Juicio al plan de apropiación

COMIENZA EL PROCESO POR EL ROBO DE NIÑOS COMO PRACTICA SISTEMATICA

Los acusados son siete, incluidos los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Serán juzgados por 34 hechos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años.

Reynaldo Bignone, Jorge Rafael Videla, Jorge “El Tigre” Acosta y Santiago Omar Riveros, cuatro de los siete represores que serán juzgados.

Publicado en PáginaI12.

A un tercio de siglo de los hechos y a casi tres lustros de la apertura de la causa, el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura finalmente se ventilará en un juicio oral y público. El comienzo está previsto para el lunes 28 de febrero y en el banquillo habrá siete imputados, con los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone a la cabeza. En el camino quedaron Emilio Massera, Juan Bautista Sasiaiñ y Héctor Febres, fallecidos, y ahora también el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, que según constaron los peritos de Abuelas de Plaza de Mayo no está en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.

Luego de casi treinta juicios contra apropiadores y entregadores de criaturas, el Tribunal Oral Federal 6 tendrá la responsabilidad de conducir el proceso por el plan ilegal para cortar los lazos de sangre de los hijos de los secuestrados con sus familias y entregarlos en “manos confiables” para los dictadores. “Hasta que no empiece no lo creemos. Este juicio se postergó y dilató tantas veces que hasta que no empiece estaremos a la expectativa. Todo parece indicar que esta vez se concreta”, advierte esperanzado Alan Iud, abogado de Abuelas.

Los imputados, además de Videla y Bignone, son el condenado general Santiago Omar Riveros, el almirante Rubén Oscar Franco, el vicealmirante Antonio Vañek y el capitán Jorge Eduardo Acosta, jefe de inteligencia del GT 3.3 de la Armada, que rendirá cuentas por doce nacimientos en la ESMA. El séptimo imputado es el prefecto retirado Juan Antonio Azic, que sólo será juzgado por la apropiación de Victoria Donda Pérez, hija de José María Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.

Militares y marinos serán juzgados como autores mediatos de 34 hechos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años. Varios casos ya derivaron en condenas para los apropiadores o bien son juicios que se están instruyendo, como el del ex policía Luis Antonio Falco, a quien la jueza federal María Servini de Cubría comenzó a juzgar hace dieciséis meses (el apropiador de Juan Cabandié tampoco tiene apuro, está excarcelado). Además de los casos de la ESMA, más de ochenta testigos reconstruirán con sus testimonios los nacimientos en cautiverio en las maternidades clandestinas que funcionaron en otros siete centros de detención ilegales: Campo de Mayo, Pozo de Banfield, La Cacha, Comisaría 5ª de La Plata, Automotores Orletti, Vesubio y Olimpo.

El expediente que llega a juicio se inició a fines de 1996 con una denuncia de Abuelas contra Videla y simbolizó en pleno menemato el comienzo del fin de la impunidad para los ex comandantes indultados. El dictador fue el primero que volvió a rendir cuentas, en 1998, cuando el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich ordenó su detención. Tras la destitución de Marquevich, luego de apresar por horas a Ernestina Herrera de Noble, heredó la causa el juez Norberto Oyarbide, que en 2008 envió a Videla al penal de Campo de Mayo. En paralelo se instruyó la causa Plan Sistemático, a cargo del juez federal Adolfo Bagnasco, contra diez imputados, de los que sólo seis siguen en pie. Los tiempos del Poder Judicial derivaron entre 2005 y 2006 en el cese de las prisiones preventivas de todos excepto de Videla. Varios siguieron presos por otras causas. El ex juez Guillermo Montenegro elevó la causa a juicio oral en mayo de 2007, y desde entonces el comienzo es siempre inminente.

El juicio ya tuvo una audiencia anticipada: el 12 de octubre de 2010 declaró María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas, quien con 86 años temía no llegar a 2011 en condiciones. “Son treinta y tres años de incertidumbre. Es una tortura continua, un cuchillo en el corazón, hasta que un día quizás encuentre a mi nieta”, se esperanzó Chicha Mariani. El 24 de noviembre se cumplieron 34 años desde el secuestro de su nieta Clara Anahí.

El tribunal que conducirá el proceso está integrado por María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, reemplazante del inhibido José Martínez Sobrino. El TOF-6 ya condenó en 2009 al gendarme Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana. Su presidenta intervino además como jueza sustituta en el proceso a los represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo, el año pasado. Las audiencias serán lunes, martes, y miércoles de por medio. El tribunal deberá alternarse en la sala de audiencias de Comodoro Py con el TOF-5 que juzga desde hace trece meses a los represores de la ESMA y que al ritmo actual no terminará hasta mediados de 2011. (El CELS manifestó días atrás su preocupación por la duración y lamentó la postura del TOF-5 de no permitir desistir testigos). Acosta y Azic, si lo desean, podrán viajar desde Marcos Paz cinco días a la semana.

“Este juicio tiene un valor histórico muy importante, sobre todo porque Videla fue absuelto por varias apropiaciones durante el juicio a los ex comandantes”, destaca Iud. “El tribunal tiene la oportunidad de revisar ese criterio y dejar en claro la responsabilidad de los altos mandos en la apropiación de niños. Si bien toda la sociedad sabe que no fueron hechos aislados ni decisiones individuales de algunos oficiales, es indispensable que el Poder Judicial lo ratifique.”

Los abogados de Abuelas podrán formular preguntas para todos los imputados pero sólo podrán alegar contra (léase acusar a) Videla. El tribunal tomó la decisión a pedido de las defensas, con el argumento de que la querella no respondió a un requerimiento de elevación en los plazos previstos. Los actuales letrados de Abuelas analizan la posibilidad de apelar ante la Cámara de Casación. También actuarán como querellantes los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo filial La Plata (Emanuel Lovelli, Germán Kexel y Colleen Torre), Alcira Ríos en representación de la hermana de Silvia Quintela (que dio a luz en cautiverio al nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela) y Alejo Ramos Padilla en nombre de Chicha Mariani. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal federal Martín Niklison, a quien se sumará el fiscal Félix Crous cuando culmine el juicio a los represores del centro clandestino Vesubio.

Cuatro nuevos nombres para investigar

DOS SOBREVIVIENTES DECLARARON EN EL JUICIO CONTRA DIEZ REPRESORES EN MENDOZA

Una testigo reconoció a cuatro policías como integrantes del D2. Hubo repudios de organismos de derechos humanos y funcionarios por una denuncia presentada por el ex camarista Otilio Romano contra una sobreviviente que lo comprometió.

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Una sobreviviente del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, reconoció ayer ante el tribunal que conduce el primer juicio por delitos de lesa humanidad de la capital provincial a cuatro represores que actuaron en ese centro clandestino y que continúan impunes. Nélida Allegrini apuntó que durante su declaración en la etapa de instrucción, ante el juez federal Walter Bento, no pudo reconocerlos porque “me dijeron que no tenían el álbum allí”. El periodista jubilado Pedro Lucero, en segundo turno, relató su cautiverio en el Liceo Militar General Espejo y destacó que varios detenidos que los militares sacaban para interrogar nunca volvieron. Organismos de derechos humanos y altos funcionarios de la provincia, en tanto, repudiaron y calificaron de “maniobra distractiva, mendaz y torpe” a la denuncia por falso testimonio que el ex camarista Otilio Roque Romano, investigado por su complicidad con el terrorismo de Estado, formuló contra Luz Faingold, otra sobreviviente del D2.

El 10 de mayo de 1976 un grupo de tareas de civil se instaló en la casa de Allegrini. Secuestraron a su marido, Víctor Sabatini, y a un amigo, Daniel Moyano, que permanece desaparecido. Saquearon la casa durante toda la noche y, luego de entregar a los niños a su abuelo, se llevaron a la mujer al D2, donde fue torturada con picana. “El médico se burlaba”, recordó. Otro día la encerraron en una celda diminuta y le dijeron que era “una cámara de gas”. Hacia fines de mayo la llevaron a declarar a una unidad del Ejército, donde los uniformados parodiaron un juicio, y el 7 de julio le leyeron su condena por “incitación a la violencia colectiva”. Estuvo un mes en un calabozo de la comisaría 33, luego en la cárcel de Boulogne Sur Mer y finalmente en Devoto, hasta diciembre de 1979.

A mediados de aquel año, mientras un cuñado abogado gestionaba el traslado hacia Mendoza, Allegrini recibió la noticia de la muerte de uno de sus dos hijos. No le informaron de cuál hasta que llegó al velatorio. “Me llaman a una oficina de Devoto y me dicen que me van a trasladar a Mendoza. Yo, contenta”, recordó. “Cuando llego a un vehículo de la penitenciaría me dicen que había fallecido uno de mis hijos. Me traen con gente de civil, me llevan al aeropuerto, había un despliegue impresionante, y yo no sabía cuál de mis hijos era, estaba shockeada”, dijo. En el velatorio pudo encontrarse con el cuerpo de su hijo mayor, de ocho años. El menor la acompañó ayer a declarar. Su marido recuperó la libertad en 1983 y “nunca se recuperó”, aclaró.

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal 1 le mostraron un álbum con fotos de policías, la testigo reconoció como ex miembros del D2 a Marcelo Rolando Moroy, a Antonio Marcos Ochoa, a Mario Esteban Torres, que se hacía llamar Caballo Loco, y a Pablo Gutiérrez. También creyó reconocer al médico Jorge Bajuk, actual titular de la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo. El abogado querellante Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, solicitó que se los investigue.

Lucero, ex jefe de noticias del diario Los Andes, salió de la redacción el 23 de marzo de 1976 a la medianoche con la noticia de que Isabel Perón había abandonado la Casa Rosada en helicóptero. Un par de horas después los militares se lo llevaron preso junto a su esposa. En el liceo Espejo estuvo con profesores de la universidad, dirigentes gremiales y “todos los directores de los medios de difusión”. Contó que cuando los sacaban para interrogarlos “les pegaban culatazos y algunos no volvían”. “Se dijo que los llevaban para quitarles la vida. Había dirigentes del gremio vitivinícola, supe que a uno lo mataron”, dijo. En abril lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo y nueve meses después fue liberado.

El repudio a la denuncia del ex camarista Romano contra Luz Faingold fue formulado por el MEDH, la APDH de San Rafael, la Asociación de ex Presos y Presas Políticas, H.I.J.O.S. y Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, entre otras organizaciones, a las que se sumaron el ministro de gobierno Mario Adaro y la directora de Derechos Humanos de la provincia, María José Ubaldini. El ex juez sostuvo que era falso que la secuestrada, que tenía 17 años, le hubiera pedido “tomar en cuenta sus denuncias de tormentos”. “La verdad es mucho más grave”, aclararon organizaciones y funcionarios. “Romano fue al D2, abrió la puerta de la celda, vio a la adolescente allí tirada y volvió a cerrar la puerta”, precisaron. Luego explicaron que “Romano intenta amedrentar a futuros testigos que ponen en evidencia su complicidad con los crímenes de lesa humanidad y usar el miedo como lo usó la dictadura” y exhortaron a la ciudadanía y en particular a las víctimas del terrorismo de Estado a “resistir estos últimos resabios de la tiranía, a no dejarse intimidar, a sostener en alto la luz de la verdad, aportando información sobre los crímenes y los criminales y perseverando en la búsqueda de Justicia, por más Memoria y Verdad”.

(En la foto, el imputado Tamer Yapur)

De regreso a las celdas

REVOCAN LAS EXCARCELACIONES DE CASI CINCUENTA REPRESORES DE BAHIA BLANCA

Se trata de acusados de delitos de lesa humanidad que esperaban el inicio de sus juicios en libertad. En base a pedidos del fiscal y a nuevos criterios de la Corte Suprema, los jueces ordenaron que fueran detenidos.

El juez Alcindo Alvarez Canale y el fiscal Abel Córdoba.

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Los represores que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta durante la última dictadura deberán esperar el juicio en prisión preventiva. Luego de insistentes pedidos del fiscal federal Abel Córdoba y en base a fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron extremar las precauciones para evitar que los imputados obstaculicen o burlen el accionar del Poder Judicial, los jueces federales Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni revocaron las excarcelaciones de cuarenta y cuatro militares, marinos, prefectos, policías y penitenciarios, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército y en las bases navales de Baterías y Puerto Belgrano.

“Los fallos reflejan los criterios en los que tanto insistió el Ministerio Público y corrigen una situación escandalosa que beneficiaba al noventa por ciento de los imputados”, celebró el fiscal. “Contribuyen a asegurar el proceso de justicia, imprescindible por la demora que existe”, agregó Córdoba, en referencia a los quince meses transcurridos desde que el primer tramo de la causa se elevó al Tribunal Oral que integran Juan Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola. “A cada pequeño paso le sigue una paralización de la que se sale luego de numerosos planteos, para luego volver a detenerse. El proceso en Bahía marcha sobre ruedas cuadradas, de ahí la falta de progreso, pese a lo mucho avanzado, lo poco que resta y todo lo que significaría para las familias, las víctimas y la sociedad”, destacó el fiscal, que en septiembre entregó las pruebas del juicio, último paso antes de la fijación de la fecha de inicio del proceso.

La postura de la Cámara de Casación Penal que permitía dictar excarcelaciones automáticas se revirtió el 30 de noviembre. En base a argumentos de la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración General de la Nación, el alto tribunal puso fin a la libertad de varios represores y estableció nuevos parámetros a la hora de dictar la prisión preventiva. Ordenó analizar los riesgos procesales derivados de las liberaciones, las estructuras de poder que integraban los imputados y sus actividades remanentes. Recordó la desaparición aún no esclarecida del testigo Julio López y la extraña muerte del prefecto Héctor Febres días antes de escuchar su sentencia, interpretó –en contra del criterio de Casación– que las excelentes condiciones familiares, sociales y económicas de la mayor parte de los represores eran precisamente las ideales para frustrar los procesos, destacó el compromiso internacional de garantizar los juicios asumido por el Estado y la necesidad de neutralizar riesgos.

En los primeros días de diciembre, con los argumentos de la Corte, el fiscal Córdoba pidió las detenciones del ex prófugo Alejandro Osvaldo Marjanov (cuñado de Luis Rabbi Baldi Cabanillas, juez de la Cámara Federal de Salta, quien reclamó en persona “la mayor discreción posible” a los policías que allanaron la casa del militar) y del ex cabo baqueano Raúl Artemio Domínguez, ex guardia del centro clandestino La Escuelita, que había formulado declaraciones públicas contra un testigo. Alvarez Canale rechazó el pedido. El 5 de diciembre la Cámara Federal local accedió a los fundamentos del fiscal en el caso del ex policía Osvaldo Floridia, también excarcelado por Alvarez Canale, y el 23 aplicó los criterios de la Corte en los casos de los coroneles Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Farías Barrera. Con esos antecedentes, Córdoba reclamó las 44 revocatorias.

Las resoluciones de Alvarez Canale y Tentoni se produjeron el jueves y el viernes pasado. Varios imputados se enteraron antes de ser notificados, porque sus abogados se anticiparon a reclamar eximiciones de prisión mientras sus clientes procedían a guardarse. Los allanamientos en los domicilios de Alejandro Lawless, Norberto Condal y José Héctor Fidalgo dieron resultado negativo, por lo que pronto podrían convertirse en prófugos. Su abogado es el teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, quien supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en La Escuelita.

Hasta ayer, según trascendidos, la mayor parte de los marinos estaban detenidos. Se trata de Guillermo Botto, Carlos Büsser, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Eduardo Fracassi, Eduardo Morris Girling, Hugo Mac Gaul, Leandro Maloberti, Angel Martín, Domingo Negrete, Enrique De León, Edmundo Núñez, Guillermo Obiglio, Carlos Padula, Hernán Payba, Gerardo Pazos, Luis Pons y José Luis Ripa. También los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydi, y el ex comisario Víctor Fogelman. En la causa del Ejército, la medida alcanzó a Juan Manuel Bayón, Jorge Mansueto Swendsen, Osvaldo Páez, Hugo Delmé, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Carlos Sticker, Alejandro Lawless, Osvaldo Laurella Crippa, Raúl Otero, Felipe Ayala, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González, Arsenio Labayén, José María Martínez, Fernando Videla, Carlos Arroyo, José Fidalgo y Miguel Villegas, y a los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Marinos con procesamientos confirmados

Fallos sobre represores que actuaron en las bases de Puerto Belgrano y Baterías

Entre los involucrados están los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales.

La base naval de Puerto Belgrano, donde actuaron los represores cuyos procesamientos fueron confirmados.

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El proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca avanza a paso cansino. Mientras los imputados por secuestros, torturas y asesinatos en La Escuelita del Quinto Cuerpo de Ejército pasan sus días en libertad, a la espera de que el Tribunal Oral Federal local de digne a fijar fecha para iniciar el proceso, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de un grupo de marinos por delitos en las bases de Puerto Belgrano y Baterías. El listado incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales que comparte banquillo con Astiz, Acosta & Cía. en el interminable primer juicio de la ESMA.

Los tiempos del Poder Judicial siguen jugando a favor de la Armada. El 21 de diciembre, en Mar del Plata, el contraalmirante Roberto Pertusio y el capitán de navío Justo Ortiz se convirtieron en los primeros dos marinos condenados desde 1985 por crímenes durante la dictadura. Al ritmo actual y de no surgir imprevistos de última hora como en el juicio al finado Héctor Febres, el puñado de represores de la ESMA que juzga el Tribunal Oral Federal 5 escuchará su sentencia a mediados de 2011. Los marinos que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta están en una etapa anterior, con procesamientos confirmados. Aún más venturoso es el futuro de los camaradas que compartieron el circuito Camps con la Policía Bonaerense en La Plata, Berisso y Ensenada, donde sólo está procesado el capitán Juan Carlos Herzberg, condenado en diciembre por una apropiación ilegal.

En Bahía Blanca, sede del mayor enclave naval del país, el panorama no es menos desolador. El año pasado murieron impunes el general Adel Vilas, jefe de subzona y cara visible del terrorismo de Estado, el ex juez federal Guillermo Federico Madueño (miembro hasta 2004 del mismo TOF-5 que ahora juzga ESMA y hermano de Raúl Madueño, miembro de la Cámara de Casación Penal) y el ex alcaide Leonardo Núñez, alias “Mono”, que simulaba rescatar a los desaparecidos cuando el Ejército los tiraba en las afueras de las ciudad para encerrarlos en la cárcel de Villa Floresta.

Diferente al del Poder Judicial es el panorama en la sociedad bahiense, que de la mano de su juventud y de los familiares de las víctimas recupera la memoria, exige justicia e indirectamente genera cambios de actitudes en algunas instituciones de la ciudad. El mes pasado, tras la muerte del condenado dictador Emilio Massera, más de trescientas personas hicieron un escrache histórico frente al diario La Nueva Provincia, que despidió al ex almirante con honores, y reclamaron justicia por los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, criminalizados por la familia Massot por su actuación gremial en los años previos al golpe de Estado y fusilados en 1976 luego de permanecer tres días desaparecidos. La apología del criminal Massera fue repudiada por el Concejo Deliberante, por el consejo superior de la Universidad Nacional del Sur y por las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otros.

En ese contexto se conocieron las resoluciones de la Cámara sobre los marinos. El 10 de diciembre, los jueces Augusto Fernández y Angel Argañaraz confirmaron procesamientos que quince meses antes había resuelto el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Antes, el fiscal federal Abel Córdoba debió presentar pedidos de pronto despacho, recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia y plantear las demoras a la comisión interpoderes. La resolución está vinculada a un grupo de dirigentes peronistas secuestrados el 24 de marzo de 1976 y encerrados en los camarotes del crucero 9 de Julio en la dársena de Puerto Belgrano. Los mismos jueces más Ricardo Planes confirmaron el 29 de diciembre procesamientos por casos de desaparecidos vistos por última vez en la sexta batería histórica, como Cora Pioli, Horacio Russin, Néstor Grill, Jorge Del Río, Daniel Carra y Gerardo Carcedo.

Los imputados que están ahora más cerca del juicio, además de Büsser y García Tallada, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contraalmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto, Hernán Lorenzo Payba, Hugo Andrés José Mac Gaul, Gerardo Alberto Pazos, José Luis Rippa, Oscar Alfredo Castro, Eduardo Morris Girling, Enrique De León y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, y el capitán aviador Domingo Ramón Negrete. También tienen procesamientos confirmados el coronel Argentino Cipriano Tauber, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Martínez Loydi, el prefecto mayor del servicio penitenciario Héctor Luis Selaya, y el ex comisario de la Policía Bonaerense Víctor Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.

Los negocios del clan Juliá

LA CARRERA Y LAS EMPRESAS DEL EX JEFE DE LA FUERZA AEREA

El brigadier general José Antonio Juliá fue investigado por su relación con empresas de Alfredo Yabrán y por enriquecimiento ilícito. Fundó Medical Jet SA luego de su pase a retiro y se benefició con los contratos del PAMI.

El brigadier José Antonio Juliá, padre de los dos hermanos detenidos el domingo, junto a Carlos Menem.

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Jefe de la Fuerza Aérea durante la primera presidencia de Carlos Menem, el brigadier general José Antonio Juliá, padre de los dos hermanos detenidos el domingo en el aeropuerto El Plat de Barcelona, fue investigado a fines de los ’90 por su relación con empresas de Alfredo Yabrán y hasta sus últimos meses de vida por enriquecimiento ilícito. Su hijo Gustavo Adolfo, piloto del avión que transportaba 900 kilos de cocaína, se desempeñó como gerente económico-financiero del PAMI hasta la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, cuando se descubrió que también era proveedor de los vuelos sanitarios contratados por la obra social como miembro del directorio de la empresa Medical Jet SA. La firma había sido creada por Juliá padre luego de su pase a retiro y se benefició de los contratos del PAMI desde los tiempos de Víctor Alderete hasta la gestión como interventor de Horacio Pacheco, designado por el presidente interino Eduardo Duhalde y médico personal de los hijos del caudillo bonaerense. También por Medical Jet voló durante años a Catamarca el gremialista Luis Barrionuevo, titular de la denominada CGT Azul y Blanca.

El brigadier Juliá comandó la Fuerza Aérea entre el 11 de julio de 1989 y el 15 de julio de 1993. Se hizo famoso luego de que su antecesor, el brigadier Ernesto Crespo, lo acusara de ser responsable de la fortuna de Yabrán, a quien Juliá siempre negó haber conocido. Las sospechas surgieron cuando trascendió que como jefe de la fuerza había firmado contrataciones directas con Villalonga Furlong, empresa vinculada con el entonces desconocido empresario. Ese contrato dio origen a las sociedades Interbaires, que se adueñaron del negocio de los free shops de los aeropuertos, e Intercargo, que ofreció el servicio de rampas en el aeropuerto de Ezeiza, dos de los negocios más rentables del cartero.

“No fue un error” la sociedad de la Fuerza Aérea con empresas que se atribuían a Yabrán, se defendió Juliá en 1998, cuando una comisión “antimafia” lo interrogó en la Cámara de Diputados. “Nadie sabía quién era Yabrán, que saltó a la notoriedad en 1995, cuando (Domingo) Cavallo hace la denuncia y se empieza a hablar de mafia”, se defendió. “Mientras la Fuerza Aérea estuvo a cargo de Edcadassa, hasta 1992, yo controlé a la empresa y no hubo irregularidades. Sí las hubo fue después de que me fui, cuando el Ministerio de Defensa tomó la dirección del control aduanero”, señaló. El titular de Defensa eran entonces Erman Gonzalez, el amigo personal de Juliá que lo convirtió en “hombre de confianza” de Menem.

El padre de los hermanos caídos en desgracia nació el 14 de julio de 1934. Como oficial de la Fuerza Aérea estuvo destinado en Paraguay y Bolivia, donde también fue agregado aeronáutico. Durante la guerra de Malvinas fue jefe de operaciones de la Fuerza Aérea Sur, que brindó asesoramiento en todas las operaciones aéreas de combate. El secretario de Planeamiento del dictador Leopoldo Galtieri era entonces el brigadier retirado José Miret, padre del otro argentino detenido en España. Durante una entrevista, Juliá calificó el conflicto bélico como una cruda y útil lección de la que rescató como saldo positivo el adiestramiento adquirido por los pilotos argentinos. En la Semana Santa de 1987, en nombre del brigadier Ernesto Crespo, jefe de la Fuerza Aérea, ofició de interlocutor ante Aldo Rico, sublevado en Campo de Mayo al frente de los carapintada.

Como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Juliá fue denunciado por haber firmado un contrato por 18 millones de dólares con la empresa Cesel SA para la compra de material destinado a la reconversión de aviones Mirage, causa en la que finalmente fue sobreseído. También fue un entusiasta impulsor del proyecto misilístico conocido como Cóndor II, desactivado durante la presidencia de Menem. “Es un proyecto que la Argentina no puede detener y que está prácticamente terminado. Lo que es discutible es su exportación o no a determinadas zonas calientes del mundo”, dijo mientras arreciaban las presiones del Reino Unido y de los Estados Unidos para que Argentina se deshiciera de esa tecnología. “Tuve peleas muy fuertes con el canciller (Guido) Di Tella por esto de las ‘relaciones carnales’ con los Estados Unidos. No llegué a las trompadas pero... Para mí el proyecto Cóndor era muy bueno”, lamentó años después.

En noviembre de 2000, el fiscal federal Paulo Starc comenzó a investigar al militar retirado por enriquecimiento ilícito: durante sus tres años como funcionario de Menem su patrimonio se había incrementado en más de 450.000 dólares. El año del pase a retiro, Juliá se compró un terreno de 1324 metros cuadrados en Martínez, a un costo de 300 mil dólares. Construyó un chalet de tres pisos con piscina que diez años después fue valuado en 1.150.000 pesos. En 1994, luego de vincularse con Lanolec, empresa que Yabrán reconoció como propia, creó Medical Jet y Federal Aviation, donde figuraban varios miembros de su familia. Juliá murió a los setenta años, el 17 enero de 2005.

Un año histórico

Publicado en Será Justicia/20, diario del juicio a Videla, Menéndez & Cía.

Por Diego Martínez

La condena a Videla cierra un año histórico para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia: 17 sentencias, 110 condenas, nueve absoluciones, ocho procesos en curso. Hubo juicios con imputados aislados pero también procesos acordes a la magnitud del terrorismo de Estado: 31 acusados en Córdoba, 17 por Atlético-Banco-Olimpo, 14 en La Plata. Creció la base de la pirámide (ochocientos procesados van camino al juicio oral) y la capacidad del Estado para superar obstáculos en tierras hostiles, como Mendoza, donde los operadores de la impunidad debieron quitarse las togas para defenderse.

Los tiempos del Poder Judicial siguen siendo un problema. Desde que una causa llega al tribunal oral hasta que comienza el juicio transcurren entre uno y tres años. Según el CELS hay 1.095 imputados que no fueron sometidos a juicio. De los represores identificados que no murieron o no fueron declarados insanos apenas el diez por ciento tuvo su sentencia en el último lustro. Al ritmo actual y aún si no se identificara a nuevos imputados habría juicios hasta 2020. Una década es una eternidad para quienes piden justicia desde hace treinta años y una garantía de impunidad para los verdugos. Según la Procuración General de la Nación el 42 por ciento del medio millar de procesados con prisión preventiva tiene más de setenta años. En 2010, según registros del CELS, murieron treinta imputados. Massera con una condena añeja. Adel Vilas, precursor del terrorismo de Estado, bien lejos de la cárcel. Murieron impunes el ex fiscal Carlos Flores Leyes, el ex juez Guillermo Madueño y Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia de Bahía Blanca.

Las demoras también rinden frutos luego de las condenas. Según el CELS sólo tres de cuarenta sentencias fueron confirmadas por la Corte y apenas ocho tienen el visto bueno de Casación. Que no queden firmes beneficia a condenados que pagaron altas sumas para evitar la cárcel: Jorge Olivera Róvere, dueño de vidas y muertes en Buenos Aires, los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, jefes de Mansión Seré, o el coronel Bernardo Menéndez, que además de seguir libre defiende a camaradas en desgracia.

Otro obstáculo creciente son las excarcelaciones. El porcentaje de procesados con prisión preventiva disminuyó el último año, según la Procuración, del 70 al 57 por ciento. De ese universo el 56 por ciento está en una cárcel y el 37 en su casa. La Corte Suprema tomó argumentos del Ministerio Público y ordenó a tribunales inferiores, con Casación a la cabeza, analizar con rigor los riesgos procesales antes de conceder excarcelaciones automáticas.

Números al margen, otro triunfo del año fue el compromiso de la dirigencia política con los juicios a genocidas. Las esperanzas de que una catástrofe política derivada de la derrota del oficialismo en las parlamentarias de 2009 permitiera torcer el rumbo en 2011 se esfumaron hasta desaparecer. Todos los partidos con representación parlamentaria ratificaron que los juicios son una política de Estado.

El camino está trazado y el rumbo es irreversible. El desafío es acelerar los tiempos.

Condenas y absoluciones de 2010.:

1. Santa Fe 12-4-10 (1-0): Horacio Barcos.

2. Salta, caso Melitón Bustos 13-4-10 (2-0): Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo.

3. Rosario, Quinta de Funes 15-4-10 (5-0): Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Eduardo Constanzo y Walter Pagano.

4. San Martín, Campo de Mayo II, 20-4-10 (6-1): Reynaldo Bignone, Santiago Riveros, Fernando Verplaetsen, Carlos Tepedino, Jorge Osvaldo García y Eugenio Guañabens Perelló. Absuelto Germán Montenegro.

5. Mar del Plata 9-6-10 (1-0): Gregorio Molina.

6. Tucumán, Jefatura de Policía 8-7-10 (4-0): Luciano Menéndez, Roberto Albornoz, Armando y Carlos De Cándido.

7. Santa Fe, caso Alicia López 13-8-10 (1-0): Mario Facino.

8. La Rioja, caso Villafañe 13-9-10 (1-0): José Rodríguez.

9. La Plata, U9 13-10-10 (14-0): Abel Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Raúl Aníbal Rebaynera, Catalino Morel, Ramón Fernández, Elvio Cosso, Jorge Luis Peratta, Leandro Corsi, Carlos Jurio, Luis Domingo Favole, Segundo Andrés Basualdo, Héctor Acuña y Valentín Romero.

10. Santiago del Estero, caso Kamenetzky 1-11-10 (3-0): Musa Azar Curi, Ramiro del Valle López Velloso y Miguel Tomás Garbi.

11. Mendoza, San Rafael 17-11-12 (4-0): Aníbal Guevara Molina, Raúl Soppe, Juan Labarta y Raúl Egea.

12. La Pampa 17-11-10 (9-0): Néstor Greppi, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Néstor Cenizo, Athos Reta, Oscar Yorio y Hugo Marenchino.

13. Chaco, Brigada de Investigaciones, 13-12-10 (12-0): Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Lucio Caballero, José Marín, Ramón Meza, Oscar Galarza, Francisco Alvarez, Rubén Roldán, José Tadeo Luis Bettolli, Luis Patetta, Enzo Breard y Ramón Gandola.

14. Primer Cuerpo de Ejército, Atlético--Banco--Olimpo 21-12-10 (16-1): Juan Carlos Avena, Oscar Augusto Rolón, Luis Juan Donocik, Eduardo Emilio Kalinec, Eufemio Jorge Uballes, Raúl González, Julio Héctor Simón, Samuel Miara, Eugenio Pereyra Apestegui, Guillermo Víctor Cardozo, Roberto Antonio Rosa, Enrique José Del Pino, Raúl Antonio Guglielminetti, Carlos Alberto Roque Tepedino, Ricardo Taddei y Mario Alberto Gómez Arenas. Fue absuelto Juan Carlos Falcón.

15. Mar del Plata, Base Naval 21-12-10 (3-0): Alfredo Arrillaga, Roberto Pertusio y Justo Ortiz.

16. Salta, Masacre de Palomitas, 21-12-10 (3-0): Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche.

17. Córdoba, UP1, 22-12-10 (24-7): Jorge Rafael Videla, Luciano Menéndez, Vicente Meli,Víctor Pino Cano, Emilio Juan Huber, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Ángel Pérez, Gustavo Adolfo Alsina, Carlos Hibar Pérez, Mauricio Carlos Poncet, Jorge González Navarro, Raúl Eduardo Fierro, Marcelo Luna, Calixto Luis Flores, Yamil Jabour, Alberto Luis Lucero, Carlos Alfredo Yanicelli, Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Gómez, Hermes Oscar Rodríguez, José Eugenio San Julián, Fernando Martín Rocha y Mirta Graciela Anton. Fueron absueltos Osvaldo César Quiroga, Luis David Merlo, Luis Alberto Rodríguez, Ricardo Cayetano Rocha, Gustavo Rodolfo Salgado, Francisco Pablo Daloia y José Antonio Paredes.

18. El martes 28-12-10 a las 13 el TOF5 de San Martín dictará sentencia contra Luis José Ricchiutti y Elida Hermann por la apropiación ilegal de la hija de Antonio Domingo García y Beatriz Recchia.

“La Justicia no escapó a la complicidad”

JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE CONDENO A JORGE RAFAEL VIDELA Y A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ

“Me pareció un momento de gran significación histórica”, reveló a Página/12 el juez del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba sobre el momento en que él mismo leía el fallo con el que se condenó a Videla y a Luciano Benjamín Menéndez.

Jaime Díaz Gavier, presidente del Tribunal Oral Federal de Córdoba.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

Jaime Díaz Gavier tuvo en 2008 la responsabilidad histórica de presidir el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez, símbolo máximo del terrorismo de Estado en Córdoba. El miércoles, siempre ayastrando la erre y mirando a los ojos, el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua al dictador Jorge Rafael Videla, que no escuchaba una sentencia desde hace 25 años. “Pero no tengo predilección por juzgar a nadie. El privilegio es en todo caso profesional, por el interés histórico que tienen estas causas”, confiesa. Mientras se prepara para encabezar el cuarto proceso por delitos de lesa humanidad de la provincia, por crímenes en el centro clandestino La Perla, Díaz Gavier confía en que también llegará a los estrados la complicidad del Poder Judicial con el terrorismo de Estado.

–¿Qué pensaba mientras leía la condena y miraba a Videla?

–Sinceramente me pareció un momento de gran significación histórica, se estaban esclareciendo y determinando responsabilidades en hechos dramáticos de nuestra historia. Más allá de que juzgamos casos de la Unidad Penitenciaria y de la policía provincial, en realidad son una muestra de tantos que ocurrieron en el país. Lo de mirar a los ojos lo he hecho siempre como muestra de respeto hacia la persona sobre la que estoy disponiendo. No mirar sería una muestra de indiferencia.

–Hace dos años le tocó condenar por primera vez a Menéndez; ahora a Videla, símbolo máximo de la dictadura. ¿Lo vive como un privilegio?

–No. En todo caso puede ser un privilegio estrictamente profesional por el interés histórico que tienen estas causas. El privilegio pasa por tener la oportunidad de participar, de recibir los testimonios de quienes vivieron un período tan trágico. Pero no tengo predilección o interés particular en juzgar a nadie, y mucho menos interés de figuración. Usted sabe que en la judicatura hay un tema de protagonismo insatisfecho, búsquedas de figuración, sobreactuaciones, le diría que de casi todos los actores procesales vinculados con estos juicios. Creo que hay que ser profesional, aplicar la ley con las convicciones que cada uno tiene en base a las pruebas, tal como se recibieron en las audiencias.

–En el juicio se ventilaron pruebas sobre la complicidad de magistrados con delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se viven esas acusaciones desde adentro del Poder Judicial?

–Por el tipo de hechos, por tratarse de presos legales –por decirlo de alguna manera– a disposición de jueces y del Poder Ejecutivo, evidentemente hubo un nivel de compromiso de la Justicia de la época, igual que lo hubo en sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica y de la sociedad civil que, como mínimo, miraron para otro lado. Ciertamente, la Justicia no escapó a una suerte de complicidad o por lo menos omisión en el cumplimiento de lo que debieron ser sus deberes.

–¿Es optimista en que llegará a juicio la complicidad judicial?

–Sí, a partir de distintas revelaciones se trasladaron las denuncias y se está investigando. Creo que efectivamente en algún momento se determinará la elevación a juicio de estas causas y tendremos que abocarnos.

–¿Podría darse la paradoja de tener que juzgar al doctor Carlos Otero Alvarez, que participó del primer juicio a Menéndez?

–Podría darse, pero en ese caso tendría que apartarme porque estoy vinculado por lazos de afecto, compartimos quince años en la magistratura. Debo decirle, sin que signifique adelanto de opinión, que Otero Alvarez era secretario y su función era ser signatario, certificar con su firma, por lo que la responsabilidad estaría muy acotada. No puedo adelantar más porque podría tener que analizar situaciones similares.

–¿Cómo se explica que siete imputados, que dos instancias judiciales consideraron culpables, terminaron absueltos? ¿Es tan diferente la evaluación de la prueba?

–Para nuestro sistema procesal, en el caso de la instrucción y la Cámara basta con la probabilidad para procesar. En la etapa de juicio no se puede condenar por probabilidad, las pruebas deben incriminar. Cuando se llega al punto en que la atribución de responsabilidades se bifurca y hay una duda jurídica razonable, el juez no puede condenar, la ley lo prohíbe. Siempre es mejor que quede libre un culpable y no preso un inocente.

–¿Es el caso de Osvaldo Quiroga, que firmó el retiro de tres presos que terminaron fusilados?

–Es el caso más notorio, el de Vaca Narvaja, Toranzo y De Breuil, hombres emblemáticos de las organizaciones llamadas entonces subversivas. Como tribunal no pudimos superar el estado de duda sobre la participación de esta persona. Igual el hecho no quedó impune, fueron condenados Videla, Menéndez, el coronel Meli y los jefes de secciones del Estado Mayor. Lo que no pudimos determinar con certeza fueron los autores materiales.

–Durante el juicio hubo amenazas a querellantes y testigos. ¿También a jueces?

–No, honestamente no recibí amenazas ni presiones. Sí las hubo después de las sentencias anteriores, alguna llamada telefónica.

–¿Tuvo protección durante el juicio?

–No, es una actitud personal que tengo desde siempre. No tengo, ni me interesa. Prefiero moverme sin un testigo permanente al lado.

–Varios policías imputados, como Carlos Yanicelli, ocuparon altos cargos hasta mediados de los ’90. ¿Qué tan depurada está la policía de Córdoba?

–Hasta 1997, la administración radical tenía a policías ahora condenados en la más alta jerarquía del escalafón. Seguramente subyacen en la policía, como en otros estamentos, sectores autoritarios y partidarios de gobiernos dictatoriales, pero en términos generales me parece que tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas hay una formación con criterios mucho más democráticos.

–Córdoba es una de las jurisdicciones que más avanzó en juzgar delitos de lesa humanidad, aunque hay todavía varios juicios pendientes, incluso el mayor, por La Perla. ¿Cuánto tiempo prevé que durarán los procesos?

–El juicio de La Perla está elevado en mi tribunal, seguro que empieza antes de mediados de año y será un proceso enorme, de por lo menos un año. Hay otras causas pendientes, por lo que estimo que habrá por lo menos un par de años más de juicios.

Tres coroneles con perpetua

Fueron condenados en Salta por la Masacre de Palomitas

Los militares retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche recibieron la pena de prisión perpetua por el fusilamiento de once presos políticos ocurrido en 6 de julio de 1976.

Los organismos de derechos humanos celebraron las condenas en la causa, que tiene otros seis procesados.

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A ocho años de la reapertura de la causa y a doce meses desde el comienzo del juicio, el juez federal jujeño Carlos Olivera Pastor condenó a la pena de prisión perpetua a los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche, por su actuación en la Masacre de Palomitas, como pasó a la historia el fusilamiento de once presos políticos ocurrido en Salta el 6 de julio de 1976. A diferencia de las otras tres sentencias de esta semana, el juicio tramitó por el viejo Código de Procedimientos Penales, por lo que acusadores y condenados fueron notificados en sus domicilios el martes a la noche. Olivera Pastor, que se tomó hasta el último minuto de los cuatro meses de plazo que le otorgó para fallar la Cámara Federal de Salta, deberá decidir ahora el modo de cumplimiento de la condena por parte de Mulhall, de 81 años, y de Gentil, de 80, ambos con arresto domiciliario. En el caso de Espeche, de 65, excarcelado a mediados de 2010 por la prolongación de su prisión preventiva, ya ordenó su inmediata detención.

Al atardecer del 6 de julio de 1976, once presos políticos del penal de Villa Las Rosas fueron trasladados por oficiales del Ejército y fusilados a un costado de la ruta 34, en un paraje conocido como Palomitas, en el Departamento de General Güemes, a más de treinta kilómetros de la capital de Salta. “Con el fin de lograr mayor eficacia e impunidad en el operativo, que tendría como fin la muerte de las once personas, Mulhall en forma coordinada con sus consortes de causa implementaron operativos que les permitieran conseguir el objetivo buscado”, escribió el juez en su sentencia y precisó los roles de los condenados. “Quien ordenó el retiro desde el penal de Villa Las Rosas de las once víctimas y de los hechos que sucedieron después fue el jefe de la Guarnición Ejército Salta y jefe del área militar 322, coronel Mulhall. Quien intervino en todo momento, desde la elaboración del ilícito plan hasta la ejecución, dando las órdenes al personal de su dependencia para el cumplimiento del rol asignado, fue el jefe de la policía de Salta, teniente coronel Gentil. Quien ejecutó el retiro ordenado y el traslado de las víctimas hasta Palomitas fue Espeche. A los dos primeros les cabe responsabilidad en el ilícito cometido como autores mediatos, al último como partícipe necesario”, distinguió.

“Es una condena histórica que corona el esfuerzo y el trabajo intenso de ocho años”, resumió la abogada Tania Kiriaco, querellante que representa a familiares de víctimas y a la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Salta. “Es una causa que iniciamos con el doctor David Leiva (abogado del Encuentro por Memoria, Verdad y Justicia) en 2002, cuando aún regían las leyes de impunidad, y fue la primera del país en la que un tribunal, la Cámara Federal de Salta, dictó la nulidad de la obediencia debida y el punto final”, destacó Kiriaco, también querellante junto a Leiva en el juicio que concluyó en abril con las condenas a Carlos Arias y Luis Angel Zírpolo por el asesinato del escribano Melitón Bustos.

La causa de la masacre tuvo un trajinar repleto de obstáculos. El juez federal Miguel Medina procesó a los tres militares en mayo de 2003, pero se inhibió tras la incorporación a la lista de imputados del entonces juez Ricardo Lona, que en 1976 había recibido de manos de Mulhall la versión oficial de la masacre, que se negó a investigar: “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”, sostenía el escrito.

Ante las excusaciones de toda la corporación judicial salteña por su amistad manifiesta con Lona, la instrucción de la investigación se trasladó a Jujuy. Como la investigación se realizaba según el nuevo Código de Procedimientos, las defensas plantearon que debía regir el código vigente al momento de los hechos. La discusión jurídica en distintas instancias consumió varios años, hasta que la Cámara de Casación Penal que entonces integraba Alfredo Bisordi (hoy defensor de Luis Patti y otros represores) les dio la razón a los imputados y anuló la mayor parte del proceso, que prácticamente debió comenzar de cero.

Más tarde, la Cámara Federal de Salta resolvió que el juicio debía estar a cargo de un juez distinto del de la instrucción y asignó la causa a Olivera Pastor, secretario de un juzgado y a quien los querellantes nunca llegaron a conocerle la cara. Ante un pedido de pronto despacho de los querellantes y del fiscal jujeño Ricardo Batule, la Cámara Federal de Salta le dio un ultimátum de cuatro meses, que Olivera Pastor exprimió al máximo. La causa de la masacre tiene otros seis procesados con prisión preventiva en condiciones de recibir sentencia. Se trata del ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Menéndez, que ayer consiguió su quinta condena a perpetua, y de los militares Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil, Luis Donato Alvarez, Andrés del Valle Soraire y Ubaldo Vujovich, todos con arresto domiciliario.

Tres marinos con condena

JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN LA BASE NAVAL DE MAR DEL PLATA

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, al contraalmirante Roberto Luis Pertusio y al capitán de navío Justo Alberto Ignacio Ortiz, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino que funcionó en la base naval de la ciudad. Se trata de la primera condena a dos oficiales superiores de la Armada desde el juicio a los ex comandantes, en 1985. Los represores gozarán del beneficio de la prisión preventiva domiciliaria al menos hasta el 18 de febrero, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia.

“Este fallo se lo debemos a las Madres, a las Abuelas, a las víctimas y familiares que estuvieron presentes e impulsando este juicio desde el comienzo –destacó el abogado Alejo Ramos Padilla, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense–. Es además una demostración de que poco a poco la Justicia está asumiendo la responsabilidad histórica frente a los más graves delitos de los que fue víctima nuestro pueblo.”

“El fallo deja en claro que Arrillaga, como jefe de operaciones e inteligencia, fue el responsable de coordinar la represión ilegal en toda la subzona militar 15, y que la Armada estuvo bajo las órdenes del Ejército”, destacó Marcelo Núñez, de Hijos Mar del Plata. “Esta sentencia ratifica que la absolución del coronel (Alejandro) Duret fue una decisión política”, agregó. La frase alude a la decisión de los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, tras la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias de 2009, en beneficio del oficial de inteligencia identificado a la cabeza del grupo que llevó a Carlos Labolita encapuchado y torturado a allanar la casa familiar antes de desaparecer. La Cámara de Casación estudia desde hace meses la apelación a ese fallo, que votó en disidencia Carlos Rozansky. La condena de ayer la firmaron Jarazo, Esmoris y Jorge Michelli, miembros del TOF-2 platense, subrogantes en Mar del Plata por la recusación de quienes actuaron en el Juicio por la Verdad.

Los imputados llegaron al tribunal a las 7.30 acompañados por agentes del Servicio Penitenciario Federal. La audiencia prevista para las últimas palabras arrancó con casi una hora de demora. Ante una sala colmada por más de setenta personas (el tribunal no permitió asistentes parados), Pertusio y Ortiz aseguraron que no tuvieron ninguna relación con el terrorismo de Estado. Ortiz, que encabezaba la Fuerza de Tareas 6, se definió como un “hombre ético”. El general Arrillaga, que volvió a torturar y matar tras el copamiento del Regimiento de La Tablada en 1989, prefirió mantenerse en silencio.

A las 13.45, luego del cuarto intermedio y la demora reglamentaria, Jarazo comenzó a leer el fallo. Esta vez la prensa no pudo ingresar en la sala. Sólo lo escucharon en vivo las partes y un puñado de familiares de víctimas. Excepto un marino de apellido Ponce, que asistió a los camaradas durante todo el juicio, no hubo allegados a los represores. Medio millar de personas debió escuchar la sentencia desde la calle, sobre la avenida Luro, con el tránsito cortado desde primera hora.

La primera condena fue para Pertusio, que dirigía la Fuerza de Submarinos e integraba la FT6. “Prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua”, leyó el presidente del tribunal. El marino fue condenado por secuestros, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos y los homicidios calificados de Delia Garaguzo y Tristán Roldán, secuestrados el 18 de septiembre de 1976. Dos días después la patota volvió a desvalijar la casa y el entonces capitán de fragata Pertusio le dejó al padre de Roldán una copia del acta del procedimiento, que 34 años después le valió la condena también por hurto agravado.

Ortiz recibió la misma pena, en su caso por ocho privaciones ilegales de la libertad y tormentos, más los homicidios agravados de Garaguzo, Roldán, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri y Liliana Retegui. Arrillaga fue condenado por los secuestros y asesinatos de Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, y las torturas al primero. Todas las víctimas por las que fueron condenados permanecen desaparecidas. El tribunal tomó nota del pedido de querellantes y fiscales de revocar los arrestos domiciliarios, pero postergó un pronunciamiento sobre el tema al menos hasta la lectura de los fundamentos. Los condenados se retiraron en un camión celular de la Policía Federal y seguirán en sus casas: Pertusio en Olivos, Arrillaga en Capital Federal, Ortiz alquilando sus cabañas en Merlo, San Luis.

La de ayer fue la tercera condena a represores en Mar del Plata. En julio de 2009, por el secuestro, las torturas y el homicidio de Labolita, fue condenado a prisión perpetua el general Pedro Pablo Mansilla y absuelto el coronel Duret. En junio de este año fue condenado a prisión perpetua Gregorio Rafael Molina, suboficial de la Fuerza Aérea, torturador y violador en el centro clandestino La Cueva, en la base aérea local. En 2011 está previsto un juicio por los casos de La Cueva y de la comisaría 4ª, y más tarde el segundo juicio por crímenes en la base naval.

Con el apropiador en el banquillo

El juicio a Omar Alonso por la sustracción de la hija de dos víctimas de la dictadura

En La Plata comenzó el proceso a Alonso por la sustitución de identidad de la hija de dos militantes de Montoneros. También está acusado el capitán de navío retirado Juan Carlos Herzberg.

Omar Alonso declaró que Herzberg le entregó a la niña.

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En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo recibió la primera denuncia contra Omar Alonso por la apropiación de una niña durante la dictadura. El comerciante y tanguero platense burló a la Justicia en democracia, cuando se fugó al Paraguay, y fue procesado recién en 2007, al comprobarse que la mujer a quien llamó María Natalia es hija de Mario César Suárez Nelson y María Elena Corvalán, víctimas del terrorismo de Estado. El lunes pasado, con el apropiador preso en su casa gracias a sus 70 años, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgarlo por sustitución de identidad, sustracción, retención y ocultamiento de una menor de diez años y falsificación de documentos públicos. Lo acompaña el capitán de navío retirado Juan Carlos Herzberg, que según Alonso fue quien le entregó a la niña.

Suárez Nelson fue asesinado el 10 de junio de 1977 mientras se resistía a ser secuestrado por la Armada junto con su compañera, con quien militaba en Montoneros. Según el comunicado oficial, un ocupante de la vivienda fue “abatido” y “el otro, de sexo femenino, logró eludir el cerco”. María Elena pudo escapar a las balas, no al secuestro: con un embarazo de casi ocho meses, fue trasladada al centro clandestino La Cacha. A fines de junio la sacaron para dar a luz, presumiblemente en la cárcel de Olmos. De vuelta en La Cacha, sus compañeros supieron que había tenido una niña a quien llamó Lucía. En esos días, una partera llamó a su hermana para avisarle del nacimiento. El 8 de agosto, Herzberg le entregó la niña a Alonso y su esposa, María Luján Di Mattía, que la inscribieron como hija biológica, con un certificado de nacimiento que suscribió el médico Francisco Antonio Bosia. El marino sería luego padrino de bautismo.

La causa se inició en 1985. Alonso y Sra. inventaron una historia sobre el nacimiento y se opusieron a las pericias genéticas. En 1986, igual que otros apropiadores como Samuel Miara o Norberto Bianco, se refugiaron en el Paraguay de Alfredo Stroessner. Alonso fue detenido en 1993, durante una visita a La Plata, pero fue sobreseído por “no hallarse probado el cuerpo del delito”. Su esposa fue extraditada en 1996, estuvo detenida pero fue liberada. Pese a que se había probado que ella nunca estuvo embarazada, el juez provincial Juan Carlos Bruni decidió absolverlos.

Abuelas insistió hasta lograr reabrir la causa. En 2005, el juez federal Arnaldo Corazza ordenó allanar la casa de la mujer apropiada, que ya tenía 28 años, para extraer muestras de ADN de objetos personales. El 1o de junio de 2006, a través de un estudio del Banco Nacional de Datos Genéticos, María Natalia conoció su identidad. Fue el primer caso en el que un hijo de desaparecidos supo quiénes eran sus padres sin someterse a una extracción de sangre. La confirmación obligó a revisar la absolución. En 2007, Corazza procesó a Alonso y, en 2008, a Herzberg –el ex comandante de la Fuerza de Tareas 5 o “Agrupación Río Santiago”, jefe de los marinos que actuaron en La Plata, Berisso y Ensenada, goza de arresto domiciliario en Luis María Campos 1419, 16º A–.

Di Mattía fue indagada recién el 22 de abril último. El juez le dictó falta de mérito, Abuelas apeló la decisión. El médico Bosia todavía no fue citado a indagatoria.

Alonso declaró en la primera audiencia. Herzberg le dijo que la niña “era de la hija de un superior que no podía tenerla”, aseguró. El marino prefirió no hablar. María Natalia, como testigo, recordó que el apropiador le escondía las citaciones judiciales. Una pareja de Alonso le dijo que había nacido de una relación extramatrimonial y que su madre había muerto de cáncer, versión que Alonso le confirmó. “Estuve dos años creyendo eso. Fue terrible, no puedo creer cómo me mintieron así”, dijo.

Elena de la Cuadra recordó que las primeras denuncias sobre Alonso fueron en 1982 y detalló sus maniobras para entorpecer la investigación. También habló sobre la relación de Alonso con el dictador boliviano Hugo Banzer. Cecilia Corvalán, hermana de María Elena, relató el llamado por el que se enteraron del nacimiento. Una vecina que presenció el secuestro contó que el operativo incluyó hasta helicópteros y que “en la casa había más de cien tiros”.

Cinco sobrevivientes de La Cacha confirmaron el avanzado estado de embarazo de María Elena, quien permanece desaparecida. Patricia Pérez Catán recordó que la llamaban “Negrita”. María Silvia Bucci no la vio, pero supo “que había tenido una beba a la que llamó Lucía”. Héctor Quinterno recordó que “la dejaban caminar por el lugar” y relató cuando un guardia le contó a María Elena cómo habían matado a su compañero. “Era como una diatriba del guerrero, le remarcaba la heroicidad, pero creo que fue para quebrarla emocionalmente, porque después María Elena quedó bastante afectada”, declaró. Raúl Elizalde contó que “sufría mucho por su embarazo, los guardias la amenazaban con que la iban a torturar en la panza”, y agregó que “para despedirse nos leyó una carta muy linda, muy cálida”. Ricardo Herrera recordó que a Corvalán le gustaba cantar. “Cantaba ‘Eulogia Tapia’. Era su forma de mantener la vida y los sentimientos a pesar del lugar en el que estábamos”, dijo.

El hijo homónimo del vicecónsul boliviano Roger Soruco relató reuniones entre Banzer, Herzberg y Alonso. Antes de morir su padre, le confesó que “la hija que tiene Alonso se la entregó el capitán Herzberg, envuelta en un capote negro de la marina”. El pediatra Hugo Pérez Salas recordó que atendió a la niña en casa de Alonso y que le llamó la atención no encontrar vestigios del parto hogareño. El juicio continuará el lunes, a las 10, en la ex sede de la AMIA platense, en calle 4 entre 51 y 53.

El mejor de todos

Por Diego Martínez

Trabajé para Horacio casi diez años. Pese a su nula vocación pedagógica, fue la mejor escuela de periodismo que conocí. Me han preguntado con tono de misterio por sus métodos y “equipos”. Cafetera express, sí. Mate y termo de vez en cuando. Asistente para tareas menores, trabajos de hormiga, filtro de pesados. Buenos amigos, por supuesto.

El método puede ser frustrante. Trabajar hasta el cansancio. Leer todo. Desmenuzar la letra chica. Procesar la información. Barrer la hojarasca. Guardar la esencia, el color mínimo. Fichar datos duros. Alimentar el archivo cada día. No depender de buscadores. Profundizar con los mejores (nulo trato con periodistas). Estudiar a fondo. Publicar la punta del iceberg. Pulir el texto en patas, con Coltrane o Ellington. Mechar guiños para mostrar que lo arduo no quita lo placentero.

Maestro de selección de blancos, sabe estar siempre en el lugar indicado. ANCLA y el primer informe de la ESMA durante el terrorismo de Estado. Ezeiza para recordar cómo empezó todo. Las crónicas del juicio a los ex comandantes (joya que nunca se editó como libro) para hacer oír a las víctimas. Civiles y Militares para entender la degradación de Alfonsín. Robo para la Corona y Hacer la Corte para desnudar al menenemato. Pernías, Rolón y los vuelos del capitán Scilingo para quebrar la impunidad. Las miserias del cardenal para ahorrarnos la desgracia de un papa argentino. Y cuando el kirchnerismo permitió algo de relajamiento, cayó en desgracia la santa madre: procesó los archivos de la Conferencia Episcopal y dejó una obra de consulta obligada por el resto de los días.

Perro raro, con sesenta largos escribe cada año más que el anterior. Impone agenda. Fabrica trincheras. Ladra, muerde y no larga a los salvajes, gruñe y muestra los dientes para disuadir a enemigos menores. Cierra la puerta, sonríe y guiña el ojo. Sin dudas, el mejor de todos.

Para escuchar las poesías rescatadas

UN AUDIOVISUAL CON LOS POEMAS DEL DESAPARECIDO ALEJANDRO MARTIN ALMEIDA

Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat, Raúl Rizzo e Ismael Serrano, entre otros, recitan las poesías que la madre de Alejandro, Taty Almeida, encontró y guardó luego de la desaparición de su hijo. El CD se presentará mañana.

Taty Almeida no conoció la veta artística de su hijo hasta un día después del secuestro.

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Che patrón,
no trates de conformar
al peón
con un vino o un sifón.
Che patrón,
este obrero tiene hijos
que no comen como vos.
¡Ah! Patrón,
respetá a la clase obrera,
no pienses que ahí está
para hacerle lo que quieras.

Arturo Bonín gesticula, se compenetra, mira al patrón donde está el micrófono y recita con voz ronca.

Oye obrera, oye obrero
deténgalos de chiquitos
que ya cuando grandecitos
se parecen a los perreros.

La imagen del actor deja lugar al dibujo de un obrero sonriente mientras estampa una patada ahí donde muere la espalda del patrón, que levanta vuelo. El texto lo escribió Alejandro Martín Almeida, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, desaparecido a los veinte años, el 17 de junio de 1975. Taty Almeida no conoció la veta artística de su hijo hasta un día después del secuestro, cuando encontró su agenda telefónica y, en las últimas páginas, 24 poesías manuscritas, incluida la despedida a su mamá, con cinco meses de anticipación. En 2008 se editaron en formato de libro, mechadas con textos de familiares, amigos y compañeros de lucha. La novedad de estos días, homenaje al militante y mimo a la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, es un audiovisual dirigido por Pascual Guido Spinelli (Colectivo Cultural Entreletras) en el que actores, escritores y músicos recitan los poemas. Se presentará mañana a las 19 en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces, Perú 272.

Veinte años le alcanzaron a Alejandro Almeida para escribir sobre el amor, la muerte, la amistad, el compromiso militante, la represión, los hombres grises, los masacrados en Trelew y hasta el samba de las favelas de Río de Janeiro. Recitaba los sábados por la mañana al pie de la cama del cuarto de la pensión que compartían Ernesto “el Boliviano” y Pedro “el Brasileño”, que luego haría macumbas sin suerte para que su amigo reapareciera. Si la sola lectura de los textos reunidos en Alejandro por siempre... amor dejaban al descubierto la combinación de sensibilidad y compromiso del poeta-militante, las voces de Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat, Raúl Rizzo o Ismael Serrano acompañadas de música e ilustraciones cuidadas, acordes a cada poema, las elevan a un nivel de excelencia.

“La idea original surgió tras la presentación del libro. Fuimos a tomar algo y Nora Anchart propuso hacer un CD en el que gente amiga lea y grabe las 24 poesías de Alejo”, explica Taty Almeida. “Entonces empecé a llamar a gente querida, porque pueden ser muy importantes pero si no los quiero... si no es recíproco no me sirve –confiesa–. Y la respuesta fue conmovedora: llamé a 24 personas amigas y apenas les decía el motivo, inmediatamente (respondían con) un ‘por supuesto’ Taty’”.

De caminar un verano por las favelas de Río e intimar con sus habitantes, concluyó Alejandro que “el samba es un llanto más/ de esa gente que no come./ Los ricos quieren robarlo/ pero no pueden./ El samba queda en la favela/ y los negros mueren”, recita Alfredo Alcón mientras se suceden fotos de negros sonrientes con tambores, y Toquinho y Chico Buarque cantan “Samba para Vinicius”.

A cuarenta años de asistir al primer recital de Joan Manuel Serrat en la Argentina, siempre con su credencial de Télam, donde oficiaba de cadete, el propio catalán lee la conmovedora despedida de Alejandro a Taty:

“Si la muerte
me sorprende
lejos de tu vientre,
porque para vos
los tres seguimos en él,
si me sorprende
lejos de tus caricias
que tanto me hacen falta,
si la muerte
me abrazara fuerte
como recompensa
por haber querido
la libertad,
y tus abrazos entonces
sólo envuelven recuerdos,
llantos y consejos
que no quise seguir,
quisiera decirte mamá
que parte de lo que fui
lo vas a encontrar
en mis compañeros.
La cita de control,
la última,
se la llevaron ellos,
los caídos, nuestros caídos,
mi control, nuestro control
está en el cielo,
y nos está esperando.
Si la muerte me sorprende
de esta forma tan amarga,
pero honesta,
si no me da tiempo
a un último grito
desesperado y sincero,
dejaré el aliento
el último aliento,
para decir te quiero.

Luego la sonrisa gigante de Taty Almeida, orgullosa del hijo que la llamaba “gorilita de mierda” pero con 35 años de lucha encima (30 junto a las Madres), y el graffiti que es marca registrada de los Hijos en cada juicio por los miles de Alejandros: “Lo imposible sólo tarda un poco más”.