Un caso ya prescripto

FALLO DE CASACION SOBRE UN ATENTADO DE 1976

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los delitos sindicados a organizaciones armadas durante la dictadura no configuran violaciones a los derechos humanos.

Para los jueces, la imputación era “generalizada” y adolecía de “orfandad probatoria”.

Publicado sin firma en PáginaI12.

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los crímenes atribuidos a organizaciones armadas durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad y por ende se encuentran prescriptos. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo se pronunciaron en el expediente por el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido tres meses después del último golpe de Estado. Destacaron la “orfandad probatoria” y la escasa “seriedad” de una imputación “generalizada” que incluye desde el ex jefe montonero Mario Firmenich hasta sobrevivientes de la ESMA e incluso desaparecidos, y confirmaron los sobreseimientos. Los abogados José María Sacheri y Norberto Giletta anunciaron que apelarán la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.

Al mediodía del 2 de julio de 1976 una bomba explotó en el comedor del edificio de Moreno 1431. El atentado provocó la muerte de 23 policías y de una mujer, civil, que visitaba a una amiga. Hubo sesenta heridos. La dictadura encabezada por Videla, Massera & Agosti hizo justicia a su manera. “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal”, firmaron dos días después en una pared de la iglesia de San Patricio los asesinos de los sacerdotes palotinos. La causa llevó finalmente el nombre de José María Salgado, un miliciano montonero que había trabajado hasta el día anterior como policía en Superintendencia. Salgado fue secuestrado el 12 de marzo de 1977, fue torturado en la ESMA y entregado a la Federal, que antes de ejecutarlo le arrancó los ojos. “Abaten al autor de un trágico atentado”, titulaba Clarín el 4 de junio, al difundir el comunicado del Primer Cuerpo de Ejército sobre el supuesto “enfrentamiento armado”.

El primer intento de reabrir la causa fue frustrado por la jueza María Servini de Cubría. El pedido lo había formulado Hugo Biazzo, uno de los heridos, con el patrocinio de Giletta, ex juez de la dictadura y célebre por rechazar hábeas corpus por medio de su secretario Alfredo Bisordi, actual defensor del torturador Luis Patti. Los acusados por Giletta, que nunca llegaron a estar imputados por un fiscal, fueron Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Lauletta, Lila Pastoriza (ambos sobrevivientes de la ESMA), Norberto Habegger y Marcelo Kurlat, ambos desaparecidos. En 2007, la Cámara Federal confirmó que el atentado no era un delito de lesa humanidad. En 22 carillas los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah admitieron que era un episodio “aberrante”, pero que “no basta el inconmensurable daño ocasionado” para aplicar la imprescriptibilidad contemplada en el derecho penal internacional.

Los querellantes interpusieron un recurso de casación, que rechazó el martes la Sala I del tribunal penal. Los camaristas descartaron que Montoneros hubiera perpetrado crímenes generalizados contra la población y destacaron que ni siquiera está demostrado que Salgado haya sido el autor del atentado. “La orfandad probatoria es de un grado tal que impide formular cualquier tipo de imputación. Ni siquiera hay evidencias que arrojen mayores precisiones acerca de las circunstancias que rodearon el hecho”, destacó Madueño. “Ningún tribunal de Justicia puede aceptar con visos de seriedad la imputación que hace la querella en forma generalizada respecto de personas que dice pertenecieron a una agrupación que militaba en la época bajo la nominación Montoneros”, agregó.

Los magistrados rechazaron la aplicación de la categoría de lesa humanidad al hecho. “Para que una conducta sea calificada como de lesa humanidad, el acto debe haber ocurrido en el marco de un ataque generalizado o sistemático a una población civil. Esto es lo que se conoce como ‘elemento de contexto’”, apuntó Madueño. Enumeró cinco “elementos esenciales”: la existencia de un ataque; que se encuentre dirigido contra una población civil; que sea generalizado o sistemático; que la conducta del infractor forme parte del ataque, y que el autor sepa que su conducta forma parte de ese ataque.

Los jueces citaron como antecedente el fallo “René Derecho” de la Corte Suprema de Justicia, en el cual estableció que “lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control”. Ante los delitos comunes, como la autoría no proviene de una estructura estatal o análoga, la víctima cuenta con la protección de la organización política que integra (en tal caso el Estado), que cuenta con medios para investigar y condenar a los culpables. En cambio, en los crímenes de lesa humanidad “las víctimas se encuentran absolutamente desamparadas porque la agresión proviene, por hipótesis, precisamente de la organización política que debe protegerla y defenderla, a lo que se suma la posibilidad de destruir pruebas y garantizar la clandestinidad por parte de quienes deberían investigar los delitos”.

El último eslabón en la cadena del terror

Un fiscal anunció que se identificó el vuelo de la muerte de las monjas francesas y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo

La Unidad Especial de la Procuración analizó 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978. Al margen de Adolfo Scilingo, condenado en España, sólo hay un procesado con prisión preventiva por participar en los “vuelos de la muerte”.

Por Diego Martínez

La impunidad de centenares de militares, marinos, policías y civiles que participaron en los vuelos de la muerte podría comenzar a revertirse. El fiscal federal Miguel Osorio, que investiga el Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, dejó trascender el martes, durante un panel realizado en el Congreso, que está identificado el vuelo específico en el que fueron arrojadas al Río de la Plata las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977. La investigación, que permitirá avanzar contra sus tripulantes y la cadena de mandos que les daba órdenes y les garantizaba el encubrimiento, fue realizada por la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación y está en poder de los jueces federales Norberto Oyarbide –que instruye la causa Plan Cóndor–, Sergio Torres –a cargo de la megacausa ESMA– y también de Eduardo Taino, fiscal de la causa. Ante un pedido expreso de la Justicia, Página/12 omite por el momento los nombres de los involucrados y otros datos que puedan perturbar el avance de la pesquisa.

El informe final de la investigación realizada por la Unidad Especial que conduce el fiscal general Jorge Auat y coordina Pablo Parenti data del 19 de noviembre pasado. A partir de un universo de 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978, los investigadores analizaron regularidades y, en contraposición, excepciones: vuelos cuya duración no se condice con los puntos de despegue y aterrizaje, horarios sin relación lógica con las finalidades explicitadas, un mismo destino de salida y llegada en vuelos de “instrucción”, omisiones llamativas en los registros.

El universo se acota primero según la duración: por la velocidad de los aviones y en base a las precisiones que aportó el condenado ex capitán Adolfo Scilingo sólo se consideran vuelos de dos horas y media como mínimo. El segundo parámetro es el destino. Descartados los vuelos de duración justificada (a provincias del norte, la Mesopotamia o la Patagonia), los restantes tienen una particularidad: el despegue y el aterrizaje tiene lugar siempre en el Aeroparque Jorge Newbery o en la base de Punta Indio, y en algunos casos ambas en el primero. El dato es sugestivo: los dos vuelos en los que participó Scilingo despegaron desde Aeroparque. El marino confesó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar: continuaban vuelo a baja altura mar adentro para no ser detectados por el radar de Mar del Plata”.

El tercer filtro es la nocturnidad, asociada por la Unidad Fiscal “a todo aquello que pretende ocultarse”. Los vuelos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana son excepcionales: rondan el seis por ciento en 1976 y 1977, crecen hasta casi un diez por ciento en 1978. Por último se considera la “finalidad”. En más de la mitad de los casos se menciona un genérico “traslado”, por lo general con un objeto preciso: “material clasificado”, “buzos”, “maquinaria”, “contraalmirantes”. También figuran finalidades específicas: “apoyo regata”, “sanitario”, “relevo de personal”, “arrojar paracaidistas”, “vuelo de prueba”, “patrullaje” o “instrucción”. Los vuelos que sortean los cuatro filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son apenas once en tres años. Todos menos uno tienen por finalidad la “instrucción” y en ninguno se registra la existencia de pasajeros. A partir de este análisis se pudo individualizar el vuelo en el que se habría “trasladado” a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El operativo del grupo de tareas de la ESMA en la iglesia de la Santa Cruz fue el 8 de diciembre de 1977. Dos días después fue secuestrada Azucena Villaflor de De Vicenti. El grupo de familiares estuvo en cautiverio en la ESMA al menos hasta el 14 de diciembre, cuando los marinos fotografiaron a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet con una bandera de Montoneros de fondo y un ejemplar del día del diario La Nación en sus manos. Los restos aparecieron en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre el 20 y el 28 de diciembre, y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Güemes. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.

El método argentino de desaparición de personas, que Rodolfo Walsh denunció en 1977 y Scilingo confesó en 1995, continúa dando frutos. Más allá de condenas aisladas como las de Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, los asesinos que participaron de las ejecuciones que según Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica e incluyeron hasta “invitados especiales” aún disfrutan de impunidad y anonimato.

Al margen de Scilingo, condenado en España a un millar de años de prisión, el único procesado con prisión preventiva por ese delito es el capitán Emir Sisul Hess, quien contó en privado que las víctimas “caían como hormiguitas”. El teniente de fragata Julio Alberto Poch, extraditado desde España luego de confesar su actuación ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia, se benefició con una resolución de la Cámara Federal, que le encomendó al juez Torres mejorar los argumentos del procesamiento. El juez volvió este año a tomar una serie de declaraciones testimoniales en Holanda, pero no a pronunciarse sobre la situación del marino. El magistrado no avanzó aún contra la cadena de mandos que estaba por encima de Hess y de Poch, ni contra el suboficial Rubén Ricardo Ormello, quien –tal como informó Página/12 en 2009– relató ante sus compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían de Ezeiza. El juez Torres tampoco indagó aún al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, mencionado por Scilingo entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío en uno de los dos vuelos que confesó, y mucho menos a los capellanes Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, que sedaban las conciencias de los marinos y continúan en actividad en las filas de la Iglesia Católica.

PáginaI12 incumple compromiso de instalar Internet

Los trabajadores de PáginaI12 reunidos en asamblea resolvimos por unanimidad repudiar y poner en conocimiento de los lectores el incumplimiento del compromiso de comenzar a instalar Internet en las computadoras, asumido por la empresa en noviembre, al tiempo que reiteramos nuestro reclamo para que se garantice el acceso a un servicio elemental para nuestro trabajo.

A cinco meses del pedido formal (se adjunta abajo) y a más de cien días de la promesa informada a la asamblea, sólo un editor tiene una computadora con “sistema dual” (combinación de DOS con Windows), en tanto decenas de trabajadores seguimos concurriendo cada día a PáginaI12 con nuestras notebooks, herramienta que aportan incluso compañeros pasantes, la mano de obra más precarizada del gremio, que cobran 1.500 pesos por mes.

Ante una nueva y difusa promesa de avanzar en la instalación de Internet y conscientes del valor de la palabra de la empresa PáginaI12, que en 2010 incumplió también su compromiso de recomponer los salarios para no quedar desfasados con la inflación, repudiamos la negativa a realizar una inversión mínima para solucionar el tema y reiteramos el pedido, con la esperanza de que se ponga fin al absurdo de tener que aportar a nuestra costa instrumentos de trabajo que debería garantizar la empresa.

Asamblea de trabajadores de PáginaI12

trabajadoresdepagina12@gmail.com

21.10.10

Carta de los trabajadores al director de PáginaI12

Estimado Ernesto Tiffenberg:

Los trabajadores de PáginaI12 hemos resuelto en asamblea apelar a este medio luego de meses de infructuosas gestiones de nuestra Comisión Interna ante gerentes de la empresa para lograr que se instale y garantice el servicio de internet en toda la redacción y en las secciones del diario que lo requieran.

Aunque es evidente para quienes recorren cada día nuestro espacio de trabajo, creemos conveniente recordar que desde la red de computadoras existente, con procesadores de texto de la década del ’80, es imposible acceder a la web e incluso al archivo del propio diario. Los editores, redactores y correctores, responsables de corroborar la información que se publica, estamos obligados a compartir una PC cada diez personas.

Como también es evidente, la carencia de esa herramienta de trabajo elemental ha derivado en que redactores, editores e incluso pasantes que cobran 1400 pesos por mes concurramos con nuestras propias computadoras, con lo cual la empresa se desentiende de la inversión y también de los riesgos, pagados de nuestro bolsillo cada vez que las máquinas se rompen.

También es un dato de la realidad, tal vez menos visible, que algunos escribimos desde nuestros hogares, fuera del horario de trabajo, para evitar la pérdida de tiempo que implica esperar turno en el puñado de máquinas de uso colectivo.

Tener que explicar en 2010 la importancia y los usos de la web, el correo electrónico o las redes sociales para el trabajo de una redacción es tan obvio que, pensamos honestamente, carece de sentido. La propia empresa admite la relevancia -a su manera- al instalar enchufes para facilitar las conexiones.

También son un buen parámetro las fechas en las que otros diarios han completado la instalación de internet: Perfil en 1998, La Nación en 1998/99, Clarín en 1999/2001, y Ámbito Financiero en 2001/2003, es decir hace siete años en el peor de los casos. En los nuevos diarios, como Tiempo Argentino o Miradas al Sur, todos los puestos de trabajo tienen internet.

Se trata de una inversión mínima para adquirir una herramienta de trabajo imprescindible y que sin duda redundará en mejorar la calidad del diario.

Saludamos al director atentamente, con la sincera esperanza de que tome cartas en el asunto.

Asamblea de trabajadores de PáginaI12

trabajadoresdepagina12@gmail.com

Encubrimiento y complicidad judicial

Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983. Sigue en funciones porque presentó una medida cautelar.

El juez mendocino Otilio Romano logró frenar por ahora su juicio político.

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Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado ayer por encubrir crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La resolución del juez federal Walter Bento alcanzó también a su ex colega Luis Francisco Miret, destituido del mismo cargo la semana pasada por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Si bien la resolución del magistrado adjudica un rol más activo a Romano, procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, la mayoría contra personas que permanecen desaparecidas, el camarista logró evitar hasta ahora su destitución gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura, que ahora sí podrá suspenderlo en el cargo.

La complicidad de Romano con el terrorismo de Estado se conoce desde 2009 por la denuncia penal que presentaron abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Mendoza y dos de las trescientas víctimas que pasaron por Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, ampliada luego por el fiscal general Omar Palermo.

Hombre fuerte del fuero federal cuyano desde hace cuatro décadas, Romano logró obstaculizar la investigación recusando a quienes la impulsaban y presentando certificados médicos para postergar su declaración indagatoria, siempre con el respaldo de viejos amigos. Después de prestarse a recusar a Bento, el también camarista Julio Petra fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar céntrico con su amigo y compañero de tribunal durante casi veinte años, según denunció el diario virtual Mendoza On Line. Petra sigue siendo presidente de la Cámara y ayer recibió otra mala noticia: el procesamiento de Bento incluyó a su primo hermano Guillermo Max Petra Recabarren, también por omitir investigar delitos de lesa humanidad durante la dictadura, en su caso como juez federal subrogante y por 22 hechos.

En el Consejo de la Magistratura, donde también fue denunciado por los organismos y el Ministerio Público, Romano tuvo más suerte que Miret. Ambos renunciaron al cargo para intentar evitar el jury de enjuiciamiento de magistrados, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández, que les frustró la maniobra. La diferencia es que mientras Miret debió afrontar un proceso y terminó destituido, Romano logró burlar al organismo que debería evaluar su actuación gracias a una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Carlos Parellada. Parellada fue denunciado a su vez por el sobreviviente D2 Fernando Rule como amigo íntimo de Romano, compañero de fuero durante la dictadura y padre de una mujer a quien el camarista contrató como empleada en su tribunal.

La resolución de ayer del juez Bento destaca en el caso de Romano la “presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos de que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal y juez federal subrogante, en hechos que habrían cometido miembros de Fuerzas Armadas y de seguridad afectados a la lucha contra la subversión (sic) entre los años 1975/1983, facilitando la impunidad de los responsables y la continuidad del mismo”. Lo sindicó como partícipe secundario de 76 privaciones ilegítimas de la libertad y torturas y le embargó sus bienes por veinte mil pesos.

En el caso de Luis Miret, alias “Catalán”, Bento lo procesó “por haber omitido promover las investigaciones faltando a la obligación de su cargo de juez federal subrogante” en 35 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos y violación de domicilio. La resolución también incluye a quien fuera juez federal titular de Mendoza durante la dictadura, Rolando Evaristo Carrizo, por haber omitido investigar delitos de lesa humanidad en 19 casos. Bento embargó los bienes de Miret y Petra Recabarren por diez mil pesos, y por cinco mil en el caso de Carrizo.

“Mendoza ha hecho fundamentalmente dos aportes al proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina: uno es el avance contra los jueces cómplices de la dictadura, y el otro, a partir de la valentía de las compañeras, es que salieron a la luz los ataques sexuales como parte del plan sistemático”, evaluó ayer Pablo Salinas, abogado del MEDH y uno de los impulsores de la denuncia contra Romano, Miret & Cía. junto con Viviana Beigel, Alfredo Guevara, Diego Lavado y Carlos Varela.

“La complicidad judicial existió en todo el país. La diferencia es que en Mendoza hemos logrado denunciarlos, hemos logrado que un fiscal de la democracia los acuse y que un juez de la democracia los procese”, celebró Salinas. Enfatizó que, según la resolución de ayer, Miret llegaría a juicio oral por no promover investigaciones en 36 casos y ya fue destituido, en tanto “Romano fue procesado como partícipe en 76 hechos, delitos mucho más graves, y no sólo no está destituido, sino que sigue cobrando su sueldo como juez gracias a la Argentina de las cautelares, que le permitieron frenar la investigación durante más de un año”, lamentó. El procesamiento cambia el panorama. El Consejo de la Magistratura tiene la palabra.

“Es todo una maniobra política”

LAS EXPLICACIONES DE LOS CAMIONEROS SOBRE “LA CAMPAÑA MEDIATICA” CONTRA MOYANO

El sindicato de base del líder de la CGT llamó a una rueda de prensa para denunciar el hostigamiento que sufre el camionero por parte de sectores políticos y periodísticos. “Si tocan a Moyano qué quilombo se va a armar”, corearon en el sindicato.

El secretario de prensa de Camioneros, Raúl Altamirano, y el dirigente Víctor Pistone.

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Un exhorto de la Justicia suiza en una causa por lavado de dinero en el que se solicita información sobre el titular de la CGT, Hugo Moyano, derivó ayer en una convocatoria del Sindicato de Camioneros a un cese total de actividades con movilización a Plaza de Mayo para el próximo lunes. El secretario de prensa de Camioneros, Raúl Altamirano, afirmó en conferencia de prensa, antes de recibir cualquier notificación formal, que el requerimiento judicial es parte de “una maniobra política por el avance de los trabajadores”. Consultado sobre el rol del Gobierno en la presunta maniobra, respondió que “la relación es buena, pero no descartamos nada”. El vocero del gremio enumeró lo que llamó “permanentes agravios de la prensa” y sugirió la posibilidad de “ir a la puerta (de los diarios) con mil o diez mil compañeros a pedir pruebas de lo que publican en sus páginas”. Un centenar de camioneros, convincentes, abrió y cerró la conferencia coreando: “Si tocan a Moyano qué quilombo se va a armar”.

Altamirano anunció la drástica medida como respuesta a “reiterados y permanentes ataques y mentiras que sufre Moyano e indirectamente los trabajadores”. Precisó que la convocatoria es para “todas las ramas a nivel nacional”, incluidos los transportes de combustibles, de caudales, de larga distancia y los recolectores de residuos. No descartó la presencia de “otros gremios que quieran apoyar”. “Convocamos a concurrir a las seis al trabajo, no tomar servicio y movilizarse a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país”, pidió sin vueltas.

–¿El cese es por el día o por tiempo indeterminado?

–Lo determinaremos el lunes –respondió Víctor Pistone, secretario administrativo de los camioneros bonaerenses.

–¿Qué pasa si el Gobierno pide que revean la medida? –indagó una periodista.

–La medida no tiene revisión –aseguró Pistone y explotó la barra.

“Estamos cansados de las mentiras, la guerra mediática, las falsas denuncias hacia Moyano”, leyó Altamirano, y comenzó a enumerar. “En 1989 lo acusaron de tenencia de drogas, fue detenido siendo diputado provincial y luego sobreseído”, en “una causa armada por el secretario de informaciones de Menem, Tata Yofre, que lo reconoció”, afirmó. “Después dijeron que tenía 40 mil hectáreas de campos en Henderson y La Pampa. Todavía está esperando la escritura”, ironizó. Agregó que “los medios saben quiénes son los verdaderos dueños, pero no dicen nada”. Continuó con el asesinato del ex tesorero de camioneros Abel Beroiz: “Primero Moyano era el ideólogo, después casi el autor, Clarín lo sacó con las manos ensangrentadas, le hicimos un juicio”, dijo. “Hoy hay ocho detenidos y está procesado pero libre el autor intelectual”, agregó. Adjudicó la denuncia de vínculos con la Triple A en los ’70 a “un mitómano denunciado por su propio hermano y que no probó nada”, en referencia a Carlos Petroni.

Recién entonces, por primera vez en la conferencia, Altamirano se refirió al pedido del Ministerio Público suizo. “Hoy, según los medios, Moyano es socio de Covelia”, una empresa de recolección de residuos del conurbano y algunas ciudades del interior bonaerense registrada a nombre de Ricardo Rubén Depresbiteris, una de cuyas cuentas bancarias investiga la Justicia helvética. “Años atrás también lo vinculaban con Yabrán y nunca se probó”, siguió Altamirano, sin extenderse sobre la relación con Covelia, que el sindicalista siempre negó.

La enumeración de “ataques” a Moyano siguió por la investigación de la “mafia de los medicamentos”, con la que descartó cualquier vínculo, y con “un presunto pacto con Duhalde”. “No habla hace años. Los trabajadores tenemos memoria y Duhalde fue el vicepresidente de Menem, que destruyó el país”, afirmó. Luego apuntó a la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. “Como funcionaria no denunció nada y ahora vive denunciando”, dijo.

Dedicó un párrafo especial al periodista Oscar González Oro. “Cuando Moyano apoyaba el matrimonio igualitario era su ídolo. Cuando se presentó a la licitación del club Comunicaciones, su jefe Daniel Hadad le ordenó defenestrarlo”, aseguró, y diferenció el objetivo del camionero de convertir a Comunicaciones en “un club social”, con el del empresario, de “construir un estadio, un hotel y un shopping”.

“Los trabajadores estamos cansados y decimos basta”, arengó Altamirano y sugirió que “no es casual que aparezcan los agravios justo cuando se discuten paritarias o cuando pedimos que suban el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias”. “Es histórico que un fiscal suizo pida información, por lo general es al revés”, dijo, y sugirió la existencia de “una maniobra política para ensuciar a Moyano”.

–¿Maniobra política de quién?

–De quienes tocamos intereses –respondió Pistone–. De empresarios y políticos y de los medios que se prestan.

Miret, sin más banca

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DESTITUYO AL CAMARISTA FEDERAL DE MENDOZA

Por unanimidad, los siete integrantes del jury decidieron que Luis Miret dejara su cargo por “mal desempeño”, al considerar probado que omitió investigar y denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas durante 1975.

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento leyeron el veredicto sin la presencia de Luis Miret.

Publicado en PáginaI12.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó de su cargo por el causal de mal desempeño a Luis Francisco Miret, miembro de la Cámara Federal de Mendoza desde la última dictadura hasta el año pasado. El tribunal consideró probado, con el voto unánime de sus siete miembros, que Miret omitió investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza en agosto de 1975, delitos denunciados por las víctimas en cautiverio y constatados en persona por el entonces juez federal subrogante. El flamante ex magistrado, que no presenció la audiencia en el Consejo de la Magistratura, había renunciado a su cargo con la esperanza de evitar el juicio político, maniobra que frustró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al rechazarle la dimisión. La investigación sobre la actuación de Miret durante el terrorismo de Estado continuará ahora en los estrados judiciales cuyanos, donde también está imputado Otilio Roque Romano, fiscal durante la dictadura y ex colega de Miret en la Cámara de Mendoza.

La causa que le costó la carrera a Miret comenzó a mediados de 1975 con detenciones en una manifestación de metalúrgicos. El sumario por infracción a la ley 20.840, de “seguridad nacional”, que el entonces defensor oficial instruyó como juez federal subrogante, continuó con allanamientos de madrugada en autos particulares y sin testigos e interrogatorios de personas amordazadas y vendadas en el D2, que meses después se convertiría en el principal centro clandestino de detención de Mendoza, a doscientos metros de la Casa de Gobierno.

–¿Cómo se siente? –le preguntó Miret a Hugo Tomini en su calabozo, al día siguiente de ser torturado, con “un estado físico tan deplorable que no pude levantarme”, según relató ante el Consejo.

–Dolorido –atinó a responder Tomini.

–Hay que aguantar –le aconsejó el magistrado.

Tomini no creyó que aquel hombre fuera juez, pensó que era “una patraña de la policía”. Tres días después, trasladado a tribunales para prestar declaración indagatoria, se sorprendió al constatar que quien juzgaría su conducta era el hombre que le había sugerido resistir la tortura.

León Glogowski contó ante el tribunal que cuando recibió la visita de Miret en el D2 estaba shockeado por las torturas y con un labio roto por los golpes. A pesar de las amenazas “hice de tripas corazón”, dijo, y denunció los padecimientos de los detenidos, incluidos los gritos de su novia de 17 años, encerrada en el calabozo vecino, quien pedía por favor que dejaran de violarla. Cuando Glogowski relató que además se ensañaban por su condición de judío, el juez le dijo: “¡También, con ese apellido!”.

“Miret tuvo noticia verosímil y directa de los delitos cometidos contra detenidos a su disposición a manos de integrantes de un grupo de tareas de la policía mendocina, cuyo jefe era el vicecomodoro Julio Santuccione”, concluyó el tribunal presidido por el juez Carlos María Bossi. En lugar de identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos, Miret “omitió toda diligencia”, agregó, y rechazó que “la alegada excusa de postergar la actuación pueda servir para justificar” su pasividad.

El Jurado de Enjuiciamiento explicó en sus conclusiones que las denuncias recibidas por Miret en el D2 lo colocaron frente a “un profundo dilema”, que no sólo incidiría sobre la situación de las víctimas, sino sobre “su carrera y probablemente la imagen de su persona”. O bien tomaba los recaudos para garantizar la integridad de los denunciantes, o bien los desoía “por el solo hecho de provenir de imputados por delitos de subversión” y, “sin asumir mayores responsabilidades”, los dejaba “librados a su suerte”. Miret optó por la segunda actitud, decisión que para el Consejo “vicia su aptitud moral para ejercer la magistratura”.

El tribunal minimizó que el Senado hubiera aprobado el pliego de Miret tras el retorno de la democracia, porque no se acreditó que los legisladores conocieran los hechos puntuales. Apuntó como agravante que “transcurridos más de treinta y cinco años y pasados varios gobiernos constitucionales, mientras el doctor Miret conservaba su investidura, nunca intentó remediar aquella grave falta, ya sea mediante su propia actuación jurisdiccional o denunciando aquellos hechos que había conocido sin hacer nada al respecto”. “Nada permite afirmar que una próspera carrera judicial ni una brillante actuación académica como la que dice tener Miret pueda saldar la deuda que contrajo con las víctimas de aquellos delitos, que se han hecho presentes personalmente o representados por organizaciones de derechos humanos para reclamar que el acusado se responsabilice de aquellas faltas graves”, concluyó.

El jurado que destituyó a Miret, presidido por Bossi, estuvo integrado por el juez Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti. El arquitecto Katz fue el único consejero que votó en disidencia sobre la responsabilidad de Miret por no investigar la violación a una menor de 17 años y permitir que siguiera en cautiverio. El ex intendente de Mar del Plata sostuvo que como la violación es un delito de acción privada que la víctima no había denunciado, el relato de su novio en el calabozo vecino no era motivo suficiente para destituir al juez.

El tribunal desestimó dos de las acusaciones contra Miret, formuladas originalmente por el ex consejero Héctor Masquelet y ya en el jury por Hernán Ordiales, Carlos Moreno y Alejandro Fargosi. La primera era por no excusarse de intervenir en el Juicio por la Verdad de Mendoza pese a su íntima amistad con el general Juan Pablo Saa. El jury sostuvo que, por la particularidad del proceso (sin consecuencias penales), su actuación “no se encontraba prohibida” y agregó que tampoco se había acreditado “falta de imparcialidad”. La segunda fue por archivar en 1987 un expediente en el que debía investigar el paradero de la hija de una pareja de desaparecidos. El jurado lo consideró “un error judicial fácilmente reversible”. En ambos casos votaron en disidencia y a favor de la destitución el diputado Landau y el senador Calcagno.

Los soldados de Massot, al banquillo

Empieza en abril el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en Bahía Blanca

Habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.

El represor Julián Oscar “Laucha” Corres, hoy excarcelado, al ser recapturado tras fugarse.

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A 35 años del comienzo de la dictadura, con los íconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Taffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.

Un fallo a contramano

Los dictó el juez Daniel Herrera Piedrabuena, que ya había beneficiado a otros acusados de crímenes de lesa humanidad. La decisión contraría toda la jurisprudencia en la materia.

El juez Herrera Piedrabuena tiene un singular criterio sobre los crímenes de lesa humanidad.

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El condenado Luciano Menéndez es el único responsable por los secuestros y torturas en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja, el principal centro clandestino provincial durante la dictadura. La cadena de mandos que estaba debajo del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército es inocente, desde los interrogadores hasta el juez federal Roberto Catalán, que recibía declaraciones a personas vendadas y las dejaba en cautiverio, o el médico Carlos Leónidas Moliné, que diagnosticaba cuánto se podía torturar sin matar. El particular criterio, que contraría toda la jurisprudencia aplicada por tribunales argentinos a partir del juicio a los ex comandantes, pertenece al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que acaba de dictar faltas de mérito y sobreseimientos en masa a los represores riojanos y fue denunciado ayer por la Unidad Fiscal abocada a las causas por crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. Las medidas ya fueron apeladas por el fiscal federal Darío Illanes y deberán ser revisadas por la Cámara Federal de Córdoba.

La Cámara Federal porteña sostuvo en 1985 que “las circunstancias de vida ultrajantes” en los centros clandestinos “constituyen en sí un horroroso tormento”. En su pedido de detenciones de noviembre de 2009 el fiscal Illanes detalló delitos y pruebas y relató las condiciones de cautiverio en el IPS: detenidos vendados e incomunicados evacuaban sus necesidades en un tarro dentro de la celda, recibían golpizas constantes y varias veces por semana eran trasladados a un galpón denominado “Luna Park”, donde los torturaban con picana. Herrera Piedrabuena, sin embargo, desvinculó de la causa a todos los mandos intermedios que dependían de Menéndez. El argumento: el tormento es un delito “de mano propia”, que sólo comete quien inflinge el dolor. Ya en junio del año pasado había adoptado un criterio similar al dictar faltas de mérito a favor de Juan Carlos “La Bruja” Romero, Eriberto Goenaga y Renardo Sánchez, quienes según la acusación fiscal daban las órdenes directas para que se torturara a los presos políticos en el IPS y a los gendarmes y agentes penitenciarios que los mantenían en cautiverio.

“El fallo va a contramano de la jurisprudencia en estas causas de todas las demás jurisdicciones del país, al tergiversar el entendimiento de la forma en la que operaba el aparato represivo”, explicó en un comunicado la unidad fiscal que conducen Pablo Parenti y el fiscal general Jorge Auat. “Herrera Piedrabuena parece explicar los crímenes contra la humanidad en La Rioja como la consecuencia de actos aislados de un grupo de gendarmes y empleados del Servicio Penitenciario Federal, que decidieron por su cuenta torturar a algunos detenidos en el IRS sin que sus superiores tuvieran responsabilidad. Se trata de una lamentable descontextualización y tergiversación del fenómeno represivo”, denunciaron.

El juez sostuvo en su resolución que los detenidos no estaban privados ilegítimamente de la libertad sino a disposición del Poder Ejecutivo o sometidos a proceso por la tristemente célebre ley 20.840, que reprimía “delitos subversivos”. “Se trata de burdos intentos frustrados de ocultar una acción criminal, de privaciones ilegítimas de la libertad dispuestas y mantenidas por funcionarios públicos”, explicaron desde la Procuración.

La verticalidad del aparato represivo que le permite a Herrera Piedrabuena sobreseer a todos los represores excepto al jefe también les garantiza, incluso a Menéndez, quedar por fuera de la figura de asociación ilícita, que demanda “cierta horizontalidad”, explicó el juez. Para el riojano ni siquiera existió el delito de violación de domicilio al momento de los secuestros, porque “los moradores consintieron la realización del acto” y eran “facultades propias del personal policial”, argumentos “sencillamente extravagantes”, concluye la Unidad Fiscal.

Una defensa a su medida

EMPEZO EL JURY AL SUSPENDIDO CAMARISTA DE MENDOZA LUIS MIRET

En la primera jornada del juicio político por “su actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad”, el camarista mendocino dijo que “no omitió investigar” sino que “postergó prudentemente” hacerlo. Está acusado por no denunciar torturas.

El juez Luis Miret presentó su renuncia luego de ser suspendido, pero no le fue aceptada.

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El juez Luis Miret está dispuesto a dar pelea. “Pese a la perplejidad que me produce que todos los estamentos del Consejo de la Magistratura votaron en mi contra y a quienes me dicen ‘lo tuyo es indefendible’, incluidos ex amigos de los cursillos de la cristiandad”, según confesó ayer, el suspendido juez de la Cámara Federal de Mendoza acusado por su “actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad” se explayó durante la primera audiencia de su juicio político sobre el “turbio contexto” de 1975, aseguró que rechazó una oferta para ser juez federal titular porque no quería ser “un juez impotente”, que prefirió “liberar a los presos” como defensor oficial y que después les aconsejaba: “Hacete humo, andate del país”. Sobre la acusación de no actuar frente a denuncias de torturas y violaciones en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza explicó que “no omití investigar: postergué prudentemente las investigaciones en procura de reunir más elementos de juicios”.

La audiencia comenzó con la lectura de la acusación y de las “justificaciones” del juez por parte del consejero Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo. Los primeros cargos son por omitir investigar y/o denunciar torturas a un grupo de personas detenidos en el D2 en agosto de 1975. Ordiales destacó el caso de Luz Faingold, de 17 años, violada durante su cautiverio en el D2, que dependía del brigadier Julio Santuchione. Sostuvo que Miret admitió los hechos y que su condición de subrogante no atenuaba su responsabilidad. Rechazó la posible prescripción por tratarse de “un proceso de naturaleza política” y explicó que la propia Corte Suprema admitió la imprescriptibilidad de delitos cometidos al amparo del Estado antes del golpe de 1976. “El argumento de que no hubo omisión de denuncia sino demora” en investigar las torturas “no resiste el menor análisis”, dijo.

El cuarto cargo, por mal desempeño, es por no excusarse de intervenir en el Juicio por la Verdad pese a su amistad con un ex jefe militar, el general Juan Pablo Saa. El consejero acusador recordó que Miret sí se había excusado en 1987, cuando admitió la relación con Saa, y sugirió que “la amistad no varía según la entidad del proceso”. El último cargo es por archivar en 1987 un expediente en el que debía investigar la identidad de la hija de una pareja de desaparecidos, delito no amparado por las leyes de impunidad. “Miret invocó una carta manuscrita en la que Laura Terrera le dice a su padre ‘estamos bien y retornamos en los próximos días’. Para el juez fue prueba suficiente de que no estaban secuestrados”, explicó, y destacó que debieron pasar veinte años hasta que Celina Manrique Terrera logró conocer su identidad. Ordiales calificó los descargos de Miret como “meras excusas sin sustento, más propias de un lego que de un magistrado”.

Tras la acusación se inició la defensa, primero a cargo del abogado Jorge Luis Falco, luego del propio Miret. Falco repasó la carrera judicial de su cliente, destacó que en agosto de 1975 era defensor oficial y “es falaz decir que actuó como juez” porque “todos sabemos la solvencia que debe tener un magistrado” (sic). Pidió contextualizar las omisiones de denuncia en “las turbulencias de 1975 y los atentados de la extrema derecha y la extrema izquierda”. El archivo de la causa para investigar el destino de una hija de desaparecidos fue para Falco “un error absolutamente subsanable” con sólo desarchivarla. Sobre las violaciones en el D2, destacó que el novio de la víctima la escuchó gritar que “dejaran de ultrajarla” y justificó la actuación de Miret en “la amplitud del concepto: ultrajada tiene muchas acepciones”, dijo.

Antes de iniciar su exposición, Miret pidió un cuarto intermedio y fumó un cigarrillo. Sus primeras palabras fueron para el ex consejero Héctor Masquelet, mentor de la acusación. “Excelente trabajo técnico” pero “con falacias y exageraciones”, dijo. “Fui defensor de los derechos humanos antes, durante y después del proceso”, advirtió, en referencia a la última dictadura. “Soy inocente, estoy tranquilo con mi conciencia”, aseguró. Aclaró en tercera persona que “Miret está dispuesto a responder pero necesita ser escuchado”. “Llegó la hora de la tolerancia. Si me escuchan verán que no fui ni soy su enemigo”, abundó. Dijo que “Mendoza tiene al mejor equipo de defensores de derechos humanos del país” y que “no se equivocaron en los ideales pero sí en la persona que han atacado”.

Ante la primera pregunta se explayó cuarenta minutos. Recordó “el clima enrarecido” de 1975 y destacó que “no había un plan sistemático sino un loco de la guerra” que “azotaba a prostitutas, travestis y zurdos”, en referencia a Santuchione. Sobre los detenidos de agosto de 1975, pidió que se considerara que “fue el primer grupo en Mendoza al que se adjudicó ser subversivos”. “Luego supe que eran aprendices, aunque tenían armas y panfletos”, dijo. Para justificar su actuación destacó que hablaba en privado con los abogados de los presos, que “ninguno denunció apremios ilegales” y que él mismo les sugirió: “No seamos imprudentes porque la van a pasar peor”.

Denuncian a un juez por "facilitar fugas"

El presidente de la Cámara de Mar del Plata pidió que se investigue al juez Pradas, por haber demorado las órdenes de detención de siete represores de la Concentración Nacional Universitaria.

El presidente de la Cámara marplatense, Jorge Ferro, denunció a Pradas.

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El grueso de los miembros de la Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, acusados por crímenes al amparo del terrorismo de Estado antes y después del golpe de 1976, gozó de impunidad durante 35 años. En noviembre el juez federal subrogante, Rodolfo Pradas, ordenó siete detenciones. Sólo dos se concretaron de inmediato. El martes, mientras aún quedan cuatro ex CNU prófugos, el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, denunció por “facilitar las fugas” al propio Pradas. La acusación se produce en un contexto de feroces internas dentro de la corporación judicial marplatense y luego de que la causa estuviera un año en la Cámara Federal, tribunal que, según fuentes con acceso al expediente, también tuvo responsabilidad en las fugas.

Varios de los ex CNU son abogados del foro marplatense. El más famoso es Gustavo Demarchi, detenido el miércoles pasado en Colombia. El fiscal federal Gustavo Rodríguez pidió que se investigue a los responsables de los controles migratorios porque Demarchi tenía prohibida la salida del país desde febrero de 2009. Otros letrados de la CNU procesados pero libres (porque sólo hay pruebas sobre su rol en la asociación ilícita) son José Luis Granel, Roberto Coronel y Roberto Justel.

El Ministerio Público pidió las detenciones e indagatorias de los ex CNU en noviembre de 2009. Antes de que el juez Pradas ordenara privarlos de la libertad, los imputados pidieron la exención de prisión, léase permanecer libres durante el proceso. El juez rechazó el planteo y de inmediato fue recusado, pedido que también rechazó. Cuando los ex CNU apelaron ambas decisiones, entró en escena la Cámara Federal. Como varios de los imputados son miembros o bien tienen fluidas relaciones en la corporación judicial, los colegas de Ferro se excusaron, igual que todos los letrados sorteados para reemplazarlos. La Cámara de Casación debió finalmente completar el tribunal con conjueces de La Plata. Pradas, mientras tanto, consideró que por la debilidad de su nombramiento como subrogante no podía avanzar con las detenciones. Lo concreto es que esa combinación de factores significó para Demarchi & Cía. un año más de impunidad.

El 13 de octubre la Cámara Federal confirmó a Pradas y días después confirmó el rechazo a los pedidos de exención de prisión. Pero en lugar de tomar y comunicar ambas decisiones bajo secreto de sumario, se las notificó al juez y a las partes, con lo cual los ex CNU supieron que los pedidos de detención eran inminentes, noticia que incluso publicó la prensa local. Comenzaron entonces las irregularidades que Ferro detalla en su denuncia, en la que no lo acompañaron los conjueces platenses.

En primer lugar, señaló el camarista, Pradas dio trámite a un incidente de prescripción que hibernaba en su poder desde hacía un año. El 4 de noviembre pidió cupo para eventuales detenciones a la Policía Federal, a Prefectura y a la cárcel de Batán. Ferro calificó como “ridiculez extrema condicionar la viabilidad de una detención a lograr lugar de alojamiento”. Apuntó como agravante que funcionarios del Programa Verdad y Justicia le ofrecieron un día antes cupos en la cárcel de Marcos Paz, propuesta que ratificaron miembros del Programa de Protección de Testigos, y el juez rechazó ambas ofertas. “El lugar de detención lo elijo yo”, les dijo.

El paso siguiente es de una “escandalosa peculiaridad”, denunció Ferro. El 8 de noviembre Pradas pidió la detención de los ex CNU, pero no de inmediato sino “a partir de las nueve horas del día 9 de noviembre”. Ganaron otro amanecer al sol. Mientras tanto, no ordenó ninguna tarea de vigilancia o allanamiento, “dejando librado a criterio de los requeridos la opción de entregarse o no al personal policial”, explicó Ferro.

Cuando la Dirección de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas le comunicó que no encontraba a los ex CNU, Pradas se tomó 48 horas y dio otro paso extraño: libró cédulas a los domicilios de los imputados para que se presentaran voluntariamente. “Nunca visto en esta jurisdicción”, apuntó Ferro. Concluyó con “dilaciones” llamativas. El 12 de noviembre el juez dejó pasar otras dos horas después de las 13, cuando preveía iniciar la indagatoria. Entonces pidió las capturas, que recién tres días después notificó a los organismos de Seguridad e Inteligencia. Ferro consideró “lesionado gravemente el honor del Poder Judicial” marplatense y denunció a Pradas por violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y/o encubrimiento.

Los únicos dos detenidos tras la orden de detención de Pradas fueron Mario Durquet y Patricio Fernández Rivero. El miércoles cayó Demarchi, que debe ser extraditado. El martes a la madrugada, en Quilmes, fue detenido Raúl Moleón, vínculo de la CNU con el Ministerio de Bienestar Social en tiempos de José López Rega, y ayer fue detenido Fernando Otero. De esa tanda sólo siguen libres Raúl Viglizo y el librero Piero Asaro. Otros dos ex CNU, Federico Delgado y Eduardo Ullúa, están prófugos desde 2008.

El jefe del capitán Hess: ¿testigo o imputado?

Un oficial retirado de la Armada investigado por su vinculación con los vuelos de la muerte durante la dictadura declararía hoy como testigo en el juicio a los represores de la ESMA. Se trata de Rafael Carlos De Elía, denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por su actuación como segundo jefe de la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca entre 1977 y 1979. Como subordinado de De Elía prestó servicios en el mismo período Hemir Sisul Hess, con prisión preventiva firme por su actuación en los vuelos, que confesó en privado. El juez Segio Torres, quien procesó a Hess y en teoría investiga a sus superiores, notificó ayer sobre la denuncia contra De Elía al presidente del Tribunal Oral Federal 5 Daniel Obligado, que antes de escucharlo debería tomarle juramento de decir verdad, y a los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky, que representan el Ministerio Público en el juicio a Acosta, Astiz & Cía. La SDHN pidió la detención de De Elía y la revocatoria de su citación, que vulneraría su derecho a no autoincriminarse en delitos de lesa humanidad. Hess está preso por desapariciones que se produjeron mientras integraba la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con sede en la base Espora, donde aún se expone como pieza de museo un avión Electra (foto) que la Armada utilizaba para desaparecer a sus enemigos. De Elía tiene 77 años y vive en San Isidro, donde funciona su empresa de alquiler de taxis y remises.

Vuelos de la muerte en la Brigada de Palomar

Ex conscriptos confirmaron ante el fiscal Federico Delgado la denuncia que Rodolfo Walsh hizo en 1977. Usaban aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. Hay sólo un integrante de la Fuerza Aérea condenado y preso por crímenes durante la dictadura.

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Treinta y tres soldados que hicieron el servicio militar durante la dictadura confirmaron la existencia de vuelos de la muerte desde la Primera Brigada Aérea de Palomar. La Fuerza Aérea arrojaba personas al mar desde aviones Hércules C‑130 y Fokker F‑27. "Hombres y mujeres, siempre encapuchados o tabicados, esposados entre sí, con ropas sucias, en estado consciente, caminaban en fila ayudándose mutuamente y tenían aspecto muy deteriorado", resumió el fiscal Federico Delgado tras escuchar a más de seiscientos ex conscriptos y empleados de Palomar. Peritos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata estudiaron legajos de pilotos e historiales de aviones y concluyeron que los documentos de la Fuerza Aérea "no reflejan la realidad". Delgado considera inviable por el momento imputar a autores directos por hechos concretos pero le solicitó al juez Daniel Rafecas que declare probados los vuelos desde Palomar y le encomendó "someter esta investigación al escrutinio de la sociedad civil".

En su Carta Abierta a la Junta Militar el escritor Rodolfo Walsh acusó a las fuerzas armadas "de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea" y precisó que "usaron Fokker F‑‑27". La instrucción de Delgado se inició 32 años después a pedido de Lorena Pacino. Su padre, Carlos Pacino, fue visto en cautiverio en el centro clandestino Olimpo. Una sobreviviente declaró que en agosto de 1978 Pacino y otros secuestrados fueron trasladados en un camión rumbo a Palomar. Los cadáveres aparecieron en la costa, fueron enterrados como NN y, treinta años después, identificados por el Equipo Argentino de Antropología.

A partir de la denuncia, patrocinada por el abogado Pablo Llonto, el fiscal pidió informes a la Fuerza Aérea y citó a conscriptos y civiles que prestaron servicios en Palomar. Los 130 empleados aportaron "poco y nada", resumió. La Fuerza Aérea "hizo lo imposible para informar mal, de modo incompleto, con lenguaje encriptado". Con los datos de los 493 soldados elaboró el informe que entregó ayer al juez Rafecas, responsable de investigar delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército, y una maqueta que diseñaron docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Desde Palomar "despegaron aviones en vuelos 'regulares' y de los 'otros'", escribió Delgado. "Unos partían hacia la Antártida. Otros llevaban planteles de fútbol del mundial'78. Así como había personas ilegalmente privadas de la libertad, otros disfrutaban de las piletas, las canchas de tenis o incluso de un frontón donde otras personas esperaban ser 'trasladadas' en un avión, con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado en la causa 13/84: la muerte".

"Treinta y tres testigos juraron la existencia de los 'vuelos de la muerte' mas ninguno identificó uno concreto", admitió Delgado. Los camiones grupos de veinte a treinta secuestrados ingresaban por la guardia principal, sobre todo de noche. A veces entraban hasta los hangares, otras directo a la pista. Los encargados de subirlos pertenecían a "grupos especiales" y vestían de civil. "Los vuelos duraban entre veinte y treinta minutos y los aviones solían regresar vacíos, sin pasajeros. Los rumores dentro de la base afirmaban que eran arrojados al mar o al Río de la Plata". Usaban aviones Hércules C‑130 y Fokker F‑27, que admiten la apertura de sus puertas en vuelo sin despresurizarse. Los despegues y aterrizajes que por "órdenes superiores" la Oficina de Programas y Ordenes de Vuelo no asentaba se denominaban "sobrevuelos".

"Diez o veinte" varones con las manos atadas, custodiados por militares, fueron vistos sentados en el piso de una cancha de básquet o frontón, a la espera de ser trasladados. Horas después los soldados constataron que habían escrito nombres y teléfonos en el piso, con piedras, y que habían dejado papeles con datos que no pudieron ser recuperados. Los superiores explicaban que los detenidos eran "trasladados doscientas millas mar adentro y lanzados, y que dejaban a una o dos personas que luego eran liberadas para que comentaran a sus compañeros lo que les esperaba".

Los conscriptos ratificaron la existencia de interrogatorios y tortura. Hacia el sector del arroyo Morón, en una arboleda detrás de la pista, ubicaron la "casita de la muerte". Tenían prohibido acercarse. Un colimba castigado por robo vio allí grilletes amurados a la pared. También vieron "rastros de sangre, piel y pelos" en calabozos donde ahora funciona una sastrería. En el tercer piso del edificio del Escuadrón de Tropa estuvo detenido más de cuatro meses un conscripto de apellido Palomeque, acusado de militar en el ERP. Fue visto por última vez en manos del teniente primero Alonso. En el subsuelo y la planta baja se movían los miembros de los grupos de tareas, que usaban barba y pelo largo. Lo que robaban en operativos se guardaba en un depósito cerca de la torre de control.

Delgado comparó su trabajo sobre los vuelos con las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad en las causas Mercedes Benz, Ford y Conarepa, en las que se probó la responsabilidad empresarial y sindical pero no hubo imputaciones por falta de pruebas directas. "Nos revelaron el guión pero no los actores", escribió. Mencionó a "supuestos protagonistas de 'vuelos de la muerte' y torturas" aunque aclaró que sus nombres surgían de menciones sin entidad suficiente para imputarlos. Se trata del "mayor Joaquín Argüelles Benett, jefe de Inspección y Recambio de Aviones, piloto de Fokker F‑‑27"; del "suboficial principal o mayor Meyer, a cargo del Escuadrón Fokker F‑‑27"; del "cabo primero Siandra" y del "cabo Rivas".

La Primera Brigada Aérea formó parte de la Subzona 16, que abarcaba Merlo, Moreno y Morón (incluía entonces Hurlingham e Ituzaingó), donde la Fuerza Aérea comandó la represión ilegal auxiliada por la policía bonaerense. La columna vertebral del esquema represivo en el oeste del conurbano fue la Fuerza de Tareas 100, creada por la Orden de Operaciones Provincia en junio de 1976 para "desarticular y aniquilar a las organizaciones subversivas que actúan preferentemente en el frente gremial y en el ámbito fabril y estudiantil". Titular de la FT100 era el brigadier Hipólito Marini, jefe de Palomar. En diciembre de 1977 fue reemplazado: en la brigada por el brigadier Néstor Oscar Caeiro, en la FT100 por el brigadier César Miguel Comes, jefe de la Séptima Brigada Aérea de Morón. Mariani y Comes (foto) fueron condenados por crímenes en Mansión Seré.

En tres de las noventa edificaciones de Palomar se constató que hubo personas secuestradas. Hace quince meses Rafecas detalló el funcionamiento de la brigada como centro clandestino a partir de relatos de sobrevivientes y conscriptos. Los cautiverios duraban pocos días (excepto tras la fuga y cierre de Mansión Seré, en marzo de 1978) e incluyeron torturas con picana, violaciones y simulacros de fusilamiento. Al menos dos desaparecidos estuvieron en Palomar: Natalia Cecilia Almada y Ernesto Bonifacio Lahourcade Whitelaw. El rol central de la Primera Brigada en la estructura del Estado terrorista, sin embargo, no fue como lugar de detención sino de derivación de secuestrados. Varios sobrevivientes fueron interrogados y luego trasladados a Mansión Seré. Los menos fueron a las comisarías de Castelar, Haedo, Morón y Ramos Mejía. Aterrizaban en Palomar aviones con secuestrados provenientes de destinos diversos como Mendoza, Rosario, Mar del Plata o la base naval Puerto Belgrano.

Mariani y Comes son los únicos condenados por los crímenes en los cinco partidos que abarcó la Subzona 16. El mayor responsable dentro de la Fuerza Aérea era el brigadier Ramón Agosti, fallecido en 1997. Debajo se ubicaba el brigadier Miguel Ángel Ossés, jefe del Comando de Agrupaciones de Marco Interno, que tiene 84 años y arresto domiciliario (Talcahuano 1174, 4º B). En el peldaño siguiente estaba el jefe de Subzona y de la FT100 (Mariani, luego Comes) y debajo el de la Plana Mayor de la FT100, el fallecido brigadier Julio César Santuccione, de quien dependían los grupos de tareas. El de Palomar era el GT‑11, que en 1976 comandó el vicecomodoro Alejandro Noel Lazo, recordado por los colimbas, quien rendía cuentas al jefe de operaciones de la FT100, comodoro Eduardo Mazza.

HAY UN SOLO CONDENADO PRESO

La impunidad de la Fuerza Aérea

Sólo ocho integrantes de la Fuerza Aérea fueron juzgados por su actuación durante la dictadura. El único condenado que cumple su pena en una cárcel es el suboficial Gregorio Molina, torturador del centro clandestino La Cueva de Mar del Plata. Los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani fueron condenados a 25 años de prisión pero siguen libres por cortesía del Tribunal Oral Federal 5, al menos hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia. Sigue prófugo el suboficial y apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

El brigadier Orlando Agosti, compañero de Videla & Massera, fue condenado por ocho secuestros y robos a una pena tan leve que estaba libre cuando Carlos Menem decretó los indultos. En el juicio a las juntas fueron absueltos sus sucesores, brigadieres Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, que sí fue condenado e indultado por su actuación en Malvinas. El "Führer" Jorge Eufemio Uballes fue condenado por su actuación en el Primer Cuerpo de Ejército pero no como auxiliar de inteligencia de la Fuerza Aérea sino como subcomisario de la Policía Federal. Francisco Gómez, personal civil de la Fuerza Aérea, fue condenado por la apropiación ilegal del nieto de Rosa Rosinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Murió impune el entregador del niño, comodoro Roberto Oscar Sende. El vicecomodoro Néstor Guillamondegui fue declarado inhábil días antes del comienzo del juicio por los crímenes en Automotores Orletti, cuando estaba en la SIDE.

El juicio por secuestros y torturas en Mansión Seré, el principal centro clandestino de la Fuerza Aérea, aún no tiene fecha. La causa la elevará en los próximos meses el juez Daniel Rafecas, que también investiga la actuación de aeronáuticos en el centro clandestino Virrey Ceballos. Los imputados por Mansión Seré serán Mariani, Comes, el brigadier Miguel Ángel Ossés y los suboficiales Daniel Alfredo Scali (alias Tano, destino formal en Palomar), Marcelo Eduardo Barberis (alias Enano, destino en la Brigada Aérea de Morón) y Carlos Alfredo Cámara (alias Tino, destinado en Morón). Los acompañarán cuatro policías bonaerenses: los comisarios Alberto Oscar Lanas (jefe de la Comisaría 2ª de Haedo) y Néstor Rubén Oubiña (sucesor de Lanas), y los ex cabos Héctor Oscar Seisdedos (alias Seis, Comisaría 3ª de Morón y auxiliar civil de la Fuerza Aérea desde que se unió a las patotas) y Felipe Ramón Sosa (Comisaría 3ª de Castelar). En los procesamientos Rafecas hizo constar que el jefe de Mansión Seré, alias "Hugo", era Juan Carlos Hrubik (foto), fallecido en 1998.

Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay otros nueve aeronáuticos procesados: el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, en La Rioja, por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Longueville; el comodoro Juan Antonio Benvenuto, en San Nicolás, por la desaparición de Gerardo Cámpora, secuestrado durante su conscripción en Palomar; el comodoro Ernesto Agustoni y el brigadier José Beccio por la Base Aérea de Mar del Plata, donde funcionó "La Cueva"; el civil de inteligencia Juan Máximo Copteleza, interrogador del centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas; el capitán Danilo Sambuelli en Reconquista, Santa Fe; el comodoro Alcides París Francisca y el brigadier Antonio Carlos Burgos en Córdoba; y el suboficial Pedro Esteban Jofré por su actuación en el centro Campo Las Lajas, en Mendoza.

** El artículo se publica sin firma en rechazo a la decisión de PáginaI12 de no invertir el equivalente a un día de sus ingresos por publicidad oficial (37 millones de pesos anuales, cien mil por día) para adquirir computadoras con acceso a Internet. El autor agradece a los lectores la difusión del reclamo de los trabajadores de PáginaI12, formulado en una carta al director hace más de tres meses. Diego Martínez.

Coherente con las causas injustas

MURIO EL ARZOBISPO EMILIO OGÑENOVICH

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Durante la dictadura fue cursillista en Bahía Blanca, apoyó la represión ilegal y se negó a interceder por desaparecidos. Con Raúl Alfonsín militó sin suerte contra la Ley de Divorcio. La presidencia de Carlos Menem fue lo más cercano a una bendición divina que conoció: el arzobispado de Mercedes-Luján, que condujo durante 19 años, recibió millones de pesos en subsidios, que retribuyó con elogios al desguace del Estado. El sábado a la madrugada, a los 88 años, murió el arzobispo Emilio Ogñenovich. Su sucesor, Agustín Radrizzani, aseguró que Ñoño, como lo conocían en Mercedes, “regresó a la Casa del Padre”.

Ogñenovich nació en Olavarría en 1923 y se ordenó sacerdote en 1949. Fue párroco de Trenque Lauquen hasta 1975, cuando asumió como vicario general de Bahía Blanca, donde su hermano Danilo fue delegado del Ministerio de Trabajo. “Los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas. Qué otra cosa podían esperar cuando han pregonado hasta el cansancio que nada hay superior al hombre”, predicó el 25 de mayo de 1976. “Mi auto ya va solito para el Cuerpo Quinto”, ironizó ante una mujer que le pidió ayuda por un desaparecido. Al padre de un secuestrado le dijo sin inmutarse: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”. “La sociedad está cansada de inútiles declaraciones sobre derechos humanos”, rezongó en 1977.

Ogñenovich fue ordenado obispo en 1979 en Bahía Blanca por Jorge Mayer, que también acaba de morir impune. En 1982 tomó posesión del obispado de Mercedes-Luján. Desde ese cargo participó de la campaña contra la Ley de Divorcio y marchó hacia Plaza de Mayo en una procesión para que Alfonsín vetara la ley, que finalmente se sancionó en junio de 1987.

Con el menemismo alcanzó el paraíso. Una auditoría de la Alianza consignó que recibió en los ’90 cinco millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional y en subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social. Otro tanto recibió de manos del gobernador Eduardo Duhalde para su Instituto de Menores. Su hermano Danilo accedió en esos años a la dirección del PAMI, durante la gestión de Matilde Menéndez: terminó procesado por defraudación y violación de deberes de funcionario público.

Ogñenovich fue ascendido a arzobispo en 1997. Dos semanas después, cuando los feligreses silbaron el ingreso de Menem a la Basílica de Luján, reprochó desde el púlpito: “Más que convertirnos en críticos y fiscales de lo que deben decir y hacer los demás, debemos tener la honestidad, la humildad y el coraje de revisar nuestra vida y nuestra conducta moral”, dijo. En 1999, cuando Carlos Ruckauf acusó a Graciela Fernández Meijide de “atea, anticristiana y abortista”, apareció en un aviso de campaña del candidato a gobernador mientras por abajo de la mesa recibía subsidios “no reintegrables” por 200 mil pesos. Ante el propio Ruckauf gestionó la destitución del subsecretario del Consejo del Menor, Miguel Saredi, por investigar el maltrato a menores en el instituto de su obispado. El velatorio de Ogñenovich, en la catedral de Mercedes, concluirá a las once con una misa. Será sepultado en el seminario Santo Cura de Ars.

"Mi padre militó con la palabra"

El hijo de Paco Urondo declaró en el juicio en Mendoza

Javier Urondo pidió que el enjuiciamiento a los represores que asesinaron a su padre y cometieron crímenes de lesa humanidad contra otras 23 personas sea útil para “toda la gente que no tiene reparación legal”. Hizo un relato pormenorizado de la historia del poeta.

Paco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 por un grupo de tareas que intentaba secuestrarlo.

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“Mi padre militó con la palabra.” La definición pertenece a Javier Urondo, hijo del poeta, periodista y militante montonero Francisco “Paco” Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 por un grupo de tareas que intentaba secuestrarlo. “Mi padre no tenía bienes. Los únicos bienes que tiene son su familia, lo que ha escrito y el amor de la gente que lo quiere”, explicó ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza que juzga a diez policías y militares por el homicidio del poeta y delitos de lesa humanidad contra otras 23 personas. Javier Urondo desmenuzó ayer durante cuatro horas la historia de su papá, a quien no vio durante los últimos meses para evitarle riesgos mayores. Cerró el relato con la reivindicación de “la entrega de mi padre a sus convicciones” y la esperanza de que el primer proceso a represores en la capital de Mendoza “sirva como ejemplo de justicia por toda la gente que no tiene reparación legal”.

“Yo soy el hijo de Paco. Que él haya sido poeta me trajo ventajas y desventajas. Sus temas recurrentes eran la amistad, la lealtad, la coherencia”, resumió Javier Urondo, que en 1976 tenía 19 años y que también perdió durante la dictadura a su hermana Claudia Josefina Urondo, de 24 años, desaparecida en diciembre de 1976 junto con Mario José Koncurat.

“Mi padre fue un poeta que tuvo actividad política muy joven. Fue secretario de Cultura de Santa Fe en la época de Frondizi”, recordó. “Empezó a militar en el peronismo en el año ’70. Trabajaba en el diario La Opinión”, dijo. “Parte de su militancia fue cambiando de lo intelectual a lo político a través de mi hermana mayor”, agregó. Durante su adolescencia Claudia fue novia de Carlos Goldemberg y por su intermedio Paco conoció a Carlos Olmedo, fundador de las FAR, recordó Javier.

La primera caída de Urondo en prisión fue en 1973. “Cae con mi hermana y su mujer de ese momento en una quinta de Tortuguitas”, recordó. También “allanan mi casa y se llevan a mi madre. Se robaron todo, hasta el teléfono de Entel”, contó. “Viene la Policía Federal de civil, no se identificaron, entraron por los techos. Yo estaba con mi mamá solo, era chico. Pensaba que seguían a un ladrón, abrimos y había un tipo apuntándome con una ametralladora”, recordó.

Paco Urondo entrevistó en la cárcel a los tres sobrevivientes de la Masacre de Trelew, que se publicó con el título “La Patria Fusilada” y que “queda como testimonio de las maneras de violencia que había con los presos políticos”, dijo. Poco antes de ser liberado gracias a la amnistía de Héctor Cámpora, Urondo “tuvo una pequeña sesión de picana” aunque “le restó importancia al tema”, recordó. Apuntó que “Julio Cortázar firmó por su libertad” y que “hubo mucho movimiento de abogados, se ocupo de él Ortega Peña”, luego asesinado por la Triple A.

Una vez liberado, “empezó a trabajar en el proyecto del diario Noticias, que se suspende por el golpe de Estado, cuando es enviado a Mendoza”. Javier dijo desconocer el motivo de esa orden de Montoneros. “Lo que seguro no hicieron fue cuidarlo”, afirmó. “Mi padre no hubiera decidido venir porque tenía una visión un poco más real, menos romántica, era más grande que los demás, estaba preocupado por los niveles de brutalidad de la represión”, recordó.

Con el traslado perdió todo contacto, aunque sabía que estaba con su compañera, Alicia Cora Raboy, militante de la Juventud de Trabajadores Peronistas y periodista de temas sindicales del diario Noticias, y con su hija Angela, una beba. En las páginas de La Razón leyó el comunicado oficial del Tercer Cuerpo de Ejército sobre el operativo en Mendoza. Esa noche, por un llamado de su hermana, supo que había muerto su padre. Un mes después, en la Costanera, otra militante que acompañaba a la pareja y logró escapar de los secuestradores le relató la cita envenenada, la persecución, los tiros, la última corrida de Alicia con la beba en brazos.

Javier destacó la valentía de su tía Beatriz Urondo, que “tuvo que lidiar con el recupero de Angela”. El cuerpo de Paco, en teoría un NN, fue trasladado en avión hasta Aeroparque y enterrado como NN en el cementerio de Merlo. “Es difícil entender el mensaje: una desmedida ostentación de poder”, dijo. “Pude hacer el duelo porque tengo la suerte de tener el cuerpo. La pregunta es dónde está Alicia, nos falta Alicia”, concluyó.