“Fue una actuación de toda la Armada”

Empezaron a hablar los marinos procesados por los crímenes en la ESMA. Adolfo Donda responsabilizó a sus jefes

De los diecisiete marinos, prefectos y policías que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, ayer sólo Donda aceptó explayarse en el uso de la palabra. Denunció un acuerdo en los ’80 de la Armada con los radicales para denunciar sólo a los identificados.

Por Diego Martínez

Jorge “El Tigre” Acosta, Carlos Capdevilla y Adolfo Donda, parte de los procesados por ESMA.

“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, reiteró ayer el capitán Adolfo Donda, imputado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. El ex jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del “acuerdo” entre el gobierno radical y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ’80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, aseguró. Se decidió “sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, dijo, y contó que cuando Raúl Alfonsín y su canciller Dante Caputo visitaban la Agregaduría Naval en Brasil, donde él estaba destinado, “trataban de que no estuviera cerca para que no saliera en la foto”. También declaró el capitán médico Carlos Capdevila, una oración escueta el prefecto Juan Antonio Azic y se negó a declarar el octogenario Manuel García Tallada. La ronda de indagatorias continuará el miércoles con la palabra de Alfredo Astiz.

La mayor parte de las siete horas que duró la audiencia se consumieron en debates sobre temas procesales. Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral 5, informó del rechazo de todos los planteos preliminares: nulidades y prescripciones de los defensores y revocatorias de arrestos domiciliarios de Justicia Ya. El ex canciller Oscar Montes fue el primer convocado a hablar, desde su silla de ruedas:

–No voy a declarar porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales. No ratifico mis dichos ante jueces militares. Niego todos los cargos y no respondo preguntas –recitó de un tirón.

Comenzó entonces una discusión eterna. Los defensores pidieron que no se consideraran indagatorias las declaraciones ante juzgados militares porque, si bien los marinos no juraban decir verdad, eran “exhortados” a hacerlo. El fiscal Pablo Ouviña argumentó que esos relatos deben validarse y recordó que los propios imputados los ratificaron en 1986 ante la Cámara Federal. El defensor oficial Víctor Valle puso más esmero que los particulares. “Para un militar el principio de disciplina es superior al principio de justicia”, destacó. El tribunal anunció un cuarto intermedio de diez minutos que fueron noventa, tomó una resolución que no conformó a nadie y ante nuevos planteos difirió su decisión para el futuro.

No me dejen solo

“Fue una actuación institucional, de toda la Armada”, arrancó Donda, de 64 años. “Sin embargo estoy solo, no hay nadie que haya combatido conmigo en el GT 3.3”, lamentó, en referencia a sus camaradas y jefes de la ESMA entre 1979 a 1981. El marino negó haber participado en sesiones de interrogatorios, que admitió en 1986. “La explicación es sencilla. En una estructura cada uno tiene una función, no varias. La mía era ser jefe de operaciones: la captura y entrega de terroristas”, dijo. “Todos los hechos que aquí se juzgan han sido cometidos en jurisdicción militar, una estructura institucional”, machacó.

Luego describió sus vivencias de las negociaciones entre Alfonsín y los militares tras el retorno de la democracia. En 1983, cuando su apellido ya figuraba en todos los listados de represores, fue enviado a la Agregaduría Naval en Brasil. “Cada vez que venía el canciller (Dante) Caputo trataban de que yo no estuviera cerca para que no saliera en la foto”, recordó, y agregó que “lo mismo (ocurrió) las dos veces que Alfonsín visitó Brasil”.

Citado por el juez Ciro de Martini por el asesinato de Elena Holmberg, declaró y retornó a la Agregaduría. Entonces recibió un ofrecimiento del vicealmirante Ramón Arosa, jefe de la fuerza, para profugarse junto con su familia. En sus palabras: “La Armada se iba a hacer cargo si yo decidía no regresar” a Brasil. Su respuesta, dijo, fue negativa.

Luego comenzó a recibir citaciones de los denominados “juzgados de instrucción militar”, a los que Alfonsín encomendó investigar los crímenes de sus propios miembros. Donda aclaró que el secretario era un oficial superior:

–Mirá, pibe, acá está lo que te vamos a preguntar –lo recibió.

–Señor capitán: ¿por qué yo solo? ¿Dónde están los mandos intermedios? –preguntó Donda.

–Son directivas, pibe. Firmá tranquilo, la Armada está en la precisa.

“La Armada decidió mantener silencio”, recordó, y citó una frase que los marinos adjudican al contraalmirante Barry Melbourne Hussey: “Los oficiales que han sido identificados por el enemigo deberán pasar por la Justicia”. “Los primeros prevaricadores fueron los juzgados militares, que nunca preguntaron por mis jefes”, concluyó el razonamiento. “La directiva era sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, recordó.

A fines de 1986, cuando las cámaras se abocaron a las causas, “la orden era sostener lo dicho en los tribunales militares y de alguna manera mantener silencio”, dijo. “Es difícil que un civil lo comprenda, pero las órdenes eran sagradas, no se concebía romper la lealtad al superior aunque notáramos que se equivocaran”, explicó. Luego lamentó que “la Armada negoció con el poder político” quiénes serían citados y recordó como un elemento central “el centimetraje de cada uno en la prensa”.

Sobre sus quince años de impunidad posteriores sólo emitió elogios involuntarios a Abuelas de Plaza de Mayo, en cuyas causas debió declarar, y a la prensa que recordó su pasado. Dijo que lleva siete años detenido y no conoce al juez Sergio Torres, a quien cuestionó porque “transcurrieron cinco años hasta que citó a declarar a mis superiores”. Sobre los testimonios que lo incriminan, dijo que “tienen muchas verdades pero también mentiras”. Prometió refutar las mentiras pero no aportar verdades.

El dilema

Donda dedicó varios párrafos a su hermano desaparecido, con quien “tenía una unión sentimental muy buena, aunque evidentemente cada uno tenía su propio camino y destino”, reflexionó. Contó que ya en 1972 el Servicio de Inteligencia Naval lo citó para cuestionarle la militancia de José María Donda, que estudiaba en el Liceo Naval. En 1975 volvieron a reprocharle “que no haya dado parte” de sus actividades. “No puedo hacerme responsable de mi hermano”, asegura que respondió.

En 1977, no especificó la fecha, “fuerzas conjuntas allanaron mi casa”. Dijo ignorar el motivo aunque supone que fue para “certificar mis actividades”, que luego de varios segundos con la lengua atragantada definió como “la defensa de la legalidad”. Ese año perdió contacto con José María, pero tuvo un indicio de su suerte: su sobrina fue entregada en guarda por una jueza de menores a la madre de los hermanos Donda, que compartió la guarda con el marino. “Presumí que podían estar presos o desaparecidos”, arriesgó.

En 1979, cuando Rubén Chamorro, director de la ESMA, lo convocó para sumarse al grupo de tareas, le pidió ayuda para resolver “mi dilema”, dijo: “El paradero definitivo de mis familiares”. Agregó que una secuestrada de la ESMA le contó que había militado con José María en la columna oeste de Montoneros y que “muy probablemente” había sido “detenido por la Aeronáutica”. Entabló contacto con dos oficiales de la Fuerza Aérea pero, aseguró, nunca le aportaron ninguna información. Sobre el paso por la ESMA de su cuñada María Hilda Pérez de Donda, que dio a luz en cautiverio a la actual diputada Victoria Donda, el marino no dijo una sola palabra.

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“Es para mí emocionante”

“Es para mí muy emocionante que los responsables estén siendo juzgados”, dijo a Página/12 la monja francesa Geneviève Jeanningros, sobrina de Leonie Duquet, la religiosa secuestrada y asesinada por la Armada en un vuelo de la muerte, identificada un cuarto de siglo después por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Luego de ver de cerca, blíndex mediante, a diecisiete imputados de la ESMA, Jeanningros confesó sentirse “impresionada por la soberbia de los militares”. “Percibo que todavía tienen poder, también por la fuerza de sus abogados”, explicó con mirada serena, la foto de Duquet en la mano y el crucifijo pegado al pecho. Integrante de la congregación Fraternidad de las Hermanistas de Jesús, de origen francés pero radicada en Italia, la monja declaró el 18 de noviembre en el juicio en ausencia al ex almirante Emilio Massera, insano para la Justicia argentina, sano para la italiana. Jeanningros recordó que tuvo poco trato con Duquet porque se radicó en la Argentina en 1949, cuando ella tenía seis años, aunque compartieron varios meses en 1962 y mantuvieron contacto epistolar durante los años siguientes.

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“No sentí gritos de tortura”

El capitán médico Carlos Capdevila no aceptó responder preguntas, pero se explayó sobre los testimonios que lo incriminan. De paso lento, voz suave y mirada extraviada, dijo que estaba medicado, aseguró no recordar su número de documento, pero no tuvo problema para memorizar a qué días de la semana correspondían ciertas fechas de 1979. Admitió que trabajó en la enfermería de la ESMA, pero aseguró que “no he sentido nunca gritos de tortura”. Sugirió que las declaraciones en su contra fueron “inventadas” y que según los testigos “todos estábamos torturando en todos lados”.

El prefecto Juan Antonio Azic, quien en 2003 intentó suicidarse, tampoco recordó su documento. “Niego todo lo que se me acusa, me niego a declarar y a responder preguntas”, fueron sus únicas palabras en público. Comenzó entonces otro debate, sobre si esa frase se podía considerar como una declaración indagatoria. La mera hipótesis “ofende al sentido común”, dijo el fiscal Pablo Ouviña. El tribunal ordenó leer sus testimonios anteriores y difirió para el futuro la decisión sobre la cuestión procesal.

Manuel García Tallada fue aún más breve. “No voy a declarar”, dijo, y escuchó sus relatos anteriores, cuando admitió que “desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó” de la guerra sucia.

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A los represores les llegó la hora de hablar

A PARTIR DE HOY, LOS DIECISIETE ACUSADOS EN EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES DE LA ESMA PODRAN HACER USO DE LA PALABRA

Algunos de los acusados ya declararon en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el ex canciller Montes, el contraalmirante García y el capitán Pernías reconocieron que toda la Armada estaba implicada en la represión.

Por Diego Martínez

El ex canciller de la dictadura Oscar Montes es uno de los acusados que muy probablemente opte por hablar en el juicio.

Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.

Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.

La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.

La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.

Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.

Honra de militar

Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.

–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?

–No tengo conocimiento.

Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.

También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.

–¿Traslado?

–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.

Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.

–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.

–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.

No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.

–Dé un ejemplo práctico.

–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.

–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?

–No recuerdo.

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De la impunidad al procesamiento

Procesaron a dieciséis represores del centro clandestino La Cacha

Son en su mayoría ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Entre ellos están Ibérico Saint Jean y Jaime Smart. El juez platense Manuel Blanco les dictó, además, prisión preventiva. En la causa hay cinco prófugos.

Por Diego Martínez

El ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Smart sumó un nuevo procesamiento.

A tres décadas de los crímenes y a siete años de la reapertura de la causa, el juez platense Manuel Blanco procesó con prisión preventiva a un grupo de dieciséis represores por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha, nombre inspirado en el personaje de la “bruja Cachavacha” que, igual que los militares argentinos, tenía por costumbre hacer desaparecer personas. La mayor parte de los procesados son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, que encabezaba el coronel Alejandro Arias Duval, con arresto domiciliario en Pilar. El mismo privilegio conservan el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart, firmantes del decreto que transfirió al Servicio Penitenciario las instalaciones de la Planta Transmisora de Radio Provincial para transformarlas en campo de concentración.

Cinco de los imputados que Blanco ordenó detener tres semanas atrás burlan con éxito a las fuerzas de seguridad. Los flamantes prófugos son el subprefecto Isaac Crespín Miranda, los civiles de Inteligencia Teodoro Aníbal Gauto y Rufino Batalla, el coronel Enrique Armando Cicciari, quien como miembro del Regimiento de Infantería 7 entregó un recibo de los muebles robados al dueño del departamento que alquilaba la desaparecida Norma Formiga, y el capitán retirado Ricardo Luis Von Kiew, ex miembro de la Central de Reunión de Información (CRI) del Destacamento 101, identificado por sobrevivientes como quien impartía órdenes en La Cacha.

Von Kiew, alias Holandés, es miembro del directorio de Consultora Videco SRL Seguridad Privada, que presta servicios a la Unión Industrial Argentina, la Universidad Católica Argentina y el Jockey Club, entre otras firmas. No es el único ex miembro de La Cacha vinculado con el negocio de la inseguridad. El teniente coronel Roberto Balmaceda, que era jefe de la CRI y ahora está preso en Marcos Paz, figura en registros oficiales como encargado de la sucursal Hurlingham del Grupo Seguridad Norte SRL.

La mayoría de los procesados integraron el Destacamento. Sus oficiales “eran los encargados de recabar la información asumiendo el rol de interrogadores, teniendo la aptitud especial para Inteligencia”, apuntó Blanco. Emilio Herrero Anzorena era jefe de la central de reunión. Los teniente coronel Anselmo Palavezzati y Carlos Romero Pavón fueron jefes de la sección Reunión Interior. También operaban en el 101 el ex carapintada Jorge Di Pasquale, el teniente coronel Ricardo Armando Fernández (ex jefe del Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia), los capitanes Carlos Hidalgo Garzón y Gustavo Cacivio, el suboficial Luis Orlando Perea y el penitenciario Héctor Raúl “El Oso” Acuña, jefe de guardias que en abril comenzaría a ser juzgado por torturas en la Unidad 9 de La Plata.

El juez Blanco también resaltó el rol del personal civil, que se capacitaba a la par de los militares en “curso de inteligencia, contrainteligencia, subversión, contrasubversión, explosivos y técnicas de apoyo como maquillaje (sic), apertura de cerraduras, fotografía y dactiloscopia”. Los civiles procesados son Claudio Raúl Grande, guardia a quien los secuestrados conocían como “Pablo”, y Raúl Ricardo Espinoza, alias Jota. Ambos aseguraron en las indagatorias que se limitaron a recortar y pegar diarios adentro de una oficina. El único marino procesado es el capitán Juan Carlos Herzberg, ex jefe de la Fuerza de Tareas 5, que dependía del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3) y de la Escuela Naval Río Santiago. No pudo ser indagado el civil César Emilio Branne, que estaría en estado vegetativo, y el suboficial Juan Carlos Negri, quien padecería un cáncer terminal.

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Casos que se demoran más de la cuenta

DILACIONES EN EL JUZGAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LA REPRESION ILEGAL

El juicio a los penitenciarios de la Unidad 9 debía comenzar el lunes en La Plata y pasó para el 12 de abril porque falta un juez y resta acondicionar el edificio donde se desarrollará. También podría postergarse otro juicio en Mendoza.

Por Diego Martínez

El juez Carlos Rozansky integra el tribunal que juzgará a los penitenciarios de la U9.

Mientras algunos sobrevivientes ven cada día más lejana la posibilidad de dar testimonio ante sus verdugos, que mueren sin condena o logran eternizar los procesos por achaques previsibles, otros dos juicios a represores se postergan por decisiones emanadas del Poder Judicial. El juicio a los penitenciarios de la Unidad 9, que debía comenzar el lunes en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de La Plata, pasó ahora para el 12 de abril, esta vez por dificultades para cubrir la vacante que dejó Pablo Bertuzzi –subrogante en el tribunal que juzga crímenes en Vesubio– y por la demora en acondicionar el edificio de la AMIA, alquilado el mes pasado por iniciativa del juez Carlos Rozansky. El primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, previsto para el viernes próximo, tiene óptimas chances de postergarse gracias a una decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que apartó al juez Juan González Macías por su supuesta intervención anterior en la causa. Los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) presentaron ayer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, denunciaron que la decisión de Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda es arbitraria y contraria el criterio aplicado en el pasado por el mismo tribunal.

Si durante quince años la impunidad obedeció a decisiones políticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el principal obstáculo para el avance de las causas a partir de 2003 debe buscarse en los propios tribunales: instrucciones eternas, años para resolver recursos, recusaciones y excusaciones, dificultades para conformar tribunales y para conseguir salas adecuadas, excarcelaciones automáticas y un largo etcétera. Los juicios en curso ratifican la ineficacia de la corporación judicial. Los procesos por crímenes en ESMA, Atlético-Banco-Olimpo y Vesubio, con cientos de testigos y una docena de imputados como promedio, se desarrollan a un ritmo pasmoso porque tres tribunales comparten la misma sala de Comodoro Py. El ejemplo del tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demuestra que con voluntad se pueden respetar todas las garantías en el gimnasio de una sociedad de fomento. Pero el ejemplo no cunde: la única alternativa que se barajó en Py fue la sala del Palacio de Tribunales, que está en reparaciones desde hace meses.0

El juicio a los agentes de la U9 se anunció primero para el 3 de diciembre. Los motivos de la postergación original no se conocieron de manera oficial, aunque sí trascendió una interna feroz entre los jueces. Bertuzzi, que llegó en reemplazo de Néstor Lorenzo, pidió de inmediato una auditoría y denunció a Rozansky por irregularidades en la tramitación de causas. Seis secretarios habrían renunciado durante el último año por idéntico motivo. El juez Horacio Insaurralde denunció luego por calumnias a injurias a Rozansky, su compañero en los juicios a Etchecolatz y Von Wernich, que antes había denunciado ante el Consejo de la Magistratura el supuesto “deterioro psicofísico” de su colega.

Previsto para el 15 de febrero, el juicio de la U9 volvió a postergarse para el 8 de marzo, por la jubilación de Insaurralde, que fue reemplazado por el marplatense Roberto Falcone. En el ínterin se conoció un comunicado de empleados y delegados gremiales del TOR: denunciaron que el conflicto entre magistrados perjudicaba el desarrollo de las causas y anunciaron su negativa “a cumplir órdenes sobre tareas ajenas a la función judicial”. Bertuzzi fue reubicado como subrogante en el TOF4 porteño. Su partida y los inconvenientes para reemplazarlo no son el único problema actual. Según la información que difundió ayer el Centro de Información Judicial, también inciden “las reformas que se requieren” en el teatro de la AMIA platense, alquilado el mes pasado a instancias de Rozansky para ampliar la concurrencia a las audiencias que deberá presidir.

Mendoza es noticia recurrente por el rol de sus jueces a favor de represores y por los propios antecedentes de Sus Señorías. Carlos Pereyra González renunció a la Cámara cuando un tribunal puntano ordenó investigarlo por encubrir torturas en dictadura. Por los mismos delitos están denunciados sus pares Otilio Romano y Luis Miret, amigo confeso del general Juan Pablo Saa, ex jefe militar de Cuyo. La Cámara excarceló a fines de 2008 a todos los imputados por crímenes de lesa humanidad. Organismos locales, la Secretaría de Derechos Humanos y hasta el ministro de Gobierno mendocino denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas, que sin embargo cuentan con el respaldo de Casación.

La Sala IV apartó ahora a González Macías con el argumento de que se pronunció en el pasado sobre cuestiones de fondo, al citar a indagatoria a un imputado cuando era juez de la Cámara. Según el recurso de Pablo Salinas y Viviana Beigel, abogados del MEDH, la sentencia es arbitraria porque el dato es falso. Peor aún, sostienen que las causas por las que se pronuncia Casación ya eran cosa juzgada, consentidas incluso por las defensas, por lo que anunciaron que pedirán el juicio político de los camaristas. Mientras los organismos siguen dando lucha, hace dos semanas murió impune y en libertad el coronel Orlando Dopazo, uno de los principales represores de Cuyo durante la dictadura.

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Büsser, embarcado en delitos de lesa humanidad

Por la represión ilegal en Bahía Blanca fueron procesados diez marinos retirados y dos ex penitenciarios

El almirante retirado Carlos Alberto Büsser, quien encabezó el desembarco en las Islas Malvinas, es uno de los procesados por haber comandado en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, el juez Eduardo Tentoni excarceló a los acusados.

Por Diego Martínez

El almirante retirado Carlos Büsser en uno de los traslados a los tribunales.

Diez oficiales retirados de la Armada y dos ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron procesados por la Justicia de Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías durante la última dictadura. La lista incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, famoso por encabezar el desembarco en las Islas Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales, que en estos días afronta su primer juicio por secuestros y torturas en la ESMA. Büsser fue secretario personal de Emilio Massera mientras se planificaba el último golpe de Estado y comandó en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en la zona de Bahía Blanca.

El juez federal ad hoc Eduardo Tentoni destacó que “las condiciones de vida en los centros clandestinos eran inhumanas”, consideró que “la crueldad de los maltratos, tormentos, torturas, vejaciones y violaciones” en los centros clandestinos de la Armada “escapan a cualquier intento de descripción”, pero excarceló a los marinos. “Si la medida se extendiera a imputados por cualquier delito podría pensarse que se instituyó una garantía procesal e implicaría un avance social. Mientras sea sólo para imputados por crímenes de lesa humanidad es un privilegio sumamente discriminatorio”, consideró el fiscal federal Abel Córdoba, quien reemplazó al frente de la investigación al ex fiscal general Hugo Cañón.

La causa por los crímenes de la Armada en Bahía Blanca se reabrió a fines de 2005. En febrero de 2007 se declaró competente Tentoni, que nueve meses después ordenó una inspección ocular en Puerto Belgrano y Baterías. En junio pasado ordenó los primeros procesamientos, que incluyeron a los prefectos Félix Cornelli y Francisco Martínez Loydi, responsables del informe que recomendó “ralear” del diario La Nueva Provincia a los obreros gráficos y delegados que habían enfrentado a la familia Massot en los años previos al golpe, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

El año pasado, por primera vez en tres décadas, un marino confirmó ante la Justicia la existencia de un centro clandestino en la base de Infantería de Marina Baterías, en la ciudad de Punta Alta. El vicealmirante Eduardo Fracassi precisó que funcionó en la sexta batería histórica, agregó que se habilitó “a los fines de trasladar detenidos de la base Puerto Belgrano, que había completado su capacidad de detención”, y que “estaba operado por personal que revistaba en Puerto Belgrano o en la Fuerza de Tareas 2”. Si bien era jefe de la base, Fracassi dijo ignorar detalles del funcionamiento del centro de torturas porque “dependía del comandante de Operaciones Navales”.

Tentoni recordó que ya en abril de 1975 un supuesto infiltrado fue torturado durante más de un mes por oficiales de la Armada en Puerto Belgrano. La víctima fue entonces el cabo principal Juan José Cozzi, que en 1984 identificó entre sus interrogadores a los marinos Juan Alberto Iglesia, Guillermo Martín Obiglio y Remo Omar Busson, entre otros. El juez se pregunta “si hubo algún cambio en el método contrainsurgente luego del golpe militar” y concluye que “la respuesta es obvia: no”.

El “operativo Rosario” no fue la única tarea de Büsser durante la dictadura. Hasta el 29 de marzo de 1976 fue secretario de Massera. Ese año prestó servicios en la Secretaría de Información Pública. En 1977 comandó la Fuerza de Tareas 2 que operó en el sur bonaerense. En 1979, según declaró ante el juez Baltasar Garzón el comandante español Alfonso Morato, Büsser junto con el teniente coronel Quezán lo secuestraron y torturaron durante ocho meses para que confesara ser un espía chileno. El marino era entonces director de Inteligencia Interior de la SIDE. En 1983, cuando las Fuerzas Armadas incineraron los archivos sobre sus crímenes, era jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante su indagatoria admitió que comandó la FT2, dijo que se limitaron a “patrullar la zona para disuadir cualquier actividad terrorista” y que “no hubo detenciones en toda mi gestión”.

La lista de procesados incluye al contraalmirante Angel Lionel Martín, ex comandante de Aviación Naval, y seis capitanes de navío. Hugo Andrés José Mac Gaul fue jefe de Baterías en 1976. Hernán Lorenzo Payba comandó el batallón comando de la Brigada de Infantería de Baterías. Guillermo Félix Botto actuó en 1976 en la sección Inteligencia de la subjefatura Operaciones de Puerto Belgrano, cargo desde el que participó en el montaje en el que fue fusilada Susana Martinelli, vista en cautiverio en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano. El aviador Domingo Ramón Negrete fue comandante de la Base Aeronaval Comandante Espora en 1976.

El capitán Alberto Gerardo Pazos, actual profesor en el Instituto Universitario Naval, actuó en 1977 en la sección de Inteligencia de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA). El juez consideró probado que adiestró “cinco unidades de la FAPA para la lucha antisubversiva” y por su cargo “participó en los interrogatorios y torturas” de varias víctimas vistas por última vez en Baterías, como Cora Pioli o Daniel Carrá, “y también en las decisiones que resolvieron su suerte”. El capitán Enrique De León, profesor de la Universidad del Salvador, fue jefe de Contrainteligencia del departamento operaciones de Baterías. Antes de ser declarado desertor, el conscripto desaparecido Horacio García Gastelú informó a su familia que estaba en una lista de “observados” e identificó en el seguimiento al “teniente De León”. También fueron procesados el capitán José Luis Ripa, el prefecto mayor Héctor Luis Selaya y el alcaide Leonardo Núñez, enlace entre los centros clandestinos y la cárcel de Villa Floresta.

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“Que te cuenten tu historia es un regalo de la vida”

FRANCISCO MADARIAGA QUINTELA, NIETO 101 RECUPERADO

“Sentía que había otra verdad”, relató el joven y contó cómo fue el camino que le permitió recuperar su identidad. Dijo también que “sin las Abuelas sería imposible” y remarcó: “Faltan más de trescientos pibes. Hay que crearles la duda y decirles que se puede”.

Por Diego Martínez

Durante treinta y dos años vivió con identidad falsa, apropiado por Víctor Alejandro Gallo, capitán del Batallón de Inteligencia 601, carapintada, delincuente de fuste, que llegó a gatillarle en la cabeza. “Era su juguete de guerra”, resume. La duda comenzó a los veinte pero hizo falta una década y la presión de los amigos para acercarse a Abuelas. En dos semanas quebró a la apropiadora, supo que nació en cautiverio en Campo de Mayo, que se llama Francisco Madariaga Quintela, que su mamá Silvia ejerció como médica hasta que el Ejército la borró de la tierra, y conoció a su padre, Abel, secretario de Abuelas desde 1983. “Es un regalo de la vida que alguien te cuente tu historia. Hay que pelear por la verdad. Quien busca, encuentra”, enseña.

“El tipo era nazi”, recuerda, y enumera enemigos: zurdos, judíos y negros. La infancia, en San Miguel, fue “con violencia física y psicológica: en lugar de Los Parchís nos hacía escuchar marchas patrias”. El plural incluye a Guadalupe, un año mayor, y Martín, dos menos, hijos biológicos de los apropiadores. Los compañeros de colegio lo señalaban y dudaban: “¿Son hermanos?”. Debieron pasar años para que Francisco, entonces Alejandro Ramiro, pensara en la pregunta.

A sus catorce años los apropiadores se divorciaron. La violencia siguió. “Un día entró con una pistola, le rompió el tabique a ella y me gatilló en la cabeza.” La música y el secundario lo acercaron al tema dictadura. “Era punk, iba a recitales, estaba bien informado, incluso fui a alguna marcha”, recuerda.

La separación y las detenciones de Gallo jugaron a favor: “Tuve la libertad de formarme solo. A los dieciséis empecé a trabajar de cadete: fue mi independencia. Es que te crían con miedo, para que no cruces de vereda. La ignorancia es lo que te impide llegar a la verdad. Más abajo te tienen, mejor te controlan”, afirma.

“A los veinte empiezo a hacer malabares, a viajar como artista callejero, y a formarme, a ser yo como persona. Entonces empiezan las dudas, un gran vacío, cada vez más angustia. Sentía que había otra verdad.”

La relación con las novias fue un indicio. “Las trataba como a una madre. Les hacía una escena cuando se iban. Me faltaba algo, la mujer que me habían sacado, todo lo natural que puede tener un hombre”, dice.

“Malabareando” recorrió el país y el sur de España. Luego la apropiadora lo echó. “Se lo agradezco, me generó dudas enormes. Al estar solo te planteás un montón de cosas.” Gallo le dio trabajo en Lince, una de las tantas agencias de seguridad al servicio de represores. Un día llamó para agradecerle un destino. Al siguiente lo cambió. “Era un juguete de guerra”, explica. Las discusiones incluían amenazas de muerte e invitaciones a pelear.

“La duda era tan grande que decidí enfrentarlo. Sabía que no se iba a quebrar pero confiaba en que alguien del entorno contara la verdad, porque es una asociación ilícita”, propone el tipo penal para los cómplices: “Toda la familia sabía, no fue una mentira de dos personas”.

–¿Por qué el entorno protege al apropiador?

–No lo sé. Es un tipo muy violento. Le falta violar y tiene todo. En la familia decían estar amenazados. Puede ser, pero me secuestraron durante 32 años y nadie me lo comentó. Todos son responsables.

La decisión surgió de una charla en plena borrachera, con Juan y Cristian, “amigos de la vida”, el último sábado de enero.

–Acercate a Abuelas –ordenó Juan.

–¿Y si es mentira? Quedo como un loco.

–Nadie tiene la culpa de dudar.

“Me obligaron”, agradece. “Yo buscaba mi identidad. Mi miedo era que diera negativo y no poder meter preso al tipo.”

El día D era el miércoles 4. Antes gastó los últimos cartuchos. “O él me daba un tiro o me enteraba de la verdad.”

–¿Soy adoptado? –indagó a la falsa abuela paterna.

–¿Querés tomar algo? –lo eludió. “Loca como el hijo”, pensó él.

A horas de visitar Abuelas le dio la última chance a la apropiadora. “Yo era una porquería humana, quería mostrarlo para quebrarla”, contextualiza.

–Decime la verdad. ¿Soy tu hijo? –golpeó la mesa.

Silencio.

–¡Hablá! ¿Soy tu hijo? –gritó.

La mujer negó con la cabeza.

“Ahí se me llenó el pecho de aire. Hubo un silencio terrible. Respiré hondo. No grité. El duelo lo venía haciendo desde hacía rato.”

Gallo le habló de “un huérfano en Campo de Mayo”, le contó la mujer, y ella le propuso criarlo, agregó. A la mañana siguiente lo acompañó a Abuelas. Los recibió un psicólogo. “Marcos sabe preguntar”, agradece. Su DNI falso dice que nació en Campo de Mayo el 7 de julio de 1977. “Ella me recibió con el cordón. No podían haber pasado más de cinco días”, explica.

De inmediato la judicialización, el examen y la espera. “Veía autos por todos lados. Pensaba que me pisaba. Pedía por favor que la cabeza no me falle. Se me caía el pelo del cuerpo.”

Al atardecer del miércoles 17, en un bar de Costanera Sur, Marcos recibe un llamado y propone caminar.

–¿Querés saber la verdad? –anuncia–. Tu nombre es Francisco Madariaga Quintela. Tu papá es compañero mío, un tipazo. Te están esperando en Abuelas.

“Yo lloraba, me reía, veí gente con perros, gritaba como loco. Es un regalo de la vida que alguien te cuente tu historia... Además me sacaba otra mochila del inconsciente: ¿Y si no hay nadie?”

El viaje a Abuelas fue eterno. “Abren la puerta. Veo un montonazo de gente aplaudiendo y Abel esperando, rodeado, porque es importante acá”, aclara con orgullo. “Nos dimos una abrazo, lloramos, fue buenísimo. Cuando nos dejaron solos, le pedí fue una foto de mi mamá”, recuerda.

–¿Te ves parecido a Abel?

–Sí, hasta en la personalidad. Cuando me enojo tengo un carácter bien podrido. Comentan que él también.

“Estoy súper feliz pero el duelo por mi mamá lo voy a tener que hacer. No me la dejaron tener. Fue médica cirujana, luchó por sus ideales, eso es muy importante para mí, porque me pude mantener al margen de esa familia, nunca me traicioné, y saber que tu vieja fue una luchadora, tu papá también, te va llenando todo”, contagia las lágrimas.

–¿Ya te emborrachaste con tus amigos?

–Todavía no, tenían que manejar. Ahora disfruto de Abel, estoy armando el rompecabezas que me escondieron. Muero de ganas de festejar con los pibes. Me hicieron ver la realidad: una duda es una duda. Soy un agradecido de que todo se haya solucionado rápido. Me estaba volviendo loco.

“Sin las Abuelas sería imposible. Es muy pesado enfrentar a estos tipos”, concluye. “Ahora faltan más de trescientos pibes. Hay que crearles la duda y decirles que se puede, que no tengan miedo, que esto es súper confidencial. Hay que pelear por la verdad, que quien busca, encuentra.”

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Con el propósito de hacer justicia

Comenzó el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio

Los acusados son los militares Humberto Gamen, Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli y cinco guardias penitenciarios del que fue uno de los mayores centros de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército. Por ese campo pasaron unos 2500 secuestrados.

Por Diego Martínez

Los represores Ricardo Martínez, Ramón Erlán, Diego Chemes y Pedro Durán Sáenz.

A poco menos de treinta y cuatro años del golpe de Estado, un cuarto de siglo desde el juicio a los ex comandantes y tres años desde que los torturadores Miguel Etchecolatz y Julio Simón comenzaron a rendir cuentas ante un tribunal, los juicios a represores de la dictadura comienzan a afianzarse como una sana costumbre de la democracia argentina. Ayer, en menos de noventa minutos, los policías que custodiaban la sala de audiencias de Comodoro Py vieron partir con esposas a los marinos Acosta, Donda, Astiz & Cía., imputados por crímenes en la ESMA, e ingresar a los militares Durán Sáenz, Gamen y Pascarelli, menos conocidos pero acusados por idénticos delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Vesubio.

El primer juicio oral y público a un grupo de ocho jefes y guardias de uno de los mayores campos de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército, por el que se estiman pasaron dos mil quinientos secuestrados, sufrió varias postergaciones y comenzó en un momento del día atípico, el atardecer, por problemas que ya son costumbre: las dificultades de los poderes Judicial, Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura para cubrir en plazos razonables las vacantes en los tribunales y para encontrar salas de audiencias acordes con el interés que generan los procesos de lesa humanidad.

La última postergación fue por la jubilación de la jueza María San Martino, que no puede dejar el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) hasta que se lean los fundamentos del fallo por la tragedia de LAPA, y se solucionó con la designación como subrogante de Pablo Bertuzzi, quien acababa de ser desginado en La Plata. La falta de salas era un problema ostensible al menos desde abril pasado, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad un juicio se puede realizar en un gimnasio. El ejemplo no cunde en Py: hasta ahora el tribunal que juzga Vesubio compartirá la sala con los de ESMA y Atlético-Banco-Olimpo. Pocas audiencias semanales para centenares de testigos eternizarán los juicios y obligarán a excarcelar más represores por exceder los plazos con prisión preventiva. Cambió el motivo, no el problema, y no aparece la solución.

La política del avestruz

La jornada de ayer arrancó en la calle, al mediodía, con actividades organizadas por H.I.J.O.S.. Entre banderas de organismos y de agrupaciones a las que pertenecieron algunos de los desaparecidos vistos en Vesubio, como el Partido de la Liberación o Vanguardia Comunista, se mezclaron sobrevivientes, familiares y allegados a las víctimas, con artistas como Juan Palomino, el músico Eduardo Schmidt o Fabián Matus, hijo de la fallecida Mercedes Sosa.

“Los amigos de los asesinos de la ESMA decían recién que falta poco, que esto se termina pronto. Hay que estar atentos, compañeros”, advertía micrófono en mano Lita Boitano, histórica de Familiares, desde un trailer reservado a expositores. A las cinco de la tarde militantes y periodistas vieron salir el camión del Servicio Penitenciario Federal con Donda, Astiz & Cía. y se aprestaron para el comienzo del nuevo juicio. Detalle no menor: a diferencia de la costumbre que impuso el TOF5 en tiempos de Guillermo Gordo, cuando los periodistas debían firmar una papeleta en la que certificaban que el tribunal garantizaba el principio de publicidad que en la práctica incumplía, ayer ni siquiera fue necesario acreditarse. A las 17.55 el murmullo viró en silencio: de saco y corbata, esposados, con las manos adelante, ingresaron cinco penitenciarios que supieron ser guardias del Vesubio y hoy promedian sesenta años: Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez. Detrás, sin esposas, entraron el general Humberto Gamen y los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli. Los tres están libres. El fiscal Félix Crous reclamó que sean detenidos durante el juicio, argumentó que la cercanía de la sentencia puede incentivar las fugas, citó el antecedente Febres para destacar que en caso de confesar la verdad, la libertad los pondría en riesgo, recordó que el criterio se aplicó en Córdoba, Santa Fe, Neuquén y San Martín, pero no conmovió al TOF4, que también integran Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini.

Cuando vio ingresar a la docena de fotógrafos, el coronel Pascarelli, 82 años, ex jefe del área militar 114 dentro de la que funcionó Vesubio, se escondió detrás de su abogado, que sonrió para las cámaras. Cuando los reporteros buscaron el filón para disparar, Pascarelli se cubrió la cara. Un periodista lo comentó en la bandeja superior y la mujer de un imputado, de ceño fruncido y blusa almidonada, reivindicó al soldado:

–¡Claro que se cubren! ¡Lo bien que hacen!

–¿Le parece bien que se escondan como avestruces?

–Claro que sí –ratificó la mujer, con un rosario en las manos, mientras el joven que la acompañaba la observaba con pena.

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Bravo, el que pegó los tiros de gracia

FUE DETENIDO AYER EN MIAMI UNO DE LOS REPRESORES QUE PARTICIPO DE LA MASACRE DE TRELEW

El teniente de navío retirado Roberto Bravo fue capturado en Estados Unidos, donde vive desde los ’70. Tres sobrevivientes de la masacre lo señalaron como el encargado de rematar a las víctimas. Ahora se inicia el proceso de extradición.

Por Diego Martínez

En agosto de 1972 fueron fusilados dieciseís presos políticos en la base Almirante Zar. El juicio a seis acusados empezaría en abril próximo.

A treinta y siete años, seis meses y tres días de la Masacre de Trelew, cuando oficiales de la Armada fusilaron a dieciséis presos políticos en la base Almirante Zar, fue detenido ayer en Miami el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, sindicado por los tres sobrevivientes como quien recorrió los calabozos para darles el tiro de gracia a las víctimas. La captura de Bravo, radicado en Estados Unidos desde los años ’70 y presidente de una empresa que factura millones de dólares a cambio de servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas, fue solicitada dos años atrás por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre. El juicio oral a seis imputados por la masacre del 22 de agosto de 1972, a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, comenzaría en abril en el teatro Verdi de Trelew.

El 19 de febrero de 2008, tras la orden de detención, Página/12 informó que el Ñato Bravo vivía en Miami, donde preside RGB Group Inc. Un empleado informó que “entra y sale todo el tiempo”, pero fue imposible obtener su palabra. Igual que en los años que siguieron a la masacre, cuando se escondió en la base naval de Puerto Belgrano y luego en la Agregaduría Naval en Washington, Bravo prefirió guardar silencio.

El juzgado de Rawson tardó diez meses para traducir las pruebas. En marzo pasado el agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos formuló “recomendaciones”, que con el respaldo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería se lograron satisfacer en dos meses. El pedido de extradición se presentó ante el Departamento de Estado el 15 de julio. El 20 de enero, a pedido de un juez de Florida, se enviaron las huellas dactilares del marino. Ayer fue detenido y hoy probablemente se sepa si la Justicia le concede la posibilidad de pagar una fianza para permanecer en libertad durante el proceso de extradición, que podría durar varios meses, sobre todo porque Bravo tiene ciudadanía norteamericana.

Los imputados en condiciones de ser juzgados son los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Marandino, los tres como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación, más tres en grado de tentativa, por los sobrevivientes María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de Alejandro Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, y el jefe de la base Zar, capitán Rubén Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la falacia del intento de fuga, capitán Jorge Bautista, será juzgado por encubrimiento.

Engordar o matar

Gracias al testimonio de los sobrevivientes, a quienes el poeta Francisco Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973, el comportamiento del teniente Bravo está documentado desde hace tres décadas. Cuando se hizo cargo de su primera guardia ordenó que los sacaran a comer de a uno, con varios soldados apuntando, y fijó un límite máximo de cinco minutos.

–¡Si seremos boludos! –pensó en voz alta–. En lugar de matarlos estamos engordándolos.

Camps recordó que Bravo “se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.

Bravo “buscaba excusas” para sancionarlos. “La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espalda en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos”, contó Camps. Otra tortura era impedirles dormir. “Recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados”, agregó.

Con Mariano Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso desnudo.

–¿Hace frío? –preguntaba, y largaba la carcajada.

Clarisa Lea Place se negó a ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la martilló y se la puso en la cabeza:

–Vas a morir, hija de puta –le advirtió. Poco después cumplió.

La madrugada de la masacre, Bravo era jefe de turno de la guardia. Despertó a los presos a las 3.30.

–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero –les advirtió.

Los hicieron salir de los calabozos, formar en dos filas y dieron una orden que nunca antes habían dado:

–Mirar al piso.

La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera de la derecha. Entre quejidos y puteadas, Sosa y Bravo, pistola en mano, recorrieron los calabozos para dar los tiros de gracia.

Camps recordó que junto con Mario Delfino se tiraron cuerpo a tierra a tiempo. Aún estaban ilesos cuando “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario. Tiró desde la cintura con pistola”.

Berger llegó a escuchar cuando inventaban la versión que luego difundirían la Armada y Lanusse:

–Bueno, vos tenías una metra y Pujadas intentó quitártela.

Haidar escuchó la explicación de Bravo cuando llegaron los primeros marinos que no habían participado:

–Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar.

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Al servicio del radicalismo

Un ex civil de inteligencia del Ejército en las filas de la UCR

Se trata de Sergio Ezquerra, un radical de Bariloche. En una nómina de ex civiles de inteligencia de la dictadura difundida en esa ciudad aparece también Claudio Cepeda, referente local de GEN, y Rodolfo Florido, de quien Página/12 ya había dado cuenta.

Por Diego Martínez

Rodolfo Florido fue “asesor universitario” del Ejército durante la dictadura.

La Unión Cívica Radical podría someter a un tribunal de ética a un afiliado y ex funcionario que trabajó como personal civil de inteligencia del Ejército durante la última dictadura. Se trata de Sergio Ezquerra, quien actuó como “agente de seguridad” de la Sección de Inteligencia 182 durante el gobierno de facto, y en democracia asesoró al ex concejal de Bariloche y ex legislador provincial Ricardo Spoturno. Dentro de la UCR “siempre se comentó” del pasado de Esquerra como servicio, admitió ayer el secretario de Gobierno del municipio, Jorge Franchini, quien reconoció “cierta inacción” por parte del partido y consideró que “debería renunciar o ser expulsado por el tribunal de ética”. Entre los nombres de los empleados civiles de la dictadura que difundió la Agencia de Noticias Bariloche (ANB), se encuentran Rodolfo Patricio Florido, que conduce un programa periodístico y niega su pasado como servicio, y Claudio Cepeda, referente local de GEN, quien aclaró que sólo cumplió “tareas de chofer y seguridad” a fines de 1983 y pidió que no se lo confunda con “gente que hizo cosas horrorosas”.

Los datos sobre el “personal civil de inteligencia”, PCI en la jerga castrense, fueron inaccesibles durante más de veinte años. Tras la reapertura de las causas, fiscales y jueces comenzaron a pedir sus nombres al Ministerio de Defensa. Ante el cúmulo de requerimientos y en base al “derecho de la sociedad a conocer su pasado”, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa elaboró y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4/2010, que eliminó las restricciones al acceso a la información calificada como “secreto de Estado” entre 1976 y 1983.

En el caso de Florido, que conduce un programa en el canal de cable BTC, la información no es nueva. El ex “asesor universitario” del Ejército desde 1976, tal como figura en los registros oficiales, renunció al cargo de jefe de Prensa del Concejo Deliberante de Bariloche luego de que Página/12 informara sobre su actuación en dictadura, que el ex PCI niega pese a las evidencias. Florido fue procesado por el juez Martín Lozada por defraudación a la administración pública, por ocultar su beneficio previsional derivado de su paso por fuerzas de seguridad. Según informó ayer ANB, en los ’90 fue además empleado de la SIDE.

Cepeda, referente del partido de Margarita Stolbizer, explicó que ingresó a la Sección 182 en los últimos meses de 1983, tras cumplir con el servicio militar obligatorio y por necesidades económicas. Agregó que sólo cumplió “tareas de chofer y seguridad” de uniformados y que meses después renunció. Explicó que “soy una persona honesta, con fuertes valores democráticos”, aseguró que “no tengo nada que esconder” y admitió que “es un golpe muy duro, estoy destrozado, pero voy a apechugar y seguir”.

Ezquerra guardó silencio. El secretario de Gobierno Franchini admitió ante ANB que en las filas radicales “siempre se comentó” de su pasado como agente del Ejército, pero que nada se hizo para confirmarlo. Sugirió la posibilidad de que un tribunal de ética partidario analice su idoneidad, aunque expresó que “yo me iría directamente, no esperaría que me echen”.

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La pista fue el recibo

Un nuevo procesado en un caso de secuestro y muerte

En 1976, un policía militar exigió un recibo al entregar a una detenida que luego fue asesinada. El papel permitió que ahora procesen al oficial que lo firmó en Mar del Plata.

Por Diego Martínez

Pedro Barda, ahora juzgado, comandaba el AADA 601 que recibió a Analía Magliaro en 1976.

El 4 de agosto de 1976, luego de pasar por dos centros clandestinos, Analía Delfina Magliaro fue trasladada a Mar del Plata en un avión del Ejército. El oficial que debía entregarla a la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601), capitán Eduardo Berazay, reclamó un recibo, que conservó durante años y entregó en 1984 a un juzgado de instrucción militar. Dos años atrás, el previsor Berazay contó la historia ante el Tribunal Oral Federal 5, que juzgaba al coronel Pedro Barda, jefe del AADA 601. El fiscal federal Félix Crous solicitó entonces la imputación de quien recibió a la mujer de 34 años. Un tercio de siglo después, el juez marplatense Alejandro Castellanos lo procesó. Se trata del coronel retirado Fortunato Valentín Rezett, que hasta 2005 fue profesor en la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Magliaro fue secuestrada en La Plata el 19 de mayo de 1976. Su familia no tuvo ningún dato sobre su paradero hasta dos meses después, cuando una voz anónima le informó que estaba en la Comisaría 34ª de Buenos Aires. Delfina Magliaro, la madre, se presentó con ropa y comida. No los dejaron verla, pero confirmaron que estaba allí cuando un policía les transmitió una pregunta sobre la salud de un familiar, que sólo ella conocía.

Berazay, miembro de la Compañía de Policía Militar 101, declaró que su jefe le ordenó trasladar a “una detenida”. Cuando se presentó en la Comisaría 34ª encontró resistencia, porque, le explicaron, “está a disposición del Cuerpo I”. Pero tras varios llamados, el capitán se llevó a la mujer. Pese a que ya había sido torturada en la Comisaría 5ª de La Plata y en el Vesubio, Berazay aseguró que la joven no tenía esposas ni vendas y que “salió caminando”. Antes de partir en una camioneta rumbo a Aeroparque, el militar firmó un registro de detenidos de la comisaría de la Policía Federal.

El oficial, hoy de 69 años, recordó que el avión, con cinco tripulantes, partió desde el área militar de Aeroparque y aseguró que no habló con la secuestrada durante el viaje. “Ella iba a decir que no había hecho nada y le habría tenido que explicar que sí, entonces por respeto no hablaba”, dijo. El avión aterrizó en la pista de tierra de la unidad militar que comandaba Barda. Berazay entregó a Magliaro al capitán Rezett, que previa consulta le entregó un recibo con su firma y la aclaración “Cap S2 AGR ADA 601”, es decir su grado militar (capitán), la sigla que representa la división inteligencia (S2) y el destino, la agrupación que comandaba Barda.

Citado a prestar declaración indagatoria, Rezett negó haber actuado en inteligencia. Dijo que Barda le asignó “tareas administrativas” y que también fue “jefe de turno” de la agrupación. En esa función fue que tuvo que recibir a la secuestrada. Cuando Berazay le pidió el recibo, declaró, fue a ver “al teniente coronel Costa, a quien interiorizó de lo acontecido”. Costa “le ordenó realizar dicho certificado y firmar el mismo, ello desde el área de inteligencia”, explicó ante el juez Castellanos. Rezett reconoció su firma en el papel.

El 2 de septiembre de 1976, Magliaro fue asesinada por el Ejército en un enfrentamiento fraguado en Mar del Plata. Los familiares que fueron a reconocer su cadáver contaron que estaba flaca, con ropas gigantes, y que tenía tres orificios de bala, quemaduras, lastimaduras en pies y muñecas, y marcas de cinta adhesiva en la boca y los ojos. El juez Castellanos procesó a Rezett, hoy de 71 años, como partícipe necesario del homicidio y le concedió el arresto domiciliario.

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La causa de La Cacha vuelve a la vida

A siete años de su reapertura, se ordenó la detención de represores, incluyendo a Saint Jean y Smart

El centro clandestino funcionó en los galpones de Radio Provincia, en Olmos. La lista de personal a detener incluye desde el gobernador de facto y su ministro a la plana mayor y el personal civil del 101 de La Plata.

Por Diego Martínez

El gobernador Ibérico Saint Jean y su ministro Jaime Smart ya están bajo arresto domiciliario.

A siete años de la reapertura de la causa, el juez federal Humberto Blanco ordenó por primera vez la detención de un grupo de represores de La Cacha, centro clandestino que funcionó en los viejos galpones de Radio Provincia, frente a la cárcel de mujeres en Olmos. La lista incluye desde el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean y su ministro Jaime Smart, con arresto domiciliario en otras causas, hasta la plana mayor y el personal civil del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Cinco imputados ya tenían prisión preventiva en otras investigaciones. Nueve fueron detenidos entre el miércoles y ayer por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluido el teniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale, que en teoría estaba prófugo. El resto está cuando menos anoticiado y de no presentarse pasará a engordar la lista de prófugos por crímenes de lesa humanidad.

La Cacha funcionó entre fines de 1976 y octubre de 1978 en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Los grupos de tareas que operaron allí estaban integrados por personal del Ejército y del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque alternaban represores de la policía provincial, marinos y agentes de la SIDE. La causa se reabrió en 2003. Dos años después, el fiscal Sergio Franco pidió las primeras cuatro detenciones, que no se concretaron. El expediente se activó el año pasado a partir de un informe sobre los miembros del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata del programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Otro paso importante fue el acceso a los legajos del personal civil de inteligencia, PCI en la jerga de los servicios, pues permitió a los sobrevivientes identificar a los represores.

Cinco imputados ya tenían procesamientos. Saint Jean y Smart por delitos de lesa humanidad en la Comisaría 5ª, la Brigada de Investigaciones y el Pozo de Arana. El capitán Juan Carlos Herzberg goza de arresto domiciliario –en Luis María Campos 1419, 16º A– por su actuación en una apropiación ilegal, caso por el que será juzgado junto al apropiador y cantante de tangos Omar Alonso. Blanco le imputa delitos como ex jefe de la Fuerza de Tareas 5, que dependía del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3) y de la Escuela Naval Río Santiago. El cuarto detenido es el coronel Alejandro Agustín Arias Duval, ex jefe del Destacamento 101. Por su responsabilidad sobre las torturas en la Comisaría 5ª el juez Humberto Corazza lo procesó con arresto domiciliario en Ituzaingó 9250 del barrio Montecarlo, en Del Viso, Pilar. El último es el penitenciario Héctor Raúl “El Oso” Acuña, jefe de guardias de La Cacha, que comenzará a ser juzgado el mes próximo por torturas en la Unidad 9.

La mayoría de los nuevos detenidos son ex miembros del Destacamento 101, que funcionó en calle 55 número 617/19, entre 7 y 8. Emilio Alberto Herrero Anzorena era jefe de la central de reunión. Los teniente coronel Anselmo Pedro Palavezzati y Carlos María Romero Pavón fueron jefes de la sección Reunión Interior. El ex carapintada Di Pasquale, detenido anoche, llevaba años prófugo por su actuación durante 1976 en el Destacamento 182 de Neuquén. También fueron capturados los capitanes Carlos Del Señor Hidalgo Garzón y Gustavo Adolfo Cacivio, y los civiles de inteligencia César Emilio Branne (interrogador que integraba el Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia, con el nombre de cobertura Carlos Enrique Bosco), Claudio Raúl Grande, guardia a quien los secuestrados conocían como “Pablo” y Raúl Ricardo Espinoza, alias Jota.

También tienen orden de captura el teniente coronel Roberto Armando Balmaceda, jefe de la sección Central de Reunión de Informaciones, CRI; el coronel Enrique Armando Cicciari, que como capitán del Regimiento de Infantería 7 entregó un recibo de los muebles robados al dueño del departamento que alquilaba la desaparecida Nora Formiga; y los capitanes Miguel Angel Amigo, ex miembro de la sección contrainteligencia del Destacamento, radicado en Bahía Blanca, Ricardo Luis Von Kyaw, que integró como teniente primero la Central de Reunión y fue identificado por sobrevivientes como quien impartía órdenes en La Cacha, y Ricardo Armando Fernández, ex jefe del Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia.

Los suboficiales con pedido de captura son Juan Carlos Negri, que viviría en Mendoza, y Luis Orlando Perea, ex miembro de la sección Reunión Interior. Perea es recordado por un incidente ocurrido entre noviembre y diciembre de 1977. Mientras estaba secuestrada en La Cacha, Graciela Quesada fue autorizada a visitar a sus hijos, que vivían con sus abuelos frente al destacamento. En el último contacto les dijo que había sido autorizada a salir del país. Cuando su padre exigió información, el sargento Perea le sugirió “no pregunte más, ya nos ha sido muy útil”.

Además del Oso Acuña, el otro agente del SPB es el subprefecto Isaac Crespín Miranda, elogiado en su legajo por el jefe del Destacamento 101 por su “dedicación e iniciativa”. Los dos civiles de inteligencia imputados por su actuación en La Cacha son Teodoro Aníbal Gauto y Rufino Batalla, cuyo nombre de cobertura era Ricardo Balboa.

La demora generada por las leyes de impunidad y luego la ineficiencia del Poder Judicial derivó en que murieran impunes Ricardo Alberto Ducros, segundo jefe del Destacamento; el sargento ayudante Bonifacio Antonio Torres, el teniente Pedro Alejandro Del Río, el guardia Rubén Abel Corbalán –alias Tarzán, nombre de cobertura Rubén Aldo Caruso–, el PCI Valentín Miranda, alias Willy; Héctor Horacio Nápoli –nombre de cobertura Heraclio Herminio Nadal– y Basilio Juan Viscelli.

dmartinez@pagina12.com.ar

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Buscando pruebas

LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA Y SU PROFESOR PRESO

El teniente coronel retirado Martín Rodríguez quedó detenido luego de declarar por la represión en Campo de Mayo. Desconcierto de sus alumnos en la UCA de Salta, que espera “un dictamen legal”.

Por Diego Martínez

Martín Rodríguez quedó preso en Marcos Paz.

Mientras el juez federal Juan Manuel Yalj analiza la declaración indagatoria del teniente coronel Martín Rodríguez, quien admitió su participación en operativos y en reuniones de oficiales de Inteligencia con el condenado general Fernando Verplaetsen, pero sólo “escuchó hablar” de un lugar de detención en Campo de Mayo, las autoridades de la Universidad Católica de Salta anticiparon que pedirán “un dictamen legal” para evaluar la situación del ahora ex profesor, preso en Marcos Paz. Sus alumnos, en tanto, no salen del asombro, aunque admiten que el militar no ocultaba que “cumplió órdenes” durante la dictadura y generaba discusiones cada vez que “decía que antes estábamos mejor”. Rodríguez no es el primer militar/profesor de la UCS que afronta problemas penales. El ex teniente Daniel Fernando Karlsson estuvo imputado pero fue sobreseído por su actuación durante la dictadura en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. El coronel Manuel Cornejo Torino, ex director de Fabricaciones Militares, es juzgado por la venta de armas a Ecuador y Croacia.

Cuando aún no se habían reabierto las causas sobre el terrorismo de Estado, el sargento Víctor Ibáñez, ex guardia de Campo de Mayo, mencionó ante el periodista Fernando Almirón al “capitán Rodríguez”. Dijo que se apodaba Toro y que “pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos”. Un sobreviviente de El Campito relató un diálogo en el que un “capitán Rodríguez” transmitía a un superior información arrancada en un interrogatorio bajo tortura. Cuando el Ejército informó que había un solo “capitán Rodríguez” en Campo de Mayo, el juez Yalj lo citó a indagatoria.

El viernes, luego de informar del viaje a las autoridades de la universidad que según su web “se sitúa en la corriente occidental y cristiana”, Rodríguez se presentó bolso en mano en el juzgado de San Martín. Negó haber usado el apodo Toro, negó haber participado de interrogatorios y dijo desconocer “que alguna persona los haya realizado”. Admitió en cambio su participación en operativos y su relación con Verplaetsen, que va por segunda condena a perpetua.

–¿Cómo era el procedimiento si en alguna vivienda no les permitían realizar el control? –preguntó el juez.

–En ese caso no ingresábamos por la fuerza sino que, suponiendo que en dicho lugar se estaba intentando ocultar algún tipo de actividad relacionada con la subversión, se daba intervención a la policía y nos retirábamos –respondió impávido el profesor Rodríguez.

“Verplaetsen organizaba reuniones en las que se daban directivas, órdenes o se referían anécdotas sobre circunstancias que habían sucedido”, dijo sin entrar en detalles. “Se convocaba a todos los oficiales de Inteligencia en un aula para sesenta o setenta personas ubicada detrás de la oficina del coronel Verplaetsen”, agregó. Consultado sobre la existencia del centro clandestino, respondió que “escuchó hablar, se comentaba acerca de la existencia de un lugar donde había detenidos, pero de ninguna manera tomó conocimiento acerca de su ubicación o estuvo en dicho lugar”. Sólo admitió su presencia en la Universidad Kennedy, donde estudió Ciencia Política entre 1975 y 1978.

“La comunidad educativa está descolocada”, admitió ante El Tribuno el profesor Néstor Quintana. “Nunca imaginé lo que dice Página/12” (sic), agregó. El rector Alfredo Puig calificó la detención como “un hecho sorpresivo”, propuso “pensar en el principio de inocencia” y anticipó que pedirá un dictamen a los abogados de la UCS. “No lo puedo creer. Al profe lo aprecio un montón”, confesó su ex alumno Nicolás Ruiz. “Tengo una sorpresa enorme”, coincidió Santiago Tangona. “Sólo nos decía que cumplía órdenes, no nos animamos a preguntarle cuáles”, enriqueció el debate Julio Nakhle. “Solíamos discutir cuando decía que antes estábamos mejor”, agregó.

“La familia, el rugby y el Ejército son sus pasiones”, recordó el ex subteniente Federico Storniolo, director de informatesalta.com, donde publicó una foto suya, de uniforme, junto con Rodríguez. Confesó que decidió “servir a la Patria” luego de ver “un ejemplo” en su profesor, y luego de aclarar que “no reivindico, desconozco (sic) o niego lo que pudo haber pasado”, informó a sus lectores que “sobre estos temas tan sensibles como inconducentes (sic) se habla sólo de una verdad”. “La otra verdad algún día saldrá a la luz y entonces sí podremos decir que hay justicia y que la guerra se ganó (sic) no sólo por las armas”, concluyó. El periodista despidió al imputado con palabras de antología: “Con afecto, mi Teniente Coronel”.

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La hora de Jefatura y Vesubio

COMIENZAN DOS JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

En Tucumán, mañana empieza el proceso a Luciano Menéndez y Antonio Bussi como responsables de la Jefatura de Policía. En los tribunales de Comodoro Py, desde el miércoles serán juzgados ocho represores por crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio.

Por Diego Martínez

Menéndez y Bussi ya fueron condenados a perpetua por la desaparición del ex senador Vargas Aignasse.

Dos nuevos juicios a represores comenzarán esta semana. Mañana, en Tucumán, volverán a sentarse en el banquillo los condenados Luciano Menéndez y Antonio Bussi. Esta vez serán juzgados como máximos responsables de la Jefatura de Policía, en pleno centro de San Miguel, por donde pasaron cientos de secuestrados entre 1975 y 1979. Un día después, en Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF-4), que acaba de instruir el juicio por la tragedia de LAPA, comenzará a juzgar a tres militares y cinco penitenciarios, encabezados por el coronel retirado Pedro Alberto Durán Sáenz. Están acusados por ciento cincuenta casos de secuestros, torturas y homicidios en Vesubio, uno de los mayores centros de tortura del área metropolitana, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército.

Menéndez estuvo internado una semana en el Hospital Militar de Córdoba con un cuadro de neumopatía aguda, pero fue dado de alta el viernes y para hoy está previsto su traslado a Tucumán. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército suma tres condenas a prisión perpetua, incluida una en Tucumán junto a su ex subordinado Bussi, dos años atrás, por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. A diferencia de Menéndez, que purga en una cárcel las penas por sus crímenes en La Perla, el ex gobernador condenado por magistrados de su provincia goza de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena.

Los otros cinco acusados son el general Alberto Luis Cattáneo, que era el segundo de Bussi, más el jefe de policía, coronel Albino Mario Zimmerman, y tres agentes de la provincia: Roberto Albornoz, ex jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) o Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido. Los dos militares, con arresto hogareño igual que Albornoz, cumplieron la mayor parte de su prisión preventiva en su hábitat natural, el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde hace tres décadas gestionaban otro centro de torturas. Los hermanos De Cándido, excarcelados, enfrentan situaciones distintas. Luis integraba el SIC, actuaba en Jefatura, fue reconocido por sobrevivientes y vivió hasta 2004 en la casa de una de sus víctimas. Carlos no tendría relación directa con secuestros, pero será juzgado por encubrimiento y usurpación: también se quedó con una casa robada.

Según los querellantes, existen más de treinta represores identificados que actuaron en Jefatura, cuyas indagatorias solicitaron hace tres años y que aún no fueron citados por el juez federal Daniel Bejas. De mantenerse el actual cuadro de impunidad, el próximo juicio tucumano, por crímenes en el ex Arsenal, tendrá a los mismos imputados.

Del centenar de desaparecidos que pasaron por Jefatura, el juicio incluirá 21 casos, más el de una sobreviviente ya fallecida. Las principales audiencias serán transmitidas por el Canal 10 local, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán. “La universidad no puede ni debe estar ajena a hechos de esta magnitud”, señaló el rector Juan Angel Cerisola. Durante tres meses declararán 120 testigos. Bussi & Menéndez pidieron que Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ministros de Isabel Perón en 1975, expliquen si cuando firmaron el decreto para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” quisieron decir dejarlos fuera de juego o desaparecerlos de la tierra. El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que declaren Ernesto Sábado y Magdalena Ruiz Guiñazú, ex miembros de la Conadep, curiosamente en una de las pocas provincias donde una comisión bicameral investigó a fondo la represión ilegal.

Desde la dictadura

Vesubio funcionó como centro de torturas desde agosto de 1975 en un predio del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ubicado en Avenida Ricchieri y Camino de Cintura. Funcionó en jurisdicción del Primer Cuerpo hasta octubre de 1978. La mayor parte de los secuestrados fueron luego desaparecidos, entre ellos el historietista Héctor Oesterheld y el cineasta Raymundo Gleyser. Otros fueron acribillados en enfrentamientos fraguados, y unos pocos sobrevivieron luego de pasar por otros campos de concentración.

La causa por delitos de lesa humanidad en Vesubio, que dependía del Regimiento III de La Tablada, fue una de las pocas que comenzó a instruirse en plena dictadura, gracias al trabajo del juez Carlos Oliveri, ya fallecido. Tras la anulación de las leyes de impunidad, la instrucción estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas. La causa se elevó a juicio hace más de cuatro años e hizo cola en el TOF-5 porteño hasta marzo, cuando la Cámara de Casación Penal redistribuyó los expedientes que por conexidad se abarrotaban en ese tribunal. El proceso debió comenzar el 15 de diciembre, pero se volvió a postergar ante la posible jubilación de la jueza María Cristina San Martino, que dos meses después aún no se confirmó.

Los militares imputados son el general Héctor Humberto Gamen (84 años) y los coroneles Durán Sáenz (75) y Hugo Idelbrando Pascarelli (81), todos en libertad. Gamen era segundo comandante de la Brigada de Infantería X. Pascarelli era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio. Durán Sáenz, oficial de inteligencia de la Brigada, era el jefe del centro clandestino, donde se hacía llamar “Delta”, y durante años alternó violaciones a secuestradas en su residencia con misas dominicales en familia en la ciudad de Azul, pagos de Alfredo Astiz. También serán juzgados cinco agentes de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, todos presos: Ramón Antonio Erlán (alias Pancho, 65 años), José Néstor Maidana (El Paraguayo, 59), Roberto Carlos Zeoliti (Sapo, 63), Diego Salvador Chemes (Polaco, 57) y Ricardo Néstor Martínez (Pájaro).

El TOF-4, que también integran Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini, los juzgará por 156 privaciones ilegales de la libertad y tormentos (que incluyen los casos de 75 desaparecidos), ocurridos entre abril de 1976 y septiembre de 1978, más 17 homicidios agravados producto de un fusilamiento en Monte Grande, el 24 de marzo de 1977, que el Ejército pretendió hacer pasar por “enfrentamiento con sediciosos”. La acusación estatal estará a cargo de Félix Crous, el fiscal con mayor experiencia en juicios por delitos de lesa humanidad, y está previsto que durante el debate declaren 280 testigos, incluidos 75 sobrevivientes.

Con los procesos que comienzan esta semana suman siete los juicios simultáneos por crímenes de lesa humanidad. Los otros son ESMA, Campo de Mayo II, Atlético-Banco-Olimpo, Quinta de Funes en Rosario y la causa Melitón Bustos en Salta. Para el mes próximo está previsto el inicio de otros tres procesos: en Chaco, por la Masacre de Margarita Belén; en Mendoza, a nueve militares y policías por una veintena de casos, incluido el asesinato de Francisco Urondo; y en La Plata, a un grupo de jefes y torturadores de la Unidad 9, juicio que igual que Vesubio ya sufrió varias postergaciones.

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Impune desde 1987

CAPTURAN A UN REPRESOR PROFUGO

Por Diego Martínez

Luego de años burlando con éxito a las fuerzas de seguridad, la Policía Federal detuvo ayer en Santa Teresita al ex agente penitenciario Néstor Norberto Cendón, que tenía pedido de captura del juez Daniel Rafecas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Como suboficial de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal y con el alias “Néstor Castro”, Cendón actuó como guardia y como miembro de los grupos operativos que actuaron en el centro clandestino La Ponderosa, más tarde Vesubio. También formó parte del Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 601. Un antecedente lo diferencia de la mayor parte de los represores: con el retorno de la democracia, preso por delitos comunes, Cendón admitió su participación en la represión ilegal y aportó información valiosa ante distintos emisarios de la Conadep. Sus declaraciones permitieron confirmar el paso de varios secuestrados por el centro de exterminio ubicado en la Autopista Ricchieri y Puente 12, y también identificar a muchos de sus pares, unir grados militares y apellidos con los apodos que recordaban los sobrevivientes, dato no menor con vistas a su seguridad a cuatro días del comienzo del primer juicio oral y público a un grupo de torturadores encabezados por el coronel Pedro Durán Sáenz. Vivió impune desde 1987, cuando se sancionó la ley de punto final, hasta ayer.

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De torturador a profesor

MARTIN RODRIGUEZ, CAPITAN DEL EJERCITO, DECLARO Y FUE PRESO

“Su nombre de guerra era Toro, pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos”, contó hace años el ex sargento Víctor Ibáñez. El capitán se había reciclado como docente de la Universidad Católica de Salta. Quedó detenido en Marcos Paz.

Por Diego Martínez

Martín Rodríguez fue localizado por una investigación de Pablo Llonto.

Hace treinta años, como capitán del Ejército, Martín Rodríguez interrogaba a secuestrados en Campo de Mayo. Tras el retiro se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy y se radicó en Salta. Fue entrenador de rugby del Jockey Club y dirigió la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, que encabeza el arzobispo Mario Antonio Cargnello. Una investigación de Pablo Llonto, abogado de los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, permitió identificarlo. Ayer, con 63 años y media vida impune, se presentó bolsito en mano en el juzgado de San Martín, a cargo de Juan Manuel Yalj. Dos horas después salió con esposas, que mostró con odio ante el fotógrafo de Página/12, y ya pasó su primera noche en el penal de Marcos Paz.

“Su nombre de guerra era Toro, pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos”, contó el ex sargento Víctor Ibáñez años atrás. “Terminó procesado por un asunto de robos de autos. Entre sesión y sesión de tortura les hacía firmar a los prisioneros un formulario de transferencia para quedarse con los vehículos”, recordó el ex guardia de El Campito.

La segunda pieza la aportó Juan José Fernández, secuestrado junto a Muniz Barreto en febrero de 1977. Ambos pasaron por las manos de Luis Patti y luego fueron trasladados a El Campito. El 6 de marzo, adormecidos, fueron arrojados al fondo de un arroyo en el interior de un Fiat 128. Fernández sobrevivió y, antes de exiliarse, declaró ante un escribano. Dejó constancia de un diálogo telefónico que escuchó en cautiverio:

–Habla el capitán Rodríguez, comuníqueme con el coronel Sambrano –grabó en su mente.

Luego el capitán transmitió información arrancada bajo torturas. Con esos datos, Llonto preguntó al Ejército cuántos capitanes Rodríguez había en Campo de Mayo en 1977. Respuesta: uno. Citado a declarar, Ibáñez no dudó al ver la foto del represor. “Era el más salvaje”, agregó.

Ayer a las once, con barba crecida, remera y saco gris, Rodríguez se presentó ante el juez. Ante la ausencia del fiscal Jorge Sica, declaró sólo ante Yalj y su secretario. Tres horas después salió esposado. “No vas a tener perdón”, le gritó Juana Muniz Barreto, que perdió a su padre cuando tenía quince años. Rodríguez se subió al patrullero y, a diferencia de Luis Patti, que se cubría las esposas, mostró las suyas para la foto.

“El corazón me latía fuerte –contó luego Juana–. Ahora siento paz: la satisfacción de haber logrado algo por lo que venimos batallando hace tiempo, la tranquilidad de saber que ya no está entre nosotros como un profesor respetable. Siento haber cumplido con mi deber de hija. Pensé todo el tiempo en mi papá, en lo feliz y agradecida de haberlo tenido quince años, en el orgullo que siento por su valentía, y estoy segura de que él estaría orgulloso de su hija”, confesó. “También pensé en mis hijos: éste es el mejor legado que puedo dejarles”, concluyó. Llonto se mostró satisfecho “porque en un mes, después de años de investigación, cayeron dos de los torturadores más salvajes de Campo de Mayo”. El otro es Carlos Somoza, alias Gordo, ex interrogador del Batallón 601.

Rodríguez nació el 14 de marzo de 1946 en Posadas, Misiones. Cuando se produjo el golpe de Estado era teniente primero. En diciembre de 1976 ascendió a capitán, grado que anteponía a su apellido y que permitió identificarlo. En 1976 y 1977 alternó destinos entre la Escuela de Servicios General Lemos y el Comando de Institutos Militares. Sus calificaciones a fines de 1977 demuestran que tenía un óptimo concepto por parte de sus superiores. “Un brillante oficial que prestigia al instituto”, escribió el coronel Eugenio Guañabens Perelló, que ahora afronta su primer juicio por crímenes de lesa humanidad.

El decano de la Facultad de Derecho de la UCA salteña, Armando Isasmendi, se enteró de la detención por Página/12 y dijo ignorar la citación judicial. “Sabíamos que estaba por declarar y estábamos a la expectativa de ver qué sucedía”, admitió segundos después Martín Andrés Rodríguez, homónimo y director de la carrera de Relaciones Internacionales.

–¿Lo sorprende la noticia?

–Y... sí, uno sabe que son militares de esa época, pero dice “son profesores”, mejor no meterse en esos temas.

–¿Muchos militares como profesores?

–Sí, la UCA tiene relación con Ejército y Gendarmería. También por el perfil de las materias: geopolítica, estrategia.

Un ex alumno consultado por Página/12 recordó a Rodríguez como “una persona querida, muy correcto”. “No era un defensor de los derechos humanos pero tenía posiciones racionales –recordó–. Muchas veces comentaba cosas de la dictadura pero nunca hablaba de su propio rol. Sólo decía que debía actuar la Justicia.”

dmartinez@pagina12.com.ar

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Diez represores tras las rejas

LA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA DETUVO A EX GUARDIAS DE LA ESCUELITA

Con una serie de operativos simultáneos, la PSA capturó a una decena de suboficiales que actuaron en el centro clandestino de Bahía Blanca. Fueron trasladados a la cárcel de General Roca y hoy comienzan a declarar como imputados.

Por Diego Martínez

El fiscal Córdoba (parado, al centro) se encargó de la investigación.

Llegaron a Bahía Blanca desde regimientos de la Patagonia con la misión de custodiar La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V de Ejército. Durante tres años dejaron de ser baqueanos en la Cordillera, pasaron a llamarse Abuelo, Perro, Pato, Zorro, Loro, Zorzal, entre otras especies, y se dedicaron a torturar a secuestrados vendados y encadenados. La mayoría se adaptó de buen gusto. Unos pocos se permitieron pequeños gestos de humanidad. Alguno se arriesgó a sacar una carta y un par de aros de una secuestrada embarazada para sus padres. “Nosotros también éramos esclavos”, aseguró uno de ellos tres años atrás. La buena nueva llegó el martes: luego de un tercio de siglo de impunidad, tras una investigación del fiscal federal Abel Córdoba y por orden del juez Alcindo Alvarez Canale, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a diez ex guardias de La Escuelita, que hoy comenzarán a declarar como imputados.

“Tal vez se apiaden de los abuelos y las familias de los chiquitos nacidos en cautiverio y tengan más dignidad que sus superiores, que siempre negaron la información”, se esperanzó Alicia Partnoy, sobreviviente y autora de La Escuelita. Relatos testimoniales, sobre las formas de resistencia y la convivencia con los represores en el centro de exterminio bahiense. “Si, como decían, lo que los llevó a ser mano derecha de torturadores y genocidas era el miedo a sus jefes, en un país donde todos teníamos miedo a esos asesinos, ¿qué les impide hablar ahora que sus superiores no están en el poder?”, se preguntó Partnoy, luego de recordar al guardia que sacó la carta de Graciela Izurieta, quien dio a luz en diciembre de 1976 en la maternidad clandestina del general Abel Teodoro Catuzzi, ya fallecido.

“Les cabe la misma caracterización que a todos los que fueron parte del genocidio: asesinos”, consideró Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH de Bahía Blanca y sobreviviente del centro de exterminio del general Adel Vilas, impune por insania y domiciliado en Bulnes 2087, 7º B, de la ciudad de Buenos Aires. “Si fuera posible alguna expectativa, desearía que cuenten lo que vieron y lo que saben, pero la verdad es que no espero nada de estos criminales perversos”, confesó Hidalgo, y lamentó la muerte de Hugo Marcial Verdún, alias Zorro, quien estuvo a punto de matarlo a golpes.

Los guardias provenían de regimientos de Las Lajas, Junín de los Andes, Convuco y Zapala, todos en jurisdicción del Cuerpo V, y no conocían la ciudad. La mayoría no había terminado la escuela primaria y eran guías de montaña. “Hombres sencillos”, resumió Vilas, que se acercaba a La Escuelita a presenciar interrogatorios y alguna vez almorzó con los guardias. La tarea principal era verificar que los secuestrados no hablaran, no se movieran, no espiaran por debajo de las vendas, y trasladarlos a la sala de torturas cada vez que el suboficial Santiago Cruciani o el coronel Antonio Losardo deseaban interrogarlos.

El horror del terrorismo de Estado no impidió gestos mínimos de humanidad: permitir a los secuestrados hablar en voz baja, informarles sobre los compañeros que habían sido trasladados, permitir un vistazo para ver al resto de los cautivos. “Para nosotros también fue una tortura. Teníamos prohibido hacer preguntas, hablar con los secuestrados, no éramos dueños de nada”, contó años atrás un ex guardia a Página/12. “Tampoco podíamos pedir que nos sacaran, debíamos tener una buena explicación, y estos tipos eran capaces de cualquier cosa. Nadie se animó”, agregó.

Seis de los detenidos, igual que Verdún, vivían en Junín o San Martín de los Andes: Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Marcelino Casanovas, Gabriel Cañicul (vendía productos regionales en una cabaña), el taxista Armando Barrera y el gasista José María Martínez. Felipe Ayala vivía en Bariloche. Arsenio Lavayén en Plottier, en las afueras de Neuquén. El teniente Fernando Antonio Videla fue detenido en Villa Dominico, cerca de La Plata. El guía turístico Bernardo Cabezón se aprestaba a salir de excursión desde su residencia en el lago Huechulafquen, en Neuquén. Las capturas simultáneas, a cargo de la Regional V de la PSA, se produjeron el martes. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de General Roca, donde quedaron incomunicados. Hoy comenzará a declarar Videla, ex jefe del grupo de guardias.

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Envío al Banco de Datos Genéticos

DECISION DE BERGESIO EN EL CASO DE LOS NOBLE

Por Diego Martínez

Siete años después de recibir el expediente, intimado por la Cámara Federal de San Martín, denunciado por retardo de justicia y mientras Abuelas de Plaza de Mayo y el Gobierno analizaban la posibilidad de pedir su juicio político, el juez federal Conrado Bergesio ordenó enviar al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) los objetos de uso personal recabados el 30 de diciembre que pertenecerían a Marcela y Felipe Noble Herrera, adoptados de manera irregular en 1976 por Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín. El organismo que funciona en el Hospital Durand deberá determinar si los objetos contienen ADN y, en tal caso, entrecruzar las muestras con las familias de desaparecidos secuestrados junto a sus hijos o de mujeres que dieron a luz en cautiverio.

Abuelas consideró como “un avance importante que Bergesio finalmente haya actuado acorde con la Ley Nacional del Banco Nacional de Datos Genéticos”, pero manifestó su “preocupación acerca de la calidad de este material genético, obtenido en allanamientos notoriamente irregulares”. Para evitar futuros planteos de nulidad, reclamó que las muestras de sangre brindadas voluntariamente por los jóvenes al Cuerpo Médico Forense “también sean analizadas de manera urgente en el Banco, tal como marca la Ley 26.548”. Abuelas consideró “extraño” que Bergesio no enviara las muestras y sí un hisopado de saliva de Marcela.

Las irregularidades en los allanamientos, a cargo de la Policía Federal de San Isidro, surgen de las declaraciones de los testigos, incluidos los técnicos del BNDG. Bergesio no realizó ninguna inteligencia previa para constatar el domicilio de los jóvenes. Ordenó buscar a Felipe en la casa de la imputada, donde no vivía desde hacía más de un mes. Los custodios de la dueña de Clarín retuvieron a los funcionarios durante 45 minutos, primero por un “cambio de guardias”, luego “para esperar a los abogados” Alejandro Carrió y Jorge Anzorreguy, defensores de las víctimas y de la imputada, que en teoría dormía. Los técnicos del BNDG retiraron un par de pantuflas y una máquina de afeitar de la habitación que hasta su casamiento ocupaba Felipe, a quien no buscaron. En el mismo momento pero en casa de Marcela, también en Martínez, debieron esperar una hora, a pedido de la anfitriona y hasta la llegada de los abogados.

La decisión de Bergesio se produce ocho años después de que el juez Roberto Marquevich –destituido en un juicio político impulsado por Clarín– ordenara la detención de Herrera de Noble por irregularidades en las adopciones. Según la imputada, encontró a la beba en una caja abandonada en su casa de San Isidro. Marquevich comprobó que no vivía allí, que tampoco la vecina ofrecida como testigo vivía en la cuadra y que el supuesto cuidador de la casa vecina era el chofer de la viuda de Noble. Según Abuelas, la falacia sobre el domicilio y la omisión del sistema de turnos fueron determinantes para que interviniera la jueza Ofelia Hejt, quien también dejó su sello en la apropiación de Andrés La Bluda. El expediente de adopción de Felipe muestra que la misma jueza lo entregó en guarda sin determinar las circunstancias del nacimiento. Marchevich determinó que tampoco existió la supuesta madre que lo entregó en adopción.

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Macri tuvo que tomar posición

ANTE EL RECLAMO DEL CELS, ADMITIO QUE DEBEN CONTINUAR LOS JUCIOS A LOS REPRESORES

Tras los dichos de Posse, Guelar y otros ligados al PRO criticando los procesos al terrorismo de Estado, el Centro de Estudios Legales y Sociales le pidió a Macri que se expidiera. Respondió que “las violaciones a los derechos humanos deben ser juzgadas”.

Por Diego Martínez

El jefe de Gobierno designó en 2009 a Posse en Educación, para quien los juicios son “un ejercicio de venganza”.

”Las violaciones a los derechos humanos deben ser juzgadas y los responsables de esos delitos cumplir con el castigo que les corresponde. En nuestro país no debe haber más lugar para la impunidad.” La afirmación pertenece al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y consta en el primer párrafo de su respuesta al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que le reclamó un pronunciamiento tras haber designado en su gabinete a Abel Posse, cuando trascendió la visión que el fugaz ministro de Educación tenía sobre los procesos a responsables de delitos de lesa humanidad como “un ejercicio de venganza disfrazada de justicia”. El posicionamiento de Macri “ratifica el firme compromiso de todos los sectores y referentes políticos con el proceso de justicia y funciona también como un gesto de rechazo hacia quienes buscan restaurar la impunidad”, consideró la abogada Carolina Varsky, directora del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS.

El respaldo explícito de Macri al proceso de verdad y justicia, pilar central de las políticas del gobierno nacional, se produce mientras transcurren con normalidad juicios por secuestros, torturas y asesinatos en la ESMA, Campo de Mayo y el Primer Cuerpo de Ejército, mientras España, Brasil y Paraguay extraditan a represores del Cono Sur hacia la Argentina, donde un centenar de imputados escuchará su sentencia durante 2010, pero también luego de una sucesión de declaraciones a favor de la impunidad por parte de actores vinculados con el PRO que generaron más rechazo que debates.

El reclamo de una “gran amnistía nacional” de Posse data de 2006, pero trascendió al club de lectores de La Nación recién en diciembre, cuando Macri anunció su designación como ministro. El ex diplomático calificó el proceso a los represores como “un exceso de justicia” (sic). Escribió que “se busca mantener ilegítimamente encarcelados a los militares que cumplieron el mandato del gobierno peronista de desarticular –aniquilar– la guerrilla” y que “los oficiales y hasta los soldados son procesados y reprocesados en un ejercicio de venganza disfrazada de justicia”. Sumadas a reflexiones bizarras sobre rock, alienación juvenil y riesgos de anarquía, las palabras de Posse a favor de la impunidad generaron un repudio generalizado que derivó en su renuncia. Sólo lo respaldó Mariano Grondona, que afirmó que “hay cientos de militares presos sin proceso”, vislumbró la fuente del rechazo a Posse en la “confusión de valores” reinante y en “el problema de la proscripción ideológica de la derecha”, a la que considera “demonizada por (su) aproximación” al terrorismo de Estado.

Cuando comenzaba a acallarse la polémica desatada por Posse, el secretario de Relaciones Internacionales de PRO, Diego Guelar, propuso debatir “una amplia amnistía para saldar el pasado trágico”, aunque, aclaró, debería ser “después de que la Justicia termine los juzgamientos en curso”. No especificó si se refería al puñado de procesos orales en desarrollo o a los que les esperan a más de setecientos procesados con prisión preventiva. En diálogo con Página/12, Guelar dijo que pretendía “abrir un debate en el partido” porque “la mayoría de la sociedad siente un agotamiento del tema”. Predijo que “la sociedad va a necesitar una situación de reconciliación, un cierre desde el punto de vista político”, y aconsejó la vía de la amnistía. Tanto los exabruptos de Posse como la propuesta de Guelar generaron distanciamientos por parte de funcionarios y militantes PRO, a excepción de Federico Young, ex titular de la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad y asiduo conferencista junto a la apologista del genocidio Cecilia Pando.

El último reclamo de impunidad corrió por cuenta de Eduardo Duhalde, que alguna vez soñó con convertir a Macri en presidenciable por el PJ. El ex gobernador y presidente dijo que el Gobierno humilla a las Fuerzas Armadas de hoy por lo que el Ejército hizo en la década del ’70. Para superar lo que llamó un “gravísimo error”, postuló la denominada “reconciliación”, concepto que el Episcopado utilizó históricamente para reclamar impunidad. Ante el repudio de sectores castrenses como el Centro de Militares para la Democracia, de organismos de derechos humanos y hasta del diputado del PJ disidente Felipe Solá, Duhalde explicó que no quiso proponer la interrupción de los juicios a represores pero no supo explicar a qué reconciliación se había referido.

En ese contexto trasciende la respuesta de Macri, fechada el 8 de enero pero recibida en el CELS cuando se conocían las palabras de Duhalde. El jefe PRO y aspirante a la presidencia en 2011 escribió que “la opinión del Gobierno de la Ciudad fue hecha pública oportunamente, ratificando que las violaciones a los Derechos Humanos deben ser juzgadas y los responsables de esos delitos cumplir con el castigo que les corresponda, y en nuestro país no debe haber más lugar para la impunidad”. “Con respecto al accionar ilegal del Estado durante la década del ’70”, destacó que “no puede existir un Estado de Derecho sin justicia, y que el fortalecimiento institucional de los poderes exige, a la vez, que éstos tengan un accionar independiente”. “En función de ello, es imperioso que ningún crimen quede en el olvido, máxime en el caso de delitos de lesa humanidad”, enfatizó. Aseguró haber “garantizado la continuidad de las políticas vinculadas con la Memoria Histórica, que tienen que ver con las graves consecuencias que dejó la dictadura militar”, y en memoria de Abel Posse pidió no concentrar “la atención exclusiva a examinar declaraciones individuales sobre el pasado”.

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