Procesado por los vuelos de la muerte

Julio Poch fue acusado de 615 secuestros agravados

Por Diego Martínez
El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch se convirtió en el segundo piloto de la Armada procesado con prisión preventiva luego de confesar en privado su actuación en los vuelos de la muerte durante la última dictadura. El juez federal Sergio Torres destacó “el incesante trabajo” de sus defensores en Europa y en Argentina para “destruir la acusación por todos los medios”, pero priorizó los testimonios de los pilotos de la aerolínea Transavia que recibió de primera mano en 2008 en la embajada argentina en el Reino de los Países Bajos. Torres procesó a Poch por 615 secuestros agravados, le embargó bienes por 615 millones de pesos y ordenó que aguarde el juicio en la cárcel de Marcos Paz.

La confesión que cambió la vida de Poch fue el 2 de diciembre de 2003 en el restaurante Gado-Gado, en la isla de Bali, Indonesia. Según el primer testigo, Poch contó cómo desde “abordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida”. Dijo que eran “terroristas” y que “eran tiempos de guerra”. Defendió el método como “una manera humana de ejecutar a la gente” y aclaró que “estaban drogados”. El segundo testigo declaró que escuchó la confesión de terceros. Ante la consulta, Poch le aclaró que se refería a “nosotros” por los pilotos de la Armada, pero negó su participación. El tercer testigo fue categórico: Poch “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar” y “estaba enojado por no haberse percatado de haber arrojado a niños y personas muy jóvenes”. Cuando le planteó lo terrible de vivir con tantos muertos en el haber, Poch le explicó que “lo creía justo” porque “eran terroristas de izquierda que no merecían algo mejor y que había sido una forma humanitaria de ejecutarlos porque habían sido drogados”.

“Había tomado un poco de alcohol” pero “estaba lúcido”, explicó Poch en la primera de sus tres extensas declaraciones indagatorias, luego de ser extraditado desde España. Su estrategia se centró en desacreditar a los testigos. Al primero lo definió como un “lunático y obsesivo” que lo discriminaba porque “es un xenófobo que no aceptaba a pilotos extranjeros”. Del segundo dijo que es “un mentiroso y megalómano porque siempre quiere ser el centro”. Sobre el tercero admitió que “siempre tuve una buena relación”, pero sugirió que lo convencieron para que mintiera. Poch le aseguró al juez que “siempre respeté los derechos humanos” y que los crímenes de lesa humanidad “van contra mis principios morales y cristianos”. Se explayó sobre su especialización como “piloto de caza y ataque” y su incapacidad para pilotear aviones de carga. Auxiliado por los penalistas Gerard Spong, en Europa, y Gerardo Ibáñez, en la Argentina, el imputado presentó declaraciones de colegas de Transavia ante un escribano para certificar su silencio sobre su actuación en la dictadura como la tergiversación de sus dichos en Indonesia.

Torres desbarató en un escrito de 757 fojas los argumentos del imputado. Minimizó “el efecto de los celos profesionales o la envidia”, sostuvo que si no sabía volar aviones de carga bien pudo haber participado como tripulante y diferenció “el impacto inesperado y tal vez imprevisto” de la confesión “en un contexto sociocultural” diferente al argentino. El juez dejó constancia de que los vuelos se ejecutaron desde “distintos aeropuertos o bases militares” y que se usaron aviones pero también helicópteros que partían desde la propia ESMA. El primer piloto procesado por su actuación en los vuelos es el capitán Hemir Sisul Hess.

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“Convivíamos con la tortura y el terror”

EL TESTIMONIO DE MERCEDES CARAZZO Y PILAR CALVEIRO EN EL JUICIO A LOS REPRESORES DE LA ESMA

Dos sobrevivientes señalaron secuestradores ante el Tribunal. Ante una pregunta de Julio Coronel, abogado de uno de los marinos, Carazzo le recordó que había sido su padre, Julio César Coronel, quien asesinó a su marido.

Por Diego Martínez
“Acá nos mojamos todos”, contaba el capitán Jorge Acosta para graficar la rotación de oficiales y suboficiales de la Armada por los grupos de tareas. La frase la recordó ayer Mercedes Carazzo, sobreviviente de la ESMA, mientras los camaradas del Tigre tomaban apuntes y se miraban de reojo en la bandeja superior. En la segunda declaración de ayer, ambas por videoconferencia desde México, Pilar Calveiro viuda de Campiglia repasó su peregrinaje por centros clandestinos y reinstaló varios nombres de represores que en algunos casos siguen prófugos (el prefecto Gonzalo Sánchez, el capitán Jorge Vildoza), bien no han sido identificados (“el Pelado Cortés”, interrogador del Servicio de Inteligencia del Ejército en la ESMA) o aún no están en la mira del Poder Judicial, como los médicos del Hospital Aeronáutico Central que atendían a mujeres vendadas y con signos de torturas.

Las primeras dos horas de la audiencia se consumieron con la lectura y los planteos derivados de la resolución por la cual el Tribunal Oral Federal 5 aceptó la recusación del juez Oscar Hergott, a quien reemplaza su colega Germán Castelli (ver aparte). El único de los diecisiete imputados que asistió a la sala fue Ricardo Miguel Cavallo, quien toma prolijos apuntes con su computadora portátil, derecho que asiste a los acusados pero no a los periodistas, condenados a papel y lápiz.

Física de profesión, Carazzo dirige el Centro de Innovación Tecnológica del Ministerio de la Producción de Perú, donde se exilió en 1980, cuando se liberó de la Armada y del teniente Antonio Pernías. “Fue una relación personal no impuesta por la violencia, aceptada, pero que seguro no se habría producido en libertad”, aclaró sin que nadie le preguntara.

El 21 de octubre de 1976 cuando la cargaron al Falcon escuchó a los secuestradores hablar en clave de “proas y popas”. Minutos después, en cautiverio, no dudó: “estoy en la ESMA”, le respondió a Acosta.
--Soy militante peronista --apareció en escena el joven Pernías.
--Tenés los ojos demasiado tranquilos para que sea verdad --lo desafió.

Carazzo militaba en el área de prensa de Montoneros. Después de atarla “tipo Tupac Amaru” y torturarla con picana pasó a ser la secuestrada número 588 y estuvo aislada del mundo casi dos meses. Entre quienes la visitaban nombró a “Dante” (Pablo García Velazco) y a “Cortés”, un tapado de la ESMA. “Preguntaba sobre la fusión FAR-Montoneros, parecía conocer mucho”, recordó. En diciembre le dieron una máquina de escribir, la engrillaron a una bala de cañón y le ordenaron redactar la historia de las FAR. En eso estaba el 10 de diciembre cuando cayó herido de muerte su esposo Marcelo Kurlat. “Lo hirió Maco, él me lo confirmó”, dijo en referencia a Julio César Coronel. “Fue un momento de desdoblamiento, de terminar con Montoneros”, dijo.

Distendida ante la cámara, lejos de la solemnidad de la sala, Carazzo contó que “los Verdes (custodios de secuestrados) tenían entre quince y veinte años” y que “les corregía los errores de ortografía de las cartas a sus novias”. Entre los cautivos recordó “a la niña sueca (Dagmar) Hagelin” y contó que pudo “hablar un par de veces” con Norma Arrostito, a quien conocía como Gaby. “Estaban exaltados de tenerla”, recordó. En el departamento de Zapiola y Jaramillo donde cumplían con su trabajo esclavo contó que vio el archivo del diario Noticias. “Se jactaban de tener trabajos de Rodolfo Walsh, pero yo no los vi”, aclaró. Agregó que “fui amiga personal de Walsh, lo admiro profundamente”.
--Dijo que quien hirió a su marido ¿fue un tal Maco? –preguntó el abogado Julio Coronel.
--No llame “tal Maco” a su padre --lo retó.
--¿Cómo le consta que él lo hirió?
--Me lo dijo Pernías y luego Maco. Pensó que Marcelo iba a dispararle y tiró. También admitió que lo querían vivo.

Cuando el juez Daniel Obligado le preguntó si deseaba agregar algo, Carazzo le habló a Coronel, no al abogado sino al ser humano: “Puedo entender que en un operativo alguien dispare, no le guardo rencor a su padre. Lo que no acepto es que se haya matado a gente rendida”.

El Pelado Cortés
Pilar Calveiro no se resigna. En 1985 declaró en el juicio a los ex comandantes, luego indultados. En 2008 declaró sobre su cautiverio en Mansión Seré en el juicio a los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, condenados a la pena de 25 años de prisión pero en libertad al menos hasta que la Corte Suprema la deje firme. Ayer repasó ante el mismo TOF5 su calvario por Seré, la comisaría de Castelar, ESMA y una casa operativa del Servicio de Inteligencia Naval.

Dos días después del secuestro saltó al vacío desde una ventana de Mansión Seré. Se fracturó un brazo, un talón, tres costillas y la nariz. En el Hospital Aeronáutico, vendada y con signos de tortura, le hicieron radiografías, la enyesaron y la esposaron a una camilla. Tiempo después volvería con Graciela Tauro de Rochistein, embarazada que dio a luz en la ESMA, desaparecida. El médico le sacó el yeso, auscultó a Tauro, les dio leche y galletitas. “Para que se lleven un buen recuerdo”, les dijo.

El 17 de junio de 1977 la Fuerza Aérea prestó a su secuestrada al sector del SIN que operaba en la ESMA. Pasó a ser un número: 362. Allí la interrogó tres veces el “Pelado Cortés”, de inteligencia de Ejército. “Se movía con una maleta con fotos, preguntaba por características de cada persona, no sólo información dura”, recordó y generó murmullos entre los marinos retirados que comparten palco con la prensa. Un mes después, de vuelta en Castelar, el nómada “Cortés” instaló con una mesita en su calabozo y volvió a interrogarla sobre las FAR, las relaciones con el Ejército y sobre su marido Horacio Campiglia, presa codiciada que caería en Brasil tres años después.

Luego de una escala en la casa del SIN de Thames y Panamericana la llevaron otra vez a la ESMA, donde le recordaron su antiguo número. Estaba en Capuchita el 10 de diciembre cuando llegaron secuestradas las monjas francesas y varias de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. “Recuerdo haber escuchado el nombre Azucena” (Villaflor de Devincenti fue quien ideó la ronda frente a la Casa Rosada) y “tuve un breve intercambio de palabras con la monja Leonie Duquet”, recordó. “Me sorprendió su entereza. No sé si era porque no estaba muy ubicada o si era porque su convicción religiosa le daba una serenidad mayor”, planteó.

La mayor parte de 1978 lo pasó en Capucha, ya con menos huéspedes. El capitán Luis D’Imperio le encomendó hacer el seguimiento de prensa del conflicto con Chile por el canal de Beagle. “Me pusieron un escritorio en Capucha, en el medio de la nada”. Recién en abril el SIN la transfirió a los camaradas de la ESMA, con quienes compartían edificio pero actuaban por separado, y continuó su trabajo esclavo junto al grupo de secuestrados que actuaba en el sector denominado “la Pecera”. “Mi relato puede sonar a vida de oficina, pero nada más lejano. Convivíamos con la tortura y el asesinato. Sabíamos que quienes aparentaban ser amables con nosotros eran los mismos que decidían sobre vidas y muertes. Y tenían a nuestras familias como rehenes. Era una situación aterrorizante”.
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Un juez recusado
El tribunal que instruye el primer juicio significativo a represores de la ESMA se quedó sin uno de sus jueces. Oscar Hergott fue recusado por los defensores de los marinos por un diálogo que mantuvo hace años con su colega Jorge Tassara. Ante un comentario crítico sobre los procesos de lesa humanidad, Hergott comentó que era necesario terminar con “la impunidad”. El 27 de mayo los abogados defensores de Acosta, Astiz & Cía. lo recusaron con el argumento de que se trataba de un prejuzgamiento. Los jueces Ricardo Farías, Oscar Amirante y Julio Panello consideraron que era “un temor racional” e hicieron lugar al apartamiento. No bien concluyó la lectura de la resolución el defensor oficial Víctor Valle dijo que el cuarto juez (Germán Castelli) sólo podía sustituirlo en caso de enfermedad y pidió la suspensión del juicio y la nulidad de todo lo actuado. El abogado Julio Coronel se sumó citando a Farías, quien sugirió “un particular interés (de Hergott) en permanecer” en el juicio. Hoy a las 9.30 se explayarán sobre sus pedidos.

Una cita para Legrand

Por Diego Martínez

El abogado Pablo Llonto pidió que el juez Rafecas cite a Legrand.

Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida por su seudónimo “Mirtha Legrand”, podría ser citada por la Justicia para explayarse sobre sus gestiones ante altos jefes militares de la última dictadura, que confesó el martes durante su tradicional almuerzo en cámara. La animadora de 83 años contó que en marzo de 1977, luego del secuestro de su sobrina María Fernanda Martínez Suárez y de su compañero Julio Enzo Panebianco, le pidió ayuda a un oficial naval que no identificó y al ministro del Interior de Videla, general Albano Harguindeguy. Luego aseguró que la hija de su hermano recuperó la libertad “gracias a que yo era conocida y famosa”. El pedido para que la ex actriz declare como testigo lo realizó el abogado Pablo Llonto ante el juez federal Daniel Rafecas, que investiga los delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.

A diferencia de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado que declaran desde hace treinta años con la esperanza de obtener justicia, Martínez Suárez relató sus diálogos con militares un tercio de siglo después ante la mirada atónita de Gino Renni y Arnaldo André. “Es la primera vez que lo cuento”, apuntó. Primero “pedí ayuda a quien era interventor de Canal 13, y no me brindó ayuda por temor, porque todo el mundo tenía miedo de comprometerse”, afirmó. Luego recurrió “a un general de la Nación a quien circunstancialmente habíamos conocido”, en referencia a Harguindeguy. La respuesta del ministro de Videla, recordó, fue: “Bueno, déme un tiempo Mirtha, lo voy a averiguar, es muy difícil, muy difícil el caso”. La reacción del marino al que no identificó fue aún más frustrante: “Ni te vengas, ni te vengas por favor, esto es peligrosísimo”.

Luego de enumerar sus gestiones, la conductora apuntó que su sobrina “cree que estuvo en Palermo, porque escuchaba pasar trenes”, y que “cuando la liberaron le dijeron: ‘Te salvaste porque sos la sobrina de Mirtha’”. Sobre su sobrino político, militante de la Juventud Peronista, de 23 años, dijo que “nunca más supimos de él”. “Nunca más”, repitió.

Un día después de conocer el testimonio, Llonto presentó un escrito ante el juez Rafecas para que pida el tape al canal América y cite a declarar a Legrand. “El diálogo con Harguindeguy confirma que no sólo recibía denuncias y manejaba listas, sino que tenía poder para sacar a quien quisiera de un centro clandestino, por lo que debería ser investigado junto con los funcionarios de ese lugar siniestro que fue el Ministerio del Interior”, explicó el abogado. “También es importante que se aclare cómo surge el dato sobre el lugar de detención en Palermo, ya que si la sobrina estuvo en Club Atlético (donde fue visto Panebianco), ahí no había ruido de trenes. Confirmar si estuvo en el Regimiento de Patricios, en Palermo, permitiría confirmar que allí también funcionó un centro clandestino de detención”, agregó Llonto, que desde hace años reclama sin suerte la citación del empresario Franco Macri, quien también cree haber salvado al desaparecido Carlos Grosso tras reunirse con Harguindeguy. El vínculo entre el luego intendente porteño y el empresario permitió años después jugosos negocios.

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Scollo no pudo poner escollos

Procesaron por delitos de lesa humanidad a represor-periodista

El suboficial retirado y periodista en Baradero, César Abel Scollo, fue procesado como partícipe necesario en los secuestros y homicidios de Oscar y Víctor Hugo Hofer. Scollo sigue en libertad y la Cámara de Rosario tiene que decidir su situación.

Por Diego Martínez

César Abel Scollo, el dueño de una radio de Baradero, procesado por represor.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó como partícipe necesario en delitos de lesa humanidad al suboficial retirado y periodista César Abel Scollo, el vocero histórico del gobierno de Baradero que durante la pueblada de marzo, cuando un móvil municipal atropelló a dos jóvenes en moto relató desde Todo Noticias “la guerra que estamos viviendo”. A pesar de que tres personas fueron amedrentadas e incluidas en el Programa de Protección de Testigos luego de declarar sobre el pasado de Scollo, de óptimas relaciones con la Policía Bonaerense, el imputado sigue en libertad por orden del juez subrogante Alberto Martín Martínez, decisión que ahora analiza la Cámara Federal de Rosario.

Scollo fue procesado por los secuestros, torturas y homicidios de Oscar y Víctor Hugo Hofer, más el robo en sus casas. El juez calificó como “serios indicios” las pruebas que durante medio año le resultaron insuficientes, recolectadas por el fiscal Juan Murray. Las primeras surgieron de las propias víctimas. Víctor Hofer le contó a una prima que era “perseguido y vigilado” por Scollo, quien se había sumado como oyente al taller de teatro al que asistía. Oscar alcanzó a contar que Scollo lo extorsionó para sacarlo de una “lista negra” y que lo amenazó con “levantarlo en la estación” de Campana. Los Hofer fueron secuestrados en San Pedro y en Baradero a fines de abril de 1976. Sus cadáveres aparecieron en el Río de la Plata con lesiones típicas de vuelos de la muerte. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba entonces Scollo, que abandonó el teatro tras los secuestros y meses después, según un familiar de los Hofer, les pidió plata a cambio de información.

El propio Scollo alimentó los rumores sobre su pasado, cuando en 1998 se ufanó en cámara de haber encabezado operativos en busca de “subversivos” en la estación de Campana. Villafuerte Ruzo se resistió a citarlo durante seis meses. Lo hizo y se tomó licencia. También Martínez tuvo especial consideración con el hombre de confianza del intendente Aldo Carozzi: dispuso “que el detenido permanezca fuera de los calabozos”, dato que incluyó en la causa el comisario que acató la orden. Desde su radio Scollo calificó las acusaciones como “disparates”, pero se negó a declarar en la causa. Cuando recuperó la libertad le pidió a sus oyentes que rezaran.

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Represor con perpetua

Condenaron en Mar del Plata a un ex jefe de La Cueva

Por Diego Martínez

El suboficial Gregorio Molina deberá cumplir la pena en una cárcel común.

El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua en cárcel común a Gregorio Rafael Molina, suboficial de la Fuerza Aérea y ex jefe del centro clandestino La Cueva, que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea. La sentencia culminó con un aplauso de diez minutos en la sala y quinientas personas festejando en la calle. El fallo quedará en la historia porque por primera vez la Justicia calificó como delito de lesa humanidad, diferente de las torturas, a las violaciones de secuestradas cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Molina era encargado de La Cueva, donde se hacía llamar Charles Bronson. Su destino era el área de inteligencia, debajo de José Alcides Cerutti, aún libre e impune. Los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París lo condenaron por treinta y seis secuestros y tormentos agravados (contra perseguidos políticos), dos homicidios calificados (por alevosía, ensañamiento y participación de dos o más personas), cinco violaciones y una tentativa, agravadas porque era encargado de la guarda de las víctimas. Fue absuelto por cuatro secuestros en los que no se acreditó su participación.

La prisión perpetua había sido solicitada por los fiscales Horacio Azzolín y Daniel Adler, por la APDH y el Colegio de Abogados local. Es la primera condena en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad en esa ciudad. Antes, el coronel Alberto Barda fue condenado por el TOF-5 porteño (que le permitió seguir libre), en tanto al general Pedro Mansilla y al coronel Alejandro Duret se los juzgó por delitos en Olavarría.

Además de la sala repleta, quinientas personas escucharon la sentencia desde la avenida Luro, donde hubo música, radio abierta, fotos de desaparecidos, pecheras de “Juicio y castigo”, banderas de Hijos, Descamisados, la CTA y el PTS, entre otras. El imputado, con buzo azul y chaleco antibalas, estuvo solo: ni familia, ni camaradas, ni su abogado Eduardo San Emeterio, con problemas de artrosis.

A dos metros de Molina siguieron la sentencia tres de sus víctimas, tomadas de la mano y con los ojos cerrados. Cuando el secretario Carlos Oneto concluyó la lectura, los penitenciarios se llevaron al condenado y la sala comenzó a aplaudir de pie. Los jueces guardaron silencio, sin moverse de sus asientos. Diez minutos después culminó el aplauso y el juez Velázquez agradeció el buen comportamiento de los presentes.

El abogado César Sivo destacó que “es la primera condena a un miembro de la patota de La Cueva, un grupo de tareas heterogéneo, con miembros de las tres fuerzas y civiles”. “Es muy importante por las evidencias que se obtuvieron, porque se confirmó la responsabilidad de civiles, se identificaron roles específicos de otros imputados, y apareció una gran cantidad de soldados dispuestos a declarar. La condena repara a las víctimas, reafirma la importancia de dar testimonio, de tener que revivir el dolor pero con un resultado positivo”, celebró.

“Molina es el primero, ahora hay una larga fila de juicios, por la Base Aérea y el GADA 601, que con suerte será en 2012”, destacó Marcelo Núñez, de Hijos. “El juicio sirvió para inscribir en una condena nombres como los de (el ex juez Pedro) Hooft o (el ya fallecido ex CNU Eduardo) Cincotta, que fueron parte del andamiaje de la represión en Mar del Plata”, agregó.

Sivo también resaltó la importancia de la calificación de las violaciones como delito de lesa humanidad, criterio que rechaza la mayor parte del Poder Judicial. “Es el primer fallo en la Argentina y el cuarto o quinto en el mundo”, recordó, y apuntó antecedentes en Ruanda y la ex Yugoslavia. “La condena por ese delito es una forma de reivindicar el honor y la dignidad de las víctimas, aunque sea 34 años después.”

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“Subían a personas embolsadas o maniatadas”

Dos ex conscriptos fueron testigos de los vuelos de la muerte que se realizaban en Mar del Plata

Ex conscriptos de la base donde funcionó el centro clandestino La Cueva declararon que los vuelos se hacían con un avión Albatros de la Armada. Algunas personas subían vivas y maniatadas. Otras ya muertas y embolsadas.

Por Diego Martínez

Los testigos confirmaron la relación sin intermediarios de los interrogadores con el juez Pedro Federico Hooft.

“El avión se desplazaba despacito por la pista y paraba frente al radar. Entonces los reflectores apuntaban a los puestos de guardia para encandilarnos. Pero poníamos atención y alcanzábamos a ver cómo entre dos oficiales o suboficiales alzaban a personas embolsadas. Otra vez bajaron a mucha gente de un colectivo. Daban pasos cortitos, no podían caminar bien. El avioncito despegaba, a los treinta o cuarenta minutos volvía vacío y entraba otra vez al hangar. El avión tenía la insignia de la Armada.”

Los hechos tuvieron lugar durante el primer año de la última dictadura en la Base Aérea de Mar del Plata. El viejo radar era la sede de La Cueva, el centro clandestino del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército, que comandaba el coronel Alberto Barda, condenado a prisión perpetua hogareña por el Tribunal Oral Federal 5. El relato pertenece a un ex conscripto clase 1957 que el viernes declaró como testigo en el juicio al suboficial retirado Gregorio Rafael Molina –su identidad se reserva a pedido de la Justicia– y confirma que los vuelos de la muerte no sólo partieron de los aeropuertos de Ezeiza, Jorge Newbery y Campo de Mayo.

El método argentino de desaparición de personas, que según Adolfo Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica, aún rinde frutos un tercio de siglo después. Más allá de condenas aisladas como las de los generales Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, siguen impunes centenares de militares, prefectos, policías e “invitados especiales” que según Scilingo también participaban en los vuelos. El único procesado por ese delito es el capitán retirado Emir Sisul Hess, quien contó en privado que los enemigos “caían como hormiguitas”, y está en veremos la situación del teniente de fragata extraditado Julio Alberto Poch, quien la semana pasada declaró durante horas ante el juez federal Sergio Torres para convencerlo de que fue malinterpretado por sus colegas holandeses.

Los relatos que reactualizan el tema tienen un doble valor adicional: pertenecen a ex conscriptos, testigos centrales del terrorismo de Estado que recién ahora sienten que cuentan con las garantías necesarias para hablar, y tuvieron lugar durante un juicio oral y público, ante un tribunal de la Nación y mirando a los ojos al imputado, un torturador y violador de mujeres secuestradas que perteneció a la Fuerza Aérea Argentina.

Línea directa con Hooft

“En la base aérea había doscientas personas, incluidos ciento sesenta conscriptos, la mayoría del interior. En cinco meses nos conocíamos todos”, resume ante Página/12 en la sede del Programa Nacional de Protección de Testigos uno de los dos hombres que el viernes declararon durante horas y terminaron aplaudidos por sobrevivientes y familiares de desaparecidos. La condición para la entrevista es que se preserven identidades y rostros.

Uno padeció el servicio militar obligatorio en la oficina de comunicaciones de la base, destino que le permitió conocer a todos los interlocutores de los represores. “Tenía setenta internos. Después del golpe agregaron otro, creo que el 32, que comunicaba a quienes pedían por inteligencia. Empecé a escuchar y me di cuenta de que ahí abajo tenían a los detenidos”, recuerda.

“Había un tipo que jodía con los hábeas corpus, un tal Hooft”, declaró el viernes ante los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París. El nombre no sorprendió a los querellantes marplatenses: se refería el juez Pedro Federico Hooft, que continúa en funciones con varios pedidos de juicio político en el haber por su actuación durante la dictadura. “Hooft siempre pedía hablar con inteligencia. Cuando no atendían, el interno decía ‘va a ir el doctor Cincotta’”, agregó. Eduardo Cincotta era un militante de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), organización que sembró de muertos Mar del Plata durante 1975. Después del golpe se integró a los grupos de tareas del GADA 601 y murió el año pasado, a poco de haber sido detenido y procesado.

A diferencia de los conscriptos marplatenses, a quienes los militares trataban de mantener al margen de la represión ilegal, los del interior debían participar de operativos en la ciudad y también cubrir guardias externas, que les permitían conocer los movimientos de la base, e internas, durante las cuales tenían breves contactos con los secuestrados. “Sólo había un mínimo diálogo cuando pedían ir al baño. Teníamos que darles una capucha y ponernos otra nosotros para no vernos las caras”, recuerda el hombre en referencia a las famosas medidas de contrainteligencia por cuyo relajamiento en la ESMA reniegan Pernías, Rolón & Cía. “Teníamos prohibido hablar”, agrega y se enorgullece de haber burlado la orden: le informó a un abogado marplatense dónde estaba secuestrado, le dio una birome para que escribiera una carta y se la hizo llegar a su familia. “No me animé a tocar timbre, la dejé en la puerta”, agrega.

Si bien la base era de la Fuerza Aérea, los interrogadores, que llegaban al atardecer y hacían su trabajo sucio durante la madrugada, pertenecían a inteligencia del Ejército, responsable primario de la represión ilegal. Los colimbas los llamaban “los verdugos”. Una tarde de lluvia camino a La Cueva los dos hombres hicieron escala en la oficina de comunicaciones y entre mate y mate mostraron la picana eléctrica, que llevaban en un estuche. “No dijeron nada sobre su uso y no me animé a preguntar.”

Los dos ex conscriptos, que entonces tenían veinte años, recuerdan a Molina como un personaje excéntrico. “Andaba lleno de granadas, cuchillos, cargadores, tipo Rambo, le faltaba un paracaídas, era fantástico.” La otra característica, que los sobrevivientes también recuerdan, era el olor al perfume. “Era un tipo pulcro, siempre bien arreglado y perfumado”, contaron ante el tribunal.

–¿Recuerda qué perfume usaba? –quiso saber un juez.

–No lo sé, doctor, pero en un cuartel un buen jabón de tocador ya es perfume –respondió y generó sonrisas en medio de tanta tragedia.

Bolsas desde La Cueva

“En la base había un solo avión, chiquito, que piloteaba (Gonzalo) Gómez Centurión. Después trajeron el Albatros de la Marina. Entonces empezaron los vuelos a la noche. Salía el avioncito, pasaban veinte, treinta minutos, y volvía. Decían que a la gente la llevaban semidormida y la tiraban al mar”, declaró ante el tribunal el ex colimba de comunicaciones, en base a relatos de compañeros.

Testigos directos a pesar de los reflectores eran los soldados que cubrían los doce puestos de guardia externa, desde donde no sólo veían entrar a los secuestrados encapuchados en los autos de civil de los grupos de tareas. “Una noche vi cargar cinco o seis bolsas al avión. Las subían entre dos, se conoce que eran pesadas. Otras veces las arrastraban desde una punta. Esas bolsas salían desde La Cueva”, explica a Página/12 el hombre de rostro curtido y mirada serena.

“Una vez vi salir gente del radar hacia los aviones. Los llevaban atados de los pies, seis o siete personas. Iban a los saltitos, subían como podían”, contó el día anterior, y agregó: “El avión tenía la insignia de la Armada”, dato curioso por tratarse de una base de la Fuerza Aérea y un centro clandestino del Ejército, que acondicionó el viejo radar abandonado para achicar distancias con Mar del Plata y así poder arrancar información rápido para retomar la cacería.

–¿Qué se siente después de declarar? –pregunta el cronista.

–Alivio. Es imposible vivir toda la vida con esa cruz. Fueron muchos años sin hablar, con trastornos psicológicos. Nadie se ocupó de nosotros. Hasta hoy nuestras familias no creen lo que vivimos, piensan que estábamos locos, dicen “¿cómo van a tirar gente al mar?”. Les vamos a llevar el diario para que lo crean. Uno siempre estuvo dispuesto a poner un granito de arena, pasa que el temor siempre existió.

–¿Por qué ahora sí?

–Vemos que la situación está cambiando, que hay garantías, que se puede tener más confianza en la Justicia. Todavía hay miedo pero de a poquito se va a ir perdiendo. Cuando otros colimbas se den cuenta de que acá no hay ningún lucro, que no es una pavada para sacar una nota, que es para esclarecer la verdad y que esta vez vamos en serio, van a empezar a hablar, todos van a hablar.

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Afuera, a pesar de las amenazas

EXCARCELARON AL SUBOFICIAL ABEL CESAR SCOLLO

Por Diego Martínez

Luego de apenas tres días de detención, la Justicia federal de San Nicolás excarceló ayer al suboficial retirado y periodista Abel César Scollo, imputado por delitos de lesa humanidad en Zárate y Campana. La captura del vocero histórico del carozzismo, que gobierna Baradero desde hace veinte años, había sido ordenada el viernes pasado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien se resistió durante medio año a citar a indagatoria al militar –el fiscal federal Juan Patricio Murray solicitó su detención en noviembre pasado– y quien curiosamente se tomó licencia luego de impartir esa orden. A pesar de haberle asegurado a Página/12, mediante un correo electrónico, que la imputación en su contra es “una historia inventada”, Scollo se negó a prestar declaración ante el juez subrogante Alberto Martín Martínez, quien de inmediato ordenó su excarcelación con argumentos que se desconocen. Martínez concedió el beneficio en el marco de la investigación por la cual Villafuerte Ruzo solicitó incluir en el Programa Nacional de Protección de Testigos a tres personas que fueron amedrentadas tras declarar sobre el pasado de Scollo.

El ex cabo, que en plena dictadura admitía su participación en operativos, y que en 1998 llegó a ufanarse en televisión de haber detenido a “subversivos” en la estación de Campana, está imputado como partícipe necesario de nueve secuestros, ocho torturas y cinco homicidios, por haber entregado información que derivó en crímenes de lesa humanidad. En democracia se recicló como periodista. Trabajó en los ’90 para el intendente Pedro Carozzi y, cuando murió, para su hijo y sucesor, Aldo Carozzi. En 2005 obtuvo del Comfer una licencia como titular de FM Tiempo. A fines de 2009 compartió mesa en un asado junto con el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli y con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, oriundo de Baradero, y cargó en Internet una foto de los tres sonrientes junto al intendente. Tampoco oculta sus óptimas relaciones con la policía bonaerense.

La excarcelación de Scollo fue solicitada el martes por su defensora oficial. El fiscal Murray se opuso en este caso puntual por la magnitud de la pena en juego, la abundancia de pruebas y, sobre todo, por las denuncias de amedrentamiento a testigos, en algunos casos por medio de altos jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires.

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Camino despejado para el ADN

Casación rechazó dos planteos de la defensa de los Noble Herrera

Los camaristas ratificaron la resolución de primera instancia para que se realicen los análisis genéticos de Marcela y Felipe Noble Herrera y se los confronte con todas las muestras de familiares de desaparecidos del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Por Diego Martínez

Marcela y Felipe Noble Herrera. Sus muestras de ADN se confrontarán de acuerdo con lo ordenado por el juez.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó ayer otros dos planteos dilatorios formulados en nombre de Marcela y Felipe Noble Herrera. El primero es un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que teóricamente apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La negativa de Casación deja firme la orden de avanzar con la medida de prueba que reclaman Abuelas de Plaza de Mayo y que permitiría conocer la verdadera identidad de los jóvenes. El segundo planteo rechazado confirma la legalidad de las órdenes de allanamiento dictadas en diciembre por el ex juez de la causa, Conrado Bergesio, para que se extrajeran muestras de ADN a partir de objetos personales de las víctimas, método alternativo a la extracción compulsiva, avalado por la Corte Suprema de Justicia.

La saturación de planteos de los abogados de Clarín, a quienes la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó investigar por representar alternativamente a Ernestina Herrera de Noble y a las víctimas, oscurece por momentos la cuestión de fondo: la sucesión de falacias volcadas en los expedientes de adopción. En el caso de la niña, el 13 de mayo de 1976 la viuda de Noble se presentó ante la jueza Ofelia Hejt con una beba en sus manos, dijo que la había encontrado en una caja en la puerta de su casa de San Isidro y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001 el hombre declaró que nunca fue cuidador de casas: su trabajo fue como chofer de Roberto Noble y, tras su muerte, de la viuda. El juez Roberto Marquevich constató que la presunta vecina no vivía allí y confirmó en registros oficiales que la viuda nunca vivió en la casa que declaró.

El expediente de adopción de Felipe sostiene que la madre, Carmen Luisa Delta, se lo entregó a la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la jueza concedió la guarda a la empresaria, viuda y sin hijos desde 1969. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. El dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron decisivos para determinar la competencia del tribunal. (Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.)

Las irregularidades probadas derivaron en 2002 en la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó a Marquevich su destitución en un juicio político. Días después de ser liberada, la dueña del grupo económico emitió su primera y única declaración pública sobre el tema: “Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió en su diario. Hace un mes la estrategia incluyó por primera vez la exposición de las víctimas, que leyeron en cámara un libreto según el cual “nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos”, exactamente lo contrario.

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El represor-periodista fue detenido

El dueño de FM Tiempo de Baradero, Abel César Scollo

Por Diego Martínez

A seis años de la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a seis meses del pedido de detención formulado por el fiscal federal Juan Patricio Murray y a un mes de que Página/12 informara sobre la obstrucción de la Justicia de San Nicolás en las causas por delitos de lesa humanidad, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención del suboficial retirado y periodista Abel César Scollo, vocero histórico del carozzismo que gobierna Baradero desde hace dos décadas y director de la FM Tiempo, la radio apedreada durante la pueblada de marzo. El militar que en los ’90 se ufanó en televisión de haber detenido “subversivos” prefirió no declarar y quedó detenido en la delegación San Nicolás de la Policía Federal. El fiscal recordó los antecedentes de fugas en dependencias de esa fuerza y solicitó su traslado a una cárcel.

Scollo relataba en plena dictadura su participación en operativos. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba. Testigos que declararon en la causa lo recuerdan infiltrado en un grupo de teatro hasta la desaparición de uno de sus miembros, a quien extorsionó para sacarlo de “listas negras”. El militar reiteró los relatos con orgullo ante compañeros de trabajo mientras regían las leyes de impunidad. En 1998 admitió durante una entrevista en el Canal 6 local que realizaba detenciones en la estación de Campana, contó sonriente que “tenía un grupo de soldados”, que llevaba encima una carpeta negra con “documentación de personal subversivo” y que su camuflaje incluía “anteojos ahumados”.

Sus buenas migas con el poder político diferencian a Scollo de la mayoría de los represores. Trabajó en los ’90 para el intendente Pedro Carozzi y, cuando murió, para su hijo y sucesor, Aldo Carozzi. En 2005 obtuvo del Comfer una licencia como titular de FM Tiempo, la radio que hace dos meses lo llevó a relatar “la guerra que estamos viviendo”. A fines de 2009 compartió mesa en un asado junto con el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli y con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, oriundo de Baradero. Scollo cargó en la web la foto que los retrata sonrientes, pero la bajó horas después, tal vez para no dejar pegados a los tertulianos con su pasado. El periodista Mariano Cruz Liberatti alcanzó a grabar la foto, que aún puede verse en YouTube.

El ex suboficial está imputado como partícipe necesario de nueve secuestros, ocho torturas y cinco homicidios, por haber entregado la información que derivó en crímenes de lesa humanidad. Las víctimas pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores o a grupos vinculados y fueron capturadas en Baradero y San Pedro entre abril y junio de 1976. Cuatro aparecieron flotando en el Río de la Plata con lesiones típicas de quienes fueron arrojados desde aviones.

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Representaciones incompatibles

Denuncian a los abogados de Ernestina Herrera de Noble

Por Diego Martínez

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga a Ernestina Herrera viuda de Noble por la adopción irregular de dos bebés a mediados de 1976, separó ayer del proceso y denunció penalmente a los abogados Jorge Eduardo Anzorreguy y Horacio Marcelo Silva por representar paralelamente a la imputada y a las víctimas, Marcela y Felipe Noble Herrera. Una semana después de recibir la investigación que Conrado Bergesio instruyó durante siete años, la magistrada descubrió que la “incompatibilidad de intereses” no se limitaría a dos abogados: “Toda la asistencia letrada” de la dueña de Clarín y de los niños que adoptó en plena dictadura militar “habría actuado en forma coordinada e indistinta” a lo largo “de todo el expediente”, sugirió. La denuncia por prevaricato recayó paradójicamente en manos de Bergesio, de turno de San Isidro, a quien Arroyo Salgado le sugirió apartarse porque “podría haber incidido en la comisión del delito”.

La Cámara de Casación, a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, le encomendó a Bergesio el 9 de abril dilucidar a cuál de las partes representaban Anzorreguy y Silva, que presentaron escritos en nombre de una y otros. Luego la Cámara de San Martín apartó al juez por demorar la investigación, que heredó Arroyo Salgado. La jueza corroboró el doble juego de los abogados, solicitó al Colegio Público que evalúe la sanción que les cabe y extendió la sospecha al ejército de letrados de Clarín. Apuntó con citas de fojas “la correlación de formato y tipografía” de escritos presentados por ambas partes, infinidad de “presentaciones en forma concomitante” que “sólo se distinguen por la identidad de los signatarios”, y –en otro aporte a la antología de papelones del micromundo abogadil– la adhesión a un recurso de Roxana Piña, representante de las víctimas, de Carlos Espinosa, defensor de la imputada, en un mismo manuscrito y con idéntica caligrafía.

El próximo paso en la causa corresponde a Casación: debe admitir o rechazar un recurso extraordinario de Alejandro Carrió (en teoría representa a las víctimas) para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que los jóvenes Noble Herrera apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si Casación lo rechaza, una vez más quedará firme la orden judicial que permitiría conocer la identidad de Marcela y Felipe, posibles “víctimas de la represión ilegal” según admitió la imputada en la carta abierta que en 2003 publicó en su propio diario.

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Final de juego para el socio civil del golpe

Fue arrestado José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo del plan económico de la última dictadura

El ex ministro de Economía fue retirado en camilla y trasladado a un sanatorio. El juez destacó “la deliberada impunidad de los procederes” en el caso Gutheim, por el que fue detenido.

Por Diego Martínez

José Alfredo Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil.

José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura y símbolo máximo de la política que castigó “a millones de seres humanos con la miseria planificada”, como advirtió Rodolfo Walsh en marzo de 1977, fue procesado ayer con prisión preventiva por orden del juez federal Norberto Oyarbide por dos secuestros extorsivos que el magistrado calificó como crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. La investigación judicial de los delitos que padecieron los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976, se interrumpió gracias a un indulto del ex presidente Carlos Menem que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la semana pasada. Eduardo Luis Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, definió a Martínez de Hoz como el “jefe civil del golpe de Estado” y calificó la medida judicial como “una decisión histórica que implica reparar una de las más importantes deudas con la sociedad argentina”.

Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil. Tal como había requerido la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide decretó su “prisión preventiva de cumplimiento efectivo”. También le embargó sus bienes por dos millones de pesos. Los efectivos de Interpol que fueron a detenerlo con orden de trasladarlo a la división Delitos Especiales de la Policía Federal debieron esperar horas hasta que un equipo médico constató el estado de salud del anciano de 85 años, que según fuentes policiales se encontraba “postrado”. Finalmente fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al sanatorio De los Arcos.

En 1988 el juez federal Martín Irurzun procesó al dictador Videla y a sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy como coautores del secuestro extorsivo de los Gutheim. El economista estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad, sino porque a diferencia de los uniformados no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como el imputado afirmó el miércoles pasado en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.

El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando los organismos de derechos humanos solicitaron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que se sumó la SDH. El miércoles pasado se pronunció en tal sentido la Corte Suprema de Justicia, con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. El mismo día Martínez de Hoz manifestó mediante una solicitada que se siente víctima de “una persecución interminable” por parte del gobierno nacional. Incluyó entre los supuestos cómplices a la Justicia federal y a la Corte Suprema de Justicia, con “escasas y honrosas excepciones”. Duhalde solicitó su detención de inmediato. Oyarbide ordenó el viernes la prohibición para que el imputado saliera del país. Como Martínez de Hoz había prestado declaración indagatoria en los ’80, ordenó su detención sin necesidad de volver a indagarlo.

El juez destacó en su resolución, de treinta y tres fojas, “la deliberada impunidad de los procederes” que caracterizaron el caso de los Gutheim. También se refirió al “irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional sobre sus súbditos, las más absoluta desatención –plenamente consciente y determinada– a las esenciales garantías ciudadanas y el avasallamiento de todo principio constitucional”. En resumen, “la actuación de las máximas autoridades de la Nación disponiendo, según su parecer, designios y/o conveniencias políticas y/o personales, sobre la vida y la fortuna de las personas, al margen de toda regla de convivencia y del Estado de Derecho”, escribió.

Duhalde expresó su “profunda satisfacción” por la decisión judicial durante una conferencia de prensa, en el auditorio Emilio Mignone, en la que anunció la creación de una unidad especial de investigación de delitos económicos en la decretaría que conduce. El funcionario destacó que el procesamiento es “por su actividad delictiva y no, como ha pretendido el procesado en la insostenible solicitada publicada días atrás, por un afán de persecución interminable”. También recordó que “la dictadura cívico-militar produjo un verdadero genocidio económico al pueblo argentino” y consideró que Martínez de Hoz “representó a las facciones más concentradas del capital financiero, de los sectores industriales –como ex presidente de Acindar y la Italo– y como conspicuo miembro de los grandes terratenientes por su pertenencia a la Sociedad Rural Argentina”. Martínez de Hoz está imputado en otras dos causas judiciales por delitos durante la dictadura: una como jefe de la asociación ilícita que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y la otra por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, ex director del Registro de Investigaciones de la dictadura, secuestrado luego de oponerse a la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

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José Mercado quedó varado en la Aduana

EL EX MINISTRO DE ECONOMIA DE LA ULTIMA DICTADURA JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ NO PUEDE SALIR DEL PAIS

El juez Norberto Oyarbide tomó la medida a pedido del secretario de Derechos Humanos, quien también solicitó la detención del ex funcionario y señaló que, luego de que la Corte Suprema anulara el indulto, no había obstáculos para el avance de la causa.

Por Diego Martínez

José Alfredo Martínez de Hoz está imputado por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim.

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer la prohibición de salir del país de José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura imputado por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, quienes fueron forzados a renegociar desde la cárcel en 1976 un contrato privado con comerciantes de Hong Kong. La medida fue solicitada al mediodía por el titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), Eduardo Luis Duhalde, quien calificó al ex funcionario del gobierno militar entre 1976 y 1981 como “el jefe civil de la dictadura” y solicitó su detención en una cárcel común “para que se lo juzgue por delitos de lesa humanidad”. La decisión de Oyarbide se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto 2745/90 por el que Carlos Menem indultó al ex hombre fuerte de Videla.

En 1988 Martínez de Hoz fue procesado con prisión preventiva, igual que Videla y su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, por orden del juez federal Martín Irurzun, como coautor del delito de secuestro extorsivo reiterado. Estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte al 1100, acompañado, entre otros, por el general Carlos Suárez Mason. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó la detención de los Gutheim, y dispuso liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su actuación, sino porque a diferencia de los uniformados no dejó sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como afirmó el miércoles en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.

Titular de la textil Sadeco, Federico Gutheim consiguió en abril de 1976 un cupo de exportación por 6500 toneladas de fibra de algodón. Luego de obtener los avales bancarios y la apertura de cartas de crédito por doce millones de dólares, la dictadura le denegó el permiso para concretar la operación. El 5 de noviembre de 1976, luego de que Martínez de Hoz recibiera en Hong Kong quejas de comerciantes chinos y británicos contra Sadeco por el incumplimiento del contrato, los hombres de negocios fueron detenidos. Según el decreto 2840 de Videla y Harguindeguy su actividad atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público.

Ya en la cárcel, un funcionario de Interior les dio a entender que su libertad dependía de la renegociación de los contratos con Hong Kong. Con ese objetivo fueron sacados en cuatro oportunidades, tal como consta en las actas ratificadas por el escribano Félix Oks. Las reuniones se desarrollaron en oficinas de Sadeco con la presencia de policías y de representantes de varias firmas extranjeras que llegaron al país invitados por Economía. También participaron funcionarios de Comercio Exterior como Agustín Jaime Pazos y Horacio Rodolfo Vega. Fueron liberados cinco meses después, el 6 de abril de 1977, por decreto 949/77, según el cual las causales invocadas habían desaparecido.

Los camaristas consideraron en 1988 que “no se imputó jamás (a los Gutheim) actividad alguna que pueda vincularse con el decreto que impuso el estado de sitio”. Sostuvieron que “las víctimas no solicitaron esas entrevistas y se prestaron a ellas porque estaban privadas de su libertad, siendo conducidas a las reuniones bajo custodia policial y reintegradas a la cárcel, siguiendo en la misma condición de presos, lo que permite presumir fundadamente el carácter extorsivo de las detenciones”.

Pese a que fuentes oficiales habían comunicado al periodismo que las detenciones se produjeron a instancias del Ministerio de Economía, que Martínez de Hoz admitió que fue impuesto del tema en Hong Kong por el cónsul argentino y que el prontuario de los Gutheim en la Policía Federal admitía que fueron arrestados “por irregularidades cometidas en trámites de exportación de algodón”, la Cámara consideró que según las exigencias del viejo Código de Procedimientos Penales los indicios eran insuficientes para mantenerlo detenido, ordenó su liberación y la continuidad de la investigación. La impunidad fue obra de Carlos Menem.

El mismo día que la Corte anuló el indulto, Martínez de Hoz dijo ser víctima de “una persecución interminable” del gobierno nacional. “Diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo”, sostuvo, e incluyó a la Justicia federal y a la Corte Suprema, que “con escasas y honrosas excepciones han sido funcionales a estos objetivos”. También renegó de su inclusión entre los indultados por Menem. Fue “un indulto que no pedí ni me benefició, ya que se me había desvinculado expresamente de los hechos investigados”, confundió.

“No existen obstáculos para el avance de la causa”, consideró ayer Duhalde en referencia a la decisión del alto tribunal, que con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni declaró inconstitucionales los indultos. Consultado sobre la solicitada, sostuvo que “lo que diga Martínez de Hoz sobre su defensa no altera la causa” y expresó su confianza en que Oyarbide “pueda disponer la próxima semana las medidas solicitadas”. “La gravedad de las imputaciones, el carácter de crímenes de lesa humanidad y la extensión de la pena a aplicar justifican la detención y su alojamiento en un establecimiento penitenciario común”, concluyó el secretario de Derechos Humanos.

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Primera noche en una cárcel común

Condenaron a veinticinco años al ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros represores

El último presidente de la dictadura militar, el ex general Reynaldo Bignone, fue condenado como coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas en Campo de Mayo en 1977.

Por Diego Martínez

Se calcula que por los campos clandestinos que dependían de Bignone pasaron cerca de cinco mil desaparecidos.

A los 82 años, luego de tres décadas impune, el último dictador pasó su primera noche en una cárcel común, condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín consideró a Reynaldo Bignone coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas por sus subordinados de Campo de Mayo en 1977, cuando era jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Lo sentenció a veinticinco años de prisión, igual que a Santiago Riveros y a Fernando Verplaetsen. También fueron condenados los generales Eugenio Guañabens Perelló y Jorge García y el coronel Carlos Alberto Tepedino, en tanto fue absuelto el comisario Germán Montenegro. Las cuatrocientas personas que durante horas y en absoluto silencio mantuvieron en alto las fotos de sus seres queridos desaparecidos estallaron en un aplauso cuando la jueza Marta Milloc leyó que se revocaban los arrestos domiciliarios.

Lejos del oscurantismo que durante años caracterizó a los procesos en Comodoro Py, el tribunal de San Martín, que también integran Héctor Sagretti y Daniel Cisneros, ratificó que es posible juzgar a los mayores criminales de la historia argentina a la vista de la sociedad, respetando las garantías e incluso absolviendo a un imputado sin que vuele una mosca. Riveros & Cía. reivindicaron por la mañana su actuación durante la dictadura (ver aparte), pero prefirieron escuchar la sentencia desde un salón aledaño. También se ausentó el defensor oficial Carlos Palermo, que insultó a familiares de víctimas luego de que le gritaran “cobarde” por pedir autorización para no escuchar el fallo. Además del público que colmó la sociedad de fomento José Hernández y los que siguieron la audiencia desde la calle, diecisiete cámaras de televisión llevaron al mundo las imágenes de la sentencia.

Presidente de facto tras la aventura de Malvinas, Bignone había quedado en la historia luego de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín. También se conoce su orden de incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas para borrar las pruebas del terrorismo de Estado, decisión que aún rinde frutos. Menos pública era hasta ayer su actuación en 1977 en el Comando de Institutos Militares (CIM), organismo del que dependían los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, por los que se estima pasaron cinco mil personas. El tribunal de San Martín condenó al dictador por once allanamientos ilegales, seis robos, cuarenta y cuatro secuestros y treinta y ocho tormentos. Gracias al método de la represión argentina de desaparición de personas, seguirá impune por los homicidios.

Las penas más altas, tal lo requerido por las querellas y los fiscales Javier De Luca, Juan Patricio Murray y Marcelo García Berro, abarcaron también a Riveros, ex jefe del CIM y de la zona militar VI, y a Verplaetsen, su jefe de Inteligencia, ambos condenados el año pasado por el asesinato de Floreal Avellaneda. Riveros se impuso en términos cuantitativos: quince allanamientos ilegales, siete robos, sesenta y un secuestros y cincuenta y cuatro tormentos. Milloc leyó uno a uno los nombres de sus víctimas.

A veinte años de prisión condenaron al coronel Tepedino, ex jefe de inteligencia interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y del Batallón de Inteligencia 601 en los dos años siguientes. Tepedino vivió hasta ayer en un tercer piso de Donato Alvarez 562, donde Página/12 lo retrató en 2003 mientras violaba su arresto domiciliario. Dieciocho años de pena le corresponden al general García, ex director del Colegio Militar de la Nación, y diecisiete a Guañabens Perelló, ex director de la Escuela para Apoyo en Combate General Lemos. El policía Montenegro, absuelto de culpa y cargo, fue jefe de la comisaría de Bella Vista. El tribunal resolvió “por mayoría” que se revoquen los arrestos domiciliarios y le encomendó al juez federal Juan Manuel Yalj, que instruye la megacausa Campo de Mayo, “la pronta elevación a juicio” y “la necesaria unificación” de casos “para evitar dispendio de recursos y trastornos para víctimas e imputados”.

“Mi viejo estaría muy contento porque se hizo justicia por tantos compañeros”, admitió Francisco Scarpatti, hijo del sobreviviente que denunció ante el mundo las atrocidades en Campo de Mayo y murió sin llegar a ver las condenas. “Cacho hizo todo, hasta el final de su vida, para que estos tipos terminaran presos”, agregó orgulloso Francisco, nacido en el exilio, mientras sus compañeros del Movimiento 26 de Julio le rendían homenaje al “Comandante Scarpatti” por “su historia y su ejemplo”.

“Estamos contentos, tenemos que revisar las absoluciones. Obviamente nos agravia la absolución de Montenegro”, reflexionó sobrio el fiscal Murray. “Lo más importante es que un símbolo de la impunidad va por primera vez a la cárcel”, afirmó el abogado y periodista Pablo Llonto. “Bignone fue el presidente de facto que ordenó quemar los archivos de las Fuerzas Armadas, que impulsó la autoamnistía para los militares, y gracias a Alfonsín fue excluido del Juicio a las Juntas. Por lo menos va a pasar un rato en la cárcel”, destacó Llonto, mientras los pibes de HIJOS coreaban su nombre.

Francisco Madariaga Quintela, que recuperó su identidad hace dos meses, escuchó ayer una y otra vez el nombre de su mamá Silvia entre las víctimas por quienes se hizo justicia. “Tengo una mezcla de sentimientos”, dijo. “Estoy emocionado, es la mínima pena que merecen, pero también siento bronca y tristeza porque no la puedo tener conmigo”, explicó. “Estoy procesando todo. Pasa el tiempo y te chocan mucho más las historias. Lo importante hoy es que se hizo justicia por ella”, rescató con los ojos llorosos.

dmartinez@pagina12.com.ar

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Ninguno de los condenados expresó arrepentimiento

“La destrucción de mi querido Ejército”

Por D. M.

Los organismos celebraron la condena a Bignone.

Ni arrepentimiento, ni perdón, ni información. Los imputados que hicieron uso de sus últimas palabras reivindicaron la represión ilegal y citaron frases de Perón para justificar el terrorismo de Estado. “Nos vemos obligados a soportar las fotos de las supuestas víctimas”, puso en duda Reynaldo Bignone en referencia a los desaparecidos, que no le quitaban los ojos de encima desde sus retratos en blanco y negro. El dictador criticó sin nombrarlo al general Martín Balza por su autocrítica y al Centro de Militares por la Democracia por su apoyo a los juicios. “Es preferible una condena al repudio de los camaradas”, blanqueó su escala de valores.

Santiago Riveros renegó con “cristiana serenidad” porque considera que deberían juzgarlo sus “jueces naturales”, que no lo hicieron cuando Raúl Alfonsín se los encomendó. Dijo ser “el único y exclusivo responsable de todo lo actuado por el Comando de Institutos Militares durante la guerra contra el terrorismo”. “No ordené torturar a nadie”, aseguró, aunque aclaró que “el Colegio Militar de la Nación nos educó para cumplir órdenes, cualquiera fuera su contenido”.

Riveros recordó notas de la prensa que supo aplaudirlo (“La guerra está entre nosotros”, revista Gente, 1975) y discursos de dirigentes políticos a favor del golpe de Estado, que según él “nada cambió”. “Las Fuerzas Armadas están haciendo patria con mayúsculas”, citó a Carlos Menem. “No hay soluciones”, a Ricardo Balbín. “Estamos al borde del abismo”, a Fernando de la Rúa. Destacó que cuando Luder, Ruckauf, Cafiero & Cía. ordenaron aniquilar a la subversión “nadie levantó su voz”. Cerró con una expresión de deseos: “Que esta desgracia argentina encuentre un nuevo Cristo de civil que eche a los ladrones del templo de la República”.

“No me defenderé”, anticipó Bignone antes de hablar cuarenta minutos. “Ante la agresión terrorista, la Nación empeñó a sus fuerzas armadas para aniquilar al terrorismo subversivo”, dijo. Cuestionó la cifra de treinta mil víctimas, aclaró que la figura del desaparecido tiene “otra significación en la guerra irregular”, idea que no desarrolló. Negó la existencia de un plan sistemático de robo de bebés. “No llegan a treinta (apropiaciones), y ninguna fue por personal militar”, afirmó. “De lo sublime a lo insólito”, tituló el último capítulo, en referencia a la solemnidad histórica del Poder Judicial en contraste con el “improvisado escenario” que le tocó como imputado. Cerró con José Ortega y Gasset (“Yo soy yo y mi circunstancia”) para advertir que sólo cambió lo segundo.

Las palabras de Eugenio Guañabens Perelló desbordaron violencia. Dijo estar “condenado de antemano”, producto de “la destrucción de las instituciones de la República, empezando por mi querido Ejército. ¡Ya no existe como Ejército!”, gritó. Sobre la Justicia, dijo que “le arrancaron la venda y le pusieron un ridículo antifaz”. Similar reemplazo aplicó a alguna fuerza que no identificó: “¡Reemplazaron la espada por un vulgar palo de escoba!”.

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La víctima tiene la culpa

Insólito argumento en el caso de la apropiación de un niño

Al sobreseer a un magistrado acusado de apañar una apropiación ilegal en 1976, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo culpabilizó a la familia que fue víctima de la represión. El suboficial Scollo, periodista de Baradero, sin indagatoria.

Por Diego Martínez

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que sobreseyó a Juan Carlos Marchetti.

La culpa de que Manuel Gonçalves se haya criado con una identidad falsa es de su mamá. En lugar de registrarlo como Dios manda y acompañar al centenar de militares que la visitó con óptimas intenciones, Ana María Granda lo anotó con apellido falso y se resistió a entregarse hasta morir acribillada. También son responsables sus padres y los de su compañero, entonces desaparecido, pues al igual que cientos de abuelos en 1976 no estuvieron donde debían para recuperar al nieto. El razonamiento que hará furor en Marcos Paz lo suscribe el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, en el sobreseimiento de Juan Carlos Marchetti, juez de menores que en lugar de buscar a la familia de Manuel falseó el expediente de adopción para entregarlo a personas de confianza. La fiscal federal María Marta Poggio y los abogados Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibáñez, que representan a Manuel, a la Secretaría de Derechos Humanos y a Abuelas de Plaza de Mayo, apelaron la decisión, que ahora evalúa la Cámara Federal de Rosario.

El juez tampoco encuentra motivaciones para indagar al suboficial Abel César Scollo, periodista protegido del poder político de Baradero que relató el estallido de marzo y que en 1998 admitió en televisión que “con anteojos ahumados” cazaba “subversivos”. Varios testigos lo recuerdan infiltrado en un grupo de teatro hasta la desaparición de uno de sus miembros, a quien extorsionó para sacarlo de “listas negras”. La causa hibernó un año y medio en manos de Villafuerte Ruzo y lleva un año estancada en la Cámara de Rosario.

Marchetti fue juez en San Nicolás durante la dictadura. En 1983 sobreseyó a Luis Patti por dos homicidios. Días atrás logró la absolución de policías acusados de vejaciones. Es abogado de privatizadas como Ternium Siderar, AES América y EDEN, y del ex secretario de la CGT, Naldo Brunelli, titular de la UOM nicoleña que avaló la designación de Villafuerte Ruzo. Scollo trabajó para el intendente de Baradero, Pedro Carozzi, y cuando éste murió para el hijo y sucesor, Aldo. Es titular de FM Tiempo, la radio que el pueblo apedreó tras quemar la municipalidad (ver aparte).

Manuel es hijo de Gastón Gonçalves y Ana María Granada. Su padre fue secuestrado en Zárate el 24 de marzo de 1976. El cuerpo fue enterrado como NN en Escobar. A su abuela, Matilde Pérez, la torturaron para que entregara a la nuera. Para preservar su vida y la del hijo en gestación, Ana María se radicó en San Nicolás con identidad falsa y, cuando nació Manuel, lo registró como Valdez. El 19 de noviembre, cien militares ametrallaron la casa: asesinaron a Ana María y a la familia Amestoy, incluidos dos niños. Sobrevivió Manuel, a quien su madre envolvió en un colchón mientras se resistía a caer en manos del terrorismo de Estado.

Manuel fue trasladado a un hospital por orden del coronel Fernando Saint Amant, quien dio intervención al juez. Marchetti dispuso una custodia ante “el rumor de que iban a retirar por la fuerza al niño”, contó un médico. Pese a que era obligación y práctica del juzgado publicar edictos, Marchetti no lo hizo. Un oficio policial sugiere que “las citaciones cursadas a familiares arrojaron resultado negativo”, pero el firmante dijo que no conoció al magistrado y que por su grado no pudo haberlo suscripto. El juez no pidió las actuaciones en las que se identificó a los Amestoy por sus huellas dactilares, no contactó a los deudos que retiraron los cuerpos, no buscó fotos de Ana María para publicar y no consultó sobre su identidad a los militares, que conocían a sus enemigos aunque los enterraran como NN. “Evitó voluntariamente la identificación”, resumió la fiscal Poggio.

Marchetti recurrió a la familia: su primo Eduardo Larrañaga y la esposa, Esther González, se convirtieron en padrinos del niño, que en febrero de 1977, sin informe socio ambiental ni opinión del asesor de menores, fue otorgado en guarda a Luis Novoa y Elena Rodríguez, prima de González. Cuando un asesor le preguntó si los adoptantes eran cónyuges, un requisito necesario, el juez informó falsamente que estaban casados. También le mintió a González cuando le dijo que había publicado edictos para dar con la familia. No requirió un solo informe para saber cómo se desarrollaba la guarda. En el camino quedó la familia Ricardi, que pretendía la guarda. Tras visitar a Manuel durante tres meses, se enteraron de que lo habían sacado del hospital por orden del juez. Ante la insistencia por ver al niño, Marchetti les gritó: “Muerto el perro, se acabó la rabia”.

Para sobreseerlo en la causa por apropiación y supresión de la identidad, el juez simuló ignorar el terrorismo de Estado y la responsabilidad de los funcionarios, que transfirió a las víctimas. “Quien suprimió la identidad de Manuel desde el momento de su nacimiento fue su madre”, que “imposibilitó que la Justicia pudiera lograr la determinación sobre el origen biológico”, escribió. Lo contrario sostuvo el tribunal de Lomas de Zamora, que anuló la adopción: “No hubo abandono por parte de los padres”. Villafuerte Ruzo no se conformó con culpar a los padres: “Me resulta imposible concluir que los abuelos o parientes no se hicieran presentes en el juzgado de menores”, se indignó. “El Poder Judicial debió ser el órgano encargado de tutelar el debido proceso y los derechos de las personas”, le recordó la fiscal. “Los responsables de que Ana María cambiara su identidad para preservar su vida y la de su hijo fueron los integrantes del Estado terrorista, del cual algunos funcionarios judiciales no eran ajenos sino un engranaje más”, enfatizó.

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Scollo y su pasión por la palabra

Por Diego Martínez

Desde diciembre de 1975 hasta 1978, según su legajo, el suboficial Abel Scollo estuvo en comisión en la Zona IV, que dependía de Campo de Mayo e incluía San Nicolás, Campana y Baradero. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba. Como tampoco ocultó sus tareas sucias mientras regían las leyes de impunidad, abundan testigos que lo incriminan.

Víctor Hofer le contó a su prima que se sentía “perseguido y vigilado” por Scollo, quien le pidió plata a su hermano “para sacarlo de una lista negra”. Ante la negativa, le advirtió: “Nunca vayas a las estaciones de Zárate o Campana porque te voy a levantar”. Los Hofer fueron secuestrados en abril de 1976, igual que Rubén Di Pasqua y Rubén Reynoso, visto en cautiverio en la Brigada de San Nicolás. Habrían estado en un centro clandestino en la vieja escuela de Campo Salles, sobre Ruta 188. Los cadáveres de Oscar Hofer y Reynoso aparecieron en el Río de la Plata con típicos signos de los ejecutados en vuelos. Otro testigo apuntó que Scollo dejó de asistir al teatro tras los secuestros. Cuando los Hofer llevaban años desaparecidos, contó la prima, Scollo extorsionó a la familia. En 1993 lo encontró como vocero del intendente. Lo acusó por las desapariciones y “le cambió el semblante”. Entonces comenzó a sufrir “persecuciones” desde la radio.

Un vecino lo vio comandar un operativo en Campana. Scollo lo admitió en televisión. “A esos dos póngamelos contra la pared, son subversivos”, ordenó. Recordó que “tenía un grupo de soldados”, que llevaba una carpeta con “documentación de subversivos” y que se disfrazaba con “anteojos ahumados”. A un periodista le dijo que “esos operativos eran rutinarios”. Tres testigos fueron incluidos en programas de protección tras recibir amenazas. En noviembre, el fiscal Juan Murray pidió la detención de Scollo. El mes pasado, en una carilla y media, Villafuerte Ruzo escribió que “por el momento” no encontraba “motivaciones”. Murray apeló y le reclamó al juez que deje de entorpecer la investigación.

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En tiempo de definiciones

Se realizó una audiencia en la Cámara de Casación por el caso Noble

El tribunal escuchó a las partes y resolverá mañana si las muestras de sangre y ADN de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín se cruzan con todas las familias que figuran en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Por Diego Martínez

“Deben resolver esta causa de la misma manera que el resto de las apropiaciones”, afirmó el abogado de Abuelas.

La Cámara de Casación Penal postergó para mañana su decisión sobre el último planteo dilatorio formulado por el equipo de abogados que en teoría representa a Marcela y Felipe Noble, adoptados de manera irregular en 1976 por Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña de Clarín. Tras escuchar ayer a las partes, en una audiencia oral y pública ante una sala colmada, Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci deberán convalidar o rechazar la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que respaldó la orden del juez Conrado Bergesio de entrecruzar las muestras de sangre y ADN de las víctimas con todas las familias que buscan niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres durante la dictadura.

Según la versión de Herrera de Noble, imputada con falta de mérito, en mayo de 1976 encontró una beba adentro de una caja en su casa de San Isidro. La investigación judicial demostró que ni la viuda ni la supuesta vecina que dijo ser testigo vivían allí. El segundo falso testigo, en teoría cuidador de la morada vecina, era chofer de confianza de los Noble. La falacia sobre el domicilio fue determinante para que interviniera la jueza Ofelia Hejt, de probada intervención en una apropiación. La misma magistrada entregó en guarda al varón, sin determinar las circunstancias del nacimiento. La Justicia probó que nunca existió la supuesta madre que en los papeles lo entregó en adopción. Con esas pruebas, el juez Roberto Marquevich ordenó en 2002 la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó su destitución en un juicio político impulsado por los abogados de Clarín.

Marquevich fue reemplazado por Bergesio, que durmió la causa durante siete años. Intimado por la Cámara y denunciado por retardo de justicia, en febrero ordenó dos medidas: cruzar con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes (obtenidas en allanamientos plagados de irregularidades, según denunció Abuelas de Plaza de Mayo) y extraerles sangre, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron en el Cuerpo Médico Forense. Ante la apelación de los abogados de Clarín, la Cámara de San Martín respaldó la decisión de Bergesio y destacó un detalle: los jóvenes no firmaron la apelación. Casación suspendió las medidas y, antes de resolver, escuchó a las partes.

Por las víctimas se presentaron Alejandro Carrió, Roxana Piña, Jorge Anzorreguy (también abogado de la imputada) y Horacio Silva, que la defendió en 2002 y ayer presentó un poder de las víctimas. Por la viuda estuvieron Carlos Espinosa y Eduardo Padilla Fox, ex socio de Silva. Alan Iud habló por Abuelas, Alcira Ríos y Pablo Llonto por querellantes particulares. Siguieron la audiencia cuarenta personas, más fotógrafos y camarógrafos. “Están jugando con el desgaste”, advirtió luego Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y se manifestó preocupada por Marcela y Felipe. “Están arrastrando una historia muy mediatizada. En el fondo hablan de que quieren saber, y los abogados hablan de otra cosa”, advirtió. “La Justicia debe resolver de una vez por todas esta causa de la misma manera que trata el resto de las apropiaciones”, afirmó Iud. El abogado de Abuelas se esperanzó en “poder saber antes de mitad de año si Marcela y Felipe son o no hijos de desaparecidos”.

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Una audiencia clave por los Noble Herrera

Los abogados de Abuelas y de la dueña del Grupo Clarín debatirán ante la Cámara de Casación Penal

Las Abuelas reclaman que se crucen muestras de ADN de los hijos adoptivos de Noble con el Banco de Datos Genéticos. Para Estela de Carlotto, el encuentro de hoy será “crucial”.

Por Diego Martínez

“Esperamos salir de los tribunales con una sonrisa”, dijo Carlotto.

Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y de los jóvenes adoptados de manera irregular por Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, debatirán hoy en audiencia pública ante la Cámara de Casación Penal el último planteo dilatorio formulado para evitar el entrecruzamiento de muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble con los de familias que buscan niños desaparecidos durante la dictadura. “Dentro de lo escandalosa que es la situación, por dilaciones que ya llevan ocho años, esperamos salir de los tribunales con una sonrisa”, se esperanzó ayer Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas convocó al público a presenciar la audiencia, que comenzará a las 10 en la planta baja de Comodoro Py, y consideró que la decisión de la Sala II de Casación será “crucial” para saber si la Justicia “actúa como la ley manda”. También lamentó “que no se escuche a los chicos”, que son mayores de edad, pero curiosamente no firman los escritos de los abogados.

Luego de ser intimado por la Cámara Federal de San Martín, el juez federal Conrado Bergesio ordenó en febrero enviar al Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes, que según los expedientes de las adopciones nacieron dos meses después del golpe de Estado en lugares desconocidos. Luego, el magistrado ordenó que se les realizaran exámenes sanguíneos, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron voluntariamente en el Cuerpo Médico Forense.

Los abogados Alejandro Carrió y Jorge Anzorreguy –quien también representa a Herrera de Noble– apelaron ambas resoluciones en nombre de las víctimas. La Cámara rechazó el planteo, consideró que las medidas de prueba eran conducentes e inapelables y llamó la atención sobre la ausencia de firmas de las víctimas. Los letrados de Clarín recurrieron entonces a Casación. En lugar de pronunciarse sobre el tema de fondo, los jueces Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci ordenaron suspender las pericias que permitirían esclarecer la identidad de Marcela y Felipe y, en su lugar, discutir sobre los fundamentos invocados por la Cámara de San Martín. Mitchell fue denunciado la semana pasada por Isabel “Chicha” Mariani, fundadora y primera presidenta de Abuelas, por su propia participación en la apropiación de Simón Riquelo, quien recuperó su identidad en 2002.

Carlotto advirtió ayer que si Casación acepta el recurso de queja de los abogados de Clarín “seguiremos con otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales”. “Yo apelo al sentido común y digo que existe algo muy oscuro, porque si no, no habría tantas dilaciones”, reflexionó. La presidenta de Abuelas lamentó que “a los chicos no se los escuche y continúen viviendo en la incertidumbre” de no conocer su identidad.

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Para los represores siempre hay cámara lenta

LAS RAZONES DE LAS DEMORAS EN LOS JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

Hay ocho juicios en marcha, pero a este ritmo los procesos contra represores terminarán en 2030. Muchas causas se estancan en los tribunales orales, que demoran como promedio un año y medio en iniciar las audiencias. Casación tiene 18 sentencias sin confirmar.

Por Diego Martínez

Imagen: Télam, Leandro Teysseire, Rolando Andrade, DyN y EFE.

Los organismos de derechos humanos, el Poder Ejecutivo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas coincidieron la semana pasada en reclamar celeridad a los jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad. La imagen que sugieren ocho juicios en curso y otros tantos confirmados se diluye ante el universo de represores que esperan turno (ya hay 649 procesados, la cifra crece cada semana) y se esfuma cuando se pone la lupa sobre los procesos: instrucciones lentas, demoras de los tribunales orales federales para iniciar los debates, audiencias espaciadas por falta de salas, una veintena de sentencias sin confirmar en la Cámara Nacional de Casación Penal y en la Corte Suprema de Justicia. “Nos encontramos frente a una suerte de sabotaje de algunos miembros de la corporación judicial”, denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales en un adelanto de su informe anual. Agrega que “la cadena de responsabilidades abarca el entramado judicial de todo el país” y apunta un dato alarmante: al ritmo actual habrá juicios a represores hasta 2030.

El análisis del rol del Poder Judicial exige una aclaración previa: los mayores obstáculos para investigar los crímenes de la dictadura son producto de decisiones políticas. La primera, en defensa propia, fue la impunidad planificada por el Estado terrorista. El capitán Antonio Pernías recordó que mil quinientos marinos rotaron por grupos de tareas. “¿Sólo existió el de la ESMA?”, se indignó. Resumió la razón por la que sólo un puñado rinde cuentas como “errores de contrainteligencia”. Se conocen: sacarse la capucha antes de tiempo, confesar entre tinto y tinto un vuelo de la muerte, no verificar que el asesinado haya dejado de respirar, como bien sabe el teniente coronel Martín Rodríguez, identificado por un sobreviviente de Campo de Mayo que logró escapar de un auto fondeado en un arroyo.

La segunda decisión que no deja de rendir frutos la tomó Raúl Ricardo Alfonsín en 1987, cuando le garantizó impunidad a los asesinos. Cientos de represores murieron en los dieciocho años que separan las felices pascuas radicales del fallo de la Corte que declaró inconstitucionales las leyes del olvido. También quedaron en el camino sobrevivientes y familiares de víctimas que hoy serían testigos centrales, en tanto militantes que investigaron en los ’80 y fueron reemplazados por jóvenes que debieron empezar de cero.

Una explicación rigurosa exigiría desarrollar desde temas procesales hasta historias de magistrados con nula vocación por investigar el genocidio, especie de la que Alfredo Bisordi es emblema (saltó sin escalas de la Cámara de Casación a la defensa de Luis Patti) aunque no un caso aislado. Sólo un organismo estatal y una ONG estudian el problema con sistematicidad: la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas sobre terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación (PGN), y el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS.

Un problema de fondo que persiste es la negativa de algunos jueces a instruir las causas en base a los vínculos ostensibles entre casos (una sucesión de secuestros, cautiverios en un mismo centro de detención) y no como si fueran delitos aislados. Por consejo de la PGN varios magistrados aplicaron criterios de acumulación, que derivaron o derivarán en juicios con un buen número de imputados y de casos. Otros se resisten, con la complicidad de las cámaras que los controlan. El caso más grave se da en Mendoza, donde Walter Bento fragmentó la instrucción al máximo. La Cámara cuyana es demasiado turbia como para interesarse en agilizarla. La Unidad Fiscal reclamó a la Corte, por ahora sin suerte, que utilice sus facultades de superintendencia para hacer cumplir la celeridad que propuso en su última acordada de 2008.

Idéntica resistencia opuso Cristina Garzón de Lascano en Córdoba, donde aún no existe una megacausa La Perla, con un agravante para la ahora ex jueza: la propia Cámara le recomendó seguir el criterio de los fiscales. En Paso de los Libres fue al revés: un juez acumuló y la Cámara de Corrientes dio marcha atrás, con excusas de antología: “No basta que los hechos guarden similitud”, la instrucción atomizada beneficia “el ejercicio de defensa y la averiguación de la verdad real” (sic).

Los tiempos de algunos jueces son eternos. Siete años le llevó al platense Manuel Blanco detener al primer grupo de represores de La Cacha. Avanzó cuando vio peligrar su competencia. Similar eficacia demuestran Arnaldo Corazza, responsable de varias causas del circuito Camps, y el jujeño Carlos Olivera Pastor, quien alegó no ordenar capturas por falta de plazas para alojar represores. Desde que le garantizaron las celdas dilata llamados a indagatoria y se niega a acumular expedientes. Algunas cámaras no se quedan atrás. En la de Rosario hiberna desde hace un año la causa “Hoffer”, que el nicoleño Carlos Villafuerte Russo tardó un año y medio en elevar. En Trelew tardaron diez meses para traducir las pruebas contra el marino Roberto Bravo, imputado por la Masacre de Trelew.

Cuando al fin llega la etapa de juicio oral comienzan las excusaciones y recusaciones, el calvario para conformar los tribunales y encontrar salas adecuadas. Según el informe del CELS, la demora promedio desde que los tribunales reciben la causa hasta que inician el debate (nadie les fija plazos) es de un año y medio. Los defensores usan el estancamiento para reclamar excarcelaciones. Casación acaba de intimar al TOF de Mar del Plata a que juzgue al torturador Gregorio Molina. El tribunal recibió el caso hace treinta y cuatro meses. La primera causa que llegaría a juicio en Santiago del Estero estuvo “traspapelada” más de un año en Casación. Ahora no logran formar el tribunal. La mejor excusa la aportó el catamarqueño Antonio Rodríguez Seín: se niega a trabajar en otra provincia. El inicio del juicio a los penitenciarios de la Unidad 9 se postergó tres veces por problemas internos del tribunal que preside Carlos Rozansky. De los cientos de asesinos de Ramón Camps sólo fueron juzgados Miguel Etchecolatz y el cura (siempre activo) Cristian Von Wernich.

El problema de las salas en Buenos Aires comenzó hace un año, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad se puede impartir justicia en un gimnasio. Los colegas de Comodoro Py se resisten a mover el bote. La lectura de la acusación a Acosta, Astiz & Cía., con dos audiencias semanales como promedio, algunas de tres horas, demoró noventa días porque tres tribunales comparten la sala. Ahora se está adecuando otra para el juicio de Vesubio. Desde junio será compartida con el de Automotores Orletti. Los procesos de la ESMA y Primer Cuerpo tienen más de trescientos testigos cada uno. A 2,5 audiencias por semana, es probable que más de un marino escuche la sentencia desde el más allá.

Cuando los juicios comienzan, la pachorra se torna más visible. Cada tribunal decide sin rendir cuentas a nadie la periodicidad y duración de las audiencias. La Corte supo reclamar celeridad pero no se decide a aplicar sus facultades para despabilar a quienes no acusan recibo. En Salta intentaron recusar al presidente del TOF por ordenar cuartos intermedios de una semana. En el TOF5 supo ser regla arrancar con una hora de demora y parar noventa minutos para almorzar, mientras familiares de desaparecidos comparten con camaradas de torturadores los acogedores pasillos de Comodoro Py.

También son eternos los tiempos de Casación y de la Corte Suprema de Justicia para confirmar las sentencias. Hasta hoy sólo tienen condena firme Miguel Etchecolatz y Julio Simón, juzgados en 2006. Si se cumple el pronóstico del médico que sugirió apartar a Antonio Bussi del juicio por Jefatura de Policía, pronto los supremos deberán sobreseer por muerte al asesino tucumano. Casación fue un rayo para frenar la investigación sobre las adopciones irregulares de Ernestina Herrera de Noble pero sólo confirmó cinco de veintitrés veredictos por delitos de lesa humanidad. La demora garantiza que no se revean las libertades otorgadas luego de condenas simbólicas como las de los ex jefes de Mansión Seré o la de Jorge Olivera Róvere, ex dueño de vidas y muertes de la ciudad, quien aún camina por la avenida Callao con una perpetua a cuestas.

La Presidenta destacó el 24 de marzo la necesidad de “dar vuelta la página de la historia con verdad y justicia”. Madres y Abuelas que ponen cuerpo y alma desde hace décadas asintieron con la cabeza. Deberán armarse de paciencia. Según los registros del CELS, los 75 imputados que escucharon su sentencia representan el seis por ciento de los 1216 que deberían ser juzgados si no mueren a tiempo. Hay casi setenta causas elevadas que esperan turno en tribunales orales, doscientas treinta en instrucción, 41 prófugos que no aparecen, miles de civiles que integraron las filas de Inteligencia del Estado terrorista y todavía no fueron investigados, y un carromato judicial que se resiste a poner segunda.

dmartinez@pagina12.com.ar

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