Vuelos de la muerte en la Brigada de Palomar

Ex conscriptos confirmaron ante el fiscal Federico Delgado la denuncia que Rodolfo Walsh hizo en 1977. Usaban aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. Hay sólo un integrante de la Fuerza Aérea condenado y preso por crímenes durante la dictadura.

Publicado en PáginaI12, sin firma del autor**

Treinta y tres soldados que hicieron el servicio militar durante la dictadura confirmaron la existencia de vuelos de la muerte desde la Primera Brigada Aérea de Palomar. La Fuerza Aérea arrojaba personas al mar desde aviones Hércules C‑130 y Fokker F‑27. "Hombres y mujeres, siempre encapuchados o tabicados, esposados entre sí, con ropas sucias, en estado consciente, caminaban en fila ayudándose mutuamente y tenían aspecto muy deteriorado", resumió el fiscal Federico Delgado tras escuchar a más de seiscientos ex conscriptos y empleados de Palomar. Peritos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata estudiaron legajos de pilotos e historiales de aviones y concluyeron que los documentos de la Fuerza Aérea "no reflejan la realidad". Delgado considera inviable por el momento imputar a autores directos por hechos concretos pero le solicitó al juez Daniel Rafecas que declare probados los vuelos desde Palomar y le encomendó "someter esta investigación al escrutinio de la sociedad civil".

En su Carta Abierta a la Junta Militar el escritor Rodolfo Walsh acusó a las fuerzas armadas "de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea" y precisó que "usaron Fokker F‑‑27". La instrucción de Delgado se inició 32 años después a pedido de Lorena Pacino. Su padre, Carlos Pacino, fue visto en cautiverio en el centro clandestino Olimpo. Una sobreviviente declaró que en agosto de 1978 Pacino y otros secuestrados fueron trasladados en un camión rumbo a Palomar. Los cadáveres aparecieron en la costa, fueron enterrados como NN y, treinta años después, identificados por el Equipo Argentino de Antropología.

A partir de la denuncia, patrocinada por el abogado Pablo Llonto, el fiscal pidió informes a la Fuerza Aérea y citó a conscriptos y civiles que prestaron servicios en Palomar. Los 130 empleados aportaron "poco y nada", resumió. La Fuerza Aérea "hizo lo imposible para informar mal, de modo incompleto, con lenguaje encriptado". Con los datos de los 493 soldados elaboró el informe que entregó ayer al juez Rafecas, responsable de investigar delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército, y una maqueta que diseñaron docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Desde Palomar "despegaron aviones en vuelos 'regulares' y de los 'otros'", escribió Delgado. "Unos partían hacia la Antártida. Otros llevaban planteles de fútbol del mundial'78. Así como había personas ilegalmente privadas de la libertad, otros disfrutaban de las piletas, las canchas de tenis o incluso de un frontón donde otras personas esperaban ser 'trasladadas' en un avión, con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado en la causa 13/84: la muerte".

"Treinta y tres testigos juraron la existencia de los 'vuelos de la muerte' mas ninguno identificó uno concreto", admitió Delgado. Los camiones grupos de veinte a treinta secuestrados ingresaban por la guardia principal, sobre todo de noche. A veces entraban hasta los hangares, otras directo a la pista. Los encargados de subirlos pertenecían a "grupos especiales" y vestían de civil. "Los vuelos duraban entre veinte y treinta minutos y los aviones solían regresar vacíos, sin pasajeros. Los rumores dentro de la base afirmaban que eran arrojados al mar o al Río de la Plata". Usaban aviones Hércules C‑130 y Fokker F‑27, que admiten la apertura de sus puertas en vuelo sin despresurizarse. Los despegues y aterrizajes que por "órdenes superiores" la Oficina de Programas y Ordenes de Vuelo no asentaba se denominaban "sobrevuelos".

"Diez o veinte" varones con las manos atadas, custodiados por militares, fueron vistos sentados en el piso de una cancha de básquet o frontón, a la espera de ser trasladados. Horas después los soldados constataron que habían escrito nombres y teléfonos en el piso, con piedras, y que habían dejado papeles con datos que no pudieron ser recuperados. Los superiores explicaban que los detenidos eran "trasladados doscientas millas mar adentro y lanzados, y que dejaban a una o dos personas que luego eran liberadas para que comentaran a sus compañeros lo que les esperaba".

Los conscriptos ratificaron la existencia de interrogatorios y tortura. Hacia el sector del arroyo Morón, en una arboleda detrás de la pista, ubicaron la "casita de la muerte". Tenían prohibido acercarse. Un colimba castigado por robo vio allí grilletes amurados a la pared. También vieron "rastros de sangre, piel y pelos" en calabozos donde ahora funciona una sastrería. En el tercer piso del edificio del Escuadrón de Tropa estuvo detenido más de cuatro meses un conscripto de apellido Palomeque, acusado de militar en el ERP. Fue visto por última vez en manos del teniente primero Alonso. En el subsuelo y la planta baja se movían los miembros de los grupos de tareas, que usaban barba y pelo largo. Lo que robaban en operativos se guardaba en un depósito cerca de la torre de control.

Delgado comparó su trabajo sobre los vuelos con las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad en las causas Mercedes Benz, Ford y Conarepa, en las que se probó la responsabilidad empresarial y sindical pero no hubo imputaciones por falta de pruebas directas. "Nos revelaron el guión pero no los actores", escribió. Mencionó a "supuestos protagonistas de 'vuelos de la muerte' y torturas" aunque aclaró que sus nombres surgían de menciones sin entidad suficiente para imputarlos. Se trata del "mayor Joaquín Argüelles Benett, jefe de Inspección y Recambio de Aviones, piloto de Fokker F‑‑27"; del "suboficial principal o mayor Meyer, a cargo del Escuadrón Fokker F‑‑27"; del "cabo primero Siandra" y del "cabo Rivas".

La Primera Brigada Aérea formó parte de la Subzona 16, que abarcaba Merlo, Moreno y Morón (incluía entonces Hurlingham e Ituzaingó), donde la Fuerza Aérea comandó la represión ilegal auxiliada por la policía bonaerense. La columna vertebral del esquema represivo en el oeste del conurbano fue la Fuerza de Tareas 100, creada por la Orden de Operaciones Provincia en junio de 1976 para "desarticular y aniquilar a las organizaciones subversivas que actúan preferentemente en el frente gremial y en el ámbito fabril y estudiantil". Titular de la FT100 era el brigadier Hipólito Marini, jefe de Palomar. En diciembre de 1977 fue reemplazado: en la brigada por el brigadier Néstor Oscar Caeiro, en la FT100 por el brigadier César Miguel Comes, jefe de la Séptima Brigada Aérea de Morón. Mariani y Comes (foto) fueron condenados por crímenes en Mansión Seré.

En tres de las noventa edificaciones de Palomar se constató que hubo personas secuestradas. Hace quince meses Rafecas detalló el funcionamiento de la brigada como centro clandestino a partir de relatos de sobrevivientes y conscriptos. Los cautiverios duraban pocos días (excepto tras la fuga y cierre de Mansión Seré, en marzo de 1978) e incluyeron torturas con picana, violaciones y simulacros de fusilamiento. Al menos dos desaparecidos estuvieron en Palomar: Natalia Cecilia Almada y Ernesto Bonifacio Lahourcade Whitelaw. El rol central de la Primera Brigada en la estructura del Estado terrorista, sin embargo, no fue como lugar de detención sino de derivación de secuestrados. Varios sobrevivientes fueron interrogados y luego trasladados a Mansión Seré. Los menos fueron a las comisarías de Castelar, Haedo, Morón y Ramos Mejía. Aterrizaban en Palomar aviones con secuestrados provenientes de destinos diversos como Mendoza, Rosario, Mar del Plata o la base naval Puerto Belgrano.

Mariani y Comes son los únicos condenados por los crímenes en los cinco partidos que abarcó la Subzona 16. El mayor responsable dentro de la Fuerza Aérea era el brigadier Ramón Agosti, fallecido en 1997. Debajo se ubicaba el brigadier Miguel Ángel Ossés, jefe del Comando de Agrupaciones de Marco Interno, que tiene 84 años y arresto domiciliario (Talcahuano 1174, 4º B). En el peldaño siguiente estaba el jefe de Subzona y de la FT100 (Mariani, luego Comes) y debajo el de la Plana Mayor de la FT100, el fallecido brigadier Julio César Santuccione, de quien dependían los grupos de tareas. El de Palomar era el GT‑11, que en 1976 comandó el vicecomodoro Alejandro Noel Lazo, recordado por los colimbas, quien rendía cuentas al jefe de operaciones de la FT100, comodoro Eduardo Mazza.

HAY UN SOLO CONDENADO PRESO

La impunidad de la Fuerza Aérea

Sólo ocho integrantes de la Fuerza Aérea fueron juzgados por su actuación durante la dictadura. El único condenado que cumple su pena en una cárcel es el suboficial Gregorio Molina, torturador del centro clandestino La Cueva de Mar del Plata. Los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani fueron condenados a 25 años de prisión pero siguen libres por cortesía del Tribunal Oral Federal 5, al menos hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia. Sigue prófugo el suboficial y apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

El brigadier Orlando Agosti, compañero de Videla & Massera, fue condenado por ocho secuestros y robos a una pena tan leve que estaba libre cuando Carlos Menem decretó los indultos. En el juicio a las juntas fueron absueltos sus sucesores, brigadieres Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, que sí fue condenado e indultado por su actuación en Malvinas. El "Führer" Jorge Eufemio Uballes fue condenado por su actuación en el Primer Cuerpo de Ejército pero no como auxiliar de inteligencia de la Fuerza Aérea sino como subcomisario de la Policía Federal. Francisco Gómez, personal civil de la Fuerza Aérea, fue condenado por la apropiación ilegal del nieto de Rosa Rosinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Murió impune el entregador del niño, comodoro Roberto Oscar Sende. El vicecomodoro Néstor Guillamondegui fue declarado inhábil días antes del comienzo del juicio por los crímenes en Automotores Orletti, cuando estaba en la SIDE.

El juicio por secuestros y torturas en Mansión Seré, el principal centro clandestino de la Fuerza Aérea, aún no tiene fecha. La causa la elevará en los próximos meses el juez Daniel Rafecas, que también investiga la actuación de aeronáuticos en el centro clandestino Virrey Ceballos. Los imputados por Mansión Seré serán Mariani, Comes, el brigadier Miguel Ángel Ossés y los suboficiales Daniel Alfredo Scali (alias Tano, destino formal en Palomar), Marcelo Eduardo Barberis (alias Enano, destino en la Brigada Aérea de Morón) y Carlos Alfredo Cámara (alias Tino, destinado en Morón). Los acompañarán cuatro policías bonaerenses: los comisarios Alberto Oscar Lanas (jefe de la Comisaría 2ª de Haedo) y Néstor Rubén Oubiña (sucesor de Lanas), y los ex cabos Héctor Oscar Seisdedos (alias Seis, Comisaría 3ª de Morón y auxiliar civil de la Fuerza Aérea desde que se unió a las patotas) y Felipe Ramón Sosa (Comisaría 3ª de Castelar). En los procesamientos Rafecas hizo constar que el jefe de Mansión Seré, alias "Hugo", era Juan Carlos Hrubik (foto), fallecido en 1998.

Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay otros nueve aeronáuticos procesados: el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, en La Rioja, por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Longueville; el comodoro Juan Antonio Benvenuto, en San Nicolás, por la desaparición de Gerardo Cámpora, secuestrado durante su conscripción en Palomar; el comodoro Ernesto Agustoni y el brigadier José Beccio por la Base Aérea de Mar del Plata, donde funcionó "La Cueva"; el civil de inteligencia Juan Máximo Copteleza, interrogador del centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas; el capitán Danilo Sambuelli en Reconquista, Santa Fe; el comodoro Alcides París Francisca y el brigadier Antonio Carlos Burgos en Córdoba; y el suboficial Pedro Esteban Jofré por su actuación en el centro Campo Las Lajas, en Mendoza.

** El artículo se publica sin firma en rechazo a la decisión de PáginaI12 de no invertir el equivalente a un día de sus ingresos por publicidad oficial (37 millones de pesos anuales, cien mil por día) para adquirir computadoras con acceso a Internet. El autor agradece a los lectores la difusión del reclamo de los trabajadores de PáginaI12, formulado en una carta al director hace más de tres meses. Diego Martínez.