“Siguen siendo torturadores”

EL FISCAL CROUS PIDIO PERPETUA PARA OLIVERA ROVERE Y MENENDEZ

En el marco de la causa por la represión ilegal en el Primer Cuerpo de Ejército, la fiscalía reclamó prisión para los cinco procesados que están en libertad. La semana próxima será el turno del ex juez de la dictadura y abogado de Olivera Róvere.

Por Diego Martínez

Para Humberto Lobaiza pidieron veinticinco años de prisión.

‘‘Hoy y aquí siguen siendo torturadores. Tienen mucho para decir y lo callan. Eligieron perpetuar el padecimiento de los familiares. Callan el destino de los niños nacidos en cautiverio. ¿Qué indulgencia merecen estos señores? Son ancianos, sí, ancianos que han envejecido impunes y que no esbozan ningún atisbo de reparar el infinito dolor que causaron.” La reflexión del fiscal federal Félix Crous tuvo lugar ayer durante el cuarto y último día de su alegato contra el general Jorge Olivera Róvere y cuatro de sus subordinados directos en la represión ilegal en la ciudad de Buenos Aires, acusados por un total de 242 privaciones ilegales de la libertad y seis homicidios agravados. El representante del Ministerio Público pidió al Tribunal Oral Federal cinco penas de prisión perpetua para el ex jefe de la subzona Capital Federal y para el coronel Bernardo José Menéndez, y de veinticinco años de prisión para el general Teófilo Saa y los coroneles Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti, a quienes no se les imputan homicidios sólo porque las víctimas permanecen desaparecidas.

Los cinco militares están excarcelados y pasan inadvertidos entre los viejos abogados que deambulan por los pasillos de Comodoro Py. Olivera Róvere es el único que llama la atención. No porque su figura sea conocida (permanece intacta la decisión del TOF-5 de burlar la acordada de la Corte Suprema que ordenó garantizar el trabajo de los reporteros gráficos), sino por los hematomas que cubren la mitad de su rostro desde que se topó con el blíndex que lo separa del público. “Señores jueces, no fue una agresión”, aclaró tras el hecho el inefable Norberto Giletta padre, mencionado por varios familiares de desaparecidos por rechazarles hábeas corpus como juez de la dictadura, hoy abogado del represor.

El fiscal Crous desmenuzó durante las tres primeras audiencias cada uno de los casos imputados, de víctimas que fueron vistas por última vez en los centros clandestino Atlético, Banco, Olimpo, Automotores Orletti, o bien que se les perdió el rastro tras el secuestro. Analizó directivas, reglamentos y órdenes militares del Estado terrorista que rigió la actuación de los represores, desgranó sus legajos y refutó las coartadas esbozadas durante las indagatorias anteriores al comienzo del juicio, ya que ninguno atinó a defenderse durante el juicio oral.

Crous consideró “muy llamativas las similitudes de los descargos con los de los brigadieres Comes y Mariani”, condenados a 25 años de prisión como autores mediatos de delitos de lesa humanidad en Mansión Seré pero en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia. “Intentaron mostrar un cuadro de absoluto incumplimiento de la misión encomendada en la llamada ‘lucha contra la subversión’. Esto luce totalmente absurdo y no se condice con las elogiosas calificaciones recibidas y los cargos ocupados, que muestran que cumplieron exitosamente su misión, desde la perspectiva de la eficiencia criminal”, aclaró.

El fiscal describió que por debajo del fallecido Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo, se ubicaba Olivera Róvere, jefe de subzona, y en el escalón siguiente los ex jefes de áreas, que transmitían las órdenes a los ejecutores, al tiempo que garantizaban que la Policía Federal declarara “zonas liberadas” para actuar con impunidad. Contrastó el supuesto desconocimiento de los secuestros con operativos en los que se usaron hasta helicópteros, recordó que la negativa policial a recibir denuncias era una orden transmitida por la cadena de mandos y citó un artículo del coronel Menéndez de 1983, publicado en el diario La Nación, en el que agradeció “la ayuda invalorable que la policía prestó a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión”.

Luego enumeró los delitos imputados. A Olivera Róvere, jefe de subzona durante 1976, coautor mediato de 121 privaciones ilegales de la libertad (nueve secuestrados fueron liberados, cuatro asesinados, ocho enterrados como NN e identificados en democracia, el resto desaparecidos) y cuatro homicidios agravados. A Lobaiza y Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, 82 y 28 secuestros respectivamente. A Saa, segundo jefe del Regimiento y jefe del área II en 1976, 33 secuestros. Y a Menéndez, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y del área V en 1977 y 1978, 41 secuestros y dos homicidios. Entre los agravantes destacó la condición militar, el carácter de delitos de lesa humanidad y la desaparición de las víctimas, “que los ubica en una condición previa a la civilización”, remarcó.

“No hay esperanzas de resocialización. Lo único que se puede ofrecer a las víctimas es penar al ofensor”, resumió Crous. Recordó que la ley prevé 25 años de prisión “para una sola desaparición” y planteó: “Si no es para estos crímenes, ¿para cuáles ha reservado el legislador la máxima pena? Si no es para estos crímenes, señores jueces, ¿para quiénes ustedes se la guardan?”. El juicio continuará el martes 29 con la defensa de Olivera Róvere, a cargo de los abogados Norberto Giletta padre e hijo.

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“Hubo desprecio, gritos y provocaciones”

Entrevista con Vargas Carreño, secretario de la CIDH que denunció los crímenes de la dictadura en 1979

Edmundo Vargas Carreño cuenta cómo fue la visita de la comisión a la Argentina hace 30 años y dice que lo más discutido del informe fue “decir que los desaparecidos estaban muertos”.

Por Diego Martínez

Vargas Carreño visitó la ex Escuela de Mecánica de la Armada.

“Pasaron treinta años. No me voy a equivocar en nada esencial, pero no quisiera ser impreciso en los detalles”, aclara ante cada pregunta Edmundo Vargas Carreño, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace tres décadas corroboró y transmitió al mundo las atrocidades de la dictadura. Durante tres días, junto a los ex comisionados Tom Farer y Marco Monroy Cabra, el jurista chileno fue homenajeado por la Cancillería y recibió infinidad de agradecimientos de familiares de desaparecidos por las entrevistas e inspecciones realizadas en septiembre de 1979. El diálogo con Página/12 transcurrió en la ex ESMA durante una visita al casino de oficiales, el mismo que la Armada había desalojado y modificado para confundir a los visitantes.

–¿Advirtieron durante la inspección las reformas que la Armada había hecho para confundirlos?

–No, no teníamos información tan precisa. Un año antes, en El Salvador, junto con el abogado dominicano Roberto Alvarez, pudimos encontrar una cárcel secreta e incluso una lista de personas fallecidas. Esa prueba irrefutable aquí no la tuvimos. Más que descubrir, confirmamos muchas cosas. Fue una visita preparada durante meses, con expedientes, con testimonios. Sabíamos a qué veníamos.

–¿Supo que a los secuestrados los llevaron en esos días a una quinta de la Iglesia Católica?

–Sí, lo supe después. La diferencia fue que en el caso de El Salvador, el presidente (norteamericano, James) Carter le dijo al presidente (de facto, general Carlos) Romero: “Firme la Convención e invite a la CIDH”. Fue más fácil. Con la Argentina fueron meses de negociación y aquí decían “no, no y no”. Pero hubo una presión norteamericana.

–De Carter.

–Sí, con Reagan o los Bush hubiera sido imposible. También influyó que el secretario general argentino de la OEA, Alejandro Orfila, que quería ser reelecto, necesitaba la postulación del gobierno militar y el apoyo de los norteamericanos, y trató de ser mediador. “Son muchachos simpáticos, no hay peligro”, decía. Algunos miembros de la Comisión, una minoría, si bien sabía que había graves violaciones a los derechos humanos, compartía el punto de vista sobre el “estado de subversión”. Pero no hay mal que por bien no venga: el gobierno creyó que esa gente representaba a la Comisión. Sin embargo, después de una discusión inicial el tema quedó saldado. El presidente (Andrés) Aguilar tenía un liderazgo intelectual y moral muy grande, se imponía por la fuerza de sus argumentos y su convicción. Tampoco había aquí un compromiso de la opinión pública o de la clase política con los derechos humanos, salvo Raúl Alfonsín.

(En una pausa del diálogo, se presenta Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA que oficiará de guía: “Quiero darle la mano a Vargas Carreño –dice–. Fui secuestrado en agosto de 1979, estaba acá cuando ustedes llegaron”.)

–¿Cómo se preparó la visita?

–Emilio Mignone iba periódicamente a Estados Unidos y yo venía a Buenos Aires. Hice varias visitas a autoridades del gobierno para conseguir las autorizaciones.

–¿Con quién se entrevistaba?

–Con funcionarios de Cancillería. Recuerdo al capitán de navío (Walter) Alara, subsecretario de Relaciones Exteriores.

–¿Con Albano Harguindeguy?

–Sólo durante la visita, no antes. Era un hombre que presumía de afable, más simpático que otros. Una vez llamé al canciller Washington Pastor, le dije: “Tengo una denuncia por un desaparecido”, y agregué que le habían llevado todos sus bienes. Me respondió: “Usted es un maleducado, un grosero, ¿cómo se le ocurre tal cosa?”, y cortó la comunicación. Había de todo...

–¿Recibieron amenazas?

–No por parte de autoridades. Sí hubo desprecio, gritos y provocaciones en la calle, ignoro si instigadas o no. Recuerdo gente que pasaba por Avenida de Mayo, donde teníamos las oficinas. Gritaban: “Los argentinos somos derechos y humanos, ¿qué hacen ustedes aquí?”.

(Otra pausa. Basterra describe el centro clandestino, el bife naval, la sospecha de estar comiendo carne humana, la solidaridad de obsequiar un regalo de miga de pan, “una naranja que avanzaba hacia mí como una lluvia de oro” y “las familias patricias que querían dominar a todo el pueblo”. Paulo Sérgio Pinheiro, miembro de la CIDH, toma nota en su libreta.)

–¿Cómo los recibían los presos en las cárceles?

–Todos querían hablar. Diría que los mayores esfuerzos físicos fueron en esas visitas. En la cárcel de La Plata estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 5 del día siguiente. Fue impresionante, nos dimos el tiempo para escuchar a todos.

–Las declaraciones en esos días de algunos obispos, de la Unión Industrial, la Sociedad Rural y otras cámaras patronales eran hostiles hacia la CIDH. ¿Cómo era el clima en las audiencias?

–El informe de la Comisión pretendió, y puedo decir con satisfacción que consiguió, reflejar la realidad argentina. Por eso decidimos escuchar a todos, sin prejuicios, para no ser tildados de parciales. Los que quisieron hablar fueron pocos. Los sectores de la sociedad que menciona tenían una gran coincidencia: decían que el gobierno se esforzaba por la pacificación, que todo era culpa de “la subversión”, que había una “legítima defensa” frente a la actitud de “los terroristas”.

–Cuando en público la Sociedad Rural hablaba del “triunfo sobre la subversión apátrida y las inevitables secuelas”, ¿precisaba en privado a qué se referían? La CIDH ya sabía que había miles de muertos.

–Creo que no decían una cosa en público y otra en privado. Más bien parecían creer su discurso de buena fe. Lo que más me llamó la atención, no en entrevistas sino en la calle, fue la ignorancia sobre el tema de los desaparecidos. Recuerdo una mañana, mientras caminaba hacia las oficinas en Avenida de Mayo, una mujer, diría que de clase media, vio la cola de varias cuadras y le preguntó a otra qué hacía esa gente. “Es por los desaparecidos”, le respondió. “¿Qué son los desaparecidos?” “Los subversivos”, una cosa así fue la respuesta. Pero la pregunta era de buena fe. El drama no trascendió, no estaba en la opinión pública, no había movimientos de la Iglesia como en otros países. Fue excepcional la preocupación, salvo figuras individuales como Alfonsín.

–Deolindo Bittel condenó los crímenes en nombre del Partido Justicialista.

–Sí, me hice amigo de Bittel. Habían esperado mucho tiempo para poder hacer una declaración pública. Tenía la esperanza, como dirigente político, de que el breve y temporal clima de mayor libertad de expresión que gestó la Comisión pudiera ser aprovechado. Me pareció muy positivo y legítimo lo que hizo el peronismo en ese momento.

(Otra pausa. Clare Kamau Roberts, comisionado de Antigua y Barbuda, que sigue el relato de Basterra mediante una traductora, pregunta si las luces de Capucha permanecían prendidas. “Las 24 horas, igual que la música, horrible. Nos gustaba el folklore o la clásica, pero acá se escuchaba todo el día ‘chiqui chiqui’. Jurábamos que si salíamos íbamos a destruir Radio Del Plata.” “¿Existe?”, preguntan los comisionados. “Existe”.)

–El director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, se negó a reunirse con la Comisión. ¿Recuerda el clima de la audiencia con los dueños de los medios?

–No lo recuerdo, no fue relevante. En materia de periodismo teníamos preocupaciones muy particulares, como la detención de Jacobo Timerman o la confiscación de La Opinión. Conocíamos cada línea editorial, leíamos los diarios, pero no había un problema de libertad de expresión que afectara a esos diarios.

–En el informe se animaron a afirmar que los desaparecidos estaban muertos. ¿Qué idea tenían entonces sobre el destino final de esos desaparecidos?

–Decir que estaban muertos fue la frase más discutida del informe. Algunos miembros decían con razón que eso iba a poner término a muchas esperanzas, que no se podía decir. Pero prevaleció el criterio mayoritario. Las pruebas eran de tal magnitud que no podíamos dejar de decirlo.

–¿Cuál fue la respuesta de los organismos?

–Lo aceptaron, con dolor. Lo sabían, incluso creo que hasta deseaban que se dijera. La Comisión tenía mucho contacto con estos grupos, en especial con Mignone, padre de una desaparecida. Emilio tenía la convicción de que su hija había sido asesinada.

–¿Pero no era una sensación generalizada en 1979?

–No, no lo era. Hasta el día de hoy, diría. Ayer conversaba con la madre de una desaparecida y me decía que todavía tiene esperanzas. Nada se puede decir ante esa situación.

–¿Qué siente al recibir tantos agradecimientos treinta años después?

–Es emocionante, no lo esperaba. Ayer hubo gente que me abrazaba, lloraba, me besaba. Una mujer de Misiones me habló de su madre y su hermano. Recibí mucho afecto en estos días.

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Para saldar una vieja asignatura pendiente

La Presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto para despenalizar las calumnias e injurias

La medida apunta a cumplir un compromiso del Estado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Prefiero mil millones de mentiras antes que ser responsable de cerrar la boca de alguien”, dijo CFK en la ex ESMA.

Por Diego Martínez

Cristina Fernández de Kirchner hizo el anuncio en un acto de homenaje a los miembros de la CIDH que estuvieron en el país en 1979.

La cita era para homenajear a los ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 1979 corroboró y transmitió al mundo las atrocidades de la dictadura. El lugar, el salón Dorado del ex casino de oficiales de la ESMA, donde la inteligencia naval analizaba la información arrancada bajo tortura y ordenaba más secuestros. En ese contexto y frente a las principales autoridades del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. Se trata de un compromiso que el Estado asumió hace diez años, que ratificaron los sucesivos gobiernos, pero que, hasta ayer, ninguno había honrado. El anuncio se produce en el marco del debate por la presentación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Prefiero mil millones de mentiras antes que ser responsable de cerrar la boca de alguien. Es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática”, explicó la Presidenta.

La respuesta llega a quince meses del fallo de la Corte Interamericana contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión. La indemnización se concretó de inmediato. Ayer, frente a la jurista Cecilia Medina, presidenta de la Corte Interamericana, se comenzó a cumplir el último punto.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, que patrocinó a Kimel, elogió “la voluntad inequívoca de honrar los compromisos internacionales” aunque cuestionó que el proyecto “no incorpora la limitación de las sanciones civiles en casos de expresiones sobre asuntos de interés público”. Advirtió que “debería ser complementado con una reforma del Código Civil que evite la utilización arbitraria y desproporcionada de las indemnizaciones pecuniarias para cercenar la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general”. Si bien el Código impide fijar topes a las sanciones, el proyecto que el CELS presentó en marzo insta a los jueces a “evitar que la sanción desaliente la participación ciudadana en el debate de asuntos de interés público o la labor periodística”. También se hace eco del fallo de la Corte el proyecto de la diputada Marcela Rodríguez, que sólo permite la sanción civil en caso de real malicia, es decir cuando a sabiendas se publica información falsa.

La Presidenta aprovechó además la presencia de Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para firmar un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y Abuelas de Plaza de Mayo. El organismo recurrió a la CIDH tras el fallo de la Corte Suprema que en 2003 dejó sin efecto la orden judicial de realizar una extracción compulsiva de sangre de Evelin Bauer Pegoraro, quien sabía que no era hija biológica de quienes la habían criado, pero ignoraba su verdadera identidad. La medida, fundada en el derecho a la intimidad, impedía investigar a los responsables de la apropiación. El intríngulis se subsanó en 2008, cuando a partir de muestras de ADN la joven supo que era hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro, vistos por última vez en la ESMA. El acuerdo anunciado incluye un proyecto de ley para obtener muestras de ADN sin vulnerar los derechos de las partes y sin obstaculizar las investigaciones, otro que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, y un tercero para garantizar la participación de las asociaciones intermedias en las causas judiciales (ver aparte).

Tres mujeres

El ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, dieron la bienvenida a la ex ESMA a la delegación de la CIDH y de la Corte Interamericana, incluidos tres de los comisionados que en 1979 realizaron la observación in loco para documentar los crímenes de la dictadura: Tom Farer, Marco Monroy Cabra y Edmundo Vargas Carreño. Luego, en compañía de guías y sobrevivientes, los juristas recorrieron las instalaciones donde funcionó el mayor centro clandestino de la Armada.

El acto de homenaje comenzó con la palabra de Verónica Castelli en representación de los organismos que integran el ente Espacio para la Memoria y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Recordó que “la visita de la CIDH fue un rayo de luz y esperanza”, repudió el rol “del poder económico, la cúpula eclesiástica y los medios de comunicación” durante el terrorismo de Estado y se abrazó con CFK. Luz Patricia Mejía enumeró como “desafíos actuales” de la CIDH a la lucha contra “la exclusión, la pobreza y la miseria”, destacó la necesidad de alcanzar “no sólo el Estado de Derecho sino también el Estado de Justicia”, y agregó en referencia al golpe de Estado en Honduras que “algunos regímenes sólo se pueden sostener mediante violaciones masivas a los derechos humanos”.

“No enviamos los proyectos al Congreso como homenaje a la CIDH sino como sujetos del derecho internacional que respetamos los tratados y las normas internacionales y, por sobre todas las cosas, los derechos humanos. No es benevolencia, es cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana y los procedimientos de la CIDH”, aclaró Fernández de Kirchner.

Luego anunció el acuerdo amistoso con Abuelas y el proyecto para despenalizar las calumnias e injurias. “Dudo que haya habido alguna otra etapa en la vida institucional de nuestro país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la que me ha tocado gobernar”, afirmó, y desafió a probar lo contrario “a cualquier archivo, a cualquier memoria”. En referencia a las presidentas de la CIDH y la Corte, celebró que “somos tres mujeres” las protagonistas de los acuerdos, “en defensa de dos derechos personalísimos y a la vez de los más colectivos que pueden tener los seres humanos: la libertad y la identidad”. “Libertad para que cada uno pueda decir lo que piensa, aun a costa de tener que soportar mentiras”, destacó.

“Ojalá podamos sortear los fuertes obstáculos que están teniendo las democracias, como en Honduras”, dijo, y recordó la “fecha emblemática para la región, por el golpe contra Salvador Allende, y para el mundo, ya que un 11 de septiembre el terrorismo internacional se abatió sobre las Torres Gemelas”. “Creo que ante tanta barbarie y tanta irracionalidad, oponer la razón, la sujeción a las normas de derecho internacional, es el mejor antídoto para cualquier terrorismo y para cualquier intento de entorpecer las democracias”, reflexionó. Cerró con palabras para los ex comisionados de la CIDH, “que vinieron porque no había justicia ni libertad de expresión”, recordó. “Esta orgullosa presidenta los recibe para darles las gracias por lo que hace treinta años hicieron para todos los argentinos”.

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“Apareció la palabra desaparecidos”

LOS EX MIEMBROS DE LA CIDH RECORDARON LA HISTORICA VISITA DE 1979

Familiares de desaparecidos, miembros de organismos de derechos humanos y ex presos políticos agradecieron la gestión que hizo el organismo internacional hace treinta años. Los ex comisionados contaron detalles sobre la recolección de denuncias.

Por Diego Martínez

El periodista Horacio Verbitsky, presidente del CELS, y el ex comisionado de la CIDH Tom Farer.

“En nombre de los ex presos políticos del noroeste argentino, quiero recordar que la primera denuncia sobre la masacre de Margarita Belén la pusimos en el bolsillo del saco del comisionado Tom Farer cuando nos visitó en la cárcel”, agradeció una mujer con el pulso tembloroso. “En el Ministerio del Interior me decían ‘¿Así que su hijo tiene 17 años? Tal vez ya lo hizo abuelo’. Ante la CIDH por primera vez nos sentimos respetados como seres humanos”, recordó con lágrimas en los ojos Julio Morresi, símbolo entre los padres de desaparecidos. “En nombre de los organismos de derechos humanos y me animo a decir de la sociedad argentina, a los miembros de la CIDH de 1979 y a los actuales, muchas gracias”, redondeó su exposición el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Los destinatarios de los elogios fueron los ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en septiembre de 1979 se instalaron en la Argentina, recibieron cientos de denuncias de familiares de desaparecidos, entrevistaron a presos políticos, se reunieron con autoridades del gobierno de facto y elaboraron el informe sobre las violaciones a los derechos humanos que marcó el comienzo del fin de la última dictadura. Tres estaban presentes en la Cancillería: el norteamericano Farer y el colombiano Marco Gerardo Monroy Cabra, ambos comisionados, y el ex secretario ejecutivo, el chileno Edmundo Vargas Carreño.

“Cuando llegué a la CIDH descubrí que no había reglas para las observaciones in loco”, recordó Farer. Un año después, en 1977, él mismo las inventó durante una misión en Panamá. “Autoridad total para investigar cualquier cosa en cualquier parte del país, anuncio público y garantías de no represalias contra los testigos”, resumió. “El gobierno argentino propuso que viniéramos a estudiar el sistema judicial, que entonces no existía”, explicó. “Entonces invocamos el tratamiento igualitario, que obligó a la Junta a enfrentar la realidad”, agregó.

Con el orgullo a flor de piel, el ex comisionado enumeró “impactos” de la visita. “La palabra ‘desaparecido’ no aparecía en los medios. Clarín y La Nación publicaban noticias de enfrentamientos en los cuales los terroristas siempre morían o escapaban. Durante la visita apareció por fin la palabra ‘desaparecidos’. Se estaban abriendo las exclusas y creo que el gobierno no pudo cerrarlas nunca más”, recordó. Más tarde contó su impresión de la visita al dictador Jorge Videla. “Fue una reunión de trato correcto pero no cordial. Dijo lo que todo el gobierno repetía: que había ‘una guerra civil, una guerra sucia, con excesos inevitables’. Tenía una personalidad introvertida, un hombre de una época anterior”, resumió.

“La recopilación de indicios concordantes y uniformes permitió afirmar que los miles de desaparecidos estaban muertos, y que era incontrovertible la violación de prácticamente todos los derechos humanos conocidos”, explicó Monroy Cabra. “El informe estableció la verdad histórica y puso el dedo en la llaga sobre el problema de los desaparecidos. Dio origen a la figura de la desaparición como crimen de lesa humanidad”, agregó.

Verbitsky desempolvó de su archivo uno de los quinientos ejemplares del informe que Emilio Mignone ingresó al país clandestinamente y pidió a los ex miembros de la misión que se lo autografiaran. Recordó que la dictadura prohibió su difusión pero que en 1980 el fundador del CELS y sus colaboradores fotocopiaron y distribuyeron dos mil copias. Luego fue atrás en el tiempo, rememoró las estrategias de Mignone, Noemí Labrune y demás miembros fundadores para seleccionar 500 de los 4500 casos documentados que había recopilado la APDH y llevarlos a la CIDH. “El impacto del informe fue enorme. Por primera vez los medios tuvieron que publicar lo que sucedía, terminar con la ficción de los enfrentamientos y la descalificación de las víctimas”, destacó. “Se abrió una nueva fase del proceso: la de admisión general de los crímenes y defensa de la impunidad de los perpetradores”, concluyó.

El panel fue el segundo del día. En primer turno expusieron Luz Patricia Mejía y Víctor Abramovich, actuales presidente y vice de la CIDH –que ayer se entrevistaron con miembros de la Corte Suprema y el Senado– y la jueza chilena Cecilia Medina, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Las hormiguitas del capitán Hess

Un caso emblemático que muestra la falta de una estrategia judicial para investigar los vuelos de la muerte

A cuatro años de concluida la investigación sobre el relato del capitán Emir Sisul Hess como piloto de los vuelos de la muerte, la justicia nunca lo citó a declarar. Una demora que muestra la escasa voluntad judicial en avanzar con esas causas.

Por Diego Martínez

El avión Ushuaia, usado para arrojar prisioneros al mar, exhibido en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca.

Son centenares, tal vez miles. Miembros de las tres Fuerzas Armadas, de fuerzas de seguridad y también civiles. Los más jóvenes tienen poco más de cincuenta años. Los mayores rondan los noventa. Un puñado está en prisión. Algunos enloquecieron. Varios trabajan en aerolíneas, nacionales y extranjeras. La mayoría disfruta de hijos y nietos, va a misa y recorre las calles como cualquier vecino. Sólo ellos y sus íntimos conocen el secreto que los degrada: arrojaron a personas vivas, drogadas, indefensas, desnudas, desde aviones en vuelo hacia el vacío. Treinta años después, los vuelos de la muerte aún rinden frutos. Existen casos probados a partir del hallazgo, en costas bonaerenses y rioplatenses, de cadáveres de personas que pasaron por Campo de Mayo, ESMA y Olimpo. Existen miles de desaparecidos a los que se privó hasta de una tumba sin nombre. Existen confesiones públicas y privadas que coinciden en la rotación del personal para sellar el pacto de silencio. No existe, sin embargo, ninguna estrategia judicial para identificar a pilotos y tripulantes.

Si la clandestinidad, la destrucción de pruebas y el silencio impiden poder investigar a fondo cada eslabón del Estado terrorista, identificar a quienes participaron en los vuelos tiene un escollo adicional: no hubo testigos en los aviones. Un sondeo entre querellantes, antropólogos y magistrados sugiere sin embargo que el fin no es utópico. Entre las pruebas disponibles tiene un valor central la confesional, la admisión ante terceros. ¿Alguien pudo no haber relatado la experiencia límite de arrojar a una persona al mar? ¿Morirán los confesores en la complicidad del silencio?

Página/12 publicó ayer la historia de dos aviones Electra en exposición, relatos sobre vuelos de los propios represores y la confesión de un suboficial naval que admitió su participación ante compañeros de trabajo. A cuatro años de concluida la instrucción sobre el relato del capitán de corbeta Emir Sisul Hess como piloto de vuelos de la muerte, la justicia no lo citó a declarar.

“Tipos muy pesados”

Nacido en Bahía Blanca en 1949 y miembro de la promoción 102 del comando naval, Emir Sisul Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora pero mencionada por el cabo Raúl Vilariño, que ya en 1984 denunció los vuelos, como una cobertura de represores de la ESMA.

Hess era aviador naval y paracaidista. Tenía el grado de teniente de corbeta. Sus jefes eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston.

En 1984, citado a declarar por el contralmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, dijo desconocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta, con 41 años, e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort S.A. en Villa La Angostura. En aquel paraíso y en pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llega a la justicia.

“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.

La base de Palomar es la misma que Rodolfo Walsh vinculó a los vuelos en su Carta Abierta a la Junta Militar. “Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto”, calculó en marzo de 1977. Detalló el hallazgo de cuerpos mutilados en costas uruguayas y acusó a las tres Fuerzas Armadas “de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea”. Identificó como jefe al brigadier Hipólito Mariani, condenado a 25 años de prisión por crímenes en Mansión Seré pero libre hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia, y apuntó que “usaron transportes Fokker F-27”.

El testimonio ante la Conadep de Arnoldo Bondar, empleado civil en Palomar, sugiere que no sólo los cautivos de la Armada despegaban desde la base de la Fuerza Aérea. “En reiteradas oportunidades vi llegar camiones de la policía de la provincia cargados de jóvenes de ambos sexos que eran embarcados en aviones a motor de dos hélices, generalmente de la Armada. Desconozco el destino. Esta operación se realizaba al costado de la pista principal y casi siempre llegaban antes algunos patrulleros para montar guardia alrededor del avión”, declaró.

Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares. El abogado, que según el condenado general Santiago Riveros tardó seis años en comprender la lógica castrense, citó un escrito de Hess en el que renegaba por la impopularidad de su oficio. “Un militar se capacita para matar o morir, por supuesto que en salvaguarda de valores superiores. Perder de vista nuestra razón de ser nos puede convertir en cirujanos con aversión a la sangre”, lo citó Varela.

La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ‘90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la justicia.

En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano tras su renuncia, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, donde ya existía la causa 3227/02 sobre los vuelos, una recopilación de listados y legajos de marinos sin procesar. Allí, en un despacho de Comodoro Py, descansa desde hace cuatro años.

dmartinez@pagina12.com.ar

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Al mejor postor

Por Diego Martínez

Página/12 informó ayer que uno de los aviones Electra usados por la Armada en los vuelos de la muerte está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca, otro en manos de un empresario en el partido de Esteban Echeverría, y que “el tercero habría sido desguazado y convertido en chatarra”. No todavía. El aparato, matrícula 5-T-1, bautizado “Antártida Argentina”, está desde la semana pasada en exposición, con vistas a su remate, en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, célebre por la masacre de 1972. El diario El Chubut informó el lunes sobre la “exposición para remate”, dispuesta por el Ministerio de Defensa, de tres aviones Electra. Consignó que “la venta forma parte de una emergencia económica de las Fuerzas Armadas”, que “por su aluminio duro” los aparatos de 17 toneladas “podrían ser comprados por Aluar”, o bien para ser usados “en forma ‘llamativa’ como discoteca o casino, o para filmar películas de catástrofes aéreas como Lost”. El detalle de los modelos que debe rematar el Banco Ciudad lo aportó el spotter (historiador aeronáutico) Carlos Abella en su blog Roll Out. Dos de los aparatos fueron adquiridos en 1982 y 1983, cuando el trabajo sucio de las Fuerzas Armadas había concluido. El tercero es el “Antártida Argentina”, que la Armada compró durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse, llegó al país a fines de 1973 y fue destinado durante la dictadura a la 1ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil, con base en el área militar del aeropuerto de Ezeiza, escala previa a la muerte de una cantidad indeterminada de detenidos-desaparecidos.

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Los vuelos probados

Un método generalizado

Por Diego Martínez

Víctimas de cuatro vuelos de la muerte fueron devueltas a las costas e identificadas. Las primeras, arrojadas al Río de la Plata en mayo de 1976, estuvieron secuestradas en Campo de Mayo. Las segundas, en diciembre de 1977, fueron vistas en la ESMA. El tercero, en febrero de 1978, habría estado también en El Campito. Los últimos, a fines de 1978, pasaron sus días finales en El Olimpo. Los casos evidencian una práctica común y prolongada entre militares que dependían del Comando de Institutos Militares, de la Armada y del Primer Cuerpo de Ejército. También es común la respuesta de los magistrados a cargo de las causas: ninguno investiga quiénes participaron de las desapariciones.

En mayo de 1976 el Río de la Plata arrojó en playas del Uruguay los cuerpos de María Rosa Mora y Floreal Avellaneda, secuestrados un mes antes en Vicente López. Tenían signos de torturas y estaban atados de pies y manos. Las huellas dactilares de Mora y el tatuaje con forma de corazón y las iniciales de Avellaneda permitieron identificarlos. El joven de quince años fue visto en cautiverio en Campo de Mayo, donde funcionaba el Batallón de Aviación 601. El año pasado, a pedido del abogado Pablo Llonto, se abrió en el Juzgado de San Martín el caso 323, “Irregularidades en el Batallón de Aviación 601”. Tras la renuncia de Martín Suares Araujo la megacausa está a cargo del juez subrogante Juan Manuel Yalj, que ante la consulta de Página/12 manifestó su voluntad de investigar y reclamó “que la Corte Suprema nombre personal, para poder salir a buscar pruebas y no tener que trabajar sólo con las que traen los querellantes”.

A fines de 1977 aparecieron en costas de San Bernardo y Santa Teresita los cuerpos de varios familiares de desaparecidos, secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz el 12 de diciembre de 1977. Fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de la monja francesa Léonie Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF. En la causa ESMA, a partir de los casos Scilingo y Hess, se abrió hace siete años la causa conexa 3227 para investigar los vuelos. Hasta el momento es una masa voluminosa de legajos sin procesar.

El 18 de febrero de 1978 apareció en Las Toninas el cuerpo de Roberto Ramón Arancibia, ex miembro del comité central del Partido Revolucionario de los Trabajadores y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue enterrado como NN en el cementerio de General Lavalle, a metros de las Madres fundadoras. Había sido secuestrado en mayo de 1977 y la principal hipótesis de los investigadores es que permaneció en cautiverio en Campo de Mayo. El diagnóstico del EAAF es idéntico al de las Madres.

En diciembre de 1978 el mar arrojó en playas bonaerenses los cadáveres de los últimos cautivos de El Olimpo, enterrados como NN en General Lavalle, General Madariaga y Villa Gesell. Un informe de la época del Departamento de Estado norteamericano detalla gestiones realizadas por tres Madres y una investigación de un enviado de Clarín, archivada cuando un llamado de la oficina de prensa de la dictadura alertó sobre la “inconveniencia” de publicarla. Los cuerpos fueron exhumados por el EAAF y nueve fueron identificados: Helios Serra, Cristina Carreño, Isidoro Peña, Nora Haiuk de Forlenza, Oscar Forlenza, Jesús Peña, Santiago Villanueva, María Cristina Pérez y Carlos Pacino. A pedido de Lorena Pacino, hija de la víctima, el fiscal federal Federico Delgado inició una instrucción preliminar centrada en las bases aéreas de El Palomar y Morón.

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Aviones de la muerte

DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.

Por Diego Martínez

El 5-T-3 Río Grande, en una empresa privada, en Esteban Echeverría.

Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.

El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.
La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.
El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.
El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.
El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.

“El nivel de los subversivos”

La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.
La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:
Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.
–¿Quién era el comandante?
–Capitán Dazzi.
–¿Qué les dijo?
–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.
–¿A todos?
–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.
–¿Por qué había sangre?
–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.
“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.
Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.

El Colorado Ormello

Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.
“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.
“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.
Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.
Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.
El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.

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Fuimos todos

TESTIMONIOS DE REPRESORES SOBRE EL METODO DE ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Policías, miembros del Ejército y de la Armada hablaron desde 1981 de la existencia de los vuelos de la muerte. En 1995 el ex marino Adolfo Scilingo se convirtió en el primer represor en confesar su participación.

Por Diego Martínez

El primer testimonio de un represor sobre los vuelos, en 1981, pertenece a Luis Alberto Martínez, suboficial de la Policía Federal, hoy prófugo por la Masacre de Fátima. Detenido en Suiza por secuestros extorsivos en la Argentina, El Japonés Martínez detalló ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre que, tras los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de Seguridad Federal recurrían a los vuelos.

“Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. Al llegar recibían una inyección, se les decía contra las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército. Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró. Apuntó que el método existió antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975-1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.

Ya en democracia, el cabo Raúl Vilariño se refirió a los “vuelos sin puerta” de la Armada. “Se hacían desde Ezeiza. Se colocaba el avión, se acercaba el camión, se subían los guerrilleros en estado de coma o idiotez y se salía al río. Eran largados desde el aire”, relató a la revista La Semana. “Se les daba una medicación que hacía que no se resistiesen. Los tomaban de a uno y los iban lanzando, sin vestimenta y sin nada que pudiera servir para identificarlos”, contó. Tras la aparición de cuerpos “en playas de Quilmes y Montevideo empezaron a tirarse más adentro, así los cadáveres molestos no volvían a aparecer”, explicó Vilariño, que calificó a la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros como una “cobertura” de quienes operaban en la ESMA.

En 1995 el ex capitán Adolfo Scilingo admitió ante el periodista Horacio Verbitsky su participación en dos vuelos, ambos desde Aeroparque, en un Skyvan de Prefectura y en un Electra de la Armada. “La mayoría participó, era una especie de comunión.” “Era para comprometerlos.” “Venían rotando de todo el país. Alguno puede haberse salvado pero de forma anecdótica”, contó, y categorizó a los victimarios: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo, “invitados especiales” que daban “apoyo moral”, mecánicos, y hasta un cabo de Prefectura que entró en crisis cuando comprendió su misión.

En su declaración ante la Justicia en España y en entrevistas posteriores, Scilingo detalló que la orden para el primer vuelo se la dio el vicealmirante Adolfo Arduino, que murió impune. La columna desde la ESMA hasta Aeroparque la condujo el capitán Jorge Vildoza, prófugo eterno. Compartió el vuelo con el “teniente Vaca”, a quien identificó como el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que está libre, y con el capitán de navío Carlos Daviou, preso en Marcos Paz. Entre los tripulantes que permanecían en actividad, identificó al contraalmirante Basilio Pertiné, cuñado de Fernando de la Rúa, y al almirante Jorge Enrico, jefe del Estado Mayor Conjunto de Carlos Menem, que la semana pasada despidió desde un aviso fúnebre en La Nación a Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia. Entre los capellanes que sedaban las conciencias de los asesinos identificó a Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, sacerdotes en actividad de la Iglesia Católica, igual que el condenado Christian von Wernich.

También en 1995 dos guardias de Campo de Mayo admitieron que el Ejército recurrió al mismo método de desaparecer personas. El sargento Víctor Ibáñez confesó ante el periodista Fernando Almirón que “El Campito”, pegado a la cabecera de la pista del Batallón de Aviación 601, “era el lugar ideal para ocultar idas y vueltas de los aviones: nadie podía ver nada, el perímetro estaba vigilado por Gendarmería”. Dijo que vio subir “hasta ochenta personas” en un vuelo. Mencionó los aviones Twin-Otter, Fokker F27, Hércules y Fiat. En el Hércules viajaban dos pilotos, un ingeniero de vuelo, dos mecánicos y el comisario de a bordo, dijo. Los suboficiales se encargaban de buscar a los prisioneros. Los llevaban en camión hasta la pista, les decían que iban a blanquearlos y, con la excusa de una vacuna, les inyectaban un somnífero. “En menos de un minuto estaban como muertos”, agregó. El “grupo de eliminación” del Ejército también era rotativo, relató.

El suboficial Pedro Caraballo, que ingresó a Gendarmería como trompetista y terminó como guardia del “Campito”, relató ante la Asociación de Abogados que los secuestrados “eran llevados sin cadenas, encapuchados, hasta el avión”. Según la declaración, “les aplicaban inyecciones y caían al suelo, no sabe si vivos o muertos. Le contaron que arriba de los aviones les abrían la panza para que se hundieran rápidamente”. Los vuelos eran “todos los viernes”. A fines de 1977, Caraballo chocó con un auto robado por el Ejército y tuvo la mala idea de declararlo en la comisaría. “Usted es un pelotudo y va a ser castigado”, le advirtió el comandante de Gendarmería Horacio Domato, hoy prófugo. Le dieron de baja luego de dos años preso.

El segundo relato conocido de un marino que admitió su participación es el del suboficial Juan Lorenzo Barrionuevo. Contó Jeringa que un día se cansó de inyectar Pentonaval y pidió volar. “Tenía miedo de no animarme a empujar a la gente al vacío, pero me animé. Me sentía Dios, estaba en mi mano la vida o la muerte. Podía sentir la vibración de los cuerpos por los temblores que causa el miedo”, le confesó a un guardia del hospital de Ushuaia. Barrionuevo murió el año pasado, en libertad, a los 54 años.

El método también se aplicó en Rosario. Eduardo Constanzo, personal civil del Destacamento de Inteligencia 121, contó el año pasado ante el periodista José Maggi, de Rosario/12, que meses antes del mundial de fútbol de 1978 los secuestrados del centro clandestino La Intermedia fueron ejecutados uno por uno. Según consta en el documento con el que se elevó la causa a juicio, amontonaron los cadáveres en una habitación de la quinta, propiedad de la familia Amelong, y los desnudaron. Luego se ordenó “tapar los balazos con pedazos de trapos, porque los pilotos del Hércules se habían quejado” (sic). Los envolvieron en frazadas y los cargaron en un camión Mercedes Benz 608 que partió hacia el aeropuerto de Fisherton. “Los tiraron a la bahía de Samborombón, se los comieron los tiburones”, resumió Constanzo.

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“El objetivo era disciplinar”

Alegatos en el juicio a Jorge Olivera Róvere y los ex jefes de áreas militares porteñas

El CELS pidió reclusión perpetua para el ex jefe de la subzona Capital y destacó que “el plan criminal” de las Fuerzas Armadas tuvo como objetivo “despolitizar y desmovilizar”. Justicia Ya! reclamó idéntica pena y que se considere el delito de genocidio.

Por Diego Martínez

El general Jorge Olivera Róvere está siendo juzgado junto a cuatro de sus subordinados inmediatos.

“Las subzonas tuvieron la responsabilidad primaria, total e indelegable en cuanto a la operativa concreta: determinación de blancos, traslados, lugares de reunión de detenidos.” La afirmación pertenece a Carlos Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército, y fue citada por el abogado Gerardo Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales, para pedir la condena a reclusión perpetua del general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios como ex jefe de la subzona Capital en 1976. Idéntica pena reclamaron los abogados de Justicia Ya!, que además pidieron al Tribunal Oral Federal 5 “una condena de acuerdo a la normativa del derecho interno, pero considerando a los delitos como de lesa humanidad en su sentido específico de genocidio”. Hoy será el turno de la abogada Mirta Mántaras y la semana próxima del fiscal federal Félix Crous.

El juicio a Olivera Róvere y los ex jefes de áreas militares de la ciudad de Buenos Aires, el mayor en términos de cantidad de víctimas desde el Juicio a las Juntas, transcurre desde hace siete meses. A diferencia de lo que ocurre en el interior del país, donde las salas suelen quedar chicas, la asistencia de público al subsuelo de Comodoro Py rara vez supera en cantidad a los policías presentes. Los imputados están excarcelados y tienen una certeza que los tranquiliza: seguirán en libertad aun en caso de ser condenados, criterio que el TOF 5 ratificó con los ex jefes de Mansión Seré. Sólo el coronel Bernardo Menéndez, que se defiende a sí mismo, aceptó el reto de concurrir a las audiencias para escuchar los padecimientos de los familiares de víctimas y de los sobrevivientes de Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio y Automotores Orletti, a quienes reitera una misma pregunta: “¿Pertenecía usted a alguna organización política?”.

Los abogados del CELS destacaron el martes que “la Justicia tardía no es igual a la ausencia de Justicia”, pero también que por los años de impunidad pocos padres de víctimas viven para dar testimonio y demasiados represores murieron sin condena: Suárez Mason, José Montes, Andrés Ferrero y Rodolfo Wehner, entre otros. Consideraron que los 240 secuestros que se imputan representan “una ínfima porción” del universo total pero “brindan una clara muestra de la magnitud de la represión ilegal” y destacaron que “el plan criminal diseñado e implementado por las Fuerzas Armadas” tuvo como objetivo “despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población”.

Los letrados de Justicia Ya! recordaron “el genocidio contra los pueblos originarios para apropiarse de sus tierras”. “Dos siglos, dos genocidios, ambos impunes, ambos para reestructurar las relaciones sociales”, resumió Luis Bonomi. Durante la dictadura “no hubo represión indiscriminada” sino “destrucción sistemática de una parte sustancial de un grupo nacional: destruir la organización y la participación era uno de los objetivos a más largo plazo, cuyas consecuencias padecemos hasta hoy”, agregó.

Los querellantes coincidieron en que “el principal responsable” de la represión en la ciudad fue Olivera Róvere, que el viernes participó del velorio de Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia. Humberto Lobaiza y Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento Patricios y del área II, “tuvieron a su cargo un área geográfica estratégica” y “pusieron a disposición de lo que llamaron ‘lucha contra la subversión’ un escuadrón de más de cien hombres”, destacó Fernández. Felipe Alespeiti, segundo jefe del regimiento, y Bernardo Menéndez, jefe del área V, fueron “eslabones intermedios de la cadena de mandos” y tenían autoridad sobre las comisarías que liberaban las áreas para concretar los secuestros.

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Regresó la obediencia debida

La Cámara Federal de San Martín liberó al ex secretario del Ejército

Aunque está documentada la participación de Eduardo Alfonso en un operativo en el que se asesinó a un hombre y se secuestró a una mujer embarazada, los jueces dijeron que “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”.

Por Diego Martínez

El ex secretario del Ejército Eduardo Alfonso fue liberado por los jueces Jorge Barral y Hugo Fossati.

Acreditar la participación de un militar en un allanamiento ilegal, un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada no es motivo suficiente para procesarlo. Primero porque “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”. Segundo, porque las heridas que recibió bien pudieron haberlo dejado fuera de juego antes de que se cometieran los delitos. El razonamiento pertenece a los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati, de la Cámara Federal de San Martín, y derivó en la falta de mérito y la liberación del general Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejército. Abuelas de Plaza de Mayo repudió “la decisión política de no procesar a autores directos de crímenes de lesa humanidad”, consideró que el tribunal “se sumó a la larga y penosa tradición de buena parte de la corporación judicial de proteger a los genocidas” y anticipó que analiza la posibilidad de impulsar un juicio político contra los camaristas.

El 12 de enero de 1977 el teniente primero Alfonso integró el grupo de tareas que asesinó a Antonio García y secuestró a Beatriz Recchia. La mujer fue trasladada a Campo de Mayo y desapareció tras dar a luz a su hija, que recuperó la identidad en febrero. Alfonso hizo carrera, llegó a general y organizó desde la Secretaría del Ejército la contraofensiva contra la Justicia durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. El año pasado, Página/12 reveló su actuación en los hechos, que surge del Boletín 4148 del Ejército: “Con motivo de operaciones realizadas en Villa Martelli el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en combate”. Citado a declarar, dijo que fue herido pero a quince cuadras, durante “un control vehicular”. El entonces juez Martín Suares Araujo lo procesó y lo envió al penal de Marcos Paz.

La Cámara de San Martín admitió que el militar mintió para ocultar su participación. Luego elaboró un razonamiento que ningún defensor privado se había animado a plantear. Afirmó que la inteligencia fue “fundamental para combatir a la subversión” (sic). Citó al sobreviviente Juan Carlos Scarpatti para destacar que el Comando de Institutos Militares “trataba de rotar” a los miembros de las patotas para “hacerles poner los dedos a todos” e invocó un testimonio anónimo de un supuesto asesor de inteligencia militar para dar por hecho que la orden de participar de un operativo “era emanada como para que un militar concurriera al combate, considerando la situación como de guerra”.

Conclusión: “no puede presumirse el conocimiento” de Alfonso sobre “el real motivo para el que fue convocado toda vez que tales sucesos eran planificados y llevados a cabo por ‘Equipos especiales’ con reserva del objetivo”. Para los camaristas también la prueba documental juega a favor del imputado. “Como consecuencia de las heridas recibidas Alfonso habría quedado de inmediato fuera de combate y ajeno a todo aquello que sucedió con posterioridad”, dado que era “un elemento intercambiable y hasta prescindible en la concreción de los ilícitos que se desplegaban”.

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Proceso a la patota de Galtieri

En Rosario empieza el primer juicio por crímenes de lesa humanidad

Tres oficiales retirados del Ejército y dos agentes civiles que actuaron en Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu serán juzgados desde hoy por 29 privaciones de la libertad, torturas y 17 homicidios agravados.

Por Diego Martínez

El coronel Guerrieri será juzgado junto con los tenientes coroneles Fariña y Amelong.

Rosario comenzará a vivir hoy su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. En el banquillo se sentarán tres oficiales retirados del Ejército y dos agentes civiles de inteligencia, imputados por secuestros, torturas y homicidios ordenados por los ex jefes del Segundo Cuerpo, generales Ramón Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri. Los delitos que llegan a juicio se investigaron en las causas conocidas como “Quinta de Funes” y “Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu”, dos centros clandestinos de la ciudad. El imputado más conocido es el coronel Pascual Guerrieri, que ya tiene una condena, pero goza de arresto domiciliario por ser mayor de 70 años. El más atípico es Eduardo Constanzo, que el año pasado, amenazado de muerte por sus ex camaradas, entregó información sobre víctimas y victimarios.

Raquel Negro, embarazada de siete meses, fue secuestrada en enero de 1978 en Mar del Plata junto con su hijo Sebastián. A pocas cuadras cayó su compañero Tulio Valenzuela. El grupo de tareas del Segundo Cuerpo los trasladó desde Mar del Plata hasta Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. La pareja simuló colaborar hasta lograr la liberación de la criatura de un año y medio. Galtieri decidió luego enviar a sus hombres a México junto con Valenzuela, con la misión de matar o ayudar a secuestrar a miembros de la conducción de la organización, pero infravaloró al oficial montonero: en cuanto tuvo libertad de movimientos, Tucho Valenzuela denunció la operación y obligó al futuro dictador a levantar la quinta.

Tulio y Raquel habían analizado la propuesta a solas y habían acordado cómo desbaratarla, sacrificio mediante de la mujer embarazada tomada como rehén por el Ejército Argentino. Raquel fue trasladada a parir al Hospital Militar de Paraná y aún permanece desaparecida. Tenía 28 años y una larga carrera: JP, Movimiento Villero Peronista, FAR y Montoneros. En enero pasado, su hija nacida en cautiverio recuperó la identidad y conoció a Sebastián. Valenzuela murió un par de años después en el marco de la contraofensiva contra la dictadura. El caso es el más famoso del juicio: Miguel Bonasso lo relató hace 25 años en Recuerdo de la muerte.

Guerrieri será juzgado junto con los tenientes coroneles Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong, que participaron del “Operativo México”, y los civiles Constanzo y Walter Salvador Pagano, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121. El Tucu Constanzo es el primer imputado que llega a juicio tras brindar información sobre delitos cometidos por sus compañeros. Adujo que mientras estaba detenido en un cuartel militar “me quiso matar dos veces el teniente coronel Amelong” y que, por entonces, febrero de 2008, otros represores operaban para que se le revocara la domiciliaria, se lo trasladara a una cárcel, “y que me pase lo mismo que a (Héctor) Febres”, el prefecto de la ESMA que murió envenenado. Excepto Guerrieri y Constanzo, con arresto hogareño, los otros tres imputados estuvieron hasta la semana pasada en el penal de Marcos Paz.

“Quinta de Funes” y “Fábrica Militar” tramitaron por separado durante la instrucción. Como las elevaciones tenían imputados comunes, el Tribunal Oral Federal 1 decidió unificarlas para lograr un proceso más abarcativo en términos de víctimas. Igual, será un botón de muestra frente a las dimensiones del terrorismo de Estado en Santa Fe. Se los juzgará por 29 privaciones ilegales de la libertad y torturas, y 17 homicidios agravados, de personas que continúan desaparecidas. La Cámara Federal porteña que en 1985 juzgó a los ex comandantes dio por probados 668 secuestros en Santa Fe y sólo durante la gestión de Díaz Bessone, hasta octubre de 1976, se registraron 170 desaparecidos.

El tribunal a cargo del juicio lo preside Otmar Paulucci y lo integrarán Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe. La acusación oficial estará a cargo de la fiscal Mabel Colalongo y como querellantes actuarán los abogados de HIJOS Rosario y de la Secretaría de Derechos Humanos. Los imputados tendrán defensores oficiales.

Las audiencias se harán en el segundo piso de Boulevar Oroño 940. La sala fue cuestionada por el espacio “Juicio y Castigo Rosario”, que reúne a testigos, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, porque sus dimensiones son “irrisorias” y obligarán a las víctimas a rozarse con sus torturadores. El presidente del tribunal responsabilizó a los gobiernos local y provincial, a los que requirió sin suerte una sala adecuada. Como sólo podrán ingresar treinta personas, las audiencias se transmitirán en vivo en un salón de la Cámara Federal, donde trabajará la prensa. Una pantalla gigante difundirá en la vereda las imágenes de las audiencias que el tribunal autorizó a transmitir por radio y televisión.

Juicio y Castigo Rosario iniciará la jornada a las 7.30 con una radio abierta frente a tribunales. A las 18 se realizará un acto masivo. Para hoy y mañana se prevé la lectura de la elevación de la causa y los respectivos pedidos de querella y fiscalía. Luego los imputados tendrán su primera oportunidad de declarar, con todas las garantías del Estado de derecho. A partir de la semana próxima comenzarán a declarar los noventa testigos. Antes de fin de año se dictará la sentencia.

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Con un ex juez en el banquillo

Mañana comienza otro juicio en Santa Fe

Por Diego Martínez

El ex juez federal Víctor Hermes Brusa se convertirá mañana en el primer integrante de la corporación judicial sometido a proceso oral y público por delitos de lesa humanidad. Acusado de obligar a personas detenidas a firmar declaraciones bajo tortura, Brusa compartirá el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe con el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, y con cinco ex policías santafesinos.

El principal imputado de la causa era el coronel Juan Rolón, ex jefe de inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército y más tarde del área militar 212. Gracias al “agravamiento ostensible de su salud”, que lo obligaría a estar postrado y con respirador, la Cámara de Casación Penal lo excarceló y más tarde el TOF lo excluyó del juicio. “Enfermo de impunidad y cobardía”, rectificaron HIJOS Santa Fe y Paraná.

Los policías que acompañarán a Brusa y Marcellini son los ex comisarios Mario Facino, Juan Calizto Perizzotti y Héctor Romeo “Pollo” Colombini, el ex oficial de inteligencia Eduardo Alberto “Curro” Ramos y la ex carcelera María Eva Aebi, primera mujer juzgada por su actuación durante la dictadura.

La causa se inició en 2002 cuando el juez federal Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En 2005 el magistrado procesó a Brusa, Aebi, Colombini, Facino, Perizzotti, Ramos y al suboficial del Ejército Nicolás Correa, que murió a tiempo, en 2007. Dos meses después procesó a Marcellini. Les imputó privaciones ilegales de la libertad, vejaciones, apremios, coacción, tormentos y asociación ilícita. Luego la Cámara Federal de Santa Fe apartó al juez Rodríguez porque no había indagado a los imputados por el último delito.

Tras excusaciones y renuncias, presidirá el TOF de Santa Fe el juez Roberto Manuel López Arango, del Tribunal Oral de Paraná. Lo acompañarán como conjueces Carlos Damián Renna y Andrea Alberto De Creus. Como fiscal oficiará Gonzalo Armas. Mañana, a las 8.30, habrá una marcha desde Plaza del Soldado hasta la puerta del TOF. El gobierno provincial transmitirá las audiencias en vivo desde la web www.santafe.gov.ar

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Consecuente hasta el final

Murió Diana Julio de Massot, la directora de La Nueva Provincia

Durante cincuenta y tres años manejó el diario que actuó de portavoz histórico de las sucesivas dictaduras. Anticomunista, antiperonista, católica ferviente, Diana Julio de Massot murió a los 80 años, víctima de cáncer.

Por Diego Martínez

Massot poseía “una cristiana discreción. Hacía del anonimato su regla”.

A sus 80 años, víctima de cáncer, libre e impune hasta el final, murió Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca durante los últimos 53 años. Férrea militante antiperonista y anticomunista, portavoz histórica de la Armada Argentina y de los sectores integristas de la Iglesia Católica, respaldó todos los golpes de Estado del último medio siglo y minimizó hasta el último día los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

Un mes antes de su muerte Canal 7 difundió, por primera vez en televisión abierta, la historia de los obreros gráficos y gremialistas Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y fusilados en 1976 luego de enfrentar durante años a la dirección de La Nueva Provincia, que dedicó veinte líneas a la noticia y nunca fue investigada por la Justicia. La necrológica oficial destaca que su vida y obra se caracterizó por “una cristiana discreción que hacía del anonimato su regla”.

Nieta de Enrique Julio, fundador del diario en 1898, Diana Julio nació en Bahía Blanca el 14 de diciembre de 1928. A los tres años quedó huérfana de madre. Fue criada por una tía y una abuela. Se recibió de bachiller, como pupila, en el colegio Santa Unión de Buenos Aires. A los veinte años se casó con Federico Ezequiel Massot, que iniciaba su carrera diplomática. Lo acompañó en sus primeros destinos, Manila y Sydney, y tuvieron tres hijos: Federico, Vicente y Alejandro. En enero de 1950, mientras vivían en Filipinas, el presidente Juan Domingo Perón clausuró La Nueva Provincia.

Cinco años después Massot participó como comando civil en el derrocamiento de Perón. El 17 de septiembre, tras el bombardeo en Plaza de Mayo, el autodenominado “Comando Naval Revolucionario” lo designó interventor del diario de su familia política. Los viejos anuarios del periódico consignan que Diana Julio asumió como directora en 1959. La necrológica de ayer sostiene que fue en 1956, luego de negarse a acompañar a Massot a la embajada de Londres. La figura paterna, que murió en 1970 luego de prestar servicios en Haití, Costa Rica, Honduras y Pakistán, se esfuma misteriosamente en las historias oficiales.

Diana Julio comenzó entonces una extensa carrera profesional, que la llevó a conformar uno de los primeros multimedios del país tras la adquisición de la radio LU2 y el Canal 9 de televisión. También impulsó la creación de la Asociación de Radiodifusoras Privadas (ARPA) y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Se perfeccionó en la Universidad de Columbia, que la distinguió con el premio Maria Moors Cabot, y tuvo un rol activo en la Sociedad Intera-mericana de Prensa.

Tras el golpe de Juan Carlos Onganía, la directora “reveló su mejor perfil combativo”, explica la crónica oficial, escrita en vida y con esmero. La Nueva Provincia se destacó “por su compromiso indeclinable con la defensa de las más profundas tradiciones nacionales y de los fundamentos de la cultura occidental”, agrega, al tiempo que “hizo causa común con la doctrina pontificia referida a cuestiones de fe y costumbres”. En nombre de la civilización occidental y cristiana, Diana Julio decidió que “no había, con los enemigos de la Nación, negociación posible”, y se especializó en criminalizar a las organizaciones políticas y a los sacerdotes tercermundistas para justificar luego su exterminio. Los propios archivos de la Policía Bonaerense la registraron como “una activa militante anticomunista” y destacaron su predisposición para difundir gacetillas de la Liga Anticomunista Mundial, dedicada a desenmascarar “dirigentes políticos y clérigos cómplices, ocultos o abiertos, de la subversión comunista”.

Dos meses después de la asunción de Héctor Cámpora, la directora invitó a “nuestros hombres de armas” a “reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y proceder sin contemplaciones ni concesiones”, línea que guió no sólo su prédica. En 1975 promovió una “agenda de saneamiento” en la Universidad del Sur, que inició el rumano Remus Tetu, escriba del diario y ex miembro del gobierno colaboracionista de la ocupación nazi, y continuó en 1976 con un juicio por “infiltración ideológica marxista”.

El 24 de marzo tituló su editorial “Refundar la Patria”. Sostuvo que “Argentina es una nación occidental y cristiana” y enumeró como enemigos “al aparato subversivo, el ‘sacerdocio’ tercermundista, la corrupción sindical, los partidos políticos, la usura de la ‘derecha económica’ y la contracultura izquierdizante”. “Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre, sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse la segunda república”, arengó con términos de capellán, y sugirió utilizar una “violencia ordenadora” que “no haga distinciones al emplear su fuerza limpia contra las banderías opuestas”. Durante el tercio de siglo posterior, coherente con su pedido, luchó por la impunidad de los genocidas.

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“Macri no tuvo respeto ni dignidad”

Sergio Burstein, de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA y la renuncia de Palacios

“Jamás va a tener noción de cuánta bronca e impotencia generó”, dijo Burstein sobre la ahora fallida designación de Jorge “Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. También reiteró que “Macri sigue mintiendo”.

Por Diego Martínez

Sergio Burstein, integrante de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA.

“Fueron seis meses de dolor. Macri jamás va a tener noción de cuánta bronca e impotencia generó. Evidentemente ve la historia desde otro nivel.” La reflexión pertenece a Sergio Burstein, de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA, quien acusó al jefe de Gobierno y al ministro Guillermo Montenegro de “defender lo indefendible” y mentir hasta el final “para no asumir el costo político de las críticas”.

–¿Qué lectura hace de la renuncia?

–No puedo decir que sea una victoria, nos rodean muchos muertos, pero creo que empezamos a obrar desde el sentido común. Este final no debió haber existido porque la designación no debió haber existido. Macri logró unir a sectores desunidos, que pensamos diferente más allá de la búsqueda común. La designación estuvo rodeada de mentiras. Me llamaron para decirme que se había dejado sin efecto y tras las elecciones lo nombraron. No se animaron a pagar el costo de que la gente los reprobara con su voto. Se nos faltó el respeto. Ahora se nos dice que somos agresivos. La agresión es del jefe de Gobierno por nombrar a alguien señalado por la Justicia. Deben tener algún dato que no tenemos, porque se dice que es inminente el procesamiento. ¿Hacía falta tanta mentira, tanta miseria humana, tantos calificativos denigrantes? ¿Hacía falta que ni siquiera viniera a honrar a las 85 personas masacradas para no asumir el costo político de las críticas? Hace falta respeto y dignidad y el jefe de Gobierno no las tuvo.

–Macri dijo que fue “una decisión personal” y Montenegro que “intentó persuadirlo” para que no renunciara. ¿Lo sorprenden ambas actitudes?

–Dudo mucho de la palabra del jefe de Gobierno porque ya me mintió una vez. Sólo Palacios sabrá si fue una decisión personal. Tal vez con el tiempo lo sepamos. Quien en definitiva optó por un poco de sentido común fue Palacios. No puedo olvidar la terrible mentira del ministro cuando dijo que el tribunal había tratado el aviso del allanamiento por parte de Palacios. Imposible: el tribunal terminó su trabajo en 2004 y el llamado apareció en 2005. Esa manera de defender lo indefendible fue propia de ambos. Me hubiera gustado que Macri, con todo el dolor del alma, le pidiera la renuncia. Hubiera sido una manera digna de cerrar la historia. Pero no, terminó justificando y pidiendo que dejemos de agredirlo. Por fortuna hubo muchos ciudadanos que con su firma y su voz le hicieron saber que estaban en contra. Y esto no quiere decir que no querramos una policía de la ciudad.

–Usted le aconsejó a Macri que leyera la causa por encubrimiento, ¿sabe si la leyó?

–Se lo dije a Montenegro. Que deje de escuchar a quien lo asesora, el fiscal (José) Barbacchia, y que lea la causa. Un tipo que fue fiscal y juez sabe leer una causa y por los comentarios que hacía era evidente que no la había leído. Simplemente defendían a Palacios. Tomaron la justicia en sus manos y decretaron su inocencia. Recién escuché a Macri decir que AMIA y DAIA lo condecoraron y no cuestionaron el nombramiento. ¡Sigue mintiendo! La condecoración fue antes de que se supiera lo que se supo y cuando se reunieron fueron claros: “No estamos de acuerdo con el nombramiento hasta que la Justicia no se expida”. Eso no es convalidar. Sigue mintiendo para justificar. Eso no habla bien del jefe de Gobierno. Y no es una agresión. Ojalá hubiera dicho “tomamos conciencia que el jefe de policía debe asumir con un consenso ciudadano”, hubiera sido más sencillo.

–¿Le aclararon por qué Macri no fue al acto de la semana pasada?

–No. La versión oficial es que tenía una reunión de gabinete. Tal vez se estaba hundiendo Buenos Aires y lograron evitarlo. Debió ser algo muy terrible para no estar presente en el recordatorio de 85 masacrados en la ciudad que gobierna. Sólo una vez estuvo en un acto como jefe de Gobierno. En éste sabía que iba a recibir críticas y no las afrontó. Eso no habla bien de un político, que debe hacerse cargo de aciertos y errores. Fueron seis meses de dolor. Macri jamás va a tener noción de cuánta bronca e impotencia generó. Evidentemente ve la historia desde otro nivel.

–¿Qué expectativas tiene sobre el futuro de Palacios en la causa por encubrimiento?

–Si me atengo a la presentación del fiscal y a sus respuestas no dudo que va a ser procesado. Pero no hay que perder de vista que la cabeza es Menem, luego Munir, Galeano, Anzorreguy y después Palacios, que por orden de Menem levantó el teléfono y le avisó a un tipo que iban a allanarlo. Por eso tampoco puedo aceptar que digan que fue una operación para desprestigiar a Macri. El 18 de julio de 2005, cuando denuncié en mi discurso el llamado de Palacios, Macri no era jefe de Gobierno. Luego la Justicia tardó tres años en investigar como correspondía. No dudo que va a ser procesado y luego el tribunal oral determinará su responsabilidad. Pero un tribunal, no un jefe de Gobierno o un ministro de Justicia.

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Los 39 que siguen prófugos

EL FACIL ESCAPE DE UN REPRESOR

Por Diego Martínez

El operativo no aparece en los programas de entretenimiento que la policía arma para la TV, pateando puertas de pibes pobres, pero en teoría ocurrió, consta en actas. La orden judicial era allanar y detener a un represor en el barrio de Floresta. El hombre, tres décadas impune, estaba acusado de interrogar a secuestrados en los centros de detención Vesubio y Campo de Mayo como miembro de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601. El principal Walter Prudencio Castillo, enviado por la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, buscó dos testigos y tocó timbre. De repente apareció la hija.

–Fue a ver a mi abuelo al geriátrico, en Avellaneda –dijo.

Con la orden de allanar en el bolsillo, el policía abandonó la casa, caminó hasta un locutorio y pidió instrucciones.

—¡Allane! ¡Búsquelo! –le ordenaron.

Revisó la casa. Nada. Se subió al patrullero hasta que apareció el abogado Eduardo San Emeterio.

–Está en las inmediaciones (sic) aguardando el resultado de mi intervención –le informó, en palabras textuales de Castillo. El principal no se movió del patrullero, ni informó a sus superiores.

–Voy a pedir que le armen un bolso con ropa –agregó San Emeterio.

A los quince minutos volvió para advertirle que no perdiera tiempo. “No se va a entregar”, le informó.

El flamante prófugo es Carlos Eduardo Somoza, tiene 56 años, se formó en Gendarmería, estudió la carrera de fotointérprete en la Universidad del Salvador y vivió hasta el 13 de julio en Concordia 989, esquina Luis Viale. Según declaró en 1984 ante la Conadep el penitenciario Norberto Cendón, hoy prófugo de la Justicia, Somoza era el nombre real de un interrogador del Vesubio. Su nombre de cobertura era “César Ernesto Segal” y usaba los apodos “Gordo” y “Fito”, contó. Sobrevivientes del “Campito”, el mayor centro de detención del país, en Campo de Mayo, también lo recuerdan por sus alias. La coincidencia de las iniciales de Somoza y Segal no es casual: era una obligación impuesta por la ley de personal civil de la SIDE y los servicios de las Fuerzas Armadas.

Aún más preocupante que la eficacia de Carrizo es el motivo por el cual Somoza no fue detenido antes. En octubre de 2007 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le entregó un informe con sus antecedentes a Martín Suares Araujo, entonces juez federal de San Martín. Cuatro meses después el fiscal Jorge Sica reiteró el pedido de detención. El magistrado renunció en diciembre sin pedir la captura. En febrero asumió como juez subrogante Juan Manuel Yalj, quien pidió a la Secretaría datos sobre las víctimas que lo identificaron. La principal era Juan Carlos Scarpatti, que reconoció en la foto de Somoza al interrogador apodado “Gordo”. Mítico militante y testigo central de Campo de Mayo, Cacho Scarpatti murió en agosto de 2008, sin poder ver siquiera la condena de Santiago Riveros.

La orden de detención de Somoza la libró el juez federal Ariel Lijo por su rol en el “Operativo Murciélago”, el secuestro y asesinato de los montoneros que ingresaron al país en 1980 en la “contraofensiva” contra la dictadura, crímenes por los que fueron condenados ocho coroneles del Batallón 601. “Segal” figura en la causa como enviado asiduo a la “base San Pablo”, desde donde se habría coordinado el secuestro de Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock, trasladados a Campo de Mayo y desaparecidos. “Segal” o “Fito” también figura entre los interrogadores de la sobreviviente Silvia Tolchinsky en una de las “casas” que el servicio de inteligencia del Ejército tenía en inmediaciones de Campo de Mayo. Ante la consulta de Página/12, el juez Lijo informó que recibió un pedido de disculpas del jefe de la División Operaciones, que hasta el chubasco de Castillo gozaba de excelente reputación en la Justicia federal.

Peor suerte que Somoza corrió Jorge Oscar Baca, civil del Batallón 601 que en los centros clandestino se hacía llamar “Negro Boyé”. Su nombre de cobertura era Juan Omar Boyé, siempre con idénticas iniciales que el real. Tolchinsky lo mencionó como un “alcohólico” que era secretario del coronel Jorge Luis Arias Duval, jefe de la Central de Reunión del 601. Recordó que la interrogó en Mendoza al día siguiente de su secuestro y que volvió a padecerlo durante su cautiverio en las “casas” cercanas a Campo de Mayo.

Según registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, la lista de represores prófugos asciende a 39. Incluye militares, policías y civiles como el ex juez Guillermo Madueño (foto), que hasta 2004 integró el Tribunal Oral Federal N° 5. El Estado creó en mayo de 2008 una Unidad Especial de Búsqueda, con un fondo de recompensas de cinco millones de pesos, que quince meses después no cuenta aún con un sitio web para que la sociedad conozca sus fotos y prontuarios.

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La lista de los que son buscados

Capital Federal (14)

Causas ESMA-Walsh: Díaz Smith, Jorge Manuel (Prefectura), Di Paola, Francisco Armando (Armada) González, Roberto Oscar (Policía Federal), Linares, Juan Carlos (PF), Salvia, Pedro (PF), Sánchez, Gonzalo (Prefectura), Vildoza, Jorge Raúl (Armada).
Causa Primer Cuerpo: Baraldini, Luis Enrique (Ejército),Cendón, Néstor Roberto (SPF), Cruz, Eduardo Angel (PF). Causa sustracción de menores: Grimaldos de Vildoza, Ana María (civil), Vázquez Sarmiento, Juan Carlos (Fuerza Aérea). Causa Batallón de Inteligencia 601: Somoza, Carlos Eduardo (PCI). Causa Masacre de Fátima: Martínez, Luis Alberto (PF).

Buenos Aires (10)

Mar del Plata. Causa Base Naval: Delgado, Fernando Federico (PCI), Ullúa, Eduardo Salvador (PCI).
Bahía Blanca. Causa Cuerpo V: Alvarez, Aldo Mario (Ejército), Madueño, Guillermo Federico (civil). Bahía Blanca. Causa Puerto Belgrano: Molina, Ricardo Joaquín (Armada). La Plata. Causa Unidad 9: García, Jorge Luis (SPB). La Plata. Causa Raffo: Vidal, Jorge Héctor (policía bonaerense). San Martín. Causa Campo de Mayo: Cardarelli, Nedo Otto (Ejército).
San Martín. Sustracción de menores: Duarte, Roberto Cándido (civil). San Nicolás. Causa Lanzillotto: Escande Lobos, Faustino Sergio (SPB).

Santa Fe (5)

Rosario. Causa Feced: Peralta, César Luis (PCI)–Rebechi, Eduardo (PCI). Rosario. Causa Quinta de Funes: Gertrudis, Héctor (Gendarmería), Isach, Carlos (Policía de Santa Fe). Rosario. Causa Galdame: Tuttolomondo, Antonio (Policía de Santa Fe).
Neuquén. Causa Escuelita (2): Di Pasquale, Jorge Héctor (Ejército), Mendoza, Héctor (policía de Neuquén).
San Juan. Causa Erize: Coronel, Juan Carlos (policía de San Juan). Nieto, Horacio Julio (PSJ).

Tucumán (2)

Causa Vargas Aignasse: Villegas, Norberto Ricardo (Ejército). Causa Carlos Rocha: Schwab, Héctor Mario (Ejército).
Chubut. Causa Masacre de Trelew: Bravo, Roberto Guillermo (Armada)
Formosa. Causa Carrillo: Domato, Horacio Rafael (Gendarmería)
La Rioja. Causa Andrés Angel: Britos, Eduardo Abelardo (Gendarmería)
Salta. Causa Masacre de Palomitas: Arrechea Andrade, Antonio (Ejército).

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