años prófugo de la Justicia y se entregó hace cuatro meses.

Por Diego Martínez

El Chalet funcionó durante la dictadura en el Posadas.

Luego de dos años prófugo de la Justicia y a poco menos de cuatro meses de entregarse manso en Comodoro Py, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Juan Máximo Copteleza, ex agente civil de inteligencia de la Fuerza Aérea que conducía interrogatorios bajo tortura en El Chalet, el centro clandestino que funcionó durante la última dictadura en el Hospital Posadas. “Se encuentra suficientemente demostrado que Copteleza habría participado de los hechos por los que viene procesado”, apuntaron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah luego de repasar los testimonios de las víctimas e incluso de otros represores que le asignaron un rol de mando.

Copteleza está sindicado como segundo jefe del grupo de tareas “Swat”, que se instaló en el policlínico de Haedo por orden del general Reynaldo Bignone con la misión de proteger el lugar de “resentidos, disociadores y subversivos”. Una sobreviviente que pasó por sus manos declaró en la causa que el represor civil le clavó “un atizador en el pecho, mientras cantaba la marcha de San Lorenzo y gritaba ‘a los enemigos ni justicia’”. El juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención a fines de 2007 y poco después ordenó su captura nacional e internacional. El 27 de marzo último se cansó de jugar a la escondida y se presentó en la mesa de entradas del juzgado. Luego se negó a declarar, fue procesado y enviado al penal de Marcos Paz.

Rafecas elevó el expediente a juicio en diciembre con cinco imputados: Bignone, el coronel Agatino Di Benedetto, el brigadier Hipólito Mariani (condenado a 25 años de cárcel, pero libre) y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos. Tras la reasignación de causas vinculadas con el Primer Cuerpo de Ejército que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, Hospital Posadas recayó en el TOF 3. Ante las excusaciones y recusaciones de los jueces planteadas por las partes, fue reubicada en el TOF 2, cuya prioridad es juzgar a una docena de torturadores del circuito Atlético-Banco-Olimpo. El primer juicio de Primer Cuerpo no tiene fecha confirmada.

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Un candidato que cosecha repudios

Distintas organizaciones cuestionan la designación de Pedro Simón como fiscal de Santiago del Estero

Simón pertenece a un estudio jurídico especializado en el desalojo de comunidades campesinas e indígenas en beneficio de terratenientes. El Movimiento Campesino y el Cels, entre otros, pidieron ayer al Senado que no aprobara su designación.

Por Diego Martínez

El Movimiento Campesino sufrió violentos desalojos en el interior de Santiago del Estero.

“Vinimos a defender nuestros montes, para que las comunidades no terminen de desaparecer”, explica María Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. “Fue promovido con acuerdo del gobierno nacional, pero seguiremos aportando argumentos para que no sea designado. Si asume veríamos vulnerados totalmente nuestros derechos”, agrega Nélida Solorza, primera dirigente campesina que llega a integrar la Cámara de Diputados provincial. Ambas se refieren al abogado Pedro Eugenio Simón, especialista en desalojar comunidades campesinas e indígenas, tarea que desempeñó a sueldo de terratenientes, luego como diputado provincial, y que pretendería continuar como fiscal federal de Santiago del Estero. Su pliego de candidato fue impugnado por organizaciones provinciales y nacionales como la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad. Ayer, durante una audiencia pública, ratificó todos los hechos que ponen en duda su idoneidad moral y su compromiso con una Justicia democrática e independiente. Ahora tiene la palabra la Comisión de Acuerdos del Senado.

El caso Simón no merece la atención de las patronales agropecuarias, aunque también forma parte de los conflictos de los productores rurales. No de quienes poseen grandes medios de comunicación para defender sus ganancias, sino de los pequeños, que con la extensión de la frontera agropecuaria y el auge del cultivo de la soja se tornaron apetecibles para las multinacionales y despertaron el interés de operadores de toda clase.

El candidato proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, especializado en desalojos. El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario y de un escribano por defraudación y falsificación de instrumento público. Simón tuvo un rol “directo y decisivo” en el caso, denunció la Fundación LADH en su impugnación.

Luego, como diputado del peronista Bloque Lealtad Popular, impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo. La norma había sido derogada por la intervención federal porque “coloca a las personas de condiciones más humildes en situación de vulnerabilidad e indefensión”, sostuvo el Ministerio de Justicia en 2003. El Cels y Copadi recordaron que Simón era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideraron “por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado”. Cuando su propuesta se convirtió en ley participó de un desalojo junto a un grupo de elite de la policía. También defendió a la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales.

Con esos antecedentes, se postuló para fiscal. Fue cuestionado por el Foro de Agricultura Familiar y la Mesa Provincial de Tierras, que reúnen a 87 organizaciones campesinas, y quedó último en el concurso de la Procuración General de la Nación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo avaló su designación y pidió el visto bueno del Senado. Ayer el senador Marcelo Guinle le transmitió las preguntas de los impugnantes frente a los otros 22 candidatos a ocupar cargos judiciales y con la cordial compañía de los senadores santiagueños.

Simón admitió haber patrocinado a terratenientes y promovido desalojos. Reconoció su doble rol de abogado/legislador, pero consideró que no implicaba un abuso de poder y que no era incompatible promover reformas para facilitar desalojos y a la vez cobrar para requerirlos como abogado. “La ley de Santiago del Estero no lo prohíbe. Hay que ver cada actuación concreta”, sugirió. Cuando el puntano Adolfo Rodríguez Saá le preguntó qué pensaba del artículo 75 de la Constitución sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, dijo que acordaba con la reforma de 1994 pero que debía analizarse “toda la legislación” para ver “cómo se armonizan los conflictos”.

“Ratificó con sus explicaciones los hechos más importantes que motivaron la impugnación, tanto su trabajo como abogado de empresas interesadas en el desalojo de campesinos e indígenas cuanto su rol simultáneo como legislador y vicepresidente de la Legislatura”, explica la abogada Paula Litvachky, del CELS. “La audiencia sirvió para confirmar todas las objeciones que manifestamos en la presentación. Ahora el Senado debe analizar su descargo”, agrega.

“Simón no tuvo argumentos para responder a las impugnaciones”, describe María Farías. Su familia se dedica a criar vacas, ovejas y cabras, a las artesanías y al tejido en telar, “la misma vida de casi todos los campesinos de Santiago”. “El descargo confirmó que no tiene argumentos”, coincide Solorza. “Dijo que se lo impugna por cuestiones personales y de su profesión, lo cual no es cierto, y que ninguna organización de la provincia lo objetó. El Mocase presentó escritos en el Ministerio de Justicia desde 2007 para que sepan qué clase de persona y de profesional es”, recuerda.

“El problema de la tierra es gravísimo. El setenta por ciento de los productores santiagueños no tiene título de propiedad. Tanto la policía como los comisionados, que deberían velar por los intereses del pueblo, están a favor de los grandes capitalistas, e incluso me cuestionan por seguir haciendo como diputada lo que hacía como dirigente rural. Y la Justicia hace oídos sordos. No es fácil”, concluye Solorza.

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Los jefes del infierno

JUICIO A JAIME SMART E IBERICO SAINT JEAN

El fiscal platense y el abogado de los hijos de Timerman pidieron la elevación a juicio de la causa contra los responsables del mayor circuito represivo del país.

Por Diego Martínez

Smart, Saint Jean y otros militares y policías son acusados por 63 desapariciones y torturas.

“Reventalo hasta que hable. Tiene que hablar. Y si no que se muera”, ordenó el hombre de traje. El detenido, pálido, había atravesado varias escalas del mayor circuito represivo del país. Llevaba dos meses vendado y atado a una cama en el subsuelo de la Jefatura de Policía de La Plata, pero no tardó en reconocer al ex camarista de la anterior dictadura. El interrogador Norberto Cozzani, condenado en los ’80 por torturar al periodista Jacobo Timerman, lo ayudó a evacuar la duda:

–Sí, señor ministro –acató la orden.

El testimonio ante la Justicia pertenece a un ex diputado que por seguridad prefiere que se preserve su identidad. El trajeado no es otro que Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean y superior inmediato del jefe de policía Ramón Camps. Tanto el fiscal Sergio Franco como el abogado Alejo Ramos Padilla, que patrocina a los hermanos Héctor y Javier Timerman por el caso de su padre, le requirieron al juez Arnaldo Corazza la elevación a juicio oral y público, por 63 privaciones ilegales de la libertad y torturas, de los ex funcionarios de facto y de otros siete imputados: el coronel Rodolfo Aníbal Campos, los policías Co-zzani, Eros Amílcar Tarela, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés y el condenado Miguel Etchecolatz.

“Es absurdo que se juzgue a quienes empuñaron armas e interrogaron y no a los autores intelectuales que idearon, colaboraron y dirigieron ese plan”, escribió Ramos Padilla. Luego de desmenuzar relatos de guardias y sobrevivientes de Puesto Vasco y COT-1 Martínez sobre los tormentos contra Timerman y la saña por su condición de judío, detalló la responsabilidad de Saint Jean y Smart, firmantes de la designación de Camps y de quienes dependía orgánicamente la policía.

Las pruebas más sólidas contra los ex funcionarios las aportó el propio Camps en su libro sobre Timerman. “Un equipo del gobierno provincial colaboró aportando las bases para la consideración jurídica, de carácter económico, y para establecer cuál era el verdadero trasfondo de la publicación a través del análisis del contenido de La Opinión”, escribió. Camps los identificó en los agradecimientos, junto a los torturadores. La lista la encabeza Smart, que cuatro meses antes del secuestro de Timerman dijo sentir “el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos” y “la necesidad de volcar todos los recursos del Ministerio de Gobierno en la lucha contra la subversión”. “Fueron parte de un todo, tuvieron participación activa”, confirmó Cozzani desde la cárcel. “En el caso Timerman había dos superiores a quienes rendir cuentas: el gobernador, por ser autoridad natural de la policía, y el comandante del Primer Cuerpo por tratarse de un problema subversivo”, agregó Camps.

“El secuestro de Timerman, la intervención y clausura de La Opinión, derivaron de la acción de un grupo de personas que tenía como fin último acallar las denuncias públicas sobre violaciones a derechos humanos”, escribió Ramos Padilla. “La causa formal fue vincularlo con David Graiver”, sindicado como financista de Montoneros. “La causa real, que estaban convencidos de que era un diario ideológicamente subversivo”, agregó. Detalló notas críticas al gobierno de Saint Jean y la evaluación que, tras el estudio de los funcionarios, realizó Camps. Timerman “trató desde La Opinión de orquestar una empresa de concientización revolucionaria”, “creyó posible redefinir los fundamentos de nuestra cultura” y es “uno de los principales responsables de la subversión cultural, que armó las conciencias de la guerrilla”, escribió.

“No puedo creer que Jimmy sea responsable”, declaró días atrás Juan Romero Victorica, fiscal ante la Cámara de Casación, en referencia a su amigo Smart. “No voy a aceptar que torturó y secuestró”, agregó. Romero fue denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos por “no representar al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad” y por ignorar jurisprudencia que establece la obligación de juzgar delitos de lesa humanidad. La Procuración General de la Nación analiza la denuncia. Casación debe resolver si confirma o rechaza la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que ordenó revocar el arresto domiciliario y enviar a una cárcel a Saint Jean y Smart. Excepto apropiadores de bebés y agentes de inteligencia, los civiles que actuaron a la par de militares, policías y capellanes durante la dictadura no han sido alcanzados por el corto brazo de la Justicia. ¿Será el abogado Smart el primer alto funcionario civil del Estado terrorista juzgado por secuestros y torturas?

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Patti tiene otro amigo tras las rejas

Interpol detuvo al represor Jorge Granada, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601

A Granada lo detuvieron por la causa en la que se investiga su rol como superior del único interrogador identificado del centro clandestino La Escuelita. Patti lo encubrió años atrás, cuando estaba prófugo de la Justicia.

Por Diego Martínez

Luis Patti tuvo una mala noticia el domingo, cuando se enteró de la detención de Granada.

El domingo 28 de junio, pese a la derrota kirchnerista, fue un pésimo día para Luis Patti. No sólo porque la boleta con su apellido no estaba en el cuarto oscuro del penal de Marcos Paz. Poco después de las 14, en Ingeniero Maschwitz, Interpol detuvo al teniente coronel retirado Jorge Horacio Granada, el amigo al que encubrió durante su primera etapa como prófugo de la Justicia. Granada salió ileso en la causa que investiga su rol como miembro del Batallón de Inteligencia 601 en el secuestro y la desaparición de militantes montoneros en 1979, pero es altamente improbable que corra la misma suerte en Bahía Blanca, donde era superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino del Cuerpo V de Ejército.

Hijo mayor de un militar homónimo, Granada llegó a Bahía Blanca en diciembre de 1974 con el grado de teniente primero, destinado al Destacamento de Inteligencia 181, que durante el año siguiente reemplazó gradualmente a los matones de la Triple A con la misma bandera anticomunista pero con métodos más sofisticados. En diciembre de 1975 fue secuestrado y torturado hasta la muerte Daniel Bombara, el primer desaparecido de la ciudad. Después del golpe de Estado, el Destacamento 181 nutrió de interrogadores al centro clandestino La Escuelita. Allí se procesaba también la información obtenida en la mesa de torturas y se revelaban las fotos de los secuestrados. Durante los dos años más sangrientos de la última dictadura, Granada actuó como superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado de La Escuelita, que funcionaba detrás del Cuerpo V. A fines de 1977, ya con el grado de capitán, fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo, donde funcionaba el mayor centro clandestino del Ejército.

El amigo de Patti fue detenido por primera vez en 1985, por decreto del presidente Raúl Alfonsín, acusado de conspirar contra el orden constitucional junto a una docena de militares encabezados por Ramón Camps y Carlos Suárez Mason. Volvió a caer el 25 de julio de 2003, mientras caminaba por plaza San Martín. Llevaba un año prófugo por su actuación en el secuestro de un grupo de montoneros que ingresaron al país en el marco de la “contraofensiva” para resistir a la dictadura militar. En diciembre de 2003 la Sala II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento, que había dictado el juez Claudio Bonadío, pero poco después fue excarcelado.

Patti reconoció al ser indagado que eran amigos “desde hace veinte años” y que le hizo llegar dinero durante 2002, cuando era intendente de Escobar, pero aseguró ignorar que estuviera prófugo. Una conversación grabada por orden de Bonadío demostró lo contrario. “Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento”, le confió Granada, que no iba a cobrar la pensión como retirado por temor a ser detenido. El mes pasado la Corte Suprema rechazó el último recurso dilatorio de Patti, que en los próximos meses, tal vez cuando concluya el juicio que afrontará en el Tribunal Oral Federal de San Martín, será juzgado por encubrir a Granada y al coronel Jorge Luis Arias Duval.

La última orden de detención de Granada la libró la Justicia federal de Bahía Blanca el 10 de noviembre pasado. Tal como informó Página/12, en lugar de declarar el secreto de sumario para garantizar las capturas, el juez federal Alcindo Alvarez Canale comunicó la decisión, que incluía a otros cuatro represores, al defensor oficial y al jefe de la cárcel de Villa Floresta. Las detenciones se produjeron meses después. Granada fue el último de la tanda. Según el escueto informe de Interpol que recibió el juzgado, el militar de 63 años fue detenido en la vía pública de Ingeniero Maschwitz, en calle Almafuerte entre Beltrán y Los Cedros, donde residiría su esposa. La causa bahiense tiene ahora dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, que le cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y el ex juez federal Guillermo Madueño.

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Un fallo que dejó un gusto amargo

El tribunal de Mar del Plata absolvió al coronel Duret y condenó al general Mansilla a domiciliaria

Los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo –Carlos Rosansky se pronunció en disidencia– le aseguraron la libertad a Duret, señalado como el secuestrador de Labolita, el amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Cecilia Pando vociferó en las puertas del tribunal.

Por Diego Martínez

El general Pedro Pablo Mansilla (77 años) fue condenado a prisión domiciliaria.

Uno fue absuelto, volverá a su casa. El otro fue condenado a prisión perpetua, pero también volverá a su casa. Así concluyó ayer el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata, por el secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Labolita. Los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo consideraron culpable al general Pedro Pablo Mansilla, de 77 años, y absolvieron al coronel Alejandro Guillermo Duret, de 56, sin chances de aspirar al arresto domiciliario. El juez Carlos Rosansky, en disidencia, votó por la condena y la cárcel para ambos. La viuda de la víctima, que reconoció a Duret a la cabeza del grupo de tareas que allanó la casa familiar días después del secuestro, con Labolita encapuchado, torturado y descalzo, se desmayó al escuchar la absolución. Por la mañana Cecilia Pando reapareció y provocó incidentes.

“Es un golpe inesperado pero no estamos todavía en el suelo, podemos levantarnos”, se esperanzó Carlos Labolita padre, preso político entre 1976 y 1980. Duret “es un mal bicho pero tiene causas pendientes y va a caer”, confió. “Una sentencia tan crítica nos conmociona”, explicó su abogado César Sivo. “Duret no era un personaje secundario, era el dueño de Las Flores. No hubo elementos que pudieran generar dudas”, explicó, y calificó como “una burla” la domiciliaria para Mansilla.

“El juicio fue una gran parodia”, denunció tras el fallo Sara Derothier de Cobacho, titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. “Pero no termina acá. Vamos a apelar”, anticipó. “Las pruebas contra Duret no se valoraron como correspondía. En un juicio por tráfico de drogas o en un secuestro extorsivo, con pruebas similares termina en condena”, explicó el abogado Eduardo Rezses, de la Secretaría. “No puedo dejar de señalar que este fallo se produce a cinco días de las elecciones, con el resultado conocido y con lo que simboliza el caso Labolita en particular”, agregó, en referencia a la relación que entabló con Néstor Kirchner y Cristina Fernández en los meses previos al golpe de Estado.

La jornada arrancó con las últimas palabras de los imputados y provocaciones de la apologista del genocidio Cecilia Pando. Duret se definió como “un perseguido y encarcelado” (hasta ayer en Batán) y citó al rabino Sergio Bergman para remarcar que “los derechos humanos no son de derecha ni de izquierda”. Consideró que el juicio era histórico “por la confrontación de valores entre impunidad e igualdad ante la ley, entre venganza y justicia”. Mansilla dijo que “llevamos tres décadas y media tratando un tema que no tiene solución” y propuso “buscar la pacificación con especialistas”, no especificó en qué materia.

Pando no pudo ingresar a la sala, colmada por 180 personas, e insultó a los jueces cuando salieron. “Muchos jueces nos dicen que tenemos razón por las garantías que se están violando a militares pero no podemos hacer nada: están presionados, manipulados”, dijo horas antes de que el tribunal le tapara la boca. “Si quieren pacificar, ¿por qué no devuelven a los chicos apropiados?”, le preguntó una periodista. Pando prefirió no responder. Luego, sonriente y con un cartel de supuestos “terroristas”, intentó pasar en medio del centenar de personas, con lo que provocó la reacción de varios militantes que la insultaron y corrieron varios metros. Los jueces ya habían pasado a deliberar para emitir el veredicto.

Los imputados prestaban servicio en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, a cargo de Mansilla. Desde allí se ordenó la captura de Labolita, militante de la Juventud Peronista que en los meses previos al golpe de Estado compartió casa y luego pensión con Kirchner y la Presidenta. El 25 de abril de 1976, un mes después de la captura de su padre en Las Flores, decidió visitar a su familia. Media hora después se lo llevó la policía bonaerense, que registró su ingreso en la comisaría “a disposición del área militar 125”. Dos días después lo entregaron a la oficina de inteligencia del regimiento. La descripción física de la persona que lo recibió y ordenó encapucharlo coincidiría con la de Duret, que prestaba servicio allí. Días después un grupo de tareas de civil a cara descubierta allanó la casa de la familia. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a confesar Labolita, con las manos atadas, capucha y dificultades para caminar. La patota destruyó la casa. La esposa y la madre, ya fallecida, reconocieron a Duret como la persona que encabezaba el grupo. Recién tras la feria judicial, cuando se conozcan los fundamentos del fallo, se sabrá cómo hicieron los jueces para desbaratar las pruebas.

La lectura de la sentencia, a cargo de Esmoris, provocó emociones encontradas. Primero anunció la condena a perpetua de Mansilla por secuestro agravado por violencia, tormentos agravados por aplicarse a un perseguido político y homicidio calificado por alevosía. La alegría mutó en silencio cuando anunció la domiciliaria y en tristeza cuando informó la absolución de Duret. La tarde concluyó con un centenar de militantes tirando huevos contra el vidrio del tribunal, con el incendio de dos muñecos con trajes a rayas que representaban a los imputados y con los jueces que absolvieron a Duret retirándose cubiertos por escudos.

La de ayer es la cuarta sentencia por crímenes de lesa humanidad de 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei y dos carceleros de Misiones. Es el tercer fallo en la provincia desde la reapertura de causas: antes fueron condenados Miguel Etchecolatz y el cura en actividad Cristian von Wernich. Duret es el tercer imputado absuelto por crímenes al amparo del terrorismo de Estado, dato que ratifica la independencia de los tribunales que conducen los juicios.

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Aval a un entregador de bebés

El capitán Berthier quedaría libre por demoras en la Justicia

El represor condenado a diez años de prisión, en abril del año pasado, por haber entregado a María Sampallo Barragán, nacida en cautiverio, sería liberado por el TOF-5. La sentencia no está firme y la pena podría ser incrementada.

Por Diego Martínez

El juez Guillermo Andrés Gordo (foto), junto a Ricardo Farías, proclives a liberar a Berthier.

El capitán retirado Enrique José Berthier, condenado en abril de 2008 a diez años de prisión por haber entregado a una beba nacida durante el cautiverio de sus padres en un centro clandestino a comienzos de 1978, podría recuperar la libertad en los próximos días. La decisión la tomaron los jueces Guillermo Andrés Gordo y Ricardo Farías, miembros del Tribunal Oral Federal 5, con el argumento de que el militar cumplió las dos terceras partes de la condena y goza de buen concepto en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. La liberación se concretará cuando Berthier pague o cubra con sus propiedades una fianza de 175 mil pesos y no se interrumpirá por la apelación que presentará el fiscal federal Félix Crous.

El tercer juez del TOF-5, Daniel Obligado, se opuso a la excarcelación. Evaluó que Berthier ya estuvo prófugo de la Justicia, que la sentencia no está firme y que la Cámara de Casación Penal podría elevar la pena en base a los 25 años de prisión solicitados por fiscalía y querella. En tal caso se modificaría el cálculo de los dos tercios y el mismo TOF-5 debería ordenar la captura del oficial del Ejército, condenado por entregar a una pareja a María Eugenia Sampallo Barragán, nacida mientras sus padres estaban secuestrados en el centro clandestino Club Atlético.

“El problema es que la Sala II de la Cámara de Casación lleva más de un año sin resolver sobre la apelación. El expediente ingresó al tribunal en mayo de 2008. La demora de Casación fomenta la impunidad y la liberación de los represores”, consideró Tomás Ojea Quintana, que patrocina a Sampallo Barragán. “En el expediente queda claro que Berthier conspiró contra el proceso junto a su abogado (Alejandro) Macedo Rumi y que estuvo evadido de la Justicia. Ambos elementos sugieren que no debe ser excarcelado. Si la pena se eleva volverá a evadirse”, agregó el abogado.

Berthier fue detenido por la Policía Federal el 21 de agosto de 2002, por orden de la jueza María Servini de Cubría, luego de dos meses prófugo. Mientras las fuerzas de seguridad intentaban capturarlo, la joven apropiada, testigos, funcionarios de la Justicia y hasta ex camaradas que habían declarado en la causa recibieron amenazas. A una testigo le anticiparon que iba a aparecer “colgada de un árbol”. En escuchas ordenadas por la Justicia hay diálogos en los que se habla de matar al secretario del juzgado de Servini de Cubría. Los mensajes mafiosos se interrumpieron luego de la detención. El abogado de Berthier en 2002 era Juan Enrique Torres Bande, apoderado del partido neonazi Nuevo Triunfo.

En octubre de 2006, los jueces Gordo y Farías fallaron por primera vez a favor de la excarcelación del militar, que entonces llevaba cuatro años detenido y sin sentencia. Igual que Obligado ahora, en aquella oportunidad votó en disidencia el juez Luis Di Renzi, que interpretó las amenazas de 2002 como “indicios suficientes para inferir que Berthier intentaría entorpecer o eludir el accionar de la Justicia”.

Los 175 mil pesos de fianza no serían un problema. Los investigadores que rastrearon a Berthier mientras estaba escondido detectaron que tenía cuentas corrientes en cinco bancos, varias propiedades, automóviles y acciones en diferentes sociedades anónimas. En diciembre el TOF-5 le negó a María Eugenia una copia de los videos del juicio que marcó un quiebre en su vida con el argumento de que la condena no estaba firme. Seis meses después, la demora de Casación vuelve a jugar a favor del victimario.

María Eugenia recuperó su identidad en 2002. Es hija de Edgardo Sampallo y Mirta Mabel Barragán, secuestrados el 6 de diciembre de 1977, Mirta con un embarazo de seis meses. Berthier, con destino formal en el Regimiento de La Tablada, entregó a la niña a Osvaldo Rivas y María Gómez Pinto. Ambos fueron condenados a ocho y siete años de prisión pero están en libertad.

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