sábado, 24 de julio de 2010

Murió Adel Vilas


Por Diego Martínez

Un adelantado del terrorismo de Estado, instaló en 1975 en Tucumán los primeros centros de tortura y exterminio del país.

En Bahía Blanca emplazó su segunda Escuelita, última escala de un centenar de desaparecidos.

A los fusilamientos en enfrentamientos fraguados, marca registrada del Ejército, agregó como toque de distinción de su prontuario el juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur, siempre con la complicidad del diario La Nueva Provincia y el servicio del juez federal Guillermo Federico Madueño.

“¿Cómo decirle adiós a un soldado que hizo que los hombres, mujeres y niños de esta ciudad comenzaran a recobrar la paz y la seguridad que habían perdido? Nos estaban arrancando algo vital, uno de los ejemplos del país que queremos ganar para las futuras generaciones”, escribió Diana Julio de Massot luego de despedirlo en la dirección del diario.

En 1987 la Cámara Federal lo escuchó invocar “órdenes superiores” para justificar sus crímenes y le dictó la prisión preventiva rigurosa. Usaba entonces el uniforme que sus subordinados se quitaron para secuestrar y contaba con los “consejos técnico--profesionales” de Néstor Luis Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército y actual juez de la misma Cámara bahiense.

Pasó sus últimos años recluido en un departamento en Bulnes 2087, donde nunca se dignó a recibir a este cronista.

Los ingratos que se beneficiaron con sus trabajos sucios le dedicaron cuatro líneas a su muerte y hasta escribieron mal su nombre. Así pagan.

domingo, 18 de julio de 2010

Homenaje y polémica


Publicado (sin firma) en PáginaI12.

Familiares y compañeros de detenidos-desaparecidos de Tres de Febrero rendirán homenaje hoy a dieciocho scouts de la parroquia San Francisco de Asís, de Villa Bosch, víctimas del terrorismo de Estado. La jornada comenzará a las once con una misa a cargo del obispo de San Martín y Tres de Febrero, Guillermo Rodríguez-Melgarejo, quien cobija en su diócesis al ex capitán de fragata Alberto Angel Zanchetta, capellán de la ESMA que justificaba con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo el asesinato de prisioneros arrojados al mar desde aviones navales.

El Grupo Scout de la Capilla de San Francisco de Asís se gestó a partir de la llegada del padre Mario Bertone y de su experiencia previa en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Caseros, donde estudiaron la mayoría de los militantes desaparecidos y donde ahora Zanchetta oficia de vicario y asesora a los jóvenes de Acción Católica Argentina. Influidos por el pensamiento del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, Bertone y los scouts pusieron en pie la capilla y transformaron el vínculo de la Iglesia con la comunidad, cambio que incluyó desde el uso de música en las misas hasta la resolución conjunta de los problemas del barrio.

Los jóvenes secuestrados entre 1976 y 1978 son Andrés y Daniel Barciocco, Fernando Barro, Miguel Angel Biglia, Augusto Lenzi, Héctor, Miguel Angel y Oscar Buchelini, Carlos Rescigno y su esposa Francisca Ricci, Alfredo y Luis Castro, Darío y María Mercedes Valiño, Luis Frutos, Carlos Cruspeire y su esposa Rosa Godoy, y José Pérez Rojo. Algunos fueron vistos en cautiverio en Campo de Mayo, otro en una casa operativa de la Fuerza Aérea en Morón, y un par fueron secuestrados en Córdoba y vistos en el centro clandestino La Perla.

Rodríguez-Melgarejo invocó su amistad con Carlos Mugica cuando pidió participar del homenaje. Los organizadores consultados por Página/12 desconocían que el obispo cobija en la principal parroquia de Tres de Febrero al ex capellán de la ESMA, denunciado por el capitán Adolfo Scilingo. Zanchetta también fue secretario del ex obispo castrense Adolfo Baseotto, que amenazó con arrojar el mar al ministro de Salud por repartir preservativos. En 2009, antes de que el Ministerio de Defensa ordenara su baja, fue vicario en la iglesia San Pedro González Telmo. Ante el repudio de los vecinos de San Telmo, el cardenal Jorge Bergoglio lo envió a una diócesis en el Golfo de Génova, Italia. Reapareció en la parroquia De la Merced, donde dirige la Acción Católica a nivel distrital y secunda al párroco Santo Alegre (sic). La comunidad católica del distrito conoce el rol de Zanchetta en la ESMA, que el ex marino niega. Hasta ahora sólo un grupo de jóvenes, en silencio, tomó distancia de la parroquia como muestra de repudio. La obsesión de vicario y obispo es que el caso no trascienda a los laicos.

lunes, 12 de julio de 2010

El gran simulador

La Justicia debe resolver si Luis Patti puede seguir internado y no en la cárcel

Los abogados de Patti buscan mostrar que no puede valerse por sí mismo ni comunicarse, pero un perito aseguró que no es necesario que permanezca en el Fleni y que no habla para disimular su estado.

Por Diego Martínez
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Foto tomada en Fleni, donde se supone que Patti se recupera de un ACV.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín que desde el 30 de agosto juzgará a Luis Abelardo Patti por delitos de lesa humanidad, deberá resolver en los próximos días si le concede el arresto domiciliario, si lo devuelve a la cárcel que no pisa desde hace seis meses, o si le permite seguir internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, donde en teoría se recupera de un accidente cerebro vascular (ACV) que sufrió en enero y donde se tomó la foto que ilustra esta nota.

Mientras sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte se esmeran en demostrar que Patti no puede valerse por medios propios y pulen la estrategia para probar que es incapaz de comprender y comunicarse, paso previo al reclamo de suspensión del juicio, el perito que evaluó al torturador a pedido de la querella lo describe como un simulador que no habla para disimular su verdadero estado, y destaca que “no es imprescindible” el tratamiento indicado por los médicos del Fleni, quienes justifican desde hace medio año la internación en el instituto que el propio Patti inauguró cuando era un intendente impune.

A principios de año, los abogados obtuvieron la autorización judicial para que Patti se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, que se realizó a fines de enero en el hospital de la Universidad Austral, en Pilar, Patti sufrió un ACV que le permitió tomar distancia del penal de Marcos Paz, donde estaba detenido desde noviembre de 2007 junto a Etchecolatz, Von Wernich & Cía.

La recuperación comenzó en el Fleni de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la Familia Pérez Companc (familia con mayúsculas en la web de la fundación) en Escobar. “Va a tener una recuperación larga, pero eso depende de las posibilidades de rehabilitación que pueda tener, ya que está privado de su libertad”, explicaron entonces sus amigos al diario La Nación. “El ya tenía para tres meses de rehabilitación por la columna, a lo que ahora se suma esto”, se esperanzó Luis Patti Jr. en declaraciones a una revista local.

En ese contexto, y mientras el tribunal se aprestaba a fijar fecha para el proceso que compartirá con los condenados generales Reinaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, y con el ex comisario Juan Fernando Meneghini, su jefe en la comisaría de Escobar en los ’70, Bisordi y Duarte solicitaron el arresto domiciliario. El argumento: el tratamiento bajo la modalidad “hospital de día” indicado por los médicos del Fleni sólo se lo podría brindar ese centro de rehabilitación de Escobar, y los traslados desde el penal de Marcos Paz serían traumáticos para la salud del imputado, que según sus abogados es incapaz de alimentarse o vestirse sin ayuda de un tercero.

Durante los cinco meses posteriores al ACV, el tribunal que deberá juzgar a Patti, integrado por los jueces Héctor Sagretti, Lucila Larrandart y Marta Milloc, tomó conocimiento de su estado de salud sólo por los informes del Fleni. Luego de insistentes requerimientos del fiscal federal Juan Patricio Murray, los magistrados ordenaron un examen a cargo del Cuerpo Médico Forense, cuyos resultados se conocerán esta semana.

Sí se conoce el informe del perito médico ofrecido por la parte querellante, patrocinada por los abogados Pablo Llonto y Ana Oberlin. Según el escrito del médico Leonardo González, “el aumento excesivo en los tiempos de latencia en responder, como si no comprendiera una pregunta, no es justificable con las lesiones padecidas en el sistema nervioso”. Patti “no padece alteraciones en el lenguaje”, afirmó. Si bien “se mostró extremadamente callado” y “prefirió el lenguaje gestual”, el perito observó un llamativo contraste entre la precisión para dibujar en el aire letras que le mostraron durante un examen de agudeza visual y la discapacidad que manifestó durante el interrogatorio para realizar tareas básicas como el aseo personal o el vestido.

“Puede escribir con destreza suficiente, y no padece significativa discapacidad para no poder realizar sin asistencia la mayoría de las actividades de la vida cotidiana. El paciente niega que pueda comer sólo con su mano derecha, niega poder cortar o llevar la comida a la boca, lo que contrasta con la observación objetiva”, escribió González, quien advirtió que el ex comisario “colaboró muy poco con la evaluación”.

Consultado por el tribunal sobre la necesidad de continuar el tratamiento indicado por los médicos Lisandro Olmos y Marcos Rey, del Fleni, el perito apuntó que “no es imprescindible”, pues la terapia de recuperación “no precisa de aparatología compleja o asistida por computación”, y que tampoco es imprescindible que la frecuencia del tratamiento sea diaria. “Dos o tres veces por semana resulta suficiente”, apuntó, y enumeró centros de rehabilitación a los que podría trasladarse sin inconvenientes desde el penal de Marcos Paz.

sábado, 10 de julio de 2010

Los consejos de Miret

La investigación en el Consejo de la Magistratura
Un ex preso político y la madre de una joven secuestrada durante la dictadura declararon ante el organismo que designa y remueve a los jueces por la causa contra Luis Miret.
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La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo investiga al actual juez de la Cámara Federal de Mendoza.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

A fines de agosto de 1975, un día después de haber sido torturado durante horas, Hugo René Tomini recibió la visita del juez Luis Francisco Miret en el calabozo del Departamento de Informaciones de la policía de Mendoza.

–¿Cómo está? –preguntó el magistrado.

–Dolorido –respondió desde el suelo Tomini, incapaz de pararse por las secuelas del castigo.

–Hay que aguantar –le aconsejó Miret.

Tomini recordó el diálogo el último jueves frente a tres integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que investiga el rol del actual juez de la Cámara Federal de Mendoza durante el terrorismo de Estado. También la madre de una joven secuestrada y ultrajada por miembros del D2 describió los padecimientos de su hija y sus gestiones infructuosas ante Miret, a quien definió como “cómplice de violadores” y “un embrión de la dictadura”.

Tal como informó Horacio Verbitsky el 25 de abril, el periodista Rodrigo Sepúlveda filmó el testimonio de Tomini en 2000 y lo incluyó tres años después en su tesis de graduación a la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo. Miret y su colega Otilio Roque Romano, fiscal durante la dictadura, fueron denunciados ante el Consejo por organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza, con la adhesión posterior del gobierno de Celso Jaque. En el marco de esa instrucción fue citado a declarar el ex preso político, que dio testimonio ante los consejeros Héctor Masquelet, Diana Conti y Santiago Montaña.

Tomini fue detenido en la calle el 28 de agosto de 1975. Lo llevaron a su casa, donde le dieron la primera paliza, y luego en el baúl de un auto hasta el palacio de policía, donde funcionaba el D2 y donde pasó la peor semana de su vida. Desde el calabozo pegado al suyo escuchaba la voz de una adolescente que imploraba no ser violada, y el ruido de un arma, que imaginó en la cabeza de la víctima. De las torturas físicas destacó la golpiza, sobre todo en los testículos, y la picana, atado de pies y manos al elástico de una cama de metal. “Eso duró varias horas”, contó.

“Uno o dos días después siento que alguien corre como un cerrojo del calabozo y dice ‘levántese, lo viene a ver el juez’. Yo no me pude levantar porque físicamente no estaba en condiciones”, recordó. De inmediato se produjo el diálogo con el que arranca la nota, que mantuvo con “un señor de traje”. “Teóricamente ése era el juez. Yo dije ‘es una payasada de la policía’. Pero mi sorpresa grande fue cuando, dos o tres días después, voy al juzgado y era el juez”, recordó.

–¿Usted le refiere a Miret las torturas a las que había sido sometido? –preguntó el consejero Masquelet.

–No, en absoluto. No declaro absolutamente nada. No sabía que uno podía decir ‘denuncio las torturas pero me abstengo de declarar’. Aparte, le soy sincero, sentía como que era algo sabido, que no hacía falta explicarle a nadie –dijo, y reiteró: “Me vio tirado en el suelo, yo no podía pararme”.

Varios meses después, Tomini consiguió que le dieran la opción para salir del país. “Mis padres, entonces, van a hablar con Miret, mostrándole que yo tenía el derecho de opción, a lo cual Miret dijo: ‘Si el general Videla no tiene nada contra su hijo, yo tampoco’”.

“Miret era un embrión de la dictadura que después nos acosó”, resumió el jueves anterior Luz Casenave, quien recordó la desidia con la que el juez trató a su hija de 16 años durante su cautiverio. Luz Faingold cursaba el quinto año del colegio secundario, era delegada del curso. Fue detenida el mismo día que Tomini y trasladada al D2. Su madre se apersonó pero no logró que la liberaran. Luego, el entonces juez Miret prohibió la restitución de Luz al hogar.

Cuando supo que su hija sería indagada por el juez, Casenave se presentó en el edificio de Tribunales y logró ingresar a la sala de audiencias. Vio a su hija, al juez Miret y al entonces fiscal Otilio Romano (el otro camarista mendocino denunciado por encubrir delitos de lesa humanidad), más dos soldados y un secretario. “Mi hija era un pajarito vencido, un ser arruinado, oprimido”, recordó Casenave, que es psicóloga y asistente social.

Ante la pregunta de Miret, le informó que era la madre de Luz. El juez la obligó a retirarse pero Casenave se negó, le dijo que no podía interrogar a una menor sin la presencia de al menos uno de sus padres. Consultada por el defensor oficial de Miret, la mujer recordó que el interrogatorio a su hija no parecía a cargo de un juez sino “policial”. “Miret tuvo la oportunidad de ser un hombre de ley y sin embargo fue cómplice de los violadores”, afirmó Casenave, de 80 años, en referencia a los abusos sexuales que padeció su hija. “Fue lo más doloroso que pasé en mi vida”, confesó.

viernes, 9 de julio de 2010

Un luchador consecuente

MURIO PATRICK RICE, EX SACERDOTE Y MILITANTE POR LOS DD.HH.

De origen irlandés, Rice dedicó su vida a acompañar a los sectores más desprotegidos. Fue secuestrado y torturado por la última dictadura, denunció la complicidad de la Iglesia con los militares. Fue fundador de Fedefam y miembro del CELS.

“Es muy difícil pensar que vamos a seguir sin él”, dijo Marta Vásquez de Madres Línea Fundadora.

Por Diego Martínez

Cristiano consecuente como sacerdote y luego como laico, víctima del terrorismo de Estado por su militancia en villas, crítico de la conducción de la Iglesia por su complicidad con la dictadura y dirigente esencial del movimiento de derechos humanos desde fines de los ’70, Patrick Rice falleció de manera repentina, el miércoles por la noche, en un hospital de Miami. Rice fue cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), nacida en 1981 para potenciar la lucha de quienes enfrentaban dictaduras en América latina y el Caribe, y hasta los últimos días acompañó a sobrevivientes y testigos en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Luego de visitar a familiares y amigos en su Irlanda natal, se descompuso durante la escala del vuelo Dublín-Buenos Aires. Paradójicamente para quien sembró amigos en todo el mundo, murió lejos de sus seres queridos. Sus restos llegarán a la Argentina en los próximos días. Será velado en la Casa de Nazareth.

Rice nació en el seno de una familia rural de Irlanda en 1945. Se recibió de bachiller en teología en la Universidad Pontificia local y en 1970 llegó a la Argentina. Se ordenó como sacerdote en la congregación del Verbo Divino y en 1972 ingresó a la Fraternidad Hermanos del Evangelio Charles de Foucauld. Luego de su trabajo pastoral en el interior de Santa Fe se radicó en Capital, primero en La Boca, luego en la villa 3 de Villa Soldati. Como sacerdote de la capilla junto al padre Carlos Bustos trabajó con los laicos, entre ellos Fátima Cabrera, catequista y alfabetizadora con quien estableció una relación para toda la vida.

A partir de 1974 la fraternidad sufrió detenciones, secuestros y deportaciones por su trabajo con sectores marginados. El 11 de octubre de 1976 fue secuestrado por un grupo de tareas de civil. Cuando advirtió que era sacerdote lo golpearon y le aclararon que “los romanos fueron muy civilizados con los primeros cristianos comparado con lo que te va a pasar a vos”. En cautiverio fue interrogado a golpes, quemado con cigarrillos y sometido al tradicional submarino. Luego de tres días desaparecido y gracias a la presión de la Embajada de Irlanda y de su orden, fue trasladado al tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal, el sector clandestino del edificio que aún ocupa la Policía Federal y al que volvió durante una inspección ocular en 2008. “La intervención del nuncio y del Episcopado se limitó a tramitar su expulsión del país, sin referencia alguna al maltrato sufrido”, destacó Horacio Verbitsky en su historia de la Iglesia. Antes de exiliarse padeció la cárcel. La Iglesia que aún le permite al condenado Von Wernich oficiar misa en el penal de Marcos Paz le prohibió a Rice y a otros curas presos en la Unidad 9 de La Plata vestirse con ropa clerical y concelebrar la Eucaristía.

En 1985, tras quince años de sacerdocio, dejó los hábitos para casarse con Fátima. Tuvieron tres hijos: Carlos, Amy y Blanca, y se dedicaron a la militancia laica con los Hermanitos del Evangelio. “Sigo trabajando para una Iglesia que vive fielmente el mensaje sencillo y profundo del Evangelio, pero que ha sido traicionada en la historia reciente por miembros del clero y del Episcopado que debieron y deben cumplir su deber de sostener en alto este tesoro ante el pueblo de Dios”, escribió.

“Es una pérdida enorme”, afirmó Marta Vásquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Hemos trabajado juntos desde 1981 en Fedefam y ha sido siempre el consejero, el secretario, el asesor... Realmente no puedo creer que no lo voy a ver más. Pienso mucho en Fátima y en los chicos. Patrick dedicó su vida a los derechos humanos, sociales y políticos, y desde que fue secuestrado tuvo una vida accidentada. Es muy difícil pensar que vamos a seguir sin él”, reflexionó con la voz quebrada. “Querido amigo Patricio: hasta pronto”, lo despidió.

“Ha sido un hombre consecuente en su militancia durante muchísimos años”, recordó Verbitsky, presidente del CELS, que tenía a Rice entre sus socios. “Primero como sacerdote, luego como miembro de una fraternidad laica, ha seguido militando por una transformación de la Argentina siempre en relación con los más desprotegidos. Forma parte de una generación que se entregó de cuerpo y alma, y ha sido de los mejores, de los más consecuentes”, destacó el periodista”.

“Fue un decidido luchador por los derechos humanos que padeció en carne propia la dictadura y nos dejó la memoria de su sonrisa en su español atravesado y su lucha por la paz detrás de las huellas de Carlos de Foucauld”, recordó Eduardo de la Serna, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres. “Lo vi por última vez en la misa de Carlos Mugica. Llevó las ofrendas. Y ofrendó su vida para que la verdad, la justicia y la paz sean una realidad en nuestra patria”, agregó De la Serna, miembro de la comisión directiva del CELS.

“Es un golpe tremendo. Era un personaje querido, querible, inteligente, sano, de una pureza infinita, siempre con esa sonrisa increíble”, lo recordó Lita Boitano, de Familiares, organización a la que Rice representó en Fedefam desde el fallecimiento de Mabel Gutiérrez y que ahora integran sus hijos Carlos y Amy Rice, militantes de HIJOS.

“Sufrió la desaparición y la tortura durante el terrorismo de Estado por su compromiso solidario con nuestro pueblo pobre, que él había convertido en su propio pueblo”, recordó el pastor Arturo Blatezky, del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, donde también actuó como secretario.

“Es una pérdida enorme, no sólo por lo que significaba como militante, sino por lo que era como persona, como ser humano, siempre con una sonrisa y con ese castellano que hablaba perfecto pero con un dejo de irlandés”, recordó emocionada Taty Almeida. “Junto con Fátima vencieron todo, se sobrepusieron a las peores torturas y protagonizaron una maravillosa historia de amor”, agregó la dirigente de Madres.

martes, 6 de julio de 2010

“Es una cuenta pendiente”

Fermín Rivera, testigo en el juicio por la Unidad Penitenciaria 1

Ex preso político durante una década, Rivera hizo la denuncia que inició la causa hace ya 34 años. Relata la historia sobre la conformación de un verdadero campo de concentración y de exterminio.

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Fermín Rivera (a la derecha) se abraza con un ex compañero de cautiverio durante la dictadura.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

Treinta y un presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba fueron fusilados por militares del III Cuerpo de Ejército entre abril y octubre de 1976, cuando la cárcel se transformó en campo de exterminio. Fermín Rivera escuchó en cautiverio la promesa del general Sasiaíñ de ejecutarlos “lentamente”, vio morir a varios compañeros y denunció los crímenes en plena dictadura. El viernes, con Videla y Menéndez en el banquillo, comenzó el juicio por el que peleó durante 34 años. “Relatar el asesinato de entrañables amigos es terrible, doloroso, pero es una cuenta pendiente con mis compañeros y con la historia”, dice. Ex preso político durante una década, Rivera repasa la historia de quienes encubrieron delitos de lesa humanidad, advierte que “vamos a luchar por verdad y justicia hasta que alcance a todos los responsables”.

–Empezó el juicio por los fusilamientos de sus compañeros y usted hizo la denuncia original.

–Hace 34 años que hice la primera denuncia y ha habido cantidad de frustraciones. La primera fue en la cárcel de Sierra Chica en octubre de 1976 con el juez de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuestas. Yo estaba hemipléjico. Le relaté las golpizas, el aislamiento, los fusilamientos, y respondió que no tenía jurisdicción pero que debía informar de mi denuncia a las autoridades militares. Era una amenaza velada. Seguí denunciando sin que nadie me escuchara hasta enero de 1983, cuando por una medida de fuerza de los presos me entrevistó un juez de Rawson y se empezó a instruir la causa. La Justicia llega después de 34 años.

–¿Cuándo cayó usted?

–El 27 de agosto de 1974, a la semana de la toma de la fábrica de explosivos de Villa María. Andaba recogiendo las armas después de la retirada y me detuvo la Policía Federal. En La Carlota me torturaron 24 horas para sacarme información de dónde iba a llevar las armas. Me siguen torturando en Río Cuarto y me llevan a la cárcel. Ahí empiezo a recuperarme de las lesiones, aunque todavía tengo secuelas. Un juez me dicta la preventiva y a fines de 1974 llego a la penitenciaría de Córdoba.

–¿Cómo era el trato?

–La relación con las autoridades penitenciarias era muy buena. Eramos doce presos políticos. Recibíamos tres visitas por semana, 18 horas en total, más una visita privada. Podíamos trabajar, hacíamos artesanías que nos permitían autogestionarnos, nos daban comida para cocinar, estudiábamos, teníamos radio y televisión. Puede decirse que se respetaban los derechos humanos, al menos de los presos políticos.

–¿El cambio fue después del golpe?

–En diciembre de 1975. Ahí requisa la Policía Federal y nos secuestran todo: cuadernos, libros, lápices, radios. Sólo permiten una visita semanal cortita. Y el 24 de marzo la cárcel se convierte en un campo de concentración y exterminio: nos aíslan, cierran puertas y ventanas, nos dejan con lo puesto. Fueron seis meses sin bañarnos, sin afeitarnos, haciendo las necesidades en celdas colectivas, diecisiete en la mía. Tuvimos que abrir un hueco en la pared para tirar el orín y las heces al patio. A los que sobrevivimos nos trasladaron a Sierra Chica el 30 de septiembre. En mi caso con hemiplejia por los golpes.

–¿Golpes a cargo de militares?

–Sí, a partir del 24 de marzo hay golpizas cotidianas. El general (Juan Bautista) Sasiaíñ nos dijo: “Están todos condenados a muerte, pero no se hagan ilusiones: van a morir lentamente, de uno en uno”. Se fue y empezaron a golpearnos, todos los días, hasta dejarnos sin conocimiento, ensangrentados, sin enfermería ni nada. Cuando llegamos a Sierra Chica los guardias vomitaban del olor que teníamos. Tuvieron que darnos hasta calzoncillos y medias porque la ropa que llevábamos, hilos de frazada cosidos con agujas de hueso, no servía para nada.

–¿Qué fue de los guardiacárceles?

–Los militares tomaron la cárcel y se hicieron cargo de los presos especiales. Los guardiacárceles sólo abrían los candados. La relación previa con ellos y con los presos comunes permitió que todo se conociera en el exterior de la cárcel a medida que sucedía. La primera consigna que nos propusimos a partir del golpe fue sobrevivir. La segunda, hacer conocer lo que pasara, se consiguió por la solidaridad de guardias y presos comunes. Durante seis meses pudimos sacar todos los días relatos pormenorizados escritos en papel higiénico. Nuestras familias no podían recurrir a diarios y canales, pero lo mandaban al exterior, donde se armó un movimiento de solidaridad que derivó en visitas de Amnesty, la Cruz Roja y otras organizaciones. Eso fue vital para sobrevivir.

–¿Cómo fue enterarse de que los sacaban para fusilarlos?

–A partir de la visita de Sasiaíñ nos preparamos para lo peor, aunque quedaba la secreta esperanza de que algo extramuros nos salvara. Cuando sacaron al primer grupo de compañeros dijeron “despídanse porque no vuelven”. Al otro día nos enteramos de que habían sido fusilados y supimos que de un momento a otro nos tocaba. La de San Martín es una cárcel enorme, con bullicio permanente, pero cuando sentíamos las pisadas de los militares se producía un silencio aterrador. Sacaban a uno u otro, en el pasillo le ponían capucha, mordaza, y se preocupaban por decir “salen para no volver”. La intención era recordarnos que nos iban a matar, a tal punto que a uno de los hermanos De Breuil lo hicieron ver el fusilamiento de su hermano y lo devolvieron a la cárcel para que lo contara.

–¿Los llevaban a otros campos de concentración?

–En general, no. Lo que hicieron hasta 1982, cada vez que alguien del Ejecutivo visitaba el Tercer Cuerpo, fue seleccionar a unos treinta presos de distintas cárceles y llevarnos a La Perla o a La Rivera como rehenes, por si había un atentado. Tenían una tabla de conversión: si moría un oficial superior nos mataban a todos; si era oficial jefe, a veinte; subalterno, a quince; suboficial, a diez; y si era soldado, a cinco.

–¿Cuántos presos políticos hubo en la UP1?

–Al momento del golpe éramos ciento veinte en dos pabellones. Para fin de septiembre había otros dos pabellones repletos, unos doscientos más. La política de exterminio estaba dirigida a los presos anteriores al golpe, tenían la certeza de que habíamos participado en hechos armados.

–¿Recuerda cuántas veces declaró en 34 años?

–Muchísimas, recuerdo las más importantes. La primera, ante el juez penal de Olavarría después de llegar a Sierra Chica. Lo único que le interesó fue que las lesiones eran previas al traslado, del resto no escribió nada. Después Vázquez Cuesta, otro juez en Caseros, el de Rawson que inició el sumario y, ya en libertad, ante el juez federal de Córdoba. Cuando se empezó a instruir la causa aparecieron las leyes de punto final y obediencia debida. Muchos de los que se insurreccionaron con (Ernesto “Nabo”) Barreiro están ahora como imputados.

–¿Qué sintió al ver ante un tribunal a los asesinos de sus compañeros?

–No se puede describir la sensación. A todos los compañeros que mataron los conocí profundamente y cada denuncia fue para que no quedaran impunes. Sentí como que descargaba un peso enorme, un gran alivio, aunque la felicidad nunca es completa. Sabemos –y ellos saben– que no fueron los únicos (ejecutores) sino los más notorios.

–¿Tendrá un significado especial declarar frente a Videla?

–Si fuera por mí trataría de evitar declarar porque cada vez que uno habla de estas cosas reabre heridas. Relatar el asesinato de entrañables amigos es terrible, doloroso, pero es una cuenta pendiente con mis compañeros y con la historia. Si sobrevivimos fue para esto, para que no se repita esta barbarie y esta locura genocida.

viernes, 25 de junio de 2010

Reticencia de la Fuerza Aérea

LA FISCALIA LE INFORMO A DEFENSA QUE LA AERONAUTICA NO APORTA DATOS REQUERIDOS SOBRE AVIONES
Los familiares de víctimas del terrorismo de Estado arrojando claveles al Río de la Plata.

Por Diego Martínez

Mientras Adolfo Scilingo cumple su condena en España y hay sólo dos pilotos navales procesados luego de confesar (en privado) su actuación en vuelos de la muerte, las Fuerzas Armadas se resisten a entregar datos que permitan investigar el método argentino de desaparición de personas. El fiscal Federico Delgado, que desde hace un año investiga el funcionamiento de la Brigada Aérea de Palomar, le informó por escrito al Ministerio de Defensa “la escasa colaboración” de la Fuerza Aérea, a la que reclama sin suerte el historial de los aviones que según ex conscriptos y operarios civiles se usaron para arrojar secuestrados al mar. Esta misma semana, al procesar a Julio Poch, el juez Sergio Torres destacó que los documentos que sobrevivieron a la impunidad planificada existen “merced a un descuido o falta de prolijidad a la hora de eliminar todas las pruebas escritas”.

La primera denuncia sobre vuelos en Palomar la formuló Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar. Acusó a las tres fuerzas “de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea” y precisó que “usaron Fokker F-27”, modelo que el ex sargento Víctor Ibáñez incluyó entre los aviones que con idéntico fin usaba el Ejército en Campo de Mayo y que empleó la Armada en el Aeroparque Jorge Newbery, según alcanzó a contar el desaparecido Emilio Assales luego de ver a sus compañeros de la ESMA desmayarse al pie del avión y de que el Servicio de Inteligencia Naval postergara su agonía para interrogarlo. También el capitán Hemir Sisul Hess, con procesamiento confirmado por la Cámara Federal, contó a sus íntimos que “los vuelos salían del Palomar o Morón”.

Delgado inició una instrucción preliminar a partir de la denuncia de la hija de un desaparecido víctima de los vuelos que los antropólogos forenses exhumaron de una tumba NN. El fiscal recibió más de trescientos testimonios, la mayoría de ex conscriptos y de civiles. Un soldado contó que vio grupos de “veinte a treinta personas” que “bajaban encapuchados de los furgones y eran subidos por personas vestidas de civil a los aviones”. “Nos decían que eran subversivos”, agregó. Otro dijo que “eran trasladadas en aviones que después nosotros limpiábamos”. Contó que los cautivos, “esposados unos de la mano de otros”, llegaban “en camiones de la Policía Federal”. Identificó los Fokker F-27, contó que los vuelos “duraban entre veinte y treinta minutos” y que se hacían “con mucha frecuencia”. Apuntó que “regresaban sin pasajeros”, aunque dijo ignorar el destino. “Los cabos decían que a esa gente la iban a cambiar de cárcel”, recordó.

Un tercer ex conscripto que dijo haber integrado la “compañía COIN, que significaba contrainsurgencia” y sobre la cual la Fuerza Aérea dice no tener antecedentes, recordó que “había una efervescencia instaurada que hacía creer que todos eran subversivos”. No vio cargar secuestrados, pero sí bajar desde un Fokker “gente esposada por la espalda y con los ojos vendados”, que luego eran “cargados en un micro”. Recordó en particular a “una mujer de unos 35 años” a quien “le pegaron un empujón de arriba y cayó de cabeza”.

Un ex motorista de Palomar supo “por comentarios de suboficiales” que “salían vuelos con personas vivas, quienes luego eran arrojadas al mar”. Agregó que los secuestrados “eran trasladados en camionetas y en forma conjunta por las tres fuerzas militares y por la policía”. “Esos vuelos no estaban programados, no figuraban en ninguna planilla”, dijo. Precisó que los vuelos eran “durante la noche” y que usaban “aviones Fokker F-27 Tango Charly, la versión paracaidismo” (la sigla significa Transporte y Carga y refiere a los aparatos que permiten retirar las butacas del Fokker para volar con carga). El testigo no identificó a los confesores, aunque aseguró que “tenían la necesidad de descargar semejantes atrocidades”.

Según el oficio que Delgado remitió a la ministra Nilda Garré, “nunca recibió una respuesta concreta” por parte de la Fuerza Aérea, a la que reclama planes de vuelos de los Fokker F-27 y F-28 y de los Hércules C130. Los pedidos “recorren todos los rincones de la institución” y derivan en respuestas en “lenguaje encriptado”, que llegan a destino “fuera de término y sin una respuesta concreta”.

dmartinez@pagina12.com.ar

jueves, 24 de junio de 2010

Procesado por los vuelos de la muerte

Julio Poch fue acusado de 615 secuestros agravados













Por Diego Martínez
El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch se convirtió en el segundo piloto de la Armada procesado con prisión preventiva luego de confesar en privado su actuación en los vuelos de la muerte durante la última dictadura. El juez federal Sergio Torres destacó “el incesante trabajo” de sus defensores en Europa y en Argentina para “destruir la acusación por todos los medios”, pero priorizó los testimonios de los pilotos de la aerolínea Transavia que recibió de primera mano en 2008 en la embajada argentina en el Reino de los Países Bajos. Torres procesó a Poch por 615 secuestros agravados, le embargó bienes por 615 millones de pesos y ordenó que aguarde el juicio en la cárcel de Marcos Paz.

La confesión que cambió la vida de Poch fue el 2 de diciembre de 2003 en el restaurante Gado-Gado, en la isla de Bali, Indonesia. Según el primer testigo, Poch contó cómo desde “abordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida”. Dijo que eran “terroristas” y que “eran tiempos de guerra”. Defendió el método como “una manera humana de ejecutar a la gente” y aclaró que “estaban drogados”. El segundo testigo declaró que escuchó la confesión de terceros. Ante la consulta, Poch le aclaró que se refería a “nosotros” por los pilotos de la Armada, pero negó su participación. El tercer testigo fue categórico: Poch “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar” y “estaba enojado por no haberse percatado de haber arrojado a niños y personas muy jóvenes”. Cuando le planteó lo terrible de vivir con tantos muertos en el haber, Poch le explicó que “lo creía justo” porque “eran terroristas de izquierda que no merecían algo mejor y que había sido una forma humanitaria de ejecutarlos porque habían sido drogados”.

“Había tomado un poco de alcohol” pero “estaba lúcido”, explicó Poch en la primera de sus tres extensas declaraciones indagatorias, luego de ser extraditado desde España. Su estrategia se centró en desacreditar a los testigos. Al primero lo definió como un “lunático y obsesivo” que lo discriminaba porque “es un xenófobo que no aceptaba a pilotos extranjeros”. Del segundo dijo que es “un mentiroso y megalómano porque siempre quiere ser el centro”. Sobre el tercero admitió que “siempre tuve una buena relación”, pero sugirió que lo convencieron para que mintiera. Poch le aseguró al juez que “siempre respeté los derechos humanos” y que los crímenes de lesa humanidad “van contra mis principios morales y cristianos”. Se explayó sobre su especialización como “piloto de caza y ataque” y su incapacidad para pilotear aviones de carga. Auxiliado por los penalistas Gerard Spong, en Europa, y Gerardo Ibáñez, en la Argentina, el imputado presentó declaraciones de colegas de Transavia ante un escribano para certificar su silencio sobre su actuación en la dictadura como la tergiversación de sus dichos en Indonesia.

Torres desbarató en un escrito de 757 fojas los argumentos del imputado. Minimizó “el efecto de los celos profesionales o la envidia”, sostuvo que si no sabía volar aviones de carga bien pudo haber participado como tripulante y diferenció “el impacto inesperado y tal vez imprevisto” de la confesión “en un contexto sociocultural” diferente al argentino. El juez dejó constancia de que los vuelos se ejecutaron desde “distintos aeropuertos o bases militares” y que se usaron aviones pero también helicópteros que partían desde la propia ESMA. El primer piloto procesado por su actuación en los vuelos es el capitán Hemir Sisul Hess.

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viernes, 18 de junio de 2010

“Convivíamos con la tortura y el terror”

EL TESTIMONIO DE MERCEDES CARAZZO Y PILAR CALVEIRO EN EL JUICIO A LOS REPRESORES DE LA ESMA

Dos sobrevivientes señalaron secuestradores ante el Tribunal. Ante una pregunta de Julio Coronel, abogado de uno de los marinos, Carazzo le recordó que había sido su padre, Julio César Coronel, quien asesinó a su marido.



Por Diego Martínez
“Acá nos mojamos todos”, contaba el capitán Jorge Acosta para graficar la rotación de oficiales y suboficiales de la Armada por los grupos de tareas. La frase la recordó ayer Mercedes Carazzo, sobreviviente de la ESMA, mientras los camaradas del Tigre tomaban apuntes y se miraban de reojo en la bandeja superior. En la segunda declaración de ayer, ambas por videoconferencia desde México, Pilar Calveiro viuda de Campiglia repasó su peregrinaje por centros clandestinos y reinstaló varios nombres de represores que en algunos casos siguen prófugos (el prefecto Gonzalo Sánchez, el capitán Jorge Vildoza), bien no han sido identificados (“el Pelado Cortés”, interrogador del Servicio de Inteligencia del Ejército en la ESMA) o aún no están en la mira del Poder Judicial, como los médicos del Hospital Aeronáutico Central que atendían a mujeres vendadas y con signos de torturas.

Las primeras dos horas de la audiencia se consumieron con la lectura y los planteos derivados de la resolución por la cual el Tribunal Oral Federal 5 aceptó la recusación del juez Oscar Hergott, a quien reemplaza su colega Germán Castelli (ver aparte). El único de los diecisiete imputados que asistió a la sala fue Ricardo Miguel Cavallo, quien toma prolijos apuntes con su computadora portátil, derecho que asiste a los acusados pero no a los periodistas, condenados a papel y lápiz.

Física de profesión, Carazzo dirige el Centro de Innovación Tecnológica del Ministerio de la Producción de Perú, donde se exilió en 1980, cuando se liberó de la Armada y del teniente Antonio Pernías. “Fue una relación personal no impuesta por la violencia, aceptada, pero que seguro no se habría producido en libertad”, aclaró sin que nadie le preguntara.

El 21 de octubre de 1976 cuando la cargaron al Falcon escuchó a los secuestradores hablar en clave de “proas y popas”. Minutos después, en cautiverio, no dudó: “estoy en la ESMA”, le respondió a Acosta.
--Soy militante peronista --apareció en escena el joven Pernías.
--Tenés los ojos demasiado tranquilos para que sea verdad --lo desafió.

Carazzo militaba en el área de prensa de Montoneros. Después de atarla “tipo Tupac Amaru” y torturarla con picana pasó a ser la secuestrada número 588 y estuvo aislada del mundo casi dos meses. Entre quienes la visitaban nombró a “Dante” (Pablo García Velazco) y a “Cortés”, un tapado de la ESMA. “Preguntaba sobre la fusión FAR-Montoneros, parecía conocer mucho”, recordó. En diciembre le dieron una máquina de escribir, la engrillaron a una bala de cañón y le ordenaron redactar la historia de las FAR. En eso estaba el 10 de diciembre cuando cayó herido de muerte su esposo Marcelo Kurlat. “Lo hirió Maco, él me lo confirmó”, dijo en referencia a Julio César Coronel. “Fue un momento de desdoblamiento, de terminar con Montoneros”, dijo.

Distendida ante la cámara, lejos de la solemnidad de la sala, Carazzo contó que “los Verdes (custodios de secuestrados) tenían entre quince y veinte años” y que “les corregía los errores de ortografía de las cartas a sus novias”. Entre los cautivos recordó “a la niña sueca (Dagmar) Hagelin” y contó que pudo “hablar un par de veces” con Norma Arrostito, a quien conocía como Gaby. “Estaban exaltados de tenerla”, recordó. En el departamento de Zapiola y Jaramillo donde cumplían con su trabajo esclavo contó que vio el archivo del diario Noticias. “Se jactaban de tener trabajos de Rodolfo Walsh, pero yo no los vi”, aclaró. Agregó que “fui amiga personal de Walsh, lo admiro profundamente”.
--Dijo que quien hirió a su marido ¿fue un tal Maco? –preguntó el abogado Julio Coronel.
--No llame “tal Maco” a su padre --lo retó.
--¿Cómo le consta que él lo hirió?
--Me lo dijo Pernías y luego Maco. Pensó que Marcelo iba a dispararle y tiró. También admitió que lo querían vivo.

Cuando el juez Daniel Obligado le preguntó si deseaba agregar algo, Carazzo le habló a Coronel, no al abogado sino al ser humano: “Puedo entender que en un operativo alguien dispare, no le guardo rencor a su padre. Lo que no acepto es que se haya matado a gente rendida”.

El Pelado Cortés
Pilar Calveiro no se resigna. En 1985 declaró en el juicio a los ex comandantes, luego indultados. En 2008 declaró sobre su cautiverio en Mansión Seré en el juicio a los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, condenados a la pena de 25 años de prisión pero en libertad al menos hasta que la Corte Suprema la deje firme. Ayer repasó ante el mismo TOF5 su calvario por Seré, la comisaría de Castelar, ESMA y una casa operativa del Servicio de Inteligencia Naval.

Dos días después del secuestro saltó al vacío desde una ventana de Mansión Seré. Se fracturó un brazo, un talón, tres costillas y la nariz. En el Hospital Aeronáutico, vendada y con signos de tortura, le hicieron radiografías, la enyesaron y la esposaron a una camilla. Tiempo después volvería con Graciela Tauro de Rochistein, embarazada que dio a luz en la ESMA, desaparecida. El médico le sacó el yeso, auscultó a Tauro, les dio leche y galletitas. “Para que se lleven un buen recuerdo”, les dijo.

El 17 de junio de 1977 la Fuerza Aérea prestó a su secuestrada al sector del SIN que operaba en la ESMA. Pasó a ser un número: 362. Allí la interrogó tres veces el “Pelado Cortés”, de inteligencia de Ejército. “Se movía con una maleta con fotos, preguntaba por características de cada persona, no sólo información dura”, recordó y generó murmullos entre los marinos retirados que comparten palco con la prensa. Un mes después, de vuelta en Castelar, el nómada “Cortés” instaló con una mesita en su calabozo y volvió a interrogarla sobre las FAR, las relaciones con el Ejército y sobre su marido Horacio Campiglia, presa codiciada que caería en Brasil tres años después.

Luego de una escala en la casa del SIN de Thames y Panamericana la llevaron otra vez a la ESMA, donde le recordaron su antiguo número. Estaba en Capuchita el 10 de diciembre cuando llegaron secuestradas las monjas francesas y varias de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. “Recuerdo haber escuchado el nombre Azucena” (Villaflor de Devincenti fue quien ideó la ronda frente a la Casa Rosada) y “tuve un breve intercambio de palabras con la monja Leonie Duquet”, recordó. “Me sorprendió su entereza. No sé si era porque no estaba muy ubicada o si era porque su convicción religiosa le daba una serenidad mayor”, planteó.

La mayor parte de 1978 lo pasó en Capucha, ya con menos huéspedes. El capitán Luis D’Imperio le encomendó hacer el seguimiento de prensa del conflicto con Chile por el canal de Beagle. “Me pusieron un escritorio en Capucha, en el medio de la nada”. Recién en abril el SIN la transfirió a los camaradas de la ESMA, con quienes compartían edificio pero actuaban por separado, y continuó su trabajo esclavo junto al grupo de secuestrados que actuaba en el sector denominado “la Pecera”. “Mi relato puede sonar a vida de oficina, pero nada más lejano. Convivíamos con la tortura y el asesinato. Sabíamos que quienes aparentaban ser amables con nosotros eran los mismos que decidían sobre vidas y muertes. Y tenían a nuestras familias como rehenes. Era una situación aterrorizante”.
dmartinez@pagina12.com.ar


Un juez recusado
El tribunal que instruye el primer juicio significativo a represores de la ESMA se quedó sin uno de sus jueces. Oscar Hergott fue recusado por los defensores de los marinos por un diálogo que mantuvo hace años con su colega Jorge Tassara. Ante un comentario crítico sobre los procesos de lesa humanidad, Hergott comentó que era necesario terminar con “la impunidad”. El 27 de mayo los abogados defensores de Acosta, Astiz & Cía. lo recusaron con el argumento de que se trataba de un prejuzgamiento. Los jueces Ricardo Farías, Oscar Amirante y Julio Panello consideraron que era “un temor racional” e hicieron lugar al apartamiento. No bien concluyó la lectura de la resolución el defensor oficial Víctor Valle dijo que el cuarto juez (Germán Castelli) sólo podía sustituirlo en caso de enfermedad y pidió la suspensión del juicio y la nulidad de todo lo actuado. El abogado Julio Coronel se sumó citando a Farías, quien sugirió “un particular interés (de Hergott) en permanecer” en el juicio. Hoy a las 9.30 se explayarán sobre sus pedidos.

jueves, 17 de junio de 2010

Una cita para Legrand

Por Diego Martínez
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El abogado Pablo Llonto pidió que el juez Rafecas cite a Legrand.

Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida por su seudónimo “Mirtha Legrand”, podría ser citada por la Justicia para explayarse sobre sus gestiones ante altos jefes militares de la última dictadura, que confesó el martes durante su tradicional almuerzo en cámara. La animadora de 83 años contó que en marzo de 1977, luego del secuestro de su sobrina María Fernanda Martínez Suárez y de su compañero Julio Enzo Panebianco, le pidió ayuda a un oficial naval que no identificó y al ministro del Interior de Videla, general Albano Harguindeguy. Luego aseguró que la hija de su hermano recuperó la libertad “gracias a que yo era conocida y famosa”. El pedido para que la ex actriz declare como testigo lo realizó el abogado Pablo Llonto ante el juez federal Daniel Rafecas, que investiga los delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.

A diferencia de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado que declaran desde hace treinta años con la esperanza de obtener justicia, Martínez Suárez relató sus diálogos con militares un tercio de siglo después ante la mirada atónita de Gino Renni y Arnaldo André. “Es la primera vez que lo cuento”, apuntó. Primero “pedí ayuda a quien era interventor de Canal 13, y no me brindó ayuda por temor, porque todo el mundo tenía miedo de comprometerse”, afirmó. Luego recurrió “a un general de la Nación a quien circunstancialmente habíamos conocido”, en referencia a Harguindeguy. La respuesta del ministro de Videla, recordó, fue: “Bueno, déme un tiempo Mirtha, lo voy a averiguar, es muy difícil, muy difícil el caso”. La reacción del marino al que no identificó fue aún más frustrante: “Ni te vengas, ni te vengas por favor, esto es peligrosísimo”.

Luego de enumerar sus gestiones, la conductora apuntó que su sobrina “cree que estuvo en Palermo, porque escuchaba pasar trenes”, y que “cuando la liberaron le dijeron: ‘Te salvaste porque sos la sobrina de Mirtha’”. Sobre su sobrino político, militante de la Juventud Peronista, de 23 años, dijo que “nunca más supimos de él”. “Nunca más”, repitió.

Un día después de conocer el testimonio, Llonto presentó un escrito ante el juez Rafecas para que pida el tape al canal América y cite a declarar a Legrand. “El diálogo con Harguindeguy confirma que no sólo recibía denuncias y manejaba listas, sino que tenía poder para sacar a quien quisiera de un centro clandestino, por lo que debería ser investigado junto con los funcionarios de ese lugar siniestro que fue el Ministerio del Interior”, explicó el abogado. “También es importante que se aclare cómo surge el dato sobre el lugar de detención en Palermo, ya que si la sobrina estuvo en Club Atlético (donde fue visto Panebianco), ahí no había ruido de trenes. Confirmar si estuvo en el Regimiento de Patricios, en Palermo, permitiría confirmar que allí también funcionó un centro clandestino de detención”, agregó Llonto, que desde hace años reclama sin suerte la citación del empresario Franco Macri, quien también cree haber salvado al desaparecido Carlos Grosso tras reunirse con Harguindeguy. El vínculo entre el luego intendente porteño y el empresario permitió años después jugosos negocios.

sábado, 12 de junio de 2010

Scollo no pudo poner escollos

Procesaron por delitos de lesa humanidad a represor-periodista

El suboficial retirado y periodista en Baradero, César Abel Scollo, fue procesado como partícipe necesario en los secuestros y homicidios de Oscar y Víctor Hugo Hofer. Scollo sigue en libertad y la Cámara de Rosario tiene que decidir su situación.

Por Diego Martínez
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César Abel Scollo, el dueño de una radio de Baradero, procesado por represor.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó como partícipe necesario en delitos de lesa humanidad al suboficial retirado y periodista César Abel Scollo, el vocero histórico del gobierno de Baradero que durante la pueblada de marzo, cuando un móvil municipal atropelló a dos jóvenes en moto relató desde Todo Noticias “la guerra que estamos viviendo”. A pesar de que tres personas fueron amedrentadas e incluidas en el Programa de Protección de Testigos luego de declarar sobre el pasado de Scollo, de óptimas relaciones con la Policía Bonaerense, el imputado sigue en libertad por orden del juez subrogante Alberto Martín Martínez, decisión que ahora analiza la Cámara Federal de Rosario.

Scollo fue procesado por los secuestros, torturas y homicidios de Oscar y Víctor Hugo Hofer, más el robo en sus casas. El juez calificó como “serios indicios” las pruebas que durante medio año le resultaron insuficientes, recolectadas por el fiscal Juan Murray. Las primeras surgieron de las propias víctimas. Víctor Hofer le contó a una prima que era “perseguido y vigilado” por Scollo, quien se había sumado como oyente al taller de teatro al que asistía. Oscar alcanzó a contar que Scollo lo extorsionó para sacarlo de una “lista negra” y que lo amenazó con “levantarlo en la estación” de Campana. Los Hofer fueron secuestrados en San Pedro y en Baradero a fines de abril de 1976. Sus cadáveres aparecieron en el Río de la Plata con lesiones típicas de vuelos de la muerte. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba entonces Scollo, que abandonó el teatro tras los secuestros y meses después, según un familiar de los Hofer, les pidió plata a cambio de información.

El propio Scollo alimentó los rumores sobre su pasado, cuando en 1998 se ufanó en cámara de haber encabezado operativos en busca de “subversivos” en la estación de Campana. Villafuerte Ruzo se resistió a citarlo durante seis meses. Lo hizo y se tomó licencia. También Martínez tuvo especial consideración con el hombre de confianza del intendente Aldo Carozzi: dispuso “que el detenido permanezca fuera de los calabozos”, dato que incluyó en la causa el comisario que acató la orden. Desde su radio Scollo calificó las acusaciones como “disparates”, pero se negó a declarar en la causa. Cuando recuperó la libertad le pidió a sus oyentes que rezaran.

jueves, 10 de junio de 2010

Represor con perpetua

Condenaron en Mar del Plata a un ex jefe de La Cueva
Por Diego Martínez
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El suboficial Gregorio Molina deberá cumplir la pena en una cárcel común.

El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua en cárcel común a Gregorio Rafael Molina, suboficial de la Fuerza Aérea y ex jefe del centro clandestino La Cueva, que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea. La sentencia culminó con un aplauso de diez minutos en la sala y quinientas personas festejando en la calle. El fallo quedará en la historia porque por primera vez la Justicia calificó como delito de lesa humanidad, diferente de las torturas, a las violaciones de secuestradas cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Molina era encargado de La Cueva, donde se hacía llamar Charles Bronson. Su destino era el área de inteligencia, debajo de José Alcides Cerutti, aún libre e impune. Los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París lo condenaron por treinta y seis secuestros y tormentos agravados (contra perseguidos políticos), dos homicidios calificados (por alevosía, ensañamiento y participación de dos o más personas), cinco violaciones y una tentativa, agravadas porque era encargado de la guarda de las víctimas. Fue absuelto por cuatro secuestros en los que no se acreditó su participación.

La prisión perpetua había sido solicitada por los fiscales Horacio Azzolín y Daniel Adler, por la APDH y el Colegio de Abogados local. Es la primera condena en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad en esa ciudad. Antes, el coronel Alberto Barda fue condenado por el TOF-5 porteño (que le permitió seguir libre), en tanto al general Pedro Mansilla y al coronel Alejandro Duret se los juzgó por delitos en Olavarría.

Además de la sala repleta, quinientas personas escucharon la sentencia desde la avenida Luro, donde hubo música, radio abierta, fotos de desaparecidos, pecheras de “Juicio y castigo”, banderas de Hijos, Descamisados, la CTA y el PTS, entre otras. El imputado, con buzo azul y chaleco antibalas, estuvo solo: ni familia, ni camaradas, ni su abogado Eduardo San Emeterio, con problemas de artrosis.

A dos metros de Molina siguieron la sentencia tres de sus víctimas, tomadas de la mano y con los ojos cerrados. Cuando el secretario Carlos Oneto concluyó la lectura, los penitenciarios se llevaron al condenado y la sala comenzó a aplaudir de pie. Los jueces guardaron silencio, sin moverse de sus asientos. Diez minutos después culminó el aplauso y el juez Velázquez agradeció el buen comportamiento de los presentes.

El abogado César Sivo destacó que “es la primera condena a un miembro de la patota de La Cueva, un grupo de tareas heterogéneo, con miembros de las tres fuerzas y civiles”. “Es muy importante por las evidencias que se obtuvieron, porque se confirmó la responsabilidad de civiles, se identificaron roles específicos de otros imputados, y apareció una gran cantidad de soldados dispuestos a declarar. La condena repara a las víctimas, reafirma la importancia de dar testimonio, de tener que revivir el dolor pero con un resultado positivo”, celebró.

“Molina es el primero, ahora hay una larga fila de juicios, por la Base Aérea y el GADA 601, que con suerte será en 2012”, destacó Marcelo Núñez, de Hijos. “El juicio sirvió para inscribir en una condena nombres como los de (el ex juez Pedro) Hooft o (el ya fallecido ex CNU Eduardo) Cincotta, que fueron parte del andamiaje de la represión en Mar del Plata”, agregó.

Sivo también resaltó la importancia de la calificación de las violaciones como delito de lesa humanidad, criterio que rechaza la mayor parte del Poder Judicial. “Es el primer fallo en la Argentina y el cuarto o quinto en el mundo”, recordó, y apuntó antecedentes en Ruanda y la ex Yugoslavia. “La condena por ese delito es una forma de reivindicar el honor y la dignidad de las víctimas, aunque sea 34 años después.”

lunes, 24 de mayo de 2010

“Subían a personas embolsadas o maniatadas”

Dos ex conscriptos fueron testigos de los vuelos de la muerte que se realizaban en Mar del Plata

Ex conscriptos de la base donde funcionó el centro clandestino La Cueva declararon que los vuelos se hacían con un avión Albatros de la Armada. Algunas personas subían vivas y maniatadas. Otras ya muertas y embolsadas.

Por Diego Martínez
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Los testigos confirmaron la relación sin intermediarios de los interrogadores con el juez Pedro Federico Hooft.

“El avión se desplazaba despacito por la pista y paraba frente al radar. Entonces los reflectores apuntaban a los puestos de guardia para encandilarnos. Pero poníamos atención y alcanzábamos a ver cómo entre dos oficiales o suboficiales alzaban a personas embolsadas. Otra vez bajaron a mucha gente de un colectivo. Daban pasos cortitos, no podían caminar bien. El avioncito despegaba, a los treinta o cuarenta minutos volvía vacío y entraba otra vez al hangar. El avión tenía la insignia de la Armada.”

Los hechos tuvieron lugar durante el primer año de la última dictadura en la Base Aérea de Mar del Plata. El viejo radar era la sede de La Cueva, el centro clandestino del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército, que comandaba el coronel Alberto Barda, condenado a prisión perpetua hogareña por el Tribunal Oral Federal 5. El relato pertenece a un ex conscripto clase 1957 que el viernes declaró como testigo en el juicio al suboficial retirado Gregorio Rafael Molina –su identidad se reserva a pedido de la Justicia– y confirma que los vuelos de la muerte no sólo partieron de los aeropuertos de Ezeiza, Jorge Newbery y Campo de Mayo.

El método argentino de desaparición de personas, que según Adolfo Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica, aún rinde frutos un tercio de siglo después. Más allá de condenas aisladas como las de los generales Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, siguen impunes centenares de militares, prefectos, policías e “invitados especiales” que según Scilingo también participaban en los vuelos. El único procesado por ese delito es el capitán retirado Emir Sisul Hess, quien contó en privado que los enemigos “caían como hormiguitas”, y está en veremos la situación del teniente de fragata extraditado Julio Alberto Poch, quien la semana pasada declaró durante horas ante el juez federal Sergio Torres para convencerlo de que fue malinterpretado por sus colegas holandeses.

Los relatos que reactualizan el tema tienen un doble valor adicional: pertenecen a ex conscriptos, testigos centrales del terrorismo de Estado que recién ahora sienten que cuentan con las garantías necesarias para hablar, y tuvieron lugar durante un juicio oral y público, ante un tribunal de la Nación y mirando a los ojos al imputado, un torturador y violador de mujeres secuestradas que perteneció a la Fuerza Aérea Argentina.

Línea directa con Hooft

“En la base aérea había doscientas personas, incluidos ciento sesenta conscriptos, la mayoría del interior. En cinco meses nos conocíamos todos”, resume ante Página/12 en la sede del Programa Nacional de Protección de Testigos uno de los dos hombres que el viernes declararon durante horas y terminaron aplaudidos por sobrevivientes y familiares de desaparecidos. La condición para la entrevista es que se preserven identidades y rostros.

Uno padeció el servicio militar obligatorio en la oficina de comunicaciones de la base, destino que le permitió conocer a todos los interlocutores de los represores. “Tenía setenta internos. Después del golpe agregaron otro, creo que el 32, que comunicaba a quienes pedían por inteligencia. Empecé a escuchar y me di cuenta de que ahí abajo tenían a los detenidos”, recuerda.

“Había un tipo que jodía con los hábeas corpus, un tal Hooft”, declaró el viernes ante los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París. El nombre no sorprendió a los querellantes marplatenses: se refería el juez Pedro Federico Hooft, que continúa en funciones con varios pedidos de juicio político en el haber por su actuación durante la dictadura. “Hooft siempre pedía hablar con inteligencia. Cuando no atendían, el interno decía ‘va a ir el doctor Cincotta’”, agregó. Eduardo Cincotta era un militante de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), organización que sembró de muertos Mar del Plata durante 1975. Después del golpe se integró a los grupos de tareas del GADA 601 y murió el año pasado, a poco de haber sido detenido y procesado.

A diferencia de los conscriptos marplatenses, a quienes los militares trataban de mantener al margen de la represión ilegal, los del interior debían participar de operativos en la ciudad y también cubrir guardias externas, que les permitían conocer los movimientos de la base, e internas, durante las cuales tenían breves contactos con los secuestrados. “Sólo había un mínimo diálogo cuando pedían ir al baño. Teníamos que darles una capucha y ponernos otra nosotros para no vernos las caras”, recuerda el hombre en referencia a las famosas medidas de contrainteligencia por cuyo relajamiento en la ESMA reniegan Pernías, Rolón & Cía. “Teníamos prohibido hablar”, agrega y se enorgullece de haber burlado la orden: le informó a un abogado marplatense dónde estaba secuestrado, le dio una birome para que escribiera una carta y se la hizo llegar a su familia. “No me animé a tocar timbre, la dejé en la puerta”, agrega.

Si bien la base era de la Fuerza Aérea, los interrogadores, que llegaban al atardecer y hacían su trabajo sucio durante la madrugada, pertenecían a inteligencia del Ejército, responsable primario de la represión ilegal. Los colimbas los llamaban “los verdugos”. Una tarde de lluvia camino a La Cueva los dos hombres hicieron escala en la oficina de comunicaciones y entre mate y mate mostraron la picana eléctrica, que llevaban en un estuche. “No dijeron nada sobre su uso y no me animé a preguntar.”

Los dos ex conscriptos, que entonces tenían veinte años, recuerdan a Molina como un personaje excéntrico. “Andaba lleno de granadas, cuchillos, cargadores, tipo Rambo, le faltaba un paracaídas, era fantástico.” La otra característica, que los sobrevivientes también recuerdan, era el olor al perfume. “Era un tipo pulcro, siempre bien arreglado y perfumado”, contaron ante el tribunal.

–¿Recuerda qué perfume usaba? –quiso saber un juez.

–No lo sé, doctor, pero en un cuartel un buen jabón de tocador ya es perfume –respondió y generó sonrisas en medio de tanta tragedia.

Bolsas desde La Cueva

“En la base había un solo avión, chiquito, que piloteaba (Gonzalo) Gómez Centurión. Después trajeron el Albatros de la Marina. Entonces empezaron los vuelos a la noche. Salía el avioncito, pasaban veinte, treinta minutos, y volvía. Decían que a la gente la llevaban semidormida y la tiraban al mar”, declaró ante el tribunal el ex colimba de comunicaciones, en base a relatos de compañeros.

Testigos directos a pesar de los reflectores eran los soldados que cubrían los doce puestos de guardia externa, desde donde no sólo veían entrar a los secuestrados encapuchados en los autos de civil de los grupos de tareas. “Una noche vi cargar cinco o seis bolsas al avión. Las subían entre dos, se conoce que eran pesadas. Otras veces las arrastraban desde una punta. Esas bolsas salían desde La Cueva”, explica a Página/12 el hombre de rostro curtido y mirada serena.

“Una vez vi salir gente del radar hacia los aviones. Los llevaban atados de los pies, seis o siete personas. Iban a los saltitos, subían como podían”, contó el día anterior, y agregó: “El avión tenía la insignia de la Armada”, dato curioso por tratarse de una base de la Fuerza Aérea y un centro clandestino del Ejército, que acondicionó el viejo radar abandonado para achicar distancias con Mar del Plata y así poder arrancar información rápido para retomar la cacería.

–¿Qué se siente después de declarar? –pregunta el cronista.

–Alivio. Es imposible vivir toda la vida con esa cruz. Fueron muchos años sin hablar, con trastornos psicológicos. Nadie se ocupó de nosotros. Hasta hoy nuestras familias no creen lo que vivimos, piensan que estábamos locos, dicen “¿cómo van a tirar gente al mar?”. Les vamos a llevar el diario para que lo crean. Uno siempre estuvo dispuesto a poner un granito de arena, pasa que el temor siempre existió.

–¿Por qué ahora sí?

–Vemos que la situación está cambiando, que hay garantías, que se puede tener más confianza en la Justicia. Todavía hay miedo pero de a poquito se va a ir perdiendo. Cuando otros colimbas se den cuenta de que acá no hay ningún lucro, que no es una pavada para sacar una nota, que es para esclarecer la verdad y que esta vez vamos en serio, van a empezar a hablar, todos van a hablar.

dmartinez@pagina12.com.ar

viernes, 21 de mayo de 2010

Afuera, a pesar de las amenazas

EXCARCELARON AL SUBOFICIAL ABEL CESAR SCOLLO
Por Diego Martínez

Luego de apenas tres días de detención, la Justicia federal de San Nicolás excarceló ayer al suboficial retirado y periodista Abel César Scollo, imputado por delitos de lesa humanidad en Zárate y Campana. La captura del vocero histórico del carozzismo, que gobierna Baradero desde hace veinte años, había sido ordenada el viernes pasado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien se resistió durante medio año a citar a indagatoria al militar –el fiscal federal Juan Patricio Murray solicitó su detención en noviembre pasado– y quien curiosamente se tomó licencia luego de impartir esa orden. A pesar de haberle asegurado a Página/12, mediante un correo electrónico, que la imputación en su contra es “una historia inventada”, Scollo se negó a prestar declaración ante el juez subrogante Alberto Martín Martínez, quien de inmediato ordenó su excarcelación con argumentos que se desconocen. Martínez concedió el beneficio en el marco de la investigación por la cual Villafuerte Ruzo solicitó incluir en el Programa Nacional de Protección de Testigos a tres personas que fueron amedrentadas tras declarar sobre el pasado de Scollo.

El ex cabo, que en plena dictadura admitía su participación en operativos, y que en 1998 llegó a ufanarse en televisión de haber detenido a “subversivos” en la estación de Campana, está imputado como partícipe necesario de nueve secuestros, ocho torturas y cinco homicidios, por haber entregado información que derivó en crímenes de lesa humanidad. En democracia se recicló como periodista. Trabajó en los ’90 para el intendente Pedro Carozzi y, cuando murió, para su hijo y sucesor, Aldo Carozzi. En 2005 obtuvo del Comfer una licencia como titular de FM Tiempo. A fines de 2009 compartió mesa en un asado junto con el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli y con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, oriundo de Baradero, y cargó en Internet una foto de los tres sonrientes junto al intendente. Tampoco oculta sus óptimas relaciones con la policía bonaerense.

La excarcelación de Scollo fue solicitada el martes por su defensora oficial. El fiscal Murray se opuso en este caso puntual por la magnitud de la pena en juego, la abundancia de pruebas y, sobre todo, por las denuncias de amedrentamiento a testigos, en algunos casos por medio de altos jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires.

jueves, 20 de mayo de 2010

Camino despejado para el ADN

Casación rechazó dos planteos de la defensa de los Noble Herrera

Los camaristas ratificaron la resolución de primera instancia para que se realicen los análisis genéticos de Marcela y Felipe Noble Herrera y se los confronte con todas las muestras de familiares de desaparecidos del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Por Diego Martínez
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Marcela y Felipe Noble Herrera. Sus muestras de ADN se confrontarán de acuerdo con lo ordenado por el juez.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó ayer otros dos planteos dilatorios formulados en nombre de Marcela y Felipe Noble Herrera. El primero es un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que teóricamente apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La negativa de Casación deja firme la orden de avanzar con la medida de prueba que reclaman Abuelas de Plaza de Mayo y que permitiría conocer la verdadera identidad de los jóvenes. El segundo planteo rechazado confirma la legalidad de las órdenes de allanamiento dictadas en diciembre por el ex juez de la causa, Conrado Bergesio, para que se extrajeran muestras de ADN a partir de objetos personales de las víctimas, método alternativo a la extracción compulsiva, avalado por la Corte Suprema de Justicia.

La saturación de planteos de los abogados de Clarín, a quienes la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó investigar por representar alternativamente a Ernestina Herrera de Noble y a las víctimas, oscurece por momentos la cuestión de fondo: la sucesión de falacias volcadas en los expedientes de adopción. En el caso de la niña, el 13 de mayo de 1976 la viuda de Noble se presentó ante la jueza Ofelia Hejt con una beba en sus manos, dijo que la había encontrado en una caja en la puerta de su casa de San Isidro y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001 el hombre declaró que nunca fue cuidador de casas: su trabajo fue como chofer de Roberto Noble y, tras su muerte, de la viuda. El juez Roberto Marquevich constató que la presunta vecina no vivía allí y confirmó en registros oficiales que la viuda nunca vivió en la casa que declaró.

El expediente de adopción de Felipe sostiene que la madre, Carmen Luisa Delta, se lo entregó a la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la jueza concedió la guarda a la empresaria, viuda y sin hijos desde 1969. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. El dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron decisivos para determinar la competencia del tribunal. (Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.)

Las irregularidades probadas derivaron en 2002 en la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó a Marquevich su destitución en un juicio político. Días después de ser liberada, la dueña del grupo económico emitió su primera y única declaración pública sobre el tema: “Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió en su diario. Hace un mes la estrategia incluyó por primera vez la exposición de las víctimas, que leyeron en cámara un libreto según el cual “nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos”, exactamente lo contrario.

El represor-periodista fue detenido

El dueño de FM Tiempo de Baradero, Abel César Scollo
Por Diego Martínez

A seis años de la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a seis meses del pedido de detención formulado por el fiscal federal Juan Patricio Murray y a un mes de que Página/12 informara sobre la obstrucción de la Justicia de San Nicolás en las causas por delitos de lesa humanidad, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención del suboficial retirado y periodista Abel César Scollo, vocero histórico del carozzismo que gobierna Baradero desde hace dos décadas y director de la FM Tiempo, la radio apedreada durante la pueblada de marzo. El militar que en los ’90 se ufanó en televisión de haber detenido “subversivos” prefirió no declarar y quedó detenido en la delegación San Nicolás de la Policía Federal. El fiscal recordó los antecedentes de fugas en dependencias de esa fuerza y solicitó su traslado a una cárcel.

Scollo relataba en plena dictadura su participación en operativos. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba. Testigos que declararon en la causa lo recuerdan infiltrado en un grupo de teatro hasta la desaparición de uno de sus miembros, a quien extorsionó para sacarlo de “listas negras”. El militar reiteró los relatos con orgullo ante compañeros de trabajo mientras regían las leyes de impunidad. En 1998 admitió durante una entrevista en el Canal 6 local que realizaba detenciones en la estación de Campana, contó sonriente que “tenía un grupo de soldados”, que llevaba encima una carpeta negra con “documentación de personal subversivo” y que su camuflaje incluía “anteojos ahumados”.

Sus buenas migas con el poder político diferencian a Scollo de la mayoría de los represores. Trabajó en los ’90 para el intendente Pedro Carozzi y, cuando murió, para su hijo y sucesor, Aldo Carozzi. En 2005 obtuvo del Comfer una licencia como titular de FM Tiempo, la radio que hace dos meses lo llevó a relatar “la guerra que estamos viviendo”. A fines de 2009 compartió mesa en un asado junto con el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli y con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, oriundo de Baradero. Scollo cargó en la web la foto que los retrata sonrientes, pero la bajó horas después, tal vez para no dejar pegados a los tertulianos con su pasado. El periodista Mariano Cruz Liberatti alcanzó a grabar la foto, que aún puede verse en YouTube.

El ex suboficial está imputado como partícipe necesario de nueve secuestros, ocho torturas y cinco homicidios, por haber entregado la información que derivó en crímenes de lesa humanidad. Las víctimas pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores o a grupos vinculados y fueron capturadas en Baradero y San Pedro entre abril y junio de 1976. Cuatro aparecieron flotando en el Río de la Plata con lesiones típicas de quienes fueron arrojados desde aviones.

sábado, 8 de mayo de 2010

Representaciones incompatibles

Denuncian a los abogados de Ernestina Herrera de Noble
Por Diego Martínez

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga a Ernestina Herrera viuda de Noble por la adopción irregular de dos bebés a mediados de 1976, separó ayer del proceso y denunció penalmente a los abogados Jorge Eduardo Anzorreguy y Horacio Marcelo Silva por representar paralelamente a la imputada y a las víctimas, Marcela y Felipe Noble Herrera. Una semana después de recibir la investigación que Conrado Bergesio instruyó durante siete años, la magistrada descubrió que la “incompatibilidad de intereses” no se limitaría a dos abogados: “Toda la asistencia letrada” de la dueña de Clarín y de los niños que adoptó en plena dictadura militar “habría actuado en forma coordinada e indistinta” a lo largo “de todo el expediente”, sugirió. La denuncia por prevaricato recayó paradójicamente en manos de Bergesio, de turno de San Isidro, a quien Arroyo Salgado le sugirió apartarse porque “podría haber incidido en la comisión del delito”.

La Cámara de Casación, a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, le encomendó a Bergesio el 9 de abril dilucidar a cuál de las partes representaban Anzorreguy y Silva, que presentaron escritos en nombre de una y otros. Luego la Cámara de San Martín apartó al juez por demorar la investigación, que heredó Arroyo Salgado. La jueza corroboró el doble juego de los abogados, solicitó al Colegio Público que evalúe la sanción que les cabe y extendió la sospecha al ejército de letrados de Clarín. Apuntó con citas de fojas “la correlación de formato y tipografía” de escritos presentados por ambas partes, infinidad de “presentaciones en forma concomitante” que “sólo se distinguen por la identidad de los signatarios”, y –en otro aporte a la antología de papelones del micromundo abogadil– la adhesión a un recurso de Roxana Piña, representante de las víctimas, de Carlos Espinosa, defensor de la imputada, en un mismo manuscrito y con idéntica caligrafía.

El próximo paso en la causa corresponde a Casación: debe admitir o rechazar un recurso extraordinario de Alejandro Carrió (en teoría representa a las víctimas) para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que los jóvenes Noble Herrera apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si Casación lo rechaza, una vez más quedará firme la orden judicial que permitiría conocer la identidad de Marcela y Felipe, posibles “víctimas de la represión ilegal” según admitió la imputada en la carta abierta que en 2003 publicó en su propio diario.

miércoles, 5 de mayo de 2010

Final de juego para el socio civil del golpe

Fue arrestado José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo del plan económico de la última dictadura

El ex ministro de Economía fue retirado en camilla y trasladado a un sanatorio. El juez destacó “la deliberada impunidad de los procederes” en el caso Gutheim, por el que fue detenido.

Por Diego Martínez
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José Alfredo Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil.

José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura y símbolo máximo de la política que castigó “a millones de seres humanos con la miseria planificada”, como advirtió Rodolfo Walsh en marzo de 1977, fue procesado ayer con prisión preventiva por orden del juez federal Norberto Oyarbide por dos secuestros extorsivos que el magistrado calificó como crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. La investigación judicial de los delitos que padecieron los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976, se interrumpió gracias a un indulto del ex presidente Carlos Menem que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la semana pasada. Eduardo Luis Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, definió a Martínez de Hoz como el “jefe civil del golpe de Estado” y calificó la medida judicial como “una decisión histórica que implica reparar una de las más importantes deudas con la sociedad argentina”.

Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil. Tal como había requerido la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide decretó su “prisión preventiva de cumplimiento efectivo”. También le embargó sus bienes por dos millones de pesos. Los efectivos de Interpol que fueron a detenerlo con orden de trasladarlo a la división Delitos Especiales de la Policía Federal debieron esperar horas hasta que un equipo médico constató el estado de salud del anciano de 85 años, que según fuentes policiales se encontraba “postrado”. Finalmente fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al sanatorio De los Arcos.

En 1988 el juez federal Martín Irurzun procesó al dictador Videla y a sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy como coautores del secuestro extorsivo de los Gutheim. El economista estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad, sino porque a diferencia de los uniformados no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como el imputado afirmó el miércoles pasado en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.

El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando los organismos de derechos humanos solicitaron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que se sumó la SDH. El miércoles pasado se pronunció en tal sentido la Corte Suprema de Justicia, con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. El mismo día Martínez de Hoz manifestó mediante una solicitada que se siente víctima de “una persecución interminable” por parte del gobierno nacional. Incluyó entre los supuestos cómplices a la Justicia federal y a la Corte Suprema de Justicia, con “escasas y honrosas excepciones”. Duhalde solicitó su detención de inmediato. Oyarbide ordenó el viernes la prohibición para que el imputado saliera del país. Como Martínez de Hoz había prestado declaración indagatoria en los ’80, ordenó su detención sin necesidad de volver a indagarlo.

El juez destacó en su resolución, de treinta y tres fojas, “la deliberada impunidad de los procederes” que caracterizaron el caso de los Gutheim. También se refirió al “irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional sobre sus súbditos, las más absoluta desatención –plenamente consciente y determinada– a las esenciales garantías ciudadanas y el avasallamiento de todo principio constitucional”. En resumen, “la actuación de las máximas autoridades de la Nación disponiendo, según su parecer, designios y/o conveniencias políticas y/o personales, sobre la vida y la fortuna de las personas, al margen de toda regla de convivencia y del Estado de Derecho”, escribió.

Duhalde expresó su “profunda satisfacción” por la decisión judicial durante una conferencia de prensa, en el auditorio Emilio Mignone, en la que anunció la creación de una unidad especial de investigación de delitos económicos en la decretaría que conduce. El funcionario destacó que el procesamiento es “por su actividad delictiva y no, como ha pretendido el procesado en la insostenible solicitada publicada días atrás, por un afán de persecución interminable”. También recordó que “la dictadura cívico-militar produjo un verdadero genocidio económico al pueblo argentino” y consideró que Martínez de Hoz “representó a las facciones más concentradas del capital financiero, de los sectores industriales –como ex presidente de Acindar y la Italo– y como conspicuo miembro de los grandes terratenientes por su pertenencia a la Sociedad Rural Argentina”. Martínez de Hoz está imputado en otras dos causas judiciales por delitos durante la dictadura: una como jefe de la asociación ilícita que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y la otra por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, ex director del Registro de Investigaciones de la dictadura, secuestrado luego de oponerse a la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.