ARRANCA EL TRAMO FINAL DEL JUICIO AL GENERAL LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ
Está acusado, junto a otros siete represores, por los crímenes cometidos en La Perla. El próximo jueves comenzarán los alegatos de los abogados querellantes. Serán televisados en vivo y en directo para toda la provincia de Córdoba.
El histórico juicio al general Luciano Benjamín Menéndez y siete ex miembros del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba ingresará esta semana en su etapa final. Luego de un mes y medio de audiencias testimoniales, durante las cuales varios sobrevivientes del centro clandestino La Perla reconocieron a los imputados y describieron su participación en secuestros y torturas, el jueves a las 9 de la mañana comenzarán los alegatos de los abogados querellantes, que serán televisados en vivo y en directo para toda la provincia.
Los acusados, además de Menéndez, son el coronel Hermes Oscar Rodríguez, el capitán Jorge Exequiel Acosta, los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován, y el personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. Con 160 personas presentes desde el comienzo hasta el final de cada audiencia, los ex represores delegaron sus defensas en los abogados y prácticamente no hicieron uso de su derecho a hablar. La primera excepción fue el general Menéndez, que el primer día leyó un discurso con los mismos términos que usaba durante la dictadura. “Fue una guerra revolucionaria” en la cual “se combatió y venció al terrorismo marxista”, arengó solitario.
Sólo el capitán retirado Acosta demostró conservar una mínima esperanza de salir absuelto. Según su legajo y un Boletín Reservado del Ejército, el ex jefe de La Perla fue trasladado a otro destino el 5 de noviembre de 1977, el día anterior a los secuestros de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Laja y Raúl Oscar Cardozo, los cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores que luego de cuarenta días de cautiverio en La Perla fueron asesinados en un tiroteo fraguado, en la intersección de Sagrada Familia y Ejército Argentino.
El problema del Rulo Acosta no son sólo los sobrevivientes que lo recuerdan en La Perla después de esa fecha. El único testigo ofrecido por su defensa, coronel retirado Heraldo Ernesto Biolatto, lo terminó de incriminar: confirmó que hasta el 5 de diciembre estuvo asignado al Destacamento 141 y recién entonces fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 en Buenos Aires. Sólo el coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento, pidió declarar para decir que tras un arresto de un mes, que concluyó el 22 de octubre, Acosta fue relevado y reemplazado.
Acosta es, además, el único de los imputados con abogados privados, lo cual no necesariamente lo beneficia. Uno de sus defensores es Jorge Agüero, ex candidato a gobernador menemista en las últimas elecciones. En los afiches de campaña Agüero aparecía con un rifle en la mano, se presentaba como “El Mesías” y proponía “libre portación de armas y grupos de autodefensa”. El jueves pidió incorporar a la causa dos disparatadas denuncias contra la jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk, a quienes acusa de armar causas y preparar testigos.
Las audiencias testimoniales concluyeron el jueves. Ana Beatriz Iliovich, sobreviviente de La Perla, contó que tener apellido judío implicaba ser torturado con más saña. “Fue un plus a las humillaciones a las que fui sometida”, dijo. La testigo reconoció a sus victimarios por nombre, apellido y apodo, y solicitó que se retiraran de la sala. Luego recordó que Rodríguez, al volver de un operativo, le dijo “con vos vamos a hacer jabón de tocador”. El coronel presenció el relato desde una sala contigua. Al volver pidió la palabra, los presentes pensaron que iba a desmentir a la testigo, pero no: era para defender a Acosta.
El jueves comenzarán los alegatos de Martín Fresneda y Claudio Orosz, abogados de Hijos y Familiares que representan a las hijas de Hilda Palacios, y Mauro Ompré, abogado de la familia de Carlos Lajas. El viernes será el turno de los fiscales Maximiliano Hairabedian, Jorge Asís y Graciela López de Filoñuk. El lunes siguiente será el turno de las defensas y el lunes 21 podría llegar a conocerse la sentencia. Antes los represores podrán hacer uso del derecho a decir sus últimas palabras.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-107329-2008-07-06.html
MARTIN FRESNEDA, ABOGADO DE HIJOS
“La prueba es contundente”
Un día como hoy, hace 31 años, una patota de militares y miembros del Comando Nacionalista Universitario de Mar del Plata secuestró a un grupo de abogados laboralistas y los trasladó a La Cueva, un centro clandestino ubicado en la base aérea local. Entre las víctimas de la Noche de las Corbatas, aún impune, estaban Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz, padres de Martín, abogado de Hijos regional Córdoba y segundo miembro de esa agrupación (la primera fue Verónica Bogliano, de la regional La Plata) que actúa como querellante en causas por crímenes de lesa humanidad.
–¿Cuál es el balance del juicio hasta aquí?
–Sumamente positivo. Gran cantidad de testigos describieron con claridad la metodología usada en La Perla. Se demostró la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos, método perverso importado de los escuadrones de la muerte de Argelia, con interrogatorios para extraer información y lograr detenciones en cadena. También se mostró el método de exterminio. Un ex gendarme declaró que se negó a participar de un fusilamiento y por eso lo echaron, pero vio a miembros del destacamento matar a secuestrados de La Perla. Contó que los hicieron cavar un pozo, los mataron, luego los quemaron y enterraron disimulando el lugar. También fue positivo el reconocimiento de La Perla. Los sobrevivientes mostraron los lugares exactos donde se alojaron las cuatro víctimas. La prueba es abundante y contundente.
–¿La única represalia contra el gendarme que se negó a fusilar fue que lo echaron de la fuerza?
–Le dijeron que era “un cagón” por incumplir la orden, le iniciaron un sumario y lo echaron.
–¿Los gendarmes participaban de fusilamientos?
–No hay pruebas o indicios de que fusilaran. A este gendarme lo llevaron en esa única ocasión, creo que con otro compañero que tampoco fusiló. No sabemos si efectivamente participaban.
–¿Cómo se sintieron los testigos al declarar frente a sus victimarios?
–Por momentos cómodos, por momentos nerviosos. Hubo un muy buen trabajo desde el Plan de Asistencia a la Víctima del Terrorismo de Estado, complementado por las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la provincia de Córdoba. Los psicólogos dieron contención previa y posterior a las declaraciones. También generó confianza en los testigos la Unidad de Protección, con custodias de la policía de Córdoba. Y el tribunal tuvo consideración y respeto, guardó todas las formalidades necesarias para proteger a los testigos de preguntas insidiosas y agraviantes.
–¿Cuál fue la respuesta de la sociedad?
–Es difícil de analizar. A la gente que siempre estuvo interesada, le resulta increíble que hayamos llegado a esta instancia. Muchos siguieron el juicio por los medios, que hicieron un excelente trabajo. Un sector de la sociedad que no conocía en profundidad lo sucedido tuvo oportunidad de conocer los métodos usados con los detenidos. Conocer la verdad a partir de los propios testimonios es muy valioso. Ayuda a las nuevas generaciones a entender los motivos y las causas de la derrota de una generación y a saber cómo el Estado se volvió terrorista. Sectores antes reticentes a recibir información de a poco la incorporan y emiten opiniones muy contundentes. También sirvió para que ex militantes reflexionaran sobre su visión del pasado, en particular sobre las acusaciones que alguna vez propiciaron contra sus compañeros sobrevivientes.
–¿Concurrió alguien en respaldo de los imputados?
–Sé que hubo cinco o seis familiares, pero el comportamiento fue cordial. No hubo tensión ni roces. El único inconveniente fue con un defensor (N. de R: Jorge Agüero), por su nivel de intimidación en los interrogatorios. Más aún cuando osó denunciar a la jueza y a la fiscal de primera instancia por estafa procesal. Las acusó de preparar testigos y direccionar la causa contra su defendido. Pero fue un caso aislado. Los defensores oficiales e incluso el doctor (Alejandro) Cuesta Garzón fueron muy respetuosos.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/107329-33871-2008-07-06.html
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