“Piedra basal de la impunidad”

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero había sobreseído a los ex magistrados Arturo Liendo Roca y Santiago David Olmedo de Arzuaga porque las acusaciones en su contra “estaban prescriptas”. Casación consideró que son delitos de lesa humanidad.

Por Diego Martínez

El ex juez David Olmedo de Arzuaga había logrado eludir la Justicia: será investigado por su acción en la dictadura.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó investigar la participación de dos ex magistrados de Santiago del Estero en delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976. Se trata de Arturo Liendo Roca y Santiago David Olmedo de Arzuaga, quienes podrán ejercer el derecho de defensa del que no gozaron las víctimas del ahora condenado Musa Azar, a quien en pleno terrorismo de Estado visitaban en su oficina de la Dirección de Informaciones de la policía provincial, a metros del sótano donde estaban los cautivos torturados que pedían sin suerte ser escuchados. Dos meses después de que el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero los sobreseyera porque los delitos estaban prescriptos, la Sala IV de Casación estableció que se trata de crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos calificaron la actuación de los ex magistrados como “piedra basal de la impunidad” de los represores santiagueños y compararon el rol del Poder Judicial durante la dictadura con “la judicatura de la Alemania nazi”.

Ex presidente del tribunal que juzgó el asesinato de María Soldad Morales en Catamarca, Olmedo de Arzuaga fue fiscal y luego juez federal de Santiago del Estero, antes y durante la dictadura. Liendo Roca fue fiscal y luego juez federal ad hoc. “Literalmente me abalancé (sobre Olmedo de Arzuaga) pidiéndole que me escuchara porque tenía que hacer una denuncia muy grave acerca de las torturas mías y de otras personas que estaban secuestradas en el SIDE durante largo tiempo”, declaró Mercedes Cristina Torres en referencia a la Dirección de Informaciones de Musa Azar. “Me contestó que le pidiera una audiencia por escrito (lo cual) me era imposible”, agregó. Luis Avila contó que durante su detención sufrió varios simulacros de fusilamiento y lo obligaron a firmar una declaración bajo tortura. Luego lo llevaron a declarar ante Liendo Roca.
“Los presos políticos les decían que habían sido torturados o habían sido sumergidos en agua por la policía, ellos les respondían que era mentira y les pedían que firmaran las declaraciones”, recordó en junio ante Página/12 el fiscal federal Fernando Gimena. “Ellos no ingresaron al sótano donde estaba el centro clandestino”, pero sí “iban a las oficinas de Musa Azar, que estaban en el piso de arriba, y de otros policías torturadores”, agregó.
La causa para investigar a los ex magistrados está abierta desde 2004, pero el Poder Judicial santiagueño los sobreseyó en sus distintas instancias. La última negativa a investigar a la propia corporación fue el 2 de junio: el Tribunal Oral Federal integrado por jueces subrogantes admitió las pruebas de no haber investigado las denuncias de los detenidos, pero consideró que los delitos de juez y fiscal no podían calificarse como de lesa humanidad porque habrían sido “aislados” y no sistemáticos.
Apelaron el fallo el fiscal general Gimena y los abogados Julia Aignasse por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Familiares de Detenidos-Desaparecidos y ex presos políticos de Santiago del Estero y el Comité para la Defensa de la Salud de la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh), y Bárbara Llinás Mathieu por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ante Casación mantuvo el recurso el fiscal Raúl Pleé, que denunció la arbitrariedad del fallo y acusó a los ex jueces de encubrimiento, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Casación escuchó a las partes y decidió revertir la decisión del TOF santiagueño. El juez Hornos explicó en su voto que los requisitos de “generalidad” y “sistematicidad” que deben registrarse en el “ataque a una población civil” para que los delitos puedan considerarse “de lesa humanidad” no son características que deba reunir cada conducta individual de quienes participaron de ese ataque. “Sólo el ataque, y no los actos individuales del acusado, debe ser generalizado o sistemático”, citó al Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en el “caso Kunarac”. Los delitos deben haberse cometido “en el curso de un ataque generalizado”, citó el Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda, o “como parte” de ese ataque, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La interpretación del tribunal santiagueño “lleva en última instancia a una reductio ad absurdum”, explica Hornos, ya que bastaría que un agente cuidadoso tomara el recaudo de someter a cada víctima a una vejación distinta para que el ataque no pueda considerarse “sistemático” y por ende los delitos no puedan calificarse como de lesa humanidad. Tras recordar los cargos que ocuparon los acusados, Hornos destacó que las disposiciones de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad se aplican no sólo a los autores directos de delitos de lesa humanidad sino “a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración”. Destacó “similitudes ostensibles” entre el rol de los jueces en la dictadura argentina y “la judicatura de la Alemania nazi”, y apuntó “Caso de los Jueces” que fueron juzgados por crímenes de guerra y contra la humanidad como “parte integral de la política del Reich”.
A partir de los testimonios de la causa, el juez concluyó que “las denegaciones al acceso a la Justicia denunciadas fueron, justamente, piedra basal de la impunidad con la que se movieron los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos”. La omisión de actuar de juez y fiscal “resulta paradigmático de lo que constituye aquiescencia de las autoridades en la comisión de crímenes contra la humanidad”, agregó, y destacó “el trato directo y sostenido que, en ejercicio de sus funciones, presuntamente mantenían Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga con Musa Azar, Miguel Tomás Garbi y Ramiro del Valle López Veloso, condenados por sus crímenes dos años atrás.
Gemignani y Borinsky adhirieron al voto de Hornos. El primero resaltó que los ex magistrados “ostentaban importantísimos cargos dentro de la estructura judicial que sirvió de engranaje fundamental en la organización que llevó adelante el plan sistemático” de represión ilegal, y que “con sus omisiones permitieron la impunidad de los hechos que las víctimas denunciaban”. Los aportes de ambos fueron “condición indispensable para la perpetración” de secuestros y torturas, concluyó Gemignani.

Venezuela extradita al represor Carril Baggio

Por Diego Martínez

En La Polaca fueron secuestrados y torturados los militantes que cruzaban la frontera por Uruguayana.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela resolvió el jueves extraditar al militar argentino Fernando Jorge Carril Baggio, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres. Los jueces del alto tribunal rechazaron el manotazo de ahogado del represor, que vivía en Venezuela desde 1986 y tramitó su naturalización en 2011, luego de que se ordenara su captura, por considerar que “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia”. La decisión de la sala de Casación Penal del TSJ condiciona la extradición al compromiso del Estado argentino de no condenarlo a una pena mayor a 30 años de prisión, el máximo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carril Ba ggio deberá ser juzgado por delitos de lesa humanidad con epicentro en el centro clandestino La Polaca, donde eran interrogados bajo tortura los militantes secuestrados al ingresar o salir del país por el cruce fronterizo con Uruguayana. Excepto el policía Julio Simón, condenado en 2007, los represores que actuaron en Paso de los Libres siguen impunes.

El capitán Carril reemplazó en septiembre de 1976 como jefe del destacamento a Raúl Portillo. Según la orden de detención que libró en octubre de 2010 la jueza federal Gladis Borda, está acusado por asociación ilícita, secuestros agravados, vejaciones, tormentos y coacciones agravadas. Según el informe Waern, un detallado relato de la represión ilegal en Paso de los Libres elaborado por el ex guardia Carlos Waern, Carril podría ser imputado por el asesinato de un secuestrado en La Polaca. “En una oportunidad, un detenido logró escapar corriendo hacia el eucaliptal. Alertado por los gritos, el guardia corrió tras él y efectuándole varios disparos, éste lo mató”, relató Waern. “Del mismo hecho hay otra versión, que dice que el prisionero tomó un arma y disparó primero al capitán y luego éste lo mató. Siendo esta última la versión que se aproxima más a la verdad, ya que Carril durante meses anduvo rengo, con una pierna vendada, justificando que había sufrido un golpe muy fuerte”, dijo, y agregó que “el cuerpo estaría enterrado en algún lugar cercano”.
Carril fue detenido por Interpol Venezuela el 14 de abril. Su defensora Solimar Astudillo alegó que como ciudadano naturalizado no podía ser extraditado por “delitos políticos”. Es “público y notorio” que militares que actuaron en la “guerra civil revolucionaria” son “perseguidos y condenados”, escribió. La defensa de la extradición estuvo a cargo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien explicó que no se lo acusa por delitos políticos. El TSJ, a partir del voto de su presidenta Ninoska Queipo Briceño, concluyó que Carril “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia y obstaculizar un eventual proceso de extradición”, subrayó que no se trata de delitos políticos sino de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y que “la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional”.
En Corrientes hay once represores condenados. Los militares y civiles de inteligencia de Paso de los Libres, sin embargo, no fueron juzgados. La excepción es un policía: Julio Simón, el famoso Turco Julián, por delitos de 1979 que juzgó hace un lustro el juez federal porteño Ariel Lijo. Según los registros de la Unidad Especial de la Procuración General de la Nación, las elevaciones a juicio por delitos de lesa humanidad en Paso de los Libres incluyen al ex jefe del Segundo Cuerpo, general Ramón Díaz Bessone, al ex jefe del Destacamento 123, Raúl Angel Portillo, al entonces teniente primero Héctor Mario Filippo y a los civiles Rubén Darío Ledesma y Carlos Faraldo, todos del Destacamento. Desde fines de 2010 también esperan su turno en el Tribunal Oral de Corrientes el general Llamil Restón, el capitán Juan Carlos Sacco y el teniente Duilio Ramón Martínez. En febrero último, en tanto, el fiscal federal Benito Pont pidió que se eleve a juicio a los militares Héctor María Torres Queirel, Guillermo Ramón Añaños, Alfredo Arrillaga (condenado en Mar del Plata), Julio Santiago Canteros, Juan Carlos Medrano Caro y Julio Miguel Plazaola, y a los ex gendarmes Domingo José Isler y Angel Ricardo López Ferro.

Careo de genocidas. Videla, Riveros, Martínez y los restos de Santucho

Interrogados sobre Santucho, Riveros y Videla coincidieron en que la muerte del líder del ERP les produjo “alegría”.

Por Diego Martínez

El ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, responsable de Campo de Mayo.

El dictador Jorge Rafael Videla, su ex jefe de inteligencia Carlos Alberto Martínez y el ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros protagonizaron ayer un careo sobre el destino de los restos del ex jefe del ERP, Roberto Mario Santucho, abatido por un pelotón del Ejército en julio de 1976. Videla reiteró que dio la orden “de que el cuerpo no aparezca”, pero relativizó su afirmación de abril, cuando apuntó a Riveros como el encargado de cumplirla. “Era una suposición”, explicó. El ex jefe de la Zona IV y de Campo de Mayo, sede del mayor campo de concentración del país, dijo impávido que no hubiera acatado “una orden de esa naturaleza, que lastima mi conciencia”. Ambos admitieron ante Ana Santucho, una de las hijas del guerrillero, su alegría por la muerte “del hombre más importante de la subversión”. El abogado Pablo Llonto, impulsor de la causa fundada en el derecho a la verdad, destacó el esfuerzo de la jueza civil Martina Forns, que luego de ordenar el careo y formular preguntas durante dos horas exhortó a los ancianos a enviar un mensaje a sus ex subordinados para que rompan el pacto de silencio.

Los militares retirados, citados como testigos, bajo juramento de decir la verdad, llegaron al Juzgado de San Martín al mediodía en móviles del Servicio Penitenciario Federal: Videla desde la cárcel de Marcos Paz, Riveros desde su casa de Belgrano y Martínez desde la suya en San Miguel, ambos con arresto domiciliario. El ex titular de la Jefatura II de Inteligencia es el único sin condena: fue detenido por primera vez hace apenas dos semanas. Riveros bajó del celular sin esposas, según los penitenciarios porque estaba mareado.
El careo inicial fue entre Videla y Riveros. El dictador ratificó la orden de desaparecer el cuerpo por “lo que implicaba su figura”, aunque aclaró que “fue una resolución de la Junta (que compartía con Emilio Massera y Orlando Agosti), dada la trascendencia del problema”. Riveros, que en mayo consideró “de una mendacidad absoluta” los dichos del dictador, agregó ayer que “no hubiera aceptado hacer desaparecer el cuerpo de Santucho”.
–¿A quién le dio la orden? –indagó la jueza.
–Supongo que el destinatario fue quien tenía responsabilidad en esa zona, que era Riveros, pero no sé si él la recibió. La lógica orgánica indica que debió recibirla, pero no fue una orden dada personalmente y tampoco por escrito –respondió Videla. Sobre los intermediarios, arriesgó que pudo haber sido el secretario de presidencia, léase el general Rogelio Villarreal.
Riveros, sordo del oído derecho, admitió que “tenía capacidad para darle muerte a Santucho y hacer desaparecer su cuerpo”, pero aseguró que no participó porque nadie pidió la intervención del Comando de Institutos Militares. “La muerte de Santucho era para el Ejército un galardón. El personal militar se motivaba para detenerlo o matarlo porque era un adversario importante”, afirmó ante la hija y ante Julio Santucho, hermano del jefe del ERP. “Lo hubiera cumplido con todo gusto”, abundó, y agregó por si fuera necesario que “tenía capacidades para cavar un pozo y enterrarlo o tirarlo”.
–¿Le informaron si se cumplió la orden? –volvió la jueza hacia Videla.
–No tuve respuesta en forma personal. Era un secreto y no saberlo era la mejor forma de guardarlo.
Martínez, parco, dijo no recordar cómo se enteró de la muerte de Santucho. “Supongo”, dijo, que por intermedio de Videla, con quien se reunía “dos o tres veces por semana”. Cuando la jueza le recordó que en el enfrentamiento murió el capitán Juan Carlos Leonetti, miembro del Batallón de Inteligencia 601 que dependía de su jefatura, insistió en que “desconoce” los hechos aunque “imagina” que Leonetti “acompañó a la patrulla para guiarlos con precisión” al departamento donde se reunía la cúpula del ERP.
Riveros, verborrágico, dijo que “muchas veces me preguntaron por el cadáver de Santucho, incluso (Martín) Balza me lo preguntó, pero Santucho no era San Martín como para que lo entierren en Campo de Mayo”. “Puede que algún trasnochado o tarado mental se le haya ocurrido, pero no me consta”, afirmó. “Santucho fue la búsqueda del tesoro para el Ejército por ser el hombre más importante de la subversión”, aseguró.
–¿Sabían de la orden de desaparecer el cuerpo? –preguntó la jueza a Riveros y a Martínez.
Ambos aseguraron que no. “Me sorprendió la decisión. ¿Cómo puede ser que a un cadáver que apareció ‘por derecha’ en un enfrentamiento lo hicieron desaparecer ‘por izquierda’?”, se preguntó Riveros, ex jefe de una zona militar donde todo fueron secuestros y desapariciones “por izquierda”.
–¿Qué piensa de esa pregunta? –le planteó la jueza a Videla.
–El destino del cuerpo fue analizado por la Junta, fue una decisión compartida, una especie de pacto de silencio. Ojalá hoy se pudiera revelar ese secreto. Las condiciones actuales son distintas y el problema de la veneración del cuerpo de Santucho hoy no tiene sentido –supone Videla.
El dictador coincidió con Riveros en que “más allá del respeto a los familiares, la muerte de Santucho” les causó “íntimamente alegría, porque se había abatido al enemigo” y “en combate abierto”. “Si viera a alguien que le deja una flor a Santucho lo aplaudiría por el respeto que se merece”, agregó Videla, responsable de que miles de argentinos no tengan siquiera una tumba donde dejar flores para sus seres queridos.

La caída de un hombre clave

Durante 1976 y 1977, años de esplendor del terrorismo de Estado, el general Carlos Alberto Martínez fue jefe de Inteligencia del Ejército. Bajo su mando funcionó el Batallón 601 de Callao y Viamonte y los destacamentos y secciones de Inteligencia de todo el país, destinos de los interrogadores que arrancaban información en las mesas de tortura de los centros clandestinos en busca de nuevos “blancos”. Mano derecha de Jorge Rafael Videla, en abril de 1977 disertó junto al dictador sobre “la agresión marxista internacional” en un salón colmado por 300 periodistas en el edificio Libertador. A partir de 1978, y durante cuatro años, fue jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE. Vivió un tercio de siglo impune, volvió a la SIDE en los comienzos del menemismo y llegó a ser citado como testigo en el juicio oral por crímenes en el circuito Atlético-Banco–Olimpo. Ayer, a sus 84 años, el juez Daniel Rafecas ordenó por primera vez su detención por más de un millar de secuestros, tormentos y homicidios. Martínez se negó a declarar y por su delicado estado de salud quedó detenido en su casa de San Miguel.

“Parece mentira que el cerebro mayor del plan estuviese sin una acusación. Era preocupante porque demuestra que a la Justicia le cuesta entender el rol que cumplieron los aparatos de Inteligencia en el terrorismo de Estado”, reflexionó ayer el abogado Pablo Llonto, querellante en la causa por crímenes de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que instruye Rafecas. “Ojalá que éste sea el inicio de la detención de todos los jefes de Inteligencia de Marina, Aeronáutica, Policía Federal, todas las policías provinciales, Gendarmería, Prefectura y los servicios penitenciarios”, se esperanzó. “Son decenas de oficiales que deben estar presos y sin prisión domiciliaria, porque desde sus casas seguramente siguen espiando”, advirtió. La detención de Martínez había sido solicitada por Llonto, por la fiscalía a cargo de los juicios orales del Primer Cuerpo, a cargo de Alejandro Alagia, y días atrás por la querella que representa a los familiares de Bernardo Alberte, el ex edecán y delegado de Juan Domingo Perón asesinado por sus camaradas la madrugada del golpe de Estado al ser arrojado desde el sexto piso de su departamento en Recoleta.

Ex alumno de la Escuela de las Américas, donde se formaron los torturadores del Cono Sur, Martínez fue en 1975 segundo jefe y a partir de 1976 titular de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, léase un asesor de primera línea de Videla. El 19 de abril de 1977, junto al dictador y su jefe de Estado Mayor, general Roberto Viola, Martínez se explayó con diapositivas, fotos y gráficos sobre “La agresión marxista internacional” y “La subversión marxista en la Argentina”, según registraron los diarios de la época. “Sólo pueden comprenderse el sentido, las implicancias, la diversidad de factores que intervienen y los reales fines de la agresión que sufre la República si se analiza en su real esencia como parte de la agresión subversiva marxista a nivel mundial”, teorizó. “Esta agresión es total en el sentido absoluto de la palabra, su finalidad es la conquista de la población mundial partiendo del dominio de la psiquis del hombre”, agigantó al enemigo antes de explayarse sobre los orígenes de la guerrilla, el PRT, Montoneros, el foquismo, el materialismo histórico y el “socialismo marxista” como objetivo final del enemigo.

A comienzos de 1978, Martínez pasó a comandar la SIDE en reemplazo del general Otto Paladino, ex jefe de Automotores Orletti. “A la SIDE me llevó el general Carlos Alberto Martínez”, confió a Página/12 en 2003 el coronel Alberto Tepedino, hoy condenado. El periodista Gerardo Young, en su libro SIDE. La Argentina secreta, cuenta que el alias de Martínez era “Pelusa”, que en 1989 Juan Bautista Yofre lo nombró director de la Escuela de Inteligencia y que renunció al organismo en tiempos de Hugo Anzorreguy, molesto porque los indultos menemistas no fueron tan amplios como quería.

Martínez no tuvo noticias de la Justicia hasta el 18 de junio, cuando Rafecas allanó sus domicilios en Pardo 2112 y España 865, en San Miguel. Confiado en que moriría impune, el general de división retirado tenía en su poder documentos que comprometen a militares y a civiles de renombre. Ayer, luego de analizar el material, el juez ordenó su detención. El octogenario fue trasladado a los tribunales de Retiro, pero se negó a declarar. Rafecas le imputa delitos contra más de un millar de víctimas en una docena de centros clandestinos, incluidos Atlético, Banco, Vesubio, Orletti y la Superintendencia de Seguridad Federal. El consejero de Videla, que se dializa tres veces por semana, quedó arrestado en su casa.

Saint Jean, el asesino de tímidos e indiferentes goza de buena salud

El Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata denunció ante la Corte Suprema a peritos  del Cuerpo Médico Forense por ayudar a que el ex gobernador de facto logre que se lo declare incapaz.

Por Diego Martínez

Ibérico Saint Jean intentó ser declarado incapaz para evitar el juicio.

El Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata, que conduce el juicio a 26 represores del circuito Camps, denunció ante la Corte Suprema de Justicia la “actitud de obstrucción” y el “auxilio antiético” de peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) con la “maniobra de simulación” de los defensores del ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean para lograr que se lo declare incapaz. Los jueces Carlos Rozansky, Roberto Falcone y Mario Portela rechazaron la pretensión de excluir del proceso al general que prometió matar desde subversivos hasta tímidos e indiferentes, puso la lupa sobre “el esfuerzo considerable por predicar que Saint Jean carecía de capacidad para estar en debate” de los peritos oficiales Daniel Héctor Silva y Carlos Hugo Escudero, y dejó constancia de la “hostilidad, agresividad, menosprecio e intimidación” que manifestaron hacia dos médicas del Hospital Ramos Mejía que habían dictaminado en sentido contrario.

El 5 de septiembre, a una semana del inicio del juicio, Silva informó que Saint Jean presentaba “un cuadro de síndrome psico-orgánico que limita su autonomía psíquica en forma ostensible”. Dictaminó que “no se encuentra en condiciones psiquiátricas de participar en un proceso penal” y sugirió realizar una evaluación general en el Departamento de Clínica y Especialidades. Tres días después, los abogados Ricardo Saint Jean y Sebastián Olmedo Barrios, defensores del militar, pidieron que se lo excluyera y agregaron un informe del médico Mariano Castex en línea con el CMF. El tribunal decidió no apartar a Saint Jean del juicio y dispuso el examen general. “Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala”, renegó Saint Jain (h) en la audiencia inicial. Invitado a prestar declaración indagatoria, el general que supo ser locuaz se negó a hablar, igual que en 2007 en el Juicio por la Verdad de La Plata.
Pese a que el imputado no mostraba alteraciones en las audiencias, el perito Escudero, del CMF, coincidió con Silva en que requería asistencia permanente y que no podía ser sometido a juicio. El tribunal escuchó entonces a fiscales y querellantes, que marcaron contradicciones e inconsistencias de los forenses y pidieron una junta médica. Los jueces pidieron entonces un examen al Hospital Ramos Mejía. El 4 de octubre, pese a los reparos de sus defensores, Saint Jean fue trasladado al hospital público, donde se lo sometió a una evaluación de un equipo de profesionales que encabezó la neuróloga Silvia Kochen e integraron cuatro médicos y psiquiatras, más cuatro peritos de las querellas y Castex por el imputado. Todos menos Castex concluyeron que el militar estaba “en condiciones físicas y psíquicas” de afrontar el juicio, “de comprender las implicancias jurídicas de sus dichos y organizar su defensa”.
Ante las conclusiones contrapuestas, los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron una junta médica que integraran también los forenses del CMF. Saint Jean (h) y Olmedo volvieron a oponerse, pero el tribunal insistió en la necesidad de un examen interdisciplinario para ahondar en los fundamentos teóricos y científicos de una y otra posición. Argumentaron además que las impresiones del CMF y de Castex no se condecían con la percepción que ellos mismos tenían de las audiencias.
El 22 de febrero se realizó la junta médica, con la participación de cuatro miembros del CMF (Silva, Escudero, Celmina Guzmán y Mónica Herrán), las doctoras Silvia Kochen y Patricia Solís por el Hospital Ramos Mejía, Luis Ohman y Matías Bertone por las querellas y Castex por el acusado. Durante noventa minutos el militar de 89 años respondió atento las preguntas de nueve entrevistadores. Cada vez que comenzaba a explayarse sobre hechos de hace un tercio de siglo los peritos del CMF lo interrumpían para pedirle fechas exactas. Cuando le preguntaron sobre medicamentos que toma dijo que se los autoadministraba con un pastillero. Los peritos oficiales le pidieron los nombres de los medicamentos. Saint Jean dijo no poder precisarlos pero ofreció explicar para qué tomaba cada uno. También se explayó sobre sus relaciones con Videla y Camps, y opinó que “estos juicios son totalmente políticos, está todo direccionado”.
El CMF enfatizó la lentitud para procesar respuestas e insistió en un “deterioro cognitivo moderado” que le impedía afrontar el juicio. Saint Jean (h) y Olmedo, en línea con Castex, que en sus escritos llama “verdadera masacre” a los juicios a represores, explicaron que el militar “trata de responder todas las preguntas para aprobar el examen al que es sometido sin que descubran que sufre una discapacidad mental”. Para los jueces, en cambio, “la incapacidad sobreviniente sólo constituye una pretensión de la defensa, del perito de parte y del auxilio antiético de los forenses”. Rozansky, Falcone y Portela concluyeron que “la actitud de obstrucción del CMF debe ser puesta en conocimiento del Alto Tribunal”.

Condenas por Campo de Mayo: "Eramos simples informantes"

Roberto Bustos recibió 19 años de prisión y Jorge Bianchero, nueve. En el juicio se ventiló el secuestro de un grupo de personas que participaba de un taller literario.

Roberto Bustos, ex jefe de informaciones de San Martín, y Jorge Bianchero, de la seccional 3 de Villa Lynch.

Dos ex comisarios de la policía bonaerense fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad en 1979. Se trata de Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, y Jorge Julio Bianchero, ex titular de la seccional 3 de Villa Lynch, que recibieron penas de 19 y 9 años de prisión, respectivamente. El tribunal que integran Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Daniel Petrone dispuso que los condenados cumplan la sentencia en una cárcel común. El juicio fue oral y público, pero se desarrolló en una sala con capacidad para ocho personas. Por un accidente cerebro vascular, luego de permanecer varios años prófugo, quedó fuera de juego antes del inicio del juicio el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 con responsabilidad en centenares de secuestros de personas desaparecidas en Campo de Mayo.

El sábado 12 de mayo de 1979 a la noche un grupo de tareas irrumpió en un departamento de Ecuador 318, en la ciudad de Buenos Aires, y secuestró a seis personas, todos compañeros de un taller literario que, según testigos del juicio, tenían previsto viajar a España para publicar un libro sobre la represión en la Argentina. Las víctimas fueron Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski (los tres estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta) y el matrimonio de escritores que formaban Mirta Silber y Carlos Pérez. Los seis permanecen desaparecidos y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Dos días antes, la policía de Villa Lynch, por orden del Ejército, había detenido a un hermano de Beitone junto con un amigo en un departamento de esa localidad. Ambos fueron interrogados y liberados.
“Nosotros éramos simples informantes, sólo se hacían informes de inteligencia”, intentó minimizar su responsabilidad Bustos, que se encargaba de recopilar la información sobre la “lucha antisubversiva” en la delegación San Martín. “Nosotros nunca hicimos operaciones y también la pasamos mal en esa época, tuvimos que ponernos muy rígidos con nuestros vecinos”, dijo al ejercer el derecho a pronunciar sus últimas palabras. “Mis manos están limpias”, concluyó. Previendo la condena, pidió que se le concediera el arresto domiciliario y se dispuso a esperar el fallo junto a Bianchero en el jardín de la casona de Olivos donde se realizó el juicio.
Uno de los pocos privilegiados que pudo ingresar a la sala fue León Sznaider, padre de Jorge, que tenía 19 años y cursaba el primer año del profesorado en Historia. Familiares y allegados a las víctimas junto con militantes de Hijos y de la Comisión Campo de Mayo aplaudieron de pie al anciano, que con el abogado Pablo Llonto realizó la presentación que permitió reabrir la causa. Sin micrófono, con decenas de personas amontonadas en una escalera, fuera de la sala, esforzándose para escuchar, Larrandart leyó la sentencia: 19 años de cárcel para Bustos como coautor de dos allanamientos ilegales, ocho secuestros, y de los tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en los casos de quienes permanecen desaparecidos; nueve años de prisión para Bianchero por un allanamiento ilegal y los dos primeros secuestros.
Los jueces destacaron que se trató de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y encomendaron a la justicia de primera instancia investigar al resto de los policías y militares que participaron o tuvieron responsabilidad en los mismos hechos. A pedido del fiscal federal Marcelo García Berro y en base a la declaración del dictador Jorge Videla sobre el destino de los desaparecidos, los jueces ordenaron que se investigue la responsabilidad de Bustos en los homicidios de las víctimas.
Antes del comienzo del juicio, que duró tres semanas, los acusados habían pedido la suspensión a cambio de una probation, léase tareas comunitarias. Bianchero ofreció además pagar dos mil pesos a la familia de cada víctima como “resarcimiento” por su responsabilidad. El tribunal rechazó los ofrecimientos y también el pedido de arresto domiciliario con el que insistieron hasta ayer. Los ex comisarios afrontaron el proceso en libertad y tras la sentencia quedaron por primera vez detenidos, a sus 78 años y a un tercio de siglo de los hechos. La propia Larrandart actuará como jueza de ejecución. Los presentes aplaudieron la sentencia, nombraron y gritaron “presente” para recordar a cada una de las víctimas. Los condenados quedaron en la sala a la espera de los penitenciarios que los trasladarían a la cárcel. Nedo Otto Cardarelli morirá impune.

Juicio a los fusiladores de Trelew

Cuarenta años después, con el asesino Roberto Guillermo Bravo bien protegido en los Estados Unidos, un tribunal argentino juzgará a cinco marinos por la Masacre de Trelew.

Publicado en PáginaI12.

Mañana a las diez de la mañana, en el teatro José Hernández de la ciudad de Rawson, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia comenzará a juzgar a cinco marinos por la Masacre de Trelew, como pasó a la historia el fusilamiento de dieciséis presos políticos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de la Armada Argentina. El gran ausente del juicio, el primero por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, será el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia. Ciudadano norteamericano desde 1987, localizado por Página/12 en Miami como titular del RGB Group en 2009, el Ñato Bravo sigue libre e impune gracias al juez Robert Dube, miembro de la Corte de Florida, quien rechazó el pedido de extradición con el argumento de que las declaraciones de los sobrevivientes “no son creíbles” y que en todo caso no correspondía la extradición por tratarse de “delitos políticos”.
La causa por la masacre de 1972 se abrió a pedido del CELS, en representación de familiares de los fusilados, tras la reapertura de las investigaciones por crímenes de la última dictadura. La Armada había instruido un sumario en base a su falacia habitual: intento de fuga repelido por marinos con todos los muertos en el bando contrario y ni un rasguño en el propio. El juez federal de Trelew, Hugo Sastre, tomó decenas de testimoniales a personas que trabajaban en la base y a principios de 2008 ordenó las detenciones, que incluían a Bravo.
Los cinco imputados que finalmente se sentarán en el banquillo son los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real, los capitanes de navío Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista, y el cabo Carlos Amadeo Marandino. Sosa recorrió los calabozos junto con Bravo para dar los tiros de gracia, según le contaron los sobrevivientes a Paco Urondo, que en base a sus relatos publicó La Patria fusilada. Treinta y cinco años después, citado a indagatoria, Sosa declaró que mientras inspeccionaba los calabozos recibió “una patada de karate” que lo dejó conmocionado y cuando intentó reincorporarse “ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM”. Dijo que alcanzó a ver “cuatro bocas de fuego desde tres metros” e identificó a tres de los fusiladores: Bravo, Del Real y Marandino. El suboficial Marandino, a su turno, declaró que esa noche estaba de guardia hasta que le ordenaron abrir las puertas de los calabozos y retirarse. El capitán Paccagnini era entonces el jefe de la base Zar, superior inmediato de los fusiladores. El capitán Bautista fue el responsable del sumario interno que respaldó la versión del intento de fuga, por lo que será juzgado por encubrimiento. Marandino dijo que le ordenaron mentir para respaldar la historia oficial.
El segundo gran ausente del juicio será el contraalmirante retirado Horacio Mayorga, entonces comandante de la Aviación Naval. Mayorga fue quien ordenó trasladar a los guerrilleros capturados a la base Zar y no al penal de Rawson como había prometido la Armada y quien llegó a reivindicar la masacre ante su tropa. “La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa”, dijo. El viejo marino, golpista ya en 1955, célebre apologista de la dictadura, fue procesado como cómplice necesario pero quedó fuera del juicio gracias a sus problemas de salud.
Las actividades previas a la audiencia inicial, bajo el lema “Los juicios son ahora”, comenzaron ayer con una conferencia de prensa de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, y con un taller de capacitación para periodistas organizado por el programa Memoria en Movimiento, de la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional. Hoy a la tarde se realizará un homenaje a las víctimas y luego al fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, abogado de presos políticos al tiempo de la masacre, con la inauguración de un acceso al Centro Cultural por la Memoria que funciona en el ex Aeropuerto Viejo de Trelew, donde se entregaron los presos políticos fugados de la cárcel de Rawson que una semana después serían fusilados.
El tribunal que tendrá la responsabilidad histórica de juzgar la Masacre de Trelew está integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora María Cabrera de Monella, que escucharán a unos setenta testigos. En representación del Ministerio Público actuarán los fiscales Horacio Arranz y Fernando Gelvez. Los familiares de las víctimas serán representados por Eduardo Hualpa y abogados del CELS. El juicio será transmitido en pantalla gigante en la plaza central de Rawson, podrá verse a través del Canal 7 de Chubut y desde el sitio www.memoriaenmovimiento.gov.ar

El EAAF identificó los restos de Ana Teresa Diego

Zaida Franz, la madre de la joven desaparecida y miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, habló sobre el significado de la identificación. La joven había sido enterrada en una fosa común del cementerio de Avellaneda.

Por Diego Martínez

Ana Teresa Diego

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Ana Teresa Diego, la militante comunista y estudiante de astronomía desaparecida durante la dictadura en cuya memoria se denominó Anadiego a un asteroide descubierto por un científico argentino. El cuerpo de la joven, secuestrada a los 21 años en La Plata, en septiembre de 1976, y vista por última vez en un centro clandestino del Circuito Camps, había sido enterrado en una fosa común del cementerio de Avellaneda. La noticia de la identificación “llena de luz un vacío, es como que está otra vez en la familia, la sentimos profundamente con nosotros”, explicó a Página/12 su mamá, Zaida Franz, viuda de Diego, miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que con 84 años no baja los brazos: “Ahora falta la justicia, una sentencia, y avanzar con los cómplices civiles, ya que ningún golpe de Estado en la Argentina fue solamente obra de los militares”.

Ana Diego nació el 5 de noviembre de 1954 en Bahía Blanca. En 1976 cursaba el tercer año del doctorado en astronomía en la Escuela Superior de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Militaba en la Federación Juvenil Comunista. En 1975 había fallecido su padre, Antonio Diego, matemático de la Universidad Nacional del Sur, a quien militantes de la época recuerdan como “uno de los primeros profesores con los que pudo contar el movimiento estudiantil bahiense”. “Tenían mucha afinidad, se parecían mucho: gente abierta, transparente, que decía lo que sentía. Eso le costó que se la llevaran”, apunta Zaida, que participó en Bahía Blanca de las primeras reuniones de familiares de desaparecidos y en La Plata de las primeras marchas de Madres.
Ana fue secuestrada al mediodía del 30 de septiembre de 1976, al salir de la facultad, por una patota de represores de civil que se movilizaba en dos Fiat sin patente. “Nos saludamos, me pidió la hora y en ese momento nos encapucharon y nos metieron adentro de un auto”, declaró Carlos Schultz en febrero, en el primer juicio a los subordinados del general Ramón Camps. Ana alcanzó a gritar su nombre antes de que se la llevaran. Los represores destrozaron y vaciaron luego el departamento que alquilaba. Ana fue vista en dos centros clandestinos: Pozo de Arana y Brigada de Quilmes. “Estábamos todos encapuchados, acostados o sentados contra una pared”, contó Schultz. En febrero de 1977, Zaida supo que Ana estaba en la Brigada de Quilmes. Se presentó, pero le negaron que estuviera allí. “Anita era muy dulce, muy especial”, la recordó Nora Ungaro, compañera de militancia y de cautiverio. “Compartíamos muchas cosas. Anita recordaba con gran cariño a su padre”, apuntó en 2000 en el Juicio de la Verdad. “Por el miedo nos acomodamos cabeza con cabeza, nos hablábamos al oído y cantábamos canciones de la Guerra Civil Española”, recordó en el juicio oral.

Zaida Franz de Diego, Madre de Plaza de Mayo

El último 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Unión Astronómica Internacional bautizó a un asteroide con el nombre Anadiego. “Hoy Dilma (Rousseff) ocupa el sillón de uno de los países más importantes del mundo, a lo mejor esta joven pudo haber estado sentada en el mismo lugar”, reflexionó entonces la presidenta Cristina Fernández. “Tener un desaparecido en la familia es como tener un vacío, un eslabón que falta aunque uno a veces se haga el distraído”, confiesa Zaida. “Saber que encontraron los restos llena de luz ese vacío, es como que está otra vez en la familia, la sentimos profundamente con nosotros.”

Jujuy se resiste a hacer justicia

El Tribunal Oral Federal de Jujuy se apresta a consagrar el proceso de impunidad construido durante años por el flamante ex juez Carlos Olivera Pastor con el visto bueno de la Cámara Federal de Salta. Pese a los reclamos de los organismos de derechos humanos, de la Procuración General de la Nación y de la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exhortó a los magistrados a concretar juicios orales en plazos razonables y con la mayor cantidad posible de imputados y de casos (víctimas) para evitar la revictimización de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, los jueces René Vicente Casas, Gabriel Eduardo Casas y Marcelo Juárez Almaraz decidieron comenzar el 13 de junio un juicio con apenas un imputado y por una sola desaparición. La Unidad Especial de coordinación y seguimiento de juicios de lesa humanidad de la Procuración anticipó ayer a Página/12 que presentará esta semana un recurso ante la Cámara de Casación Penal para que le exija al TOF jujeño la acumulación de los 53 casos que Olivera Pastor elevó con cuentagotas y la realización de un juicio con los diez represores en condiciones de rendir cuentas por delitos cometidos 35 años atrás.

Jujuy, junto con Mendoza y otras provincias norteñas, es un símbolo de la resistencia de la corporación judicial a avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura. Las casi 100 mil personas que marcharon en San Salvador el último 24 de marzo llevaron como consigna central la denuncia contra Olivera Pastor, un oscuro secretario devenido juez federal subrogante que durante años bloqueó sistemáticamente el avance del proceso, que rechazó el 90 por ciento de las indagatorias pedidas por el fiscal (incluida la del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier) y que esta semana presentó finalmente su renuncia.
Entre 2009 y febrero pasado, siempre con el respaldo de la Cámara salteña que encabeza Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, el entonces juez contrarió los criterios impulsados por la Procuración y la Comisión Interpoderes y elevó al tribunal diez fragmentos de la instrucción, varios con un imputado y una víctima. Los represores en condiciones de ser juzgados son el condenado Luciano Menéndez, Rafael Mariano Braga, César Darío Díaz, Mario Marcelo Gutiérrez, Antonio Orlando Vargas, Herminio Zárate, José Eduardo Bulgheroni, Horacio Domingo Marengo, Carlos Alberto y Orlando Ricardo Ortiz. El único a quien el tribunal decidió juzgar es el teniente coronel Braga, alias “Cara cortada” por sus cicatrices en la mejilla izquierda, y sólo por el secuestro en 1976 de Julio Alvarez García, un militante de la Juventud Universitaria Peronista.
“El caso de Jujuy refleja la dificultad de lograr que se apliquen pautas básicas como la acumulación de casos conexos”, explica Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal, quien destaca la necesidad imperiosa de “desarrollar mecanismos institucionales para corregir rápidamente estas decisiones”. “No puede seguir pasando que los tribunales arbitrariamente dejen de acumular casos conexos y con pruebas en común. Hay 875 procesados y más de 600 tienen alguna elevación a juicio. Este mecanismo de juicios por goteo está provocando una dilación que, finalmente, va a impedir concretar los juicios que faltan”, advierte. “Es urgente que desde la cabeza del Poder Judicial se tomen medidas para evitarlo.”

Detuvieron al Japonés Martínez

Fue el primer represor que detalló en Suiza los vuelos de la muerte. Llevaba más de cinco años prófugo. Hoy lo indagarán en las causas por la Masacre de Fátima y del circuito Atlético-Banco-Olimpo.

Por Diego Martínez

Martínez integró los grupos de tareas de Coordinación Federal.

Luis Alberto Martínez, alias Japonés, ex integrante de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, fue detenido ayer por Interpol luego de más de un lustro prófugo. Martínez, el primer represor que detalló en 1981 desde Suiza los vuelos de la muerte, logró burlar a la Justicia desde la reapertura de los procesos de lesa humanidad –cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó su captura– y evitó de esa manera estar en el banquillo en dos juicios orales: el de la Masacre de Fátima y el del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Rafecas lo indagará hoy en ambas causas y por su rol en Coordinación Federal. También ayer fue indagado por el juez Norberto Oyarbide por un secuestro extorsivo como miembro de la banda de Aníbal Gordon, Raúl Guglielminetti y compañía.

Ex suboficial de la Policía Federal, Martínez fue detenido por primera vez en 1981, en Suiza, acusado de participar en el secuestro extorsivo del financista Fernando Combal, liberado tras el pago de un millón de dólares, y del banquero Carlos Koldovsky, entre otros delitos al amparo del terrorismo de Estado. El policía brindó aquel año una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre. Contó que originalmente se desempeñaba en el Departamento de Asuntos Gremiales de Coordinación Federal, que luego trabajó en la infiltración de facultades de la Universidad de Buenos Aires, y dio un amplio detalle sobre represores, relaciones entre distintos centros de detención y métodos utilizados para interrogar y para desaparecer personas.
Luego de los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de la Policía Federal recurrían a los vuelos de la muerte, confesó catorce años antes que el capitán Adolfo Scilingo. “Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. A llegar recibían una inyección, se les decía contras las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército”, precisó. “Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró, y apuntó que el método se aplicó antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975 y 1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.
En 1985, entrevistado en Suiza por el abogado Jorge Baños, contó que también actuó en Automotores Orletti, el epicentro argentino del Plan Cóndor, al que llegó de la mano del “Mayor Guastavino”, léase Guglielminetti, juzgado en estos días en Neuquén. Baños había viajado a Suiza en representación del CELS para intentar obtener información de parte de Martínez y de los agentes de inteligencia Rubén Bufano y Leandro Sánchez Reisse. Finalmente fue extraditado por orden del juez Carlos Oliveri e indagado por su reemplazante, el juez Luis Niño. Pese a que la mayor parte de sus delitos quedaron amparados por la Ley de Obediencia Debida, el Japonés siguió preso como delincuente común hasta 1989. La decisión de liberarlo, luego de leer un voluminoso expediente en menos de 24 horas, la tomó el juez de instrucción Luis Velazco. En 1998 fue noticia en General Pico, cuando junto al subcomisario Leonardo De Laurentis golpearon y amenazaron con armas a un remisero. La jueza Rosa Vázquez le dictó la falta de mérito pese a que tenía prohibido usar armas. Desde entonces sólo fue noticia como prófugo. El Japonés comenzó ayer una nueva etapa de su vida, ahora con epicentro en la cárcel de Villa Devoto.

Lo imposible hecho realidad

El Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) presentaron el libro Hacer Justicia, que desarrolla el proceso y los resultados de la Argentina en las causas por delitos de lesa humanidad.

Valeria Barbuto, Horacio Verbitsky, Jorge Taiana y Marcelo Ferrante, ayer en la Biblioteca Nacional.

Publicado en PáginaI12, sin firma (de viernes a domingo los diarios porteños salen sin firmas, primer paso del plan de lucha para que La Nación, Clarín, PáginaI12 & Cía. se sienten a negociar mejores condiciones de trabajo.  DM)

El desafío de “hacer justicia” treinta años después. La sinergia a partir de 2003 entre una sociedad civil perseverante en su reclamo de “juicio y castigo” y la decisión del poder político. El acompañamiento a los sobrevivientes como clave de los procesos. Las violaciones sexuales como delito diferenciado de la tortura, ejemplo de vitalidad del proceso argentino. Los temas, entre otros, forman parte de Hacer Justicia, el libro que el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus sigla en inglés) presentaron ayer en la Biblioteca Nacional. “Es un libro importante en sí, que muestra cómo la realidad se fue transformando y lo que parecía imposible se convirtió en realidad”, resumió el ex canciller Jorge Taiana, miembro de la comisión directiva del organismo de derechos humanos.

“Hacer Justicia es el resultado de varios años de trabajo del CELS en cooperación con el ICTJ, con el auspicio de la Unión Europea”, explicó la antropóloga Valeria Barbuto, directora del Programa de Documentación e Investigación del CELS y moderadora del panel que también integraron el periodista Horacio Verbitsky, presidente de la institución, y el abogado Marcelo Ferrante, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y autor de uno de los capítulos del libro.
“Es inevitable ver la visión y el mensaje del proceso de justicia argentino” hacia el mundo, sostuvo Taiana. Marcó “dos conclusiones: la enorme vitalidad de la sociedad civil, en particular de los organismos de derechos humanos y los familiares, decisivos para mantener el tema en la agenda social y política, y la importancia de la decisión del poder político a partir de la presidencia de Néstor Kirchner”. “La estrategia en nuestro país fue la acción ante la Justicia penal”, recordó, y marcó “el contraste entre buena parte de América latina y el resto del mundo, donde la búsqueda de justicia no fue tan frecuente y se apeló por ejemplo a comisiones por la verdad”. “Fue el camino más largo, pero también el más exitoso y el más nítido”, afirmó.
Taiana repasó el libro. Destacó el capítulo de la abogada Carolina Varsky sobre los testimonios en los procesos y las estrategias para acompañar a los testigos. “Es interesante para otras experiencias”, apuntó. “El derecho a la verdad fue una utilización muy original del sistema penal para hacer justamente lo que no se podía: pedir juicio y castigo”, recordó. Sobre el avance de las causas por delitos sexuales en cautiverio, tema resistido por el Poder Judicial, que investigaron la socióloga Lorena Balardini, la abogada Ana Oberlín y la psiquiatra Laura Sobredo, Taiana destacó que “no estaba presente y muestra la vitalidad del proceso argentino”. El ex canciller cerró su exposición con referencias al capítulo de la politóloga Pilar Calveiro, sobreviviente de la dictadura. “Muestra cómo ciertas prácticas perviven en el tejido más íntimo de las políticas represivas y en los métodos de investigación penal”, destacó, y expresó su deseo de que el Congreso convierta en ley el proyecto que establece un mecanismo de aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Ferrante, a su turno, desarrolló su estudio sobre las actitudes de los jóvenes apropiados durante la dictadura frente al proceso de justicia, en particular sobre los fundamentos para no colaborar con las investigaciones por parte de quienes se negaron a dar muestras de ADN. El abogado se explayó sobre “el argumento de la lealtad” con los apropiadores, a partir de “un vínculo parental de hecho”, y sobre el argumento de la pertinencia. “La identificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos es siempre pertinente”, concluyó.
El cierre estuvo a cargo de Verbitsky, quien recordó la historia de la confesión de Adolfo Scilingo y el quiebre que marcó en el proceso de justicia: las primeras presentaciones en base al derecho a la verdad, el rol clave de jueces como Horacio Cattani, el surgimiento de la agrupación HIJOS, la apertura de la causa por genocidio en España y la detención del dictador Augusto Pinochet en Chile.

El terrorismo de Estado al servicio de Loma Negra

La fiscalía y la querella pidieron penas de prisión perpetua para los tres militares involucrados y altas penas para dos civiles. También reclamaron que se indague sobre la responsabilidad de la empresa de los Fortabat.

Por Diego Martínez

El TOF N° 1 de Mar del Plata juzga a los acusados por el caso Moreno.

La relación de la cementera Loma Negra con el terrorismo de Estado está en la mira de la Justicia. El fiscal Daniel Adler y el abogado César Sivo, representante de la familia de Carlos Moreno, abogado de los obreros de la empresa hasta su asesinato en 1977, le pidieron ayer al Tribunal Oral Federal 1º de Mar del Plata que promueva una investigación criminal contra los directivos de la firma que desde 1976 dirigía Amalia Lacroze de Fortabat, que murió impune el mes pasado. Los letrados, en sus alegatos, pidieron penas de prisión perpetua para los coroneles retirados Roque Pappalardo y Julio Tomassi, y para el suboficial José Luis Ojeda, como coautores de la privación ilegal de la libertad, las torturas y el asesinato de Moreno. Para los hermanos Emilio y Julio Méndez, dos civiles que facilitaron su chacra de Tandil como centro clandestino, Sivo pidió veinte años de prisión; Adler 16 y 14 años respectivamente.

Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría. Durante cuatro días fue interrogado y torturado en la chacra de los Méndez. El 3 de mayo se fugó. Descalzo, tambaleante, llegó a la chacra de los Bulfoni. Fue recapturado, pero volvió a escabullirse. El secuestrador frustrado le ordenó a la hija de los Bulfoni que lo llevaran a la chacra de los Méndez, donde subió un hombre armado. Partieron en camioneta, lo encontraron atrás de una piedra, le pegaron con una pala y otra vez al centro clandestino. Lo mataron ese mismo día. El Primer Cuerpo de Ejército informó en un comunicado que Moreno fue “abatido” por resistirse a ser detenido. Su cuñado lo reconoció en la morgue envuelto en una manta verde del Ejército, con dos disparos, la nariz quebrada y signos de torturas. Los obreros de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) se levantaron al saber del crimen, pero el teniente coronel Ignacio Verdura le exigió a la mujer de Moreno que los calmara si quería el cuerpo. “Moreno era tan querido que hasta los abogados de las cementeras, sus contrapartes en los juicios, firmaron un hábeas corpus por él”, recordó ayer el fiscal Adler.
Tommasi era jefe de área, “un burócrata orgulloso de su eficaz subordinado Pappalardo”, lo definió Adler. Pappalardo “hizo historia en Tandil”: varios sobrevivientes lo reconocieron en la tortura. “Yo no compartía el método”, dijo el militar en el juicio, con crucifijo y rosario en mano. En el caso específico fue quien ordenó recapturar a Moreno. “Se ocupaba de custodiar los intereses de las empresas que perdían juicios por demandas de sus empleados”, dijo el fiscal. “En el caso de la Cooperativa Cretal” mencionó dos secuestros de “actores del juicio”. “En el caso de Loma Negra fue más lejos: directamente secuestró al abogado de los trabajadores. El mismo grupo operativo, los mismos intereses: que las empresas no sufran el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores”, resumió Adler.
El cabo primero Ojeda, según testigos, persiguió a Moreno a los tiros tras la evasión e informó a Pappalardo. Los Méndez aportaron su propiedad como centro clandestino. “Alcahuetes de los militares”, los definió Matías Moreno, hijo del abogado. Emilio Méndez, que reconoció su relación con los militares, era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la Usina Popular. “El trueque era evidente”, dijo el fiscal. “Cedieron su chacra a los militares, que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”, resumió.
“Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó el fiscal. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis”, enfermedad que sufrían los obreros, e intercedieron por despidos y aportes. Destacó el rol del juez Carlos Pagliere, que en plena dictadura “selló el destino de los imputados” al recoger pruebas, y se detuvo en los indicios de la relación de Loma Negra con los militares y “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo”. El superintendente Ernesto Cladera le dijo al socio de Moreno “que no molestaran, que había ido el jefe del regimiento y que haga la lista de los que andaban jodiendo, que él era dueño de la vida y de los bienes”. El hijo del vicepresidente de la cementera contó que ambos abogados eran “muy mal nombrados” en las reuniones de empresarios y militares. Adler pidió que se investigue si fue “un crimen por encargo o por codicia” y que se indague sobre “las conexiones de estas empresas con el poder militar”. También pidió que se investigue a Verdura, al comisario Rubén Argentino Balquinta y a dos militares de apellido Echeverría y Martínez, mencionados como integrantes del grupo de tareas con base en la chacra de Tandil.

Patti y Bignone, procesados por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi

La medida alcanza a nueve represores. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo también dispuso la falta de mérito de dos acusados. Para procesar a Patti por este hecho, ocurrido en 1983, hubo que anular su sobreseimiento.

Por Diego Martínez

Los familiares de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, secuestrados en el bar Magnum en 1983.

A casi ocho años de la reapertura de la causa, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesó a nueve represores por los secuestros, torturas y asesinatos en 1983 de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. La medida alcanzó al dictador Reynaldo Bignone, al ex policía Luis Abelardo Patti, al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario coronel Pascual Guerrieri y a su segundo, teniente coronel Luis Américo Muñoz, el único que sigue libre. Con argumentos que se desconocen, ya que las partes no fueron notificadas, el juez de San Nicolás dictó la falta de mérito del coronel Víctor Hugo Rodríguez, de quien dependían los civiles de Inteligencia (PCI) que participaron de los secuestros, y del ex arquero Edgardo Andrada, identificado por su ex compañero Eduardo Constanzo entre los miembros del grupo a cargo del operativo. “Chuli” Rodríguez y “El Gato” Andrada son curiosamente los únicos imputados que no están condenados o procesados en otras causas. En los próximos días Villafuerte Ruzo deberá indagar al ex policía Juan Amadeo Spataro, quien integró junto con Patti la patrulla que se encargó de los fusilamientos, en tanto siguen libres e impunes con el visto bueno del juez y de la Cámara Federal de Rosario todos los miembros de las planas mayores de zona, subzona y áreas militares que el fiscal federal Juan Patricio Murray pidió citar a indagatoria en junio del año pasado.

Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti, Spataro y Rodolfo Diéguez, que murió impune, los asesinó horas después en un camino vecinal cerca de Zárate. Fue uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de Inteligencia, asesinato en tiroteo fraguado por policías. Los fusiladores fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos demostró luego que los militantes peronistas fueron torturados con picana y atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y dictó el sobreseimiento provisorio, que el paso del tiempo convirtió en definitivo el mismo día que se sancionó la ley de Obediencia Debida. La pelea de Murray y de los abogados querellantes para revertir la “cosa juzgada” rindió frutos recién el año pasado, cuando Villafuerte Ruzo la declaró nula, decisión que luego confirmó la Cámara de Rosario y que quedó firme por la presentación extemporánea del recurso ante Casación.
Los procesamientos dictados por Villafuerte Ruzo, recusado (sin suerte) por congelar expedientes y por pronunciarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, abarcaron a cinco civiles de Inteligencia: Walter Pagano (condenado en 2010 a prisión perpetua), Juan Andrés Cabrera, Ariel Antonio López, Carlos Antonio Sfulcini y Ariel Porra, quien según Constanzo trasladó a las víctimas hasta el camino donde los ejecutaron. La misma función que los citados PCI cumplía Andrada, ex arquero de Rosario Central y de la Selección argentina de fútbol. Su falta de mérito no es el primer beneficio que le concede Villafuerte Ruzo: antes dictó su exención de prisión y le permitió conservar en su casa un arsenal que incluía pistolas de 9 y 11,25 milímetros, tres fusiles Winchester y una carabina, entre otras armas de guerra. “¿Qué juez, en una causa cualquiera, primero dejaría en libertad a un sospechoso de doble homicidio, y segundo le permitiría conservar en su poder semejante arsenal?”, planteó el camarista Fernando Barbará al analizar la conducta del nicoleño. “La pregunta, naturalmente, es del todo retórica, ya que la respuesta obvia es: ninguno”, escribió, en el fallo de la Cámara de Rosario que finalmente ordenó secuestrar la armería del Gato Andrada.
La falta de mérito del Chuli Rodríguez también asombró a quienes integran la acusación. El entonces capitán era jefe de la Sección Segunda del Destacamento, de la que dependían varios de los PCI procesados, y fue mencionado por El Tucu Constanzo entre los secuestradores. Casi treinta años después es el actual presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, que cada año cruza los Andes con el ex intendente y ahora senador provincial Miguel Lifschitz. El teniente coronel Rodríguez se afeitó el bigote para concurrir a la indagatoria, a la que llegó en un Nissan de vidrios polarizados acompañado por custodios con trajes negros, y no hizo descargo ni ofreció pruebas para defenderse. “No imagino qué gato sacó de la galera” Villafuerte Ruzo para beneficiarlo, confió Murray.
El único procesado libre, beneficio sobre el que debe pronunciarse la Cámara de Casación, es el teniente coronel Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento y superior inmediato de Rodríguez. De su legajo surge una de las pruebas más concluyentes de la actuación criminal del Ejército, aun en 1983, y del esmero en borrar pruebas en democracia. En 1989, disconforme con una calificación que frenaba su ascenso, Muñoz pidió que se consideraran sus “merecimientos” y citó dos “operaciones especiales” que por “razones de contrainteligencia” no había relatado pese a que participó “directa y activamente”. La primera fue en 1983 y “consistió en un despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de elementos subversivos residuales” antes de las elecciones de octubre. Advirtió “el riesgo de ponerse en evidencia” pero cumplió la orden “como corresponde a un soldado”, escribió, y apuntó que un coronel amigo tuvo que realizar otra “operación especial” para que el semanario Siete Días no informara sobre los protagonistas del hecho. La segunda, en 1984, fue “un gran despliegue de efectivos y medios” para “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos para llevar ante los estrados judiciales” a hombres como él, y “cumplió ampliamente con su cometido”, explicó.
El fiscal Murray no dudó al pedir la detención que la operación de 1983 fue el asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi; no sólo porque Muñoz integraba el destacamento de Inteligencia de Rosario, donde se produjeron los secuestros, sino también porque la revista Humor registró el vínculo del caso con la “operación especial” del coronel amigo. Luego de recibir un informe secreto “sobre las alternativas íntimas del caso Cambiaso-Pereyra Rossi”, un cronista y un fotógrafo de Siete Días intentaron hablar con uno de los protagonistas. “Si esto trasciende, les vuelo la editorial. Con amnistía o sin amnistía, en actividad o en retiro, les vuelo la editorial con ustedes adentro”, les advirtió el militar, según relató el periodista Enrique Vázquez en Humor. La operación de guerra de 1984, dedujo Murray, fue el robo de expedientes sobre la represión ilegal de los Tribunales Provinciales de Rosario. Los secuestros y el robo fueron “las dos operaciones más delicadas de toda mi carrera”, confesó Muñoz, no porque enfrente tuviera a un ejército real sino por la “gran repercusión”. “Hubo que poner en juego una real y verdadera vocación de servicio”, destacó el soldado, orgulloso porque el robo de expedientes permitió “llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.

Murió Angela Muruzábal de Westerkamp

“Se fue suavemente, se apagó”

A los 97 años, murió una de las primeras mujeres universitarias, doctora en Química. Tuvo un rol clave en la fundación del CELS. La detención de su hijo Gustavo en 1975, que estuvo más de siete años preso, signó su vida y la de su esposo.

Los restos de Angela Muruzábal de Westerkamp serán trasladados hoy a la Chacarita.

Publicado en PáginaI12.

A los 97 años, luego de una vida dedicada a la ciencia y la investigación y de una intensa militancia para denunciar los crímenes del terrorismo de Estado, murió ayer Angela Muruzábal de Westerkamp. Doctora en Química, docente universitaria, fundadora de la Universidad Tecnológica Nacional, su vida dio un giro radical tras la detención de su hijo Gustavo, que durante siete años y medio peregrinó por las cárceles de la dictadura. A través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y más tarde del Centro de Estudios Legales y Sociales, siempre junto a su esposo José Federico “Pipo” Westerkamp, Angela se ocupó durante años de ayudar a los familiares de presos políticos que la dictadura encerraba bien lejos de sus seres queridos y participó en 1980 de la difusión clandestina del “Informe prohibido” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Creo que muchas mujeres estarán orgullosas, las representó muy bien”, escribió ayer Gustavo. “Se fue esta madrugada suavemente, se apagó”, apuntó en su perfil de Facebook. Angela fue velada en su departamento de calle Juncal hasta ayer al atardecer y luego en una casa velatoria en Córdoba 3677. Hoy a las 9.30 será traslada al cementerio de la Chacarita.

Angela Muruzábal había nacido el 18 de septiembre de 1914 en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, donde vivió su primera infancia. Junto a su familia, numerosa, de origen vasco, se trasladó a Buenos Aires. A los veinte años ingresó a estudiar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Corría 1935 y las mujeres eran minoría en la academia: sobre 45 matriculados, 40 eran varones. En la facultad conoció a quien sería su esposo, Pipo Westerkamp, con quien tuvo tres hijos, incluida una niña que murió a poco de nacer.
En 1940 se recibió de doctora en Química con diploma de honor y medalla de oro, que no recibió por falta de presupuesto, según historió la licenciada María Ferraro en el boletín de la Fundación Síntesis, que homenajeó hace un lustro la trayectoria de Muruzábal. Una vez recibida comenzó a ejercer la docencia en la Universidad de Buenos Aires y en el exterior, en las universidades de Columbia y de Nueva York. Durante sus años en los Estados Unidos conoció a Albert Einstein, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, New Jersey. En nuestro país trabajó con los médicos Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA. En 1955, luego de quince años como docente de la UBA, participó de la fundación de la Universidad Tecnológica Nacional, donde se desempeñó hasta 1978.
Su vida dio un giro el 21 de octubre de 1975, cuando Gustavo fue secuestrado tras la revisación médica para el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Patricios. Angela sabía de la militancia de su hijo, incluso lo había acompañado al funeral de un amigo muerto en un enfrentamiento con militares. Westerkamp hijo fue torturado durante dos días en la Superintendencia de Seguridad Federal y luego comenzó a peregrinar por las cárceles de Villa Devoto, Sierra Chica, La Plata y Rawson, siempre a disposición del Poder Ejecutivo, pero sin cargo ni proceso. “Siete años y medio preso sin condena. Estos no se animaban a condenar”, afirmó Westerkamp padre, entrevistado para el archivo oral de Memoria Abierta.
“Angelita estuvo siempre al lado del movimiento de los derechos humanos, muy cerca del CELS en sus primeros tiempos”, recordó ayer Cristina Caiati, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales desde 1980. Recordó su participación en la reproducción y difusión del informe de la CIDH que ingresó al país Emilio Mignone, fundador del CELS, y que junto a un grupo de Madres de Plaza de Mayo hicieron llegar a políticos, periodistas, jueces y dirigentes. “También hizo un trabajo muy importante en 1981, cuando metieron presos a todos los miembros de la comisión directiva. Llamó a todo el mundo en Estados Unidos. Se movió mucho para que recuperaran la libertad”, apuntó. Caiati destacó en particular la relación que Muruzábal tejió con Tex Harris, un diplomático norteamericano que recibió a centenares de familiares de desaparecidos y que tendría un rol clave en la fundación del CELS. “Trabajó muchísimo para generar interés internacional sobre lo que pasaba en el país. Fue una mujer muy solidaria con todos los familiares y las víctimas”, recordó.
“Mi madre tuvo un ACV que le dejó paralizado todo el lado izquierdo del cuerpo (...) Los médicos no han dado un pronóstico favorable sino lo contrario. Angela pone todo de sí para salir adelante, pero parece que no puede”, escribió Gustavo el jueves. “Angela pone todo de sí para salir adelante pero parece que no puede. Nosotros tratamos de hacerle lo más suave posible este trance, pero parece que se va a ir apagando lentamente”, anunció. El desenlace se produjo el jueves a las siete de la mañana.

La impunidad de Mercedes Benz y la boina del Che

Por Diego Martínez

Mientras la causa por la desaparición de activistas de Mercedes Benz Argentina (MBA) continúa paralizada y los abogados de la automotriz dilatan con éxito el juicio civil ante un tribunal de California, la firma que tiene en su haber catorce delegados desaparecidos desató la ira de los cubanos de Miami al utilizar la imagen de Ernesto Guevara para identificar a sus autos con la revolución. "Nunca más voy a comprar un Mercedes y le estoy diciendo a mis amigos lo mismo", se ofuscó Félix Rodríguez, un cubano contratado por la CIA para capturar al Che en Bolivia, luego de ver el ícono de la marca en reemplazo de la estrella roja de la boina del guerrillero. "Es vergonzoso que una empresa que creció durante el nazi fascismo ahora utilice la imagen de un revolucionario latinoamericano", opinó la periodista Gabriela Weber, que investigó la complicidad de Mercedes Benz con el terrorismo de Estado e impulsa la causa en los Estados Unidos. "Es una forma de intentar blanquearse", de "mostrar que no son reaccionarios", sostiene Julio D'Alessando, ex trabajador que debió exiliarse durante la dictadura y que integra la Asociación de ex Trabajadores y Familiares de Desaparecidos de MBA.

"Varios de los delegados desaparecidos de Mercedes Benz fueron vistos en Campo de Mayo o en centros clandestinos de Zona Oeste", apunta Pablo Llonto, abogado del sobreviviente Héctor Ratto, secuestrado dentro de la propia empresa. La causa está radicada desde 2002 en el juzgado federal 2 de San Martín y no avanzó durante la década que estuvo en poder de los jueces Martín Suárez Araujo y Juan Manuel Yalj. Desde el mes pasado está en manos de la subrogante Alicia Vence. Los querellantes le presentaron un escrito para recordar que siguen pendientes de respuesta los pedidos de indagatoria para los jefes de Campo de Mayo. Las solicitudes de investigación incluyen al directorio de MBA, en particular al ex gerente Juan Rolando Tasselkraut, quien en presencia de Ratto entregó la dirección de un obrero que horas después desapareció para siempre. También abarca al entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf y al secretario general de Smata, José Rodríguez, acusados de gestionar la "eliminación" de "elementos subversivos".

"La causa está dormida por voluntad política", afirmó Weber, quien volcó su investigación en el documental Milagros no hay. "Cristina (Fernández de Kirchner) festejó el aniversario en Mercedes Benz y ni siquiera mencionó a los obreros desaparecidos", destacó, en referencia al acto por los 60 años de MBA en el país, el 6 de septiembre pasado, en el que la presidenta pidió que "tengamos memoria" pero no en referencia a los desaparecidos de la firma anfitriona sino para entender "cómo terminamos como terminamos en 2001".

El juicio ante la Corte de Apelaciones de San Francisco, iniciado en base a una ley que permite demandar a corporaciones asentadas en los Estados Unidos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, debía comenzar en diciembre pero se suspendió por un recurso que presentó Mercedes Benz a último momento.

El episodio que ofuscó a los exiliados cubanos ocurrió el martes durante una feria de consumidores en Las Vegas. Dieter Zetsche, directivo de Mercedes Benz, apareció orondo con un afiche gigante a sus espaldas con la imagen del Che retocada: en lugar de la cruz roja, el símbolo de la marca alemana. Zetsche pretendió usar la presentación para describir una nueva campaña que tituló Car Together, para exhortar a los choferes de autos de lujo a compartir los viajes con el fin de reducir las emisiones de gases y el congestionamiento de tránsito, informó ayer El Nuevo Herald. "Algunos colegas piensan que compartir el coche bordea el comunismo", bromeó. "Si ese es el caso, ¡viva la revolución!", celebró su ocurrencia y desató la reacción de los cubanos exiliados.

"No saben quién fue el Che Guevara. Fue un criminal", escribió Rodríguez en el sitio web de la marca. Apuntó que tuvo tres Mercedes pero "nunca más voy a comprar otro". La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen escribió que "el Che era un cobarde corrupto y sediento de sangre" y que Mercedes Benz debería "avergonzarse". "No entiendo cómo una compañía que vende carros de lujo pueda usar una figura de alguien que predicó la lucha de clases", se indignó Ninoska Pérez Castellón, miembro del directorio del Consejo por la Libertad de Cuba.

Daimler AG, que controla Mercedes Benz, difundió el jueves un comunicado para disculparse. "El doctor Zetsche se refirió a la revolución de la automovilidad debido a nuevas tecnologías, en particular aquellas asociadas con la conectividad", intentó aclarar. "Para ilustrar el punto, la compañía brevemente empleó una foto del revolucionario Che Guevara (una de muchas imágenes y videos en la presentación)", agregó. "Daimlier no respalda la vida o acciones de esta figura histórica o la filosofía política que promovía”, tomó distancia. “Nos disculpamos sinceramente con aquellos que se sintieron ofendidos", concluyó.

"Pienso que es una forma de intentar blanquearse", considera D'Alessando, un trabajador que debió exiliarse en Brasil durante la dictadura. "Ellos participaron del genocidio con gente del servicio de inteligencia del Batallón 601 y ahora presentan estas cosas como para mostrar que no son reaccionarios", agrega. "Creo que la movida es esa, con más razón ahora que se está haciendo un juicio en los Estados Unidos. No tiene nada que ver con la ideología, sólo hacen negocios".

El turno de los jueces chilenos

Un juez chileno solicitó al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputan al ex camarista destituido por participar en delitos de lesa humanidad. El magistrado también requirió informes sobre el pedido de refugio presentado por Romano.

El ex camarista mendocino Otilio Romano ya nombró un abogado en Chile.

Publicado en PáginaI12.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Adalis Oyarzún, le solicitó al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputan al ex camarista mendocino Otilio Romano, destituido por el Consejo de la Magistratura por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, por los que ya tiene procesamiento firme. El magistrado también le pidió al Ministerio del Interior de su país que le informe en qué estado se encuentra el trámite por el pedido de refugio político presentado por el ex hombre fuerte del Poder Judicial de Mendoza en agosto pasado, luego de huir en avión a Chile justo cuando el Consejo se aprestaba a suspenderlo y dejarlo sin fueros.

Romano fue durante años un pilar fundamental para obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad en las tres provincias de Cuyo, donde siguió actuando como juez incluso después de haber sido procesado. Esa particular situación fue posible gracias a una medida cautelar que le concedió un juez ad hoc y que permitió demorar durante casi un año el avance del proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. El 24 de agosto, un día antes de la sesión que terminaría con su suspensión como magistrado, Romano se tomó un vuelo de LAN rumbo a Chile, donde pidió asilo político, un beneficio que no incluye a imputados por delitos de lesa humanidad pero que le permite ganar tiempo hasta que el Estado chileno analice el caso y se pronuncie.
Una de las últimas señales de vida de Romano fue a principios de diciembre, cuando a través de un abogado presentó una carta ante la misma Cámara Federal de Mendoza para decir que se consideraba despedido, ya que el Consejo de la Magistratura le suspendió el pago de haberes (estimado en 40 mil pesos mensuales por tratarse de un camarista) al considerar que huir del país para no enfrentar un proceso judicial es “incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas de un juez federal”.
El 15 de diciembre, luego de un proceso en ausencia en el que varios sobrevivientes del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza testimoniaron sobre la pasividad de Romano ante las denuncias por secuestros, torturas y violaciones, el Consejo, con voto unánime, lo separó del cargo por haber omitido en forma sistemática denunciar e investigar graves violaciones a los derechos humanos mientras se desempeñó como fiscal federal y juez subrogante, a partir de fines de 1975. “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Irineo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, concluyó el jury.
“Ya lo vamos a traer, lo va a traer la Justicia”, declaró un día después la presidenta Cristina Fernández en Mendoza. “El Gobierno, como corresponde, va a pedir la extradición al gobierno de Chile”, agregó. Al mismo tiempo, el juez federal Walter Bento activó la orden de detención pedida por los abogados de los organismos de derechos humanos y por el fiscal general Omar Palermo, hasta entonces supeditada a la destitución.
En los últimos días de diciembre, Bento envió a la Cancillería un extenso formulario que, vía Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, debía llegar al máximo tribunal trasandino. El nombre completo de Otilio Roque Irineo Romano, mientras tanto, figura con foto y demás datos personales en un listado de las 315 personas más buscadas por Interpol junto con narcotraficantes y terroristas.
El estado de los trámites sobre Romano fue publicado por el diario trasandino El Mercurio, donde también se informó que la defensa del ex juez en Chile está a cargo de Claudio Feller Schleyer, profesor y director del departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de ese país y abogado especializado en temas criminales y delitos de carácter económico. Las gestiones de su abogado chileno sugieren que resistirá desde el otro lado de la cordillera, sin volver a huir a un tercer país. La decisión de detenerlo y extraditarlo está ahora en manos de la Corte Suprema de Chile. Si decide avanzar, la última palabra la tendrá el presidente Sebastián Piñera.