jueves, 20 de mayo de 2010

Camino despejado para el ADN

Casación rechazó dos planteos de la defensa de los Noble Herrera

Los camaristas ratificaron la resolución de primera instancia para que se realicen los análisis genéticos de Marcela y Felipe Noble Herrera y se los confronte con todas las muestras de familiares de desaparecidos del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Por Diego Martínez
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Marcela y Felipe Noble Herrera. Sus muestras de ADN se confrontarán de acuerdo con lo ordenado por el juez.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó ayer otros dos planteos dilatorios formulados en nombre de Marcela y Felipe Noble Herrera. El primero es un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que teóricamente apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La negativa de Casación deja firme la orden de avanzar con la medida de prueba que reclaman Abuelas de Plaza de Mayo y que permitiría conocer la verdadera identidad de los jóvenes. El segundo planteo rechazado confirma la legalidad de las órdenes de allanamiento dictadas en diciembre por el ex juez de la causa, Conrado Bergesio, para que se extrajeran muestras de ADN a partir de objetos personales de las víctimas, método alternativo a la extracción compulsiva, avalado por la Corte Suprema de Justicia.

La saturación de planteos de los abogados de Clarín, a quienes la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó investigar por representar alternativamente a Ernestina Herrera de Noble y a las víctimas, oscurece por momentos la cuestión de fondo: la sucesión de falacias volcadas en los expedientes de adopción. En el caso de la niña, el 13 de mayo de 1976 la viuda de Noble se presentó ante la jueza Ofelia Hejt con una beba en sus manos, dijo que la había encontrado en una caja en la puerta de su casa de San Isidro y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001 el hombre declaró que nunca fue cuidador de casas: su trabajo fue como chofer de Roberto Noble y, tras su muerte, de la viuda. El juez Roberto Marquevich constató que la presunta vecina no vivía allí y confirmó en registros oficiales que la viuda nunca vivió en la casa que declaró.

El expediente de adopción de Felipe sostiene que la madre, Carmen Luisa Delta, se lo entregó a la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la jueza concedió la guarda a la empresaria, viuda y sin hijos desde 1969. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. El dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron decisivos para determinar la competencia del tribunal. (Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.)

Las irregularidades probadas derivaron en 2002 en la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó a Marquevich su destitución en un juicio político. Días después de ser liberada, la dueña del grupo económico emitió su primera y única declaración pública sobre el tema: “Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió en su diario. Hace un mes la estrategia incluyó por primera vez la exposición de las víctimas, que leyeron en cámara un libreto según el cual “nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos”, exactamente lo contrario.

El represor-periodista fue detenido

El dueño de FM Tiempo de Baradero, Abel César Scollo
Por Diego Martínez

A seis años de la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a seis meses del pedido de detención formulado por el fiscal federal Juan Patricio Murray y a un mes de que Página/12 informara sobre la obstrucción de la Justicia de San Nicolás en las causas por delitos de lesa humanidad, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención del suboficial retirado y periodista Abel César Scollo, vocero histórico del carozzismo que gobierna Baradero desde hace dos décadas y director de la FM Tiempo, la radio apedreada durante la pueblada de marzo. El militar que en los ’90 se ufanó en televisión de haber detenido “subversivos” prefirió no declarar y quedó detenido en la delegación San Nicolás de la Policía Federal. El fiscal recordó los antecedentes de fugas en dependencias de esa fuerza y solicitó su traslado a una cárcel.

Scollo relataba en plena dictadura su participación en operativos. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba. Testigos que declararon en la causa lo recuerdan infiltrado en un grupo de teatro hasta la desaparición de uno de sus miembros, a quien extorsionó para sacarlo de “listas negras”. El militar reiteró los relatos con orgullo ante compañeros de trabajo mientras regían las leyes de impunidad. En 1998 admitió durante una entrevista en el Canal 6 local que realizaba detenciones en la estación de Campana, contó sonriente que “tenía un grupo de soldados”, que llevaba encima una carpeta negra con “documentación de personal subversivo” y que su camuflaje incluía “anteojos ahumados”.

Sus buenas migas con el poder político diferencian a Scollo de la mayoría de los represores. Trabajó en los ’90 para el intendente Pedro Carozzi y, cuando murió, para su hijo y sucesor, Aldo Carozzi. En 2005 obtuvo del Comfer una licencia como titular de FM Tiempo, la radio que hace dos meses lo llevó a relatar “la guerra que estamos viviendo”. A fines de 2009 compartió mesa en un asado junto con el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli y con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, oriundo de Baradero. Scollo cargó en la web la foto que los retrata sonrientes, pero la bajó horas después, tal vez para no dejar pegados a los tertulianos con su pasado. El periodista Mariano Cruz Liberatti alcanzó a grabar la foto, que aún puede verse en YouTube.

El ex suboficial está imputado como partícipe necesario de nueve secuestros, ocho torturas y cinco homicidios, por haber entregado la información que derivó en crímenes de lesa humanidad. Las víctimas pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores o a grupos vinculados y fueron capturadas en Baradero y San Pedro entre abril y junio de 1976. Cuatro aparecieron flotando en el Río de la Plata con lesiones típicas de quienes fueron arrojados desde aviones.

sábado, 8 de mayo de 2010

Representaciones incompatibles

Denuncian a los abogados de Ernestina Herrera de Noble
Por Diego Martínez

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga a Ernestina Herrera viuda de Noble por la adopción irregular de dos bebés a mediados de 1976, separó ayer del proceso y denunció penalmente a los abogados Jorge Eduardo Anzorreguy y Horacio Marcelo Silva por representar paralelamente a la imputada y a las víctimas, Marcela y Felipe Noble Herrera. Una semana después de recibir la investigación que Conrado Bergesio instruyó durante siete años, la magistrada descubrió que la “incompatibilidad de intereses” no se limitaría a dos abogados: “Toda la asistencia letrada” de la dueña de Clarín y de los niños que adoptó en plena dictadura militar “habría actuado en forma coordinada e indistinta” a lo largo “de todo el expediente”, sugirió. La denuncia por prevaricato recayó paradójicamente en manos de Bergesio, de turno de San Isidro, a quien Arroyo Salgado le sugirió apartarse porque “podría haber incidido en la comisión del delito”.

La Cámara de Casación, a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, le encomendó a Bergesio el 9 de abril dilucidar a cuál de las partes representaban Anzorreguy y Silva, que presentaron escritos en nombre de una y otros. Luego la Cámara de San Martín apartó al juez por demorar la investigación, que heredó Arroyo Salgado. La jueza corroboró el doble juego de los abogados, solicitó al Colegio Público que evalúe la sanción que les cabe y extendió la sospecha al ejército de letrados de Clarín. Apuntó con citas de fojas “la correlación de formato y tipografía” de escritos presentados por ambas partes, infinidad de “presentaciones en forma concomitante” que “sólo se distinguen por la identidad de los signatarios”, y –en otro aporte a la antología de papelones del micromundo abogadil– la adhesión a un recurso de Roxana Piña, representante de las víctimas, de Carlos Espinosa, defensor de la imputada, en un mismo manuscrito y con idéntica caligrafía.

El próximo paso en la causa corresponde a Casación: debe admitir o rechazar un recurso extraordinario de Alejandro Carrió (en teoría representa a las víctimas) para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que los jóvenes Noble Herrera apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si Casación lo rechaza, una vez más quedará firme la orden judicial que permitiría conocer la identidad de Marcela y Felipe, posibles “víctimas de la represión ilegal” según admitió la imputada en la carta abierta que en 2003 publicó en su propio diario.

miércoles, 5 de mayo de 2010

Final de juego para el socio civil del golpe

Fue arrestado José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo del plan económico de la última dictadura

El ex ministro de Economía fue retirado en camilla y trasladado a un sanatorio. El juez destacó “la deliberada impunidad de los procederes” en el caso Gutheim, por el que fue detenido.

Por Diego Martínez
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José Alfredo Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil.

José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura y símbolo máximo de la política que castigó “a millones de seres humanos con la miseria planificada”, como advirtió Rodolfo Walsh en marzo de 1977, fue procesado ayer con prisión preventiva por orden del juez federal Norberto Oyarbide por dos secuestros extorsivos que el magistrado calificó como crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. La investigación judicial de los delitos que padecieron los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976, se interrumpió gracias a un indulto del ex presidente Carlos Menem que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la semana pasada. Eduardo Luis Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, definió a Martínez de Hoz como el “jefe civil del golpe de Estado” y calificó la medida judicial como “una decisión histórica que implica reparar una de las más importantes deudas con la sociedad argentina”.

Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil. Tal como había requerido la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide decretó su “prisión preventiva de cumplimiento efectivo”. También le embargó sus bienes por dos millones de pesos. Los efectivos de Interpol que fueron a detenerlo con orden de trasladarlo a la división Delitos Especiales de la Policía Federal debieron esperar horas hasta que un equipo médico constató el estado de salud del anciano de 85 años, que según fuentes policiales se encontraba “postrado”. Finalmente fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al sanatorio De los Arcos.

En 1988 el juez federal Martín Irurzun procesó al dictador Videla y a sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy como coautores del secuestro extorsivo de los Gutheim. El economista estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad, sino porque a diferencia de los uniformados no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como el imputado afirmó el miércoles pasado en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.

El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando los organismos de derechos humanos solicitaron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que se sumó la SDH. El miércoles pasado se pronunció en tal sentido la Corte Suprema de Justicia, con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. El mismo día Martínez de Hoz manifestó mediante una solicitada que se siente víctima de “una persecución interminable” por parte del gobierno nacional. Incluyó entre los supuestos cómplices a la Justicia federal y a la Corte Suprema de Justicia, con “escasas y honrosas excepciones”. Duhalde solicitó su detención de inmediato. Oyarbide ordenó el viernes la prohibición para que el imputado saliera del país. Como Martínez de Hoz había prestado declaración indagatoria en los ’80, ordenó su detención sin necesidad de volver a indagarlo.

El juez destacó en su resolución, de treinta y tres fojas, “la deliberada impunidad de los procederes” que caracterizaron el caso de los Gutheim. También se refirió al “irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional sobre sus súbditos, las más absoluta desatención –plenamente consciente y determinada– a las esenciales garantías ciudadanas y el avasallamiento de todo principio constitucional”. En resumen, “la actuación de las máximas autoridades de la Nación disponiendo, según su parecer, designios y/o conveniencias políticas y/o personales, sobre la vida y la fortuna de las personas, al margen de toda regla de convivencia y del Estado de Derecho”, escribió.

Duhalde expresó su “profunda satisfacción” por la decisión judicial durante una conferencia de prensa, en el auditorio Emilio Mignone, en la que anunció la creación de una unidad especial de investigación de delitos económicos en la decretaría que conduce. El funcionario destacó que el procesamiento es “por su actividad delictiva y no, como ha pretendido el procesado en la insostenible solicitada publicada días atrás, por un afán de persecución interminable”. También recordó que “la dictadura cívico-militar produjo un verdadero genocidio económico al pueblo argentino” y consideró que Martínez de Hoz “representó a las facciones más concentradas del capital financiero, de los sectores industriales –como ex presidente de Acindar y la Italo– y como conspicuo miembro de los grandes terratenientes por su pertenencia a la Sociedad Rural Argentina”. Martínez de Hoz está imputado en otras dos causas judiciales por delitos durante la dictadura: una como jefe de la asociación ilícita que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y la otra por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, ex director del Registro de Investigaciones de la dictadura, secuestrado luego de oponerse a la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

viernes, 30 de abril de 2010

José Mercado quedó varado en la Aduana

EL EX MINISTRO DE ECONOMIA DE LA ULTIMA DICTADURA JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ NO PUEDE SALIR DEL PAIS

El juez Norberto Oyarbide tomó la medida a pedido del secretario de Derechos Humanos, quien también solicitó la detención del ex funcionario y señaló que, luego de que la Corte Suprema anulara el indulto, no había obstáculos para el avance de la causa.

Por Diego Martínez
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José Alfredo Martínez de Hoz está imputado por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim.

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer la prohibición de salir del país de José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura imputado por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, quienes fueron forzados a renegociar desde la cárcel en 1976 un contrato privado con comerciantes de Hong Kong. La medida fue solicitada al mediodía por el titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), Eduardo Luis Duhalde, quien calificó al ex funcionario del gobierno militar entre 1976 y 1981 como “el jefe civil de la dictadura” y solicitó su detención en una cárcel común “para que se lo juzgue por delitos de lesa humanidad”. La decisión de Oyarbide se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto 2745/90 por el que Carlos Menem indultó al ex hombre fuerte de Videla.

En 1988 Martínez de Hoz fue procesado con prisión preventiva, igual que Videla y su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, por orden del juez federal Martín Irurzun, como coautor del delito de secuestro extorsivo reiterado. Estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte al 1100, acompañado, entre otros, por el general Carlos Suárez Mason. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó la detención de los Gutheim, y dispuso liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su actuación, sino porque a diferencia de los uniformados no dejó sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como afirmó el miércoles en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.

Titular de la textil Sadeco, Federico Gutheim consiguió en abril de 1976 un cupo de exportación por 6500 toneladas de fibra de algodón. Luego de obtener los avales bancarios y la apertura de cartas de crédito por doce millones de dólares, la dictadura le denegó el permiso para concretar la operación. El 5 de noviembre de 1976, luego de que Martínez de Hoz recibiera en Hong Kong quejas de comerciantes chinos y británicos contra Sadeco por el incumplimiento del contrato, los hombres de negocios fueron detenidos. Según el decreto 2840 de Videla y Harguindeguy su actividad atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público.

Ya en la cárcel, un funcionario de Interior les dio a entender que su libertad dependía de la renegociación de los contratos con Hong Kong. Con ese objetivo fueron sacados en cuatro oportunidades, tal como consta en las actas ratificadas por el escribano Félix Oks. Las reuniones se desarrollaron en oficinas de Sadeco con la presencia de policías y de representantes de varias firmas extranjeras que llegaron al país invitados por Economía. También participaron funcionarios de Comercio Exterior como Agustín Jaime Pazos y Horacio Rodolfo Vega. Fueron liberados cinco meses después, el 6 de abril de 1977, por decreto 949/77, según el cual las causales invocadas habían desaparecido.

Los camaristas consideraron en 1988 que “no se imputó jamás (a los Gutheim) actividad alguna que pueda vincularse con el decreto que impuso el estado de sitio”. Sostuvieron que “las víctimas no solicitaron esas entrevistas y se prestaron a ellas porque estaban privadas de su libertad, siendo conducidas a las reuniones bajo custodia policial y reintegradas a la cárcel, siguiendo en la misma condición de presos, lo que permite presumir fundadamente el carácter extorsivo de las detenciones”.

Pese a que fuentes oficiales habían comunicado al periodismo que las detenciones se produjeron a instancias del Ministerio de Economía, que Martínez de Hoz admitió que fue impuesto del tema en Hong Kong por el cónsul argentino y que el prontuario de los Gutheim en la Policía Federal admitía que fueron arrestados “por irregularidades cometidas en trámites de exportación de algodón”, la Cámara consideró que según las exigencias del viejo Código de Procedimientos Penales los indicios eran insuficientes para mantenerlo detenido, ordenó su liberación y la continuidad de la investigación. La impunidad fue obra de Carlos Menem.

El mismo día que la Corte anuló el indulto, Martínez de Hoz dijo ser víctima de “una persecución interminable” del gobierno nacional. “Diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo”, sostuvo, e incluyó a la Justicia federal y a la Corte Suprema, que “con escasas y honrosas excepciones han sido funcionales a estos objetivos”. También renegó de su inclusión entre los indultados por Menem. Fue “un indulto que no pedí ni me benefició, ya que se me había desvinculado expresamente de los hechos investigados”, confundió.

“No existen obstáculos para el avance de la causa”, consideró ayer Duhalde en referencia a la decisión del alto tribunal, que con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni declaró inconstitucionales los indultos. Consultado sobre la solicitada, sostuvo que “lo que diga Martínez de Hoz sobre su defensa no altera la causa” y expresó su confianza en que Oyarbide “pueda disponer la próxima semana las medidas solicitadas”. “La gravedad de las imputaciones, el carácter de crímenes de lesa humanidad y la extensión de la pena a aplicar justifican la detención y su alojamiento en un establecimiento penitenciario común”, concluyó el secretario de Derechos Humanos.

miércoles, 21 de abril de 2010

Primera noche en una cárcel común

Condenaron a veinticinco años al ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros represores

El último presidente de la dictadura militar, el ex general Reynaldo Bignone, fue condenado como coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas en Campo de Mayo en 1977.

Por Diego Martínez
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Se calcula que por los campos clandestinos que dependían de Bignone pasaron cerca de cinco mil desaparecidos.

A los 82 años, luego de tres décadas impune, el último dictador pasó su primera noche en una cárcel común, condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín consideró a Reynaldo Bignone coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas por sus subordinados de Campo de Mayo en 1977, cuando era jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Lo sentenció a veinticinco años de prisión, igual que a Santiago Riveros y a Fernando Verplaetsen. También fueron condenados los generales Eugenio Guañabens Perelló y Jorge García y el coronel Carlos Alberto Tepedino, en tanto fue absuelto el comisario Germán Montenegro. Las cuatrocientas personas que durante horas y en absoluto silencio mantuvieron en alto las fotos de sus seres queridos desaparecidos estallaron en un aplauso cuando la jueza Marta Milloc leyó que se revocaban los arrestos domiciliarios.

Lejos del oscurantismo que durante años caracterizó a los procesos en Comodoro Py, el tribunal de San Martín, que también integran Héctor Sagretti y Daniel Cisneros, ratificó que es posible juzgar a los mayores criminales de la historia argentina a la vista de la sociedad, respetando las garantías e incluso absolviendo a un imputado sin que vuele una mosca. Riveros & Cía. reivindicaron por la mañana su actuación durante la dictadura (ver aparte), pero prefirieron escuchar la sentencia desde un salón aledaño. También se ausentó el defensor oficial Carlos Palermo, que insultó a familiares de víctimas luego de que le gritaran “cobarde” por pedir autorización para no escuchar el fallo. Además del público que colmó la sociedad de fomento José Hernández y los que siguieron la audiencia desde la calle, diecisiete cámaras de televisión llevaron al mundo las imágenes de la sentencia.

Presidente de facto tras la aventura de Malvinas, Bignone había quedado en la historia luego de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín. También se conoce su orden de incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas para borrar las pruebas del terrorismo de Estado, decisión que aún rinde frutos. Menos pública era hasta ayer su actuación en 1977 en el Comando de Institutos Militares (CIM), organismo del que dependían los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, por los que se estima pasaron cinco mil personas. El tribunal de San Martín condenó al dictador por once allanamientos ilegales, seis robos, cuarenta y cuatro secuestros y treinta y ocho tormentos. Gracias al método de la represión argentina de desaparición de personas, seguirá impune por los homicidios.

Las penas más altas, tal lo requerido por las querellas y los fiscales Javier De Luca, Juan Patricio Murray y Marcelo García Berro, abarcaron también a Riveros, ex jefe del CIM y de la zona militar VI, y a Verplaetsen, su jefe de Inteligencia, ambos condenados el año pasado por el asesinato de Floreal Avellaneda. Riveros se impuso en términos cuantitativos: quince allanamientos ilegales, siete robos, sesenta y un secuestros y cincuenta y cuatro tormentos. Milloc leyó uno a uno los nombres de sus víctimas.

A veinte años de prisión condenaron al coronel Tepedino, ex jefe de inteligencia interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y del Batallón de Inteligencia 601 en los dos años siguientes. Tepedino vivió hasta ayer en un tercer piso de Donato Alvarez 562, donde Página/12 lo retrató en 2003 mientras violaba su arresto domiciliario. Dieciocho años de pena le corresponden al general García, ex director del Colegio Militar de la Nación, y diecisiete a Guañabens Perelló, ex director de la Escuela para Apoyo en Combate General Lemos. El policía Montenegro, absuelto de culpa y cargo, fue jefe de la comisaría de Bella Vista. El tribunal resolvió “por mayoría” que se revoquen los arrestos domiciliarios y le encomendó al juez federal Juan Manuel Yalj, que instruye la megacausa Campo de Mayo, “la pronta elevación a juicio” y “la necesaria unificación” de casos “para evitar dispendio de recursos y trastornos para víctimas e imputados”.

“Mi viejo estaría muy contento porque se hizo justicia por tantos compañeros”, admitió Francisco Scarpatti, hijo del sobreviviente que denunció ante el mundo las atrocidades en Campo de Mayo y murió sin llegar a ver las condenas. “Cacho hizo todo, hasta el final de su vida, para que estos tipos terminaran presos”, agregó orgulloso Francisco, nacido en el exilio, mientras sus compañeros del Movimiento 26 de Julio le rendían homenaje al “Comandante Scarpatti” por “su historia y su ejemplo”.

“Estamos contentos, tenemos que revisar las absoluciones. Obviamente nos agravia la absolución de Montenegro”, reflexionó sobrio el fiscal Murray. “Lo más importante es que un símbolo de la impunidad va por primera vez a la cárcel”, afirmó el abogado y periodista Pablo Llonto. “Bignone fue el presidente de facto que ordenó quemar los archivos de las Fuerzas Armadas, que impulsó la autoamnistía para los militares, y gracias a Alfonsín fue excluido del Juicio a las Juntas. Por lo menos va a pasar un rato en la cárcel”, destacó Llonto, mientras los pibes de HIJOS coreaban su nombre.

Francisco Madariaga Quintela, que recuperó su identidad hace dos meses, escuchó ayer una y otra vez el nombre de su mamá Silvia entre las víctimas por quienes se hizo justicia. “Tengo una mezcla de sentimientos”, dijo. “Estoy emocionado, es la mínima pena que merecen, pero también siento bronca y tristeza porque no la puedo tener conmigo”, explicó. “Estoy procesando todo. Pasa el tiempo y te chocan mucho más las historias. Lo importante hoy es que se hizo justicia por ella”, rescató con los ojos llorosos.

dmartinez@pagina12.com.ar

lunes, 19 de abril de 2010

La víctima tiene la culpa

Insólito argumento en el caso de la apropiación de un niño

Al sobreseer a un magistrado acusado de apañar una apropiación ilegal en 1976, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo culpabilizó a la familia que fue víctima de la represión. El suboficial Scollo, periodista de Baradero, sin indagatoria.

Por Diego Martínez
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El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que sobreseyó a Juan Carlos Marchetti.

La culpa de que Manuel Gonçalves se haya criado con una identidad falsa es de su mamá. En lugar de registrarlo como Dios manda y acompañar al centenar de militares que la visitó con óptimas intenciones, Ana María Granda lo anotó con apellido falso y se resistió a entregarse hasta morir acribillada. También son responsables sus padres y los de su compañero, entonces desaparecido, pues al igual que cientos de abuelos en 1976 no estuvieron donde debían para recuperar al nieto. El razonamiento que hará furor en Marcos Paz lo suscribe el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, en el sobreseimiento de Juan Carlos Marchetti, juez de menores que en lugar de buscar a la familia de Manuel falseó el expediente de adopción para entregarlo a personas de confianza. La fiscal federal María Marta Poggio y los abogados Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibáñez, que representan a Manuel, a la Secretaría de Derechos Humanos y a Abuelas de Plaza de Mayo, apelaron la decisión, que ahora evalúa la Cámara Federal de Rosario.

El juez tampoco encuentra motivaciones para indagar al suboficial Abel César Scollo, periodista protegido del poder político de Baradero que relató el estallido de marzo y que en 1998 admitió en televisión que “con anteojos ahumados” cazaba “subversivos”. Varios testigos lo recuerdan infiltrado en un grupo de teatro hasta la desaparición de uno de sus miembros, a quien extorsionó para sacarlo de “listas negras”. La causa hibernó un año y medio en manos de Villafuerte Ruzo y lleva un año estancada en la Cámara de Rosario.

Marchetti fue juez en San Nicolás durante la dictadura. En 1983 sobreseyó a Luis Patti por dos homicidios. Días atrás logró la absolución de policías acusados de vejaciones. Es abogado de privatizadas como Ternium Siderar, AES América y EDEN, y del ex secretario de la CGT, Naldo Brunelli, titular de la UOM nicoleña que avaló la designación de Villafuerte Ruzo. Scollo trabajó para el intendente de Baradero, Pedro Carozzi, y cuando éste murió para el hijo y sucesor, Aldo. Es titular de FM Tiempo, la radio que el pueblo apedreó tras quemar la municipalidad (ver aparte).

Manuel es hijo de Gastón Gonçalves y Ana María Granada. Su padre fue secuestrado en Zárate el 24 de marzo de 1976. El cuerpo fue enterrado como NN en Escobar. A su abuela, Matilde Pérez, la torturaron para que entregara a la nuera. Para preservar su vida y la del hijo en gestación, Ana María se radicó en San Nicolás con identidad falsa y, cuando nació Manuel, lo registró como Valdez. El 19 de noviembre, cien militares ametrallaron la casa: asesinaron a Ana María y a la familia Amestoy, incluidos dos niños. Sobrevivió Manuel, a quien su madre envolvió en un colchón mientras se resistía a caer en manos del terrorismo de Estado.

Manuel fue trasladado a un hospital por orden del coronel Fernando Saint Amant, quien dio intervención al juez. Marchetti dispuso una custodia ante “el rumor de que iban a retirar por la fuerza al niño”, contó un médico. Pese a que era obligación y práctica del juzgado publicar edictos, Marchetti no lo hizo. Un oficio policial sugiere que “las citaciones cursadas a familiares arrojaron resultado negativo”, pero el firmante dijo que no conoció al magistrado y que por su grado no pudo haberlo suscripto. El juez no pidió las actuaciones en las que se identificó a los Amestoy por sus huellas dactilares, no contactó a los deudos que retiraron los cuerpos, no buscó fotos de Ana María para publicar y no consultó sobre su identidad a los militares, que conocían a sus enemigos aunque los enterraran como NN. “Evitó voluntariamente la identificación”, resumió la fiscal Poggio.

Marchetti recurrió a la familia: su primo Eduardo Larrañaga y la esposa, Esther González, se convirtieron en padrinos del niño, que en febrero de 1977, sin informe socio ambiental ni opinión del asesor de menores, fue otorgado en guarda a Luis Novoa y Elena Rodríguez, prima de González. Cuando un asesor le preguntó si los adoptantes eran cónyuges, un requisito necesario, el juez informó falsamente que estaban casados. También le mintió a González cuando le dijo que había publicado edictos para dar con la familia. No requirió un solo informe para saber cómo se desarrollaba la guarda. En el camino quedó la familia Ricardi, que pretendía la guarda. Tras visitar a Manuel durante tres meses, se enteraron de que lo habían sacado del hospital por orden del juez. Ante la insistencia por ver al niño, Marchetti les gritó: “Muerto el perro, se acabó la rabia”.

Para sobreseerlo en la causa por apropiación y supresión de la identidad, el juez simuló ignorar el terrorismo de Estado y la responsabilidad de los funcionarios, que transfirió a las víctimas. “Quien suprimió la identidad de Manuel desde el momento de su nacimiento fue su madre”, que “imposibilitó que la Justicia pudiera lograr la determinación sobre el origen biológico”, escribió. Lo contrario sostuvo el tribunal de Lomas de Zamora, que anuló la adopción: “No hubo abandono por parte de los padres”. Villafuerte Ruzo no se conformó con culpar a los padres: “Me resulta imposible concluir que los abuelos o parientes no se hicieran presentes en el juzgado de menores”, se indignó. “El Poder Judicial debió ser el órgano encargado de tutelar el debido proceso y los derechos de las personas”, le recordó la fiscal. “Los responsables de que Ana María cambiara su identidad para preservar su vida y la de su hijo fueron los integrantes del Estado terrorista, del cual algunos funcionarios judiciales no eran ajenos sino un engranaje más”, enfatizó.

dmartinez@pagina12.com.ar

jueves, 8 de abril de 2010

En tiempo de definiciones

Se realizó una audiencia en la Cámara de Casación por el caso Noble

El tribunal escuchó a las partes y resolverá mañana si las muestras de sangre y ADN de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín se cruzan con todas las familias que figuran en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Por Diego Martínez
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“Deben resolver esta causa de la misma manera que el resto de las apropiaciones”, afirmó el abogado de Abuelas.

La Cámara de Casación Penal postergó para mañana su decisión sobre el último planteo dilatorio formulado por el equipo de abogados que en teoría representa a Marcela y Felipe Noble, adoptados de manera irregular en 1976 por Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña de Clarín. Tras escuchar ayer a las partes, en una audiencia oral y pública ante una sala colmada, Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci deberán convalidar o rechazar la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que respaldó la orden del juez Conrado Bergesio de entrecruzar las muestras de sangre y ADN de las víctimas con todas las familias que buscan niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres durante la dictadura.

Según la versión de Herrera de Noble, imputada con falta de mérito, en mayo de 1976 encontró una beba adentro de una caja en su casa de San Isidro. La investigación judicial demostró que ni la viuda ni la supuesta vecina que dijo ser testigo vivían allí. El segundo falso testigo, en teoría cuidador de la morada vecina, era chofer de confianza de los Noble. La falacia sobre el domicilio fue determinante para que interviniera la jueza Ofelia Hejt, de probada intervención en una apropiación. La misma magistrada entregó en guarda al varón, sin determinar las circunstancias del nacimiento. La Justicia probó que nunca existió la supuesta madre que en los papeles lo entregó en adopción. Con esas pruebas, el juez Roberto Marquevich ordenó en 2002 la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó su destitución en un juicio político impulsado por los abogados de Clarín.

Marquevich fue reemplazado por Bergesio, que durmió la causa durante siete años. Intimado por la Cámara y denunciado por retardo de justicia, en febrero ordenó dos medidas: cruzar con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes (obtenidas en allanamientos plagados de irregularidades, según denunció Abuelas de Plaza de Mayo) y extraerles sangre, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron en el Cuerpo Médico Forense. Ante la apelación de los abogados de Clarín, la Cámara de San Martín respaldó la decisión de Bergesio y destacó un detalle: los jóvenes no firmaron la apelación. Casación suspendió las medidas y, antes de resolver, escuchó a las partes.

Por las víctimas se presentaron Alejandro Carrió, Roxana Piña, Jorge Anzorreguy (también abogado de la imputada) y Horacio Silva, que la defendió en 2002 y ayer presentó un poder de las víctimas. Por la viuda estuvieron Carlos Espinosa y Eduardo Padilla Fox, ex socio de Silva. Alan Iud habló por Abuelas, Alcira Ríos y Pablo Llonto por querellantes particulares. Siguieron la audiencia cuarenta personas, más fotógrafos y camarógrafos. “Están jugando con el desgaste”, advirtió luego Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y se manifestó preocupada por Marcela y Felipe. “Están arrastrando una historia muy mediatizada. En el fondo hablan de que quieren saber, y los abogados hablan de otra cosa”, advirtió. “La Justicia debe resolver de una vez por todas esta causa de la misma manera que trata el resto de las apropiaciones”, afirmó Iud. El abogado de Abuelas se esperanzó en “poder saber antes de mitad de año si Marcela y Felipe son o no hijos de desaparecidos”.

miércoles, 7 de abril de 2010

Una audiencia clave por los Noble Herrera

Los abogados de Abuelas y de la dueña del Grupo Clarín debatirán ante la Cámara de Casación Penal

Las Abuelas reclaman que se crucen muestras de ADN de los hijos adoptivos de Noble con el Banco de Datos Genéticos. Para Estela de Carlotto, el encuentro de hoy será “crucial”.

Por Diego Martínez
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“Esperamos salir de los tribunales con una sonrisa”, dijo Carlotto.

Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y de los jóvenes adoptados de manera irregular por Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, debatirán hoy en audiencia pública ante la Cámara de Casación Penal el último planteo dilatorio formulado para evitar el entrecruzamiento de muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble con los de familias que buscan niños desaparecidos durante la dictadura. “Dentro de lo escandalosa que es la situación, por dilaciones que ya llevan ocho años, esperamos salir de los tribunales con una sonrisa”, se esperanzó ayer Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas convocó al público a presenciar la audiencia, que comenzará a las 10 en la planta baja de Comodoro Py, y consideró que la decisión de la Sala II de Casación será “crucial” para saber si la Justicia “actúa como la ley manda”. También lamentó “que no se escuche a los chicos”, que son mayores de edad, pero curiosamente no firman los escritos de los abogados.

Luego de ser intimado por la Cámara Federal de San Martín, el juez federal Conrado Bergesio ordenó en febrero enviar al Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes, que según los expedientes de las adopciones nacieron dos meses después del golpe de Estado en lugares desconocidos. Luego, el magistrado ordenó que se les realizaran exámenes sanguíneos, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron voluntariamente en el Cuerpo Médico Forense.

Los abogados Alejandro Carrió y Jorge Anzorreguy –quien también representa a Herrera de Noble– apelaron ambas resoluciones en nombre de las víctimas. La Cámara rechazó el planteo, consideró que las medidas de prueba eran conducentes e inapelables y llamó la atención sobre la ausencia de firmas de las víctimas. Los letrados de Clarín recurrieron entonces a Casación. En lugar de pronunciarse sobre el tema de fondo, los jueces Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci ordenaron suspender las pericias que permitirían esclarecer la identidad de Marcela y Felipe y, en su lugar, discutir sobre los fundamentos invocados por la Cámara de San Martín. Mitchell fue denunciado la semana pasada por Isabel “Chicha” Mariani, fundadora y primera presidenta de Abuelas, por su propia participación en la apropiación de Simón Riquelo, quien recuperó su identidad en 2002.

Carlotto advirtió ayer que si Casación acepta el recurso de queja de los abogados de Clarín “seguiremos con otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales”. “Yo apelo al sentido común y digo que existe algo muy oscuro, porque si no, no habría tantas dilaciones”, reflexionó. La presidenta de Abuelas lamentó que “a los chicos no se los escuche y continúen viviendo en la incertidumbre” de no conocer su identidad.

domingo, 4 de abril de 2010

Para los represores siempre hay cámara lenta

LAS RAZONES DE LAS DEMORAS EN LOS JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

Hay ocho juicios en marcha, pero a este ritmo los procesos contra represores terminarán en 2030. Muchas causas se estancan en los tribunales orales, que demoran como promedio un año y medio en iniciar las audiencias. Casación tiene 18 sentencias sin confirmar.

Por Diego Martínez
Imagen: Télam, Leandro Teysseire, Rolando Andrade, DyN y EFE.

Los organismos de derechos humanos, el Poder Ejecutivo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas coincidieron la semana pasada en reclamar celeridad a los jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad. La imagen que sugieren ocho juicios en curso y otros tantos confirmados se diluye ante el universo de represores que esperan turno (ya hay 649 procesados, la cifra crece cada semana) y se esfuma cuando se pone la lupa sobre los procesos: instrucciones lentas, demoras de los tribunales orales federales para iniciar los debates, audiencias espaciadas por falta de salas, una veintena de sentencias sin confirmar en la Cámara Nacional de Casación Penal y en la Corte Suprema de Justicia. “Nos encontramos frente a una suerte de sabotaje de algunos miembros de la corporación judicial”, denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales en un adelanto de su informe anual. Agrega que “la cadena de responsabilidades abarca el entramado judicial de todo el país” y apunta un dato alarmante: al ritmo actual habrá juicios a represores hasta 2030.

El análisis del rol del Poder Judicial exige una aclaración previa: los mayores obstáculos para investigar los crímenes de la dictadura son producto de decisiones políticas. La primera, en defensa propia, fue la impunidad planificada por el Estado terrorista. El capitán Antonio Pernías recordó que mil quinientos marinos rotaron por grupos de tareas. “¿Sólo existió el de la ESMA?”, se indignó. Resumió la razón por la que sólo un puñado rinde cuentas como “errores de contrainteligencia”. Se conocen: sacarse la capucha antes de tiempo, confesar entre tinto y tinto un vuelo de la muerte, no verificar que el asesinado haya dejado de respirar, como bien sabe el teniente coronel Martín Rodríguez, identificado por un sobreviviente de Campo de Mayo que logró escapar de un auto fondeado en un arroyo.

La segunda decisión que no deja de rendir frutos la tomó Raúl Ricardo Alfonsín en 1987, cuando le garantizó impunidad a los asesinos. Cientos de represores murieron en los dieciocho años que separan las felices pascuas radicales del fallo de la Corte que declaró inconstitucionales las leyes del olvido. También quedaron en el camino sobrevivientes y familiares de víctimas que hoy serían testigos centrales, en tanto militantes que investigaron en los ’80 y fueron reemplazados por jóvenes que debieron empezar de cero.

Una explicación rigurosa exigiría desarrollar desde temas procesales hasta historias de magistrados con nula vocación por investigar el genocidio, especie de la que Alfredo Bisordi es emblema (saltó sin escalas de la Cámara de Casación a la defensa de Luis Patti) aunque no un caso aislado. Sólo un organismo estatal y una ONG estudian el problema con sistematicidad: la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas sobre terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación (PGN), y el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS.

Un problema de fondo que persiste es la negativa de algunos jueces a instruir las causas en base a los vínculos ostensibles entre casos (una sucesión de secuestros, cautiverios en un mismo centro de detención) y no como si fueran delitos aislados. Por consejo de la PGN varios magistrados aplicaron criterios de acumulación, que derivaron o derivarán en juicios con un buen número de imputados y de casos. Otros se resisten, con la complicidad de las cámaras que los controlan. El caso más grave se da en Mendoza, donde Walter Bento fragmentó la instrucción al máximo. La Cámara cuyana es demasiado turbia como para interesarse en agilizarla. La Unidad Fiscal reclamó a la Corte, por ahora sin suerte, que utilice sus facultades de superintendencia para hacer cumplir la celeridad que propuso en su última acordada de 2008.

Idéntica resistencia opuso Cristina Garzón de Lascano en Córdoba, donde aún no existe una megacausa La Perla, con un agravante para la ahora ex jueza: la propia Cámara le recomendó seguir el criterio de los fiscales. En Paso de los Libres fue al revés: un juez acumuló y la Cámara de Corrientes dio marcha atrás, con excusas de antología: “No basta que los hechos guarden similitud”, la instrucción atomizada beneficia “el ejercicio de defensa y la averiguación de la verdad real” (sic).

Los tiempos de algunos jueces son eternos. Siete años le llevó al platense Manuel Blanco detener al primer grupo de represores de La Cacha. Avanzó cuando vio peligrar su competencia. Similar eficacia demuestran Arnaldo Corazza, responsable de varias causas del circuito Camps, y el jujeño Carlos Olivera Pastor, quien alegó no ordenar capturas por falta de plazas para alojar represores. Desde que le garantizaron las celdas dilata llamados a indagatoria y se niega a acumular expedientes. Algunas cámaras no se quedan atrás. En la de Rosario hiberna desde hace un año la causa “Hoffer”, que el nicoleño Carlos Villafuerte Russo tardó un año y medio en elevar. En Trelew tardaron diez meses para traducir las pruebas contra el marino Roberto Bravo, imputado por la Masacre de Trelew.

Cuando al fin llega la etapa de juicio oral comienzan las excusaciones y recusaciones, el calvario para conformar los tribunales y encontrar salas adecuadas. Según el informe del CELS, la demora promedio desde que los tribunales reciben la causa hasta que inician el debate (nadie les fija plazos) es de un año y medio. Los defensores usan el estancamiento para reclamar excarcelaciones. Casación acaba de intimar al TOF de Mar del Plata a que juzgue al torturador Gregorio Molina. El tribunal recibió el caso hace treinta y cuatro meses. La primera causa que llegaría a juicio en Santiago del Estero estuvo “traspapelada” más de un año en Casación. Ahora no logran formar el tribunal. La mejor excusa la aportó el catamarqueño Antonio Rodríguez Seín: se niega a trabajar en otra provincia. El inicio del juicio a los penitenciarios de la Unidad 9 se postergó tres veces por problemas internos del tribunal que preside Carlos Rozansky. De los cientos de asesinos de Ramón Camps sólo fueron juzgados Miguel Etchecolatz y el cura (siempre activo) Cristian Von Wernich.

El problema de las salas en Buenos Aires comenzó hace un año, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad se puede impartir justicia en un gimnasio. Los colegas de Comodoro Py se resisten a mover el bote. La lectura de la acusación a Acosta, Astiz & Cía., con dos audiencias semanales como promedio, algunas de tres horas, demoró noventa días porque tres tribunales comparten la sala. Ahora se está adecuando otra para el juicio de Vesubio. Desde junio será compartida con el de Automotores Orletti. Los procesos de la ESMA y Primer Cuerpo tienen más de trescientos testigos cada uno. A 2,5 audiencias por semana, es probable que más de un marino escuche la sentencia desde el más allá.

Cuando los juicios comienzan, la pachorra se torna más visible. Cada tribunal decide sin rendir cuentas a nadie la periodicidad y duración de las audiencias. La Corte supo reclamar celeridad pero no se decide a aplicar sus facultades para despabilar a quienes no acusan recibo. En Salta intentaron recusar al presidente del TOF por ordenar cuartos intermedios de una semana. En el TOF5 supo ser regla arrancar con una hora de demora y parar noventa minutos para almorzar, mientras familiares de desaparecidos comparten con camaradas de torturadores los acogedores pasillos de Comodoro Py.

También son eternos los tiempos de Casación y de la Corte Suprema de Justicia para confirmar las sentencias. Hasta hoy sólo tienen condena firme Miguel Etchecolatz y Julio Simón, juzgados en 2006. Si se cumple el pronóstico del médico que sugirió apartar a Antonio Bussi del juicio por Jefatura de Policía, pronto los supremos deberán sobreseer por muerte al asesino tucumano. Casación fue un rayo para frenar la investigación sobre las adopciones irregulares de Ernestina Herrera de Noble pero sólo confirmó cinco de veintitrés veredictos por delitos de lesa humanidad. La demora garantiza que no se revean las libertades otorgadas luego de condenas simbólicas como las de los ex jefes de Mansión Seré o la de Jorge Olivera Róvere, ex dueño de vidas y muertes de la ciudad, quien aún camina por la avenida Callao con una perpetua a cuestas.

La Presidenta destacó el 24 de marzo la necesidad de “dar vuelta la página de la historia con verdad y justicia”. Madres y Abuelas que ponen cuerpo y alma desde hace décadas asintieron con la cabeza. Deberán armarse de paciencia. Según los registros del CELS, los 75 imputados que escucharon su sentencia representan el seis por ciento de los 1216 que deberían ser juzgados si no mueren a tiempo. Hay casi setenta causas elevadas que esperan turno en tribunales orales, doscientas treinta en instrucción, 41 prófugos que no aparecen, miles de civiles que integraron las filas de Inteligencia del Estado terrorista y todavía no fueron investigados, y un carromato judicial que se resiste a poner segunda.

dmartinez@pagina12.com.ar

domingo, 28 de marzo de 2010

Con tiempo para ir a Guantánamo

ESTADOS UNIDOS CONCEDIO UNA PRORROGA A LA EXTRADICION DEL REPRESOR ROBERTO GUILLERMO BRAVO

Es uno de los autores materiales de la Masacre de Trelew. Página/12 reveló que se había reciclado en Florida. La sentencia de extradición estaba prevista para el 2 de abril, pero Bravo pidió más tiempo, entre otras cosas, porque tuvo que viajar a Guantánamo.

Por Diego Martínez
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Dieciséis presos políticos fueron fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar.

A menos de un mes del inicio del juicio por la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar, el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los sobrevivientes como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia y ciudadano norteamericano desde 1987, obtuvo el jueves una señal alentadora por parte de su patria adoptiva. Pese a que hace ya dos años admitió en un memorándum de su empresa RGB Group Inc. que dedicaba “tiempo y esfuerzo a limpiar su nombre”, el juez Robert Dubé, miembro de la Corte de Florida, le concedió sin fundamentos ochenta días de prórroga: no dictará la sentencia de extradición el 2 de abril, como había previsto, sino el 23 de junio. El expediente, al que accedió Página/12, incluye un dato notable: Bravo acaba de viajar a Guantánamo como jefe de la Fuerza de Tareas sobre Tratamiento de Enemigos Combatientes de la American Bar Association.

El Ñato Bravo era jefe de turno la madrugada de la masacre. Los sobrevivientes María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, caídos para siempre en la siguiente dictadura, lo señalaron como el encargado de rematar a los fusilados. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ordenó su detención el 9 de febrero de 2008. Diez días después Página/12 reveló que Bravo vivía en Florida y era dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos a fuerzas militares norteamericanas.

El 7 de marzo de 2008, según escribió el fiscal Jeffrey Sloman cuando pidió no dilatar la extradición, el marino devenido empresario admitió en un memorándum dirigido a clientes y colegas que debía dedicar “tiempo y esfuerzo a limpiar su nombre”, e informó que daba “un paso al costado” con el fin de “eliminar distracciones” que pudieran afectar a la empresa. “No voy a permitir que acusaciones basadas en hechos distorsionados sigan sin tener respuesta”, advirtió. “Como ciudadano norteamericano estoy listo para responder a estos cargos a través de nuestro sistema judicial (sic) y cuando sea el momento. Mis abogados también tomaron medidas para confrontar esta persecución política vengativa”, sostuvo.

La detención se concretó el 25 de febrero, cuando la tarea de higienizar su nombre con el respaldo de sus abogados llevaba casi dos años. A la semana recuperó la libertad, luego de pagar en efectivo 25 mil dólares sobre un total de 1,2 millón que el juez Dubé le fijó como fianza. El magistrado le retuvo entonces el pasaporte, le prohibió salir del estado de Florida, le retiró el permiso para navegar y anunció para el 2 de abril la audiencia para dirimir la extradición.

Al solicitar la prórroga, el abogado Neal Sonnett argumentó que su cliente no era extraditable por cuanto el pedido de la Argentina se enmarcaba en una “ofensa política” que no describió. Agregó que Bravo fue amnistiado en 1973, causal que el juez Sastre y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron ante planteos de otros imputados por considerar que el fusilamiento de los presos políticos fugados de la cárcel de Rawson era un delito de lesa humanidad, imprescriptible e inamnistiable. Al enumerar las tareas que le impidieron a Bravo avanzar en la lectura del expediente, que recibió en castellano e inglés, Sonnett apuntó un “procedimiento quirúrgico”, viajes de negocios, su actuación como miembro del directorio de la American Bar Association y como jefe de la Fuerza de Tareas de Tratamiento de Combatientes Enemigos de ese organismo, “incluido un viaje a Guantánamo la semana pasada”. La misión de la task force sería la elaboración de leyes para fijar estándares claros sobre los procedimientos aplicables a los “combatientes enemigos” que tienen ciudadanía norteamericana en la cárcel de la Bahía de Guantánamo.

El fiscal Jeffrey Sloman, que representa en el caso los intereses del Estado argentino, argumentó que la detención no pudo haber tomado por sorpresa a Bravo, explicó que llevaba dos años preparando su respuesta al pedido de extradición y citó como pruebas el memo de RGB Group Inc. y un artículo con declaraciones de su abogado publicado por el diario Miami Herald en marzo de 2008. El fiscal destacó “la naturaleza y el propósito limitado de una audiencia de extradición”, explicó que no era el momento “de contradecir evidencia” ni de “establecer una defensa de los crímenes alegados”, le reclamó al juez Dubé que “procediera expeditivamente” pero no logró conmoverlo. En media carilla, sin emitir ningún fundamento, el magistrado resolvió postergar su sentencia para el 23 de junio. Ese día se sabrá si garantiza la impunidad de Bravo o si concede la última palabra al Departamento de Estado.

Los imputados en condiciones de ser juzgados por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia son seis: los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Amadeo Marandino como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación, más tres en grado de tentativa. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de facto de Agustín Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, y el jefe de la base Zar, capitán Rubén Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la falacia del intento de fuga, capitán Jorge Bautista, será juzgado por encubrimiento. El Centro de Información Judicial informa en su sitio web que el juicio comenzará el próximo 22 de abril.

dmartinez@pagina12.com.ar

jueves, 25 de marzo de 2010

Con pedido para que se aceleren los juicios

Una multitud colmó la Plaza de Mayo en el acto central por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

Decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país. En el acto central, Madres y Abuelas destacaron ante una multitud que desbordaba la Plaza de Mayo la necesidad de que todos los represores respondan ante la Justicia.

Por Diego Martínez
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La titular de Abuelas, Estela Carlotto, leyó el documento que prepararon los organismos de derechos humanos.

A dos meses del bicentenario, con ocho juicios en curso y centenares de imputados por crímenes de lesa humanidad a la espera de ser sometidos a proceso, decenas de miles de personas marcharon en todo el país para repudiar el último golpe de Estado, del que se cumplieron ayer treinta y cuatro años. El acto central para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia se desarrolló en la Plaza de Mayo, a la que decenas de Abuelas y Madres rejuvenecidas por las buenas nuevas de los últimos años ingresaron portando una bandera interminable con los rostros de miles de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos históricos leyeron un documento consensuado en el que celebraron las conquistas pero también recordaron que “la dictadura se hizo entre muchos, militares y civiles al servicio del exterminio y la apropiación de niños”, y reclamaron la “urgente aceleración de los juicios a genocidas, cómplices, ideólogos y beneficiarios”.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la mañana, también reclamó celeridad al Poder Judicial y destacó ante Abuelas de Plaza de Mayo su compromiso para lograr que se esclarezcan las adopciones irregulares de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Es “una prueba de ácido para saber si vivimos en democracia”, aseguró. A menos de una semana del fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal que suspendió la realización de análisis de ADN a los jóvenes registrados como hijos de la dueña del Grupo Clarín, que había ordenado la Cámara Federal de San Martín, la mandataria le manifestó en público a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, su confianza en que “luego de tantos años de impunidad del poder mediático vamos a poder conocer realmente la identidad que usted está tratando denodadamente de buscar”. “Si no encontramos justicia en la Argentina”, agregó, acompañará a Abuelas “a otros tribunales internacionales” para esclarecer las posibles apropiaciones (ver página 7).

“Nunca hubiésemos pensado en ver a los asesinos en las cárceles, muchos condenados, cientos de procesados, anuladas las leyes de obediencia debida y punto final”, admitió horas después Hebe de Bonafini, sobre el mismo escenario que antes ocuparon los organismos, en nombre del grupo de Madres que a poco de asumir Raúl Alfonsín perdió toda esperanza en la vía judicial. “Estamos orgullosas de vivir en este maravilloso país. ¡Gracias Cristina!”, redondeó emocionada (ver aparte). La contracara de la jornada estuvo a cargo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reúne a agrupaciones de izquierda, marchó por separado y leyó su documento desde el trailer de un camión. El EMVJ afirmó en un documento que el Gobierno “mantiene la impunidad, reprime, congela salarios y paga la deuda externa”, y lo acusó por “monopolizar la Plaza de Mayo” (ver página 5).

El cuarto poder interpelado

Luego de las agobiantes audiencias en las que Acosta, Astiz, Donda & Cía. se reivindicaron sin vergüenza como combatientes de la “guerra civil revolucionaria”, la jornada de ayer fue para organismos, querellantes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado una reconfortante bocanada de aire fresco. A las dos de la tarde la Avenida de Mayo ya estaba colmada por miles de personas, muchos con banderas de agrupaciones sociales, políticas, sindicales y un largo etcétera, otros tantos a título individual o en familia. La música y el movimiento, como es marca registrada en las movilizaciones de los últimos años, corrió por cuenta de decenas de murgas y del grupo de percusión La Chilinga. El Colectivo de Arte de La Plata repartió treinta mil corazones blancos, en tanto el cielo despejado fue patrimonio exclusivo de Abel Fatala, que inscribió su nombre en un globo al que sólo acompañó el helicóptero de la Policía Federal.

–¿Por qué marchás? –preguntó Página/12.

–Para recordar el golpe militar –respondió Inti, de apenas seis años.

–¿Qué significa el golpe militar?

–Que prohibieron muchas cosas y mataron mucha gente –resumió, rodeado de pibes con la camiseta de “Juicio y Castigo” de H.I.J.O.S. que se acercaron a la Plaza acompañados por miembros de la ONG Juguete Rabioso, que asiste a menores en conflicto con la ley.

La bienvenida a Madres y Abuelas en la Plaza de Mayo, dividida al medio por un vallado que dejó afuera a miles de personas, tuvo al menos un anfitrión atípico: centenares de muchachos de la Juventud Sindical de la CGT, todos con remeras recién estrenadas, entre quienes se mezclaron algunas banderas verdes de los camioneros de Hugo Moyano.

Más allá de la óptima respuesta de la sociedad civil, que llegó a ocupar el trayecto entre las plazas de Mayo y del Congreso, el acto tuvo una particularidad que lo diferenció de los anteriores: la interpelación abierta al rol del periodismo. Las paredes de Avenida de Mayo fueron empapeladas con portadas de diarios y revistas en momentos claves de la última dictadura: “Total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno”, tituló Clarín el 25 de marzo de 1976. “El teniente general Videla jurará como presidente de la Nación”, escribió La Nación. Hubo también tapas de El Gráfico con Videla festejando durante el Mundial de fútbol y de Gente al servicio de la inteligencia militar: “Vimos rendirse a los ingleses”. La frase “¡Yo no me olvido!” atravesaba cada publicación, a modo de advertencia sobre los alcances que podría tener la Justicia en una democracia con mayor participación popular.

Las manifestaciones sobre el rol del periodismo actual tuvo en las calles dos destinatarios, por motivos opuestos: el diario Clarín y el programa 6, 7, 8, que emite Canal 7. Sus seguidores marcharon con banderas argentinas en las que precisaron las respectivas procedencias, y explicitaron su simpatía con las posturas y críticas expresadas en el programa.

Maximizar recursos

A dos meses del Bicentenario y más de un tercio de siglo del golpe de Estado “la lucha sigue siendo la misma: el pueblo organizado, comprometido y solidario, contra los poderes económicos que no dudan en utilizar cualquier método para enriquecerse con lo que no les pertenece”, sostiene el documento que firman Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. y Hermanos de desaparecidos por la Verdad y la Justicia.

Al repudio del golpe de 1976 y el recuerdo de los desaparecidos, los organismos agregaron sus conquistas más recientes: la cantidad de hijos robados o nacidos en cautiverio que recuperaron su identidad superó el centenar; casi setenta represores fueron condenados tras la anulación de las leyes de impunidad; más de cuarenta afrontan juicios por estos días, y se siguen recuperando centros clandestinos como espacios de la memoria, entre otros logros que enumeraron Estela Carlotto, Haydé García Gastelú por Madres Línea Fundadora y Lita Boitano por Familiares.

“Los cómplices del hambre de hoy son los mismos que hace treinta años”, advirtieron y enumeraron: “los Macri, los Herrera de Noble, los Bunge & Born, los Pérez Companc, los Rocca, Fortabat, Blaquier y su Ingenio Ledesma, la Sociedad Rural Argentina, Mercedes-Benz, Ford, Techint, Acindar y tantos más. La dictadura se hizo entre muchos: militares y civiles al servicio del exterminio y la apropiación de niños”. “Defienden un país para pocos: ellos. Por esos intereses reprimen desde hace doscientos años”, afirmaron.

“Sólo algunos de los que formaron parte del genocidio están respondiendo ante la Justicia. Faltan muchos más. Por eso es urgente la aceleración de los juicios a genocidas, cómplices, ideólogos y beneficiarios”, destacaron. Reclamaron “la decisión política de maximizar los recursos de la Justicia, con salas acordes y procesos realmente públicos”, y concluyeron con una certeza: “La sociedad ya condenó a los asesinos del pueblo y no permitirá ningún tipo de perdón, ni de amnistías, ni de reconciliación”.

miércoles, 24 de marzo de 2010

Otro represor tras las rejas

Identifican y detienen al suboficial Carlos Galián
Por Diego Martínez

A los 66 años, luego de media vida libre e impune, fue detenido el lunes en Ciudadela el suboficial naval retirado Carlos Galián, ex jefe de los guardias que custodiaban a los secuestrados de la ESMA, quienes sólo lo conocían por su nombre de cobertura: Pedro Bolita. Según testimonios obrantes en la causa, Galián acompañaba a las víctimas en los “traslados”, término que la Armada usaba para referirse a la ejecución en los vuelos de la muerte. También se encargaba junto con el finado prefecto Héctor Febres de retirar de la ESMA a los niños nacidos en cautiverio. Galián fue identificado luego de una paciente investigación realizada por secretarios del fiscal federal Eduardo Taiano y del juez federal Sergio Torres. El magistrado ordenó su captura el sábado, luego de que seis sobrevivientes no dudaran en identificarlo al ver su foto. Pedro Bolita se negó a declarar ayer y ahora pasa sus días en el penal de Ezeiza.

Emilio Assales, alias Tincho, también suboficial de la Armada, fue secuestrado el 11 de enero de 1977. Luego de un mes en cautiverio en el Casino de Oficiales, le inyectaron un somnífero que tardó en hacerle efecto porque era corpulento. Alcanzó a ver que sus compañeros vomitaban, se desmayaban y eran sacados a la rastra hacia el playón trasero. Lo subieron a un camión y lo trasladaron hasta el área militar del Aeroparque Jorge Newbery. Lo obligaron a subir a un avión y antes de despegar le preguntaron por el número que le habían asignado en la ESMA. Recién entonces los secuestradores de la Armada se percataron de que aún no había sido interrogado por el Servicio de Inteligencia Naval y ordenaron devolverlo a Capucha.

–Quiero al sur –le insistió al suboficial a cargo del traslado, según le contó luego a un sobreviviente.

–Vos no sabés de lo que te salvaste, pibe –le respondió Pedro Bolita.

El represor que ahora tiene nombre y apellido también está denunciado por haber retirado a varios niños nacidos en cautiverio. Sara Solarz de Osatinsky declaró que Pedro Bolita fue el encargado, a mediados de 1977, de llevarse con paradero desconocido a un niño recién nacido, hijo de Ana de Castro, y a una niña hija de María del Carmen Moyano de Poblete, ambas desaparecidas. El 7 de septiembre de 1977, junto con el prefecto Febres, se llevó al hijo de Cecilia Viñas, que fue a parar a manos del capitán Jorge Vildoza, prófugo desde 1986. Idéntica tarea tuvo a su cargo en enero de 1978, cuando retiró del tercer piso de la ESMA a la hija de Susana Beatriz Siver de Reinhold, una niña a quien su mamá llamó Laura, y al niño que dio a luz Liliana Pereya. Finalmente, según declaró Ana María Martí, en marzo de 1978 Pedro Bolita se llevó a Juan Cabandié, que recuperó su identidad y hoy es legislador porteño.

Según relató una fuente judicial, la tarea de identificar a Bolita se inició con un par de datos: sus ojos achinados y el lugar de nacimiento, Jujuy. Se analizaron decenas de legajos, se acotó el universo por la ciudad de origen y se estudiaron las escasas fotos disponibles. En un expediente secundario encontraron una foto nítida que acrecentó la esperanza de identificarlo. Durante la semana pasada fueron citados a declarar siete sobrevivientes. Seis no dudaron en reconocerlo. Gailán fue detenido el lunes a la tarde por agentes de la Policía Federal. Vivía en una casa humilde, de dos ambientes, en Magallanes al 700, en Ciudadela.

dmartinez@pagina12.com.ar

sábado, 20 de marzo de 2010

“Se empeñó toda la Armada”

Los marinos Pernías y Scheller hicieron leer sus testimonios
Por Diego Martínez
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Capitán Raúl Scheller.

“Fue una guerra en la cual se empeñó toda la Armada”, declaró el capitán Antonio Pernías en 1986, cuando aún conservaba la esperanza de que las Fuerzas Armadas asumieran su responsabilidad por la represión ilegal y los miles de desaparecidos. “Toda la dotación de la Escuela de Mecánica integró el Grupo de Tareas 3.3”, destacó el marino que en cautiverio se hacía llamar Martín, Rata o Trueno, y lamentó que “por errores de contrainteligencia” sólo el puñado de identificados por los sobrevivientes quedó “en el candelero”. “Si la guerra fue institucional se debería procesar a todos o a ninguno de sus miembros”, consideró sin suerte en 2007 ante el juez federal Sergio Torres, responsable de la instrucción de la megacausa ESMA. Las extensas declaraciones de Pernías, el imputado que más veces prestó testimonio, fueron leídas ayer en el juicio oral y público a Acosta, Astiz & Cía., que continuará recién el miércoles 31.

Para dimensionar la impunidad de la que gozan los marinos (una veintena estaba presente en la sala), Pernías hizo un cálculo sobre “los rotativos formados en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de Infantería de Marina” con vistas a “la lucha contra la subversión”. Hubo entre seis y ocho cursos por año, con ciento cincuenta hombres por curso, dijo. “En dos años se habrían formado 1500 hombres. Muchos oficiales cursantes fueron a distintos grupos de tareas. ¿O sólo al 3.3?”, planteó ante el juez Torres. Su indignación se comprende mejor si se compara la cifra con la cantidad de marinos procesados en todo el país: apenas 180, según los registros del CELS. Pernías coincidió con el razonamiento del ex presidente Néstor Kirchner cuando dijo que hubo 300 centros clandestinos y un número similar de detenidos. “¿Se cuidaban solos? En esto debo coincidir. No fue una guerra de fantasmas, ni un juego de escondidas”, razonó.

Una condena segura

La jornada comenzó con la lectura de testimonios del capitán Raúl Scheller, alias Mariano o Pingüino en los sótanos de la ESMA. A diferencia de Jorge Acosta o del ex canciller Oscar Montes, que no ratificaron declaraciones anteriores, Scheller pidió que las suyas se leyeran completas. Las primeras son de 1985, cuando estaba destinado en el Estado Mayor General de la Armada. Admitió haber participado en interrogatorios, pero negó haber torturado. Se seguían “procedimientos doctrinarios previstos para la circunstancia de enemigo capturado”, dijo. También admitió secuestros, “captura de terroristas” en la jerga naval. Por el grado de detalle sobre antecedentes e información “brindada” por los secuestrados es evidente que disponía al momento de declarar de los archivos de inteligencia, que en teoría se incineraron en 1983 y que la Armada siempre negó conservar. Datos similares a los que aportó en 1985 publicaba dos años después el diario pronaval La Nueva Provincia de Bahía Blanca (“Primicia. Antecedentes terroristas de los acusadores”, 27-2-87).

Scheller admitió el relatar “capturas” como la de Lázaro Gladstein, que les vendaban los ojos a los secuestrados antes de trasladarlos a la ESMA. Todos los que recordó, sin juramento de decir verdad, “pasaron a trabajar para las Fuerzas Armadas en su misión de aniquilar a la subversión”, aseguró. Al concluir una declaración, para que el juez militar no creyera que conocía a los “terroristas” por “relaciones personales”, le sugirió sin éxito reclamar “una explicación oficial de la Armada”.

Tras dos horas de lectura, Scheller pidió declarar. Dijo que ingresó a la Armada a los doce años y que la UT 3.3.2 “fue un destino más”. Afirmó que el juez Torres “acumuló papeles sin investigar nada” en el marco de “una avalancha judicial” en la que “los hechos reales fueron marginados y tapados para dar lugar a una condena segura”. Igual que Astiz, justificó su trabajo con una arenga de Perón sobre la necesidad de “exterminar a los psicópatas para bien de la República”. Reprobó al Tribunal Oral Federal 5 por tener que ingresar con esposas a la sala, consideró que “la independencia de los poderes se está deflecando”, y señaló como honrosa excepción al supremo Carlos Fayt.

Antes de negarse a responder preguntas, Scheller citó un relato sobre una supuesta reunión de 1975 entre el entonces presidente provisional Italo Luder y los comandantes de las Fuerzas Armadas. Contó que Videla planteó cuatro hipótesis para “parar a los terroristas”. Se optó por “la descentralización: gran capacidad operativa de los niveles inferiores, con el riesgo de un escaso control sobre los niveles operativos”. “Pero en un año y medio el terrorismo se controla”, dice que prometió Videla y aceptó Luder. No explicó por qué fue necesario el golpe de Estado.

Pernías, a quien los sobrevivientes recuerdan como Martín, Rata o Trueno, dijo no recordar apodos “aunque tuve varios indicativos” (sic). Explicó que su defensor le aconsejó no declarar, con lo cual comenzó la lectura de sus indagatorias anteriores. Ex miembro de la UT 3.3.2 entre 1976 y 1978, “participé básicamente de operaciones ofensivas”, declaró hace casi un cuarto de siglo. “Cumplí órdenes por la vía de comando, convencido de que esta guerra era necesaria para lograr y afianzar la paz en el país”, dijo. “Participé de algunos interrogatorios, que se efectuaban sin presiones o violencia. No hubo apremios, ni tormentos físicos, ni psicológicos”, aseguró ante un juez de instrucción militar. La lectura continuará el miércoles 31.

dmartinez@pagina12.com.ar

viernes, 19 de marzo de 2010

“La guerra revolucionaria podría reactivarse”

EL EX JEFE DE INTELIGENCIA DEL GRUPO DE TAREAS 3.3.2, JORGE “TIGRE” ACOSTA, ADMITIO QUE EN LA ESMA HABIA DETENIDOS

El marino reveló que en la Armada, tras el retorno a la democracia, consideraban que uno de los grandes problemas había sido “dejar gente viva”. Al igual que Adolfo Donda, se quejó por la actitud de los jefes que no se hicieron cargo de las órdenes.

Por Diego Martínez
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Acosta admitió su “actividad antiterrorista” entre mediados de 1976 y principios de 1979.

El capitán Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, se definió ayer como “un combatiente”. No precisó en qué batallas intervino. Aseguró con voz pausada que “jamás buscó la muerte”, aunque admitió “algunas causadas por mi accionar militar”. No especificó si con fusil o picana. Tampoco el destino de los cuerpos de sus enemigos. Criticó a sus superiores por no haberse responsabilizado de los trabajos sucios encomendados y aseguró que “uno de los grandes problemas” de la conducción naval tras el retorno democrático fue “haber dejado gente viva”. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse en tono gramsciano”, alertó, y para conocer “la verdad” aconsejó no leer Página/12, sugerencia que incumplieron los camaradas de la bandeja superior. Luego declaró el capitán Raúl Scheller, quien leyó antiguas declaraciones en las que admitió su actuación como interrogador en la ESMA. El juicio en Comodoro Py continuará hoy a las nueve y media.

Acosta sobreactuó desde el comienzo. Cuando le preguntaron si tenía apodos contó que de niño le decían Gales y se explayó sobre una nota de Miguel Bonasso en Página/12. “Gales no les pinchaba los ojos a los pajaritos. Gales tenía dos palomas a las que quería mucho, un pato y un gato a los que quería mucho. Hoy tengo una perra a la que quiero mucho”, dijo. En referencia a una periodista que se permitió dudar de la capacidad para “amar terriblemente a los chicos” de quien se ufanaba de decidir vidas y muertes, explicó que la expresión se basa en “una concepción cristiana: amar hasta que duela”. Agregó que en la Escuela Naval le decían Chupete (no explicó el motivo) y “no tengo ningún otro apodo”, aseguró, contrariando a los sobrevivientes y a su amigo abogado Mariano Gradín, que al verlo ingresar a la sala durante la audiencia inicial levantó los brazos y con voz de ultratumba gritó: “¡Tigre!”.

–¿Va a prestar declaración? –le preguntó el juez Daniel Obligado.

–Afirmativo.

Acosta admitió su “actividad antiterrorista” entre mediados de 1976 y principios de 1979, y agradeció al tribunal la decisión, rechazada por el fiscal Pablo Ouviña, de no incorporar como pruebas las declaraciones ante jueces militares. Es comprensible: en 1986 se explayó sobre la importancia de obtener información en tiempo record, admitió que los detenidos llegaban vendados y “acostados en el asiento de atrás”, y explicó que “actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.

La declaración comenzó con un “absoluto homenaje” a las víctimas de “los desencuentros violentos que tuvimos los argentinos”. Acosta admitió que “algunas” muertes fueron “causadas por mi accionar militar”, pese a que “la Unidad de Tareas 3.3.2 jamás buscó la muerte”. Sin escalas saltó al presente. Dijo que hasta hace tres meses “estaba convencido de que esta guerra había terminado” pero que comenzó a dudar a partir de declaraciones de la diputada Victoria Donda (“la lucha no terminó”), del músico Andrés Calamaro (“los represores de la ESMA tendrían que estar muertos”, dice que dijo) y de la sobreviviente Graciela Daleo, sobre la importancia de que los procesados excarcelados no circulen impunes por las calles.

“¿Qué odio hay todavía? ¿Qué pretenden? ¿Un nuevo enfrentamiento? ¿Serán estos juicios que lo están desatando?”, planteó con humos de filósofo. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse, ya no en sentido trotskista, sino en tono gramsciano. Esto es un alerta”, advirtió.

Igual que Astiz el día anterior, historió los años previos al golpe con especial énfasis en la amnistía de 1973. “Terroristas que hoy están en el gobierno como Eduardo Luis Duhalde o el procurador (Esteban) Ri-ghi abrieron las puertas de la cárcel”, liberando a “jóvenes ávidos de venganza, porque no eran profesionales de la guerra”, dijo. Agregó que “se aglutinaron en la patria socialista”, admitió a pie de página sus lecturas dominicales de José Pablo Feinmann y se detuvo en “la patria peronista, que comenzó a sembrar la muerte en la Argentina”. Desatada “la guerra interna, había subrepticiamente cuadros de las fuerzas armadas de uno y otro lado, tal vez más en la patria peronista”, admitió. “Estalló la guerra”, dijo, y para justificar el golpe invocó “la imperiosa necesidad de las Fuerzas Armadas, por haber sido superadas las fuerzas policiales y de seguridad”.

Hizo una pausa y saltó sin escalas a 1983. “Fin de la guerra, restauración de la paz, con muchas víctimas”, resumió en tono de estadista, y retomó a Adolfo Donda para criticar a la conducción que les soltó la mano. Centró la responsabilidad en los vicealmirantes Barry Melbourne Hussey, Argimiro Luis Fernández (jefe del Servicio de Inteligencia Naval) y Adolfo Arduino, su comandante en 1976. “Uno de los grandes problemas” que se planteó la Armada en democracia fue “haber dejado gente viva”, admitió, y negó su colaboración en proyectos de Emilio Eduardo Ma-ssera. “No me quise ir, me retiró la Armada. No tengo aspiraciones políticas, soy un militarcito”, dijo. Renegó porque la justicia militar encubrió a sus superiores y con un organigrama repasó la línea de comando de la que dependía.

“Me niego a aceptar los hechos”, dijo en referencia a los secuestros, torturas y asesinatos que se le imputan en las causas conocidas como Testimonios A y B. Dedicó un párrafo especial a Rodolfo Walsh. “Analicé su desempeño, su capacidad intelectual, su trabajo al servicio del terrorismo, y tengo la certeza de que no quería ser detenido con vida. Esa era su convicción”, afirmó como quien devela un secreto de Estado.

Por último denunció “una persecución política-jurídica desde hace tiempo” y aclaró que no ratificaba sus declaraciones anteriores. “Entre la guerra y la paz, propongo la paz”, dijo. Y “si esta guerra no terminó, yo estaré del lado de la racionalidad y la proporcionalidad”, el mismo término que con citas de Juan Pablo II usó en 1986 para justificar sus crímenes: “La ESMA actuó con proporcionalidad. Actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.

A las cuatro de la tarde pasó al frente Scheller. A diferencia de Acosta, lejos de renegar de sus antiguas declaraciones las leyó en voz alta. Comenzó por las de 1985, cuando integraba el Estado Mayor General de la Armada. El juez militar le tiraba nombres sobre la mesa, Scheller decía una y otra vez no conocerlos, hasta que se detenía en algunos, siempre sobrevivientes, “terroristas que pretenden ensuciar a la Armada”, y detallaba antecedentes lejanos e informaciones aportadas en interrogatorios.

–¿Incluían torturas? –preguntaba el juez.

–Negativo, señor.

dmartinez@pagina12.com.ar

jueves, 18 de marzo de 2010

“Actuamos en defensa del Estado y la nación”

Alfredo Astiz reivindicó el terrorismo de Estado en el juicio por los crímenes en la ESMA

El ex marino justificó la represión ilegal con discursos de Perón sobre la necesidad de “exterminar terroristas”. Dijo que la Justicia responde al Ejecutivo y que hay “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió al terrorismo”.

Por Diego Martínez
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Alfredo Astiz dijo no compartir ningún totalitarismo, incluido el nacional-socialismo, porque lo considera “de izquierda”.

Alfredo Astiz declaró ayer durante setenta y ocho minutos ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad en la ESMA. No negó los crímenes que le imputan. No mostró arrepentimiento. No pidió perdón. Admitió los hechos a su manera. Con discursos de Perón sobre la necesidad de “exterminar terroristas”. Con los decretos de aniquilamiento de Luder, Cafiero & Ruckauf. Con un supuesto “apoyo de la sociedad, reflejado en el periodismo de la época”. Afirmó con esmerado rostro adusto que Néstor Kirchner dio en 2003 “un golpe de Estado” al designar “una nueva mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el Poder Judicial responde “a las órdenes del Ejecutivo”, que existe “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió al terrorismo” y advirtió que “los responsables e implicados en esta persecución deberán responder en el futuro”, frase significativa para quien se ufanó de ser “el hombre mejor preparado para matar políticos o periodistas”. Hoy a las once tendrá la palabra Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.

La jornada comenzó con forcejeos en la vereda de Comodoro Py, donde agentes de la Federal se avalanzaron sobre un camarógrafo de la agencia Reuters para impedirle tomar imágenes del dictador Jorge Videla. El papelón continuó a la tarde, con malabarismos de los penitenciarios que trasladan a los represores para impedir que los reporteros hicieran su trabajo. El fotógrafo de Página/12 tuvo que disparar su cámara con una Itaka pegada al pecho. Los camarógrafos presentes, de canales que curiosamente no cubrieron la declaración de Astiz, aseguran que Videla y los imputados de la ESMA partieron rumbo a Campo de Mayo y Marcos Paz, respectivamente, en el mismo camión del Servicio Penitenciario.

Menos formal que sus camaradas, con jean y pulóver, Astiz caminó hasta la silla reservada a los testigos con el vaso de agua en una mano y una carpeta celeste en la otra. Se sentó, miró hacia la bandeja superior en busca de cariño y se dispuso a dar sus datos.

–¿Apodos? –preguntó el juez Daniel Obligado.

–Alfredo –respondió el hombre, que infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo se hacía llamar Gustavo Niño.

–¿Grado militar?

–Capitán de fragata –mintió, pues lo perdió tras ostentar ante una periodista sus dotes como asesino.

Luego leyó en castellano borrascoso un discurso de catorce carillas, que más tarde distribuyó un camarada. Astiz se definió como “democrático y profundamente republicano” y dijo no compartir ideales con ningún totalitarismo, incluido el nacional-socialismo, al que considera “de izquierda (sic)”. Luego intentó dar cátedra sobre terrorismo. Recordó la Tricontinental de 1966, la Organización Latinoamericana de Solidaridad y la Junta Coordinadora Revolucionaria en 1974, con la que consideró instituida “una organización terrorista continental dirigida por la Unión Soviética y Cuba”. Enumeró acciones militares durante el gobierno peronista anterior al golpe de Estado y reforzó su argumento con citas de Luis Mattini, ex dirigente del PRT, quien admitió que “nunca pensamos en democracia”, y de Martín Caparrós, cuando escribió que “creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder”.

Dedicó el segundo capítulo a la obediencia debida. Aseguró que fue justificada por San Martín y Belgrano, explicó que como subordinado tenía vedado inspeccionar “lo bueno o malo de una orden” y consideró “ridículo” pretender semejante actitud de un militar “durante el fragor del combate y bajo fuego enemigo”. Prefirió no dar ejemplos. En línea con el capitán Adolfo Donda, dijo que “no delinque el militar que cumple órdenes, sino el superior que no se hace responsable de las órdenes que ha dado”.

Para justificar el terrorismo de Estado invocó “órdenes verbales” de Perón luego del copamiento del Regimiento de Azul, cuando pidió “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal”. También citó al diputado peronista Alberto Stecco, que propuso “perseguir a los subversivos y aniquilarlos como ratas”. Aseguró que “las Fuerzas Armadas cumplieron con el mandato constitucional, con leyes y decretos vigentes, en legítima defensa del Estado y la Nación”. Nada dijo sobre la legitimidad del golpe de Estado. Tampoco sobre las normas en las que se fundó el método cristiano de arrojar personas vivas al vacío desde aviones militares.

De los casos que le imputan, sólo se refirió al de las Madres y las monjas secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz. Puso en duda “la seriedad de los exámenes” que permitieron identificarlas y pidió que se reiteren. Es comprensible: no podrá ser condenado por homicidio por miles de desaparecidos, pero sí por las víctimas que el Equipo Argentino de Antropología Forense inhumó, identificó y entregó a sus seres queridos.

Producto del “golpe de Estado” kirchnerista existe una “permanente e ilegal presión” del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, sostuvo. Le consta por “editoriales del diario La Nación”. “¿Qué siento de la Justicia argentina?”, preguntó e hizo una pausa cual si fuera a emitir una reflexión profunda. “Que está permanentemente subordinada a las necesidades políticas”, respondió. Sugirió “oscuras manipulaciones”, advirtió sobre “la creciente inseguridad jurídica que azota a la Nación” y no se privó de amenazar al TOF5. Son “una comisión especial de facto”, dijo, y les advirtió que “deberán hacerse cargo de su incalificable accionar cuando vuelvan a imperar las instituciones de la República”.

El cierre fue digno de un canalla: “Si realmente quieren saber qué pasó”, advirtió en una sala repleta de padres e hijos de desaparecidos que esperan desde hace treinta años una confesión sobre el destino final de sus seres queridos, “deberían juzgarnos como legalmente corresponde, por nuestros jueces naturales, es decir la justicia militar”.

dmartinez@pagina12.com.ar