lunes, 9 de noviembre de 2009

Los 28 de los que nunca se habló

Documento exclusivo que revela los nombres de 81 personas que integraban el GT 3.3

La orden firmada por Massera para condecorar a 81 integrantes o colaboradores del Grupo de Tareas de la ESMA reveló la existencia de 28 personas que no fueron denunciadas. Más pruebas para el juicio que comienza la próxima semana.

Por Diego Martínez
/fotos/20091109/notas/nac2.jpg
Facsímiles de la primera y la última hoja de la orden secreta firmada por Emilio Massera.

El 12 de septiembre de 1978, cuando la mayor parte de los secuestrados de la ESMA ya habían sido “trasladados” en vuelos de la muerte, el almirante Emilio Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el Grupo de Tareas 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye secuestradores, torturadores, mecánicos que reparaban autos robados, médicos que atendían partos en cautiverio e inyectaban a las víctimas de los vuelos, aviadores, técnicos aeronáuticos y hasta el electricista que reparaba las picanas. Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros once combatientes serán juzgados desde la próxima semana en Comodoro Py. Ocho están procesados con prisión preventiva. Cinco continúan prófugos. Murieron como mínimo 27: los menos como imputados –incluido el prefecto Héctor Febres, envenenado antes de escuchar su sentencia–, la mayoría en el anonimato. Página/12 investigó y buscó al resto: 28 desconocidos, libres e impunes. Cinco son dueños o directores técnicos de empresas de seguridad privada. Varios hicieron carrera en la Armada y supieron merodear altas esferas de gobierno. Uno fue director de Inteligencia Naval hace apenas cinco años. Otro presidió el Foro de Almirantes Retirados, bastión de lucha a favor de la impunidad de sus miembros.

La resolución secreta lleva el número 745/78. Se titula “Otorgar distinciones a personal componente del Grupo de Tareas 3.3” (GT 3.3). Invoca como fundamento la resolución 736/78, que instituyó premios a protagonistas de “hechos heroicos y acciones de méritos extraordinarios, individuales o de conjunto”, y la firma Massera, comandante en jefe de la Armada. La lista incluye sesenta marinos, ocho miembros de la Policía Federal, tres del Ejército, tres del Servicio Penitenciario Federal, dos de Prefectura y cinco civiles, divididos en cuatro categorías: heroico valor en combate, honor al valor en combate, operaciones de combate a secas, y premio al esfuerzo y la abnegación. Sólo cuatro figuran además como heridos en combate. Excepto los suboficiales, todos son realzados con el rango de Don. La orden escrita firmada por Massera fue incorporada a la causa a cargo del juez federal Sergio Torres hace casi seis meses.

Un operador Florido

La resolución de la Armada, que niega conservar información sobre la guerra sucia, fue incorporada a la causa “a título de colaboración” por el capitán de fragata médico Carlos Octavio Capdevila, procesado con prisión preventiva por atender a mujeres embarazadas en la ESMA a partir de 1979. La condecoración incluye a los colegas que lo precedieron: Carmelo Spatoco, Héctor Reinaldo Ricciardi y el comisario Francisco Antonio Diez, todos fallecidos. El 18 de mayo, preso en el penal de Ezeiza, “Tommy” Capdevila solicitó ampliar su declaración. Explicó que llevaba seis años detenido y consideró injusto que le prorrogaran su prisión preventiva. “Mi colaboración no ha sido tenida en cuenta”, afirmó, y le recordó al juez que varios miembros del GT 3.3 que mencionó en 2007 “no han sido llamados a prestar declaración indagatoria”.

Citó como ejemplo al capitán de navío auditor Pedro Carlos Florido. Reiteró que supo “por comentarios del capitán Acosta que en 1977 y 1978 cumplió funciones” en la ESMA, que lo vio “salir numerosas veces del despacho del capitán (Horacio) Estrada” en 1980, y manifestó su sorpresa de que, lejos de estar detenido, “hasta no hace mucho tiempo siguió manejando nuestras causas como integrante del Servicio de Inteligencia Naval, por tener relación personal con varios jueces federales, entre los que se encuentra Su Señoría y (María) Servini de Cubría”, declaró.

En base al Plan de Capacidades de la Armada y a las directivas del Consejo de Defensa 1/75 “Lucha contra la subversión”, ambos de 1975, Capdevila calculó que la suma de oficiales superiores y jefes que participaron de la guerra sucia asciende a 1200 marinos, “que indudablemente tenían capacidad de decisión”. “Sólo resta a Su Señoría ordenar a la Armada que suministre los datos de quiénes cubrían esos cargos e indagarlos”, propuso.

“En mi modesta opinión todos aquellos que hasta la fecha no aparecieron deben estar muertos”, arriesgó, y para dar con los responsables de los vuelos consideró “imprescindible investigar a la Fuerza Aeronaval 3 de Ezeiza”, dato que coincide con las declaraciones de ex mecánicos del área militar de Ezeiza citados el mes pasado por Páginal12.

Tiburones y panteras

Varios condecorados tuvieron una larga carrera naval. La mayoría pasó a retiro en la década del ’90. Seis siguieron en actividad en el siglo XXI. Héctor Julio Alvarez alcanzó el grado de vicealmirante. En 1998 participó como comandante del Area Naval Austral del primer ejercicio combinado con la Armada de Chile. En la foto que publicó La Nación aparece tomando un café, en Puerto Williams, con el contraalmirante chileno Jorge Arancibia Clavel. En 1999 el presidente Fernando de la Rúa lo nombró director de Personal Naval. Entre 2003 y 2006 presidió el Foro de Almirantes Retirados.

Cinco llegaron a ser contraalmirantes: Gerardo Enrique Ferrer, Jorge Daniel Marquardt, Jorge Horacio Fuertes, Mario José Bilesio y Horacio Luis Ferrari. En septiembre de 2003 el ex presidente Néstor Kirchner designó a Ferrari como Director de Inteligencia Naval, cabeza de la estructura que sería denunciada por el espionaje ilegal en la base Zar. El ex ESMA es también vicepresidente del Centro Naval y “capitán general de rugby” en el club Centro Naval. Un sobreviviente denunció en 2007 que Ferrari era el apellido de “Pantera”, jefe de operaciones del GT 3.3 que reemplazó a Enrique Yon. Otro mencionó al “teniente Ferrari” a secas. El fiscal Eduardo Taiano precisó en su dictamen de 2005 que “Pantera” era en 1977 teniente de navío. El condecorado era en 1978 teniente de fragata. Vive en un departamento de la avenida Libertador.

Entre los distinguidos hay al menos dos sobre quienes obran en la causa datos contundentes. Un “suboficial Mazola” aparece en distintas declaraciones como “ayudante de Acosta y Radice”. En 2005 Taiano incluyó en su dictamen a “Aníbal José Mazola” y apuntó que actuó entre 1977 y 1979 en el sector de logística del GT 3.3. La Armada respondió que ningún suboficial tenía ambos nombres y envió el certificado de defunción de un tal Julio Mazola. Hasta allí llegó la búsqueda de la Justicia. La condecoración precisa el nombre: “Suboficial mayor Domingo Aníbal Mazola”, que hoy tiene 78 años.

Los sobrevivientes recuerdan a tres miembros del Servicio Penitenciario Federal en la ESMA. “Fragote” es Carlos Generoso, preso en Ezeiza. “Paco” es Roberto Naya, prófugo. El tercero se apodaba “Yoli”, “presumiblemente apellidado Guerra”, apuntó el fiscal Taiano. Massera condecoró a tres penitenciarios: Generoso, Naya y el “oficial adjutor Arturo José Guerra”, que hoy tiene 59 años, vive en Ezeiza y llegó a ser alcaide mayor.

Un razonamiento similar se aplica a los miembros de la Policía Federal. Massera condecoró a siete. Ernesto Weber, maestro en el arte de la picana, goza de arresto domiciliario. Juan Carlos Fotea Dineri, alias “Lobo”, está preso en Marcos Paz. Siguen prófugos Roberto González, alias “Federico”, el “Gordo Juan Carlos” Linares y Pedro Salvia, alias “Angosto”. Carlos Pérez, alias “Bicho”, está muerto. El último es el agente Raúl Cabral, cuyo apellido nadie conocía y “tiene que ser Tiburón porque es el único que falta del grupo de la Federal”, apunta un sobreviviente. Taiano incluye a “Tiburón” en 1977 y 1978 en el sector operaciones del GT 3.3.

Abnegados

Las condecoraciones “al esfuerzo y la abnegación” son las únicas que incluyen a civiles. Oscar Hermelo intervenía en la preparación de los autos no identificables que se usaban en los secuestros. “En 1977 era mi subordinado en el Taller de Automotores, hombre de confianza del grupo de tareas”, escribió el capitán Adolfo Scilingo en 1995, cuando el menemismo designó a Hermelo como fiscal de ejecución. El artículo que ese año publicó Horacio Verbitsky incluye una foto en el taller de la ESMA donde Scilingo le entrega una maqueta de un auto en reconocimiento por su labor. Hermelo sobrevivió en el Ministerio Público hasta el mes pasado. Renunció tras una investigación ordenada por el procurador Esteban Righi a partir de una denuncia del legislador Juan Cabandié, nacido en la ESMA. El fiscal Alejandro Alagia consideró probada su actuación en la ESMA.

Gonzalo Torres de Tolosa, también abogado, ex defensor de varios de sus compañeros, está denunciado como asiduo visitante a la ESMA, miembro del sector “automotores”, y pariente lejano del Tigre Acosta. Scilingo declaró que el “Teniente Vaca”, a quien identificó como Torres de Tolosa, lo acompañó en uno de sus dos vuelos de la muerte. Estuvo apenas un día preso, por orden del juez español Baltasar Garzón. Taiano solicitó su detención hace ya cuatro años.

El mérito del “instructor de práctica” Carlos Héctor Gattoni sería el buen mantenimiento de las picanas. “Gattoni era el apellido de un profesor de la ESMA a quien apodaban ‘Gato electrónico’”, recordó un sobreviviente. “Era profesor de electricidad o de física. Había quedado mal de la cabeza después de tirarse un clavado a una pileta vacía. Tenía entre 30 y 35 años, usaba bigotito”, agregó.

Entre los abnegados figura también el suboficial mayor del Ejército Juan Alberto Brezzo, mencionado por Scilingo en “automotores” con “un sueldo espectacular”, y el “instructor de práctica” José Cotelo. El capitán de navío Oscar José Cabrera murió en 1981. El capitán Osvaldo Agustín Garutti, fallecido hace una década, era íntimo del almirante Chamorro, director de la ESMA. El agente civil Luis Antonio Corvini falleció a los 84 años hace menos de un año. Su esposa no recuerda la condecoración aunque sí que “trabajó toda la vida en la ESMA, enseñaba mecánica”. El médico Francisco Antonio Diez, comisario inspector de la Policía Federal y vecino de Palermo nacido en 1920, habría muerto dos años atrás.

dmartinez@pagina12.com.ar

Publicado por en No hay comentarios:

jueves, 5 de noviembre de 2009

“Sí, acá estoy, hijo de puta”

El general Verplaetsen insultó a uno de los abogados querellantes

El ex presidente de facto Bignone y sus secuaces optaron por no hacer uso de la palabra. El ex jefe de Inteligencia de los cuatro centros clandestinos de Campo de Mayo, a quien su abogado quiere que declaren inimputable, insultó a la querella.

Por Diego Martínez
/fotos/20091105/notas/na12fo01.jpg
El general Fernando Verplaetsen fue retirado de la sala de audiencias.

El único que abrió la boca en la tercera jornada del juicio por la represión en Campo de Mayo fue Fernando Verplaetsen. El ex jefe de Inteligencia de los cuatro centros clandestinos, quien según su defensor “no comprende preguntas y no recuerda nada de la época”, escuchó sin dificultad al abogado Pablo Llonto, percibió con claridad cuando mencionó su apellido para decir que “Verplaetsen está prestando atención ahora mismo, acá mismo”, y mientras toda la sala giraba la cabeza para mirarlo dijo con todas las letras: “Sí, acá estoy, hijo de puta”. “La puta madre que te parió”, repitió el general retirado del Ejército de 84 años. Luego el tribunal le concedió la posibilidad de una nueva pericia psicológica, última esperanza del condenado de no tener que enfrentar más juicios en el tiempo que le queda.

“Hicimos la guerra con la doctrina en la mano”, explicaba en 1980 el general Santiago Riveros para escudarse de los crímenes. “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano”, repitió en 2003 el general Reynaldo Bignone, en la comodidad del hogar, ante la periodista Marie-Monique Robin. Ayer tuvieron oportunidad de explayarse sobre doctrinas y prácticas ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y ante los familiares de sus víctimas, que los recibieron con las fotos en alto de sus desaparecidos, pero prefirieron guardar silencio. “Por el momento no”, dijeron uno a uno cuando el presidente del tribunal les ofreció ampliar las indagatorias.

La tercera audiencia del proceso a los ex jefes de Campo de Mayo comenzó con planteos del defensor oficial Juan Carlos Tripaldi. Primero pidió que se evalúe “si Verplaetsen está en condiciones de soportar y entender las exigencias de este juicio oral” y sugirió que tenía problemas de memoria y de concentración que le impedían comunicarse. Luego solicitó que se declaren nulas las declaraciones de todos los testigos que murieron antes del juicio porque “esta defensa no tuvo oportunidad de interrogarlos”. Por último le pidió al tribunal que le adelantara si, en caso de condenar a los represores, pensaba revocarle los arrestos domiciliarios tal como ocurrió con Riveros, Verplaetsen y Jorge García por secuestrar, torturar y asesinar a Floreal Avellaneda. “Hace al juego limpio”, sugirió Tripaldi.

Héctor Sagretti, presidente del tribunal, concedió entonces la palabra a los acusadores. Querellantes y fiscales argumentaron su rechazo y explicaron que la muerte de los testigos tiene relación directa con la impunidad planificada por las Fuerzas Armadas, incluida la orden de Bignone de incinerar los archivos de la guerra sucia. “No quieren que se lean los testimonios porque no quieren escuchar la voz de sobrevivientes y sus familiares”, explicó Llonto, y recordó el fallecimiento en Salta, esta misma semana, de Elida Morales Miy, quien fue secuestrada junto con su hija, debía declarar en carácter de víctima y de testigo (su hija continúa desaparecida) y fue velada con su pañuelo de Madre de Plaza de Mayo.

Llonto explicó que “no podemos traer a declarar a los muertos”, pero que se debía leer “toda la prueba acumulada en más de treinta años de trabajo”. Agregó que los militares “aún conservan en sus casas las armas y los archivos que usaron” y se permitió observar que la actitud de Verplaetsen no se condecía con el diagnóstico de su abogado. “Está prestando atención ahora mismo, acá mismo”, dijo. Con todas las miradas encima, el viejo le dio la razón: “Acá estoy, hijo de puta”, lo insultó. Cuando Llonto concluyó su exposición, los otros querellantes informaron al tribunal del exabrupto. Sagretti explicó que se lo habían advertido tarde, pero igual le llamó la atención al militar, que entonces simuló sordera. “Evite toda manifestación”, le dijo. El defensor Carlos Palermo retiró al actor frustrado de la sala.

Tras un cuarto intermedio de tres horas, el tribunal informó sus decisiones: concedió la pericia a Verplaetsen, rechazó el pedido de nulificar testimonios porque no se había individualizado ninguno y porque “la cuestión debió plantearse en la fase probatoria”, y el pedido de adelantar el modo de cumplimiento de la sentencia “porque todo pronunciamiento implicaría un prejuzgamiento”, leyó Sagretti.

El juez concedió entonces la palabra a los imputados. “Pueden negarse a declarar sin que ello constituya presunción en su contra”, aclaró, y les formuló la pregunta uno a uno. Con la imagen de los rostros de los desaparecidos a la vista, en manos de sus seres queridos, los generales se pasaron el micrófono de mano en mano para informar la negativa. Con el acuerdo de las partes para que las indagatorias se incorporen sin leerlas en voz alta concluyó la primera semana de juicio. Riveros y García lo seguirán desde el penal de Marcos Paz. Verplaetsen desde el Hospital Militar. Bignone, Eugenio Guañabens Perelló y Alberto Roque Tepedino gozan de arresto domiciliario. El ex comisario Germán Montenegro está excarcelado: llega y se va de la sala a pie. El martes a las 9.30 comenzarán a declarar los testigos.

Publicado por en No hay comentarios:

martes, 3 de noviembre de 2009

Las decadentes caras del horror

Empezó el primer juicio oral y público a Bignone y otros jefes de Campo de Mayo

En un galpón de Munro, el último presidente de facto empezó a escuchar las acusaciones en su contra como responsable de cuatro centros clandestinos. El general Espósito fue excluido por su estado de salud. El general Verplaetsen se retiró por “problemas diarreicos”.

Por Diego Martínez
/fotos/20091103/notas/na05fo01.jpg
Los acusados fueron sentados en hilera, el último rostro es el de Reynaldo Benito Bignone.

Ante una sala colmada por más de trescientas personas, una docena de camarógrafos, y con los rostros de los desaparecidos en alto sobre las manos de sus seres queridos, comenzó ayer en un galpón de Munro el primer juicio oral y público al dictador Reynaldo Bignone y a otros ex jefes de Campo de Mayo durante la última dictadura. La noticia del día fue la ausencia del general retirado Eduardo Alfredo Espósito, que por problemas de salud fue excluido del juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. El general Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares del que dependían cuatro centros clandestinos de tortura y exterminio, fue autorizado a retirarse a poco del comienzo con diagnóstico de “diarrea autocontenida”.

El escenario del proceso al último dictador es la antítesis del subsuelo de Comodoro Py, donde en semanas se comenzará a juzgar a los represores de la ESMA. El tribunal y las partes, incluidos los imputados, se mueven con comodidad sobre un escenario que ocupa la mitad de la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento “José Hernández”, separados por policías y dos hileras de vallas a la altura del área grande. En la otra mitad trabajan los reporteros gráficos y se ubican los allegados a las víctimas y a los militares, que ayer se contaban con los dedos de una mano. A la izquierda de los jueces hay una bandera argentina. Sobre sus cabezas no está Jesucristo crucificado. Tampoco hay policías ni judiciales de traje hostigando a la prensa o a las Madres para que se saquen los pañuelos. Sólo habrá que ver cuánto rinden los ventiladores los días en que el sol caliente el techo de chapas.

A las 9.47 ingresaron al tribunal los siete imputados, todos mayores de ochenta años. El general Santiago Riveros, al menos a la distancia, aparenta menos. El rostro pálido de Bignone, que sobresale por la altura, sugiere varios años más. Todos tienen el pelo blanco excepto el ex comisario Germán Montenegro, el único policía, a quien los militares dejaron solo durante el cuarto intermedio. El más a gusto con el rol que no eligió parecía ayer el coronel Alberto Roque Tepedino: petiso y corpulento, el pecho inflado, ceño fruncido, anteojos negros pese a las nubes. La imagen se condice con el imaginario de lo que podría ser un ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 y poco tiene que ver con la del anciano en camiseta y con bolsitas de hacer los mandados retratado hace seis años mientras violaba su arresto domiciliario.

La audiencia inicial comenzó con una serie de comunicaciones de Marta Milloc, presidenta del tribunal. El último informe de los médicos forenses sobre la salud de Espósito destacó su “deterioro neurológico”, explicó la jueza. La resolución de excluirlo se tomó el miércoles pasado y ayer fue notificada a las partes. Luego informó que las audiencias se realizarán de martes a jueves porque dos jueces son titulares en otros tribunales, y agregó que se tratará de respetar el pedido de las defensas para que no superen las cinco horas, de modo de “preservar a sus defendidos”.

Por último hizo constar en actas que a primera hora, cuando agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron a retirar a Verplaetsen del Hospital Militar, los médicos entregaron un informe en el cual le recomendaron “24 horas de reposo” por el cuadro diarreico. Como el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo manifestó que el mal aún lo aquejaba, a las 10.06, veinte minutos después de llegar, fue autorizado a retirarse. El último párrafo de Milloc fueron quejas por los inconvenientes para encontrar una sala acorde (ver aparte) y disculpas a los pibes del barrio que se quedaron sin cancha de fútbol.

La lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que continuará hoy, estuvo a cargo de las secretarias Gabriela Basualdo y Débora Damonte. Sus voces se combinaron con el ruido de la lluvia, que por momentos golpeó duro contra las chapas, y con los bombos de los compañeros de Cacho Scarpati, el principal testigo de la causa, que falleció el año pasado. Desde la primera fila, a la altura de la media cancha, escuchaban atentas Tati Almeida, de Madres Línea Fundadora; Sara Derothier de Cobacho, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Judith Said, del Archivo Nacional de la Memoria; el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak –que escuchó sin pestañear las críticas del tribunal–, y Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. A sus espaldas, cientos de jóvenes, mayoría de remeras negras del “Peronismo 26 de Julio”, y de organizaciones sociales nucleadas en “Justicia Zona Norte” y la Comisión Campo de Mayo. También estuvieron presentes Iris y Floreal Avellaneda, padres del Negrito, la primera víctima de Campo de Mayo por la que se hizo justicia, dos meses atrás, con las condenas de Riveros, Verplaetsen & Cía.

Publicado por en No hay comentarios:

lunes, 2 de noviembre de 2009

“La muerte era una liberación”

Cacho Scarpati, uno de los pocos sobrevivientes de los campos

Scarpati se fugó de Campo de Mayo y dio sus primeros testimonios en España. Duro militante de los ’70, murió el año pasado, a los 68 años. Sus relatos forman parte de la acusación contra Riveros y los demás represores.

Por Diego Martínez
/fotos/20091102/subnotas/nac2.jpg
El ex general Omar Riveros y Juan Carlos Scarpati. El represor y el militante.

Militante de la Resistencia, miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas, oficial mayor de Montoneros, Juan Carlos Scarpati fue secuestrado el 28 de abril de 1977, luego de recibir ocho balazos, incluidos dos en la cabeza que le hicieron perder el conocimiento mientras lo trasladaban a Campo de Mayo. Durante veinte días en estado de coma, cuadro que no impidió interrogarlo, fue asistido por una cautiva que se negó a quitarle la vida. “La muerte era un estado de liberación que no todos tuvieron la suerte de alcanzar”, escribió años después.

Cuando pudo caminar, lo obligaron a realizar tareas de mantenimiento con la capucha verde oliva a media asta, un salto cualitativo en un chupadero donde la regla era pasar día y noche sentado en el suelo, con capucha y grilletes, sin apoyarse, sin hablar y sin moverse, y que además le permitió conocer en detalle los recovecos del mayor centro clandestino del Ejército.

Pronto comprendió que el destino unánime de quienes caían en manos del general Riveros era “el traslado” y comenzó a soñar con la fuga. El 17 de septiembre, en La Plata, donde un compañero había sugerido que el “Loco César” podía marcar una emisora de Radio Liberación, aprovechó un descuido, redujo a un guardia y escapó. Recuperó a su hija y a los tres meses logró salir a Brasil.

En 1979 hizo su primera denuncia pública desde España ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la Cadhu. Dibujó planos, detalló nombres de guerra y apodos de interrogadores, miembros de patotas y guardias. Contó que las sesiones de tortura incluían el uso de picanas automáticas, que durante horas efectuaban descargas eléctricas cada cuatro segundos, además de submarinos, ataques con perros de guerra, palizas hasta el desmayo y prácticas de karate, siempre con el enemigo atado y encapuchado.

“El traslado era sencillo”, dijo: subían a 40 o 50 cautivos adormecidos a un camión, que los llevaba hasta la cabecera de la pista del Batallón de Aviación 601, donde los embarcaban en aviones con destino a alta mar. Antes les sacaban la ropa y la quemaban. Por las letras y números que les asignaban, calculó que hasta su fuga habían pasado 3500 secuestrados por Campo de Mayo. Dio los nombres y apodos que conoció, tarea que continuó durante tres décadas.

“Detrás de cada nombre hay una historia de horror que cuesta imaginar y sin embargo ocurrió”, escribió en 1979. “No fue obra de ‘monstruos’ que cualquier ser normal reconocería apenas los viera. Su aspecto es normal y su actitud también. Tienen hijos, esposas y se creen buenos padres, defensores de ‘la libertad’ y ‘las buenas costumbres’. Las torturas, los desaparecidos, los ‘traslados’, forman parte de la ‘guerra sucia’: es una política previamente calculada y fríamente ejecutada, y no producto de ‘excesos de algunos grupos’ como se pretende hacer creer.” Ese mismo año participó de la elaboración de un documento crítico de las organizaciones armadas y de la fundación en el exilio de la Agrupación Eva Perón. Ya en democracia recorrió los restos de “El Campito” con la Conadep y se convirtió en el principal testigo de la causa.

El 24 de marzo de 2006 habló en Campo de Mayo. “No se entiende la saña y las desapariciones sin la historia previa”, dijo, y enumeró: bombardeos de Plaza de Mayo, secuestro del cadáver de Evita, secuestro y desaparición de Felipe Vallese, fusilamientos en José León Suárez, en la cárcel de Las Heras, en Campo de Mayo y en Lanús; presos del Conintes, traición de Frondizi, cárcel “por querer traer a Perón”. “Hoy todo el mundo reivindica la lucha de los ’70, pero algunos no estuvieron”, advirtió, y reclamó “que cada agrupación levante a los caídos con su identidad política”.

“Hay que empezar a hablar no sólo de si se luchó o no, sino por qué se luchó. La oligarquía y el imperialismo, con el Ejército como mano de obra, luchó por un país con industrias caídas, entrega del patrimonio nacional, desocupados, hambre y exclusión. Nosotros luchamos por una patria más justa, un país con justicia social. La memoria debe ser integral”, reclamó. “Los desaparecidos no eran seres anónimos, tenían un proyecto político, eran luchadores de organizaciones concretas”, machacó. “Los sueños no se sueñan, los sueños se construyen”, enseñó.

Cacho Scarpati murió a los 68 años, el 16 de agosto de 2008, detalle que no le impide estar presente. El Peronismo 26 de Julio, organización que fundó en 1985 y donde aún se lo considera secretario general, se concentrará a primera hora frente al galpón que oficiará de tribunal para exigir “castigo y cárcel común a los responsables de la ignominia” y para homenajear a su líder “como ejemplo de la victoria”.

Publicado por en No hay comentarios:

Bignone, el último presidente de la dictadura

Comienza hoy el segundo juicio por violaciones a los derechos humanos en Campo de Mayo

El ex dictador Reynaldo Bignone será juzgado por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Riveros y Verplaetsen van por su segunda condena. Debuta el coronel Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601.

Por Diego Martínez
/fotos/20091102/notas/na03fo01.jpg
Reynaldo Bignone fue uno de los jefes de los centros de tortura y exterminio que funcionaron en Campo de Mayo durante la dictadura.

Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la Justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”, comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.

Ultima escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.

Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al “Campito” de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces” a quienes “no se les pide adhesión pero sí memoria”. El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.

Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.

El séptimo militar es Tepedino, a quien Página/12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. “El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra”, celebró Riveros.

Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a El Campito, donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “El Alemán”, que usaba una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias “Ginebrón” o “Víctor”, ex responsable del centro clandestino.

Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias “Gordo” o “Fito”, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó Página/12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el Operativo Murciélago. Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años, pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.

Publicado por en No hay comentarios:

sábado, 31 de octubre de 2009

Otro vuelo sobre el océano

Avalaron la extradición a la Argentina de Julio Alberto Poch

El gobierno español aprobó la continuidad del proceso para extraditar al ex piloto de la Armada detenido por su participación en los vuelos de la muerte. Se estima que su traslado al país podría concretarse dentro de los próximos dos meses.

Por Diego Martínez
/fotos/20091031/notas/na14fo03.jpg
Julio Alberto Poch, detenido en España por confesar su actuación en los vuelos de la muerte.

La posibilidad real de juzgar a un piloto de la Armada por arrojar a personas vivas al vacío desde aviones militares comienza a tomar forma. El Consejo de Ministros del gobierno de España aprobó ayer la continuidad del proceso de extradición a la Argentina del teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch, detenido hace cuarenta días en el aeropuerto de Valencia, durante una escala de su último vuelo antes de jubilarse como comandante de la aerolínea holandesa Transavia. La decisión de la administración del socialista José Luis Rodríguez Zapatero pone fin a la estrategia del abogado Gerard Spong, prominente defensor de causas impopulares, quien con el argumento de la doble ciudadanía reclamaba la extradición de su cliente a Holanda. Fuentes judiciales consultadas por Página/12 evalúan que el próximo vuelo de Poch sobre el océano Atlántico, ya no como piloto, se concretará dentro de los próximos dos meses.

Poch es el primer militar argentino detenido por confesar su actuación en los vuelos de la muerte, método probado por la ciencia a partir del estudio de los cadáveres que el mar devolvió y aplicado por las tres Fuerzas Armadas con el visto bueno de la jerarquía católica, según declaró Adolfo Scilingo. Su relato ocurrió en un restaurante de la isla de Bali, en Indonesia, luego de que sus compañeros calificaran de “régimen criminal” a la dictadura argentina, tema sensible en el Reino de los Países Bajos por el caso de Jorge Zorreguieta, ex funcionario del dictador Jorge Rafael Videla y padre de una joven que se casó y tuvo hijos con el príncipe de Holanda. A diferencia de lo que ocurre en las aerolíneas argentinas, que en los ’80 se nutrieron de pilotos y mecánicos militares, los holandeses no dudaron en denunciarlo a la Justicia. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó Geert Geroen Engelkes, ex jefe de Poch.

La investigación del fiscal Ward Ferdinandusse, que incluyó una semana de trabajo en la Argentina, derivó el año pasado en el pedido de detención del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, quien antes se trasladó a Holanda para escuchar a los testigos. La captura de Poch se concretó el 22 de septiembre en España. El 6 de octubre declaró ante Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional. Dijo que “no tuvo nada que ver” con la desaparición de personas. Un día después la embajada argentina en Madrid hizo entrega del exhorto diplomático que ratificó el pedido de extradición y ayer el gobierno de España dio su visto bueno.

La defensa de Poch en Europa estuvo a cargo del penalista Gerard Spong, famoso por el patrocinio de narcotraficantes, del futbolista Patrick Kluivert en una causa por violación y de Bin Laden en un show televisivo. La estrategia de Spong apuntó a lograr la extradición a Holanda. El abogado viajó a Madrid y se paseó por los medios para machacar con la obligación de los Países Bajos de reclamar la repatriación del piloto. “En la Argentina podría estar cinco años sin condena”, advirtió, y amenazó con demandar al ministro de Justicia Hirsch Ballin si no hacía lugar al pedido. Agregó que Poch fue piloto naval, pero sólo de aviones de guerra. “En un cazabombarderos sólo caben dos personas, ambos pilotos”, dijo.

La estrategia incluyó a la esposa del marino, Elsa Margarita Nyborg Andersen, quien en precario holandés concedió una entrevista a un programa de televisión. “Mi esposo nunca voló ese tipo de aviones. Nunca estuvo en la ESMA. Siempre vivimos en Punta Indio y en Bahía Blanca”, dijo, tal vez ignorando que durante la dictadura la Armada les mentía a las familias de oficiales y suboficiales sobre destinos y misiones. Pese a que admitió que dos años atrás Transavia interrogó a Poch sobre los vuelos de la muerte, aseguró que la detención “fue una sorpresa”. La señora no aceptó ser entrevistada por este diario. Hace dos semanas renegó de la “cobertura sensacionalista” del caso en Holanda y prometió analizar la rigurosidad de las notas de Página/12 antes de responder preguntas. Ayer prefirió no emitir comentarios. Sólo dijo que no podía hablar por consejo del abogado argentino Gerardo Ibáñez, quien ya se presentó en el juzgado de Torres con una autorización de su nuevo cliente.

dmartinez@pagina12.com.ar

Publicado por en No hay comentarios:

sábado, 24 de octubre de 2009

Más absueltos que condenados

Final con polémica en el juicio a altos mandos del Primer Cuerpo de Ejército

El general Jorge Olivera Róvere y el coronel Benardo José Menéndez recibieron prisión perpetua, aunque por el momento seguirán libres. Tres ex jefes del Regimiento Patricios fueron absueltos. “Es un paso atrás respecto del Juicio a las Juntas”, señaló un abogado del CELS.

Por Diego Martínez
/fotos/20091024/notas/na11fo01.jpg
Benardo José Menéndez –que recibió perpetua–, Teófilo Saa y Felipe José Alespeiti –absueltos– junto a sus abogados.

Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.

Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.

Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.

Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.

Un paso atrás

La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de “¡cómplices!” y “¡asesinos!” siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. “Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas”, informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. “Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente”, agregó, como anticipo de nuevos “ataques acústicos” para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.

“Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca”, proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. “¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?”, gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. “Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada”, les explicaba a los gritos.

“Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones”, destacó Gerardo Fernández, del CELS. “Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas”, agregó.

“De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal”, resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. “Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo”, agregó, y consideró “irónico” que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio”, reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.

“Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la ‘obediencia debida’ cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto”, consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.

Publicado por en No hay comentarios:

viernes, 23 de octubre de 2009

Sin límites para la prensa

RECLAMO DE ORGANIZACIONES CIVILES ANTE LA CORTE POR LA DIFUSION DE LOS JUICIOS

Asociaciones de periodistas, de editores de medios y organismos defensores de los derechos humanos le plantearon a la Corte su preocupación por las limitaciones al trabajo de la prensa en los juicios a los represores de la última dictadura.

Por Diego Martínez
/fotos/20091023/notas/na17fo01.jpg
Las restricciones en el TOF-5 provocaron numerosas protestas en los Tribunales.

Once organizaciones de la sociedad civil, incluidas asociaciones de periodistas y de editores de medios, manifestaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia su preocupación por las restricciones al trabajo de la prensa en los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Las entidades alertaron sobre normas de ingreso a las salas que “resultan violatorias del principio de publicidad y del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía”, destacaron como “ejemplo más resonante” al Tribunal Oral Federal 5 porteño que hoy dictará sentencia a ex jerarcas militares de la ciudad de Buenos Aires y luego juzgará a represores de la ESMA y reclamaron al alto tribunal una aclaratoria sobre su acordada 29, de octubre pasado, para “garantizar de manera plena el derecho a la información y al control de los actos de gobierno en este proceso de gran trascendencia pública y especial relevancia institucional”.

Los obstáculos del Poder Judicial al trabajo de la prensa no son nuevos. Querellantes y organismos de derechos humanos de todo el país han reclamado mayor publicidad a medida que sus causas llegaron a juicio. La particularidad del nuevo pedido a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, radica en la diversidad de las entidades, que no son parte en juicios a represores: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Poder Ciudadano y hasta la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa, que reúne a los dueños de los diarios, incluidos los críticos a la reapertura de los juicios.

La nota a la Corte analiza la situación en distintas jurisdicciones: desde “buenos ejemplos de relación entre prensa y Justicia” como en La Plata y Córdoba, pasando por “el caso intermedio” de Tucumán, donde detectaron “limitaciones en el ingreso” de los reporteros, de Neuquén y Rosario, donde existen “reales limitaciones materiales para el trabajo de prensa”, hasta el caso extremo del TOF-5 porteño, que dictó seis sentencias sin reporteros en la sala y donde comenzará el mes próximo “un juicio de inconmensurable valor simbólico: la llamada causa ESMA”.

Las organizaciones recordaron que, “en clara contradicción con lo dispuesto por la Corte Suprema”, el tribunal que integran Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado prohíbe el ingreso de cámaras de televisión a la sala y sólo permite a los canales tomar imágenes a través de un circuito cerrado operado por la Policía Federal. La prohibición a los fotógrafos fue absoluta hasta el escándalo en el inicio del juicio al general Olivera Róvere, cuando un secretario del TOF y otro de la Corte cubrieron con sus manos la cámara de un reportero de Télam. Desde entonces sólo autorizan el ingreso de la agencia oficial, aunque con la prohibición de tomar primeros planos de los imputados y fotos del tribunal.

Las organizaciones proponen como criterio general “permitir la toma directa de imágenes y audio”, con “pautas diferenciadas” según las etapas del proceso. Sostienen que “no debería limitarse el ingreso de reporteros gráficos”, estiman “no razonable” prohibir primeros planos de imputados o imágenes de Sus Señorías, sugieren permitir el ingreso de periodistas radiales con grabadores y, frente a las excusas fundadas en “razones de espacio”, proponen buscar alternativas “para una mejor cobertura de estos acontecimientos”.

Publicado por en No hay comentarios:

lunes, 19 de octubre de 2009

“Ayudó a que mucha gente se salvara”

Entrevista con Fernando Albareda, cuyo padre fue asesinado en 1979 por la policía cordobesa

Mañana comienza en Córdoba el primer juicio a ex miembros del Departamento de Informaciones y el tercero a Luciano Benjamín Menéndez. El hijo de Ricardo Albareda reconstruye la historia de su padre, un policía que militaba en el PRT.

Por Diego Martínez
/fotos/20091019/notas/na09fo01.jpg
Fernando Albareda en el lugar donde fue secuestrado su papá, asesinado frente al lago San Roque.

Los recuerdos de los ocho años que Fernando Albareda compartió con su padre son “los mejores”. Quienes lo conocieron le hablaron de “su calidad de persona”. Los compañeros de militancia, de “las vidas que salvó” de una muerte segura. Es que Ricardo Fermín Albareda, asesinado en 1979 por miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores desde un lugar tan valioso como riesgoso: la propia policía provincial. De allí la saña adicional de los asesinos, que luego de torturarlo lo dejaron morir desangrado mientras comían un asado frente al lago San Roque.

A horas del comienzo del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, el primero a ex miembros del D2 y el tercero al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, Fernando habla con orgullo de su padre, de sus compañeros de HIJOS que lo ayudaron a reconstruir su historia, de su hijo Nicolás, que lo acompañará a exigir justicia por su abuelo, y Sol, que se niega a aceptar que le impidan ingresar a la sala de audiencias sólo porque tiene ocho años.

–¿Cómo recordás a tu papá?

–Tengo los mejores recuerdos. Todo lo que compartí con mi viejo fueron momentos lindos, desde que nací hasta que desapareció. Recuerdo ir a la cancha, viajar, comer asados con amigos, excursiones de pesca...

–¿Los amigos eran policías?

–Eran más cercanos a la policía. Por el lugar que él ocupaba, en la militancia estaba muy tabicado, como se decía en la época. También tenía tres hermanos con familias numerosas y los fines de semana nos juntábamos a comer asados, que organizaba papá. Esos momentos lindos desaparecieron junto con él.

–¿Qué explicación te dieron cuando desapareció?

–No hubo mucha explicación, había demasiado temor. Quien me instruyó fue mi maestra de tercer grado, la señorita Nico, con quien tengo hasta hoy una relación excepcional. Recuerdo que en un recreo me sentó en el patio, un día de sol, y me explicó que se vivía una situación complicada, que había gente que pensaba distinto y estaba desaparecida, en cárceles. Me daba fuerza. “Tu viejo va a aparecer”, decía, lo tengo grabado. A la distancia entiendo que trataba de tranquilizarme aunque sabía lo que podía pasar. Era un colegio con doble escolaridad y profesores “progres”, el Integral Mixto, por eso los milicos querían cerrarlo. Mi viejo organizó asambleas con padres y docentes, todo a escondidas, pero a fines de ese año, 1979, cerró para siempre.

–¿Qué lograste reconstruir de su militancia?

–Allá por 2001, en el club Talleres, donde trabajo, mientras discutía con el abogado que tramitaba la reparación, un chico me dice “te voy a dar el teléfono de gente que te va a ayudar”. Me contactó con Martín Fresneda y Agustín Di Toffino, de HIJOS. Me citaron, les conté un poco y desde entonces me acompañaron en la reconstrucción de la vida de mi viejo. Fue duro porque, por el lugar que ocupaba en el PRT, no había muchos datos. Hasta que una mujer que había estado exiliada fue al local a ofrecer ayuda, se entrevistó con una compañera y, entre las personas que recordaba, nombró a mi viejo. Esa misma semana la visitamos, hablamos todo un día. Después su tía terminó de cerrarme el círculo sobre la militancia.

–¿Qué te contaron?

–Que era una persona muy activa. Abocada primero a su trabajo y en los ratos libres a la militancia, tratando de ayudar a los compañeros, porque el lugar que ocupaba le sirvió para salvar a mucha gente, eso lo rescata todo el mundo. Algunos dicen que mi viejo era un infiltrado, pero nada que ver. Primero tuvo el título de policía y después empezó a estudiar en la Universidad Tecnológica, y es ahí cuando a lo mejor le hizo un clic en la cabeza, tal vez por la efervescencia que había por cambiar el mundo, distribuir la riqueza, garantizar la educación pública...

–¿Qué genera saber que salvó muchas vidas? ¿Alivia el dolor?

–Sirve, sin duda. Hace un tiempo conocí a un ex militante fuerte del ERP, que falleció. “Tu viejo tenía el pasaporte y todo listo para exiliarse, pero por ustedes se quedó en el país”, me dijo. Eso para mí le da un valor agregado a todo lo que me cuentan. Personas que lo conocieron en ámbitos distintos destacan su calidad de persona, pero lo que más orgullo me da es que haya ayudado para que mucha gente salvara su vida. Paradójicamente, él no quiso salvar la suya.

–¿El testimonio sobre su muerte lo conociste ya en HIJOS?

–Sí, con Martín investigamos la causa. La denuncia original la hizo mi abuela Blanca, que estaba en Madres de Plaza de Mayo. La causa se archivó con las leyes de perdón de Alfonsín, tenía más de cuatrocientas denuncias acumuladas. Cuando se empezó a revisar el expediente se encontró el testimonio de un ex integrante del D2 sobre la muerte de mi viejo.

–¿Hablaste alguna vez con un ex miembro del D2?

–No, y no lo haría, porque me he manejado siempre con demasiada tranquilidad, tratando de hacer todo a través de denuncias, como corresponde, y creo que con mis compañeros logramos el objetivo de llevar a estas personas a juicio, ofreciéndoles todas las garantías constitucionales que otorga el Estado de Derecho y que ellos no le brindaron a mi papá. Nosotros no somos secuestradores, no somos torturadores ni asesinos, queremos un país sano y justo para todos.

-¿Esperás algo de los represores que van a ser juzgados?

–(Piensa unos segundos.) Pruebas de lo que pasó la noche del 25 de septiembre de 1979 tenemos de sobra. Lo único que espero es que, por arrepentimiento o lo que sea, tal vez un acto de dignidad, me digan dónde está el cuerpo de mi papá. No puedo decir que con eso sería feliz, pero al menos tendría un poco más de tranquilidad, le podría decir a mi familia y sobre todo a mis hijos dónde está su abuelo.

–¿Qué edad tienen?

–Nicolás tiene 18 años y es del primer matrimonio, que se acabó por cuestiones de la vida, aunque tengo una relación maravillosa con la familia de mi ex mujer. Después me casé con María Paz, tenemos a Sol, que paradójicamente nació un 28 de septiembre como mi viejo, y viene en camino Fermín.

–¿Cómo les hablás a tus hijos de su abuelo?

–Con la verdad, por cruda y cruel que sea. Hay que ir llevándolos de alguna manera para que entiendan lo que pasó. Ahora Nicolás es grande y gracias a que siempre le hablamos con la verdad es muy consciente de lo que pasó. Está educado sin ningún rencor, todo lo contrario, sabe que el único camino es la justicia.

–¿Te va a acompañar al juicio?

–Sí, seguro, el lío lo tengo con Sol. No conoce detalles pero sabe que su abuelo está desaparecido y que lo mataron durante el Proceso. De a poquito le contamos la verdad y entiende todo, por eso se armó un lío bárbaro cuando le dijimos que no podía entrar a la sala porque tiene ocho años.

–¿Cómo imaginás el día después de la sentencia?

–Imagino que voy a poder apoyar la cabeza en la almohada y descansar tranquilo. Desde que estoy en esto, más allá de militar en HIJOS y colaborar para juzgar a la mayor cantidad posible de represores, no duermo bien porque todos los días aparece uno nuevo. Eso va a seguir, porque hay muchas personas que colaboraron y ocupan puestos en la administración,los colegios, las facultades, pero creo que cuando termine el juicio voy a dormir un poco más tranquilo.

Publicado por en No hay comentarios:

miércoles, 14 de octubre de 2009

Por ofrecerle cobertura a un prófugo

Procesaron a un empresario que ayudó a un represor
Por Diego Martínez

Ser cómplice de represores prófugos tiene sus riesgos. El empresario Héctor Lapeyrade fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres, imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. La lista de prófugos por secuestros y torturas durante la dictadura tiene 39 nombres, desde marinos de la ESMA hasta el ex juez Guillermo Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 y hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. El Estado ofrece cien mil pesos de recompensa para quien brinde información que permita capturarlos. Sus datos y fotos constan en el sitio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, www.jus.gov.ar, en la solapa “Personas buscadas”.

Corres está preso en Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, donde se apodaba “Laucha”, igual que quien manejaba la picana en la mesa de torturas de La Escuelita. Lapeyrade, de 80 años, es dueño de la petrolera Chañares Herrados, de bodegas Lapeyrade en Viedma y de campos en Mercedes. Era amigo íntimo del padre de Corres, ya fallecido, y según declaró, el represor le daba 4500 pesos por mes a cambio de “diligencias no específicas”. La primera detención de Corres, el 3 de abril de 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino, en Uruguay 824.

El juez federal Norberto Oyarbide consideró probado que Lapeyrade conocía la situación del prófugo, lo invitaba a almorzar, le facilitaba celulares y pases en Autopistas del Sol a nombre de su firma. “A través de los mismos pudo movilizarse y comunicarse manteniéndose en el anonimato”, escribió el juez, que consideró “completamente contradictorio” al descargo del empresario. Lo procesó pero lo dejó en libertad y decretó un embargo de diez mil pesos.

El rol de Lapeyrade se conoció tras la fuga de Corres de la delegación bahiense de la Policía Federal. Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade, declaró que lo visitó tres veces para entregarle sobre cerrados con dinero y provisiones “de parte del patrón”. También recibía plata de manos de su primo Oscar Corres, aunque según declaró eran fondos que le enviaba el empresario. Los ahorros le sirvieron para pagarse el taxi que lo trasladó desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata.

Publicado por en No hay comentarios:

domingo, 11 de octubre de 2009

La votación de la calle

Festejos en la Plaza del Congreso tras la aprobación de la ley

Hubo festejos y abrazos cuando la pantalla mostró los 44 votos positivos. La radio abierta y las murgas se extendieron hasta la madrugada de ayer. La vigilia de la Coalición por una Radiodifusión Democrática había empezado a las cinco de la tarde del viernes.

Por Diego Martínez
/fotos/20091011/subnotas/na06fo01.jpg

Plaza del Congreso, madrugada del sábado. Sobre el escenario, los miembros de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, abocada desde hace un lustro a reemplazar la vieja ley de radiodifusión. En la calle, más de dos mil personas, firmes desde las cinco de la tarde. Desde la pantalla habla el senador Miguel Angel Pichetto. La Cámara se detiene en Julio Cobos. La plaza se irrita, lo llama compadre y le factura a su madre. 2.24 a.m. se anuncia la votación en general. Cuatro mujeres se abrazan. Cuenta regresiva en el reloj del Congreso. “44 votos positivos”. La multitud explota. Se acaba de aprobar en general la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“¡Siete horas de aguante, compañeros!”, arenga la voz que inunda todo. Es medianoche, fresca, agradable. La multitud congregada al atardecer se redujo con las horas. Adentro se debate. Afuera hay radio abierta, música, rondas de mate, pibes que bailan candombe, murgas, parejas abrazadas, señoras en sillas de playa, pastores evangelistas y viejos peronistas con ganas de festejar.

“¿Página/12? La biblia de mi marido”, sonríe María Rosa Milesi, ex docente, dueña de una imprenta. “Vine a título individual en colectivos de CTA de Santa Fe”, aclara. “Esta ley la vamos a seguir construyendo durante veinte años. Es un paso clave para cualquier transformación”, explica. “Esta democracia, así como está, tiene algo jodido: no tenemos la palabra. Hay que redistribuirla”, advierte.

La transmisión, a cargo de las radios Gráfica y De las Madres, llega en vivo al país por la Red de Radios Comunitarias. Un camión oficia de estudio abierto. Una pantalla alterna imágenes de la plaza y de la sesión. Otros la siguen desde una carpa blanca.

“Debemos discutir qué país queremos y con los medios actuales ese debate es limitado”, explica el artesano Carlos Ferrari. “La palabra es el vehículo del pensamiento. Para quienes desean volver al pasado, esta ley no es necesaria. ¿Pero a quién representan los legisladores que se oponen? ¿Al pueblo o a las corporaciones?”, plantea.

“Cine Argentino presente”, apunta la bandera del Incaa. Por tamaño se imponen la JP, el Movimiento 26 de Julio, La Cámpora, la Martín Fierro, la corriente Felipe Vallese, el comedor Los Pibes, la Federación de Tierra y Vivienda, la agrupación Padre Mugica. “Esto se llama presión popular”, celebra el conductor.

“No soy kirchnerista pero apoyo esta ley. Creo que es un momento histórico”, confiesa Luis, contador. “Los monopolios no son nuevos pero en los últimos tiempos se volvieron más explícitos, la sociedad tomó conciencia de que manejan información que es del pueblo”, explica.

A metros de El Culebrón Timbal, pibes y pibas, veinteañeros, bailan sobre el techo de una pick up con banderas de la JP Evita. Por TV en blanco y negro se confundiría con una imagen de viejos bellos tiempos. “Redistribución de la información es redistribución de la riqueza”, explica el conductor. “¡Hoy no salieron las cacerolas!”, festeja.

“La ley de radiodifusión es un legado de la dictadura, una deuda de la democracia”, señala Marcela Fumale, que trabaja en medios alternativos e integra Carta Abierta en Venado Tuerto. “Allá no se puede hablar contra el campo. Los cables fueron monopolizados por Clarín, que fundió a los locales. Quien no paga no puede ver Canal 7 ni canales de Rosario. Los diarios están bancados por pools sojeros que controlan hasta las cartas de lectores. Por eso vine”, cuenta con orgullo.

Desde la pantalla el senador Ernesto Sanz despierta sonrisas. “Nuestro dictamen recoge lo mejor de la tradición radical”, afirma. El conductor de la transmisión lo pisa para refutarlo. “La comunicación no es un negocio, no hable de empresas, senador”, advierte. “Hay que saltar / hay que saltar / el que no salta / es radical”, cantan todos.

“Es un cambio de paradigma. Pasar de pensar la comunicación como negocio a pensarla como un derecho”, resume Verona, joven periodista. “Apoyo la ley porque nunca tuve la posibilidad de trabajar en un medio sin el riesgo de que me echen y no poder encontrar otro porque los dueños son los mismos; porque tengo amigos músicos sin trabajo que no pueden promover su música y realizadores que no pueden realizar”, explica.

En la pantalla una senadora denuncia que el portal de La Nación le hizo decir lo que no dijo. 1.48 a.m. arranca Pichetto. Por unos segundos nadie se mueve. La cámara toma el tablero del Congreso. “A favor: 44. En contra: 24”. El silencio muta en festejo. “¡Vamos, mierda!”, grita el cineasta Coco Blaustein. Todo es abrazos. “¡Patria sí, colonia no!”, corea la plaza. Se entona el Himno Nacional, pogo incluido, y con menos quórum la marcha peronista. Vuelve el baile y comienza el debate individual.

Publicado por en No hay comentarios:

sábado, 3 de octubre de 2009

No se rinden las hormiguitas

Arrestaron a otro piloto de los “vuelos de la muerte”

El capitán Emir Sisul Hess contaba en los ’90 que los secuestrados adormecidos caían al vacío “como hormiguitas”. Página/12 publicó su historia hace tres semanas.

Por Diego Martínez
/fotos/20091003/notas/na09fo01.jpg
Emir Sisul Hess en su casa de Bariloche, donde fue detenido.

Según les contaba a sus compañeros de trabajo, hace un tercio de siglo, cuando integraba la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, el entonces teniente de corbeta Emir Sisul Hess piloteó aviones desde los cuales la Armada Argentina arrojó al mar a secuestrados de la ESMA. Durante el gobierno de Carlos Menem Hess relató ante compañeros de trabajo que cargaban a sus enemigos drogados y “con una bolsa en la cabeza”, y desde la cabina veía que “iban cayendo como hormiguitas”. En 2002, luego de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, la Cámara Federal porteña en pleno ordenó investigar el caso. Tres semanas atrás Página/12 informó que la instrucción había concluido en septiembre de 2005 y estaba archivada en Comodoro Py. El martes, por orden del juez federal Sergio Torres, la Policía Federal detuvo a Hess y allanó su casa de Bariloche, donde secuestró manuscritos y documentos. Ayer fue indagado y trasladado al penal de Marcos Paz.

A catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo ante el periodista Horacio Verbitsky, comienza a revertirse la impunidad de los militares, civiles y capellanes que participaron y consintieron vuelos de la muerte. En menos de un mes se conoció que tres aviones Electra usados para desaparecer personas del mapa permanecen en exposición en bases militares, tomaron estado público nuevas confesiones, se activó el pedido de detención del capitán Julio Alberto Poch, reciclado como piloto en el Reino de los Países Bajos y ahora preso en España a la espera de su extradición y se concretó la captura de Hess.

La sucesión de noticias genera debates en foros de aviadores y en rondas de mate de hangares, y profundos dilemas morales en decenas de pilotos, tripulantes y personal de mantenimiento de líneas aéreas. Por un lado evitan rememorar confesiones macabras oídas en otros tiempos, cuando nada se podía denunciar porque las puertas de la Justicia estaban cerradas. Por otro, admiran el ejemplo de los pilotos holandeses de Transavia que denunciaron a Poch con nombre y apellido, y se saben portadores de información imprescindible para el avance de la Justicia.

Emir Sisul Hess nació en Bahía Blanca el 16 de marzo de 1949. Estudió en el Colegio Nacional de Punta Alta, donde funciona la base naval Puerto Belgrano, y pertenece a la promoción 102 del comando naval. En los dos primeros años de la última dictadura, con el grado de teniente de corbeta, integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base Espora, pero denunciada como una cobertura de represores de la ESMA por el cabo Raúl Vilariño, quien ya en 1984 mencionó los vuelos de la muerte. Sus jefes inmediatos eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston. En esos tres años se produjeron la mayor parte de los vuelos.

En 1984, citado a declarar por el contraalmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, Hess dijo no conocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort SA en Villa La Angostura. En pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llegó a la Justicia.

“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de El Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.

Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess, descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe, pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares.

La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ’90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la Justicia.

En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA. El 7 de septiembre Página/12 relató la historia de Hess. El magistrado activó la investigación y Hess comenzó a organizar un viaje de tres meses a Europa junto con su esposa.

El martes se ordenó y concretó la detención, a cargo de la Policía Federal delegación Bariloche. Fuentes judiciales informaron que durante el allanamiento se secuestró documentación y “manuscritos”, aunque no trascendió el contenido. El jueves llegó a Buenos Aires. Pasó la noche en un calabozo del Palacio de Tribunales. Ayer prestó declaración indagatoria, asistido por un defensor oficial. Por la tarde fue trasladado al pabellón de lesa humanidad del complejo penitenciario de Marcos Paz, que compartirá con Astiz, Cavallo & Cía.

dmartinez@pagina12.com.ar

Publicado por en No hay comentarios:

viernes, 2 de octubre de 2009

Un encierro de 25 años, pero en casa

EL GENERAL RETIRADO JUAN CARLOS COLOMBO FUE CONDENADO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

El Tribunal Oral Federal de Formosa falló que el ex gobernador de facto de esa provincia integró una asociación ilícita, fue coautor de nueve privaciones de la libertad y de dos casos de torturas seguidas de muerte. La pena prevé arresto domiciliario.

Por Diego Martínez
/fotos/20091002/notas/na11fo01.jpg
A los 85 años, Colombo oyó la sentencia a distancia, en una oficina del Consejo de la Magistratura.

–Esperá que me peino –bromeó el general retirado Juan Carlos Colombo ante el fotógrafo de Página/12 dos minutos antes de escuchar por videoconferencia su sentencia por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando era gobernador de facto de Formosa.

–Es arresto domiciliario –fueron las primeras palabras de su esposa, por si el militar de 85 años no había entendido, un minuto después de escuchar la condena a 25 años de prisión hogareña como miembro de una asociación ilícita, coautor mediato de nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas por tormentos, y de dos tormentos seguidos de muerte.

Las escenas transcurrieron en una oficina diminuta del Consejo de la Magistratura, frente a un plasma y una cámara, a 1191 kilómetros del Colegio de Escribanos de Formosa, donde el Tribunal Oral Federal local lo juzgó en ausencia. Gracias a sus problemas de salud, el ahora condenado no pisó la sala de audiencias durante los siete meses que duró el juicio, que tuvo más de 150 testigos, y donde un centenar de personas escuchó ayer la lectura del fallo del juez Eduardo Belforte. Colombo sólo debió trasladarse tres veces al microcentro: una para escuchar la acusación, otra para desentenderse de los crímenes de sus su-bordinados y reivindicar a su compañero de promoción Jorge Rafael Videla –“un ferviente cristiano y un hombre de bien”, en sus palabras–, y ayer para escuchar el veredicto.

El fallo del TOF, que también integran Norberto Giménez y Gladys Yunes, no conformó a los querellantes: habían pedido reclusión perpetua, en cárcel común, y que se considerara que los crímenes no fueron aislados sino parte de un genocidio. Formosa no tiene un solo represor preso. Pedro Velázquez Ibarra, víctima y abogado querellante, lamentó “que el acusado no quebró el pacto de silencio y no dijo dónde están los cuerpos de los desaparecidos formoseños”. Admitió que “si bien no salió la reclusión perpetua, estamos satisfechos porque, por los tiempos biológicos, los 25 años significan lo mismo”. También el representante del Ministerio Público había pedido la máxima pena. Organismos de derechos humanos y miembros de HIJOS escucharon el fallo en la vereda del Colegio de Escribanos.

Colombo es el decimosexto imputado que escucha una sentencia por delitos de lesa humanidad en 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (en el mismo juicio fue absuelto el coronel Alejandro Duret) y en agosto, en San Martín, el general Santiago Riveros y cinco de sus su-bordinados de Campo de Mayo.

Según registros del programa Lucha Contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, sobre 54 condenados por crímenes durante la dictadura hay ahora 15 que gozan de arresto domiciliario. Menos de la mitad (24) están en cárceles comunes. Diez están en la unidad penal de Campo de Mayo, donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular. Y cinco están en libertad, incluidos los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, jefes de Mansión Seré. La próxima sentencia sería la del TOF-5, que juzga al general Jorge Olivera Róvere y a cuatro ex jefes de áreas militares. Si el tribunal no modifica su criterio, pasarán a ser diez los condenados que siguen caminando por la calle.

Publicado por en No hay comentarios:

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Con otro viaje en puerta

El ex piloto Julio Alberto Poch declarará en España el 6 de octubre

El marino que confesó ante sus compañeros de una aerolínea holandesa su participación en los “vuelos de la muerte” deberá responder si acepta ser extraditado a la Argentina, donde el juez Sergio Torres pidió su detención.

Por Diego Martínez
/fotos/20090930/notas/na13fo01.jpg
El ex piloto naval Julio Alberto Poch fue arrestado en Valencia.

El martes 6 de octubre, cuando cumpla sus dos primeras semanas en el centro penitenciario Picassent, en Valencia, el ex piloto naval Julio Alberto Poch deberá responder ante la Justicia de España si acepta o rechaza su extradición a la Argentina. La detención del oficial retirado de la Armada, que confesó su participación en “vuelos de la muerte” ante sus compañeros de la aerolínea comercial Transavia, fue solicitada por el juez federal Sergio Torres luego de una investigación judicial del fiscal holandés Ward Ferdinandusse, miembro del equipo de Crímenes Internacionales del Ministerio de Justicia del Reino de los Países Bajos.

La confesión de Poch tuvo lugar luego de que sus compañeros de Transavia calificaran de “régimen criminal” al último gobierno de facto, que tuvo entre sus funcionarios a Jorge Zorreguieta, papá de la mujer que se casó y tuvo hijos con el príncipe de Holanda. A diferencia de lo que ocurre en las líneas aéreas argentinas, donde no faltaron confesiones de ex pilotos y ex mecánicos militares, los holandeses no dudaron en recurrir a la Justicia. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó Geert Geroen Engelkes, ex jefe de Poch.

La semana pasada, en un comunicado interno, Transavia informó a sus empleados que conoció los rumores sobre la confesión de Poch en 2006. Según informó la prensa holandesa, cuando la empresa le pidió explicaciones, Poch negó su participación en los vuelos. La dirección de Transavia agregó que se sintió respaldada por una investigación protocolar del servicio de inteligencia holandés AIVD, que cada cinco años realiza un examen de seguridad a todos los pilotos. Poch aprobó el suyo en 2004.

El martes pasado, Poch invitó a su esposa y a su hijo mayor, que hizo de copiloto, a acompañarlo en su último vuelo antes de jubilarse: Amsterdam-Valencia. El ex marino de 57 años había comprado allí un departamento en Avenida de La Mota número 32, frente a la playa de Xeraco, que no llegó a habitar: fue detenido en el aeropuerto de Manises. El 6 de octubre declarará en Madrid ante Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional.

Poch es el primer detenido por arrojar personas vivas al mar durante la dictadura, método aplicado por las tres Fuerzas Armadas con el visto bueno de la jerarquía eclesiástica, según declaró en 1995 el capitán Adolfo Scilingo. Tanto oficiales como suboficiales y civiles, pilotos, mecánicos, invitados especiales y capellanes como Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, mencionados por Scilingo como partícipes y responsables de sedar la conciencia de los asesinos, permanecen libres en la Argentina. Página/12 informó hace tres semanas sobre otros dos victimarios confesos: el capitán Hermir Sisul Hess y el suboficial Rubén Ricardo Ormello, radicados en Bariloche y Mendoza respectivamente.

Publicado por en No hay comentarios:

domingo, 27 de septiembre de 2009

El estado del conflicto

COMO FUE EL DESALOJO Y COMO PIENSAN SEGUIR LOS OBREROS DE KRAFT

Después del duro enfrentamiento de ayer, la comisión intentará realizar una asamblea. La planta sigue bajo custodia policial, y si no es posible sesionar no descartan cortar la Panamericana. El comunicado de la CGT.

Por Diego Martínez
/fotos/20090927/notas/na03fo01.jpg

“La empresa violó varias leyes, despidió a delegados con fueros gremiales y no acató dos conciliaciones obligatorias. El Ministerio de Trabajo tenía la fuerza necesaria para hacerlas cumplir y no lo hizo”, explicó con frustración Oscar Coria, delegado de los trabajadores de Kraft Foods (ex Terrabusi), echado hace un mes junto a otros 161 compañeros. Empleado del turno noche, de 46 años, Coria aseguró a Página/12 que “el desalojo fue tremendo”, que “a algunos compañeros les rompieron la cabeza con garrotes” y que se negaron a rubricar actas con acusaciones falsas que pretendieron hacerles firmar los policías que les tomaron declaración en la madrugada del sábado, sin que sus abogados pudieran estar presentes.

La CGT repudió ayer que “los trabajadores fueron desalojados violentamente por orden de un juez, cosa que no ocurrió cuando por cuatro meses se bloquearon las rutas argentinas por las patronales rurales” y advirtió sobre la existencia de un “ánimo desestabilizador” contra el gobierno nacional. También hizo “un llamado a los trabajadores organizados a no caer en la provocación ni en el reclamo desmedido, que sin dudas es funcional a la derecha económica” (ver aparte).

Mañana a las cinco, media hora antes del cambio de turno, los obreros y la comisión interna de Kraft intentarán realizar una asamblea en la planta de Pacheco. “La duda es si la empresa va a dejar entrar a la comisión. Si se puede garantizar que haya asamblea no tenemos dudas de que va a seguir el paro”, advirtió Coria. Agregó que si a los despidos y la represión se suma otra negativa de la ex Terrabusi, no descartan cortar la

Panamericana. Ayer la fábrica continuaba custodiada por efectivos de infantería, mientras personal de mantenimiento quitaba el alambre de púa que Kraft colocó sobre la reja cuando se inició el conflicto. Agrupaciones de izquierda y delegados de trabajadores de otros rubros resolvieron marchar mañana a las 18 desde plaza Congreso hacia Plaza de Mayo. Varios representantes de obreros también concurrirán a apoyar a los trabajadores de la ex Terrabusi antes de que el sol asome.

–¿Cómo fue el desalojo? –le preguntó Página/12 a Coria.

–Fue tremendo. En el mismo momento en que un funcionario del Ministerio de Trabajo de la provincia nos leía un acta de un acuerdo con la empresa vemos que los policías de Infantería rompían las ventanas del segundo piso para llegar a la terraza. Enseguida nos rodean y empiezan a tirar con balas de goma. Algunos compañeros trataron de proteger a las mujeres y otros tiraron lo que tuvieron a mano para frenarlos: unos conos de plástico, algunas piedras, no lo voy a negar, era lo poco que había.

–¿Cuántos eran ustedes?

–Eramos 25 en total, varias mujeres.

–¿Cómo siguió?

–Se nos vinieron encima. Algunos compañeros se entregaron. A uno, con las manos levantadas, le dispararon y lo hirieron debajo de la rodilla. A otra compañera la levantaron de los pelos y le golpearon la cabeza contra el piso varias veces, me han dicho que se ve con claridad en Crónica. Y no contentos con eso, cuando está totalmente dominada, la patean.

–¿Cuáles son las heridas más graves?

–Hay varios con balas de goma. A algunos compañeros les rompieron la cabeza con garrotes.

–¿Fueron dados de alta?

–Sí, a la madrugada. Los atendieron en el Hospital de Pacheco.

–¿A dónde los llevaron después del desalojo?

–Cuando estuvimos todos reducidos nos subieron a un celular, en compartimientos que yo no conocía, de cincuenta centímetros por menos de un metro, de a dos, apretados, con una rejilla que apenas dejaba respirar.

–¿Los llevaron a una comisaría?

–No, la fábrica se convirtió en una comisaría. Tanto en la oficina de personal como en el departamento médico nos tomaron declaraciones, nos sacaron las huellas, era como una comisaría. Compañeros más viejos contaban que la imagen les recordaba el campo de concentración que funcionó en la Ford durante la dictadura.

–¿Quién les tomó declaración?

–La misma policía. Y no dejaron entrar a nuestros abogados.

–¿Estaba el fiscal?

–Entiendo que sí.

–¿Las declaraciones las tomaban policías uniformados?

–Sí, y nos querían hacer firmar un acta con todas las acusaciones. Nos negamos.

–¿A qué hora los liberaron?

–Nos tuvieron ahí hasta cerca de las 4.30. Nos liberaron a todos juntos.

–¿Qué pasó hoy?

–Hoy nos reunimos unos cien compañeros, de los tres turnos. No fue una asamblea. Las asambleas son por turnos y más representativas. La última noche éramos entre 400 y 500 trabajadores.

–¿Cuál es la actitud de los trabajadores que no fueron despedidos?

–De gran indignación. De hecho una gran cantidad de compañeros estaba ayer (por el sábado a la madrugada) esperándonos en la puerta, preocupados. Si se puede garantizar que haya asamblea, no tenemos dudas de que va a seguir el paro adentro de la fábrica. La duda es si la empresa va a dejar que entre la comisión interna para conducir la asamblea.

–¿Todos los miembros de la comisión interna fueron despedidos?

–Despidieron a los principales, cuatro miembros sobre diez.

–¿Qué expectativa tienen?

–La expectativa era de una intervención del Gobierno a favor de los trabajadores, pero lamentablemente se frustró. Habíamos hecho marchas con banderas pidiendo la intervención de la Presidenta en el conflicto y vimos que jugaron en contra de los trabajadores.

–¿Qué le reprocha al Ministerio de Trabajo?

–Que teniendo el poder de policía dictaron dos veces una conciliación obligatoria, la empresa no la acató y no se la hicieron cumplir. La empresa avasalló un montón de leyes, como la que impide despedir a delegados con fueros. Trabajo tenía la fuerza necesaria para hacerla cumplir. Teníamos expectativas, pero nos terminamos dando cuenta de que tuvimos que enfrentarnos no sólo con la empresa, también con el sindicato, el ministerio y la Justicia.

Publicado por en No hay comentarios:
Suscribirse a: Entradas (Atom)