Abogados de derechos humanos analizan las propuestas del Gobierno
Los cinco proyectos de ley del oficialismo para terminar con la impunidad y “dar celeridad a los juicios” que investigan delitos de lesa humanidad cosecharon aprobación y también críticas entre los abogados querellantes.
El Gobierno presentó en Diputados cinco proyectos de ley con el objetivo de “dar celeridad a los juicios” que investigan delitos de lesa humanidad y “derribar el muro de impunidad”, según explicó el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Se trata de medidas que afectarán a todos los procesos penales, no sólo los relacionados con el terrorismo de Estado: la creación de una nueva Cámara de Casación Penal que descomprima de trabajo a la existente, de una unidad especial para buscar prófugos con un fondo de recompensas, la regulación del sistema de subrogancias en tribunales orales para que los lugares vacantes no demoren los juicios y reformas al Código Procesal Penal de la Nación para acelerar las apelaciones y evitar que argucias de las defensas posterguen la elevación de las causas. Antes de que el Congreso trate las propuestas, Página/12 consultó a abogados querellantes para conocer sus opiniones y recogió aprobación, pero también críticas y sugerencias (ver aparte las observaciones sobre cada uno de los proyectos oficiales).
Luciano Hazán, de Abuelas de Plaza de Mayo, consideró que “van a permitir que los procesos lleguen a juicio antes y no se traben en tribunales con agendas congestionadas”, pero “la manera de tener una Justicia eficiente, capaz de garantizar los derechos de las partes y perseguir el delito, es reformar estructuralmente el sistema, oralizándolo por completo y dando las investigaciones a los fiscales. Se trata de una larguísima deuda de la democracia”. La frustrada reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación subyace a varios de los comentarios. En septiembre el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció un anteproyecto diseñado por expertos, que fue archivado ante la cerrada oposición de la corporación judicial.
Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destacó que “para agilizar procesos se debería hacer hincapié en su oralidad y destrabar la etapa escrita, la instrucción, donde sufrimos una demora indebida por recursos y planteos de las defensas. Se podría tomar como ejemplo el sistema alemán: los fiscales investigan sin límite de tiempo y cuando terminan presentan el caso en tribunales, que trabajan esencialmente con el proceso oral”. Yanzón cuestionó los “proyectos parche: no se puede legislar pensando en una problemática de casos. Si quieren modificar estos juicios, lo mejor es que la Corte Suprema imparta órdenes para descomprimir los tribunales orales; que las causas se organicen por centro clandestino o circuito y se unifiquen en la medida de lo posible”.
También Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, afirmó que “estas reformas deben ser complementadas por otras medidas específicas, que deben ser dictadas mediante decisiones de superintendencia e involucran especialmente a los jueces. Sigue siendo imperiosa la necesidad de racionalizar los casos abiertos, que los jueces busquen identificar la mejor forma de organizar y acumular casos para no someter a víctimas y testigos a declarar infinidad de veces”.
Ana Oberlin, de H.I.J.O.S. Rosario, destacó como positivo que los proyectos “toman propuestas de organismos y tienden a minimizar maniobras dilatorias de las defensas, que juegan a que sus clientes mueran impunes”. Advirtió que “las leyes pueden promover prácticas diferentes, pero mientras no se modifique la cultura judicial no habrá garantía de justicia”. Y destacó “el riesgo de que parches parciales descalabren el sistema procesal, que debe ser coherente”.
La más crítica fue Myriam Bregman, de Justicia Ya! Los proyectos “no dicen cómo se va a evitar que la carga de la prueba siga estando en las víctimas del terrorismo de Estado; para que no sigan declarando contra genocidas en libertad, algunos en funciones, otros al mando de agencias de seguridad; para que no se desguacen más las causas; para que de una vez por todas haya que dejar de probar caso por caso y se comience a juzgar por lo que realmente se cometió: un genocidio, en el que todos fueron responsables por todos los compañeros”.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-102005-2008-04-07.html
Recompensas y prófugos
El proyecto del Gobierno propone crear un fondo de recompensas para quienes aporten información “determinante” sobre el paradero de acusados “en causas penales por violación a los derechos humanos” con orden de captura y una unidad encargada de recabar información, coordinar estrategias con fiscales y proteger a quienes aporten datos. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Justicia.
Oberlin, de Rosario, el distrito con más prófugos del país (10), consideró que “la recompensa no es buena o mala a priori, aunque la realidad muestra que no da resultados. Lo esencial es que complemente a un sistema de investigación eficiente, que incluya escuchas, cruce de llamadas, intercepción de mails y otras medidas que la Justicia puede utilizar para encontrar a quienes intentan burlarla, y no que se ofrezca para suplir lo que no se hace”. Ramos Padilla la consideró una medida “acertada” y sugirió que la unidad “debería buscar también por orden judicial a los 500 niños robados durante la dictadura, ya que a nivel judicial no hay investigaciones serias, pese a que siguen siendo víctimas de un delito y la Justicia tiene el deber de reestablecerles sus derechos”.
Orosz y Fresneda acordaron con la medida siempre “que no existan ventajas procesales ni disminuciones de pena para quienes proporcionen la información”. Yanzón también se opuso “a cualquier intento de negociar penas a cambio de información”, consideró que “deberían realizarse medidas previas, como rastrear patrimonios, ver su situación de revista o si perciben haberes del Estado”, y lamentó que “deberían realizarlas aquellos que seguramente les dan cobertura”.
Bregman rechazó la utilidad de las recompensas. “Nada se logró en el caso de nuestro compañero Jorge Julio López. El dinero no rompe un pacto de impunidad tan profundo. Si no se encuentra a los prófugos es porque hay complicidades en las fuerzas de seguridad. ¿Cómo puede ser que periodistas o las propias víctimas hayan ubicado a más genocidas que el Estado?”
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/102005-32134-2008-04-07.html
Los jueces subrogantes
El proyecto establece que en caso de generarse vacantes en un Tribunal Oral Federal serán ocupadas por jueces de tribunales orales de la misma jurisdicción, de la Cámara Federal local o de tribunales orales de la jurisdicción más próxima, en ese orden. Claudio Orosz y Martín Fresneda (H.I.J.O.S. Córdoba) celebraron que “terminará con las maniobras dilatorias y a veces cómplices por las inhibiciones y excusaciones”. Alejo Ramos Padilla, que patrocina a Chicha Mariani, de Abuelas, y a la familia de Jacobo Timerman, se manifestó de acuerdo: “La práctica de subrogantes permite eludir controles constitucionales y la evaluación sobre el compromiso con la democracia y los derechos humanos”, carencia por la cual “personajes ligados con la dictadura pueden resultar sorteados para investigar casos de terrorismo de Estado sin ningún control”.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/102005-32135-2008-04-07.html
Apelaciones y elevaciones
Uno de los proyectos oficiales propone que el trámite de apelar resoluciones pase a ser oral, que los camaristas deliberen y resuelvan en la misma audiencia y sólo en casos complejos dispongan de cinco días, y crea una Oficina Judicial para organizar las audiencias. Orosz y Fresneda sostuvieron que los plazos perentorios “deberían ser fatales y no ordenatorios, de modo que su incumplimiento genere responsabilidad para magistrados y funcionarios”.
Otro proyecto establece que los recursos presentados por las partes “en ningún caso impidan la elevación” de causas a juicio oral. Varsky aclaró que ese agregado incorporaría a la legislación algo que ya ocurre por vía jurisprudencial. “La Cámara Federal ha dicho que no obsta a que la instrucción quede clausurada que subsista alguna vía de impugnación, pero los jueces hacen caso omiso.” Yanzón coincidió: “Si los procesos se demoran por los recursos no es por falta de normas, sino por decisión de algunos jueces que los usan como excusa. Si el código estableciera que todo recurso será resuelto al momento de dictarse sentencia quisiera ver quién los sigue presentando”. Oberlin destacó que algunos jueces “hacen lugar a planteos improcedentes, a veces de-sopilantes, que deberían rechazar in limine. Lo hacen para mostrarse cuidadosos de las garantías de un juicio justo, pero olvidan que debe ser justo para ambas partes y permiten dilaciones inaceptables. Por eso es imprescindible trabajar fuerte sobre las prácticas judiciales, que suelen ser mucho más lesivas que la legislación”.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/102005-32136-2008-04-07.html
La nueva Casación
El proyecto propone crear una Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal, con un presidente y tres salas de tres jueces que el Consejo de la Magistratura debería seleccionar. Apunta a reducir la cantidad de expedientes que absorbe la cámara actual, que pasaría a ocuparse sólo de casos de competencia federal. Casación duplicó sus causas a partir del fallo Casal (20/9/05), en el cual la Corte estableció su deber de controlar cuestiones de derecho, además de hechos y pruebas. Las causas por delitos de lesa humanidad seguirán en el tribunal original.
Para Yanzón, “el desdoblamiento propiciará cámaras que realmente reexaminen las cuestiones debatidas en los juicios orales”. Bregman cuestionó que se presente como “política antiembudo” un sistema que funciona en las provincias y ejemplificó con Buenos Aires, en donde “la creación de una cámara similar lejos estuvo de garantizar derechos humanos: las cárceles son desastrosas, con presos sin condena, técnicamente inocentes, en condiciones inhumanas. Tememos que lo que se acelere sea la criminalización de la pobreza y la protesta”. La abogada lamentó que “las causas contra genocidas seguirán en la Cámara actual” y concluyó que “una elemental medida democrática sería la exoneración de todos los funcionarios judiciales que provienen de la dictadura, su investigación y castigo”. También Yanzón enfatizó las “tareas pendientes del Consejo de la Magistratura: acusar, juzgar y remover a los jueces que obstruyen, demoran y benefician indebidamente a los imputados”, entre otras.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/102005-32137-2008-04-07.html
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