Patti, otra vez al hogar

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Luis Abelardo Patti quema los últimos cartuchos en busca de impunidad. A un mes del inicio de su primer juicio por crímenes de lesa humanidad y ante un supuesto agravamiento de sus problemas neurológicos, el represor fue trasladado ayer desde la cárcel de Devoto hasta la clínica Fleni, en Escobar, donde pasó la mayor parte de 2010. “Su retorno al Fleni nos genera desconfianza y temores”, advirtió la abogada Ana Oberlin, de Hijos Rosario, quien recordó que “por personas que lo vieron internado supimos que sus condiciones físicas no eran las que reflejaban los informes médicos y que realizaba reuniones políticas en las que se analizaban alternativas para eludir el juicio”. Oberlin y el también abogado Pablo Llonto le solicitaron al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que el examen mental previo al juicio, previsto para la próxima semana, no quede en manos del cuestionado Cuerpo Médico Forense (CMF) y reclamaron que se dé intervención a especialistas de las facultades de Psicología y Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación Médica de Buenos Aires, que en abril encontraron lúcido y en condiciones de ser juzgado al coronel Manuel Saint Amant, a quien el CMF había declarado incapaz.

La estrategia de Alfredo Bisordi y Silvio Duarte para probar que Patti es incapaz de comprender y comunicarse, paso previo al reclamo de suspensión del juicio, rindió los primeros frutos en enero, cuando lograron la autorización para una operación de ligamentos cervicales. Durante la intervención Patti habría sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) que le permitió tomar distancia del penal de Marcos Paz, donde estaba detenido desde 2007, y pasar un semestre en el centro de rehabilitación de Escobar, que inauguró cuando era intendente y donde no se privó de sacarse fotos disfrazado de payaso.

Cuando los defensores de Patti empezaron a gestionar su arresto domiciliario, un perito de parte de los querellantes dictaminó que no era imprescindible el tratamiento indicado por los médicos de Fleni y describió al paciente como un burdo simulador. A principios de agosto los jueces Héctor Sagretti, Lucila Larrandart y Marta Milloc ordenaron su traslado al hospital del Servicio Penitenciario Federal en Villa Devoto. En la noche del viernes 13, cuando llevaba apenas 48 horas preso y mientras esposa y admiradores deambulaban por cuando medio les daba espacio denunciando la “violación de los derechos humanos” (sic) del torturador, sus abogados presentaron un hábeas corpus aduciendo un “agravamiento en las condiciones de detención”. No comía y tenía un cuadro depresivo, adujeron. El juez de instrucción Federico Salva rechazó el recurso, pero en una decisión atípica lo envió al Sanatorio Anchorena. Ayer el TOF de San Martín autorizó su regreso al centro de rehabilitación de Escobar y no al Hospital Penitenciario de Ezeiza, que según consta en la causa se encuentra acondicionado para el tratamiento que recibe Patti y sobre cuyos profesionales no pesan sospechas de parcialidad.

La próxima semana tendrá lugar el examen mental obligatorio para todo acusado por un delito cuya pena exceda los diez años de prisión. Tal como se preveía, los abogados de Patti solicitaron que se evalúe si el ACV de enero le produjo una “incapacidad sobreviniente” que permita excluirlo del proceso. Los abogados querellantes pidieron la intervención del Gabinete de Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Facultad de Medicina de la UBA y de la Asociación Médica de Buenos Aires.

Fundan la desconfianza en el Cuerpo Médico Forense en la intervención dispuesta por la Corte Suprema de Justicia por falta de controles e irregularidades, pero también en su actuación concreta en causas por delitos de lesa humanidad. En julio de 2008 peritos del CMF dictaminaron que el coronel Saint Amant no estaba en condiciones de defenderse. Veinte meses después, a pedido de Hijos Rosario, una pericia de psicólogos y médicos de la UBA sostuvo lo contrario: el mayor responsable de la represión ilegal en San Nicolás comprende hechos, pruebas, derechos, y puede defenderse si le place.

Oberlin y Llonto también llamaron la atención sobre un dato que surge del último dictamen del CMF sobre Patti. Los peritos aconsejaron realizar el tratamiento de recuperación en el centro Fleni o en el Instituto de Neurociencias Buenos Aires, Ineba. “Resulta llamativo y desde nuestro punto de vista una falta de ética que se aconseje dicha institución, ya que quien presidió la pericia, doctor Osvaldo Fustinoni, forma parte del staff, justamente a cargo del área de enfermedades cerebrovasculares.”

Un mes de changüí para Patti y Bignone

El represor Luis Patti.

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El inicio del primer juicio oral y público al torturador Luis Patti, que debía comenzar el lunes 30 de agosto, se postergó en principio para el 27 de septiembre. La causa no pasa por “una serie de planteos presentados por la defensa de Patti”, como informó ayer la agencia de noticias del Poder Judicial, sino por los eternos problemas de los organismos competentes del Estado para conseguir salas acordes a la relevancia de los procesos. Familiares y allegados a las víctimas nucleados en la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, quienes caminaron el conurbano en busca de un auditorio, habían advertido el problema a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura, a los que reclaman comprar una sala para solucionar el tema con vistas a los próximos juicios por los crímenes en el mayor centro clandestino del país.

La falta de un espacio adecuado en los tribunales federales de San Martín se conoce desde hace más de un lustro, cuando se reabrieron las causas. El proceso por el caso de Floreal Avellaneda, el primero vinculado con Campo de Mayo, se realizó a partir de abril de 2009 en una sala del Poder Judicial de la provincia. El préstamo derivó en quejas de jueces y abogados, por lo que se descartó para futuros procesos. El segundo juicio, a Bignone, Riveros & Cía., se postergó en noviembre por dificultades para encontrar un auditorio. Hubo entonces quejas de querellantes y allegados a las víctimas, quienes debieron recorrer Zona Norte en busca de salas, y acusaciones cruzadas entre tribunal, Corte, Consejo y Ministerio de Justicia. El juicio se realizó finalmente en el gimnasio de una sociedad de fomento, que debió paralizar sus actividades durante meses y ahora no quiere volver a dejar a los pibes del barrio sin su cancha de fútbol.

Por la popularidad del ex intendente de Escobar, para el tercer juicio de Campo de Mayo se habló desde el comienzo de la necesidad de una sala amplia, para que familiares de víctimas y de represores puedan seguir las audiencias a prudente distancia. Miembros de las comisiones de Zona Norte y de Campo de Mayo –y una secretaria del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín durante sus días de franco– buscaron sin suerte durante semanas galpones en alquiler en Vicente López y San Isidro. El 5 de agosto les recordaron por carta a los miembros de la Corte que “a 25 días del comienzo del juicio al procesado Patti, el TOF-2 de San Martín carece de un lugar adecuado”. El miércoles 11, luego del acto en el que la Corte presentó su informe sobre el estado de los procesos, miembros de la Comisión Zona Norte junto con el abogado Pablo Llonto le plantearon personalmente el tema a Ricardo Lorenzetti, presidente del alto tribunal.

Esta semana trascendió que el tribunal que integran Lucila Larrandart, Marta Milloc y Horacio Sagretti dio con la sala adecuada: el anfiteatro del Centro Municipal Hugo del Carril, en José León Suárez, partido de San Martín. Pero recién cuando municipio y tribunal firmen el contrato de alquiler se comenzará a acondicionar para convertirla en sala de audiencias. El 27 de septiembre, siempre en teoría, arrancará el juicio, que además de Patti tendrá en el banquillo a los condenados Bignone y Santiago Riveros, y al ex comisario de Escobar, Juan Fernando Meneghini.

“Todos se comprometen de palabra, pero cada vez que empieza un juicio el problema se repite y las víctimas tienen que salir a mendigar salas. La solución de fondo es comprar un lugar adecuado”, destacó Llonto. El abogado recordó que el juicio a Patti debería terminar antes de fin de año y que ya hay otros dos procesos en condiciones de comenzar, que podrían postergarse si el Poder Judicial no soluciona definitivamente el problema.

Menéndez volvió a su casa

A pesar de sumar cuatro condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, Luciano Benjamín Menéndez fue beneficiado con la cárcel domiciliaria. La agrupación Hijos Córdoba realizó un escrache frente a la casa del represor.

Por Diego Martínez

La lentitud de la Cámara Nacional de Casación Penal para confirmar las sentencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad derivó ayer en la obtención del beneficio del arresto domiciliario para Luciano Benjamín Menéndez, quien suma cuatro condenas a prisión perpetua en el haber. El mayor asesino del norte argentino durante la última dictadura fue condenado en julio de 2008 a cumplir su sentencia en el penal de Bouwer, pero se benefició días después con una resolución de la Sala III de Casación, que ordenó postergar el cumplimiento efectivo de la medida hasta que el fallo quedara firme, paso que no dio durante los 25 meses posteriores. El retorno del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército a su chalet del barrio Bajo Palermo se produce mientras recrudecen las amenazas a querellantes, fiscales y militantes de derechos humanos.

Paradójicamente, Menéndez no pasó los últimos dos años en la cárcel por las condenas de los tribunales orales de Córdoba y Tucumán, sino por los procesamientos con prisión preventiva de jueces que instruyen causas en primera instancia. Ayer por la mañana, el Tribunal Oral Federal 1 recibió la notificación de la decisión del riojano Daniel Herrera Piedrabuena: el mismo juez que un año atrás decidió postergar la estadía de Menéndez en la cárcel, le otorgó finalmente el arresto hogareño en base a un diagnóstico médico de neumonía bilateral. Al mediodía, durante la audiencia del juicio que Menéndez comparte con el dictador Jorge Videla y 29 ex subordinados, el presidente del tribunal Jaime Díaz Gavier informó la habilitación para retornar al hogar cuando concluyera la jornada.

“El mayor asesino que conocieron las diez provincias que integraron el Tercer Cuerpo de Ejército vuelve a su casa. Ya aprendimos que el único camino que nos garantiza justicia es la organización del pueblo”, escribió minutos después Hijos Córdoba en su perfil de Facebook, para convocar a una marcha de repudio. Cuando concluyó el testimonio de Marcelo Gustavo Iturbe, otro ex preso político que detalló los padecimientos en la Unidad Penitenciaria 1, un centenar de personas se trasladó hasta la casa de Menéndez, custodiada por un imponente operativo a cargo de fuerzas de elite de la policía provincial. A las 20.18, tras recoger sus petates en el Hospital Militar, donde estaba internado desde el 2 de julio, el condenado volvió al barrio en un celular del Servicio Penitenciario Federal, que mañana a primera hora lo devolverá a la sala de audiencias.

“La Cámara de Casación es la gran responsable de que Menéndez vuelva a su casa. Su actitud es absolutamente funcional para que los represores de mayor rango mueran sin sentencia firme”, destacó Claudio Orosz, abogado de Hijos Córdoba. “Días después de la sentencia de 2008, sin entrar en el fondo del asunto, la Sala III ordenó que no se aplicara el punto que ordenaba el cumplimiento de la pena en la cárcel. Luego de esa resolución en tiempo record pasó más de dos años sin pronunciarse”, recordó Orosz. “En diciembre, cuando nos rechazaron el segundo pedido de pronto despacho, dijeron que habían pedido documentos al tribunal. Tres meses después nos enteramos que el tribunal no había recibido nada”, abundó.

La medida que beneficia a Menéndez se produce en un contexto de amenazas crecientes a sobrevivientes, familiares y querellantes: desconocidos que anuncian encomiendas y desaparecen, mensajes telefónicos con música durante horas. “Su hijo va a mirar los rabanitos desde abajo”, le advirtieron al padre de Orosz. La frase lleva la marca registrada de La Perla. La semana pasada, el ex comisario Carlos Yanicelli, torturador del Departamento de Informaciones (D2) que llegó a ser director de inteligencia criminal del gobernador Ramón Mestre, insultó a la fiscal Graciela López de Filoñuk, a quien acusó de “peinar testigos”. La acusación se convirtió ayer en volantes que circularon por tribunales.

Menéndez no es el único condenado beneficiado por las demoras de la Cámara de Casación para confirmar las sentencias. Circulan por las calles con impunidad, entre otros, el general Jorge Olivera Róvere, responsable de la represión en la ciudad de Buenos Aires durante 1976, y los brigadieres César Comes e Hipólito Rafael Mariani, condenados por crímenes en Mansión Seré. A cuatro años de los primeros juicios desde la reapertura de las causas existen sólo dos condenas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia: Julio Simón y Miguel Etchecolatz, ambos juzgados en 2006. Los otros 1462 represores imputados, procesados y/o condenados, son para el Poder Judicial técnicamente inocentes.

Miguel Angel Rovira: otro ex Triple A muere impune

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A los 75 años, después de treinta meses preso en su casa de San Cristóbal pero formalmente inocente, léase impune, murió el ex suboficial Miguel Angel Rovira, el último de los jefes operativos conocidos de la Alianza Anticomunista Argentina. El ex custodio de José López Rega, ideólogo y líder de los grupos parapoliciales de ultraderecha que sembraron el país de muertes a mediados de los ’70, estaba imputado de una docena de crímenes, incluidos los del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el sobreviviente de la masacre de José León Suárez Julio Troxler y el profesor Silvio Frondizi. Reabierta hace cuatro años, la causa que según el pedido del fiscal federal Eduardo Taiano debe investigar a los responsables de 628 asesinatos continúa paralizada en manos del juez Norberto Oyarbide.

“Un ex policía con veintisiete muertes en el haber y adornado con cuanta esvástica encontrara”. Así definió a Rovira uno de sus ex compañeros, el arrepentido Salvador Horacio Paino, en su libro autobiográfico Historia de la Triple A. Igual que Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón Sena, Rovira aprendió el oficio en la subsección Vigilancia General de Robos y Hurtos de la Policía Federal. A mediados de los ’60, los tres fueron expulsados de la fuerza; en 1973 fueron reincorporados y ascendidos por decreto presidencial. Rovira alternó entre las custodias de López Rega y de Isabel Martínez de Perón; hasta que el ex ministro de Bienestar Social cayó en desgracia participó en un número incalculable de crímenes, siempre con el sello de la Triple A.

Rovira volvió a ser noticia en 2001, tres meses antes de que el país estallara y Fernando de la Rúa huyera en helicóptero. Con murgas de fondo, cerca de trescientos manifestantes convocados por la agrupación Hijos y vecinos de San Cristóbal participaron de un escrache frente a su casa de Pasco 1032. Rovira era entonces jefe de seguridad de la empresa Metrovías.

A fines de 2005, el fiscal Taiano solicitó por primera vez la reapertura de la causa Triple A y la captura de Rovira, entre otros. Un año más tarde, después de que el diario español El Mundo publicara que Almirón vivía en las afueras de Valencia, Oyarbide aceptó la solicitud. El magistrado calificó los asesinatos cometidos al amparo del Estado como crímenes de lesa humanidad y pidió la extradición de Almirón, concretada en marzo de 2008. El juez ordenó su detención en el penal de Marcos Paz y más tarde en su casa. Declarado insano por el Cuerpo Médico Forense, Almirón murió impune en 2009.

El ex comisario Morales también fue detenido tras una investigación periodística: fue fotografiado tomando aire, en el balcón de su departamento en Carranza 2336. Llegó a ser indagado pero murió con arresto domiciliario siete meses después, a los 88 años, en agosto de 2007. Felipe Romeo, director de El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A, salió del país luego de que Página/12 revelara que vivía en Buenos Aires reciclado como restaurador de edificios. Estuvo dos años prófugo, hasta que sus seres queridos lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso.

Rovira se entregó a la Justicia en enero de 2007. Oyarbide lo procesó y le prorrogó varias veces la prisión preventiva domiciliaria. En marzo de 2008, la Cámara Federal confirmó que los crímenes de la Triple A eran delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. En diciembre de aquel año Taiano reclamó ampliar la investigación a 628 asesinatos y 40 amenazas de muerte. Hace dos meses, la Sala I de la Cámara Federal declaró la nulidad de la última prórroga del arresto de Rovira, criticó la “inexplicable pasividad” de Oyarbide y la “virtual parálisis del sumario”. Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero resaltaron que el fiscal Taiano llegó a pedir cerca de ochenta medidas probatorias y setenta declaraciones testimoniales, en tanto el juez apenas había concretado dos audiencias.

Miguel Angel Rovira murió de un aneurisma el 23 de julio pasado. La noticia se conoció ayer.

Patti, otra vez en la mira

Reabren la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi

El comisario Luis Abelardo Patti está preso por la causa que investiga el asesinato de Gastón Goncalves.

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A veintisiete años de los crímenes y a cinco del pedido original del fiscal federal Juan Patricio Murray, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, reabrió la causa por los secuestros, torturas y asesinatos, en 1983, de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Fue uno de los últimos crímenes con el sello del terrorismo de Estado: secuestro y tormentos a cargo de militares y civiles de inteligencia del Ejército, asesinato en enfrentamiento fraguado por policías bonaerenses, incluido Luis Abelardo Patti, que ese mismo año pasó varios meses preso. La reapertura de la causa implica que rendirán cuentas desde los fusiladores hasta el condenado Reynaldo Bignone.

Cambiasso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. Un comunicado del Ministerio del Interior y la Policía Bonaerense informó que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, el ahora condenado Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos de las víctimas modificó el escenario: estableció que antes de morir habían sido golpeados, torturados con picana eléctrica, atados con cuerdas, y que los disparos mortales habían sido a quemarropa.

El juez Juan Carlos Marchetti dictó la prisión preventiva de los policías, pero luego cambió de posición y los sobreseyó. Pese a las evidencias, consideró que no estaba probada la relación entre el secuestro y los asesinatos. Las víctimas bien podían haberse fugado después de la sesión de picana, robado un vehículo, armas y marchado hacia Zárate, donde tuvieron la mala suerte de toparse con Patti, que en legítima defensa los acribilló a balazos. El 4 de noviembre de 1983 la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En marzo de 2005, tras la anulación de las leyes de impunidad, el fiscal Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Luego se sumaron al reclamo familiares de Cambiaso y Pereyra Rossi patrocinados por los abogados de H.I.J.O.S. regional Rosario. La investigación del fiscal sugiere que al momento de los crímenes, luego del “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos y encomendó al “juicio divino” el análisis de la represión ilegal, los servicios de inteligencia estaban diagramando y ejecutando operaciones para enrarecer el clima político, con la esperanza de suspender el llamado a elecciones o bien condicionar la política del futuro gobierno sobre los crímenes de la dictadura.

A partir del estudio de la causa, el fiscal observó la pretensión de ocultar los rastros de torturas y de disparos a quemarropa. Adjudicó el trabajo a los policías bonaerenses, que instruyeron la causa bajo la dirección del juez Luis Milesi (suboficial del Ejército devenido juez con el golpe de Estado) y luego del juez Marchetti. Entre quienes no pudieron desconocer el operativo señaló a los jefes de los Cuerpo I y II, generales Juan Carlos Trimarco y Eduardo Espósito, al jefe de policía, Verplaetsen, al jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, y al dictador Bignone. Murray también desmenuzó la actuación de Marchetti y sostuvo que el sobreseimiento tras la prisión preventiva era “inexplicable desde el punto de vista jurídico” (Marchetti es quien como juez de Menores falseó en 1977 un expediente de adopción para entregar en guarda a Manuel Goncalvez a personas de su confianza, delito por el que lo sobreseyó Villafuerte Ruzo y sobre el que debe pronunciarse la Cámara Federal de Rosario).

Al margen de las irregularidades, Villafuerte Ruzo asignó especial importancia a la nueva prueba aportada dos años atrás por Eduardo Constanzo, ex personal civil de inteligencia (PCI) del Destacamento 121 condenado en abril a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de Rosario. En declaraciones judiciales y ante la prensa, Constanzo relató que el seguimiento de Cambiasso estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, otro PCI que luego se encargó de interrogarlos “en el camioncito Mercedes Benz 608”. “Lo del bar Magnum lo hacen (Víctor “Chuli”) Rodríguez, (Pascual) Guerrieri y toda la patota, que la integraba también el Gato (Edgardo) Andrada, arquero de Central”, recordó. Entre quienes llevaron a los secuestrados hasta el camino rural cercano a la localidad de Lima mencionó a Ariel Porra, alias Puma, y a “Filtro, alias Sebastián, que es el yerno del coronel (Edgardo Juvenal) Pozzi”.

Del trabajo final se encargó Patti.

Murió Adel Vilas

Por Diego Martínez

Un adelantado del terrorismo de Estado, instaló en 1975 en Tucumán los primeros centros de tortura y exterminio del país.

En Bahía Blanca emplazó su segunda Escuelita, última escala de un centenar de desaparecidos.

A los fusilamientos en enfrentamientos fraguados, marca registrada del Ejército, agregó como toque de distinción de su prontuario el juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur, siempre con la complicidad del diario La Nueva Provincia y el servicio del juez federal Guillermo Federico Madueño.

“¿Cómo decirle adiós a un soldado que hizo que los hombres, mujeres y niños de esta ciudad comenzaran a recobrar la paz y la seguridad que habían perdido? Nos estaban arrancando algo vital, uno de los ejemplos del país que queremos ganar para las futuras generaciones”, escribió Diana Julio de Massot luego de despedirlo en la dirección del diario.

En 1987 la Cámara Federal lo escuchó invocar “órdenes superiores” para justificar sus crímenes y le dictó la prisión preventiva rigurosa. Usaba entonces el uniforme que sus subordinados se quitaron para secuestrar y contaba con los “consejos técnico--profesionales” de Néstor Luis Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército y actual juez de la misma Cámara bahiense.

Pasó sus últimos años recluido en un departamento en Bulnes 2087, donde nunca se dignó a recibir a este cronista.

Los ingratos que se beneficiaron con sus trabajos sucios le dedicaron cuatro líneas a su muerte y hasta escribieron mal su nombre. Así pagan.

Homenaje y polémica

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Familiares y compañeros de detenidos-desaparecidos de Tres de Febrero rendirán homenaje hoy a dieciocho scouts de la parroquia San Francisco de Asís, de Villa Bosch, víctimas del terrorismo de Estado. La jornada comenzará a las once con una misa a cargo del obispo de San Martín y Tres de Febrero, Guillermo Rodríguez-Melgarejo, quien cobija en su diócesis al ex capitán de fragata Alberto Angel Zanchetta, capellán de la ESMA que justificaba con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo el asesinato de prisioneros arrojados al mar desde aviones navales.

El Grupo Scout de la Capilla de San Francisco de Asís se gestó a partir de la llegada del padre Mario Bertone y de su experiencia previa en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Caseros, donde estudiaron la mayoría de los militantes desaparecidos y donde ahora Zanchetta oficia de vicario y asesora a los jóvenes de Acción Católica Argentina. Influidos por el pensamiento del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, Bertone y los scouts pusieron en pie la capilla y transformaron el vínculo de la Iglesia con la comunidad, cambio que incluyó desde el uso de música en las misas hasta la resolución conjunta de los problemas del barrio.

Los jóvenes secuestrados entre 1976 y 1978 son Andrés y Daniel Barciocco, Fernando Barro, Miguel Angel Biglia, Augusto Lenzi, Héctor, Miguel Angel y Oscar Buchelini, Carlos Rescigno y su esposa Francisca Ricci, Alfredo y Luis Castro, Darío y María Mercedes Valiño, Luis Frutos, Carlos Cruspeire y su esposa Rosa Godoy, y José Pérez Rojo. Algunos fueron vistos en cautiverio en Campo de Mayo, otro en una casa operativa de la Fuerza Aérea en Morón, y un par fueron secuestrados en Córdoba y vistos en el centro clandestino La Perla.

Rodríguez-Melgarejo invocó su amistad con Carlos Mugica cuando pidió participar del homenaje. Los organizadores consultados por Página/12 desconocían que el obispo cobija en la principal parroquia de Tres de Febrero al ex capellán de la ESMA, denunciado por el capitán Adolfo Scilingo. Zanchetta también fue secretario del ex obispo castrense Adolfo Baseotto, que amenazó con arrojar el mar al ministro de Salud por repartir preservativos. En 2009, antes de que el Ministerio de Defensa ordenara su baja, fue vicario en la iglesia San Pedro González Telmo. Ante el repudio de los vecinos de San Telmo, el cardenal Jorge Bergoglio lo envió a una diócesis en el Golfo de Génova, Italia. Reapareció en la parroquia De la Merced, donde dirige la Acción Católica a nivel distrital y secunda al párroco Santo Alegre (sic). La comunidad católica del distrito conoce el rol de Zanchetta en la ESMA, que el ex marino niega. Hasta ahora sólo un grupo de jóvenes, en silencio, tomó distancia de la parroquia como muestra de repudio. La obsesión de vicario y obispo es que el caso no trascienda a los laicos.

El gran simulador

La Justicia debe resolver si Luis Patti puede seguir internado y no en la cárcel

Los abogados de Patti buscan mostrar que no puede valerse por sí mismo ni comunicarse, pero un perito aseguró que no es necesario que permanezca en el Fleni y que no habla para disimular su estado.

Por Diego Martínez

Foto tomada en Fleni, donde se supone que Patti se recupera de un ACV.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín que desde el 30 de agosto juzgará a Luis Abelardo Patti por delitos de lesa humanidad, deberá resolver en los próximos días si le concede el arresto domiciliario, si lo devuelve a la cárcel que no pisa desde hace seis meses, o si le permite seguir internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, donde en teoría se recupera de un accidente cerebro vascular (ACV) que sufrió en enero y donde se tomó la foto que ilustra esta nota.

Mientras sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte se esmeran en demostrar que Patti no puede valerse por medios propios y pulen la estrategia para probar que es incapaz de comprender y comunicarse, paso previo al reclamo de suspensión del juicio, el perito que evaluó al torturador a pedido de la querella lo describe como un simulador que no habla para disimular su verdadero estado, y destaca que “no es imprescindible” el tratamiento indicado por los médicos del Fleni, quienes justifican desde hace medio año la internación en el instituto que el propio Patti inauguró cuando era un intendente impune.

A principios de año, los abogados obtuvieron la autorización judicial para que Patti se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, que se realizó a fines de enero en el hospital de la Universidad Austral, en Pilar, Patti sufrió un ACV que le permitió tomar distancia del penal de Marcos Paz, donde estaba detenido desde noviembre de 2007 junto a Etchecolatz, Von Wernich & Cía.

La recuperación comenzó en el Fleni de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la Familia Pérez Companc (familia con mayúsculas en la web de la fundación) en Escobar. “Va a tener una recuperación larga, pero eso depende de las posibilidades de rehabilitación que pueda tener, ya que está privado de su libertad”, explicaron entonces sus amigos al diario La Nación. “El ya tenía para tres meses de rehabilitación por la columna, a lo que ahora se suma esto”, se esperanzó Luis Patti Jr. en declaraciones a una revista local.

En ese contexto, y mientras el tribunal se aprestaba a fijar fecha para el proceso que compartirá con los condenados generales Reinaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, y con el ex comisario Juan Fernando Meneghini, su jefe en la comisaría de Escobar en los ’70, Bisordi y Duarte solicitaron el arresto domiciliario. El argumento: el tratamiento bajo la modalidad “hospital de día” indicado por los médicos del Fleni sólo se lo podría brindar ese centro de rehabilitación de Escobar, y los traslados desde el penal de Marcos Paz serían traumáticos para la salud del imputado, que según sus abogados es incapaz de alimentarse o vestirse sin ayuda de un tercero.

Durante los cinco meses posteriores al ACV, el tribunal que deberá juzgar a Patti, integrado por los jueces Héctor Sagretti, Lucila Larrandart y Marta Milloc, tomó conocimiento de su estado de salud sólo por los informes del Fleni. Luego de insistentes requerimientos del fiscal federal Juan Patricio Murray, los magistrados ordenaron un examen a cargo del Cuerpo Médico Forense, cuyos resultados se conocerán esta semana.

Sí se conoce el informe del perito médico ofrecido por la parte querellante, patrocinada por los abogados Pablo Llonto y Ana Oberlin. Según el escrito del médico Leonardo González, “el aumento excesivo en los tiempos de latencia en responder, como si no comprendiera una pregunta, no es justificable con las lesiones padecidas en el sistema nervioso”. Patti “no padece alteraciones en el lenguaje”, afirmó. Si bien “se mostró extremadamente callado” y “prefirió el lenguaje gestual”, el perito observó un llamativo contraste entre la precisión para dibujar en el aire letras que le mostraron durante un examen de agudeza visual y la discapacidad que manifestó durante el interrogatorio para realizar tareas básicas como el aseo personal o el vestido.

“Puede escribir con destreza suficiente, y no padece significativa discapacidad para no poder realizar sin asistencia la mayoría de las actividades de la vida cotidiana. El paciente niega que pueda comer sólo con su mano derecha, niega poder cortar o llevar la comida a la boca, lo que contrasta con la observación objetiva”, escribió González, quien advirtió que el ex comisario “colaboró muy poco con la evaluación”.

Consultado por el tribunal sobre la necesidad de continuar el tratamiento indicado por los médicos Lisandro Olmos y Marcos Rey, del Fleni, el perito apuntó que “no es imprescindible”, pues la terapia de recuperación “no precisa de aparatología compleja o asistida por computación”, y que tampoco es imprescindible que la frecuencia del tratamiento sea diaria. “Dos o tres veces por semana resulta suficiente”, apuntó, y enumeró centros de rehabilitación a los que podría trasladarse sin inconvenientes desde el penal de Marcos Paz.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-149328-2010-07-12.html

Los consejos de Miret

La investigación en el Consejo de la Magistratura

Un ex preso político y la madre de una joven secuestrada durante la dictadura declararon ante el organismo que designa y remueve a los jueces por la causa contra Luis Miret.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo investiga al actual juez de la Cámara Federal de Mendoza.

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A fines de agosto de 1975, un día después de haber sido torturado durante horas, Hugo René Tomini recibió la visita del juez Luis Francisco Miret en el calabozo del Departamento de Informaciones de la policía de Mendoza.

–¿Cómo está? –preguntó el magistrado.

–Dolorido –respondió desde el suelo Tomini, incapaz de pararse por las secuelas del castigo.

–Hay que aguantar –le aconsejó Miret.

Tomini recordó el diálogo el último jueves frente a tres integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que investiga el rol del actual juez de la Cámara Federal de Mendoza durante el terrorismo de Estado. También la madre de una joven secuestrada y ultrajada por miembros del D2 describió los padecimientos de su hija y sus gestiones infructuosas ante Miret, a quien definió como “cómplice de violadores” y “un embrión de la dictadura”.

Tal como informó Horacio Verbitsky el 25 de abril, el periodista Rodrigo Sepúlveda filmó el testimonio de Tomini en 2000 y lo incluyó tres años después en su tesis de graduación a la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo. Miret y su colega Otilio Roque Romano, fiscal durante la dictadura, fueron denunciados ante el Consejo por organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza, con la adhesión posterior del gobierno de Celso Jaque. En el marco de esa instrucción fue citado a declarar el ex preso político, que dio testimonio ante los consejeros Héctor Masquelet, Diana Conti y Santiago Montaña.

Tomini fue detenido en la calle el 28 de agosto de 1975. Lo llevaron a su casa, donde le dieron la primera paliza, y luego en el baúl de un auto hasta el palacio de policía, donde funcionaba el D2 y donde pasó la peor semana de su vida. Desde el calabozo pegado al suyo escuchaba la voz de una adolescente que imploraba no ser violada, y el ruido de un arma, que imaginó en la cabeza de la víctima. De las torturas físicas destacó la golpiza, sobre todo en los testículos, y la picana, atado de pies y manos al elástico de una cama de metal. “Eso duró varias horas”, contó.

“Uno o dos días después siento que alguien corre como un cerrojo del calabozo y dice ‘levántese, lo viene a ver el juez’. Yo no me pude levantar porque físicamente no estaba en condiciones”, recordó. De inmediato se produjo el diálogo con el que arranca la nota, que mantuvo con “un señor de traje”. “Teóricamente ése era el juez. Yo dije ‘es una payasada de la policía’. Pero mi sorpresa grande fue cuando, dos o tres días después, voy al juzgado y era el juez”, recordó.

–¿Usted le refiere a Miret las torturas a las que había sido sometido? –preguntó el consejero Masquelet.

–No, en absoluto. No declaro absolutamente nada. No sabía que uno podía decir ‘denuncio las torturas pero me abstengo de declarar’. Aparte, le soy sincero, sentía como que era algo sabido, que no hacía falta explicarle a nadie –dijo, y reiteró: “Me vio tirado en el suelo, yo no podía pararme”.

Varios meses después, Tomini consiguió que le dieran la opción para salir del país. “Mis padres, entonces, van a hablar con Miret, mostrándole que yo tenía el derecho de opción, a lo cual Miret dijo: ‘Si el general Videla no tiene nada contra su hijo, yo tampoco’”.

“Miret era un embrión de la dictadura que después nos acosó”, resumió el jueves anterior Luz Casenave, quien recordó la desidia con la que el juez trató a su hija de 16 años durante su cautiverio. Luz Faingold cursaba el quinto año del colegio secundario, era delegada del curso. Fue detenida el mismo día que Tomini y trasladada al D2. Su madre se apersonó pero no logró que la liberaran. Luego, el entonces juez Miret prohibió la restitución de Luz al hogar.

Cuando supo que su hija sería indagada por el juez, Casenave se presentó en el edificio de Tribunales y logró ingresar a la sala de audiencias. Vio a su hija, al juez Miret y al entonces fiscal Otilio Romano (el otro camarista mendocino denunciado por encubrir delitos de lesa humanidad), más dos soldados y un secretario. “Mi hija era un pajarito vencido, un ser arruinado, oprimido”, recordó Casenave, que es psicóloga y asistente social.

Ante la pregunta de Miret, le informó que era la madre de Luz. El juez la obligó a retirarse pero Casenave se negó, le dijo que no podía interrogar a una menor sin la presencia de al menos uno de sus padres. Consultada por el defensor oficial de Miret, la mujer recordó que el interrogatorio a su hija no parecía a cargo de un juez sino “policial”. “Miret tuvo la oportunidad de ser un hombre de ley y sin embargo fue cómplice de los violadores”, afirmó Casenave, de 80 años, en referencia a los abusos sexuales que padeció su hija. “Fue lo más doloroso que pasé en mi vida”, confesó.

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Un luchador consecuente

MURIO PATRICK RICE, EX SACERDOTE Y MILITANTE POR LOS DD.HH.

De origen irlandés, Rice dedicó su vida a acompañar a los sectores más desprotegidos. Fue secuestrado y torturado por la última dictadura, denunció la complicidad de la Iglesia con los militares. Fue fundador de Fedefam y miembro del CELS.

“Es muy difícil pensar que vamos a seguir sin él”, dijo Marta Vásquez de Madres Línea Fundadora.

Por Diego Martínez

Cristiano consecuente como sacerdote y luego como laico, víctima del terrorismo de Estado por su militancia en villas, crítico de la conducción de la Iglesia por su complicidad con la dictadura y dirigente esencial del movimiento de derechos humanos desde fines de los ’70, Patrick Rice falleció de manera repentina, el miércoles por la noche, en un hospital de Miami. Rice fue cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), nacida en 1981 para potenciar la lucha de quienes enfrentaban dictaduras en América latina y el Caribe, y hasta los últimos días acompañó a sobrevivientes y testigos en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Luego de visitar a familiares y amigos en su Irlanda natal, se descompuso durante la escala del vuelo Dublín-Buenos Aires. Paradójicamente para quien sembró amigos en todo el mundo, murió lejos de sus seres queridos. Sus restos llegarán a la Argentina en los próximos días. Será velado en la Casa de Nazareth.

Rice nació en el seno de una familia rural de Irlanda en 1945. Se recibió de bachiller en teología en la Universidad Pontificia local y en 1970 llegó a la Argentina. Se ordenó como sacerdote en la congregación del Verbo Divino y en 1972 ingresó a la Fraternidad Hermanos del Evangelio Charles de Foucauld. Luego de su trabajo pastoral en el interior de Santa Fe se radicó en Capital, primero en La Boca, luego en la villa 3 de Villa Soldati. Como sacerdote de la capilla junto al padre Carlos Bustos trabajó con los laicos, entre ellos Fátima Cabrera, catequista y alfabetizadora con quien estableció una relación para toda la vida.

A partir de 1974 la fraternidad sufrió detenciones, secuestros y deportaciones por su trabajo con sectores marginados. El 11 de octubre de 1976 fue secuestrado por un grupo de tareas de civil. Cuando advirtió que era sacerdote lo golpearon y le aclararon que “los romanos fueron muy civilizados con los primeros cristianos comparado con lo que te va a pasar a vos”. En cautiverio fue interrogado a golpes, quemado con cigarrillos y sometido al tradicional submarino. Luego de tres días desaparecido y gracias a la presión de la Embajada de Irlanda y de su orden, fue trasladado al tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal, el sector clandestino del edificio que aún ocupa la Policía Federal y al que volvió durante una inspección ocular en 2008. “La intervención del nuncio y del Episcopado se limitó a tramitar su expulsión del país, sin referencia alguna al maltrato sufrido”, destacó Horacio Verbitsky en su historia de la Iglesia. Antes de exiliarse padeció la cárcel. La Iglesia que aún le permite al condenado Von Wernich oficiar misa en el penal de Marcos Paz le prohibió a Rice y a otros curas presos en la Unidad 9 de La Plata vestirse con ropa clerical y concelebrar la Eucaristía.

En 1985, tras quince años de sacerdocio, dejó los hábitos para casarse con Fátima. Tuvieron tres hijos: Carlos, Amy y Blanca, y se dedicaron a la militancia laica con los Hermanitos del Evangelio. “Sigo trabajando para una Iglesia que vive fielmente el mensaje sencillo y profundo del Evangelio, pero que ha sido traicionada en la historia reciente por miembros del clero y del Episcopado que debieron y deben cumplir su deber de sostener en alto este tesoro ante el pueblo de Dios”, escribió.

“Es una pérdida enorme”, afirmó Marta Vásquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Hemos trabajado juntos desde 1981 en Fedefam y ha sido siempre el consejero, el secretario, el asesor... Realmente no puedo creer que no lo voy a ver más. Pienso mucho en Fátima y en los chicos. Patrick dedicó su vida a los derechos humanos, sociales y políticos, y desde que fue secuestrado tuvo una vida accidentada. Es muy difícil pensar que vamos a seguir sin él”, reflexionó con la voz quebrada. “Querido amigo Patricio: hasta pronto”, lo despidió.

“Ha sido un hombre consecuente en su militancia durante muchísimos años”, recordó Verbitsky, presidente del CELS, que tenía a Rice entre sus socios. “Primero como sacerdote, luego como miembro de una fraternidad laica, ha seguido militando por una transformación de la Argentina siempre en relación con los más desprotegidos. Forma parte de una generación que se entregó de cuerpo y alma, y ha sido de los mejores, de los más consecuentes”, destacó el periodista”.

“Fue un decidido luchador por los derechos humanos que padeció en carne propia la dictadura y nos dejó la memoria de su sonrisa en su español atravesado y su lucha por la paz detrás de las huellas de Carlos de Foucauld”, recordó Eduardo de la Serna, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres. “Lo vi por última vez en la misa de Carlos Mugica. Llevó las ofrendas. Y ofrendó su vida para que la verdad, la justicia y la paz sean una realidad en nuestra patria”, agregó De la Serna, miembro de la comisión directiva del CELS.

“Es un golpe tremendo. Era un personaje querido, querible, inteligente, sano, de una pureza infinita, siempre con esa sonrisa increíble”, lo recordó Lita Boitano, de Familiares, organización a la que Rice representó en Fedefam desde el fallecimiento de Mabel Gutiérrez y que ahora integran sus hijos Carlos y Amy Rice, militantes de HIJOS.

“Sufrió la desaparición y la tortura durante el terrorismo de Estado por su compromiso solidario con nuestro pueblo pobre, que él había convertido en su propio pueblo”, recordó el pastor Arturo Blatezky, del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, donde también actuó como secretario.

“Es una pérdida enorme, no sólo por lo que significaba como militante, sino por lo que era como persona, como ser humano, siempre con una sonrisa y con ese castellano que hablaba perfecto pero con un dejo de irlandés”, recordó emocionada Taty Almeida. “Junto con Fátima vencieron todo, se sobrepusieron a las peores torturas y protagonizaron una maravillosa historia de amor”, agregó la dirigente de Madres.

“Es una cuenta pendiente”

Fermín Rivera, testigo en el juicio por la Unidad Penitenciaria 1

Ex preso político durante una década, Rivera hizo la denuncia que inició la causa hace ya 34 años. Relata la historia sobre la conformación de un verdadero campo de concentración y de exterminio.

Fermín Rivera (a la derecha) se abraza con un ex compañero de cautiverio durante la dictadura.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

Treinta y un presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba fueron fusilados por militares del III Cuerpo de Ejército entre abril y octubre de 1976, cuando la cárcel se transformó en campo de exterminio. Fermín Rivera escuchó en cautiverio la promesa del general Sasiaíñ de ejecutarlos “lentamente”, vio morir a varios compañeros y denunció los crímenes en plena dictadura. El viernes, con Videla y Menéndez en el banquillo, comenzó el juicio por el que peleó durante 34 años. “Relatar el asesinato de entrañables amigos es terrible, doloroso, pero es una cuenta pendiente con mis compañeros y con la historia”, dice. Ex preso político durante una década, Rivera repasa la historia de quienes encubrieron delitos de lesa humanidad, advierte que “vamos a luchar por verdad y justicia hasta que alcance a todos los responsables”.

–Empezó el juicio por los fusilamientos de sus compañeros y usted hizo la denuncia original.

–Hace 34 años que hice la primera denuncia y ha habido cantidad de frustraciones. La primera fue en la cárcel de Sierra Chica en octubre de 1976 con el juez de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuestas. Yo estaba hemipléjico. Le relaté las golpizas, el aislamiento, los fusilamientos, y respondió que no tenía jurisdicción pero que debía informar de mi denuncia a las autoridades militares. Era una amenaza velada. Seguí denunciando sin que nadie me escuchara hasta enero de 1983, cuando por una medida de fuerza de los presos me entrevistó un juez de Rawson y se empezó a instruir la causa. La Justicia llega después de 34 años.

–¿Cuándo cayó usted?

–El 27 de agosto de 1974, a la semana de la toma de la fábrica de explosivos de Villa María. Andaba recogiendo las armas después de la retirada y me detuvo la Policía Federal. En La Carlota me torturaron 24 horas para sacarme información de dónde iba a llevar las armas. Me siguen torturando en Río Cuarto y me llevan a la cárcel. Ahí empiezo a recuperarme de las lesiones, aunque todavía tengo secuelas. Un juez me dicta la preventiva y a fines de 1974 llego a la penitenciaría de Córdoba.

–¿Cómo era el trato?

–La relación con las autoridades penitenciarias era muy buena. Eramos doce presos políticos. Recibíamos tres visitas por semana, 18 horas en total, más una visita privada. Podíamos trabajar, hacíamos artesanías que nos permitían autogestionarnos, nos daban comida para cocinar, estudiábamos, teníamos radio y televisión. Puede decirse que se respetaban los derechos humanos, al menos de los presos políticos.

–¿El cambio fue después del golpe?

–En diciembre de 1975. Ahí requisa la Policía Federal y nos secuestran todo: cuadernos, libros, lápices, radios. Sólo permiten una visita semanal cortita. Y el 24 de marzo la cárcel se convierte en un campo de concentración y exterminio: nos aíslan, cierran puertas y ventanas, nos dejan con lo puesto. Fueron seis meses sin bañarnos, sin afeitarnos, haciendo las necesidades en celdas colectivas, diecisiete en la mía. Tuvimos que abrir un hueco en la pared para tirar el orín y las heces al patio. A los que sobrevivimos nos trasladaron a Sierra Chica el 30 de septiembre. En mi caso con hemiplejia por los golpes.

–¿Golpes a cargo de militares?

–Sí, a partir del 24 de marzo hay golpizas cotidianas. El general (Juan Bautista) Sasiaíñ nos dijo: “Están todos condenados a muerte, pero no se hagan ilusiones: van a morir lentamente, de uno en uno”. Se fue y empezaron a golpearnos, todos los días, hasta dejarnos sin conocimiento, ensangrentados, sin enfermería ni nada. Cuando llegamos a Sierra Chica los guardias vomitaban del olor que teníamos. Tuvieron que darnos hasta calzoncillos y medias porque la ropa que llevábamos, hilos de frazada cosidos con agujas de hueso, no servía para nada.

–¿Qué fue de los guardiacárceles?

–Los militares tomaron la cárcel y se hicieron cargo de los presos especiales. Los guardiacárceles sólo abrían los candados. La relación previa con ellos y con los presos comunes permitió que todo se conociera en el exterior de la cárcel a medida que sucedía. La primera consigna que nos propusimos a partir del golpe fue sobrevivir. La segunda, hacer conocer lo que pasara, se consiguió por la solidaridad de guardias y presos comunes. Durante seis meses pudimos sacar todos los días relatos pormenorizados escritos en papel higiénico. Nuestras familias no podían recurrir a diarios y canales, pero lo mandaban al exterior, donde se armó un movimiento de solidaridad que derivó en visitas de Amnesty, la Cruz Roja y otras organizaciones. Eso fue vital para sobrevivir.

–¿Cómo fue enterarse de que los sacaban para fusilarlos?

–A partir de la visita de Sasiaíñ nos preparamos para lo peor, aunque quedaba la secreta esperanza de que algo extramuros nos salvara. Cuando sacaron al primer grupo de compañeros dijeron “despídanse porque no vuelven”. Al otro día nos enteramos de que habían sido fusilados y supimos que de un momento a otro nos tocaba. La de San Martín es una cárcel enorme, con bullicio permanente, pero cuando sentíamos las pisadas de los militares se producía un silencio aterrador. Sacaban a uno u otro, en el pasillo le ponían capucha, mordaza, y se preocupaban por decir “salen para no volver”. La intención era recordarnos que nos iban a matar, a tal punto que a uno de los hermanos De Breuil lo hicieron ver el fusilamiento de su hermano y lo devolvieron a la cárcel para que lo contara.

–¿Los llevaban a otros campos de concentración?

–En general, no. Lo que hicieron hasta 1982, cada vez que alguien del Ejecutivo visitaba el Tercer Cuerpo, fue seleccionar a unos treinta presos de distintas cárceles y llevarnos a La Perla o a La Rivera como rehenes, por si había un atentado. Tenían una tabla de conversión: si moría un oficial superior nos mataban a todos; si era oficial jefe, a veinte; subalterno, a quince; suboficial, a diez; y si era soldado, a cinco.

–¿Cuántos presos políticos hubo en la UP1?

–Al momento del golpe éramos ciento veinte en dos pabellones. Para fin de septiembre había otros dos pabellones repletos, unos doscientos más. La política de exterminio estaba dirigida a los presos anteriores al golpe, tenían la certeza de que habíamos participado en hechos armados.

–¿Recuerda cuántas veces declaró en 34 años?

–Muchísimas, recuerdo las más importantes. La primera, ante el juez penal de Olavarría después de llegar a Sierra Chica. Lo único que le interesó fue que las lesiones eran previas al traslado, del resto no escribió nada. Después Vázquez Cuesta, otro juez en Caseros, el de Rawson que inició el sumario y, ya en libertad, ante el juez federal de Córdoba. Cuando se empezó a instruir la causa aparecieron las leyes de punto final y obediencia debida. Muchos de los que se insurreccionaron con (Ernesto “Nabo”) Barreiro están ahora como imputados.

–¿Qué sintió al ver ante un tribunal a los asesinos de sus compañeros?

–No se puede describir la sensación. A todos los compañeros que mataron los conocí profundamente y cada denuncia fue para que no quedaran impunes. Sentí como que descargaba un peso enorme, un gran alivio, aunque la felicidad nunca es completa. Sabemos –y ellos saben– que no fueron los únicos (ejecutores) sino los más notorios.

–¿Tendrá un significado especial declarar frente a Videla?

–Si fuera por mí trataría de evitar declarar porque cada vez que uno habla de estas cosas reabre heridas. Relatar el asesinato de entrañables amigos es terrible, doloroso, pero es una cuenta pendiente con mis compañeros y con la historia. Si sobrevivimos fue para esto, para que no se repita esta barbarie y esta locura genocida.

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Reticencia de la Fuerza Aérea

LA FISCALIA LE INFORMO A DEFENSA QUE LA AERONAUTICA NO APORTA DATOS REQUERIDOS SOBRE AVIONES

Los familiares de víctimas del terrorismo de Estado arrojando claveles al Río de la Plata.

Por Diego Martínez

Mientras Adolfo Scilingo cumple su condena en España y hay sólo dos pilotos navales procesados luego de confesar (en privado) su actuación en vuelos de la muerte, las Fuerzas Armadas se resisten a entregar datos que permitan investigar el método argentino de desaparición de personas. El fiscal Federico Delgado, que desde hace un año investiga el funcionamiento de la Brigada Aérea de Palomar, le informó por escrito al Ministerio de Defensa “la escasa colaboración” de la Fuerza Aérea, a la que reclama sin suerte el historial de los aviones que según ex conscriptos y operarios civiles se usaron para arrojar secuestrados al mar. Esta misma semana, al procesar a Julio Poch, el juez Sergio Torres destacó que los documentos que sobrevivieron a la impunidad planificada existen “merced a un descuido o falta de prolijidad a la hora de eliminar todas las pruebas escritas”.

La primera denuncia sobre vuelos en Palomar la formuló Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar. Acusó a las tres fuerzas “de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea” y precisó que “usaron Fokker F-27”, modelo que el ex sargento Víctor Ibáñez incluyó entre los aviones que con idéntico fin usaba el Ejército en Campo de Mayo y que empleó la Armada en el Aeroparque Jorge Newbery, según alcanzó a contar el desaparecido Emilio Assales luego de ver a sus compañeros de la ESMA desmayarse al pie del avión y de que el Servicio de Inteligencia Naval postergara su agonía para interrogarlo. También el capitán Hemir Sisul Hess, con procesamiento confirmado por la Cámara Federal, contó a sus íntimos que “los vuelos salían del Palomar o Morón”.

Delgado inició una instrucción preliminar a partir de la denuncia de la hija de un desaparecido víctima de los vuelos que los antropólogos forenses exhumaron de una tumba NN. El fiscal recibió más de trescientos testimonios, la mayoría de ex conscriptos y de civiles. Un soldado contó que vio grupos de “veinte a treinta personas” que “bajaban encapuchados de los furgones y eran subidos por personas vestidas de civil a los aviones”. “Nos decían que eran subversivos”, agregó. Otro dijo que “eran trasladadas en aviones que después nosotros limpiábamos”. Contó que los cautivos, “esposados unos de la mano de otros”, llegaban “en camiones de la Policía Federal”. Identificó los Fokker F-27, contó que los vuelos “duraban entre veinte y treinta minutos” y que se hacían “con mucha frecuencia”. Apuntó que “regresaban sin pasajeros”, aunque dijo ignorar el destino. “Los cabos decían que a esa gente la iban a cambiar de cárcel”, recordó.

Un tercer ex conscripto que dijo haber integrado la “compañía COIN, que significaba contrainsurgencia” y sobre la cual la Fuerza Aérea dice no tener antecedentes, recordó que “había una efervescencia instaurada que hacía creer que todos eran subversivos”. No vio cargar secuestrados, pero sí bajar desde un Fokker “gente esposada por la espalda y con los ojos vendados”, que luego eran “cargados en un micro”. Recordó en particular a “una mujer de unos 35 años” a quien “le pegaron un empujón de arriba y cayó de cabeza”.

Un ex motorista de Palomar supo “por comentarios de suboficiales” que “salían vuelos con personas vivas, quienes luego eran arrojadas al mar”. Agregó que los secuestrados “eran trasladados en camionetas y en forma conjunta por las tres fuerzas militares y por la policía”. “Esos vuelos no estaban programados, no figuraban en ninguna planilla”, dijo. Precisó que los vuelos eran “durante la noche” y que usaban “aviones Fokker F-27 Tango Charly, la versión paracaidismo” (la sigla significa Transporte y Carga y refiere a los aparatos que permiten retirar las butacas del Fokker para volar con carga). El testigo no identificó a los confesores, aunque aseguró que “tenían la necesidad de descargar semejantes atrocidades”.

Según el oficio que Delgado remitió a la ministra Nilda Garré, “nunca recibió una respuesta concreta” por parte de la Fuerza Aérea, a la que reclama planes de vuelos de los Fokker F-27 y F-28 y de los Hércules C130. Los pedidos “recorren todos los rincones de la institución” y derivan en respuestas en “lenguaje encriptado”, que llegan a destino “fuera de término y sin una respuesta concreta”.

dmartinez@pagina12.com.ar

Procesado por los vuelos de la muerte

Julio Poch fue acusado de 615 secuestros agravados

Por Diego Martínez
El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch se convirtió en el segundo piloto de la Armada procesado con prisión preventiva luego de confesar en privado su actuación en los vuelos de la muerte durante la última dictadura. El juez federal Sergio Torres destacó “el incesante trabajo” de sus defensores en Europa y en Argentina para “destruir la acusación por todos los medios”, pero priorizó los testimonios de los pilotos de la aerolínea Transavia que recibió de primera mano en 2008 en la embajada argentina en el Reino de los Países Bajos. Torres procesó a Poch por 615 secuestros agravados, le embargó bienes por 615 millones de pesos y ordenó que aguarde el juicio en la cárcel de Marcos Paz.

La confesión que cambió la vida de Poch fue el 2 de diciembre de 2003 en el restaurante Gado-Gado, en la isla de Bali, Indonesia. Según el primer testigo, Poch contó cómo desde “abordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida”. Dijo que eran “terroristas” y que “eran tiempos de guerra”. Defendió el método como “una manera humana de ejecutar a la gente” y aclaró que “estaban drogados”. El segundo testigo declaró que escuchó la confesión de terceros. Ante la consulta, Poch le aclaró que se refería a “nosotros” por los pilotos de la Armada, pero negó su participación. El tercer testigo fue categórico: Poch “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar” y “estaba enojado por no haberse percatado de haber arrojado a niños y personas muy jóvenes”. Cuando le planteó lo terrible de vivir con tantos muertos en el haber, Poch le explicó que “lo creía justo” porque “eran terroristas de izquierda que no merecían algo mejor y que había sido una forma humanitaria de ejecutarlos porque habían sido drogados”.

“Había tomado un poco de alcohol” pero “estaba lúcido”, explicó Poch en la primera de sus tres extensas declaraciones indagatorias, luego de ser extraditado desde España. Su estrategia se centró en desacreditar a los testigos. Al primero lo definió como un “lunático y obsesivo” que lo discriminaba porque “es un xenófobo que no aceptaba a pilotos extranjeros”. Del segundo dijo que es “un mentiroso y megalómano porque siempre quiere ser el centro”. Sobre el tercero admitió que “siempre tuve una buena relación”, pero sugirió que lo convencieron para que mintiera. Poch le aseguró al juez que “siempre respeté los derechos humanos” y que los crímenes de lesa humanidad “van contra mis principios morales y cristianos”. Se explayó sobre su especialización como “piloto de caza y ataque” y su incapacidad para pilotear aviones de carga. Auxiliado por los penalistas Gerard Spong, en Europa, y Gerardo Ibáñez, en la Argentina, el imputado presentó declaraciones de colegas de Transavia ante un escribano para certificar su silencio sobre su actuación en la dictadura como la tergiversación de sus dichos en Indonesia.

Torres desbarató en un escrito de 757 fojas los argumentos del imputado. Minimizó “el efecto de los celos profesionales o la envidia”, sostuvo que si no sabía volar aviones de carga bien pudo haber participado como tripulante y diferenció “el impacto inesperado y tal vez imprevisto” de la confesión “en un contexto sociocultural” diferente al argentino. El juez dejó constancia de que los vuelos se ejecutaron desde “distintos aeropuertos o bases militares” y que se usaron aviones pero también helicópteros que partían desde la propia ESMA. El primer piloto procesado por su actuación en los vuelos es el capitán Hemir Sisul Hess.

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“Convivíamos con la tortura y el terror”

EL TESTIMONIO DE MERCEDES CARAZZO Y PILAR CALVEIRO EN EL JUICIO A LOS REPRESORES DE LA ESMA

Dos sobrevivientes señalaron secuestradores ante el Tribunal. Ante una pregunta de Julio Coronel, abogado de uno de los marinos, Carazzo le recordó que había sido su padre, Julio César Coronel, quien asesinó a su marido.

Por Diego Martínez
“Acá nos mojamos todos”, contaba el capitán Jorge Acosta para graficar la rotación de oficiales y suboficiales de la Armada por los grupos de tareas. La frase la recordó ayer Mercedes Carazzo, sobreviviente de la ESMA, mientras los camaradas del Tigre tomaban apuntes y se miraban de reojo en la bandeja superior. En la segunda declaración de ayer, ambas por videoconferencia desde México, Pilar Calveiro viuda de Campiglia repasó su peregrinaje por centros clandestinos y reinstaló varios nombres de represores que en algunos casos siguen prófugos (el prefecto Gonzalo Sánchez, el capitán Jorge Vildoza), bien no han sido identificados (“el Pelado Cortés”, interrogador del Servicio de Inteligencia del Ejército en la ESMA) o aún no están en la mira del Poder Judicial, como los médicos del Hospital Aeronáutico Central que atendían a mujeres vendadas y con signos de torturas.

Las primeras dos horas de la audiencia se consumieron con la lectura y los planteos derivados de la resolución por la cual el Tribunal Oral Federal 5 aceptó la recusación del juez Oscar Hergott, a quien reemplaza su colega Germán Castelli (ver aparte). El único de los diecisiete imputados que asistió a la sala fue Ricardo Miguel Cavallo, quien toma prolijos apuntes con su computadora portátil, derecho que asiste a los acusados pero no a los periodistas, condenados a papel y lápiz.

Física de profesión, Carazzo dirige el Centro de Innovación Tecnológica del Ministerio de la Producción de Perú, donde se exilió en 1980, cuando se liberó de la Armada y del teniente Antonio Pernías. “Fue una relación personal no impuesta por la violencia, aceptada, pero que seguro no se habría producido en libertad”, aclaró sin que nadie le preguntara.

El 21 de octubre de 1976 cuando la cargaron al Falcon escuchó a los secuestradores hablar en clave de “proas y popas”. Minutos después, en cautiverio, no dudó: “estoy en la ESMA”, le respondió a Acosta.
--Soy militante peronista --apareció en escena el joven Pernías.
--Tenés los ojos demasiado tranquilos para que sea verdad --lo desafió.

Carazzo militaba en el área de prensa de Montoneros. Después de atarla “tipo Tupac Amaru” y torturarla con picana pasó a ser la secuestrada número 588 y estuvo aislada del mundo casi dos meses. Entre quienes la visitaban nombró a “Dante” (Pablo García Velazco) y a “Cortés”, un tapado de la ESMA. “Preguntaba sobre la fusión FAR-Montoneros, parecía conocer mucho”, recordó. En diciembre le dieron una máquina de escribir, la engrillaron a una bala de cañón y le ordenaron redactar la historia de las FAR. En eso estaba el 10 de diciembre cuando cayó herido de muerte su esposo Marcelo Kurlat. “Lo hirió Maco, él me lo confirmó”, dijo en referencia a Julio César Coronel. “Fue un momento de desdoblamiento, de terminar con Montoneros”, dijo.

Distendida ante la cámara, lejos de la solemnidad de la sala, Carazzo contó que “los Verdes (custodios de secuestrados) tenían entre quince y veinte años” y que “les corregía los errores de ortografía de las cartas a sus novias”. Entre los cautivos recordó “a la niña sueca (Dagmar) Hagelin” y contó que pudo “hablar un par de veces” con Norma Arrostito, a quien conocía como Gaby. “Estaban exaltados de tenerla”, recordó. En el departamento de Zapiola y Jaramillo donde cumplían con su trabajo esclavo contó que vio el archivo del diario Noticias. “Se jactaban de tener trabajos de Rodolfo Walsh, pero yo no los vi”, aclaró. Agregó que “fui amiga personal de Walsh, lo admiro profundamente”.
--Dijo que quien hirió a su marido ¿fue un tal Maco? –preguntó el abogado Julio Coronel.
--No llame “tal Maco” a su padre --lo retó.
--¿Cómo le consta que él lo hirió?
--Me lo dijo Pernías y luego Maco. Pensó que Marcelo iba a dispararle y tiró. También admitió que lo querían vivo.

Cuando el juez Daniel Obligado le preguntó si deseaba agregar algo, Carazzo le habló a Coronel, no al abogado sino al ser humano: “Puedo entender que en un operativo alguien dispare, no le guardo rencor a su padre. Lo que no acepto es que se haya matado a gente rendida”.

El Pelado Cortés
Pilar Calveiro no se resigna. En 1985 declaró en el juicio a los ex comandantes, luego indultados. En 2008 declaró sobre su cautiverio en Mansión Seré en el juicio a los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, condenados a la pena de 25 años de prisión pero en libertad al menos hasta que la Corte Suprema la deje firme. Ayer repasó ante el mismo TOF5 su calvario por Seré, la comisaría de Castelar, ESMA y una casa operativa del Servicio de Inteligencia Naval.

Dos días después del secuestro saltó al vacío desde una ventana de Mansión Seré. Se fracturó un brazo, un talón, tres costillas y la nariz. En el Hospital Aeronáutico, vendada y con signos de tortura, le hicieron radiografías, la enyesaron y la esposaron a una camilla. Tiempo después volvería con Graciela Tauro de Rochistein, embarazada que dio a luz en la ESMA, desaparecida. El médico le sacó el yeso, auscultó a Tauro, les dio leche y galletitas. “Para que se lleven un buen recuerdo”, les dijo.

El 17 de junio de 1977 la Fuerza Aérea prestó a su secuestrada al sector del SIN que operaba en la ESMA. Pasó a ser un número: 362. Allí la interrogó tres veces el “Pelado Cortés”, de inteligencia de Ejército. “Se movía con una maleta con fotos, preguntaba por características de cada persona, no sólo información dura”, recordó y generó murmullos entre los marinos retirados que comparten palco con la prensa. Un mes después, de vuelta en Castelar, el nómada “Cortés” instaló con una mesita en su calabozo y volvió a interrogarla sobre las FAR, las relaciones con el Ejército y sobre su marido Horacio Campiglia, presa codiciada que caería en Brasil tres años después.

Luego de una escala en la casa del SIN de Thames y Panamericana la llevaron otra vez a la ESMA, donde le recordaron su antiguo número. Estaba en Capuchita el 10 de diciembre cuando llegaron secuestradas las monjas francesas y varias de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. “Recuerdo haber escuchado el nombre Azucena” (Villaflor de Devincenti fue quien ideó la ronda frente a la Casa Rosada) y “tuve un breve intercambio de palabras con la monja Leonie Duquet”, recordó. “Me sorprendió su entereza. No sé si era porque no estaba muy ubicada o si era porque su convicción religiosa le daba una serenidad mayor”, planteó.

La mayor parte de 1978 lo pasó en Capucha, ya con menos huéspedes. El capitán Luis D’Imperio le encomendó hacer el seguimiento de prensa del conflicto con Chile por el canal de Beagle. “Me pusieron un escritorio en Capucha, en el medio de la nada”. Recién en abril el SIN la transfirió a los camaradas de la ESMA, con quienes compartían edificio pero actuaban por separado, y continuó su trabajo esclavo junto al grupo de secuestrados que actuaba en el sector denominado “la Pecera”. “Mi relato puede sonar a vida de oficina, pero nada más lejano. Convivíamos con la tortura y el asesinato. Sabíamos que quienes aparentaban ser amables con nosotros eran los mismos que decidían sobre vidas y muertes. Y tenían a nuestras familias como rehenes. Era una situación aterrorizante”.
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Un juez recusado
El tribunal que instruye el primer juicio significativo a represores de la ESMA se quedó sin uno de sus jueces. Oscar Hergott fue recusado por los defensores de los marinos por un diálogo que mantuvo hace años con su colega Jorge Tassara. Ante un comentario crítico sobre los procesos de lesa humanidad, Hergott comentó que era necesario terminar con “la impunidad”. El 27 de mayo los abogados defensores de Acosta, Astiz & Cía. lo recusaron con el argumento de que se trataba de un prejuzgamiento. Los jueces Ricardo Farías, Oscar Amirante y Julio Panello consideraron que era “un temor racional” e hicieron lugar al apartamiento. No bien concluyó la lectura de la resolución el defensor oficial Víctor Valle dijo que el cuarto juez (Germán Castelli) sólo podía sustituirlo en caso de enfermedad y pidió la suspensión del juicio y la nulidad de todo lo actuado. El abogado Julio Coronel se sumó citando a Farías, quien sugirió “un particular interés (de Hergott) en permanecer” en el juicio. Hoy a las 9.30 se explayarán sobre sus pedidos.

Una cita para Legrand

Por Diego Martínez

El abogado Pablo Llonto pidió que el juez Rafecas cite a Legrand.

Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida por su seudónimo “Mirtha Legrand”, podría ser citada por la Justicia para explayarse sobre sus gestiones ante altos jefes militares de la última dictadura, que confesó el martes durante su tradicional almuerzo en cámara. La animadora de 83 años contó que en marzo de 1977, luego del secuestro de su sobrina María Fernanda Martínez Suárez y de su compañero Julio Enzo Panebianco, le pidió ayuda a un oficial naval que no identificó y al ministro del Interior de Videla, general Albano Harguindeguy. Luego aseguró que la hija de su hermano recuperó la libertad “gracias a que yo era conocida y famosa”. El pedido para que la ex actriz declare como testigo lo realizó el abogado Pablo Llonto ante el juez federal Daniel Rafecas, que investiga los delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.

A diferencia de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado que declaran desde hace treinta años con la esperanza de obtener justicia, Martínez Suárez relató sus diálogos con militares un tercio de siglo después ante la mirada atónita de Gino Renni y Arnaldo André. “Es la primera vez que lo cuento”, apuntó. Primero “pedí ayuda a quien era interventor de Canal 13, y no me brindó ayuda por temor, porque todo el mundo tenía miedo de comprometerse”, afirmó. Luego recurrió “a un general de la Nación a quien circunstancialmente habíamos conocido”, en referencia a Harguindeguy. La respuesta del ministro de Videla, recordó, fue: “Bueno, déme un tiempo Mirtha, lo voy a averiguar, es muy difícil, muy difícil el caso”. La reacción del marino al que no identificó fue aún más frustrante: “Ni te vengas, ni te vengas por favor, esto es peligrosísimo”.

Luego de enumerar sus gestiones, la conductora apuntó que su sobrina “cree que estuvo en Palermo, porque escuchaba pasar trenes”, y que “cuando la liberaron le dijeron: ‘Te salvaste porque sos la sobrina de Mirtha’”. Sobre su sobrino político, militante de la Juventud Peronista, de 23 años, dijo que “nunca más supimos de él”. “Nunca más”, repitió.

Un día después de conocer el testimonio, Llonto presentó un escrito ante el juez Rafecas para que pida el tape al canal América y cite a declarar a Legrand. “El diálogo con Harguindeguy confirma que no sólo recibía denuncias y manejaba listas, sino que tenía poder para sacar a quien quisiera de un centro clandestino, por lo que debería ser investigado junto con los funcionarios de ese lugar siniestro que fue el Ministerio del Interior”, explicó el abogado. “También es importante que se aclare cómo surge el dato sobre el lugar de detención en Palermo, ya que si la sobrina estuvo en Club Atlético (donde fue visto Panebianco), ahí no había ruido de trenes. Confirmar si estuvo en el Regimiento de Patricios, en Palermo, permitiría confirmar que allí también funcionó un centro clandestino de detención”, agregó Llonto, que desde hace años reclama sin suerte la citación del empresario Franco Macri, quien también cree haber salvado al desaparecido Carlos Grosso tras reunirse con Harguindeguy. El vínculo entre el luego intendente porteño y el empresario permitió años después jugosos negocios.

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Scollo no pudo poner escollos

Procesaron por delitos de lesa humanidad a represor-periodista

El suboficial retirado y periodista en Baradero, César Abel Scollo, fue procesado como partícipe necesario en los secuestros y homicidios de Oscar y Víctor Hugo Hofer. Scollo sigue en libertad y la Cámara de Rosario tiene que decidir su situación.

Por Diego Martínez

César Abel Scollo, el dueño de una radio de Baradero, procesado por represor.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó como partícipe necesario en delitos de lesa humanidad al suboficial retirado y periodista César Abel Scollo, el vocero histórico del gobierno de Baradero que durante la pueblada de marzo, cuando un móvil municipal atropelló a dos jóvenes en moto relató desde Todo Noticias “la guerra que estamos viviendo”. A pesar de que tres personas fueron amedrentadas e incluidas en el Programa de Protección de Testigos luego de declarar sobre el pasado de Scollo, de óptimas relaciones con la Policía Bonaerense, el imputado sigue en libertad por orden del juez subrogante Alberto Martín Martínez, decisión que ahora analiza la Cámara Federal de Rosario.

Scollo fue procesado por los secuestros, torturas y homicidios de Oscar y Víctor Hugo Hofer, más el robo en sus casas. El juez calificó como “serios indicios” las pruebas que durante medio año le resultaron insuficientes, recolectadas por el fiscal Juan Murray. Las primeras surgieron de las propias víctimas. Víctor Hofer le contó a una prima que era “perseguido y vigilado” por Scollo, quien se había sumado como oyente al taller de teatro al que asistía. Oscar alcanzó a contar que Scollo lo extorsionó para sacarlo de una “lista negra” y que lo amenazó con “levantarlo en la estación” de Campana. Los Hofer fueron secuestrados en San Pedro y en Baradero a fines de abril de 1976. Sus cadáveres aparecieron en el Río de la Plata con lesiones típicas de vuelos de la muerte. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba entonces Scollo, que abandonó el teatro tras los secuestros y meses después, según un familiar de los Hofer, les pidió plata a cambio de información.

El propio Scollo alimentó los rumores sobre su pasado, cuando en 1998 se ufanó en cámara de haber encabezado operativos en busca de “subversivos” en la estación de Campana. Villafuerte Ruzo se resistió a citarlo durante seis meses. Lo hizo y se tomó licencia. También Martínez tuvo especial consideración con el hombre de confianza del intendente Aldo Carozzi: dispuso “que el detenido permanezca fuera de los calabozos”, dato que incluyó en la causa el comisario que acató la orden. Desde su radio Scollo calificó las acusaciones como “disparates”, pero se negó a declarar en la causa. Cuando recuperó la libertad le pidió a sus oyentes que rezaran.

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