ESMA II: un desafío para el poder judicial

El TOF 5 acumula distintos expedientes de 780 víctimas y 70 imputados. La Comisión Interpoderes, que se ocupa del seguimiento de las causas sobre el terrorismo de Estado, aspira a que el año próximo se realice un solo juicio oral con todos esos casos pendientes.

Por Diego Martínez

La imagen de Walsh, en manos de Lita Boitano, durante la sentencia del miércoles.
Foto de Leandro Teysseire.

Si el primer juicio a 18 represores de la ESMA por delitos contra 86 personas demoró casi dos años, la dimensión de los expedientes que acumula el Tribunal Oral Federal 5, con 780 víctimas y 70 imputados, constituye un enorme desafío para el Poder Judicial. La Comisión Interpoderes exhortó a los magistrados a agilizar los procesos e “incluir la mayor cantidad de casos a efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes, de los testigos y el inútil dispendio jurisdiccional” de los órganos que administran justicia. El criterio planteado por los fiscales, jueces y funcionarios que integran la comisión creada por la Corte Suprema de Justicia, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, implicará probablemente trasladar el proceso de Comodoro Py a una sala acorde al número de protagonistas y convertirá al segundo juicio a Acosta, Astiz & cía. en un caso único, de dimensiones mayores al proceso a las juntas –que incluyó 700 casos, pero con sólo nueve acusados– y al juicio de Nuremberg, que tuvo a 24 dirigentes nazis en el banquillo.
“La idea es acumular la mayor cantidad de casos, aumentar la frecuencia y la duración de las audiencias, ganar en agilidad ante los planteos dilatorios”, explica Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de la Procuración General de la Nación. Los objetivos son múltiples: concretar el anhelo de víctimas que reclaman justicia desde hace décadas, resolver la situación de represores que llevan años procesados, garantizar la presencia de sobrevivientes que perdieron la cuenta de las declaraciones que prestaron. En el juicio que acaba de concluir, los testigos declararon sólo sobre las 86 víctimas incluidas en el proceso. La idea es que en el próximo, previsto para el primer semestre de 2012, se explayen sobre todas las víctimas y victimarios, y no tengan que volver a declarar.
El TOF 5 concentra cinco grupos de causas elevadas por el juez federal Sergio Torres. Los “casos 1976” incluyen a 186 víctimas y 17 imputados: once de los condenados más el absuelto Juan Carlos Rolón y otros cinco acusados: Víctor Francisco Cardo, Jorge Raúl González, Roque Angel Martello, Francisco Lucio Rioja y Pedro Antonio Santamaría. Por los delitos cometidos en 1977, en perjuicio de 350 víctimas, se sumarían Hugo Enrique Damario, Carlos Jaime Fraguio, Oscar Rubén Lanzón, Jorge Luis Magnacco, Rogelio José Martínez Pizarro, Roberto Pérez Froio, Eugenio Bautista Vilardo, Julio Antonio Torti y Antonio Vañek. Murió a tiempo Carlos Guillermo Suárez Mason (h) y quedaría fuera de juego por insania el penitenciario Carlos Orlando Generoso, alias “Fragote”.
La causa por delitos cometidos a partir de 1978 y hasta el fin de la dictadura tiene quinientas víctimas y veinte imputados: tres de los condenados, los citados Damario, Lanzón y Jorge González, más catorce nuevos acusados: Paulino Altamira, Julio César Binotti, Miguel Clements, Daniel Cuomo, Juan de Dios Daer, Carlos Eduardo Daviou, Rubén Oscar Franco, Ricardo Lynch Jones, Miguel Angel García Velazco (es el hermano de Pablo García Velazco, absuelto el miércoles y no está muerto), Eduardo Morris Girling, Víctor Olivera, Edgardo Aroldo Otero, Mario Pablo Palet y Miguel Angel Rodríguez.
Por la causa “Chacras de Coria”, que además de los crímenes tradicionales de la Armada incluye el robo de bienes, están acusados seis condenados más el cuidador de caballos Aldo Roberto Maver y la ex jueza Emilia García, quien paradójicamente deberá compartir el banquillo con los marinos que tomaron de rehén a su familia tras el secuestro de su hermana, con quien el miércoles vivió la sentencia en plena avenida Comodoro Py.
Las últimas dos elevaciones fueron en 2011. La primera, por el caso de la joven sueca Dagmar Hagelin, tiene 32 imputados. Sólo tres no estaban en elevaciones anteriores: Randolfo Agusti Scacchi, Orlando González y Hugo Héctor Siffredi. La segunda reúne casos de imputados que no habían sido identificados antes, delitos que incorporó el juez Torres (los abusos sexuales del Tigre Acosta) o que la Cámara Federal ordenó investigar. La causa abarca 460 casos, la mayoría comunes a elevaciones anteriores, y 56 imputados: se agregarían los de Daniel Humberto Baucedo, Héctor Francisco Polchi, Antonio Rosario Pereyra, Rodolfo Oscar Cionchi, Guillermo Horacio Pazos, Juan Arturo Alomar, Claudio Orlando Pittana, Jorge Manuel Díaz Smith, Carlos Galián y Emir Sisul Hess por los vuelos de la muerte.