Uno de los acusados por la Masacre de Fátima pidió su absolución y además dijo que no estuvo
El alegato de los defensores de los policías acusados por el asesinato de treinta personas secuestradas en la Superintendencia de Seguridad Federal apuntó a demostrar que son “chivos expiatorios”. El miércoles se escuchará a la querella y a la fiscalía.
Es inimputable. Así concluyó el petitorio del alegato del comisario Miguel Angel Timarchi, juzgado junto a Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone por la Masacre de Fátima, la ejecución sumaria de treinta personas previo secuestro en Superintendencia de Seguridad Federal en agosto de 1976. Sus defensores sugirieron la existencia de una conspiración de vieja data con ramificaciones mundiales, explicaron que los imputados son “chivos expiatorios”, pidieron la absolución de Timarchi pero por si las moscas aclararon que por su estado psíquico era “incapaz de actuar conforme a su voluntad”. El juicio en el Tribunal Oral Federal Nº 5 seguirá el miércoles con las réplicas de querella y fiscalía.
Timarchi y su legajo sostienen que al tiempo de la masacre llevaba diez meses de licencia médica por la explosión de una granada. Tanto el fiscal Félix Crous como los abogados del Cels destacaron que el operativo de octubre de 1975, de madrugada, en un Falcon no identificable, con cuatro agentes de civil y ametralladoras, no sólo sugería una dudosa legalidad sino también buenos motivos para integrarse al Estado terrorista después del 24 de marzo. Para Carlos Broitman no hubo nada anormal. “Raro sería que hubieran ido en un camión de bomberos tocando la sirena”, ironizó. El pintoresco abogado sugirió que las catorce víctimas no identificadas muestran que no todos estaban secuestrados en Superintendencia y que en realidad fueron trasladados a otro centro clandestino del Cuerpo I de Ejército, escala previa a Fátima. La ingeniosa hipótesis no prueba que la Policía Federal haya sido ajena a la ejecución, pero le permite tomar distancia. Broitman repasó cada testimonio para mostrar que la mayoría no menciona a su cliente. Luego atacó a quienes sí lo nombraron. Como en los ’80 se reunían con antropólogos para identificar a las víctimas, concluyó que “preconstituyeron prueba para este debate”. Dedicó especial atención a Armando Luchina, ex guardia que en 1985 mencionó al “principal Trimarchi” entre los presentes la madrugada de la masacre y lo reiteró este mes, mirándolo a los ojos durante un careo. Broitman sugirió que esa noche Luchina no pudo haber estado presente y que “confunde los períodos de la lucha contra la subversión” (sic). Luego dio por sentado que vio a Timarchi, pero cuestionó que no supo describir qué tipo de órdenes daba.
Su colega Héctor Amarelle intervino para decir que “se han plantado pruebas” para “cubrir a los verdaderos responsables”. Luchina es parte de “un plan de acción premeditado”, no explicó por quién. “Este proceso es desastroso”, dijo. Se juzga a “tres chivos expiatorios”. A Gallone “por haber estado a los abrazos con las Madres, por evitar que las cagaran a palos, por eso es un traidor de los represores” (sic). Timarchi “no nos quiso decir, pero algo tiene”, tal vez “problemas con posteriores funcionarios de este gobierno o con la prensa”. Lapuyole, no se sabe. Sobre el relato de Timarchi y su rol en el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, citado en un libro de John Dinges, ex corresponsal del Washington Post, Broitman elucubró que pertenece a una organización que comparte financiadoras con los querellantes, todos complotados contra su cliente. Esos crímenes fueron en mayo de 1976, cuando Timarchi estaba de licencia y, según él, no salía de su habitación. El abogado dejó entrever que, al momento de hacer uso de sus últimas palabras, antes de la sentencia, Timarchi se referirá al tema.
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