domingo, 27 de diciembre de 2009

Ahora viene un año mejor que el anterior

EL 2009 TERMINA CON 32 CONDENADOS Y EN 2010 HABRA UN SALTO CUANTITATIVO EN LOS JUICIOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Las elevaciones a juicio oral fueron record en 2009. En el año del bicentenario escuchará al fin su veredicto casi un centenar de imputados en causas por la represión ilegal. Persisten las demoras en los tribunales orales federales.

Por Diego Martínez
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El juicio oral y público por los crímenes cometidos en la ESMA arrancó este mes y terminará en la segunda mitad de 2010.

Luciano Menéndez conquistó su tercera condena a prisión perpetua. Santiago Riveros y Fernando Verplaetsen escucharon la primera sentencia por sus asesinatos en Campo de Mayo. Víctor Brusa marcó el debut de la corporación judicial en el banquillo. Julio Poch confirmó que Europa no renuncia a denunciar y extraditar pilotos de la muerte. Acosta, Astiz y Guglielminetti rinden cuentas ante los ojos del mundo. La sucesión de imágenes ratifica a la Argentina como ejemplo ante la comunidad internacional de un Estado que juzga los crímenes cometidos por sus funcionarios cuando un gobierno de facto lo convirtió en terrorista, y anticipa un bicentenario que también pasará a la historia por casi un centenar de represores que escucharán al fin su veredicto.

Detrás de las postales subyace un proceso intrincado. La buena nueva para quienes no se conforman con juzgar sólo a los íconos del terrorismo de Estado pasa por las 67 causas elevadas a juicio durante 2009 y el criterio de acumulación de expedientes impulsado con éxito por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Procuración General de la Nación (PGN). El último año hubo 37 sentencias en 11 juicios, con 3,4 imputados de promedio. Incluso si querellantes y fiscales renunciaran a investigar a los represores no identificados, juzgar al ritmo de 2009 a los 860 que ya están imputados demandaría 23 años. El inicio del juicio por crímenes en ESMA (con 17 imputados) y en Atlético-Banco-Olimpo (ABO, con 15), más los confirmados y previstos para 2010 (con más de 10 acusados de promedio), no sólo es imprescindible para reflejar las dimensiones del terrorismo de Estado, también para que el proceso no se eternice.

La contracara del impulso de la PGN pasa por las demoras de los Tribunales Orales Federales (TOF). Según el último informe de la PGN hay 272 imputados en condiciones de ser juzgados. Según un estudio del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS, el tiempo promedio que transcurre desde que reciben una causa hasta que inician las audiencias es de un año y medio. El caso extremo, con plazos que van de 24 a 36 meses, se da en Comodoro Py, donde este año hubo un solo juicio por secuestros y torturas que concluyó con tres absoluciones y condenas simbólicas a Jorge Olivera Róvere y Bernardo Menéndez, que gracias al TOF5 aún caminan por las callecitas de Buenos Aires.

Un arranque para el olvido

El primer semestre fue pobre en materia de juicios. En marzo concluyó en San Luis un proceso previsto para 2008. Su particularidad fueron las acusaciones entre imputados y hacia afuera: el general Fernández Gez acusó a ex subordinados que declararon como testigos. El TOF ordenó investigarlos, igual que al ex obispo Juan Rodolfo Laise, por pedirle al jefe militar de la provincia que hiciera desaparecer a un cura extraviado.

Más allá de la condena al gendarme Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana, que ahora presencia el juicio a los verdugos de sus padres, la primera noticia desde Comodoro Py fue cuando un secretario del TOF5 cubrió la cámara del reportero de la agencia Télam para que no retratara a Jorge Olivera Róvere. El juez Guillermo Gordo resistió con éxito su promesa de prohibir el ingreso de camarógrafos y se despidió del tribunal con un fallo que dejó sin palabras a cuatrocientos testigos, al absolver a tres ex jefes de áreas militares porteños. La exculpación de los mandos medios revirtió el criterio de responsabilidades fijado en el Juicio a las Juntas.

Las absoluciones de Teófilo Saa, Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti no fueron las únicas. Días después de la elección que operadores políticos y judiciales leyeron como el principio del fin del proceso a los represores, un TOF de Mar del Plata absolvió al coronel Alejandro Duret. La viuda de Carlos Labolita, que lo reconoció a la cabeza de la patota que allanó su casa tras el secuestro, con su esposo encapuchado, se desmayó al escuchar el fallo. Las absoluciones de 2009 fueron golpes duros para sobrevivientes y organismos, al tiempo que ratificaron la independencia de los tribunales que instruyen causas por la represión ilegal

Sede del mayor centro clandestino del país, Campo de Mayo sigue siendo la gran deuda de la justicia. El 12 de agosto, luego de invocar a Dios y la virgen, fueron condenados dos de sus jefes: los generales Riveros y Verplaetsen. Pese a que por “El Campito” pasaron 5000 secuestrados, el juicio fue por un caso, probado desde el Juicio a las Juntas: el homicidio de Floreal Avellaneda. En el segundo juicio por Campo de Mayo se sumaron el último dictador, Reynaldo Bignone, y el coronel Carlos Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601. El proceso a cargo del TOF de San Martín se desarrolla en una sociedad de fomento de Vicente López, dato no menor para quienes siguen los procesos en la ciudad, cuyos tribunales orales realizan sólo dos o tres audiencias semanales ante la supuesta imposibilidad de realizar los juicios en una sala que no sea el subsuelo de Comodoro Py.

Córdoba y una muerte atípica

El segundo juicio a Menéndez en Córdoba, que en materia de condenas y participación popular avanza cómoda a la cabeza del país, no sólo pasará a la historia por su principal víctima, el ex subcomisario y militante del PRT Ricardo Albareda. Cinco días antes del inicio, fiel al pacto de sangre sellado con sus ex compañeros del Departamento de Informaciones (D2), se quitó la vida Jesús González, testigo de la llegada de Albareda al “Chalet de Hidráulica” y citado por su amigo imputado Hugo Britos. Cuando todo indicaba que iba a mentir para no traicionarlo, tras recibir dos llamados de otra torturadora del D2 y comunicarse con la familia Britos, el ex guardia del D2 prefirió matarse.

El mismo día en que Menéndez le dio un abrazo de oso a Abel Posse comenzó el primer juicio a los represores de la ESMA. La presencia de Acosta, Astiz & Cía. y la nueva conformación del TOF5 derivó en la autorización para el ingreso de los reporteros gráficos y puso fin a la prohibición a los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, símbolos de lucha y dignidad en el mundo. Días después comenzó en la misma sala el juicio a un grupo de torturadores que actuaron en Atlético, Banco y Olimpo bajo el mando del finado Suárez Mason y del condenado (libre) Jorge Olivera Róvere. El TOF2 no puso obstáculos al trabajo de la prensa, que por primera vez pudo retratar en una sala a Julio Simón, al agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti y al apropiador Samuel Miara.

El año concluyó con un hito en materia de depuración institucional: la condena a 21 años de cárcel al ex juez federal Víctor Brusa por torturar a personas secuestradas cuando era secretario del juez Fernando Mántaras, nazi confeso a quien luego reemplazó. El juicio de Santa Fe incluyó condenas a cuatro policías y, por primera vez, a una mujer: la ex guardiacárcel María Eva Aebi. El año terminó con 32 condenas y cinco absoluciones.

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sábado, 26 de diciembre de 2009

“Sin más dilaciones”

Ordenan análisis de ADN a los hijos de Ernestina Noble
La Cámara Federal de San Martín dispuso que el juez Bergesio realice “en forma inmediata” los exámenes de los hijos adoptivos de Noble para conocer su identidad.

Por Diego Martínez
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Ernestina Herrera de Noble adoptó a sus hijos en mayo y julio de 1976.

La Cámara Federal de San Martín le ordenó al juez federal Conrado Bergesio realizar “en forma inmediata y sin más dilaciones” los exámenes de ADN de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, y “someter (las muestras genéticas) a los cotejos necesarios” para conocer su identidad. Los jueces Hugo Gurruchaga y Alberto Criscuolo destacaron que Bergesio “se enreda en discusiones inconducentes”, pero a siete años de haber heredado la causa “no realiza la medida básica, esencial e impostergable” de cruzar los ADN de Marcela y Felipe Noble con las 22 familias que buscan chicos desaparecidos antes de sus adopciones. “La resolución nos permite recuperar la expectativa de que la causa se resuelva y también creer que efectivamente existe el principio de igualdad ante la ley”, consideró Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, que pidió la medida hace un año y medio. “Es una decisión muy clara y justa”, celebró Estela de Carlotto, presidenta del organismo.

Según el expediente de adopción, el 13 de mayo de 1976 la viuda de Roberto Noble se presentó ante la jueza Ofelia Hejt, de San Isidro, con una beba a la que llamó Marcela. Dijo que la había encontrado once días antes en una caja abandonada en la puerta de su casa, en Lomas de San Isidro, y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001 Roberto Antonio García, de 85 años, declaró ante el juez Roberto Marquevich que nunca fue cuidador de esa casa. Su trabajo durante cuarenta años fue como chofer de Noble y, tras su muerte en 1969, de la viuda. García agregó que Noble nunca vivió en la casa que declaró, dato que el juez confirmó en registros oficiales. Tampoco la presunta vecina vivía allí, según declaró su nieta y corroboró la policía.

El expediente de adopción de Felipe sostiene que la supuesta madre, Carmen Luisa Delta, lo puso a disposición de la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la magistrada concedió la segunda guarda a la viuda de Noble. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. Según el escrito presentado por Abuelas en julio de 2008, el dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron “decisivos para determinar la competencia del tribunal”. Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.

Las irregularidades en las adopciones derivaron en 2001 en la detención de la viuda de Noble, que el juez Marquevich pagó con su destitución en un juicio político impulsado por Clarín. Su reemplazante Bergesio concedió desde entonces todas las medidas solicitadas por los abogados de la imputada pero rechazó ordenar la obtención de muestras por métodos alternativos a la extracción de sangre solicitada por Abuelas y por la fiscal Rita Molina. El método ya permitió la identificación de nueve hijos de desaparecidos y fue respaldado por los tres poderes del Estado.

“Se advierte que el señor juez se enreda en discusiones inconducentes a la par que no realiza la medida básica, esencial e impostergable de ejecutar la toma de muestras del ADN de las personas cuya identidad se cuestiona para someterlas a los cotejos necesarios”, consideró la Cámara. “Tal omisión resulta a esta altura manifiestamente injustificada, en particular cuando se advierte que el trámite de la causa lleva más de siete años”, agregó, y resolvió disponer “que el señor juez lleve a cabo la toma de muestras de ADN en forma inmediata y sin más dilaciones”.

Por la jurisprudencia de la Corte y la ley que asentó en el Código Procesal Penal el mecanismo de obtención de ADN con métodos no invasivos, el abogado Alan Iud destacó que la medida “debe realizarse de inmediato”, al margen de los recursos que pueda plantear la defensa. Carlotto recomendó “tomar los recaudos para que el rescate de prendas y objetos sea de las personas a analizar” y no de choferes o sirvientes de vecinos.

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jueves, 24 de diciembre de 2009

Con conocimiento de causa

Autorizan a esposas e hijos de represores a ser testigos de apropiaciones

La Cámara Federal porteña autorizó a Vanina Falco, hija del oficial de Inteligencia de la Federal Luis Antonio Falco, a declarar en el juicio por la apropiación ilegal de Juan Cabandié. Los camaristas priorizaron el derecho a conocer la verdad.

Por Diego Martínez
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El legislador porteño Juan Cabandié nació en la ESMA y fue apropiado por un oficial de la Federal.

Esposas e hijos de imputados por crímenes de lesa humanidad que no deseen encubrirlos podrían en adelante ofrecerse para declarar como testigos y de ese modo colaborar con la Justicia. El criterio lo estableció ayer la Cámara Federal porteña al autorizar a Vanina Falco, hija del oficial de Inteligencia de la Policía Federal Luis Antonio Falco, a declarar en el juicio por la apropiación ilegal del legislador Juan Cabandié, nacido en la ESMA durante el cautiverio de sus padres. El tribunal fundó su decisión en la propia determinación de la mujer, quien por medio de una declaración ante escribano informó a los jueces que también ella se considera víctima, que sigue siendo la hermana de Juan y desea apoyarlo en su búsqueda de identidad y justicia, y que su vínculo con Falco es apenas biológico. Igual que en el caso de Ana Rita Vagliati, quien logró en 2007 la autorización para suprimir de su documento el apellido “lleno de sangre y dolor” de su padre, un torturador del circuito Camps, es otra mujer hija de un represor que vuelve a sentar un precedente histórico en el proceso de verdad y justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura.

La declaración testimonial de Vanina Falco fue solicitada por Cabandié, que actúa como querellante en la causa, pero fue negada por la jueza federal María Servini de Cubría en base a un artículo del Código Procesal Penal que concede a los familiares directos de los imputados el derecho a guardar silencio. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo apelaron la decisión y presentaron un escrito de la joven ante un escribano en el que manifiesta su voluntad de dar testimonio, explica que también se siente afectada por la actitud del apropiador y por haber vivido “en torno de una mentira”, y expresa su deseo de obtener justicia.

El voto que le concede su derecho a dar testimonio lleva las firmas de los jueces Horacio Cattani y Eduardo Farah, miembros de la Sala II. Los magistrados consideraron que, por el tipo de ilícito que se le atribuye al imputado (retención y ocultamiento de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público), Vanina Falco puede considerarse también como “damnificada”, excepción que permite que pueda declarar contra su progenitor. Argumentaron que la sustracción de la identidad de Cabandié y su crianza como hermano biológico “revelan un daño perceptible para la condición sentimental y familiar” de la mujer. Destacaron que no fue obligada a ofrecer su testimonio en el juicio, que la defensa del imputado no opuso ningún reparo, y que “no existe entre ella y el acusado el vínculo personal y afectivo” que la prohibición de declarar contra los ascendientes busca proteger.

Cattani y Farah también tuvieron en cuenta que los delitos que se le imputan a Falco han sido caracterizados como crímenes de lesa humanidad, que “por su extensión y gravedad van más allá de lo tolerable para la comunidad internacional”, y que ante esta clase de delitos “existe un derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y de los familiares de las víctimas a saber qué aconteció con sus seres cercanos”.

El camarista Martín Irurzun, en cambio, votó en disidencia y argumentó que la prohibición debe mantenerse contra la voluntad de la testigo, con el objetivo superior de preservar la “cohesión familiar” y “proteger las relaciones de confianza dentro de la familia”. Irurzun consideró que, si bien la joven puede sentirse afectada por la apropiación de su hermano y las mentiras de su padre, ninguno de los ilícitos que se investigan en la causa fueron dirigidos contra ella. Por último opinó que la mujer no aportaría ningún elemento que no pueda conocerse por otros medios, y que no está en riesgo el deber del Estado de sancionar un delito de lesa humanidad.

Cabandié expresó ayer su satisfacción por la resolución de la Cámara. “Ojalá esto ayude, estimule a otros (hermanos de crianza de chicos apropiados) y siente un precedente”, afirmó el legislador del Frente para la Victoria, quien destacó que su hermana no mantiene ninguna relación con Falco y que “fue voluntad de ella misma declarar en el juicio”.

El juicio a Falco continuó el lunes con el testimonio del comisario Jorge Mario Veyra, quien según el recuerdo de Juan y Vanina era amigo de Falco y le regalaba cruces esvásticas. Veyra declaró bajo juramento que en realidad “era amigo del padre (de Falco), que fue mi superior entre 1956 y 1958 en la guardia de infantería”. Afirmó que muchos años después vio a Falco (hijo) con su familia en el Círculo Policial, pero “no había una relación personal”. “Era una relación entre socios de un club, no una amistad”, dijo. “Lo veía los fines de semana, pero no podía sospechar una cosa así”, aseguró, en referencia a la apropiación de Cabandié.

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martes, 22 de diciembre de 2009

“Digan dónde están los cuerpos”

El testimonio de las víctimas en el juicio por los centros Atlético, Banco y Olimpo

Carlos Pisoni, militante de H.I.J.O.S, se paró frente a los represores del Primer Cuerpo de Ejército para exigirles que “si les queda algo de valentía” informen sobre el destino de los desaparecidos. Toda la sala lo aplaudió de pie.

Por Diego Martínez
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Carlos Pisoni fue separado de sus padres cuando tenía 37 días. Una vecina lo entregó a su abuela.

“Me hubiera encantado que mi papá me enseñara a hacer un asado, recibir caricias de mi mamá, gritar los goles del Enzo con mi viejo y tener un hermano”, confesó Carlos Pisoni, militante de H.I.J.O.S., frente a los represores del Primer Cuerpo de Ejército. “Fuimos muchos quienes sufrimos esas pérdidas”, aclaró, y celebró que “los responsables estén sentados en el banquillo”. Cuando concluyó sacó una foto con rostros de desaparecidos de los centros Atlético, Banco y Olimpo, incluidos sus padres, con quienes compartió sólo 37 días, y les habló a los imputados: “Lo único que les pido, si les queda algo de valentía, es que digan dónde están los cuerpos. Todavía tienen la oportunidad”, les advirtió, mirándolos a los ojos. Toda la sala lo aplaudió de pie.

El subsuelo de Comodoro Py estuvo ayer colmado. Salvo tres allegadas a los policías, el resto eran sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas, todos sentados gracias a los lugares vacíos destinados a la prensa. Cuando Delia Barrera se aprestó a dar testimonio, con la foto de su marido en la mano, varios represores prefirieron retirarse. Esposados en parejas, cantando bajito, se fueron Julio Simón, Samuel Miara, Ricardo Taddei, Raúl González, los gendarmes Guillermo Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui y el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.

“Hace 32 años espero este momento”, aclaró Barrera, que estuvo 92 días en Atlético. Su compañero Hugo Scutari, militante de la JUP y delegado del Banco Nación, fue secuestrado el 5 de agosto de 1977. Minutos después una patota encabezada por Juan Carlos Falcón, alias Kung Fu, se la llevó de su casa. En Atlético pasó a ser “H26”. Le pusieron antifaz y le ataron los pies con cadenas y candados. “Primero me desnudan y me largan un perro ovejero. Luego me golpean en la cabeza y el estómago, me hacen agarrar un cable con electricidad”, recordó, y enfatizó el rol de Falcón, que criticaba a otros torturadores porque, decía, “no saben cómo se pega”. De los presentes padeció con certeza a dos: “El Fuhrer (Eufemio Uballes) nos hacía gritar ‘Heil, Hitler’ en las torturas”, dijo. “A Doctor K (Eduardo Kalinec) lo vi en la enfermería. Me dijo ‘tenés la costilla fisurada pero no te vendo porque te vas a ahorcar’”, recordó.

El 20 de septiembre tuvo el último contacto con su compañero. “Sé fuerte y no me abandones”, fueron sus últimas palabras. Luego les negaron un abrazo de despedida. “Quedate tranquila, va a una granja de recuperación”, le mintió el comisario Antonio Fioravanti, que murió impune en 1985. Cuando las preguntas concluyeron, Delia contó que honraba por séptima vez el compromiso de dar testimonio asumido en cautiverio. Luego se dirigió a sus torturadores. “Sepan bien que no cumplí con el mandato de silencio, que no pudieron quebrarme y que voy a seguir hasta el último día”, prometió. Les aclaró que la acompañaba la familia que formó al ser liberada pero también su primer compañero y los desaparecidos que conoció, y leyó sus nombres. Cerró con un pedido a los jueces: “No nos abandonen”.

“No sé cómo caminaban”

“Me arrancaron de los brazos de mis viejos cuando tenía 37 días”, arrancó Carlos Pisoni, con pañuelo de H.I.J.O.S. en el cuello. Su padre Rolando, de 29 años, estudiaba ingeniería y militaba en la JUP. Su mamá, Irene Bellocchi, 27 años, era delegada en el Banco Galicia y militaba en la JTP. “Desaparecieron porque eran militantes. En H.I.J.O.S. estamos orgullosos de nuestros padres y no reivindicamos su lucha como utopía, sino que perseguimos sus objetivos: no queremos pibes muertos de hambre”, aclaró Pisoni, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad.

“Gracias a sobrevivientes pude saber que despojaron a mis padres de su identidad: pasaron a ser H24 y H25”, relató, y volvió al significado de ser hijo de desaparecidos. “No recuerdo sus voces, no tengo la imagen de ellos en mi retina, no sé cómo caminaban”, explicó a los jueces. “Puedo dar testimonio gracias a una vecina que me llevó con mi abuela. Gracias a esa vecina, a quien me gustaría conocer (el operativo fue el 5 de agosto de 1977 en Mármol 483), no soy uno más de los pibes robados”, aclaró.

Testigo y querellante, Pisoni recordó la trilogía “Dios, Patria, Hogar” invocada por los militares y juzgó “incongruente que una persona de moral cristiana pueda cometer el pecado más grande para un creyente, como es matar, matar y matar”. Lamentó “el rol de la Iglesia que los confesaba”, destacó que “hay centenares de Von Wernich” y diferenció a “la Iglesia cómplice de la verdadera, la de Mujica, Angelelli y los palotinos, que sufrió tortura y desaparición como nuestros viejos”.

Su abuela, Aurora Zucco de Bellocchio, pañuelo de Madre de Plaza de Mayo en la cabeza, confesó que desde que recibió a su nieto “supe que iba a estar siempre pegado a mi corazón”. Contó que tras los secuestros recibió un llamado de Rolando para preguntarle si le habían dado a su hijo. “Estoy tranquila porque sabemos que mamá tiene al nene”, le dijo Irene a un sobreviviente, que en los ’80 ubicó a Aurora. La mujer diferenció también las caras de la Iglesia: su asesor espiritual Fernando Carballo le dijo “El que las hace las paga”; el cura Jorge Aguiar aceptó dar una misa por desaparecidos, pero él mismo desapareció antes de concretarla. “Al tiempo me contó que se despertó en un psiquiátrico del sur bonaerense”, recordó. “No pensaba que este momento iba a llegar”, confió a los jueces. Lamentó “el abandono que sufrimos por gran parte del pueblo” y expresó su deseo “de que esta Justicia haga lo que debió haber hecho muchos años antes”.

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lunes, 21 de diciembre de 2009

La pata judicial de la apropiación

Gonçalves Granada exige que sean juzgados los funcionarios que consintieron la supresión de su identidad

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, debe resolver si cita a indagatoria a los magistrados y asesores de menores que por acción u omisión participaron en la apropiación de Manuel Gonçalves Granada durante la dictadura.

Por Diego Martínez
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Manuel se crió con un nombre falso y recuperó su identidad en 1995.

“Muerto el perro se acabo la rabia”, le gritó en 1977 el juez de Menores Juan Carlos Marchetti a una pareja de San Nicolás que insistía en preguntar por el destino de Manuel. El niño de seis meses era el único sobreviviente de una masacre perpetrada por militares y policías en la que murieron su madre y la familia Amestoy, incluidas dos criaturas de tres y cinco años, y el magistrado ya lo había encomendado a personas de su confianza. Manuel Gonçalves Granada se crió con un nombre falso, recuperó su identidad en 1995, logró el procesamiento de varios de los asesinos de sus padres y exige ahora que los funcionarios judiciales que consintieron la supresión de su identidad y nada hicieron por devolverlo a su familia rindan cuentas como imputados. La decisión de citarlos a indagatoria o volver a negarle a la víctima un acto de justicia en nombre del Poder Judicial depende de Carlos Villafuerte Russo, juez federal de San Nicolás.

Mientras el proceso por el plan sistemático de robo de criaturas espera su turno y sólo llegan a juicio apropiadores aislados, los jueces de la dictadura que dieron el visto bueno para que niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres se criaran con identidades falsas, sin buscar a sus familias biológicas, viven impunes y mueren sin dar explicaciones. En la segunda categoría inscribieron su nombre en la historia las juezas Martha Delia Pons, de Lomas de Zamora, quien le dijo a una abuela que “sus hijos eran terroristas” y no pensaba devolverle los nietos porque “no tienen derecho a criarlos”, y Ofelia Hejt, de San Isidro, quien consintió la apropiación de Andrés La Blunda, pese a las evidencias de que había sido entregado por los oficiales del Ejército que secuestraron a sus padres, y que también intervino en las adopciones irregulares de los hijos de Ernestina Herrera de Noble.

“Resultado negativo”

Manuel es hijo de Gastón Gonçalves y Ana María del Carmen Granada. Su padre fue secuestrado en Zárate el 24 de marzo de 1976 y torturado en un camión de la policía de la provincia de Buenos Aires. El cuerpo quemado, envuelto con sábanas, fue abandonado a orillas del río Luján y enterrado como NN en el cementerio de Escobar. El Equipo Argentino de Antropología Forense lo identificó veinte años después. Por el crimen están procesados, entre otros, el general Fernando Verplaetsen, jefe de inteligencia de Campo de Mayo, y el torturador Luis Patti.

Para escapar de los grupos de tareas, su madre huyó a San Nicolás, ocultó su identidad y, en junio, cuando nació Manuel, lo registró con el apellido Valdez. El 19 de noviembre un centenar de militares y policías rodearon la casa donde vivía. Asesinaron a Ana María y a la familia Amestoy y, cuando se animaron a entrar, se encontraron con Manuel, a quien su mamá envolvió en un colchón y escondió en un ropero mientras se resistía a caer en manos del terrorismo de Estado. El operativo pasó a la historia como la Masacre de Juan B. Justo y por el quíntuple homicidio están procesados, en condiciones de ser juzgados, el coronel Fernando Saint Amant, jefe del área militar 132, y quienes condujeron el operativo, el coronel Antonio Federico Bossie y el comisario Jorge Muñoz.

La historia de la apropiación consta en los pedidos de indagatoria de quienes la investigaron: el fiscal federal Juan Patricio Murray y los abogados Ana Oberlin, Nadia Schujman y Lucas Ciarniello Ibáñez, que representan a Manuel, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a Abuelas de Plaza de Mayo. Luego de la masacre, asfixiado por los gases lacrimógenos que costaron la vida de Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, Manuel fue trasladado el Hospital San Felipe por orden del coronel Saint Amant, quien dio intervención al juez Marchetti, del Tribunal de Menores de San Nicolás. Según el director del hospital, Tomás Harnan, el juez dispuso una custodia policial ante “el rumor de que alguien iba a retirar por la fuerza al niño”.

Pese a que la práctica de la época y la obligación legal, que alcanzaba al asesor de Menores Juan Carlos Magni, era publicar edictos para ubicar a la familia, en el caso no se hizo ninguna averiguación. Un oficio policial dirigido al juez sugiere que “las citaciones cursadas a los familiares arrojaron resultado negativo”, pero hasta el supuesto firmante, principal Jorge Russo, puso en duda su autenticidad: dijo que no conoció a Marchetti y que por su lugar en el escalafón de la Policía Federal no pudo haber suscripto el oficio. Cuando familiares de los Amestoy se presentaron a retirar los restos de sus seres queridos, la burocracia judicial dejó pasar una nueva oportunidad de conocer la identidad de Manuel y su mamá, y entregarlo a su familia. Los deudos fueron obligados a desaparecer de San Nicolás en tiempo record y el juez de Menores no libró ningún oficio a la Justicia federal ni a las fuerzas de seguridad para contactarlos.

La alternativa elegida por Marchetti, desmenuzada en el escrito del fiscal Murray, fue recurrir a su propia familia: su primo Eduardo Larrañaga y su esposa, Esther González, se convirtieron en padrinos del niño, que en febrero de 1977, sin informe socioambiental ni opinión previa del asesor de Menores, fue otorgado en guarda provisoria a Luis Novoa y Elena Rodríguez, prima de González, que entran en escena “enterados” de la existencia de un menor a disposición del juez. Cinco meses después, al otorgar la guarda definitiva, Marchetti consignó falsamente que los adoptantes eran cónyuges, y durante los tres años que ocupó el cargo no requirió un solo informe paras saber cómo se desarrollaba la guarda. De los testimonios de los “padrinos”, Murray concluye que el juez “le refirió falsamente” a la mujer que crió a Manuel que había intentado sin éxito ubicar a la familia biológica. La supresión de la identidad se convalidó en febrero de 1983, cuando el juez civil Juan Delfín Castro, de Lomas de Zamora, con el visto bueno del asesor de Menores Francisco García Cortina, hizo lugar a la adopción plena de Manuel bajo el nombre de “Claudio Luis Novoa”.

“Tal concierto de incumplimientos legales no puede considerarse una mera negligencia, sino el resultado de un acuerdo dirigido al ocultamiento de la verdadera identidad del menor Manuel Gonçalves Granada”, concluyó Murray, quien enfatizó que los magistrados que continuaron en funciones (como Castro) o asumieron tras el golpe de Estado (Marchetti, Magni y García Cortina, entre otros) “no fueron ajenos a la ilegalidad imperante” sino que “formaron parte del gobierno de la dictadura”. “Mientras estos jueces reconocían mansamente a las autoridades de facto que pasaban a integrar, otros eran despojados de sus cargos, echados de sus despachos e ignorados los acuerdos que las autoridades constitucionales les habían otorgado”, resumió, y citó los casos en San Nicolás del juez federal Ismael Passaglia (padre), detenido el día del golpe por orden de Saint Amant, y del juez penal Manuel Gil Morales, preso sin causa durante años por orden del gobierno de facto. Tanto los abogados de Manuel como el fiscal Murray le solicitaron al juez federal de San Nicolás, quien lleva ya cuatro años con el expediente inmovilizado, que cite a indagatoria a los ex miembros de la familia judicial. De Villafuerte Russo depende el próximo paso.

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sábado, 19 de diciembre de 2009

Poch, un marino en preembarque

Holanda no juzgará al piloto de los vuelos de la muerte. Argentina lo espera

El juez de La Haya rechazó el planteo de la defensa del piloto de la ESMA que había relatado ante sus compañeros cómo arrojaba personas vivas al mar y pretendía ser juzgado en Holanda. Julio Alberto Poch, preso en España, seguramente será trasladado a Buenos Aires.

Por Diego Martínez
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El piloto naval Julio Alberto Poch fue detenido en España el día anterior a jubilarse.

El ex piloto naval Julio Alberto Poch, preso en España por haber confesado ante sus compañeros de trabajo que arrojó personas vivas al mar desde aviones en vuelo durante la última dictadura, será extraditado a la Argentina. Un juez de La Haya rechazó ayer la pretensión del abogado Gerard Spong para que el oficial retirado de la Armada sea juzgado en su patria adoptiva: el Reino de los Países Bajos. Se trata de una buena noticia para el ex funcionario de la dictadura Jorge Zorreguieta y su hija, la princesa Máxima de Holanda, pero pésima para la Armada Argentina, que según el ex capitán Adolfo Scilingo obligó a participar a todos sus miembros en los vuelos de la muerte.

La confesión de Poch ante sus compañeros de la aerolínea Transavia ocurrió durante una cena con buen vino en el restaurante Gado Gado de la isla de Bali, en Indonesia, luego de que los holandeses calificaran de “régimen criminal” a la dictadura argentina. “Poch dijo que teníamos una imagen errónea de la época, que hubo una guerra y en la guerra muere gente”, relató el piloto Tim Weert. Luego contó “cuando a bordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida con el fin de ejecutarlas”, agregó. “No hay problema, estaban drogados”, les aclaró.

“Su comportamiento era impresionante. Defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, destacó Edwin Brouwer, impresionado “por su gesto, el movimiento que hizo con la mano, como si dejara voltear un avión para dejar escapar la carga”. A diferencia de lo que ocurre en las aerolíneas argentinas, donde no han faltado relatos de pilotos y mecánicos que en los ’80 tomaron distancia de las Fuerzas Armadas, cuando los testigos holandeses informaron sobre la confesión, su jefe Geert Geroen Engelkes no dudó en denunciar a Poch ante la Policía Nacional. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó.

A diferencia también de lo que ocurre en la Justicia argentina, donde una confesión idéntica del capitán Hemir Sisul Hess hibernó durante cuatro años en un despacho de Comodoro Py, el Ministerio Público holandés realizó una investigación exhaustiva, les tomó declaración a testigos directos e indirectos, y envió a tres personas a la Argentina para interiorizarse sobre el estado de los procesos. Aquí confirmaron que desde la confesión pública de Scilingo, en 1995, no hubo un solo detenido por los vuelos (ni siquiera el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que según Scilingo lo ayudó a arrojar personas al vacío) pero lograron que el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, aceptara viajar a Holanda para escuchar a los testigos, y solicitara la captura con fines de extradición.

Poch fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia, durante una escala de su último vuelo antes de jubilarse como comandante de Transavia. El ex marino de 57 años, que había comprado un departamento frente a la playa de Xeraco, quedó alojado en el centro penitenciario Picassent. El 6 de octubre negó haber confesado los crímenes ante un juez de la Audiencia Nacional. Un día después la embajada argentina en Madrid entregó el exhorto diplomático que ratificó el pedido de extradición. El 30 de octubre el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la continuidad del proceso.

Con el argumento de la doble ciudadanía, sumado a que los testigos de la confesión y quienes investigaron a Poch son holandeses, Spong solicitó la extradición de su cliente al Reino de los Países Bajos y montó una campaña mediática en la que incluyó a la familia del imputado. El Estado holandés se pronunció en contra: sostuvo que el juicio debe realizarse en la Argentina, donde ocurrieron los vuelos, con el fin de que “los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso”. Ayer un juez civil de La Haya falló en la misma línea. Admitió que Holanda está facultada para juzgar a Poch y no descartó la posibilidad de que pueda retornar allí para cumplir su eventual condena, pero ante la falta de interés del Ministerio Público local y las garantías de las que gozan los represores en la Argentina, rechazó el pedido de extradición.

dmartinez@pagina12.com.ar

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jueves, 17 de diciembre de 2009

Poch quiere volar rumbo a Holanda

EL PILOTO DE LA ESMA DETENIDO EN ESPAÑA
Por Diego Martínez

Un juez civil de La Haya decidirá mañana si concede o rechaza el pedido de extradición a Holanda del ex piloto naval Julio Alberto Poch, preso en España luego de haber confesado ante sus compañeros de trabajo que durante la dictadura arrojó personas al vacío desde aviones en vuelo. La resolución no sólo preocupa al marino. Su extradición a la Argentina, concedida en octubre por el Consejo de Ministros de España, tendría inevitables repercusiones sobre centenares de oficiales, suboficiales y civiles que participaron de los vuelos de la muerte y la Justicia argentina nunca investigó. Su eventual envío al Reino de los Países Bajos, donde sólo su abogado desea repatriarlo, reinstalaría en la agenda europea la historia de Jorge Zorreguieta, secretario de Agricultura del dictador Jorge Videla, directivo de la Unión Industrial Argentina y padre de Máxima, la mujer que se casó y tiene hijos con el príncipe de Holanda.

Poch fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia y pasa sus días en una cárcel de Madrid. Según declaraciones de su amigo Hans Dekkers al programa Eén Vandaag (Hoy en Uno), fue trasladado a una celda de aislamiento luego de recibir amenazas de miembros de la ETA. El juez Sergio Torres pidió su extradición el 30 de diciembre pasado, luego de recibir la declaración en Holanda de los compañeros de la aerolínea Transavia que escucharon el relato de Poch en un restaurante de la isla de Bali, en Indonesia. La defensa del ex piloto militar en Europa está a cargo del abogado Gerard Spong, prominente defensor de causas impopulares, quien solicitó la extradición de su cliente al país en el que se radicó en 1988 e intenta forzar la decisión de la Justicia con una activa campaña mediática, de la que participa toda la familia del imputado.

El reino de los Países Bajos ya manifestó que, más allá de la doble ciudadanía de Poch, no existe ninguna razón para juzgarlo en Europa. “Los hechos de los cuales es sospechoso fueron cometidos en la Argentina, contra víctimas argentinas”, declaró la abogada que representa al Estado holandés, Cecile Bitter. La letrada destacó la importancia de “que los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso” y apuntó que “las autoridades argentinas consideran que puede ser llevado ante un juez para un proceso de fondo de aquí a un año”, es decir cuando concluya el primer juicio a Astiz, Acosta & Cía.

La defensa de Spong, difundida en radio, televisión y diarios, consiste en intentar desprestigiar a la Justicia argentina con el argumento de que no existirían garantías de ser juzgado en un plazo razonable, desacreditar a los testigos de la confesión (aunque no encontró aún ninguna motivación que ponga en duda su veracidad) y difundir datos descontextualizados para sugerir la inocencia de su cliente. Por ejemplo, que era piloto de aviones de guerra y no de pasajeros, o que durante la dictadura estaba radicado en Bahía Blanca y destinado en la base Comandante Espora, no en la ESMA. El primero fue refutado por los propios registros de vuelo secuestrados durante el allanamiento en su casa, donde constan vuelos en aparatos con pasajeros. El segundo pasa por alto testimonios de sobrevivientes y de ex marinos como Adolfo Scilingo sobre la rotación ordenada por el ex almirante Emilio Massera para que toda la Armada se manchara las manos en la ESMA y participara de los vuelos, con el objetivo de sellar el pacto de silencio. El artículo del diario NRC Handelsbld, un equivalente a La Nación en la Argentina, también incluye testimonios de vecinos que definen a Poch como un hombre amable aunque de “sangre latina”, y declaraciones anónimas de pilotos de Transavia, algunos orgullosos y otros molestos por la denuncia de sus compañeros, que permitieron detener por primera vez a un piloto confeso de los vuelos de la muerte.

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Un Cavallo “internado” con lumbalgia

EL CAPITAN IMPUTADO POR CRIMENES EN LA ESMA LLEVA UN MES FUERA DEL PENAL DE MARCOS PAZ

Gracias a un certificado emitido por médicos de la Armada, el represor Miguel Cavallo cumple su prisión preventiva en el Hospital Naval. Otro represor se ausentó en la primera audiencia del juicio por la ESMA con idéntico diagnóstico de los mismos médicos.

Por Diego Martínez
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El capitán Ricardo Cavallo (en el centro), internado aunque “a simple vista desborda salud”.

Con el visto bueno de las autoridades del Hospital Naval y ante la incompetencia de los responsables de controlar el cumplimiento de su prisión preventiva, el capitán Ricardo Miguel Cavallo, imputado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA, cumplió ayer un mes sin pisar el penal de Marcos Paz, en teoría internado y con diagnóstico de “lumbalgia”. El dato lo reveló el abogado Rodolfo Yanzón, del equipo jurídico Kaos, durante la segunda audiencia del juicio oral y público a Acosta, Astiz & Cía., al que se sumó ayer el capitán Alberto González, alias Gato, ausente en la jornada inicial gracias a un certificado con idéntico diagnóstico y emitido por los mismos médicos de la Armada. El letrado les solicitó al Tribunal Oral Federal 5 (TOF-5) y al juez federal Sergio Torres, responsable de la megacausa ESMA, que controlen la situación de detención de los represores y aparten de sus cuidados a los profesionales del Hospital Naval. De los mismos magistrados dependía en diciembre de 2007 la comparecencia ante la Justicia de Héctor Febres, envenenado con cianuro en su celda VIP de Prefectura días antes de escuchar su sentencia.

El primer juicio significativo a represores de la ESMA continuó ayer con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del fiscal Eduardo Taiano, que el domingo recibió una amenaza anónima en el teléfono de su madre. Los imputados continuarán escuchando las imputaciones hoy, mañana y el martes próximo. Las audiencias se interrumpirán por Navidad y Año Nuevo y, como los juicios no pueden interrumpirse por más de diez días, se realizarán durante enero de manera esporádica, cada diez días, para que la familia judicial pueda gozar de sus vacaciones.

Página/12 informó el sábado que Cavallo estaba internado pese a que “a simple vista desborda de salud”. El dato lo brindó su padre, Oscar Cavallo, durante sus charlas con los policías de Comodoro Py. “Esa época fue un despelote, andábamos todos armados y hubo miles de atentados, aunque, ojo, eso no justifica lo otro”, fue una de las ricas reflexiones del suboficial naval. Ante las consultas de los querellantes, miembros del TOF-5 informaron que, según el Servicio Penitenciario Federal (SPF), Cavallo estaba en la cárcel. Yanzón hurgó en las constancias obrantes en el juzgado de Torres y concluyó que burla los controles desde hace un mes.

“Torres dispuso hace tiempo revisaciones semanales del Cuerpo Médico Forense (CMF) para estar informado sobre la salud de los imputados y para analizar los datos brindados por el Hospital Naval”, explicó Yanzón. “El 12 de noviembre el juez autorizó a Cavallo para que el 16 lo revisara un traumatólogo, por una alegada hernia de disco. Desde aquel momento está formalmente internado, sin que nadie lo pusiera en conocimiento de los jueces y sin que podamos conocer si se efectuaron los debidos controles”, agregó. “De los informes del CMF surge que Cavallo no fue revisado en las últimas semanas porque estaba en el Hospital Naval. Según los informes penitenciarios, Torres había autorizado la internación, lo cual es falso: sólo autorizó el traslado para una consulta”, detalló Yanzón, quien solicitó que se investiguen las responsabilidades administrativas y penales de penitenciarios y marinos. Antes del comienzo de la audiencia, el juez Daniel Obligado notificó a las partes que el tribunal que preside requirió un informe urgente al SPF sobre egresos del penal de Marcos Paz y modos de traslados de los represores.

La segunda medida obedece a un cuestionamiento que luego planteó Yanzón: el viernes, tras la audiencia inicial, el teniente Julio César Coronel, que goza de arresto domiciliario, fue visto mientras se retiraba de Comodoro Py sin custodia y por sus propios medios. Si bien sobran ejemplos de represores que han burlado la prisión hogareña (desde Massera hasta Carlos Tepedino y Pascual Guerrieri), se supone que el régimen previsto para mayores de 70 años o enfermos terminales no incluye burlar los controles ante las citaciones de la Justicia. De los 17 represores de la ESMA que juzga el TOF-5, no sólo Coronel disfruta del arresto domiciliario: también el ex canciller Oscar Montes, el contraalmirante Manuel García Tallada y el comisario Ernesto Frimon Weber.

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martes, 15 de diciembre de 2009

Intimidación al fiscal

Por Diego Martínez

Dos días después de la audiencia inicial del juicio a los represores de la ESMA, durante la cual se leyó el requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Eduardo Taiano, una voz anónima dejó un mensaje inquietante en el único teléfono de línea registrado en guía con el apellido del magistrado. “Dormí tranquilo, tío. El mensaje es para Federico”, fue lo único que dijo el hombre de voz gutural que el domingo a las 22.30 llamó a la casa de la madre de Taiano, de 79 años. Federico es el nombre del hijo del representante del Ministerio Público, quien desde 2003, cuando se reabrió la causa, investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Armada durante la última dictadura. Tres años atrás Federico fue secuestrado por desconocidos durante media hora, aunque sólo le robaron la tarjeta del padre que llevaba en la billetera. Consultado por Página/12, Taiano no dudó en vincular el llamado anónimo con el inicio del juicio a Acosta, Astiz y Cía., y al tiempo que recibía la causa por interferencias en las comunicaciones del helicóptero presidencial, ocurridas el mismo día del inicio del juicio por la ESMA, formuló la denuncia ante el fiscal Gerardo Di Massi. La investigación quedó radicada por sorteo en el juzgado de Sergio Torres, el responsable de la megacausa ESMA. La Procuración General de la Nación dispuso ayer mismo custodiar la casa de la madre de Taiano en el barrio de Barracas. Más allá de los 16 represores que comenzaron a ser juzgados la semana pasada, la megacausa ESMA tiene más de medio centenar de procesados con preventiva y seis prófugos. Tal como informó Página/12, también siguen libres e impunes 28 ex miembros del Grupo de Tareas 3.3 condecorados por participar en “operaciones reales de combate”.

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Con la boca sellada

Otros cuatro represores se negaron a declarar

El testimonio de María Esther Tello, madre de tres hijos desaparecidos, fue evitado por los acusados por la represión en El Banco, El Olimpo y Atlético.

Por Diego Martínez
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“Algo habrán hecho mis hijos”, afirmó con orgullo María Esther Tello, madre de los desaparecidos Rafael y Pablo Tello. “Defendían los derechos de los trabajadores”, dijo mirando a los ojos a los imputados. “Los protegían ante el trato inhumano de empresarios de multinacionales que entregaban listas de delegados”, contó la primera testigo del juicio a los represores del Primer Cuerpo de Ejército, que continuará hoy a las nueve. A primera hora e igual que el jueves, cuando Guglielminetti, Simón & Cía. decidieron mantener el pacto de silencio, el capitán Enrique Del Pino, el ex subcomisario Samuel Miara y otros dos represores se negaron a declarar.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) introdujo ayer otra grata nueva para quienes exigen justicia. Luego de detallar los derechos a cada imputado, la jueza Ana María D’Alessio les informó con dulzura que “es voluntad del tribunal que estén presentes en las audiencias”. “Sólo si hay un motivo personal que se los impida”, les ofreció “presenciar las declaraciones desde una sala contigua”. El criterio rige en el interior y en San Martín, pero difiere del que hasta ahora aplicó el TOF5, donde represores excarcelados como Jorge Olivera Róvere o los jefes de Mansión Seré apenas pisaron la sala en audiencias iniciales (es obligatorio escuchar la acusación) y en las “últimas palabras” previas a la sentencia.

–Se levantaron a las cuatro de la mañana –arguyó la defensora Verónica Blanco para que siete de sus defendidos dejaran la sala.

–No son razones médicas ni de peso –disintió el fiscal Alejandro Alagia.

–Estaban presentes cuando torturaban y ahora no quieren escuchar hablar de torturas. ¡Cobardes! –resumió Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, antes de que el tribunal concediera el permiso para retirarse a Raúl Guglielminetti, Julio Simón, Eduardo Kalinec, Ricardo Taddei, Raúl González, Juan Carlos Falcón y el gendarme Guillermo Cardozo.

El 31 de mayo de 1978, cuando secuestraron a sus dos hijos, María Esther Tello estaba en Francia. Dos años antes habían secuestrado en Córdoba a su hijo Marcelo. “Hubo que aprender a esperar”, explicó, y contó que mientras las Madres comenzaban a marchar en Plaza de Mayo ella comenzó a pedir respuestas en la embajada argentina en Francia y solidaridad ante organismos humanitarios como Cristianos contra la Tortura.

“¿Quiénes eran sus hijos?”, preguntó el fiscal, en referencia a los dos que fueron vistos en Banco y Olimpo. La Madre de Plaza de Mayo contó que Pablo y Rafael tenían 29 y 25 años, estudiaron en el Colegio Nacional de La Plata, tuvieron mujer e hijos, estudiaron arquitectura y filosofía respectivamente, y mamaron desde la cuna la importancia de luchar. “Mi esposo y yo hacíamos trabajo social en chacras, con trabajadores del campo. Desde niños vieron cómo se organizaban comisiones de obreros rurales”, contó. Ya en dictadura trabajaron en astilleros como el Río de la Plata, donde “fueron perseguidos por reclamar sus derechos”, recordó.

–¿Integraron alguna expresión política democrática? –preguntó con cara de poker Valeria Corbacho, abogada de tres policías.

–Sí, en dictadura militaron en Resistencia Libertaria –respondió Tello.

–¿Sabe si el Estado dictó normas de reparación civil? –indagó la defensora oficial Verónica Blanco, introduciendo un tema que apasiona a los apologistas del terrorismo de Estado y poco aporta a las defensas.

–Es de público conocimiento, como también se hizo con los judíos luego del nazismo –le explicó la mujer.

Por la mañana, los cuatro imputados con abogados particulares se negaron a declarar. El subcomisario Miara, con estudios incompletos de abogacía, dijo no recordar su dirección en Ciudadela “porque hace mucho que no voy” y admitió que fue condenado “por sustracción de estado civil”, sin mencionar a los mellizos Reggiardo Tolosa. Su único testimonio en instrucción no fue para defenderse sino para decir que era “enfermo cardíaco” y pedir su traslado a la Policía Montada. Roberto Rosa, alias “Clavel”, miró con ojos desorbitados hacia la bandeja superior en busca de seres queridos, pero la encontró vacía. El último en brindar sus datos fue el subcomisario Eufemio Uballes, alias “El Führer”, quien también dijo haber olvidado qué casa ocupaba en el barrio General Belgrano de Salta. Los tres policías son defendidos por la abogada Corbacho.

El capitán Enrique Del Pino, detenido en mayo de 2007 tras un año y medio prófugo, declaró entonces que durante “la guerra antisubversiva” sólo cumplió órdenes y pidió ser juzgado por un tribunal castrense. “Miguelito” es el único militar y también el único imputado detenido en Campo de Mayo, donde ningún juez realizó aún una inspección ocular para verificar las condiciones de detención. Su defensor particular es el abogado Gustavo Daniel Franco.

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sábado, 12 de diciembre de 2009

Astiz, Cavallo y el Tigre Acosta, sin máscaras

Empezó el juicio a los integrantes del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA por la desaparición de Rodolfo Walsh y las monjas francesas

Las víctimas y sus familiares compartieron el mismo recinto con los allegados a los represores en la primera jornada del juicio.

Por Diego Martínez
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En la primera fila, los represores Julio Coronel, Alfredo Astiz y Pablo García Velasco.

A sala repleta, frente a las cámaras del mundo, comenzó ayer en el Tribunal Oral Federal 5 porteño el primer juicio por crímenes de lesa humanidad a ex miembros del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA. Jorge Acosta, Alfredo Astiz y otros catorce represores se sentaron resignados, posaron para más de cuarenta reporteros gráficos y escucharon durante siete horas las acusaciones en su contra. “Ni en los sueños más profundos en Capucha, donde cada miércoles nos preguntábamos ‘¿cuándo me tocará el traslado?’, llegué a imaginar que alguna vez íbamos a estar juzgándolos en los tribunales de la sociedad burguesa”, confesó Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, ante más de doscientas personas en la vereda de Comodoro Py.

La novedad del día fue la ausencia del capitán Alberto González Menotti, alias Gato, con un cuadro de “lumbalgia” según el certificado del Hospital Naval. Daniel Obligado, presidente del tribunal, informó que libró oficio “muy urgente” al Cuerpo Médico Forense para que determine dolencias y controle a los médicos navales. Ante la sospecha de “acciones para beneficiar a los procesados”, Rodolfo Yanzón, del equipo jurídico Kaos, solicitó que se aparte a los profesionales del Hospital Naval de la atención de represores. Allí se aloja, entre otros, Ricardo “Sérpico” Cavallo, que a simple vista desborda de salud.

Por la cantidad de acreditados, la audiencia arrancó con dos horas de demora. Madres, Hijos, sobrevivientes y familiares de desaparecidos colmaron dos salas: unos detrás del blíndex, otros en un salón con una pantalla gigante. El tribunal, ya sin Guillermo Gordo, no sólo permitió trabajar a la prensa: también que las Madres luzcan sus pañuelos. La primera fila incluyó al embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian, y a Luis Eduardo Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos.

Familiares y amigos de los imputados se ubicaron, junto a la prensa, en la bandeja superior. Hubo un grupo mínimo pero bullicioso de esposas, el padre de Cavallo, el hijo del capitán Rolón y Cecilia Pando, quien admitió que hace apenas cinco años comenzó a interesarse por la historia argentina y mostró leves síntomas de mejoría: “El Juicio a las Juntas estuvo muy bien, pero estos tipos tenían 25 años”, reflexionó.

Los marinos ingresaron esposados, en parejas. “¡Tigre!”, levantó los brazos el abogado Mariano Gradín para saludar a Jorge Acosta, jefe de inteligencia del GT 3.3. Gradín y Gerardo Palacios Hardy se presentaron en nombre de la flamante Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que brinda asistencia espiritual a represores y cuenta en sus filas al ex fiscal Norberto Quantín.

Mientras se sucedían las tandas de reporteros y los sobrevivientes identificaban a los verdugos avejentados, sus esposas parecían adolescentes excitadas ante galancitos de moda.

“¡Qué divino, Alfredito!”, chillaron ante una mueca triste de Astiz.

“El más buen mozo es mi marido”, gritaba la esposa de Rolón, a quien su hijo Juan invitó a guardar silencio.

“Aquél debe ser Vildoza”, arriesgó otra en referencia al apropiador y ex jefe del GT 3.3, prófugo desde 1983.

“¿Cuál es tu marido?”, preguntó la mujer de Manolo García Tallada, con más cirugías que Mirtha Legrand.

Abajo seguían las fotos.

“Te juro que me da mucha bronca”, refunfuñaba Pando.

En primera fila se ubicaron el ex canciller Oscar Montes (en silla de ruedas, con artrosis), el teniente Julio César Coronel, y los marinos Astiz, Pablo García Velazco, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Cavallo, Acosta, el médico Carlos Capdevila y Adolfo Donda. En la segunda, Jorge Radice, el policía Juan Carlos Fotea, García Tallada, el comisario Ernesto Weber y el prefecto Antonio Azic.

Pando puso el cassette de siempre –“guerra, subversivos, soldados”–, pero bajó el tono cuando hasta las periodistas francesas comenzaban a dejarla sola. “El tema es que acá también tienen que estar los terroristas”, reclamó.

–¿Desde cuándo pide justicia? –le preguntó un cronista.

–Hace cinco años, cuando empecé a enterarme de todo.

–¿Por qué cree que en los treinta anteriores nunca pidieron justicia?

Pando se llamó a silencio.

A las 11.42 el secretario del tribunal comenzó a leer el requerimiento de elevación del fiscal Eduardo Taiano. Tommy Capdevila cayó en un profundo sueño, igual que varios de sus camaradas de la bandeja superior, que llegaron con La Nación debajo del brazo, se animaron con Página/12 tras el cuarto intermedio y se terminaron deleitando con las tortitas de Soy. Las señoras del mar no dejaron de hacer risotadas ni siquiera cuando comenzaron a escuchar el amplio menú de torturas por el que se juzga a sus maridos. Sólo la mención a las violaciones pareció inquietarlas.

La audiencia fue impecable hasta los últimos minutos. Cuando los imputados estiraron sus brazos para que los esposaran, sobrevivientes y familiares comenzaron a cantar: “Como a los nazis, les va a pasar...”. Astiz los miró y les mostró la tapa del libro Volver a matar, de Juan Bautista Yofre, el ex jefe de la SIDE investigado por ejercer el oficio en el ámbito privado. La provocación de quien en 1998 dijo ser “el hombre mejor preparado para matar políticos o periodistas” generó la reacción de Yanzón, quien reclamó sin suerte la intervención de los secretarios del tribunal. El Rata Pernías sólo atinó a pedir silencio con el dedo sobre la boca. Arriba las cotorras se volvieron a alborotar:

–¡Terroristas! ¡Terroristas!

dmartinez@pagina12.com.ar

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viernes, 11 de diciembre de 2009

La hora de la patota de la Armada

COMIENZA EL JUICIO A DIECISIETE REPRESORES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN LA ESMA

El Tribunal Oral Federal 5 juzgará desde hoy a Astiz, Acosta, Cavallo, Pernías y Rolón, entre otros acusados de la Marina y fuerzas de seguridad, por los crímenes de Rodolfo Walsh, las monjas francesas, las fundadoras de Madres y otras 79 víctimas.

Por Diego Martínez
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Los represores Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda.

Hoy, a las 10, en el subsuelo de Comodoro Py, un tribunal argentino comenzará a juzgar a diecisiete represores de la ESMA, símbolo universal del terrorismo de Estado. Quedan detrás un tercio de siglo de impunidad, las leyes del olvido de Raúl Alfonsín, los indultos de Carlos Menem, la resistencia de las corporaciones política, judicial, empresaria y eclesiástica, y también centenares de madres y padres que murieron sin llegar a conocer justicia para sus seres queridos.

“¿Sabe cuántos Astiz hubo en la Armada?”, preguntó a un periodista en 1985 el contraalmirante Horacio Mayorga. “Trescientos”, confesó. El Tribunal Oral Federal 5 juzgará al primer puñado: trece marinos, dos policías, un prefecto y un oficial del Ejército. La lista incluye al capitán Jorge Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y al propio Alfredo Astiz, icono de la cobardía desde que su foto rendido en Malvinas permitió identificarlo como quien se infiltró entre las Madres para seleccionar a las mujeres que la Armada arrojaría con vida desde un avión en vuelo. También estarán los capitanes Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, detonantes involuntarios de la confesión de Alfredo Scilingo a mediados de los ’90; el comisario Ernesto Weber, que les enseñó a usar la picana eléctrica en nombre de la Policía Federal, y el vicealmirante Oscar Montes, ex canciller de la dictadura.

La mayor parte de los secuestros, torturas y asesinatos por los que se realizará el juicio están probados desde mediados de los ’80. Sus responsables vivieron impunes durante veinte años gracias a las leyes de obediencia debida y punto final. De las tres causas mayores que se acumularon para el primer proceso, Testimonios A es la más abarcativa, con 79 víctimas. Unos pocos son sobrevivientes. De algunos hay constancias de su asesinato. La mayoría fueron vistos en cautiverio y permanecen desaparecidos.

La segunda causa, Testimonios B, corresponde a los crímenes de las monjas francesas y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestradas el 8 de diciembre de 1977, torturadas en la ESMA y arrojadas al mar en “vuelos de la muerte”. La contracara positiva de los veinte años de impunidad son los logros del Equipo Argentino de Antropología Forense, que las identificó luego de encontrar sus cuerpos enterrados como NN en cementerios de la costa.

El tercer expediente se llama Testimonios C y su protagonista central es el escritor y periodista Rodolfo Walsh, ultimado por la metralla del comisario Weber tras resistirse al secuestro con una pistola diminuta. La investigación sobre la muerte de Walsh, cuyo cadáver fue visto en la ESMA pero nunca fue entregado a sus deudos, incluye las preguntas sobre el paradero de su obra inédita, que la Armada tampoco se dignó a entregar.

La Armada y la Prefectura son las fuerzas que mejor burlaron (y burlan) a la Justicia. Desde el Juicio a las Juntas, excepto los procesos en ausencia en Francia e Italia, ningún represor del mar fue condenado. El más cercano fue Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex de Prefectura días antes de escuchar la sentencia. También murieron a tiempo el vicealmirante Luis María Mendía, que informó sobre los vuelos en el cine de la base Puerto Belgrano; los ex directores de la ESMA Rubén Jacinto Chamorro y Horacio Estrada, y célebres miembros del grupo de tareas como Jorge Perren, Francies Whamond o Enrique Yon. El ex almirante Emilio Ma-

ssera, condenado en 1985, fue declarado insano, en tanto siguen prófugos el capitán Jorge Vildoza y otros cinco represores. Las últimas dos bajas por razones de salud, que se conocieron esta semana, son las del capitán Néstor Savio, alias Norberto, y del penitenciario Carlos Generoso, alias Fragote.

Astiz “desnombró” ayer a su abogado con la esperanza de postergar el proceso. Juan Aberg Cobo había apelado minutos antes el rechazo a la recusación de uno de los jueces. Ambas maniobras fueron desbaratadas por el tribunal, que de inmediato agregó al nombre de Astiz a los defendidos por Víctor Valle. El defensor oficial reclamó la suspensión del juicio para interiorizarse de las acusaciones de su flamante asistido, pero los jueces Daniel Obligado y Oscar Hergott rechazaron el planteo. El voto de Ricardo Farías fue en línea con el deseo de Astiz.

La nueva composición del TOF 5, tras el alejamiento de Guillermo Gordo, que resistió durante años los reclamos para garantizar la publicidad de los juicios, permitirá que reporteros del mundo puedan transmitir las imágenes de Acosta, Astiz & Cía. Hace siete meses Página/12 informó que se prohibiría el ingreso de las cámaras. El tema se solucionó recién ayer: contra la voluntad de Farías, Obligado y Hergott resolvieron autorizar el trabajo de los reporteros antes de las audiencias indicadas por la Corte Suprema de Justicia. Igual que en el juicio a los represores del Primer Cuerpo de Ejército, la filmación oficial estará a cargo de jóvenes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). El próximo paso que pondría a Buenos Aires a la altura de Rosario y Córdoba en materia de publicidad es la transmisión en vivo de las instancias del juicio por Internet.

Las audiencias se realizarán los días jueves y viernes, y miércoles de por medio. La acusación en nombre del Ministerio Público estará a cargo de los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que ocupan el rol de querellantes serán patrocinados por abogados de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y asociaciones como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otras. Como defensores de los imputados actuarán los abogados Alfredo Solari (de Scheller, González, Rolón, Cavallo y García Velazco), Adolfo Casabal Elía (de Montes) y Julio Coronel (de su padre). El resto tendrá defensores oficiales.

El comienzo de la audiencia inicial está previsto para las 10 de la mañana. Una hora antes, en el 6º piso de Comodoro Py, comenzarán las acreditaciones para quienes deseen ingresar en la sala, y las actividades de Hijos, que realizará un acto al mediodía. El juicio comenzará con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los querellantes y del fiscal Eduardo Taiano y las elevaciones del juez federal Sergio Torres. Recién después, cuando se declare abierto el debate, se escucharán los planteos de las defensas, que intentarán suspender el juicio con los argumentos de siempre.

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jueves, 10 de diciembre de 2009

Un renovado pacto de silencio

Once imputados por delitos de lesa humanidad no prestaron declaración por consejo de sus abogados

Alineados frente al Tribunal Oral Federal 2, los militares, gendarmes y policías acusados por su actuación en el Atlético, El Banco y El Olimpo no hicieron uso de la palabra. Esta vez, las cámaras pudieron registrar los rostros de los victimarios.

Por Diego Martínez
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Raúl Guglielminetti, Eugenio Pereyra Apestegui, El Turco Julián y Luis Donocik.

El pacto de silencio se mantiene. Once imputados por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército que juzga el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) respondieron ayer que, por consejo de su defensora oficial Verónica Blanco, no iban a prestar declaración indagatoria. La jornada tuvo un comienzo inusual para la historia de los juicios a represores en Comodoro Py: una docena de fotógrafos y camarógrafos retrataron durante cinco minutos, antes del comienzo, a Guglielminetti, Simón & Cía. El proceso por secuestros y torturas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo continuará el lunes, cuando el TOF2 les conceda la palabra a los imputados que tienen abogado particular: el capitán Enrique Del Pino y los policías Samuel Miara, Eufemio Uballes y Roberto Rosa.

Cuando el gendarme Guillermo Cardozo pasó al frente, el resto de los imputados debieron abandonar la sala, esposados de a dos. La jueza Ana María D’Alessio le explicó que no estaba obligado a declarar, que no debía prestar juramento y que no se usaría el silencio en su contra.

–¿Entendió los hechos motivo de la imputación?

–No voy a declarar –se apuró el gendarme.

Con tono cordial, D’Alessio le explicó que debía responderle.

–Lo he entendido –se explayó.

Dio sus datos personales, ratificó la negativa y durante una hora escuchó su indagatoria en instrucción. Tras el Mundial de 1978, el coronel Roberto Roualdes lo designó en el Destacamento Móvil 1 de Gendarmería para “dar seguridad al lugar de reunión de detenidos en Lacarra y Falcón”, léase Olimpo. Debió “preparar a cuarenta hombres para dar seguridad” ante “posibles ataques subversivos”, dijo, y agregó que Roualdes le aseguró que eran “detenidos en transición” que “iban a recuperar su libertad”. Su mayor desafío fue enfrentar “la desmoralización de mi fuerza” por la mala comida, la falta de lugar de alojamiento y el maltrato de militares y policías que los consideraban “negritos del interior”. Fechó el “repliegue del personal” en enero de 1979, tras el último traslado de El Olimpo. “Gendarmería no tenía responsabilidad sobre terroristas detenidos” y tampoco sobre “la destrucción de documentos que probarían mi inocencia”, dijo. “No cometí delitos, simplemente cumplí con mi deber”, concluyó.

El comisario Raúl González dijo al pie de la letra las dos frases que le indicó su abogada: “Por pedido expreso de mi defensa me niego a declarar” y “Mi domicilio es la unidad penal de Marcos Paz”. En las declaraciones que le leyeron aseguró no haber conocido centros de detención. “Cumplía funciones técnicas, como oficial de comunicaciones”, agregó. Negó conocer los alias de los represores, excepto el de Julio Simón, “Turco Julián”, por las entrevistas en televisión.

Raúl Guglielminetti se presentó como “comerciante”. Dijo haber sido “empleado civil del Ejército durante cuatro años”, periodista en Neuquén y hombre abocado a “actividades privadas” en Estados Unidos y España.

–¿Va a prestar declaración? –preguntó D’Alessio.

–No en este momento, señora presidenta –dijo.

Su indagatoria en instrucción fue breve. “No tenía acceso a lugares operativos y no me consta que los mencionados lo fueran”, dijo luego de ser detenido en su quinta La Mapuche, de Mercedes.

Luego se leyó la declaración de Juan Carlos Falcón, custodio del ministro del Interior Albano Harguindeguy hasta 1982, detalle que “me convirtió en un blanco fácil”, dijo. Explicó que apodaban Kung Fu a todos los karatecas del Círculo Policial, pero que no fue él quien actuó en cautiverio, adjudicó la confusión al inspector Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy en 1976, y aseguró que el Kung Fu torturador fue el suboficial Luis Armando Galarce, porque “estuvo en el departamento Situación Subversiva”. Por la tarde, luego de un cuarto intermedio, ratificaron su silencio el gendarme Eugenio Pereyra Apestegui, el penitenciario Juan Carlos Avena y los policías Simón, Eduardo Kalinec, Luis Donocik, Oscar Rolón y Ricardo Taddei.

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miércoles, 9 de diciembre de 2009

Los represores tienen la palabra

El TOF 2 espera escuchar a ocho de los quince imputados por su actuación en centros clandestinos

Policías, gendarmes y militares podrán pararse hoy frente al tribunal y argumentar su defensa por la represión en El Olimpo, el Banco y el Atlético. Raúl Guglielminetti y el Turco Julián son dos de los convocados a hablar.

Por Diego Martínez
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Se espera que el tribunal autorice, cumpliendo el mandato de la Corte, la difusión de imágenes de los represores.

Hoy a partir de las nueve, en el subsuelo de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2) les dará la palabra a once imputados por crímenes de lesa humanidad en centros clandestinos de la ciudad de Buenos Aires, incluidos Raúl Guglielminetti y el policía Julio Simón. Por primera vez desde 2006, luego de cinco juicios sin reporteros gráficos en la sala y del escándalo del sexto, cuando un secretario del TOF5 cubrió con sus manos la cámara de la agencia Télam, hoy sólo dependerá de los canales de noticias que la sociedad pueda conocer el rostro y la voz de policías, gendarmes y militares acusados por cientos de secuestros, torturas, violaciones y homicidios durante la dictadura. La decisión de los jueces Jorge Tassara, María Laura Garrigós de Rébori y Ana María D’Alessio implica cumplir con la acordada sobre publicidad de juicios de alta trascendencia pública que la Corte Suprema de Justicia dictó el año pasado en respuesta a las prohibiciones del TOF5, el mismo que el viernes, con un criterio que aún se desconoce, comenzará a juzgar a Astiz, Acosta & Cía.

El juicio por delitos de lesa humanidad en los centros Club Atlético, Banco y Olimpo, que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, tiene en su primera etapa quince imputados. Mañana tendrán la palabra los once que tienen defensa oficial, a cargo de Verónica Blanco. El más conocido es el único civil: el agente Raúl Guglielminetti, famoso por los secuestros extorsivos a comienzos de los ’80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín. En Olimpo se hacía llamar “Mayor Rogelio Guastavino”, se hacía planchar el uniforme de gala y lustrar los zapatos por los secuestrados, y daba órdenes como virtual jefe del campo, en nombre del coronel Enrique Ferro. Guglielminetti afronta su primer juicio por crímenes de lesa humanidad. Le esperan varios más.

No menos célebre, pero con menor prestigio entre sus pares, también podrá declarar el policía Julio Simón, alias Turco Julián, que ya tiene dos condenas en el haber: por el secuestro y las torturas del matrimonio Poblete, en 2006, y como miembro del Batallón 601 el año pasado. Simón concedió entrevistas en televisión mientras se supo impune, durante veinte años, pero se llamó a silencio desde que se anularon las leyes de impunidad y comenzó a deambular por tribunales. Durante las audiencias se limita a negar las acusaciones con la cabeza y a pedir permiso para ir al baño, siempre aquejado por sus problemas de próstata.

El resto de los represores que caminarán hasta el banquillo darán sus datos y responderán si desean o no prestar declaración indagatoria son desconocidos para la sociedad. Los gendarmes Guillermo Cardozo, alias Avena, y Eugenio Pereyra Apestegui, alias Quintana, son de los pocos que hablaron durante la instrucción: dijeron que sólo cumplían “funciones de seguridad en un objetivo militar”. Los sobrevivientes los recuerdan adentro del Olimpo: a Quintana con gomina y tacos, por su complejo de petiso, obligando a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo. El comandante Cardozo también se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los centros clandestinos para que no hablaran del tema con nadie.

Además del penitenciario Juan Carlos Avena, alias Centeno, el resto son todos policías. Eduardo Kalinec, alias Doctor K, siguió en funciones hasta hace apenas cinco años. Ricardo Taddei se apodaba Padre o Cura por sus delirios místicos: se ofrecía como confesor en cautiverio y hasta llevó un televisor al Olimpo para que los secuestrados vieran la misa de domingo. El comisario Raúl González, alias Negro o Mayor Raúl, era segundo jefe del campo y participaba de interrogatorios junto con Oscar Augusto Rolón, alias Soler. El karateca Juan Carlos Falcón, alias Kung Fu, ex custodio de Albano Harguindeguy antes del golpe de Estado, solía abusar de las mujeres secuestradas. Luis Donocik, alias Polaco Chico, integraba el grupo de guardias que se denominaban “candados”, responsables de impedir que los secuestrados hablaran y de trasladarlos a la sala de torturas. Mañana será su turno. El lunes tendrán la palabra los otros cuatro acusados.

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domingo, 29 de noviembre de 2009

Cuando los confesores no encubren

PROCESARON POR PRIMERA VEZ A UN PILOTO NAVAL POR SU PARTICIPACION EN LOS VUELOS DE LA MUERTE

Es el capitán Emir Hess. Para su procesamiento resultaron claves los testimonios de dos allegados que contaron cómo relataba que sus víctimas caían “como hormiguitas”. Fue detenido en septiembre después de que Página/12 publicara su historia.

Por Diego Martínez
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Uno de los aviones Electra utilizados por la Armada en los vuelos de la muerte.

El capitán Emir Sisul Hess se convirtió esta semana en el primer piloto naval procesado por confesar su actuación en vuelos de la muerte. Si bien su legajo es idéntico al de cientos de marinos, la prueba que lo llevó a Marcos Paz fueron testimonios de allegados, quienes lo escucharon relatar que los secuestrados de la ESMA “iban cayendo como hormiguitas” hacia el vacío. El caso Hess, igual que el del teniente Julio Alberto Poch, preso en España por la denuncia de sus compañeros de la aerolínea holandesa Transavia, revela cuánto depende de los confesores el avance de las causas que investigan el último eslabón del terrorismo de Estado.

El método de arrojar personas al mar fue utilizado durante la dictadura por las tres Fuerzas Armadas. Existen casos probados a partir del hallazgo de cadáveres de personas vistas en Campo de Mayo, ESMA y Olimpo. Por testimonios de sobrevivientes y del capitán Adolfo Scilingo se sabe que en los vuelos hubo militares, prefectos, gendarmes, policías y civiles. También que contaron con la asistencia espiritual de capellanes como Luis Manceñido y Alberto Zanchetta, aún libres e impunes.

El denunciante que inició a la causa, en 2002, supo del relato de Hess por boca de un tercero. Cuando el carromato judicial se puso en marcha, no sólo el confesor admitió la historia: una ex empleada del marino la ratificó y amplió. “Contaba en tono burlón que las personas pedían por favor” y que “no le temblaba el pulso”, dijo el primero. Hablaba con “bronca y resentimiento”, dijo la mujer. Hess le aseguró que las víctimas “eran tipos muy pesados” y que no se sentía un criminal porque “había que cumplir órdenes”.

En 2005 el expediente llegó al juzgado de Sergio Torres, responsable de la causa ESMA. Allí hibernó durante cuatro años, hasta que a principios de septiembre Página/12 contó la historia. La detención fue el 29 de septiembre, una semana después que la de Poch. Hess declaró ante el juez que arrojar personas al mar era “aberrante e innecesariamente cruento”, porque “en una fuerza armada lo que abundan son las armas, para ser utilizadas conforme a la Convención de Ginebra” (sic). Negó haber integrado “la fuerza de tareas creada para la lucha antisubversiva”, intentó demostrar que piloteaba helicópteros que no podían usarse para tirar personas y dijo desconocer las razones de los testigos para “tergiversar la realidad”.

El juez consideró probado que Hess “formó parte de las tripulaciones de aviones y helicópteros utilizados en el sistema de eliminación física denominado ‘vuelos de la muerte’”. Apuntó que tres aeronaves que piloteó servían para “arrojar carga sin perder capacidad de vuelo”: los helicópte- ros Sea King y los aviones Beechcraft C-45 y Pilatus Porter PL-6-A. Agregó que las confesiones fueron ante personas “de su confianza” y que un testigo de la defensa ratificó la amistad con el primer confesor.

El procesamiento de 583 páginas detalla el método que según Scilingo bendijo la jerarquía católica. Los condenados “eran designados por oficiales de Inteligencia los martes a la noche”. Los miércoles se aislaba el sótano. A las cinco de la tarde un suboficial leía una lista con números de prisioneros. “Se producía un clima de violencia, con una gran carga de adrenalina, ya que el futuro trasladado era tomado en forma impulsiva”, contó un sobreviviente. “Se los hacía tomar manos con hombro en un trencito”, apuntó Ricardo Coquet. Tabicados y encadenados, bajaban hasta la enfermería. Con la excusa de “las condiciones higiénicas” del “campo de recuperación”, les inyectaban un somnífero. Los sacaban por “una puerta que sólo se abría en esas oportunidades, directo hacia el playón”, recordó Elisa Tokar. Mareados o desmayados, los cargaban a un camión que los llevaba al aeropuerto. Gras apuntó que lo subían “a un Fokker de la Escuadrilla Multipropósito”, el destino de Hess en 1978 y 1979. Otro sobreviviente vio en la ESMA “un libro donde estaba desarrollado el proceso que seguía un cadáver cuando se descomponía abajo del mar”.

Los traslados eran “en forma semanal”, apuntó Torres, y citó un cálculo de Scilingo: “Hubo entre ciento ochenta y doscientos vuelos, arrojando en cada uno entre quince y treinta personas”, léase entre 2700 y 6000 víctimas. “Lo insólito era la vida, los nacimientos. La rutina era la muerte”, dijo Scilingo. “No matamos a nadie, no tiramos a nadie al mar”, confesaban algunos “Verdes”, aspirantes a suboficiales de dieciocho años, que a veces lloraban ante algún secuestrado. El cabo Juan Carlos Fotea confesó que era “rallante” ver el desfile de condenados. “Estamos tirando una generación al mar”, admitió el policía, que comenzará a ser juzgado en dos semanas. Varios oficiales contaron que habían “fondeado” a las monjas francesas. “Toda la Armada va a tener que poner los dedos”, sonreía el Tigre Acosta para referirse a la rotación orquestada por Emilio Massera.

El documento incluye la historia del desaparecido que volvió de un vuelo. Emilio Assales, alias Tincho, suboficial de la Armada, secuestrado el 11 de enero de 1977, fue conducido un mes después al sótano del Casino de Oficiales. El somnífero tardó en hacerle efecto porque era corpulento. Alcanzó a ver que sus compañeros vomitaban, se desmayaban y eran sacados a la rastra hacia el playón. Lo subieron a un camión y lo trasladaron al área militar del Aeroparque Jorge Newbery. Lo obligaron a subir a un avión y antes de despegar le preguntaron el número asignado. Se percataron de que aún no había sido interrogado por el Servicio de Inteligencia Naval y ordenaron devolverlo a Capucha.

–Quiero ir al sur –le insistió al suboficial a cargo del traslado, según le contó luego a un sobreviviente.

–Vos no sabés de lo que te salvaste –le respondió “Pedro Bolita”, jujeño de ojos achinados que aún no fue identificado.

Antes de relatar su experiencia, Tincho durmió un día entero. Tiempo después fue trasladado, entonces sí para siempre.

dmartinez@pagina12.com.ar

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