Los 35 años de Abuelas y los desafios según Manuel

Por Diego Martínez

“Me siento a le mesa, las escucho, las veo moverse, pienso en todo lo que hicieron y en que dentro de cien años la historia va a seguir hablando de ellas y me sigo conmoviendo”. El hombre de voz cálida y hablar pausado que se conmueve es Manuel Gonçalvez Granada, el primer nieto recuperado que integra la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. “Soy el único con un cargo pero somos varios lo que ayudamos. Antes nos invitaban, ahora organizamos”, cuenta con orgullo, y habla de “acompañamiento generacional que algún día será recambio”. El pibe que recuperó su identidad en 1997, que ya logró la condena del asesino de su padre y acaba de declarar en el juicio a los acusados de matar a su madre, habla con PáginaI12 sobre el valor de la verdad, el crecimiento de la conciencia sobre lo que significa recuperar la identidad, el acompañamiento imprescindible del Estado y el desafío de hacer llegar el mensaje de Abuelas a los bisnietos, para que interpelen a sus padres apropiados y no deban criarse con la identidad falsa que les impone también a ellos el terrorismo de Estado.

--¿Recuerda la primera vez que escuchó hablar de Abuelas?

--Debe haber sido a principios de los '90, no tengo un recuerdo preciso. A mí me ubicaron en 1995 y el examen positivo fue en 1997 así que debe haber sido en los años previos. En esa década Abuelas no tenía una gran capacidad de difusión, no tenía las herramientas actuales y el acceso a medios de difusión masivos, así que mi referencia era muy poquita.

--¿Cómo fue la relación una vez que supo su historia?

--Después de que conocí a mi abuela y a mis hermanos empecé a ir a Abuelas. Era una necesidad mía, era el lugar donde sentía que entendían lo que me estaba pasando. Recuerdo un lugar pequeño, la sede histórica de calle Corrientes. Era todo muy extraño porque nunca había sentido esa cercanía con gente que no conocía. Sin embargo fue inmediato, no sólo con las abuelas sino con quienes trabajaban ahí: todos conocían exactamente lo que me estaba pasando, mi historia. No hace falta que te digan nada, sabés que ellos saben y eso no lo encontrás en otro lado. Desde ese momento hasta hoy siempre fue muy especial ir a la casa de Abuelas. Hoy me siento a le mesa con ellas, las escucho, las veo moverse, pienso en todo lo que hicieron y en que dentro de cien años la historia va a seguir hablando de ellas y me sigo conmoviendo.

--Es el primer nieto recuperado que integra la comisión directiva de Abuelas. ¿Qué significa ocupar ese lugar?

--Es una situación muy linda que hayan decidido incorporar a un nieto. Me tocó a mí, obviamente es un mimo enorme y a la vez es una responsabilidad que nos están planteando. El recambio generacional tiene que ver con una lucha que se extendió en el tiempo y después de 35 años necesitan que los nietos las ayudemos, las acompañemos, aprendamos de ellas. Que hayan elegido a uno para estar formalmente dentro del estatuto de Abuelas no sé en qué palabras ponerlo: me da mucho orgullo que lo hayan decidido, que me hayan convocado para una tarea que en realidad no cambia la práctica ya que siempre estuve cerca e hice todo lo que estuvo a mi alcance. La decisión de que un nieto esté en la comisión directiva, aunque me resulta incómodo decirlo porque soy yo, me parece una decisión sabia, por la necesidad que plantearon de un acompañamiento generacional, que en algún momento será un recambio ya que nos queda mucho por recorrer, faltan casi 400 nietos, así que tiene mucho sentido que quienes recuperamos la identidad podamos acompañarlas.

--¿Cómo es estar en la cocina de Abuelas, como son las reuniones de comisión directiva? ¿Lo dejan hablar?

--Sí (sonríe), igual no soy el único nieto que participa de las reuniones. Participan otros y muchos no se acercan por temas laborales o de distancia pero el que puede siempre está, todos sentados a la mesa y participando, transmitiendo novedades o cosas por hacer. Es una interacción que la grandeza de las abuelas permite que sea de igual a igual. Eso lo valoramos mucho porque en definitiva quienes pasan a la historia son ellas, y que nos permitan sentarnos, opinar, proponer y debatir habla de un entendimiento sobre la necesidad de que nos formemos, aprendamos y de que esta lucha continúa.

--Abuelas es noticia cada vez que identifican nietos o nietas pero también hay exámenes de ADN que dan negativo o abuelas que mueren sin haber encontrado a sus nietos. ¿Cómo se sobrellevan esos golpes?

--Es muy doloroso cada vez que se pierde una abuela, sobre todo cuando lucharon tanto y no llegaron a encontrar a su nieto o nieta. La situación de los resultados negativos no se plantea a diario porque son miles los análisis que se han hecho, todo el tiempo se derivan casos al banco de datos genéticos del Hospital Durán y, salvo algún caso puntual que se relacione con tal o cual historia, no hay una vivencia directa de cada análisis. Recién cuando dan positivo se empiezan a entrecruzar situaciones.

--¿Cuáles son los desafíos actuales de Abuelas? El objetivo es claro pero qué más se plantean hacer para alcanzarlo.

--Creo que lo logrado a nivel comunicación es lo que permitió que la lucha de Abuelas no sea solitaria como al comienzo sino que gran parte de la sociedad está atenta y recibamos todo el tiempo gente que quiere colaborar o denunciar. El crecimiento de la conciencia de lo que significar recuperar la identidad es uno de los desafíos a sostener: seguir incorporando a la sociedad a esta lucha, ya que los nietos pueden ser vecinos, parejas, amigos, están entre nosotros. Obviamente que el crecimiento de la difusión en los últimos años está atado a una decisión política y la cantidad de chicos que se acercaron buscando su identidad no hubiera sido posible sólo con la voluntad de Abuelas; fue también por la responsabilidad de un Estado que decidió participar a nivel comunicacional. A futuro hay que sostener eso y seguir incorporando elementos para la búsqueda. Abuelas empezó buscando bebés, después niños, adolescentes y hoy adultos, que en muchos casos son papás o mamás. En este momento estamos empezando a trabajar para que el mensaje de la búsqueda sea comprendido por la generación de los bisnietos, nacidos en muchos casos en 2000, como mi hija. Si no me hubiesen encontrado ella tendría hoy una identidad falsa. El daño de la dictadura se sigue produciendo sobre esos niños que viven con una identidad que no es suya. Por eso trabajamos con escritores de cuentos de niños, con Paka Paka, elaborando contenidos que sirvan de disparador para que su mamá o su papá se animen a buscar y se den cuenta de que no hacerlo es también transmitir la incomodidad que sienten a sus hijos. Al mismo tiempo tratamos de que el aporte sea colectivo y superador, ya que el objetivo no es sólo encontrar a los nietos sino que la generación de los bisnietos crezca entendiendo y valorando el sentido de la identidad.

--¿Cuál es la principal enseñanza que le dejaron estos años en Abuelas?

--Las abuelas me enseñaron el valor de la verdad, lo necesaria que es la verdad vinculada al origen de la persona. A partir de ahí todo lo que venga estará condimentado con algo sano, porque nosotros hemos crecido con una historia y una identidad que no eran nuestras y entonces todo lo que se construyó en esa vida casi que no corresponde. Ese pasado es parte de nuestra vida pero a partir de que nos encuentran es difícil acomodarlo, me cuesta mirar esos años que viví con otra identidad, construyendo una vida que nunca debió haber pasado, y cuando lo hago veo a otra persona, es extraño. Hoy lo veo desde el lugar de la verdad. Por eso destaco el valor de la verdad. A partir de ahí construís una vida mucho más sana, porque cada uno decide qué hacer, cómo recuperar su nombre. Es como volver a empezar.

--Recuperó la identidad en 1995, lleva casi la mitad de su vida luchando por verdad y justicia...

--Sí, todavía viví más años con la identidad impuesta por la dictadura que con la mía.

--La pregunta era ¿Cómo imagina esta lucha dentro de diez o veinte años?

--Espero que para ese tiempo hayamos encontrado a todos los nietos, pero bueno, lo que imagino es una situación en la que vamos a sostener las banderas que han ganado las abuelas. Vamos a sostener la misma lucha de las Abuelas aunque obviamente no las vamos a poder reemplazar. Quedará en nosotros la responsabilidad y la capacidad de sostener a Abuelas sin las abuelas. Está claro que hay una relación directa por haber recuperado la identidad pero que no somos las abuelas, por eso deberemos armarnos de fuerza y de las herramientas que sepamos construir. El gran camino lo han hecho ellas y el objetivo está claro, nosotros tenemos que sostenerlo. El desafío es mantener lo logrado.

Murió Saint Jean

Por Diego Martínez

En una cama del Hospital Militar, atendido por sus médicos y rodeado por sus seres queridos, murió a los 90 años el general retirado Ibérico Manuel Saint Jean, interventor de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura y uno de los dos hombres a quienes rendía cuentas Ramón Camps, jefe de policía y del mayor circuito de centros clandestinos de exterminio del país. Saint Jean fue procesado y era juzgado desde hace un año por el Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata por 61 secuestros y torturas, por el homicidio de Jorge Rubinstein –apoderado del Grupo Graiver– y por haber implementado un plan criminal y clandestino que incluía torturas y asesinatos con la excusa de “combatir a la subversión”.

“Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a los tímidos”, prometió en 1977 durante una cena de camaradería. No era un eufemismo sino una práctica concreta que los subordinados de Camps aplicaban en lugares que ellos mismos llamaban pozos: Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, Pozo de Arana. Saint Jean supo jactarse mientras regían las leyes de impunidad de haber hecho desaparecer “cinco mil subversivos”, pero se llamó a silencio cuando lo citó la Justicia: en 2007, en los Juicios por la Verdad, luego como imputado. Esos pozos sobre los que prefirió no hablar amparándose en las garantías que lo protegieron hasta su último día fueron la última escala previa a la muerte de miles de desaparecidos que terminaron enterrados en fosas comunes y que continúa identificando el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“El Primer Cuerpo de Ejército, que encabezó en la provincia la lucha contra el terrorismo y no dependía del gobernador (sic), era comandado por el general Carlos Guillermo Suárez Mason”, pretendió ayer el diario La Nación, férreo aliado de Saint Jean en su lucha por la impunidad mientras vivió y en lavar su imagen apenas muerto. Fue el propio Camps quien no ocultó el conocimiento y la complicidad de Saint Jean. “Había dos superiores a quienes rendir cuentas: el gobernador, por ser la autoridad natural de la policía, y el comandante del Primer Cuerpo de Ejército”, escribió en El caso Timerman, como tituló su libro.
Nacido en 1922, Saint Jean egresó del Colegio Militar a fines de 1943, fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y cumplió funciones en el Estado Mayor del Ejército. Estudió abogacía en la Universidad Nacional del Litoral y pasó a retiro en febrero de 1973. Después del golpe de Estado, la junta militar lo nombró interventor en la provincia: ocupó el cargo entre el 8 de abril de 1976 y el 28 de marzo de 1981. El voto “sirve para imponer la dictadura de la mayoría”, dijo en 1980 en el Rotary Club de Mar del Plata. “Puede ser mucho peor cuando los tiranos son muchos que cuando es uno solo”, teorizó. En 1982, mientras su hermano Alfredo Oscar era ministro del Interior del dictador Galtieri, justificó la guerra de Malvinas y opinó que el balance era “altamente positivo, más allá del dolor de la derrota”. En 1985 visitó a su amigo Camps, preso en La Tablada, y al año siguiente sus hijos abogados defendieron al ex chofer de su jefe de policía, Norberto Cozzani. Ambos terminaron condenados en el segundo y último juicio a represores antes de las leyes de impunidad. Saint Jean, en cambio, salió ileso de esa primera etapa de justicia post-dictadura.
“No voy a declarar. No tengo nada para aportar e ignoro lo acontecido”, se limitó a decir en 2007 ante la Cámara Federal de La Plata que lo citó al Juicio por la Verdad por los secuestros de la familia Bettini. María del Carmen Frencese de Bettini se había enterado por gestiones de un sacerdote ante Saint Jean que su esposo, desaparecido, había sido asesinado. En mayo de 2008, el juez Arnaldo Corazza lo procesó por el secuestro y las torturas al periodista Jacobo Timerman y le concedió el arresto domiciliario. La causa la inició el abogado Alejo Ramos Padilla, quien destacó que Saint Jean había aportado un equipo de funcionarios para colaborar en “la investigación y los interrogatorios” de Timerman, según consignó Camps.
Saint Jean fue procesado por la Cámara Federal por 61 privaciones ilegales de la libertad y tormentos. El 8 de septiembre de 2011 se sentó por primera vez en el banquillo frente al TOF–N0 1 de La Plata y una vez más se negó a declarar. Su última batalla, que encabezaron su hijo Ricardo y el abogado Sebastián Olmedo Barrio, fue para ser declarado incapaz y excluido del proceso. Pese a la “actitud de obstrucción” y el “auxilio antiético” del Cuerpo Médico Forense con la “maniobra de simulación” de los abogados, los jueces Carlos Rozansky, Roberto Falcone y Mario Portela concluyeron que “la incapacidad sobreviviente sólo constituye una pretensión de la defensa” y denunciaron a los peritos oficiales, que interrumpían a Saint Jean para callarlo cada vez que empezaba a explayarse con lucidez. A principios de septiembre fue enviado al hospital de la cárcel de Ezeiza y tres semanas después al Hospital Militar. El 17, los jueces fueron a indagarlo por el homicidio de Rubinstein. “Me pusieron de gobernador para perseguir el tráfico de drogas”, fue lo único que dijo, acompañado por su esposa y dos de sus cinco hijos (uno es el fiscal porteño Marcelo Saint Jean). La semana pasada, la Cámara de Casación ordenó concederle el arresto domiciliario. Fue el último beneficio que el Estado de Derecho le concedió al general que se ufanó de matar tímidos e indiferentes.

Batallón 601: Somoza y Baca condenados, Cirino absuelto

Por Diego Martínez

Dos agentes civiles del Batallón de Inteligencia 601 fueron condenados a diez años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en 1980 en el marco de la contraofensiva de Montoneros contra la dictadura. La sentencia del juez Ariel Lijo recayó sobre Carlos Eduardo Somoza y Jorge Oscar Baca, que sirvieron al terrorismo de Estado con los seudónimos César Ernesto Segal y Juan Omar Boyé. El juez absolvió a Julio Alberto Cirino (fotos), alias Jorge Abel Contreras, ex miembro de un grupo operativo del 601. Si bien un documento desclasificado del Departamento de Estado prueba que se ufanó ante diplomáticos norteamericanos de visitar centros clandestinos e incluso contó que muchos inocentes fueron sacrificados para que hombres como él no puedan ser identificados, Cirino seguirá libre e impune porque la entrevista en la embajada de Estados Unidos que prueba su responsabilidad penal fue en 1979 y se lo juzgó por delitos de 1980.

El Batallón 601 fue “un núcleo central en cuanto a operaciones de Inteligencia a lo largo y ancho del país”, afirmó Lijo. Sus agentes actuaron “desde la absoluta clandestinidad al amparo del poder estatal” y se encargaron de la “supresión de documentos, registros y pruebas”, tarea que les permite seguir impunes aun cuando sus legajos son de acceso público. La prueba central contra los dos condenados es el testimonio de Silvia Tolchinsky, secuestrada el 9 de septiembre de 1980 en Mendoza y trasladada a Campo de Mayo, donde estuvo en cautiverio durante dos años.
Baca, El Negro Boyé, ingresó como personal civil de Inteligencia (PCI) al Ejército en 1976 y dos años después comenzó a recibir bonificaciones por “tareas riesgosas”. “Colaboró activamente para que Tolchinsky fuera privada de la libertad ilegítimamente y recibiera todo tipo de tratos humillantes y vejatorios”, sostuvo Lijo. Baca fue a Cuyo a buscar a la secuestrada, la trasladó el 11 de septiembre y participó de los interrogatorios. Somoza, fotointérprete en los papeles, era un interrogador robusto y encorvado a quien Tolchinsky mencionó como Fito o Segal. Un ex miembro del 601 declaró ante Conadep que Segal era El Gordo 2, uno de los “IPG, interrogadores de prisiones de guerra”. Como Fito, lo denunció también el sobreviviente Juan Carlos Scarpatti.

La placa que disgustó al brigadier

En el Centro Educativo de las Fuerzas Armadas fue tapada una placa que recordaba que militares franceses instruyeron a oficiales argentinos en el uso de torturas y secuestros. Puricelli le envió a Chevalier un informe de Derechos Humanos sobre la Escuela Francesa.

Por Diego Martínez

“Injuriosa e insultante placa”, consideró una revista militar.

El brigadier general Jorge Alberto Chevalier profundiza en estos días sus conocimientos acerca del rol de los instructores franceses en la formación recibida por militares argentinos sobre la tortura como método para arrancar información o los asesinatos clandestinos para borrar huellas. A más de medio siglo de las primeras conferencias sobre la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria en la Escuela Superior de Guerra, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas objetó el contenido de una placa instalada en el hall de entrada del flamante Centro Educativo de las Fuerzas Armadas (CEFA) para recordar que cientos de oficiales argentinos se formaron en esas aulas en las “prácticas genocidas” que aplicaron durante la última dictadura. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, le dejó pasar a su subordinado que cubriera la placa con un paño negro y después con un bronce, pero encomendó a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario un informe sobre la “Escuela Francesa” y luego se lo entregó a Chevalier, quien ahora debe decidir entre fundamentar su objeción por escrito o limitarse a descubrir la placa en silencio.

La periodista Marie-Monique Robin, autora del libro y del documental Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa, publicó que ya en 1957 los coroneles Patrice de Naurois y Pierre Badie fueron reclutados por el Estado Mayor para difundir la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Dos años después, el general Robert Bentresque se instaló en Buenos Aires para trabajar como docente en la ESG de avenida Luis María Campos. “Traté de explicarles esta guerra subversiva, esta guerra desde abajo, diciéndoles que el enemigo a veces puede ser ese muchacho con el que tomamos whisky”, recordó ante Robin. El libro incluye fotos de militares franceses con el dictador Pedro Eugenio Aramburu en Casa Rosada en tiempos de la batalla de Argel, que durante años se presentó como modelo a imitar en la “lucha antisubversiva”, o del cardenal Antonio Caggiano inaugurando junto al presidente Arturo Frondizi un curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria. La influencia de la Escuela Francesa sobre los militares argentinos consta en publicaciones oficiales, fue mencionada por periodistas y académicos, y admitida en entrevistas filmadas con Robin por iconos del terrorismo estatal del Cono Sur, como los generales Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy, o el ex jefe de la DINA chilena Manuel Contreras.
La idea de recordar el rol de los militares franceses sobre sus pares argentinos, a quienes enseñaron la división del territorio en zonas y áreas o la reeducación de prisioneros para usarlos como agentes propios, surgió de funcionarios de Defensa durante una recorrida por la ESG, donde se imponen las placas de los Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (Famus). “En la parte antigua del edificio hay placas de distintas etapas de la historia. En el marco de la política del gobierno sobre la memoria, de no sacar cosas de las paredes salvo que sean delictivas, de no borrar la historia sino contarla toda, surgió la idea de mencionar a la Escuela Francesa”, explicó a Página/12 el profesor Carlos Pérez Razzetti, subsecretario de Formación del Ministerio de Defensa. La tarea fue encargada a la Dirección de Derechos Humanos, a cargo de Stella Segado.
“En este lugar funcionó la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino”, recuerda la placa, que se instaló en silencio a principios de junio. “Las aulas de este edificio fueron testigos de la formación impartida a los oficiales jefe y oficiales superiores del Ejército en las técnicas de la denominada ‘Escuela Francesa’, en las que el secuestro, la tortura y la desaparición conformaron la columna vertebral de las prácticas genocidas amparadas en la doctrina de la ‘Seguridad Nacional’ impuesta por el terrorismo de Estado que sufrió la Argentina durante la última dictadura cívico-militar, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”, explica.
El CEFA, para el que el Estado construyó un nuevo edificio detrás de la ESG, se inauguró el 6 de junio. “Tiene como origen el aprendizaje obtenido en la Guerra de Malvinas y quiere simbolizar una nueva operativa de las fuerzas”, explicó la presidenta Cristina Fernández, que encabezó ese día el acto de ascenso post mortem del teniente de fragata Jorge Alberto Devoto, desaparecido del edificio Libertad en 1977, cuando fue a averiguar el paradero de su suegro. Después del acto, Puricelli se trasladó a Luis María Campos 480 y recorrió los edificios del CEFA, que depende del Estado Mayor Conjunto, a cargo de Chevalier. El contenido de la placa, que ya estaba instalada, no se difundió oficialmente.
“Injuriosa e insultante placa”, renegó días después la revista Tiempo Militar. Sus seguidores cuestionaron la hombría de Chevalier y uno propuso “romper la placa a mazazos”. El coronel retirado Jorge Augusto Cardoso, que en 1976 fue comisionado al Tercer Cuerpo de Ejército, más precisamente a la policía de Córdoba, la consideró “un infame e injustificado agravio” y reclamó desde una carta de lectores que se fundamente su contenido o se exija un desagravio a sus autores. Cardoso informa en su blog que se dedica “a la cátedra universitaria, la capacitación docente y empresarial”, admite que es “sustantivamente un soldado” y nada dice sobre su actuación durante la dictadura.
En ese contexto, con Puricelli de viaje por China, fue que alguien cubrió con un paño negro la placa en el CEFA. En la práctica nadie se hizo cargo de la decisión. “La orden de descubrir la placa y la orden de taparla se dieron desde Defensa. Fue una orden verbal que recibió el director del CEFA, contraalmirante (José María) Martín, y el motivo habría que preguntárselo a Defensa, no hay documentación respaldatoria”, dijo un vocero del EMGC ante la consulta de Página/12.
Desde Defensa aseguran que nadie ordenó taparla. “El Estado Mayor Conjunto le planteó al ministro dudas sobre los hechos históricos que se mencionaban”, explica Pérez Razzetti. “‘Hay gente que dice que no fue así, que esos instructores no estuvieron en la ESG’, le dijeron. El ministro pudo haber dicho ‘es una orden y basta’, pero en lugar de imponer su autoridad prefirió que se imponga la autoridad de la historia, pidió que se haga una investigación y que se le envíe a Chevalier. Me parece una manera respetuosa de trabajar en conjunto”, destacó el subsecretario de Formación. El informe lo armó la Dirección de Derechos Humanos e incluye programas de estudio y bibliografía sobre la doctrina que los franceses aplicaron en Indochina y Argel y los argentinos en su territorio. El próximo paso corresponde al brigadier Chevalier.

“Sonrió y era la sonrisa de mi hermano”

Antes de que su sobrino fuera identificado este mes, los hermanos Gaona Paiva lo habían visto sólo una vez: ese mismo día de 1978 fue secuestrado con sus padres. Aquí describen la búsqueda y el reencuentro: “Nos dimos un abrazo fuerte, fue terrible, lindo, todo junto”.

Por Diego Martínez

Rigoberto Gaona Paiva, Gilberto y su hija Noelia.

Los hermanos Gaona Paiva, seis varones y una mujer, se vieron por última vez el 14 de mayo de 1978. Fue en casa de los viejos, en Villa Celina, para celebrar el aniversario de la independencia de Paraguay y conocer a Pablo Javier, el primer sobrino. El bebé de un mes y un día pasó por todos los brazos y a la tarde partió con sus padres rumbo a Capital. Pero nunca llegaron a destino: el Estado terrorista borró de la tierra a Ricardo, Petí para los íntimos, y a su mujer, María Rosa Miranda, Mery, militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Los hermanos de Petí, futboleros de alma, buscaron a Pablo en potreros y estadios. Julio César “Chicho” Gaona, que en los ’80 llegó a jugar en Boca y en la selección juvenil, quiso hacer pública la historia, pero los hermanos lo frenaron: “Te van a limpiar, todo a su tiempo”. En 2001 dejaron muestras de ADN en el banco de datos genéticos de Abuelas de Plaza de Mayo. El 1º de agosto, Rigoberto y Oscar fueron convocados a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). “Yo venía en el aire, como en las películas –cuenta Rigoberto–. Nos sentamos a esperar y, cuando salió, así (saca pecho), era la foto de mi hermano, no hacía falta ni ADN. Nos dimos un abrazo fuerte, nos quebramos un cachito. Fue terrible, lindo, todo junto.”

–¿Cuándo vinieron de Paraguay?–En 1959 vino papá a buscar ubicación. Después vino mi mamá con mi hermana y Oscar recién nacido. Yo vine con Ricardo en 1968, él tenía doce años. Acá nacieron Gilberto y Julio César –responde Rigoberto y asiente Gilberto, a quien acompaña su hija Noelia.
–¿Ricardo militó primero en la JUP?–Sí, en Villa Martelli. El se metía en los barrios humildes y trabajaba, siempre estaba en reuniones, vivía de eso.
–Lo que nosotros vivíamos con el fútbol él lo vivía con la política –apunta Gilberto.–Tal vez ese destino, el fútbol, nos salvó –redondea su hermano.
–¿Cuándo cayó preso?–Poco antes del golpe de Estado. Lo detuvieron con un grupo de compañeros. Estuvieron en una comisaría de Villa Martelli y de ahí lo llevaron a la cárcel de Olmos. Creo que estuvo tres meses. Después salió, conoció a Mery y empezó a militar en el ERP. Hasta que pasó lo que pasó.
–¿Ese 14 de mayo conocieron a Pablo?–Sí, un domingo, día de la Independencia de Paraguay. Nos juntamos toda la familia, mis padres, todos mis hermanos con novias, esposas, y Pablo, tan bebé, tan chiquito... fue la última vez que lo vimos.
–Yo lo alcé una sola vez –agrega Gilberto, serio–. Era el primer bebé, era la noticia, nos juntamos para conocerlo y nunca más lo pudimos ver.
–¿Saben dónde los secuestraron?–No. Sabemos que fue ese día porque no llegaron al edificio donde vivían y donde Petí trabajaba de portero, en Rodríguez Peña. Nunca más una noticia.
–¿Cómo fue la búsqueda?–Al principio no sabía que desaparecía tanta gente. Tomé dimensión cuando vinieron de los derechos humanos –dice Rigoberto, en referencia a la visita de la Comisión Interamericana en 1979–. El primer día nos volvimos porque había mucha gente, el segundo no pudimos ir y el tercero metieron a los extranjeros en un salón a llenar un formulario con datos. Al año recibimos una carta de los Estados Unidos, pero preguntando si sabíamos algo, fue otra decepción. Lo esperamos, lo buscamos en concentraciones, marchamos con la foto cada Día de la Memoria, preguntamos a amigos, en la colectividad cuando supimos que se intercambiaban detenidos en el Plan Cóndor, y en 1984 hicimos la denuncia ante la Conadep.
Gilberto pide la palabra, falta un hecho clave: “Después del 14 de mayo un grupo de tareas vino a levantarnos a la casa de Villa Celina. Fueron dos Falcon, tipo tres de la madrugada. Ellos estaban como de joda, sacando juguetes obscenos adelante nuestro. Nos trajeron a la policía central para hacernos preguntas. Mis padres y hermanos, yo con 18 años, Julio César con 16. Estuvimos 18 horas parados. Recuerdo que escuchaba gemidos y quejidos y pensaba ‘están torturando a mis padres’, una impotencia terrible, no se puede borrar. La abuela de Pablo también fue secuestrada”.
El diálogo transita hacia la entrega de muestras de sangre, la esperanza renovada ante cada nieto recuperado, y llega al 1º de agosto: “Cuando llamaron de Conadi pensé que era un trámite. Estaba en la calle, con el gasolero, soy medio sordo. ¿Puedo ir mañana? ‘No, venga’. Llego a casa y habían llamado a Oscar. ‘Parece que lo encontraron.’ Yo venía en el aire, como en las películas. Nos sentamos a esperar y, cuando salió, así (saca pecho), era la foto de mi hermano, no hacía falta ni ADN. Nos dimos un abrazo fuerte, nos quebramos un cachito. Fue terrible, lindo, todo junto”.
–¿Hablaron?–Poquito. No sabíamos de qué y me dijeron que no pregunte mucho. Después vinimos acá (la sede de Abuelas), nos pasamos el celular y le mandé un solo mensaje para que no se sienta acosado. Es que al segundo día no podía dormir, salía a la calle mal. Se lo puse en un mensajito, y pide tiempo, pero dice que está bien. Tenemos que dejar que se tome su tiempo.
–¿En qué se parece al padre?–La fisonomía, es igual... en un momento le arranqué una sonrisa. Estábamos sentados uno al lado del otro sin saber bien qué decir cuando llama mi señora. “Estoy con mi sobrino, es un muchacho parecido al papá, pero te voy a contar algo: es de River”. Entonces sonrió y era mi hermano, era la sonrisa de Petí.
–¿Cómo recibió la noticia la abuela?–Mamá acaba de cumplir 82 años así que no se lo dijimos de una, la fuimos trabajando. Ahora ya sabe, le afectó y por supuesto lo quiere ver. Somos una familia grande, lo vamos a ir conociendo de a pocos, hasta que él pueda venir a casa. Es difícil saber qué rumbo tomar, para él y para nosotros. Si fuera por mí lo llevo ya, pero hay que pensar que somos unos extraños para él y hay que respetar sus tiempos.
Antes de concluir, Rigoberto quiere “agradecer a los amigos que nunca dejaron de preguntar, a la colectividad paraguaya que no deja de llamar, a los compañeros del Movimiento Evita de Villa Martelli con los que marchamos el Día de la Memoria en Plaza de Mayo, y a las Abuelas, claro, no hace falta decirlo”.

“Piedra basal de la impunidad”

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero había sobreseído a los ex magistrados Arturo Liendo Roca y Santiago David Olmedo de Arzuaga porque las acusaciones en su contra “estaban prescriptas”. Casación consideró que son delitos de lesa humanidad.

Por Diego Martínez

El ex juez David Olmedo de Arzuaga había logrado eludir la Justicia: será investigado por su acción en la dictadura.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó investigar la participación de dos ex magistrados de Santiago del Estero en delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976. Se trata de Arturo Liendo Roca y Santiago David Olmedo de Arzuaga, quienes podrán ejercer el derecho de defensa del que no gozaron las víctimas del ahora condenado Musa Azar, a quien en pleno terrorismo de Estado visitaban en su oficina de la Dirección de Informaciones de la policía provincial, a metros del sótano donde estaban los cautivos torturados que pedían sin suerte ser escuchados. Dos meses después de que el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero los sobreseyera porque los delitos estaban prescriptos, la Sala IV de Casación estableció que se trata de crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos calificaron la actuación de los ex magistrados como “piedra basal de la impunidad” de los represores santiagueños y compararon el rol del Poder Judicial durante la dictadura con “la judicatura de la Alemania nazi”.

Ex presidente del tribunal que juzgó el asesinato de María Soldad Morales en Catamarca, Olmedo de Arzuaga fue fiscal y luego juez federal de Santiago del Estero, antes y durante la dictadura. Liendo Roca fue fiscal y luego juez federal ad hoc. “Literalmente me abalancé (sobre Olmedo de Arzuaga) pidiéndole que me escuchara porque tenía que hacer una denuncia muy grave acerca de las torturas mías y de otras personas que estaban secuestradas en el SIDE durante largo tiempo”, declaró Mercedes Cristina Torres en referencia a la Dirección de Informaciones de Musa Azar. “Me contestó que le pidiera una audiencia por escrito (lo cual) me era imposible”, agregó. Luis Avila contó que durante su detención sufrió varios simulacros de fusilamiento y lo obligaron a firmar una declaración bajo tortura. Luego lo llevaron a declarar ante Liendo Roca.
“Los presos políticos les decían que habían sido torturados o habían sido sumergidos en agua por la policía, ellos les respondían que era mentira y les pedían que firmaran las declaraciones”, recordó en junio ante Página/12 el fiscal federal Fernando Gimena. “Ellos no ingresaron al sótano donde estaba el centro clandestino”, pero sí “iban a las oficinas de Musa Azar, que estaban en el piso de arriba, y de otros policías torturadores”, agregó.
La causa para investigar a los ex magistrados está abierta desde 2004, pero el Poder Judicial santiagueño los sobreseyó en sus distintas instancias. La última negativa a investigar a la propia corporación fue el 2 de junio: el Tribunal Oral Federal integrado por jueces subrogantes admitió las pruebas de no haber investigado las denuncias de los detenidos, pero consideró que los delitos de juez y fiscal no podían calificarse como de lesa humanidad porque habrían sido “aislados” y no sistemáticos.
Apelaron el fallo el fiscal general Gimena y los abogados Julia Aignasse por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Familiares de Detenidos-Desaparecidos y ex presos políticos de Santiago del Estero y el Comité para la Defensa de la Salud de la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh), y Bárbara Llinás Mathieu por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ante Casación mantuvo el recurso el fiscal Raúl Pleé, que denunció la arbitrariedad del fallo y acusó a los ex jueces de encubrimiento, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Casación escuchó a las partes y decidió revertir la decisión del TOF santiagueño. El juez Hornos explicó en su voto que los requisitos de “generalidad” y “sistematicidad” que deben registrarse en el “ataque a una población civil” para que los delitos puedan considerarse “de lesa humanidad” no son características que deba reunir cada conducta individual de quienes participaron de ese ataque. “Sólo el ataque, y no los actos individuales del acusado, debe ser generalizado o sistemático”, citó al Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en el “caso Kunarac”. Los delitos deben haberse cometido “en el curso de un ataque generalizado”, citó el Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda, o “como parte” de ese ataque, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La interpretación del tribunal santiagueño “lleva en última instancia a una reductio ad absurdum”, explica Hornos, ya que bastaría que un agente cuidadoso tomara el recaudo de someter a cada víctima a una vejación distinta para que el ataque no pueda considerarse “sistemático” y por ende los delitos no puedan calificarse como de lesa humanidad. Tras recordar los cargos que ocuparon los acusados, Hornos destacó que las disposiciones de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad se aplican no sólo a los autores directos de delitos de lesa humanidad sino “a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración”. Destacó “similitudes ostensibles” entre el rol de los jueces en la dictadura argentina y “la judicatura de la Alemania nazi”, y apuntó “Caso de los Jueces” que fueron juzgados por crímenes de guerra y contra la humanidad como “parte integral de la política del Reich”.
A partir de los testimonios de la causa, el juez concluyó que “las denegaciones al acceso a la Justicia denunciadas fueron, justamente, piedra basal de la impunidad con la que se movieron los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos”. La omisión de actuar de juez y fiscal “resulta paradigmático de lo que constituye aquiescencia de las autoridades en la comisión de crímenes contra la humanidad”, agregó, y destacó “el trato directo y sostenido que, en ejercicio de sus funciones, presuntamente mantenían Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga con Musa Azar, Miguel Tomás Garbi y Ramiro del Valle López Veloso, condenados por sus crímenes dos años atrás.
Gemignani y Borinsky adhirieron al voto de Hornos. El primero resaltó que los ex magistrados “ostentaban importantísimos cargos dentro de la estructura judicial que sirvió de engranaje fundamental en la organización que llevó adelante el plan sistemático” de represión ilegal, y que “con sus omisiones permitieron la impunidad de los hechos que las víctimas denunciaban”. Los aportes de ambos fueron “condición indispensable para la perpetración” de secuestros y torturas, concluyó Gemignani.

Venezuela extradita al represor Carril Baggio

Por Diego Martínez

En La Polaca fueron secuestrados y torturados los militantes que cruzaban la frontera por Uruguayana.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela resolvió el jueves extraditar al militar argentino Fernando Jorge Carril Baggio, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres. Los jueces del alto tribunal rechazaron el manotazo de ahogado del represor, que vivía en Venezuela desde 1986 y tramitó su naturalización en 2011, luego de que se ordenara su captura, por considerar que “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia”. La decisión de la sala de Casación Penal del TSJ condiciona la extradición al compromiso del Estado argentino de no condenarlo a una pena mayor a 30 años de prisión, el máximo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carril Ba ggio deberá ser juzgado por delitos de lesa humanidad con epicentro en el centro clandestino La Polaca, donde eran interrogados bajo tortura los militantes secuestrados al ingresar o salir del país por el cruce fronterizo con Uruguayana. Excepto el policía Julio Simón, condenado en 2007, los represores que actuaron en Paso de los Libres siguen impunes.

El capitán Carril reemplazó en septiembre de 1976 como jefe del destacamento a Raúl Portillo. Según la orden de detención que libró en octubre de 2010 la jueza federal Gladis Borda, está acusado por asociación ilícita, secuestros agravados, vejaciones, tormentos y coacciones agravadas. Según el informe Waern, un detallado relato de la represión ilegal en Paso de los Libres elaborado por el ex guardia Carlos Waern, Carril podría ser imputado por el asesinato de un secuestrado en La Polaca. “En una oportunidad, un detenido logró escapar corriendo hacia el eucaliptal. Alertado por los gritos, el guardia corrió tras él y efectuándole varios disparos, éste lo mató”, relató Waern. “Del mismo hecho hay otra versión, que dice que el prisionero tomó un arma y disparó primero al capitán y luego éste lo mató. Siendo esta última la versión que se aproxima más a la verdad, ya que Carril durante meses anduvo rengo, con una pierna vendada, justificando que había sufrido un golpe muy fuerte”, dijo, y agregó que “el cuerpo estaría enterrado en algún lugar cercano”.
Carril fue detenido por Interpol Venezuela el 14 de abril. Su defensora Solimar Astudillo alegó que como ciudadano naturalizado no podía ser extraditado por “delitos políticos”. Es “público y notorio” que militares que actuaron en la “guerra civil revolucionaria” son “perseguidos y condenados”, escribió. La defensa de la extradición estuvo a cargo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien explicó que no se lo acusa por delitos políticos. El TSJ, a partir del voto de su presidenta Ninoska Queipo Briceño, concluyó que Carril “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia y obstaculizar un eventual proceso de extradición”, subrayó que no se trata de delitos políticos sino de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y que “la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional”.
En Corrientes hay once represores condenados. Los militares y civiles de inteligencia de Paso de los Libres, sin embargo, no fueron juzgados. La excepción es un policía: Julio Simón, el famoso Turco Julián, por delitos de 1979 que juzgó hace un lustro el juez federal porteño Ariel Lijo. Según los registros de la Unidad Especial de la Procuración General de la Nación, las elevaciones a juicio por delitos de lesa humanidad en Paso de los Libres incluyen al ex jefe del Segundo Cuerpo, general Ramón Díaz Bessone, al ex jefe del Destacamento 123, Raúl Angel Portillo, al entonces teniente primero Héctor Mario Filippo y a los civiles Rubén Darío Ledesma y Carlos Faraldo, todos del Destacamento. Desde fines de 2010 también esperan su turno en el Tribunal Oral de Corrientes el general Llamil Restón, el capitán Juan Carlos Sacco y el teniente Duilio Ramón Martínez. En febrero último, en tanto, el fiscal federal Benito Pont pidió que se eleve a juicio a los militares Héctor María Torres Queirel, Guillermo Ramón Añaños, Alfredo Arrillaga (condenado en Mar del Plata), Julio Santiago Canteros, Juan Carlos Medrano Caro y Julio Miguel Plazaola, y a los ex gendarmes Domingo José Isler y Angel Ricardo López Ferro.

Careo de genocidas. Videla, Riveros, Martínez y los restos de Santucho

Interrogados sobre Santucho, Riveros y Videla coincidieron en que la muerte del líder del ERP les produjo “alegría”.

Por Diego Martínez

El ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, responsable de Campo de Mayo.

El dictador Jorge Rafael Videla, su ex jefe de inteligencia Carlos Alberto Martínez y el ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros protagonizaron ayer un careo sobre el destino de los restos del ex jefe del ERP, Roberto Mario Santucho, abatido por un pelotón del Ejército en julio de 1976. Videla reiteró que dio la orden “de que el cuerpo no aparezca”, pero relativizó su afirmación de abril, cuando apuntó a Riveros como el encargado de cumplirla. “Era una suposición”, explicó. El ex jefe de la Zona IV y de Campo de Mayo, sede del mayor campo de concentración del país, dijo impávido que no hubiera acatado “una orden de esa naturaleza, que lastima mi conciencia”. Ambos admitieron ante Ana Santucho, una de las hijas del guerrillero, su alegría por la muerte “del hombre más importante de la subversión”. El abogado Pablo Llonto, impulsor de la causa fundada en el derecho a la verdad, destacó el esfuerzo de la jueza civil Martina Forns, que luego de ordenar el careo y formular preguntas durante dos horas exhortó a los ancianos a enviar un mensaje a sus ex subordinados para que rompan el pacto de silencio.

Los militares retirados, citados como testigos, bajo juramento de decir la verdad, llegaron al Juzgado de San Martín al mediodía en móviles del Servicio Penitenciario Federal: Videla desde la cárcel de Marcos Paz, Riveros desde su casa de Belgrano y Martínez desde la suya en San Miguel, ambos con arresto domiciliario. El ex titular de la Jefatura II de Inteligencia es el único sin condena: fue detenido por primera vez hace apenas dos semanas. Riveros bajó del celular sin esposas, según los penitenciarios porque estaba mareado.
El careo inicial fue entre Videla y Riveros. El dictador ratificó la orden de desaparecer el cuerpo por “lo que implicaba su figura”, aunque aclaró que “fue una resolución de la Junta (que compartía con Emilio Massera y Orlando Agosti), dada la trascendencia del problema”. Riveros, que en mayo consideró “de una mendacidad absoluta” los dichos del dictador, agregó ayer que “no hubiera aceptado hacer desaparecer el cuerpo de Santucho”.
–¿A quién le dio la orden? –indagó la jueza.
–Supongo que el destinatario fue quien tenía responsabilidad en esa zona, que era Riveros, pero no sé si él la recibió. La lógica orgánica indica que debió recibirla, pero no fue una orden dada personalmente y tampoco por escrito –respondió Videla. Sobre los intermediarios, arriesgó que pudo haber sido el secretario de presidencia, léase el general Rogelio Villarreal.
Riveros, sordo del oído derecho, admitió que “tenía capacidad para darle muerte a Santucho y hacer desaparecer su cuerpo”, pero aseguró que no participó porque nadie pidió la intervención del Comando de Institutos Militares. “La muerte de Santucho era para el Ejército un galardón. El personal militar se motivaba para detenerlo o matarlo porque era un adversario importante”, afirmó ante la hija y ante Julio Santucho, hermano del jefe del ERP. “Lo hubiera cumplido con todo gusto”, abundó, y agregó por si fuera necesario que “tenía capacidades para cavar un pozo y enterrarlo o tirarlo”.
–¿Le informaron si se cumplió la orden? –volvió la jueza hacia Videla.
–No tuve respuesta en forma personal. Era un secreto y no saberlo era la mejor forma de guardarlo.
Martínez, parco, dijo no recordar cómo se enteró de la muerte de Santucho. “Supongo”, dijo, que por intermedio de Videla, con quien se reunía “dos o tres veces por semana”. Cuando la jueza le recordó que en el enfrentamiento murió el capitán Juan Carlos Leonetti, miembro del Batallón de Inteligencia 601 que dependía de su jefatura, insistió en que “desconoce” los hechos aunque “imagina” que Leonetti “acompañó a la patrulla para guiarlos con precisión” al departamento donde se reunía la cúpula del ERP.
Riveros, verborrágico, dijo que “muchas veces me preguntaron por el cadáver de Santucho, incluso (Martín) Balza me lo preguntó, pero Santucho no era San Martín como para que lo entierren en Campo de Mayo”. “Puede que algún trasnochado o tarado mental se le haya ocurrido, pero no me consta”, afirmó. “Santucho fue la búsqueda del tesoro para el Ejército por ser el hombre más importante de la subversión”, aseguró.
–¿Sabían de la orden de desaparecer el cuerpo? –preguntó la jueza a Riveros y a Martínez.
Ambos aseguraron que no. “Me sorprendió la decisión. ¿Cómo puede ser que a un cadáver que apareció ‘por derecha’ en un enfrentamiento lo hicieron desaparecer ‘por izquierda’?”, se preguntó Riveros, ex jefe de una zona militar donde todo fueron secuestros y desapariciones “por izquierda”.
–¿Qué piensa de esa pregunta? –le planteó la jueza a Videla.
–El destino del cuerpo fue analizado por la Junta, fue una decisión compartida, una especie de pacto de silencio. Ojalá hoy se pudiera revelar ese secreto. Las condiciones actuales son distintas y el problema de la veneración del cuerpo de Santucho hoy no tiene sentido –supone Videla.
El dictador coincidió con Riveros en que “más allá del respeto a los familiares, la muerte de Santucho” les causó “íntimamente alegría, porque se había abatido al enemigo” y “en combate abierto”. “Si viera a alguien que le deja una flor a Santucho lo aplaudiría por el respeto que se merece”, agregó Videla, responsable de que miles de argentinos no tengan siquiera una tumba donde dejar flores para sus seres queridos.

La caída de un hombre clave

Durante 1976 y 1977, años de esplendor del terrorismo de Estado, el general Carlos Alberto Martínez fue jefe de Inteligencia del Ejército. Bajo su mando funcionó el Batallón 601 de Callao y Viamonte y los destacamentos y secciones de Inteligencia de todo el país, destinos de los interrogadores que arrancaban información en las mesas de tortura de los centros clandestinos en busca de nuevos “blancos”. Mano derecha de Jorge Rafael Videla, en abril de 1977 disertó junto al dictador sobre “la agresión marxista internacional” en un salón colmado por 300 periodistas en el edificio Libertador. A partir de 1978, y durante cuatro años, fue jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE. Vivió un tercio de siglo impune, volvió a la SIDE en los comienzos del menemismo y llegó a ser citado como testigo en el juicio oral por crímenes en el circuito Atlético-Banco–Olimpo. Ayer, a sus 84 años, el juez Daniel Rafecas ordenó por primera vez su detención por más de un millar de secuestros, tormentos y homicidios. Martínez se negó a declarar y por su delicado estado de salud quedó detenido en su casa de San Miguel.

“Parece mentira que el cerebro mayor del plan estuviese sin una acusación. Era preocupante porque demuestra que a la Justicia le cuesta entender el rol que cumplieron los aparatos de Inteligencia en el terrorismo de Estado”, reflexionó ayer el abogado Pablo Llonto, querellante en la causa por crímenes de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que instruye Rafecas. “Ojalá que éste sea el inicio de la detención de todos los jefes de Inteligencia de Marina, Aeronáutica, Policía Federal, todas las policías provinciales, Gendarmería, Prefectura y los servicios penitenciarios”, se esperanzó. “Son decenas de oficiales que deben estar presos y sin prisión domiciliaria, porque desde sus casas seguramente siguen espiando”, advirtió. La detención de Martínez había sido solicitada por Llonto, por la fiscalía a cargo de los juicios orales del Primer Cuerpo, a cargo de Alejandro Alagia, y días atrás por la querella que representa a los familiares de Bernardo Alberte, el ex edecán y delegado de Juan Domingo Perón asesinado por sus camaradas la madrugada del golpe de Estado al ser arrojado desde el sexto piso de su departamento en Recoleta.

Ex alumno de la Escuela de las Américas, donde se formaron los torturadores del Cono Sur, Martínez fue en 1975 segundo jefe y a partir de 1976 titular de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, léase un asesor de primera línea de Videla. El 19 de abril de 1977, junto al dictador y su jefe de Estado Mayor, general Roberto Viola, Martínez se explayó con diapositivas, fotos y gráficos sobre “La agresión marxista internacional” y “La subversión marxista en la Argentina”, según registraron los diarios de la época. “Sólo pueden comprenderse el sentido, las implicancias, la diversidad de factores que intervienen y los reales fines de la agresión que sufre la República si se analiza en su real esencia como parte de la agresión subversiva marxista a nivel mundial”, teorizó. “Esta agresión es total en el sentido absoluto de la palabra, su finalidad es la conquista de la población mundial partiendo del dominio de la psiquis del hombre”, agigantó al enemigo antes de explayarse sobre los orígenes de la guerrilla, el PRT, Montoneros, el foquismo, el materialismo histórico y el “socialismo marxista” como objetivo final del enemigo.

A comienzos de 1978, Martínez pasó a comandar la SIDE en reemplazo del general Otto Paladino, ex jefe de Automotores Orletti. “A la SIDE me llevó el general Carlos Alberto Martínez”, confió a Página/12 en 2003 el coronel Alberto Tepedino, hoy condenado. El periodista Gerardo Young, en su libro SIDE. La Argentina secreta, cuenta que el alias de Martínez era “Pelusa”, que en 1989 Juan Bautista Yofre lo nombró director de la Escuela de Inteligencia y que renunció al organismo en tiempos de Hugo Anzorreguy, molesto porque los indultos menemistas no fueron tan amplios como quería.

Martínez no tuvo noticias de la Justicia hasta el 18 de junio, cuando Rafecas allanó sus domicilios en Pardo 2112 y España 865, en San Miguel. Confiado en que moriría impune, el general de división retirado tenía en su poder documentos que comprometen a militares y a civiles de renombre. Ayer, luego de analizar el material, el juez ordenó su detención. El octogenario fue trasladado a los tribunales de Retiro, pero se negó a declarar. Rafecas le imputa delitos contra más de un millar de víctimas en una docena de centros clandestinos, incluidos Atlético, Banco, Vesubio, Orletti y la Superintendencia de Seguridad Federal. El consejero de Videla, que se dializa tres veces por semana, quedó arrestado en su casa.

Saint Jean, el asesino de tímidos e indiferentes goza de buena salud

El Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata denunció ante la Corte Suprema a peritos  del Cuerpo Médico Forense por ayudar a que el ex gobernador de facto logre que se lo declare incapaz.

Por Diego Martínez

Ibérico Saint Jean intentó ser declarado incapaz para evitar el juicio.

El Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata, que conduce el juicio a 26 represores del circuito Camps, denunció ante la Corte Suprema de Justicia la “actitud de obstrucción” y el “auxilio antiético” de peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) con la “maniobra de simulación” de los defensores del ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean para lograr que se lo declare incapaz. Los jueces Carlos Rozansky, Roberto Falcone y Mario Portela rechazaron la pretensión de excluir del proceso al general que prometió matar desde subversivos hasta tímidos e indiferentes, puso la lupa sobre “el esfuerzo considerable por predicar que Saint Jean carecía de capacidad para estar en debate” de los peritos oficiales Daniel Héctor Silva y Carlos Hugo Escudero, y dejó constancia de la “hostilidad, agresividad, menosprecio e intimidación” que manifestaron hacia dos médicas del Hospital Ramos Mejía que habían dictaminado en sentido contrario.

El 5 de septiembre, a una semana del inicio del juicio, Silva informó que Saint Jean presentaba “un cuadro de síndrome psico-orgánico que limita su autonomía psíquica en forma ostensible”. Dictaminó que “no se encuentra en condiciones psiquiátricas de participar en un proceso penal” y sugirió realizar una evaluación general en el Departamento de Clínica y Especialidades. Tres días después, los abogados Ricardo Saint Jean y Sebastián Olmedo Barrios, defensores del militar, pidieron que se lo excluyera y agregaron un informe del médico Mariano Castex en línea con el CMF. El tribunal decidió no apartar a Saint Jean del juicio y dispuso el examen general. “Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala”, renegó Saint Jain (h) en la audiencia inicial. Invitado a prestar declaración indagatoria, el general que supo ser locuaz se negó a hablar, igual que en 2007 en el Juicio por la Verdad de La Plata.
Pese a que el imputado no mostraba alteraciones en las audiencias, el perito Escudero, del CMF, coincidió con Silva en que requería asistencia permanente y que no podía ser sometido a juicio. El tribunal escuchó entonces a fiscales y querellantes, que marcaron contradicciones e inconsistencias de los forenses y pidieron una junta médica. Los jueces pidieron entonces un examen al Hospital Ramos Mejía. El 4 de octubre, pese a los reparos de sus defensores, Saint Jean fue trasladado al hospital público, donde se lo sometió a una evaluación de un equipo de profesionales que encabezó la neuróloga Silvia Kochen e integraron cuatro médicos y psiquiatras, más cuatro peritos de las querellas y Castex por el imputado. Todos menos Castex concluyeron que el militar estaba “en condiciones físicas y psíquicas” de afrontar el juicio, “de comprender las implicancias jurídicas de sus dichos y organizar su defensa”.
Ante las conclusiones contrapuestas, los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron una junta médica que integraran también los forenses del CMF. Saint Jean (h) y Olmedo volvieron a oponerse, pero el tribunal insistió en la necesidad de un examen interdisciplinario para ahondar en los fundamentos teóricos y científicos de una y otra posición. Argumentaron además que las impresiones del CMF y de Castex no se condecían con la percepción que ellos mismos tenían de las audiencias.
El 22 de febrero se realizó la junta médica, con la participación de cuatro miembros del CMF (Silva, Escudero, Celmina Guzmán y Mónica Herrán), las doctoras Silvia Kochen y Patricia Solís por el Hospital Ramos Mejía, Luis Ohman y Matías Bertone por las querellas y Castex por el acusado. Durante noventa minutos el militar de 89 años respondió atento las preguntas de nueve entrevistadores. Cada vez que comenzaba a explayarse sobre hechos de hace un tercio de siglo los peritos del CMF lo interrumpían para pedirle fechas exactas. Cuando le preguntaron sobre medicamentos que toma dijo que se los autoadministraba con un pastillero. Los peritos oficiales le pidieron los nombres de los medicamentos. Saint Jean dijo no poder precisarlos pero ofreció explicar para qué tomaba cada uno. También se explayó sobre sus relaciones con Videla y Camps, y opinó que “estos juicios son totalmente políticos, está todo direccionado”.
El CMF enfatizó la lentitud para procesar respuestas e insistió en un “deterioro cognitivo moderado” que le impedía afrontar el juicio. Saint Jean (h) y Olmedo, en línea con Castex, que en sus escritos llama “verdadera masacre” a los juicios a represores, explicaron que el militar “trata de responder todas las preguntas para aprobar el examen al que es sometido sin que descubran que sufre una discapacidad mental”. Para los jueces, en cambio, “la incapacidad sobreviniente sólo constituye una pretensión de la defensa, del perito de parte y del auxilio antiético de los forenses”. Rozansky, Falcone y Portela concluyeron que “la actitud de obstrucción del CMF debe ser puesta en conocimiento del Alto Tribunal”.

Condenas por Campo de Mayo: "Eramos simples informantes"

Roberto Bustos recibió 19 años de prisión y Jorge Bianchero, nueve. En el juicio se ventiló el secuestro de un grupo de personas que participaba de un taller literario.

Roberto Bustos, ex jefe de informaciones de San Martín, y Jorge Bianchero, de la seccional 3 de Villa Lynch.

Dos ex comisarios de la policía bonaerense fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad en 1979. Se trata de Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, y Jorge Julio Bianchero, ex titular de la seccional 3 de Villa Lynch, que recibieron penas de 19 y 9 años de prisión, respectivamente. El tribunal que integran Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Daniel Petrone dispuso que los condenados cumplan la sentencia en una cárcel común. El juicio fue oral y público, pero se desarrolló en una sala con capacidad para ocho personas. Por un accidente cerebro vascular, luego de permanecer varios años prófugo, quedó fuera de juego antes del inicio del juicio el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 con responsabilidad en centenares de secuestros de personas desaparecidas en Campo de Mayo.

El sábado 12 de mayo de 1979 a la noche un grupo de tareas irrumpió en un departamento de Ecuador 318, en la ciudad de Buenos Aires, y secuestró a seis personas, todos compañeros de un taller literario que, según testigos del juicio, tenían previsto viajar a España para publicar un libro sobre la represión en la Argentina. Las víctimas fueron Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski (los tres estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta) y el matrimonio de escritores que formaban Mirta Silber y Carlos Pérez. Los seis permanecen desaparecidos y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Dos días antes, la policía de Villa Lynch, por orden del Ejército, había detenido a un hermano de Beitone junto con un amigo en un departamento de esa localidad. Ambos fueron interrogados y liberados.
“Nosotros éramos simples informantes, sólo se hacían informes de inteligencia”, intentó minimizar su responsabilidad Bustos, que se encargaba de recopilar la información sobre la “lucha antisubversiva” en la delegación San Martín. “Nosotros nunca hicimos operaciones y también la pasamos mal en esa época, tuvimos que ponernos muy rígidos con nuestros vecinos”, dijo al ejercer el derecho a pronunciar sus últimas palabras. “Mis manos están limpias”, concluyó. Previendo la condena, pidió que se le concediera el arresto domiciliario y se dispuso a esperar el fallo junto a Bianchero en el jardín de la casona de Olivos donde se realizó el juicio.
Uno de los pocos privilegiados que pudo ingresar a la sala fue León Sznaider, padre de Jorge, que tenía 19 años y cursaba el primer año del profesorado en Historia. Familiares y allegados a las víctimas junto con militantes de Hijos y de la Comisión Campo de Mayo aplaudieron de pie al anciano, que con el abogado Pablo Llonto realizó la presentación que permitió reabrir la causa. Sin micrófono, con decenas de personas amontonadas en una escalera, fuera de la sala, esforzándose para escuchar, Larrandart leyó la sentencia: 19 años de cárcel para Bustos como coautor de dos allanamientos ilegales, ocho secuestros, y de los tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en los casos de quienes permanecen desaparecidos; nueve años de prisión para Bianchero por un allanamiento ilegal y los dos primeros secuestros.
Los jueces destacaron que se trató de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y encomendaron a la justicia de primera instancia investigar al resto de los policías y militares que participaron o tuvieron responsabilidad en los mismos hechos. A pedido del fiscal federal Marcelo García Berro y en base a la declaración del dictador Jorge Videla sobre el destino de los desaparecidos, los jueces ordenaron que se investigue la responsabilidad de Bustos en los homicidios de las víctimas.
Antes del comienzo del juicio, que duró tres semanas, los acusados habían pedido la suspensión a cambio de una probation, léase tareas comunitarias. Bianchero ofreció además pagar dos mil pesos a la familia de cada víctima como “resarcimiento” por su responsabilidad. El tribunal rechazó los ofrecimientos y también el pedido de arresto domiciliario con el que insistieron hasta ayer. Los ex comisarios afrontaron el proceso en libertad y tras la sentencia quedaron por primera vez detenidos, a sus 78 años y a un tercio de siglo de los hechos. La propia Larrandart actuará como jueza de ejecución. Los presentes aplaudieron la sentencia, nombraron y gritaron “presente” para recordar a cada una de las víctimas. Los condenados quedaron en la sala a la espera de los penitenciarios que los trasladarían a la cárcel. Nedo Otto Cardarelli morirá impune.

Juicio a los fusiladores de Trelew

Cuarenta años después, con el asesino Roberto Guillermo Bravo bien protegido en los Estados Unidos, un tribunal argentino juzgará a cinco marinos por la Masacre de Trelew.

Publicado en PáginaI12.

Mañana a las diez de la mañana, en el teatro José Hernández de la ciudad de Rawson, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia comenzará a juzgar a cinco marinos por la Masacre de Trelew, como pasó a la historia el fusilamiento de dieciséis presos políticos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de la Armada Argentina. El gran ausente del juicio, el primero por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, será el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia. Ciudadano norteamericano desde 1987, localizado por Página/12 en Miami como titular del RGB Group en 2009, el Ñato Bravo sigue libre e impune gracias al juez Robert Dube, miembro de la Corte de Florida, quien rechazó el pedido de extradición con el argumento de que las declaraciones de los sobrevivientes “no son creíbles” y que en todo caso no correspondía la extradición por tratarse de “delitos políticos”.
La causa por la masacre de 1972 se abrió a pedido del CELS, en representación de familiares de los fusilados, tras la reapertura de las investigaciones por crímenes de la última dictadura. La Armada había instruido un sumario en base a su falacia habitual: intento de fuga repelido por marinos con todos los muertos en el bando contrario y ni un rasguño en el propio. El juez federal de Trelew, Hugo Sastre, tomó decenas de testimoniales a personas que trabajaban en la base y a principios de 2008 ordenó las detenciones, que incluían a Bravo.
Los cinco imputados que finalmente se sentarán en el banquillo son los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real, los capitanes de navío Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista, y el cabo Carlos Amadeo Marandino. Sosa recorrió los calabozos junto con Bravo para dar los tiros de gracia, según le contaron los sobrevivientes a Paco Urondo, que en base a sus relatos publicó La Patria fusilada. Treinta y cinco años después, citado a indagatoria, Sosa declaró que mientras inspeccionaba los calabozos recibió “una patada de karate” que lo dejó conmocionado y cuando intentó reincorporarse “ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM”. Dijo que alcanzó a ver “cuatro bocas de fuego desde tres metros” e identificó a tres de los fusiladores: Bravo, Del Real y Marandino. El suboficial Marandino, a su turno, declaró que esa noche estaba de guardia hasta que le ordenaron abrir las puertas de los calabozos y retirarse. El capitán Paccagnini era entonces el jefe de la base Zar, superior inmediato de los fusiladores. El capitán Bautista fue el responsable del sumario interno que respaldó la versión del intento de fuga, por lo que será juzgado por encubrimiento. Marandino dijo que le ordenaron mentir para respaldar la historia oficial.
El segundo gran ausente del juicio será el contraalmirante retirado Horacio Mayorga, entonces comandante de la Aviación Naval. Mayorga fue quien ordenó trasladar a los guerrilleros capturados a la base Zar y no al penal de Rawson como había prometido la Armada y quien llegó a reivindicar la masacre ante su tropa. “La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa”, dijo. El viejo marino, golpista ya en 1955, célebre apologista de la dictadura, fue procesado como cómplice necesario pero quedó fuera del juicio gracias a sus problemas de salud.
Las actividades previas a la audiencia inicial, bajo el lema “Los juicios son ahora”, comenzaron ayer con una conferencia de prensa de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, y con un taller de capacitación para periodistas organizado por el programa Memoria en Movimiento, de la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional. Hoy a la tarde se realizará un homenaje a las víctimas y luego al fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, abogado de presos políticos al tiempo de la masacre, con la inauguración de un acceso al Centro Cultural por la Memoria que funciona en el ex Aeropuerto Viejo de Trelew, donde se entregaron los presos políticos fugados de la cárcel de Rawson que una semana después serían fusilados.
El tribunal que tendrá la responsabilidad histórica de juzgar la Masacre de Trelew está integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora María Cabrera de Monella, que escucharán a unos setenta testigos. En representación del Ministerio Público actuarán los fiscales Horacio Arranz y Fernando Gelvez. Los familiares de las víctimas serán representados por Eduardo Hualpa y abogados del CELS. El juicio será transmitido en pantalla gigante en la plaza central de Rawson, podrá verse a través del Canal 7 de Chubut y desde el sitio www.memoriaenmovimiento.gov.ar

El EAAF identificó los restos de Ana Teresa Diego

Zaida Franz, la madre de la joven desaparecida y miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, habló sobre el significado de la identificación. La joven había sido enterrada en una fosa común del cementerio de Avellaneda.

Por Diego Martínez

Ana Teresa Diego

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Ana Teresa Diego, la militante comunista y estudiante de astronomía desaparecida durante la dictadura en cuya memoria se denominó Anadiego a un asteroide descubierto por un científico argentino. El cuerpo de la joven, secuestrada a los 21 años en La Plata, en septiembre de 1976, y vista por última vez en un centro clandestino del Circuito Camps, había sido enterrado en una fosa común del cementerio de Avellaneda. La noticia de la identificación “llena de luz un vacío, es como que está otra vez en la familia, la sentimos profundamente con nosotros”, explicó a Página/12 su mamá, Zaida Franz, viuda de Diego, miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que con 84 años no baja los brazos: “Ahora falta la justicia, una sentencia, y avanzar con los cómplices civiles, ya que ningún golpe de Estado en la Argentina fue solamente obra de los militares”.

Ana Diego nació el 5 de noviembre de 1954 en Bahía Blanca. En 1976 cursaba el tercer año del doctorado en astronomía en la Escuela Superior de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Militaba en la Federación Juvenil Comunista. En 1975 había fallecido su padre, Antonio Diego, matemático de la Universidad Nacional del Sur, a quien militantes de la época recuerdan como “uno de los primeros profesores con los que pudo contar el movimiento estudiantil bahiense”. “Tenían mucha afinidad, se parecían mucho: gente abierta, transparente, que decía lo que sentía. Eso le costó que se la llevaran”, apunta Zaida, que participó en Bahía Blanca de las primeras reuniones de familiares de desaparecidos y en La Plata de las primeras marchas de Madres.
Ana fue secuestrada al mediodía del 30 de septiembre de 1976, al salir de la facultad, por una patota de represores de civil que se movilizaba en dos Fiat sin patente. “Nos saludamos, me pidió la hora y en ese momento nos encapucharon y nos metieron adentro de un auto”, declaró Carlos Schultz en febrero, en el primer juicio a los subordinados del general Ramón Camps. Ana alcanzó a gritar su nombre antes de que se la llevaran. Los represores destrozaron y vaciaron luego el departamento que alquilaba. Ana fue vista en dos centros clandestinos: Pozo de Arana y Brigada de Quilmes. “Estábamos todos encapuchados, acostados o sentados contra una pared”, contó Schultz. En febrero de 1977, Zaida supo que Ana estaba en la Brigada de Quilmes. Se presentó, pero le negaron que estuviera allí. “Anita era muy dulce, muy especial”, la recordó Nora Ungaro, compañera de militancia y de cautiverio. “Compartíamos muchas cosas. Anita recordaba con gran cariño a su padre”, apuntó en 2000 en el Juicio de la Verdad. “Por el miedo nos acomodamos cabeza con cabeza, nos hablábamos al oído y cantábamos canciones de la Guerra Civil Española”, recordó en el juicio oral.

Zaida Franz de Diego, Madre de Plaza de Mayo

El último 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Unión Astronómica Internacional bautizó a un asteroide con el nombre Anadiego. “Hoy Dilma (Rousseff) ocupa el sillón de uno de los países más importantes del mundo, a lo mejor esta joven pudo haber estado sentada en el mismo lugar”, reflexionó entonces la presidenta Cristina Fernández. “Tener un desaparecido en la familia es como tener un vacío, un eslabón que falta aunque uno a veces se haga el distraído”, confiesa Zaida. “Saber que encontraron los restos llena de luz ese vacío, es como que está otra vez en la familia, la sentimos profundamente con nosotros.”

Jujuy se resiste a hacer justicia

El Tribunal Oral Federal de Jujuy se apresta a consagrar el proceso de impunidad construido durante años por el flamante ex juez Carlos Olivera Pastor con el visto bueno de la Cámara Federal de Salta. Pese a los reclamos de los organismos de derechos humanos, de la Procuración General de la Nación y de la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exhortó a los magistrados a concretar juicios orales en plazos razonables y con la mayor cantidad posible de imputados y de casos (víctimas) para evitar la revictimización de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, los jueces René Vicente Casas, Gabriel Eduardo Casas y Marcelo Juárez Almaraz decidieron comenzar el 13 de junio un juicio con apenas un imputado y por una sola desaparición. La Unidad Especial de coordinación y seguimiento de juicios de lesa humanidad de la Procuración anticipó ayer a Página/12 que presentará esta semana un recurso ante la Cámara de Casación Penal para que le exija al TOF jujeño la acumulación de los 53 casos que Olivera Pastor elevó con cuentagotas y la realización de un juicio con los diez represores en condiciones de rendir cuentas por delitos cometidos 35 años atrás.

Jujuy, junto con Mendoza y otras provincias norteñas, es un símbolo de la resistencia de la corporación judicial a avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura. Las casi 100 mil personas que marcharon en San Salvador el último 24 de marzo llevaron como consigna central la denuncia contra Olivera Pastor, un oscuro secretario devenido juez federal subrogante que durante años bloqueó sistemáticamente el avance del proceso, que rechazó el 90 por ciento de las indagatorias pedidas por el fiscal (incluida la del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier) y que esta semana presentó finalmente su renuncia.
Entre 2009 y febrero pasado, siempre con el respaldo de la Cámara salteña que encabeza Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, el entonces juez contrarió los criterios impulsados por la Procuración y la Comisión Interpoderes y elevó al tribunal diez fragmentos de la instrucción, varios con un imputado y una víctima. Los represores en condiciones de ser juzgados son el condenado Luciano Menéndez, Rafael Mariano Braga, César Darío Díaz, Mario Marcelo Gutiérrez, Antonio Orlando Vargas, Herminio Zárate, José Eduardo Bulgheroni, Horacio Domingo Marengo, Carlos Alberto y Orlando Ricardo Ortiz. El único a quien el tribunal decidió juzgar es el teniente coronel Braga, alias “Cara cortada” por sus cicatrices en la mejilla izquierda, y sólo por el secuestro en 1976 de Julio Alvarez García, un militante de la Juventud Universitaria Peronista.
“El caso de Jujuy refleja la dificultad de lograr que se apliquen pautas básicas como la acumulación de casos conexos”, explica Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal, quien destaca la necesidad imperiosa de “desarrollar mecanismos institucionales para corregir rápidamente estas decisiones”. “No puede seguir pasando que los tribunales arbitrariamente dejen de acumular casos conexos y con pruebas en común. Hay 875 procesados y más de 600 tienen alguna elevación a juicio. Este mecanismo de juicios por goteo está provocando una dilación que, finalmente, va a impedir concretar los juicios que faltan”, advierte. “Es urgente que desde la cabeza del Poder Judicial se tomen medidas para evitarlo.”

Detuvieron al Japonés Martínez

Fue el primer represor que detalló en Suiza los vuelos de la muerte. Llevaba más de cinco años prófugo. Hoy lo indagarán en las causas por la Masacre de Fátima y del circuito Atlético-Banco-Olimpo.

Por Diego Martínez

Martínez integró los grupos de tareas de Coordinación Federal.

Luis Alberto Martínez, alias Japonés, ex integrante de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, fue detenido ayer por Interpol luego de más de un lustro prófugo. Martínez, el primer represor que detalló en 1981 desde Suiza los vuelos de la muerte, logró burlar a la Justicia desde la reapertura de los procesos de lesa humanidad –cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó su captura– y evitó de esa manera estar en el banquillo en dos juicios orales: el de la Masacre de Fátima y el del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Rafecas lo indagará hoy en ambas causas y por su rol en Coordinación Federal. También ayer fue indagado por el juez Norberto Oyarbide por un secuestro extorsivo como miembro de la banda de Aníbal Gordon, Raúl Guglielminetti y compañía.

Ex suboficial de la Policía Federal, Martínez fue detenido por primera vez en 1981, en Suiza, acusado de participar en el secuestro extorsivo del financista Fernando Combal, liberado tras el pago de un millón de dólares, y del banquero Carlos Koldovsky, entre otros delitos al amparo del terrorismo de Estado. El policía brindó aquel año una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre. Contó que originalmente se desempeñaba en el Departamento de Asuntos Gremiales de Coordinación Federal, que luego trabajó en la infiltración de facultades de la Universidad de Buenos Aires, y dio un amplio detalle sobre represores, relaciones entre distintos centros de detención y métodos utilizados para interrogar y para desaparecer personas.
Luego de los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de la Policía Federal recurrían a los vuelos de la muerte, confesó catorce años antes que el capitán Adolfo Scilingo. “Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. A llegar recibían una inyección, se les decía contras las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército”, precisó. “Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró, y apuntó que el método se aplicó antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975 y 1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.
En 1985, entrevistado en Suiza por el abogado Jorge Baños, contó que también actuó en Automotores Orletti, el epicentro argentino del Plan Cóndor, al que llegó de la mano del “Mayor Guastavino”, léase Guglielminetti, juzgado en estos días en Neuquén. Baños había viajado a Suiza en representación del CELS para intentar obtener información de parte de Martínez y de los agentes de inteligencia Rubén Bufano y Leandro Sánchez Reisse. Finalmente fue extraditado por orden del juez Carlos Oliveri e indagado por su reemplazante, el juez Luis Niño. Pese a que la mayor parte de sus delitos quedaron amparados por la Ley de Obediencia Debida, el Japonés siguió preso como delincuente común hasta 1989. La decisión de liberarlo, luego de leer un voluminoso expediente en menos de 24 horas, la tomó el juez de instrucción Luis Velazco. En 1998 fue noticia en General Pico, cuando junto al subcomisario Leonardo De Laurentis golpearon y amenazaron con armas a un remisero. La jueza Rosa Vázquez le dictó la falta de mérito pese a que tenía prohibido usar armas. Desde entonces sólo fue noticia como prófugo. El Japonés comenzó ayer una nueva etapa de su vida, ahora con epicentro en la cárcel de Villa Devoto.