Por Diego Martínez
Un adelantado del terrorismo de Estado, instaló en 1975 en Tucumán los primeros centros de tortura y exterminio del país.
En Bahía Blanca emplazó su segunda Escuelita, última escala de un centenar de desaparecidos.
A los fusilamientos en enfrentamientos fraguados, marca registrada del Ejército, agregó como toque de distinción de su prontuario el juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur, siempre con la complicidad del diario La Nueva Provincia y el servicio del juez federal Guillermo Federico Madueño.
“¿Cómo decirle adiós a un soldado que hizo que los hombres, mujeres y niños de esta ciudad comenzaran a recobrar la paz y la seguridad que habían perdido? Nos estaban arrancando algo vital, uno de los ejemplos del país que queremos ganar para las futuras generaciones”, escribió Diana Julio de Massot luego de despedirlo en la dirección del diario.
En 1987 la Cámara Federal lo escuchó invocar “órdenes superiores” para justificar sus crímenes y le dictó la prisión preventiva rigurosa. Usaba entonces el uniforme que sus subordinados se quitaron para secuestrar y contaba con los “consejos técnico--profesionales” de Néstor Luis Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército y actual juez de la misma Cámara bahiense.
Pasó sus últimos años recluido en un departamento en Bulnes 2087, donde nunca se dignó a recibir a este cronista.
Los ingratos que se beneficiaron con sus trabajos sucios le dedicaron cuatro líneas a su muerte y hasta escribieron mal su nombre. Así pagan.
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