domingo, 28 de noviembre de 2010

El mejor de todos

Por Diego Martínez

Trabajé para Horacio casi diez años. Pese a su nula vocación pedagógica, fue la mejor escuela de periodismo que conocí. Me han preguntado con tono de misterio por sus métodos y “equipos”. Cafetera express, sí. Mate y termo de vez en cuando. Asistente para tareas menores, trabajos de hormiga, filtro de pesados. Buenos amigos, por supuesto.

El método puede ser frustrante. Trabajar hasta el cansancio. Leer todo. Desmenuzar la letra chica. Procesar la información. Barrer la hojarasca. Guardar la esencia, el color mínimo. Fichar datos duros. Alimentar el archivo cada día. No depender de buscadores. Profundizar con los mejores (nulo trato con periodistas). Estudiar a fondo. Publicar la punta del iceberg. Pulir el texto en patas, con Coltrane o Ellington. Mechar guiños para mostrar que lo arduo no quita lo placentero.

Maestro de selección de blancos, sabe estar siempre en el lugar indicado. ANCLA y el primer informe de la ESMA durante el terrorismo de Estado. Ezeiza para recordar cómo empezó todo. Las crónicas del juicio a los ex comandantes (joya que nunca se editó como libro) para hacer oír a las víctimas. Civiles y Militares para entender la degradación de Alfonsín. Robo para la Corona y Hacer la Corte para desnudar al menenemato. Pernías, Rolón y los vuelos del capitán Scilingo para quebrar la impunidad. Las miserias del cardenal para ahorrarnos la desgracia de un papa argentino. Y cuando el kirchnerismo permitió algo de relajamiento, cayó en desgracia la santa madre: procesó los archivos de la Conferencia Episcopal y dejó una obra de consulta obligada por el resto de los días.

Perro raro, con sesenta largos escribe cada año más que el anterior. Impone agenda. Fabrica trincheras. Ladra, muerde y no larga a los salvajes, gruñe y muestra los dientes para disuadir a enemigos menores. Cierra la puerta, sonríe y guiña el ojo. Sin dudas, el mejor de todos.

Para escuchar las poesías rescatadas

UN AUDIOVISUAL CON LOS POEMAS DEL DESAPARECIDO ALEJANDRO MARTIN ALMEIDA

Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat, Raúl Rizzo e Ismael Serrano, entre otros, recitan las poesías que la madre de Alejandro, Taty Almeida, encontró y guardó luego de la desaparición de su hijo. El CD se presentará mañana.

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Taty Almeida no conoció la veta artística de su hijo hasta un día después del secuestro.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

Che patrón,
no trates de conformar
al peón
con un vino o un sifón.
Che patrón,
este obrero tiene hijos
que no comen como vos.
¡Ah! Patrón,
respetá a la clase obrera,
no pienses que ahí está
para hacerle lo que quieras.

Arturo Bonín gesticula, se compenetra, mira al patrón donde está el micrófono y recita con voz ronca.


Oye obrera, oye obrero
deténgalos de chiquitos
que ya cuando grandecitos
se parecen a los perreros.

La imagen del actor deja lugar al dibujo de un obrero sonriente mientras estampa una patada ahí donde muere la espalda del patrón, que levanta vuelo. El texto lo escribió Alejandro Martín Almeida, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, desaparecido a los veinte años, el 17 de junio de 1975. Taty Almeida no conoció la veta artística de su hijo hasta un día después del secuestro, cuando encontró su agenda telefónica y, en las últimas páginas, 24 poesías manuscritas, incluida la despedida a su mamá, con cinco meses de anticipación. En 2008 se editaron en formato de libro, mechadas con textos de familiares, amigos y compañeros de lucha. La novedad de estos días, homenaje al militante y mimo a la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, es un audiovisual dirigido por Pascual Guido Spinelli (Colectivo Cultural Entreletras) en el que actores, escritores y músicos recitan los poemas. Se presentará mañana a las 19 en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces, Perú 272.

Veinte años le alcanzaron a Alejandro Almeida para escribir sobre el amor, la muerte, la amistad, el compromiso militante, la represión, los hombres grises, los masacrados en Trelew y hasta el samba de las favelas de Río de Janeiro. Recitaba los sábados por la mañana al pie de la cama del cuarto de la pensión que compartían Ernesto “el Boliviano” y Pedro “el Brasileño”, que luego haría macumbas sin suerte para que su amigo reapareciera. Si la sola lectura de los textos reunidos en Alejandro por siempre... amor dejaban al descubierto la combinación de sensibilidad y compromiso del poeta-militante, las voces de Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat, Raúl Rizzo o Ismael Serrano acompañadas de música e ilustraciones cuidadas, acordes a cada poema, las elevan a un nivel de excelencia.

“La idea original surgió tras la presentación del libro. Fuimos a tomar algo y Nora Anchart propuso hacer un CD en el que gente amiga lea y grabe las 24 poesías de Alejo”, explica Taty Almeida. “Entonces empecé a llamar a gente querida, porque pueden ser muy importantes pero si no los quiero... si no es recíproco no me sirve –confiesa–. Y la respuesta fue conmovedora: llamé a 24 personas amigas y apenas les decía el motivo, inmediatamente (respondían con) un ‘por supuesto’ Taty’”.

De caminar un verano por las favelas de Río e intimar con sus habitantes, concluyó Alejandro que “el samba es un llanto más/ de esa gente que no come./ Los ricos quieren robarlo/ pero no pueden./ El samba queda en la favela/ y los negros mueren”, recita Alfredo Alcón mientras se suceden fotos de negros sonrientes con tambores, y Toquinho y Chico Buarque cantan “Samba para Vinicius”.

A cuarenta años de asistir al primer recital de Joan Manuel Serrat en la Argentina, siempre con su credencial de Télam, donde oficiaba de cadete, el propio catalán lee la conmovedora despedida de Alejandro a Taty:

“Si la muerte
me sorprende
lejos de tu vientre,
porque para vos
los tres seguimos en él,
si me sorprende
lejos de tus caricias
que tanto me hacen falta,
si la muerte
me abrazara fuerte
como recompensa
por haber querido
la libertad,
y tus abrazos entonces
sólo envuelven recuerdos,
llantos y consejos
que no quise seguir,
quisiera decirte mamá
que parte de lo que fui
lo vas a encontrar
en mis compañeros.
La cita de control,
la última,
se la llevaron ellos,
los caídos, nuestros caídos,
mi control, nuestro control
está en el cielo,
y nos está esperando.
Si la muerte me sorprende
de esta forma tan amarga,
pero honesta,
si no me da tiempo
a un último grito
desesperado y sincero,
dejaré el aliento
el último aliento,
para decir te quiero.

Luego la sonrisa gigante de Taty Almeida, orgullosa del hijo que la llamaba “gorilita de mierda” pero con 35 años de lucha encima (30 junto a las Madres), y el graffiti que es marca registrada de los Hijos en cada juicio por los miles de Alejandros: “Lo imposible sólo tarda un poco más”.

sábado, 13 de noviembre de 2010

"Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo"

AMENAZARON DE MUERTE A CLAUDIO OROSZ, DE H.I.J.O.S. CORDOBA

La misiva, que llegó a la casa del padre del abogado, califica a los destinatarios de “judíos bastardos y mal nacidos”, incluye una foto de Adolf Hitler haciendo el saludo nazi y la promesa de que “tío Adi les hará justicia”

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“Como dice Liliana Felipe: ‘Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo’”, señaló Claudio Orosz.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

A una semana del inicio de los alegatos en el juicio a Videla, Menéndez y otros 29 represores, cobardes escudados en el anonimato amenazaron de muerte por vía postal Claudio Orosz, abogado de H.I.J.O.S. y de Familiares regional Córdoba. La misiva en letra mayúscula califica a los destinatarios de “Judíos bastardos y mal nacidos”, incluye una foto de Adolf Hitler haciendo el saludo nazi y la promesa de que “Tío Adi les hará justicia”. Orosz radicó la denuncia ante el fiscal Gustavo Vidal Lascano, que ordenó reforzar su seguridad. “Lo único que lograron es que hoy trabajáramos más horas de lo habitual –confió Orosz a Página/12–. Como dice Liliana Felipe: ‘Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo’.”

Luego de dos juicios ejemplares, con amplia participación de la sociedad civil, los organismos de Córdoba viven desde julio un proceso histórico, con Menéndez en busca de su quinta condena, Videla en el banquillo tras un cuarto de siglo y el mayor número de imputados (31) desde la reapertura de las causas. Los mensajes de los represores variaron según las épocas. En 1984, cuando presentaron la primera denuncia por crímenes en La Perla, Emilio Mignone (CELS) y Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj) apuntaron que “un grupo de criminales siniestros” que incluía a Menéndez & Bussi urdía un plan para desestabilizar al gobierno. En mayo de 1986, mientras los organismos luchaban por acelerar los procesos y los militares por una amnistía, la policía encontró un obús relleno de trotyl en el camino que debía recorrer Alfonsín, de visita en el Tercer Cuerpo. En abril de 1987, al autoacuartelarse en el Regimiento de Infantería 14 de La Calera, el mayor Ernesto Barreiro encendió la mecha que terminaría de detonar Aldo Rico en Campo de Mayo y que derivaría en la Ley de Obediencia Debida.

En 2006, reabiertas las causas, el periodista Mariano Saravia, autor de un libro sobre el Departamento de Informaciones (D2) de la policía, recibió un correo electrónico dirigido a Orosz. Un supuesto ex policía contaba que lo habían contratado para asesinar al abogado y apuntaba datos precisos de direcciones, teléfonos y movimientos. A la semana fue amenazada de muerte la fiscal Graciela López de Filoñuk. El año pasado, durante el segundo juicio, el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, recibió en su casa una amenaza de muerte contra él y sus hijos.

El 5 de julio un “alienado mental” llamó al padre de Orosz. “Menéndez debió haber matado a 30 mil más, entre ellos a su hijo. Tendría que estar viendo crecer las margaritas desde abajo”, le dijo. La Justicia rastreó el llamado y dio con un ingeniero de Carlos Paz de apellido Sonzini Astudillo, empleado de un instituto de la Fuerza Aérea. Imputado por amenazas agravadas, fue excarcelado por el juez Ricardo Bustos Fierro.

El padre de Orosz recibió ayer un sobre papel madera, sin remitente, enviado a la “Flia. Orosz”. En el interior, una hoja blanca y una leyenda escrita con computadora: “Judíos bastardos y mal nacidos; tío Adi les hará justicia. Nunca se preguntaron de cómo era el olor del horno o de la carne podrida???”. Al lado, la foto de Hitler. “Me molesta que las manden a lo de mi viejo –explicó Orosz–. Es obvio que apuntan a amedrentarnos pues el 18 comenzamos los alegatos contra nuestro Hitler criollo (Videla) y nuestro propio Goebbels, llamado Luciano Benjamín Menéndez.”

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Mi marino favorito

EL DIARIO LA NUEVA PROVINCIA DESPIDIO CON ELOGIOS AL DICTADOR EMILIO EDUARDO MASSERA

El diario aseguró que el máximo responsable de los crímenes de la ESMA “demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo, que lo honra”. Vicente Massot, director del medio, fue visitante de la ESMA y viceministro de Carlos Menem.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

Emilio Eduardo Massera “demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo, que lo honra”. Su muerte despertó “la ira de quienes no saben perdonar y el odio de los que no pueden olvidar”. El elogio a la honorabilidad de uno de los mayores iconos del terrorismo de Estado y la crítica solapada a millones de personas que en todo el mundo lo despreciarán hasta el final de los días por golpista y asesino cerraron la necrológica que le dedicó ayer el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. El artículo, que circuló por redes sociales y cosechó muestras de rechazo generalizadas, refleja la línea editorial histórica del diario de la familia Massot, portavoz de la Armada y de los sectores integristas de la Iglesia Católica, que aplaudió todos los golpes de Estado de la segunda mitad del siglo pasado y que aún se permite dudar si estuvo “bien o mal aplicar los métodos antiterroristas” que convirtieron a la Argentina en símbolo universal de la desaparición forzada de personas. Como conocen los lectores de Página/12, se trata también del diario donde trabajaban los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados gremiales secuestrados, torturados y fusilados en 1976 luego de enfrentar durante años a la patronal de La Nueva Provincia, que dio la noticia en veinte líneas y nunca rindió cuentas ante el Poder Judicial.

El almirante

“Falleció el almirante Massera”, provocó La Nueva Provincia desde el título, simulando ignorar que había perdido su condición de marino luego de la condena a prisión perpetua en el juicio a los ex comandantes de 1985. En la nota sin firma se reconoce la pluma del director Vicente Massot, visitante de la ESMA en plena dictadura y ex viceministro de Defensa de Carlos Menem, cargo al que debió renunciar luego de reivindicar la tortura.

La semblanza recorre las internas navales, destaca las “dotes de negociador y conductor político” de Massera y la división que sus ambiciones personales provocaron en la Armada. Junto con Isaac Rojas fueron los dos únicos almirantes que durante el siglo XX “despertaron pasiones encendidas a favor o en contra, poco importa” para el editorialista. Massera “tuvo especial protagonismo a partir del pronunciamiento militar (sic) del 24 de marzo de 1976”, aunque “no fue la mezcla de Maquiavelo y asesino serial que han pintado sus enemigos, tan feroces a la hora de enjuiciarlo con la pluma como lo habían enfrentado antes en esa tremenda guerra civil (sic) en la cual ellos llevaron la peor parte”, que Massot nunca se dignó a contar en sus páginas.

Recuerda La Nueva Provincia que Massera “tuvo la descomunal y trágica potestad a la vez de ser –junto a los otros miembros de la Junta de Comandantes– dueño de la vida y de la muerte de las personas, algo que ni siquiera Rosas en el siglo XIX y tampoco Perón en el siguiente tuvieron en esa escala”. “A veces ese poder se usó mal”, admite Massot. No especifica si refiere a cuando robaban criaturas, cuando arrojaban monjas y Madres de Plaza de Mayo desde aviones en vuelo o sólo cuando torturaban y mataban. Luego justifica una vez más el genocidio criminalizando a las víctimas: “Todas las formas de guerra irregular terminan de la misma manera: al terror se le opone el contraterror”.

Igual que en 1993, cuando como funcionario del presidente Carlos Menem defendió los ascensos de los capitanes Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón (entonces impunes, hoy a punto de recibir su primera condena), Massot se permitió dudar sobre la legitimidad del Estado para secuestrar, torturar, matar y desaparecer personas. “Si hicieron bien o mal en aplicar los métodos antiterroristas por todos conocidos es algo que seguirá siendo materia de discusión por espacio de décadas”, aseguró ayer La Nueva Provincia, que nunca publicó con qué interlocutores debate el tema. Luego, una vez más, el aplauso: “El flagelo subversivo fue cortado de raíz, ahorrándole males inimaginables al país”. La crítica a la dictadura se limita a “las rencillas absurdas entre los miembros de la primera junta y la incapacidad para acometer los cambios de fondo que la Nación pedía a gritos”.

Claro y preciso

El interlocutor naval de confianza de la directora de La Nueva Provincia durante la dictadura, Diana Julio de Massot, no era Massera, sino el contraalmirante Luis María Mendía, el mismo que informó a 900 oficiales en el cine de la base de Puerto Belgrano sobre la “muerte cristiana” desde las alturas que iban a aplicar las tres Fuerzas Armadas. Diez meses antes del golpe de Estado, sin embargo, el diario ya celebraba el trabajo sucio de la Armada y elogiaba en sus páginas las arengas de Massera, designado al frente de su fuerza por Juan Domingo Perón.

“La Armada vive en guerra y participa con la energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”, afirmó Massera en la base Puerto Belgrano, el Día de la Armada, al lado de la presidenta Isabel Perón y su gabinete. Con las tribunas del estadio repletas, el marino habló aquella tarde sobre su vocación democrática, su convicción sobre “la libertad individual como bien más preciado inherente a la naturaleza humana”, pero diferenció a “los subversivos” y aseguró que la Marina estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos” (LNP 17.5.75).

Fue “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza y el rol que las Fuerzas Armadas deben cumplir”, lo elogió el mismo día La Nueva Provincia, y reafirmó: “No se trata de comprometerse con la letra fría de la Carta Magna, sino de solidarizarse con lo que ella consagra para el bienestar de la familiar argentina”. En noviembre, mientras se orquestaba el asalto al poder, Massera contaba al periodismo local que “ya hace tiempo que la Armada está actuando contra la subversión”, aunque “en una forma más silenciosa” que el Ejército (LNP 20.11.75).

El 24 de marzo, en un editorial titulado “Refundar la Patria”, la dirección del diario sostuvo que “la Argentina es una nación occidental y cristiana”, enumeró como enemigos “al aparato subversivo, el ‘sacerdocio’ tercermundista, la corrupción sindical, los partidos políticos”, entre otros, y encomendó “destruirlos allí donde se encuentren, sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse la segunda república”.

Seis meses después, mientras el secretario de redacción Mario Gabrielli publicaba fotos junto a Massera y paseaba en la fragata Libertad por Europa, La Nueva Provincia le dedicó al hombre fuerte de la ESMA un editorial repleto de elogios. Su discurso “contiene los fundamentos de un anhelo que es común a la ciudadanía”, aseguró. Destacó uno en particular: “aniquilar a la subversión, tanto si empuña un arma como si distribuye un panfleto o miente y desvirtúa para confundir” (“El almirante Massera y la realidad”, LNP, editorial, 19.9.76).

sábado, 6 de noviembre de 2010

Amparada por la justicia


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El hall de la Universidad de La Pampa, donde irrumpió Guiñazú Mariani.

Publicado (sin firma) en PáginaI12

Reivindicar el terrorismo de Estado y gritar que los desaparecidos “están todos bien muertos” en el hall de una universidad pública no es hacer apología del crimen, sino ejercer el derecho a expresar ideas libremente. El razonamiento lo formularon Angel Alberto Argañaraz y Augusto Enrique Fernández, jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al revocar el procesamiento de la abogada María Antonieta Guiñazú Mariani, profesora de Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.

El episodio ocurrió el 23 de marzo de 2009, mientras empleados del Concejo Deliberante de Santa Rosa instalaban una muestra de fotos de desaparecidos pampeanos. La señora se acercó, dijo que “la verdad hay que contarla completa” y calificó a las víctimas de “asesinos, guerrilleros y ponebombas”. Ante la reacción, insultos incluidos, gritó que “la dictadura estuvo bien”, que “tendría que volver”, y manifestó su convicción de que los desaparecidos “están todos bien muertos”. Al día siguiente volvió para arrancar las fotos. Pudo romper sólo dos porque el sereno se interpuso y logró calmarla.

La denuncia judicial contra Guiñazú Mariani la formuló Leonardo Avendaño, uno de los empleados que respondió a la provocación. Otros tres salieron de testigos. Luego se sumaron la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa y de la Nación. En primera instancia, un juez federal procesó a la mujer por apología del crimen y daño calificado. Destacó que la reivindicación de la dictadura no se limitó a “una mera defensa verbal”, sino que incluyó “actos físicos concretos”, como “romper las fotografías”.

Ante la apelación, intervino la Cámara. Argañaraz enmarcó el exabrupto en “la conocida discusión sobre la teoría de ‘los dos demonios’”. Sostuvo que el comportamiento es “censurable” pero no delictivo porque no afecta “la tranquilidad pública” ni tiende a “debilitar el sentido moral de la sociedad”. Consideró que entre quienes instalaban el memorial y la señora que reivindica las muertes existen sólo “diferencias de posición”. Son “opiniones distintas sujetas a discusión, aunque una de ellas no fuera reconocida por el gobierno democrático actual”.

Ricardo Planes votó en disidencia. Destacó que los jueces no son “comisarios de opiniones”, consideró que reivindicar que “la dictadura estuvo bien” se enmarca en la libertad de expresión y en todo caso podría tener “consecuencias académicas” (el juicio académico está en veremos porque el procedimiento no está regulado en la universidad pampeana). Planes fijó un límite en la frase “están bien muertos”. Desde el juicio a los ex comandantes se probó “una conducta criminal desplegada de modo colectivo a connacionales”, recordó, y concluyó que “el elogio o exaltación” de los delitos concretos, para peor “haciendo elogio de la crueldad”, constituye apología del crimen.

Fernández adhirió al voto de Argañaraz, victimizó a la profesora al situarla entre las “minorías disidentes especialmente desprotegidas frente a la natural tendencia de las mayorías a silenciar al que ataca” y calificó la justificación de los crímenes como “una idea”. “Si una idea ofende, escandaliza o irrita, la solución no es silenciar a quien la predica, sino tratar de persuadirlo de que está equivocado”, sostuvo. Agregó que la apología del crimen “requiere la difusión”, que para el juez no existió en el caso de Guiñazú Mariani, pues sólo se expresó en una discusión privada ante tres testigos. Sobre arrancar fotos de desaparecidos, los tres jueces coincidieron: destacaron “falta de precisión” del sereno y ordenaron repreguntarle: “¿En qué consiste la rotura de las fotografías?”.

jueves, 28 de octubre de 2010

Con flores y mensajes de adiós

Miles de personas le rindieron espontáneamente homenaje a Kirchner

La Plaza de Mayo comenzó a poblarse a partir del mediodía y fue escenario de muestras de gratitud al ex presidente y también de bronca y dolor por su muerte. Hubo largas colas de personas con claveles y jazmines y expresiones de apoyo a Cristina Fernández.

Por Diego Martínez
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La gente dejó sus flores y sus mensajes en la valla ubicada frente a la Casa Rosada.

Escenario de puebladas, bombardeos, marchas de Madres desesperadas, discursos patrioteros, huidas de presidentes en desgracia, la Plaza de Mayo vivió ayer un día atípico. Las primeras horas fueron puro silencio. Miles de personas bajo el cielo celeste con las miradas perdidas, procesando la muerte del líder. El correr de las horas dejó fluir bronca, dolor, pero sobre todo gratitud y reflexiones de un pueblo que, a nueve años del “que se vayan todos”, se reconoce en proceso de transformación. Al anochecer la Avenida de Mayo vibró con miles de pibes para quienes “¡Néstor no se murió / vive en el pueblo / la puta que los parió!”, y que advierten a gritos: “Si la tocan a Cristina / qué quilombo se va a armar”.

–Me salió del alma venir –confiesa el Negro Gusti, laburante de una fábrica de plásticos de Laferrère–. Mi viejo fue monto, yo nunca milité, pero hoy siento que hay que estar, hay que apoyar el proyecto.

–La gente se define en los momentos críticos –advierte Francisco, sobreviviente de un centro clandestino y varias cárceles de la dictadura–. Algunos pensarán que hoy retrocedemos. No tiene por qué ser así. Hay dos proyectos, y uno sólo apunta a disputar el poder.

–En estos días se pone a prueba la madurez del pueblo –apunta Patricia, su esposa, docente–. Los argentinos fuimos siempre muy dependientes de los líderes. Ahora hay que mostrar que el proyecto y el poder están intactos.

La plaza comenzó a poblarse a partir del mediodía. Trapos y afiches debieron armarse de apuro. “Eva, Perón y Néstor, juntos en el cielo.” “Hoy muere el hombre. Hoy nace el mito.” El luto no opacó la creatividad: “Le pegaste al chancho, saltó el dueño. Tu mejor movida, lo demás es chamuyo”.

–No los voté pero voy a la plaza –confiesa en el subte una dama de fina estampa–. Hay que apoyar a esta mujer, no hay que dejarla en soledad.

A las tres de la tarde, con sol picante, la cola de personas con claveles y jazmines atravesaba la plaza. La mayoría copó las fuentes o se sentó en el pasto, con las miradas perdidas hacia el balcón de la Rosada.

–¡Hay que ser más peronista que nunca! –se cortó solo un morocho curtido, camiseta celeste y blanca de Mascherano.

Los Descamisados intentaron romper el hielo, entonaron la marcha peronista, cantaron a “Néstor, que desde el cielo milita conmigo”, pero no hubo quórum: la cola los miró con ternura, en silencio, igual que cientos de pibes, promedio treinta a sesenta años, mayoría de clase media, sentados en el pasto, con mate, puchos y unas pocas hierbas.

–Somos de Cristina, nos ayudaron mucho –explica Juan, que llegó con su mujer desde la villa de Retiro–. Yo era cartonero y conseguí trabajo bajo relación de dependencia. Mi vieja se pudo jubilar. Pensaba trabajar para la candidatura de Néstor. Todo mal.

–Siempre creímos en este gobierno –agrega Cloti, la esposa, rostro sufrido, un solo diente, militante de la Federación de Tierra y Vivienda.

–Siento mucha tristeza. Fue el único presidente que entró a nuestras villas y barrios, que vio nuestras necesidades –asegura Santa, así se llama, que llegó con su organización M-8 desde José C. Paz.

–Es terrible, doloroso, una gran pérdida. Habrá que remar –razona Juan Carlos, “jotapé de toda la vida”–. Con haber encanado a los milicos se había ganado mi respeto. Pero hizo mucho más. ¿El futuro? Confío en Cristina, que tiene mucha polenta, y sobre todo en la militancia.

Con el ingreso de La Cámpora la plaza se despabiló. Una pareja abrazada con calas en las manos no pudo contener el llanto. Pero las lágrimas fueron excepción. Primó la bronca contenida, muecas de desconcierto.

–Siento mucho dolor –confiesa una señora mayor y agrega: “Perdí a mis hijos: se exiliaron con la crisis de 2001. Mis nietos desde España me dicen ‘abuela, no te conozco’. La política debe reinsertar a la gente”, reclama, con una bandera argentina que le cubre el pecho.

Una breve incursión en la catedral, con más curiosos y turistas que feligreses, permite escuchar las últimas palabras de Jorge Bergoglio: “Padre, te pedimos que recibas en la morada de la paz a tu hijo Néstor”, que en vida se reivindicaba hijo de las Madres a las que la iglesia del cardenal cerró las puertas. Jorge Telerman parlotea indiferente.

A las siete de la tarde el clima de la plaza es otro. “¡Andate Cobos / la putá (acento en la A) / que te parió!”, corea un centenar. “Llora la gorda Carrió / el Colorado también / Néstor va a volver / con la JP”, cantan otros.

–Kirchner mejoró nuestra calidad de vida. Vinimos a despedirlo y a apoyar a Cristina –dice Luis, “apartidario” y comerciante de Berazategui.

–Los peores siguen, el que hizo algo se nos fue –masculla bronca Elena, ama de casa de San Martín–. Hay que defender el proyecto más que nunca porque se va a agudizar el ataque de los buitres.

jueves, 21 de octubre de 2010

Carta de los trabajadores al director de PáginaI12

Estimado Ernesto Tiffenberg:

Los trabajadores de PáginaI12 hemos resuelto en asamblea apelar a este medio luego de meses de infructuosas gestiones de nuestra Comisión Interna ante gerentes de la empresa para lograr que se instale y garantice el servicio de internet en toda la redacción y en las secciones del diario que lo requieran.

Aunque es evidente para quienes recorren cada día nuestro espacio de trabajo, creemos conveniente recordar que desde la red de computadoras existente, con procesadores de texto de la década del ’80, es imposible acceder a la web e incluso al archivo del propio diario. Los editores, redactores y correctores, responsables de corroborar la información que se publica, estamos obligados a compartir una PC cada diez personas.

Como también es evidente, la carencia de esa herramienta de trabajo elemental ha derivado en que redactores, editores e incluso pasantes que cobran 1400 pesos por mes concurramos con nuestras propias computadoras, con lo cual la empresa se desentiende de la inversión y también de los riesgos, pagados de nuestro bolsillo cada vez que las máquinas se rompen.

También es un dato de la realidad, tal vez menos visible, que algunos escribimos desde nuestros hogares, fuera del horario de trabajo, para evitar la pérdida de tiempo que implica esperar turno en el puñado de máquinas de uso colectivo.

Tener que explicar en 2010 la importancia y los usos de la web, el correo electrónico o las redes sociales para el trabajo de una redacción es tan obvio que, pensamos honestamente, carece de sentido. La propia empresa admite la relevancia -a su manera- al instalar enchufes para facilitar las conexiones.

También son un buen parámetro las fechas en las que otros diarios han completado la instalación de internet: Perfil en 1998, La Nación en 1998/99, Clarín en 1999/2001, y Ámbito Financiero en 2001/2003, es decir hace siete años en el peor de los casos. En los nuevos diarios, como Tiempo Argentino o Miradas al Sur, todos los puestos de trabajo tienen internet.

Se trata de una inversión mínima para adquirir una herramienta de trabajo imprescindible y que sin duda redundará en mejorar la calidad del diario.

Saludamos al director atentamente, con la sincera esperanza de que tome cartas en el asunto.

* La carta se entregó al director el 21.10.10. Se difunde dos semanas después, sin haber recibido ninguna respuesta.



lunes, 18 de octubre de 2010

“Me saqué un peso enorme de encima”

GASTON CASTILLO CUENTA COMO CONSIGUIO QUE LE QUITARAN EL PADRINAZGO DEL DICTADOR JORGE VIDELA
“No puede ser tu padrino quien mató a tu viejo”, dice Gastón, séptimo hijo varón. Su padre, Roberto Castillo, fue asesinado por la dictadura en 1977. Ahora consiguió que la Iglesia anulara el padrinazgo y solicita que lo apadrinen los Kirchner.
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Gastón (en el medio, de brazos cruzados), junto a los alumnos que investigaron su historia y la del barrio.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

“No puede ser tu padrino quien mató a tu viejo. Es algo loco.” La frase pertenece a Gastón Castillo, que no llegó a conocer a su padre, víctima del terrorismo de Estado, y que durante 32 años, por ser séptimo hijo varón, tuvo como padrino de bautismo a Jorge Rafael Videla. Luego de una serie de gestiones informales frustradas para borrar de su vida el nombre del dictador, el Arzobispado de Buenos Aires que conduce el cardenal Jorge Bergoglio accedió a “dejar sin efecto el padrinazgo” en base a un artículo del Código de Derecho Canónico que exige “llevar una vida coherente con la fe y con la misión que va a recibir”. Se trata del primer caso de un católico que solicita a la Iglesia anular de sus registros el vínculo con un represor condenado por crímenes de lesa humanidad.

–Escribiste que el padrinazgo te mortificaba. ¿Cómo te sentís ahora?

–Siento un gran alivio, me saqué un peso enorme de encima. Le ganamos a este hijo de mil...

Gastón es el menor de ocho hermanos y trabaja en una carnicería de José Mármol. El 12 de enero de 1977, cuando un grupo de tareas arrancó a su papá, Roberto Castillo, de su casa del barrio Sakura, en Burzaco, Gastón aún estaba en la panza de su mamá. “El operativo lo presencian todos mis hermanos menos Juan y yo, que veníamos de jugar al fútbol”, recuerda Mario, que tenía 18 años y estuvo secuestrado durante la dictadura. “A quince cuadras de casa, por Avenida Monteverde, empezamos a cruzar jeeps del Ejército y varios Falcon verde. Cuando llegamos encontramos a todos llorando. ‘Se llevaron a papá’, gritaba mi vieja. Sé que hubo gente de civil y uniformados.”

Sakura debe su nombre a una familia japonesa y era en los ’70 un barrio de trabajadores humildes. “Tenía cuatro o cinco manzanas y la particularidad de que todos militaban”, apunta Mario. La barriada supo de la Triple A ya en 1974 y fue arrasada por la dictadura, que borró del mapa a 45 de sus 900 vecinos. La historia la reconstruyeron profesores y alumnos de la Escuela Secundaria Básica 78 de Burzaco en el marco del programa “Jóvenes y Memoria”, de la Comisión Provincial por la Memoria. En 2008 hicieron su primer audiovisual, Los padrinos mágicos, sobre la relación de la Armada con la Escuela 19 (antecesora de la 78, en la misma sede), a la que apadrinó en 1975, cuando desapareció la maestra Susana Luján Sapic. El año pasado presentaron la segunda parte, Un paseo por Sakura, sobre el intenso trabajo social y el consecuente ensañamiento padecido. La investigación incluyó una entrevista con Beatriz, la mayor de los Castillo, quien relató la historia del padrino genocida.

“Con los chicos decidimos entonces reservar la entrevista y acompañar a Gastón en distintos trámites”, recuerda el profesor Alejandro de León. El trabajo de estudiantes y profesores derivó en un proyecto de ordenanza para que una calle de Almirante Brown lleve el nombre de Castillo, en el contacto con el abogado que redactó el escrito para pedir la anulación del padrinazgo, Hernán Jaureguiber, y en la elaboración de un video con la historia de Gastón que se presentará el mes próximo en Chapadmalal, donde se reunirán alumnos de cuatrocientos colegios bonaerenses para compartir sus producciones sobre la memoria del terrorismo de Estado.

El lobisón

Gastón nació el 12 de mayo de 1977 y comenzó a conocer su verdadera historia cuando tenía doce años. “Mi mamá me decía que papá estaba trabajando afuera y que en algún momento iba a venir a buscarme. Un día, al volver del colegio, le conté que había soñado que mi papá venía. Entonces me sentó y me contó lo que había pasado. Fue terrible, muy triste. La adolescencia la pasé mal, cometí errores, era muy rebelde y volqué toda la bronca hacia mi mamá”, relata.

–¿Cuándo tomás conciencia de quién era tu padrino?

–Me doy cuenta a medida que crezco, cada vez con más bronca y odio. El tema de mi papá no se hablaba. Y si no hablaban los más grandes, yo no preguntaba. Pero siempre tuve el tema muy adentro. Empiezo a sentirme bien cuando empiezo a hablar y cuando nacieron mis hijas, que tienen nueve y seis años. Ahí me cambió la vida, que hasta ese momento no tenía sentido.

–Teníamos mucho miedo –apunta Mario–. Después de los secuestros en Sakura nadie más habló, desapareció todo, los vecinos no nos daban bola. Uno fue creciendo con miedo. Yo veía un patrullero y pensaba que me venían a buscar de nuevo.

La historia del padrinazgo la cuenta Mario: “Mamá usó esa estrategia para ver si conseguíamos alguna información. Había presentado varios hábeas corpus, pero no sabíamos nada. Entonces decidió acercarse a Videla con la excusa del séptimo hijo varón”. La ley 20.843 de “padrinazgo presidencial”, inspirada en el mito del lobisón y sancionada por Juan Perón en 1973, permite que el séptimo hijo varón sea apadrinado por el presidente, de iure o de facto, como Videla durante cinco años. “Creo que la idea fue de mi médico, que incluso ayudó a mi mamá a hacer la carta. Primero se la rechazaron, pero insistió y aceptaron”, cuenta Gastón.

Si el trabajo de los estudiantes movilizó al barrio, el quiebre para la familia Castillo ocurrió el año pasado, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos, enterrados en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Según las pericias, fue asesinado días después del secuestro, meses antes del bautismo. “Con la identificación empezamos a hablar”, explica Gastón. “Ahí nos enteramos de lo que padecía”, apunta Mario. “Le dije ‘hermano, ¿por qué no contaste antes?’, pero es cierto, al no saber cómo resolverlo preferíamos no hablar, no teníamos argumentos para sacarnos a ese hijo de puta de encima. Con la identificación, los profesores me invitaron a dar una charla, conté que ya no sabíamos cómo desapadrinar a Gastón y empezaron a ver qué podíamos hacer.”

–¿Cómo te definís en términos religiosos?

–Soy creyente. Sigo yendo a la iglesia y mi hija está por tomar la comunión. Sigo con la fe.

–¿Hablaste del tema Videla con algún sacerdote?

–No. Tengo amigos con los que íbamos a la iglesia, charlaba con los chicos que juntan fondos para ir de campamento, scouts o monaguillos, pero no tocábamos el tema.

–¿Qué sentís como creyente sobre la iglesia, que permitió que Videla fuera tu padrino durante tres décadas?

–Al ser creyente estaría defraudado –duda, con la vista perdida–. Sigo siendo creyente. Contra la iglesia no tengo nada, pero es algo grave lo que hizo. Es confuso para mí.

–El Arzobispado dijo aceptar el planteo “por los motivos expuestos” en el pedido, entre los que se mencionaba la complicidad de la jerarquía eclesiástica con el plan de exterminio. ¿Es un modo de admitir su rol o de sacarse el tema de encima?

–Es para sacarse el tema de encima.

–¿Cómo nació ahora la idea de pasar a tener a los Kirchner como padrinos?

–Quería que fueran Kirchner y Cristina, pero no puedo tener dos madrinas. Pasa que en la familia estamos muy agradecidos. Este gobierno nos abrió muchas puertas, nos permitió encontrar a papá, pensábamos que eso nunca iba a pasar. Es una decisión que tomé pensando en los 30 mil desaparecidos y en el rol de este gobierno, que permitió hablar más libremente del tema. Sé que algunos dirán “qué loco”, pero es mi decisión.

¿Tenés algún tipo de militancia política?

No, siempre trabajé.

viernes, 15 de octubre de 2010

Pedido a la Corte

LA JUSTICIA MENDOCINA
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El juez Francisco Miret en el Consejo de la Magistratura.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

El Consejo de la Magistratura resolvió en su reunión plenaria de ayer solicitar una audiencia pública urgente a la Corte Suprema de Justicia para tratar la situación de “extrema gravedad institucional” que reina en la Cámara Federal de Mendoza. El organismo tomó la decisión luego de escuchar al titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, quien desmenuzó las maniobras del tribunal cuyano para obstaculizar las investigaciones por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Righi destacó en particular el rol del camarista Otilio Roque Romano, imputado por encubrir secuestros y torturas hace un tercio de siglo, y respaldó la actuación del fiscal general Omar Palermo, coordinador de la Oficina de Asistencia a las causas vinculadas con el terrorismo de Estado en Cuyo, que fue amenazado de muerte luego de pedir la citación a indagatoria de Romano. El tribunal mendocino, mientras tanto, marcó ayer otro hito en la historia de la impunidad en Cuyo, al excarcelar a los oficiales Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic, imputados por torturas en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan y ex prófugos de la Justicia.

La decisión de solicitar la intervención de la Corte es un último recurso ante la situación caótica que atraviesa la Justicia Federal de Cuyo. Excepto un juicio en curso en San Rafael, las causas de lesa humanidad en Mendoza y San Juan, jurisdicción de la Cámara, están paralizadas y con todos los imputados libres. La Cámara tiene dos lugares vacantes: el primero desde hace un año, tras la renuncia de Carlos Pereyra González, investigado por delitos de lesa humanidad cuando era secretario de la Justicia puntana; el segundo, tras la renuncia de Luis Francisco Miret, imputado por idénticos delitos en Mendoza, como juez federal.

A diferencia de Miret, que antes de renunciar ejerció su derecho de defensa ante el Consejo y ante el juez federal Walter Bento, su colega Romano logró evadir ambas instancias. Para no presentarse ante el organismo que evalúa la conducta de los magistrados interpuso una acción de amparo que le concedió el conjuez Carlos Parellada, cuestionado por su antiguo vínculo personal con Romano y padre de una de sus empleadas. Para evitar tener que prestar declaración indagatoria utilizó dos vías: alegó “graves razones de salud” y recusó a Bento, que también fue amenazado luego de citarlo. Cuando logró el segundo objetivo y ya no había juez para indagarlo, la salud de Romano mejoró súbitamente: interrumpió la licencia de sesenta días que le habían otorgado sus colegas, retomó sus funciones y se abocó de lleno a cuestionar la legitimidad del fiscal que lo acusó. El procurador Righi pidió ayer que se evalúe el parte médico que había presentado Romano, ante la sospecha de que se armó a pedido de Su Señoría.

La recusación también está plagada de irregularidades. Julio Demetrio Petra, Leopoldo Rago Gallo y Miguel Angel Gálvez se sustrajeron a cualquier tipo de control de legalidad por parte de quienes impulsan las causas. Petra rechazó el pedido del fiscal Palermo, negándole que fuera parte interesada. El representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó entonces su intervención, argumentando que Petra es compañero de Romano desde 1993 y que ya fue apartado para intervenir en las causas de lesa humanidad. Pero el tribunal hizo oídos sordos y rechazó la recusación, tal como había hecho con las querellas. Petra no cuestiona su inhabilidad para juzgar a autores de secuestros y torturas, pero resiste cuando le toca analizar la conducta de Romano, su compañero de trabajo desde hace 17 años, acusado por encubrir los mismos delitos.

El juez Bento, que sí fue aceptado como parte en el expediente, recusó sin éxito a los tres camaristas que accedieron al pedido de Romano. El caso más curioso es el de Rago Gallo. Mucho antes de que trascendiera su complicidad con el terrorismo de Estado, Romano se inhibió de intervenir en una demanda promovida por Rago Gallo por la “amistad íntima” que los une. Como en las familias judiciales todos se conocen, Bento recordó esa confesión y le pidió que se dignara a no intervenir. Tampoco tuvo suerte: Rago Gallo desestimó su propia recusación, asegurando que ya no es amigo íntimo de Romano.

lunes, 11 de octubre de 2010

Estado laico que estás en el cielo

PIDEN RETIRAR DE LOS JUZGADOS TODA “FIGURA DE LA RELIGION CATOLICA”
El defensor general Gabriel Ganón les reclamó a las autoridades del departamento judicial de San Nicolás que ordenen sacar de los tribunales las imágenes religiosas. La jueza de la Corte, Carmen Argibay, había pedido quitar los crucifijos de las salas de audiencias.
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En 2003, la Corte sacó de Tribunales una escultura de la Virgen.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

El trato discriminatorio que para millones de ciudadanos implica ser juzgados en nombre de un Estado laico en despachos decorados con vírgenes, santos y crucifijos podría llegar a su fin. Cincuenta y seis años después de que el presidente Juan Domingo Perón desterrara los símbolos religiosos de los espacios públicos, tres años después de que el capellán Cristian von Wernich ironizara sobre la presencia de la cruz cristiana sobre las cabezas de los jueces que lo condenaron a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, y una semana antes de la ovación de un centenar de feministas a la ministra Carmen Argibay por proponer “sacar los crucifijos de las salas de audiencias”, el defensor general Gabriel Ganón dio el puntapié inicial: les reclamó a las autoridades del departamento judicial de San Nicolás que ordenen retirar de los juzgados toda “figura representativa de la religión católica”, causal de un “trato parcial y discriminatorio” hacia ateos, agnósticos y creyentes no católicos, o bien incorporar símbolos de todos los credos autorizados por la Secretaría de Culto. El pedido se funda en el derecho a la igualdad, al tratamiento igualitario ante la Justicia y la no discriminación de tipo religioso, argumentó Ganón. Hasta el momento sólo le respondieron con evasivas.

Dos mujeres

“Soy funcionaria de un Estado laico y recibo gente que puede tener todas las religiones o ninguna, eso significa la libertad de culto. Tener un símbolo religioso condiciona”, explicó Argibay el mes pasado. “En un tribunal oral no se les pide a los testigos que juren por alguna religión, ni por Dios o los santos evangelios, sino por sus creencias, no preguntamos cuáles, y atrás tenemos crucifijos. Entonces el señor dice: ‘¿Me querrán hacer jurar por eso?’. Y hay que explicarle que no. Entonces, ¿para qué está ahí? Puede influir mal en un testigo, puede ser considerado una discriminación. En la sala de audiencias no sé cómo diablos hacer para sacarlo. Hasta ahora somos dos las que dijimos que hay que sacarlo. Dos mujeres”, aclaró.

–¿Lo han debatido en la Corte?

–Todavía no, dennos tiempo.

La Corte retiró en 2003 del hall del Palacio de Tribunales una escultura de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Formuló el planteo Alejandro Carrió, abogado de la Asociación por los Derechos Civiles y ahora de dos jóvenes adoptados en 1976 por Ernestina Herrera de Noble. Argumentó que los símbolos católicos vulneran el principio de imparcialidad jurídica y lesionan el derecho a un tratamiento igualitario garantizado por la Constitución y los tratados internacionales. La mayoría automática menemista rechazó el pedido. Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, en minoría, explicaron al aceptarlo que el sostenimiento económico del culto católico no implicaba su adopción como religión oficial. Destacaron que la reforma de 1994 acentuó el carácter no confesional y pluralista del Estado, que la presencia de la imagen de la Virgen revelaría “una clara adhesión a un credo en detrimento de otros”, y advirtieron sobre posibles “efectos de discriminación y presión sobre las legítimas convicciones” de los ciudadanos. Ante un amparo de la ADC, la jueza Susana Córdoba resolvió remover a la madre de Jesús. Pese a la protesta de militantes católicos, que hicieron misas en tribunales, la Corte reivindicó sus facultades de superintendencia y ordenó “dar guarda transitoria” a la Virgen “con el mayor grado de circunspección y decoro”. Fue el 30 de diciembre de 2003, ya sin Julio Nazareno y con Raúl Zaffaroni, que continúa en la Corte junto con Maqueda, Petracchi, Argibay y Elena Highton de Nolasco, la otra mujer del tribunal.

Patria laica

Tenaz denunciante de la violencia institucional en todas sus formas, Ganón le pidió a la Cámara Civil y Comercial nicoleña que ejerza las mismas facultades que la Corte. Recordó que los constituyentes de 1853 adoptaron la forma de una república laica y le quitaron a la religión católica el carácter oficial impuesto desde la colonización. Argumentó que exhibir símbolos religiosos en actos públicos “importa otorgarle al Estado el carácter de confesional”, y atenta contra el derecho a la igualdad y la libertad de culto. “La existencia de crucifijos en edificios públicos, símbolo que no es representativo de la patria como la bandera o el escudo, atenta contra el derecho de quienes profesan una religión diferente a la católica, comprometiendo no sólo la neutralidad que debe mantener el Estado al momento de administrar justicia sino la apariencia de objetividad de quien lo representa”, explicó. “Quien se presenta ante un juez entiende que no sólo será juzgado por el funcionario público en cumplimiento de la ley positiva sino también por una ley divina”, agregó, y apuntó que hasta la disposición de las partes en las salas “nos remontan a tribunales de la Santa Inquisición”.

Ganón respaldó el planteo con jurisprudencia internacional. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los crucifijos en los colegios atentan contra la libertad religiosa de los alumnos y contra el derecho de sus padres a educarlos según sus convicciones. Un juzgado de Valladolid, que en 2008 obligó a un colegio a retirar la efigie de Cristo de sus aulas, explicó que los símbolos religiosos podían afectar la formación psíquica de los menores. Francia dictó en 2004 una ley del velo sobre laicidad que prohíbe usar símbolos religiosos ostensibles en los colegios.

El juez es en teoría un tercero imparcial, razona Ganón. Quien profesa una religión diferente del catolicismo o es devoto de Jesús de Laferrere no debe percibir que el representante del Estado también puede castigarlo en nombre del Dios católico. Un símbolo religioso “tiene una connotación negativa”. “El Estado debe abstenerse de imponer, ni siquiera indirectamente”, afirma. El derecho a practicar o pertenecer a una religión es tan importante como no pretender imponerla, argumenta. La Cámara Civil y Comercial nicoleña evitó pronunciarse. Silvia Rivero de Knezovich, Javier Tivano y César Telechea adujeron carecer de facultades. Pero en lugar de declararse incompetentes y remitir el planteo a la Corte Suprema bonaerense, o a quien consideren que tenga funciones de superintendencia, lo archivaron como Dios manda.


Recuadrito:

Sexo con Dios

El capitán Antonio Pernías aplicaba descargas eléctricas sobre los cautivos de la ESMA con un crucifijo y una medalla de la Virgen Milagrosa colgados del cuello. “Yo hablo con Jesusito y si él me dice, te damos Pentonaval y te vas para arriba”, explicaba Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas 3.3 de la Armada. Sus subordinados se robaron un crucifijo de porcelana de la casa de la catequista María Ester Lorusso. El general Abel Catuzzi, responsable de La Escuelita de Bahía Blanca, recibía a los familiares de los secuestrados con un crucifijo en su pecho. El policía José María Cardozo gritaba “escupí al diablo” mientras torturaba en la Brigada de Investigaciones de Chaco. A un detenido le sacó el crucifijo de aleación, le anunció que “te va a coger Dios” y le dio picana hasta que la cruz de Cristo se quebró en el ano del enemigo. El asesino Miguel Etchecolatz alzó su rosario y besó su crucifijo luego de escuchar la sentencia. “Miro el crucifijo, donde está Cristo, y pienso que está aquí”, provocó a los jueces el capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich antes de escuchar su condena a prisión perpetua, confirmada por la Corte Suprema de Justicia e ignorada por la Iglesia católica.

sábado, 4 de septiembre de 2010

Aquí, allá y en todas partes

Argentina puede investigar los crímenes del franquismo

La Cámara Federal anuló la decisión de la jueza María Servini de Cubría, que había archivado la denuncia de familiares de víctimas del franquismo. Ordenó que se envíe un exhorto a España para que informe si allí hay alguna causa judicial abierta donde se estén investigando estos hechos.

Por Diego Martínez
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Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.

El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.

Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto”. El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.

Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría “carece de fundamentación y sustento” y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por “no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente” para rechazar la apertura de la investigación.

Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.

La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.

“Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa”, se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. “El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia.”

“Un fallo correcto”

“La jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad es una regla reconocida internacionalmente y nuestra Constitución, en el artículo 118, tiene una norma muy generosa en materia de jurisdicción frente a crímenes internacionales o delitos contra el ‘derecho de gentes’”, destacó Pablo Parenti, profesor de derecho penal internacional. “En este sentido, el fallo de Cámara es correcto, en tanto exige analizar fehacientemente si se dan o no los presupuestos para ejercer la jurisdicción universal en el caso de los delitos del régimen franquista”, agregó. A diferencia de lo dictaminado por el fiscal Federo Delgado, el coordinador de la Unidad Especial de la Procuración General que interviene en causas por delitos durante la dictadura consideró que “realmente nada indica que España esté investigando estos hechos; por el contrario, existe un proceso para remover al juez Garzón, suspendido por pretender investigar estos delitos”.


Carlos Slepoy, abogado impulsor del proceso

"En España hay mucho retraso"

Por D.M.

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El abogado argentino Carlos Slepoy, impulsor de la causa por los crímenes del franquismo, está feliz por partida doble. La resolución de la Cámara Federal implica no sólo reconocer la competencia de la Justicia argentina para investigar delitos de lesa humanidad en España, sino también aceptar el criterio de los querellantes de extender la investigación hasta el retorno de la democracia, en 1977, con lo cual se amplía el universo de potenciales imputados que tarde o temprano perderán su impunidad.

–¿Cómo recibió la resolución?

–Es muy importante. La resolución no sólo le ordena a la jueza iniciar la investigación, también le dice que envíe un exhorto a España a efectos de determinar si existen investigaciones y más importante aún, acepta que debe investigarse el período que propusimos, desde 1936 hasta 1977, toda la dictadura franquista, que ni siquiera consideraba el juez Garzón, que llegaba hasta 1952.

–¿Cuál era el criterio de Garzón?

–Planteó que sólo entre 1936 y 1952 se había acreditado la desaparición forzada de personas y el secuestro de niños. Nosotros planteamos que los delitos de lesa humanidad se prolongaron durante toda la dictadura. La aceptación implica que van a ser investigados los responsables de los distintos fenómenos represivos. Ante el planteo de que la mayor parte de los responsables están muertos, se abre un período amplísimo, con muchos responsables vivos. Paralelamente al exhorto que envíe la jueza vamos a pedir que se soliciten todas las pruebas que pedimos, empezando por la identificación de ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de los dirigentes de la Falange.

–La Cámara le ordenó a la jueza preguntar si efectivamente se están investigando los crímenes del franquismo. ¿Las causas siguen paralizadas o hubo avances en alguna instancia?

–Las causas están paralizadas. La prueba más evidente es que Garzón está procesado, en vías de ser inhabilitado y temporalmente suspendido por su actuación en esta causa. Cuando Garzón se inhibió envió las pruebas (que vamos a pedir que remitan a la Argentina) a cincuenta juzgados provinciales. Ninguno puso en marcha una investigación y sólo unos pocos están supervisando la identificación de fosas comunes. Todo recae en los familiares y las asociaciones para la memoria histórica, que investigan con ayuda de antropólogos forenses, incluso estuvo (Luis) Fondebrider (del Equipo Argentino de Antropología Forense). Pero no hay una causa penal en curso. Por eso queremos que en paralelo al exhorto se produzca la prueba, porque la persecución de estos crímenes no actúa de manera subsidiaria sino concurrente con las actuaciones en otros tribunales.

–Cuando Garzón impulsó la investigación sobre Argentina chocó con la resistencia de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. ¿Qué expectativa tiene sobre la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero?

–Por los antecedentes no podemos tener ninguna confianza en que colaboren. Sin embargo, esperamos que así sea. Lamentablemente, el gobierno español, a través del fiscal general, dio instrucciones para que los fiscales paralicen los procedimientos. De todas formas, confiamos en que el gobierno sea fiel e informe la real situación de los procesos. La sensación es que van a dar informaciones confusas para tratar de dilatar.

–La Cámara destaca el derecho a conocer la verdad sobre el destino de las víctimas, planteo que en la Argentina, con leyes de impunidad vigentes, derivó en juicios por la verdad. ¿Podría darse un proceso similar si se comprobara que los imputados españoles están muertos?

–El problema no es si están vivos o muertos, aunque muchos están vivos. No olvidemos que aún se está condenando a criminales nazis. La única alternativa es conocer la verdad histórica y en España ni siquiera existe una comisión por la verdad. El retraso es enorme, patético, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX. De todas formas, el proceso se aceleró en los últimos años con las asociaciones por la memoria histórica y el trabajo de los nietos. Es un trabajo subterráneo que en el último tiempo adquirió enorme potencia, incrementada con las actuaciones de Garzón. No olvidemos que mientras el proceso estuvo abierto hubo manifestaciones en toda España y llegaron a movilizarse entre sesenta y cien mil personas reclamando investigar los crímenes del franquismo.

–La causa vuelve a manos de la jueza que para querellantes y camaristas dictó una resolución infundada. ¿Puede afectar ese decisión al impulso de la causa?

–Esperemos que no. La jueza interpretó que como no había impulso del fiscal no podía llevar adelante el procedimiento, pero también dijo que no entraba a considerar las argumentaciones del fiscal. Superado ese obstáculo pensamos que actuará a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa.


viernes, 27 de agosto de 2010

Patti, otra vez al hogar


Publicado (sin firma) en PáginaI12

Luis Abelardo Patti quema los últimos cartuchos en busca de impunidad. A un mes del inicio de su primer juicio por crímenes de lesa humanidad y ante un supuesto agravamiento de sus problemas neurológicos, el represor fue trasladado ayer desde la cárcel de Devoto hasta la clínica Fleni, en Escobar, donde pasó la mayor parte de 2010. “Su retorno al Fleni nos genera desconfianza y temores”, advirtió la abogada Ana Oberlin, de Hijos Rosario, quien recordó que “por personas que lo vieron internado supimos que sus condiciones físicas no eran las que reflejaban los informes médicos y que realizaba reuniones políticas en las que se analizaban alternativas para eludir el juicio”. Oberlin y el también abogado Pablo Llonto le solicitaron al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que el examen mental previo al juicio, previsto para la próxima semana, no quede en manos del cuestionado Cuerpo Médico Forense (CMF) y reclamaron que se dé intervención a especialistas de las facultades de Psicología y Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación Médica de Buenos Aires, que en abril encontraron lúcido y en condiciones de ser juzgado al coronel Manuel Saint Amant, a quien el CMF había declarado incapaz.

La estrategia de Alfredo Bisordi y Silvio Duarte para probar que Patti es incapaz de comprender y comunicarse, paso previo al reclamo de suspensión del juicio, rindió los primeros frutos en enero, cuando lograron la autorización para una operación de ligamentos cervicales. Durante la intervención Patti habría sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) que le permitió tomar distancia del penal de Marcos Paz, donde estaba detenido desde 2007, y pasar un semestre en el centro de rehabilitación de Escobar, que inauguró cuando era intendente y donde no se privó de sacarse fotos disfrazado de payaso.

Cuando los defensores de Patti empezaron a gestionar su arresto domiciliario, un perito de parte de los querellantes dictaminó que no era imprescindible el tratamiento indicado por los médicos de Fleni y describió al paciente como un burdo simulador. A principios de agosto los jueces Héctor Sagretti, Lucila Larrandart y Marta Milloc ordenaron su traslado al hospital del Servicio Penitenciario Federal en Villa Devoto. En la noche del viernes 13, cuando llevaba apenas 48 horas preso y mientras esposa y admiradores deambulaban por cuando medio les daba espacio denunciando la “violación de los derechos humanos” (sic) del torturador, sus abogados presentaron un hábeas corpus aduciendo un “agravamiento en las condiciones de detención”. No comía y tenía un cuadro depresivo, adujeron. El juez de instrucción Federico Salva rechazó el recurso, pero en una decisión atípica lo envió al Sanatorio Anchorena. Ayer el TOF de San Martín autorizó su regreso al centro de rehabilitación de Escobar y no al Hospital Penitenciario de Ezeiza, que según consta en la causa se encuentra acondicionado para el tratamiento que recibe Patti y sobre cuyos profesionales no pesan sospechas de parcialidad.

La próxima semana tendrá lugar el examen mental obligatorio para todo acusado por un delito cuya pena exceda los diez años de prisión. Tal como se preveía, los abogados de Patti solicitaron que se evalúe si el ACV de enero le produjo una “incapacidad sobreviniente” que permita excluirlo del proceso. Los abogados querellantes pidieron la intervención del Gabinete de Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Facultad de Medicina de la UBA y de la Asociación Médica de Buenos Aires.

Fundan la desconfianza en el Cuerpo Médico Forense en la intervención dispuesta por la Corte Suprema de Justicia por falta de controles e irregularidades, pero también en su actuación concreta en causas por delitos de lesa humanidad. En julio de 2008 peritos del CMF dictaminaron que el coronel Saint Amant no estaba en condiciones de defenderse. Veinte meses después, a pedido de Hijos Rosario, una pericia de psicólogos y médicos de la UBA sostuvo lo contrario: el mayor responsable de la represión ilegal en San Nicolás comprende hechos, pruebas, derechos, y puede defenderse si le place.

Oberlin y Llonto también llamaron la atención sobre un dato que surge del último dictamen del CMF sobre Patti. Los peritos aconsejaron realizar el tratamiento de recuperación en el centro Fleni o en el Instituto de Neurociencias Buenos Aires, Ineba. “Resulta llamativo y desde nuestro punto de vista una falta de ética que se aconseje dicha institución, ya que quien presidió la pericia, doctor Osvaldo Fustinoni, forma parte del staff, justamente a cargo del área de enfermedades cerebrovasculares.”

domingo, 22 de agosto de 2010

Un mes de changüí para Patti y Bignone


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El represor Luis Patti.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

El inicio del primer juicio oral y público al torturador Luis Patti, que debía comenzar el lunes 30 de agosto, se postergó en principio para el 27 de septiembre. La causa no pasa por “una serie de planteos presentados por la defensa de Patti”, como informó ayer la agencia de noticias del Poder Judicial, sino por los eternos problemas de los organismos competentes del Estado para conseguir salas acordes a la relevancia de los procesos. Familiares y allegados a las víctimas nucleados en la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, quienes caminaron el conurbano en busca de un auditorio, habían advertido el problema a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura, a los que reclaman comprar una sala para solucionar el tema con vistas a los próximos juicios por los crímenes en el mayor centro clandestino del país.

La falta de un espacio adecuado en los tribunales federales de San Martín se conoce desde hace más de un lustro, cuando se reabrieron las causas. El proceso por el caso de Floreal Avellaneda, el primero vinculado con Campo de Mayo, se realizó a partir de abril de 2009 en una sala del Poder Judicial de la provincia. El préstamo derivó en quejas de jueces y abogados, por lo que se descartó para futuros procesos. El segundo juicio, a Bignone, Riveros & Cía., se postergó en noviembre por dificultades para encontrar un auditorio. Hubo entonces quejas de querellantes y allegados a las víctimas, quienes debieron recorrer Zona Norte en busca de salas, y acusaciones cruzadas entre tribunal, Corte, Consejo y Ministerio de Justicia. El juicio se realizó finalmente en el gimnasio de una sociedad de fomento, que debió paralizar sus actividades durante meses y ahora no quiere volver a dejar a los pibes del barrio sin su cancha de fútbol.

Por la popularidad del ex intendente de Escobar, para el tercer juicio de Campo de Mayo se habló desde el comienzo de la necesidad de una sala amplia, para que familiares de víctimas y de represores puedan seguir las audiencias a prudente distancia. Miembros de las comisiones de Zona Norte y de Campo de Mayo –y una secretaria del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín durante sus días de franco– buscaron sin suerte durante semanas galpones en alquiler en Vicente López y San Isidro. El 5 de agosto les recordaron por carta a los miembros de la Corte que “a 25 días del comienzo del juicio al procesado Patti, el TOF-2 de San Martín carece de un lugar adecuado”. El miércoles 11, luego del acto en el que la Corte presentó su informe sobre el estado de los procesos, miembros de la Comisión Zona Norte junto con el abogado Pablo Llonto le plantearon personalmente el tema a Ricardo Lorenzetti, presidente del alto tribunal.

Esta semana trascendió que el tribunal que integran Lucila Larrandart, Marta Milloc y Horacio Sagretti dio con la sala adecuada: el anfiteatro del Centro Municipal Hugo del Carril, en José León Suárez, partido de San Martín. Pero recién cuando municipio y tribunal firmen el contrato de alquiler se comenzará a acondicionar para convertirla en sala de audiencias. El 27 de septiembre, siempre en teoría, arrancará el juicio, que además de Patti tendrá en el banquillo a los condenados Bignone y Santiago Riveros, y al ex comisario de Escobar, Juan Fernando Meneghini.

“Todos se comprometen de palabra, pero cada vez que empieza un juicio el problema se repite y las víctimas tienen que salir a mendigar salas. La solución de fondo es comprar un lugar adecuado”, destacó Llonto. El abogado recordó que el juicio a Patti debería terminar antes de fin de año y que ya hay otros dos procesos en condiciones de comenzar, que podrían postergarse si el Poder Judicial no soluciona definitivamente el problema.

jueves, 19 de agosto de 2010

Menéndez volvió a su casa

A pesar de sumar cuatro condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, Luciano Benjamín Menéndez fue beneficiado con la cárcel domiciliaria. La agrupación Hijos Córdoba realizó un escrache frente a la casa del represor.


Por Diego Martínez

La lentitud de la Cámara Nacional de Casación Penal para confirmar las sentencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad derivó ayer en la obtención del beneficio del arresto domiciliario para Luciano Benjamín Menéndez, quien suma cuatro condenas a prisión perpetua en el haber. El mayor asesino del norte argentino durante la última dictadura fue condenado en julio de 2008 a cumplir su sentencia en el penal de Bouwer, pero se benefició días después con una resolución de la Sala III de Casación, que ordenó postergar el cumplimiento efectivo de la medida hasta que el fallo quedara firme, paso que no dio durante los 25 meses posteriores. El retorno del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército a su chalet del barrio Bajo Palermo se produce mientras recrudecen las amenazas a querellantes, fiscales y militantes de derechos humanos.

Paradójicamente, Menéndez no pasó los últimos dos años en la cárcel por las condenas de los tribunales orales de Córdoba y Tucumán, sino por los procesamientos con prisión preventiva de jueces que instruyen causas en primera instancia. Ayer por la mañana, el Tribunal Oral Federal 1 recibió la notificación de la decisión del riojano Daniel Herrera Piedrabuena: el mismo juez que un año atrás decidió postergar la estadía de Menéndez en la cárcel, le otorgó finalmente el arresto hogareño en base a un diagnóstico médico de neumonía bilateral. Al mediodía, durante la audiencia del juicio que Menéndez comparte con el dictador Jorge Videla y 29 ex subordinados, el presidente del tribunal Jaime Díaz Gavier informó la habilitación para retornar al hogar cuando concluyera la jornada.

“El mayor asesino que conocieron las diez provincias que integraron el Tercer Cuerpo de Ejército vuelve a su casa. Ya aprendimos que el único camino que nos garantiza justicia es la organización del pueblo”, escribió minutos después Hijos Córdoba en su perfil de Facebook, para convocar a una marcha de repudio. Cuando concluyó el testimonio de Marcelo Gustavo Iturbe, otro ex preso político que detalló los padecimientos en la Unidad Penitenciaria 1, un centenar de personas se trasladó hasta la casa de Menéndez, custodiada por un imponente operativo a cargo de fuerzas de elite de la policía provincial. A las 20.18, tras recoger sus petates en el Hospital Militar, donde estaba internado desde el 2 de julio, el condenado volvió al barrio en un celular del Servicio Penitenciario Federal, que mañana a primera hora lo devolverá a la sala de audiencias.

“La Cámara de Casación es la gran responsable de que Menéndez vuelva a su casa. Su actitud es absolutamente funcional para que los represores de mayor rango mueran sin sentencia firme”, destacó Claudio Orosz, abogado de Hijos Córdoba. “Días después de la sentencia de 2008, sin entrar en el fondo del asunto, la Sala III ordenó que no se aplicara el punto que ordenaba el cumplimiento de la pena en la cárcel. Luego de esa resolución en tiempo record pasó más de dos años sin pronunciarse”, recordó Orosz. “En diciembre, cuando nos rechazaron el segundo pedido de pronto despacho, dijeron que habían pedido documentos al tribunal. Tres meses después nos enteramos que el tribunal no había recibido nada”, abundó.

La medida que beneficia a Menéndez se produce en un contexto de amenazas crecientes a sobrevivientes, familiares y querellantes: desconocidos que anuncian encomiendas y desaparecen, mensajes telefónicos con música durante horas. “Su hijo va a mirar los rabanitos desde abajo”, le advirtieron al padre de Orosz. La frase lleva la marca registrada de La Perla. La semana pasada, el ex comisario Carlos Yanicelli, torturador del Departamento de Informaciones (D2) que llegó a ser director de inteligencia criminal del gobernador Ramón Mestre, insultó a la fiscal Graciela López de Filoñuk, a quien acusó de “peinar testigos”. La acusación se convirtió ayer en volantes que circularon por tribunales.

Menéndez no es el único condenado beneficiado por las demoras de la Cámara de Casación para confirmar las sentencias. Circulan por las calles con impunidad, entre otros, el general Jorge Olivera Róvere, responsable de la represión en la ciudad de Buenos Aires durante 1976, y los brigadieres César Comes e Hipólito Rafael Mariani, condenados por crímenes en Mansión Seré. A cuatro años de los primeros juicios desde la reapertura de las causas existen sólo dos condenas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia: Julio Simón y Miguel Etchecolatz, ambos juzgados en 2006. Los otros 1462 represores imputados, procesados y/o condenados, son para el Poder Judicial técnicamente inocentes.