El Acuerdo para la Seguridad Democrática, cuatro años después

Los referentes del ASD plantean la necesidad de que la Nación encabece una estrategia de democratización de las fuerzas de seguridad. “No controlar políticamente a las fuerzas importa una delegación que apareja subordinación y dependencia”, advierten.

Por Diego Martínez

A fines de 2009, un amplio abanico de referentes políticos, gremiales, académicos, del ámbito de la Justicia y de los organismos de derechos humanos hicieron público el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), documento de diez puntos que cuestionaba “las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito” y hacía eje en la necesidad de transformar a las fuerzas de seguridad en instituciones “comprometidas con los valores democráticos”. Cuatro años después, tras la escalada de levantamientos policiales en distintas provincias, varios de los especialistas y académicos que integran ese espacio retomaron el diálogo formal con el Gobierno al ser recibidos por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a quien plantearon la necesidad de que el gobierno nacional lidere una estrategia de democratización de todas las fuerzas, federales y provinciales. “Entendemos que el Estado nacional tiene la potestad política y la legitimidad para intervenir a partir de su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos, pero también por experiencias exitosas en el marco del Consejo de Seguridad Interior”, explica el criminólogo Enrique Font, profesor de esa materia en la Universidad Nacional de Rosario. “Encontramos amplia disposición para atender las propuestas del ASD y una clara comprensión del tema”, rescata el ex fiscal Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria bonaerense. El encuentro concluyó con el compromiso de establecer una agenda de trabajo que en principio propondrán académicos y especialistas de los organismos.

El ASD, impulsado por el ex ministro León Arslanian y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presentó el 29 de diciembre de 2009 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso con una inusual adhesión de dirigentes oficialistas y opositores, que suscribieron el documento y posaron detrás de los principales dirigentes del movimiento de derechos humanos. Frente al tradicional discurso de mano dura y a las propuestas de darles más poder a las policías, puso el acento en la necesidad de un verdadero control político de las fuerzas, en la formación y profesionalización de los funcionarios policiales, en la descentralización de la organización policial y en terminar con el esquema delegativo de la seguridad en policías que se limitan a regular negocios ilegales.

Hugo Cañón

“El ASD logró un amplio consenso en la necesidad de ir a fondo, pero no ha sido considerado prioritario” por el Gobierno, admite Cañón, titular de un organismo que denuncia sistemáticamente violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. “Hoy resulta impostergable”, alerta. “No controlar políticamente a las fuerzas importa una delegación que apareja subordinación y dependencia. Mucho sabemos de condicionamientos al poder político por parte de corporaciones y grupos concentrados mediante golpes de mercado o campañas destituyentes. Hoy las desestabilizaciones institucionales no se realizan mediante las Fuerzas Armadas sino mediante las policías, como se ha advertido en Ecuador y Bolivia, según la nueva línea del Norte que reemplazó la doctrina de la seguridad nacional por la de seguridad ciudadana”, explica.

“El ASD fue una herramienta importante para poner sobre la mesa y cuestionar los discursos que sostenían que el único modo de responder a la demanda de seguridad es con mensajes de endurecimiento y contraponiendo seguridad vs. derechos humanos”, explica Paula Litvachky, del CELS. “Fue positivo a nivel discursivo, de paradigmas y modelos políticos, ya que hoy está instalada esta mirada con contenido democrático de la seguridad. Lo más dificultoso es avanzar sobre reformas específicas en las propias policías y en políticas de mediano y largo plazo”, dice.

Paula Litvachky

Los levantamientos de diciembre, que incluyeron extorsiones a gobernadores y saqueos fogoneados por uniformados, fueron el disparador del encuentro con Capitanich. “Los levantamientos mostraron una situación límite, son la expresión cruda del ‘manodurismo’ que ejercita la ilegalidad, regula el delito y condiciona al poder civil”, resume Cañón. “Hubo una respuesta coyuntural, se generaron acuerdos problemáticos que ahora hay que ver cómo se reconducen, pero lo central es la necesidad de una salida política que implique retomar el trabajo sobre la gobernabilidad de las policías –plantea Litvachky–. Esos acuerdos no pueden quedar como una claudicación política, y para que eso no suceda hay que fortalecer el gobierno político y rediscutir el modelo policial.”

Enrique Font

Si bien la seguridad es una facultad que las provincias no delegaron en la Nación, Font apunta “dos argumentos sólidos” para fundamentar que “el gobierno nacional puede liderar una estrategia de democratización de fuerzas provinciales sin erosionar esa responsabilidad prioritaria y primaria”. Primero: el Estado nacional es responsable ante los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos por las violaciones que comete cualquier agente policial o penitenciario. El segundo pasa por aprovechar la Ley de Seguridad Interior y en su marco el Consejo homónimo, como ocurre en salud, educación y otras áreas, donde los consejos coordinan los enfoques nacionales y de las provincias. “El gobierno nacional ya lo usó inteligentemente en gestión tres años antes de la creación del Ministerio de Seguridad, con Héctor Masquelet, secretario del Consejo y luego de Seguridad Interior, que llevó adelante una política de construcción de consensos sobre formación policial y para establecer lineamientos básicos con resultados importantes”, destaca Font. “El Consejo está más asociado a situaciones de crisis, complejas, pero puede tener un funcionamiento estable y servir para llevar adelante políticas de fondo entre Nación y provincias, aunque es una herramienta más”, explica Litvachky.

“Las dos líneas que el Gobierno podría liderar pasan por la democratización de las instituciones policiales y el perfil profesional de los policías, ambas adaptables fácilmente a un contexto como el de un consejo federal”, destaca Font, quien confía en la posibilidad de avanzar. “El Gobierno mostró capacidad para producir cambios en políticas de seguridad”, afirma, y cita como ejemplos la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en reemplazo de la militarizada Policía Aeronáutica, y antes “la sensibilidad política que tuvo Kirchner al comienzo de su gestión frente a las muertes en protestas sociales, con un trabajo efectivo sobre las fuerzas federales, pero también presionando a las provincias para que no hubiera más víctimas”.

Permuto Falcon verde por Amarok de Gendarmería

Por Diego Martínez
 

Cuatro gendarmes de uniforme que se trasladaban en una camioneta oficial secuestraron, golpearon, amenazaron de muerte y le robaron la cámara a un fotógrafo que cubría un operativo cerca del shopping Alto Avellaneda. El secuestro fue el lunes a la noche y terminó dos horas después con el reportero Brian Palacio tirado en un zanjón de Wilde con la cabeza tapada, una goma de camión encima y la advertencia que repetían los represores de la dictadura cuando liberaban a sus víctimas: "Contá hasta mil antes de levantarte y acordate que te vamos a vigilar". Hasta el momento ni Gendarmería ni el Ministerio de Seguridad dieron ninguna información oficial. La causa por privación ilegal de la libertad, apremios ilegales, robo calificado y amenazas está a cargo de la fiscal Solange Cáceres, de Avellaneda.

  Palacio, de 25 años, trabaja como free lance. Aquella noche de apagones, calor y piquetes vio "un grupo de personas que le quisieron pegar a un motoquero y le tiraron piedras a dos gendarmes", recuerda. De pronto llegaron tres Amarok blancas de Gendarmería. Bajaron diez hombres, calcula, y comenzaron las corridas y las detenciones. Logró disparar dos veces y escuchó el grito: "no nos saques fotos". Vio que lo encaraban, corrió, les sacó una cuadra y los vio volver a la camioneta. "Por miedo a que me siguieran y empeoraran las cosas volví, les dije que borraba las fotos, pero me retorcieron el brazo, me taparon la cabeza y me arrastraron hasta la camioneta", relata.

Foto: Juano Tesone, Clarín.

  A ciegas, con la cabeza entre las piernas, arrancó el paseo. “¿Para quién trabajás? ¿Por qué nos escrachás? Te vamos a romper los dedos. Te vamos a tirar al Riachuelo”, lo amenazaron. En un baldío “le hicieron desarmar el equipo, le rompieron la lectora de tarjeta, le patearon la cabeza, el pecho, la nuca”, contó su mamá. “Pensé que me mataban”, confiesa Brian. Un golpe lo volteó y sintió que se ahogaba. Cuando un gendarme le tiró el inhalador que tenía en el bolso dedujo que viviría.

  El paseó siguió hasta otro baldío. Lo bajaron, apuntaron sus datos, lo hicieron caminar cien metros, le ordenaron contar hasta mil y le advirtieron que lo matarían si los denunciaba. “Conté hasta 200, en voz alta, con la cabeza tapada, contra el piso, hasta que me empecé a asfixiar. Tenía algo sobre la espalda, pensé que me pisaban o que era una piedra. Me saqué la remera y vi que era una cubierta. Todo era silencio”, recuerda. Estaba al costado de un camino en Wilde, entre el acceso a la autopista y el predio de Independiente.

  Contactó a su padre, que lo llevó a un sanatorio donde le dieron calmantes y dejaron constancia de los golpes. El martes su madre denunció los hechos y horas después los llamó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El jueves la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) difundió el caso y el viernes Brian se animó a declarar. “Pienso que son cuatro personas que se equivocaron, no creo que toda la fuerza sea así”, reflexiona. “Que paguen lo que hicieron”, reclama. Hasta el momento no habría declarado ningún testigo del secuestro.

diemar75@gmail.com

Con la bendición de la Santa Iglesia

Por Diego Martínez

Dirigentes políticos y autoridades de la Iglesia Católica Apostólica Romana participaron en 1983 de la elaboración del Documento final de la Junta Militar que dio por muertos a miles de desaparecidos. “Se traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales”, se incluyó a pedido del cardenal Raúl Francisco Primatesta. Ante la afirmación de que los militares “no utilizaron su poder contra terceros inocentes”, el arzobispo de Córdoba, que en el archivo del Episcopado guardaba cientos de denuncias de familias enteras aniquiladas por el terrorismo de Estado, propuso matizar con la palabra “directamente”. También hicieron aportes y dieron su aprobación al documento el nuncio apostólico Ubaldo Calabresi y obispo de Morón, Justo Oscar Laguna. Sus nombres surgen de los documentos que la Fuerza Aérea encontró en una oficina abandonada del Edificio Cóndor y fueron presentados en el programa Los archivos secretos de la dictadura, que emitió anoche la TV Pública.
En julio de 1979, dos meses antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar aprobó un primer “proyecto de documento sobre desaparecidos” elaborado por los secretarios generales de las tres armas, según consta en el Acta 103 recuperada por el Ministerio de Defensa. El texto no pasó de un proyecto, pero muestra ya la preocupación por justificar las ejecuciones clandestinas y la desaparición de los cuerpos. Los documentos analizados se centran en el proceso de elaboración que comenzó tras la derrota en la Guerra de Malvinas y que concluirían en abril de 1983 con el denominado Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo.
“Han existido numerosos contactos con personalidades políticas y religiosas”, “existe consenso sobre la conveniencia de su publicación” y diferencias sobre la fecha ideal, consta en un “Ayuda memoria para el comandante en jefe del Ejército”, general Reynaldo Benito Bignone, fechado el 28 de diciembre de 1982. “Resulta condición indispensable para una repercusión medianamente positiva que la jerarquía eclesiástica comparta, por lo menos en lo sustancial, el contenido del documento, para lo cual se impone –previamente– un contacto fluido para su análisis y consideración”, le aclaran al último dictador. Los “contactos iniciales con iglesia, sectores representativos y personalidades” fueron entre el 20 y el 23 de diciembre, precisan. La preocupación era ya la impunidad una vez reestablecido el Estado de derecho: el documento “debe tener jerarquía jurídica, de modo tal que las afirmaciones en él contenidas deban ser respetadas obligatoriamente por los jueces y/o funcionarios gubernamentales”.
“Sugerencias del cardenal Primatesta”, despeja cualquier duda el título que antecede los aportes del arzobispo de Córdoba. La dictadura actuó “en prosecución del bien común”, es una de sus primeras propuestas. Debía garantizar “la convivencia social”, agregó. Donde los redactores militares habían escrito que “se cometieron errores”, el cardenal apuntó “que traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales”. Los militares aceptaron la sugerencia, pero agregaron “como sucede en todo conflicto bélico”. Donde decía que esos “errores” quedaban “sujetos al juicio de Dios”, Primatesta apuntó “en cada conciencia”. Y donde los militares se ufanaban de no haber utilizado su poder “contra terceros”, el cardenal, que para entonces había recibido y respondido miles de denuncias sobre torturas y desapariciones, propuso agregar “directamente” y aclarar: “aun cuando indirectamente éstas (víctimas inocentes) pudieran haber sufrido sus consecuencias”. Ante la propuesta de dejar “definitivamente claro” que “a efectos jurídicos y administrativos” los desaparecidos “se consideran muertos”, Primatesta no propuso ningún cambio.
Las menciones a Calabresi y Laguna constan en cuatro carillas que se titulan “Comentarios sobre el documento ‘Delta’”, como lo nombraron durante el proceso de elaboración. El autor, no identificado, admite que el texto “agrega poco a lo conocido”. “Durante su actuación en el ECI (sigla de Equipo de Compatibilización Interfuerzas, referencia a los redactores que participaron por cada fuerza), Ejército ha manifestado haber hecho contactos y haber sometido el documento a consideración de autoridades de la Iglesia (monseñores Calabrese –sic– y Laguna) contando con la aprobación de los mismos”, escriben. “Asimismo se dejó entrever que también fueron consultados políticos de alto nivel”, continúan, aunque no aportan nombres. Los interlocutores de Calabresi y Laguna en representación del Ejército eran los coroneles Jorge Hawkes y Hugo Sabino Fernández.

El desafío de ser creíbles

La Fuerza Aérea, representada en la mesa de escribas por el comodoro Juan Manuel Baigorria, realizó una serie de propuestas que fueron rechazadas por los coroneles y por los enviados de la Armada, capitanes de navío Manuel Tomé y Fernando García. Para los hombres de la aviación militar “hay carencia de apoyos o de ejemplos que den credibilidad al documento”. Pensando no sólo en la impunidad sino también en la necesidad “del futuro gobierno” de “convencer a su propio partido, al país y a las organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros”, propusieron agregar una serie de “apoyos”: 1. “terroristas que ocuparon cargos relevantes” en el gobierno, el Poder Judicial, partidos políticos y organizaciones religiosas; 2. “casos de suicidios registrados entre miembros de organizaciones terroristas”; 3. “casos de ejecuciones realizadas por bandas terroristas con sus propios adeptos”; 4. “documentos de identidad falsos encontrados en poder de terroristas”; 5. “ejemplos de personas que figuraban en listas de ‘desaparecidos’ y resultaron no estar en esa situación”; 6. “infiltrados de las Fuerzas Legales en las organizaciones terroristas que desaparecieron”, y 7. “cantidad de muertos no identificados fehacientemente en enfrentamientos con Fuerzas Legales”. “No obstante, aunque se den todos los apoyos (sic) basados en la documentación existente, quedará un número de desaparecidos de casi imposible explicación”, admiten. En un acta de reunión del ECI de marzo de 1983 dejan constancia de que “no se llegó a un acuerdo” sobre la propuesta de la Fuerza Aérea para darle “credibilidad y consistencia” al texto.
Uno de los datos novedosos que surgen de las propuestas de cada fuerza al documento final lo aporta la Armada y se refiere a supuestos juicios en jurisdicción militar a torturadores que cometieron “excesos” en las sesiones de picana y submarino. “Se han cometido excesos durante los interrogatorios”, escriben los marinos. “Por ejemplo, de la confesión de un prisionero dependía la posibilidad de neutralizar un ataque con explosivos a un colegio”, mencionan la célebre hipótesis que Vicente Massot usaba ante sus alumnos de la Universidad Católica Argentina para justificar la tortura. “Los que conducían el interrogatorio se excedieron en sus atribuciones para conseguir información”, continúa. “Fue una reacción emocional, hasta cierto punto explicable (sic), pero fueron juzgados”, aseguran.
La difusión del documento final tuvo una última etapa de planificación, que lleva la firma del general Mario Alfredo Piotti. Para “destacar la legalidad y legitimidad de la LCT” (lucha contra el terrorismo) y generar “comprensión y aceptación respecto a los costos” se planificaron pautas, fases e “instrumentos operativos”. Tres días antes de hacerlo público (“Día D-3”) se ordenó “difundir en forma moderada imágenes y comentarios relativos a acciones terroristas a nivel internacional, evitando saturación”. En el “Día D-2”, complementarlos con “hechos similares producidos por el terrorismo local”. La “Fase III” de la planificación incluye hasta el octavo día posterior a la publicación y menciona dos programas de televisión con los que “se coordinará la presencia de invitados que apoyen las conclusiones” del documento. Uno era Si yo fuera Presidente, que emitía la Televisión Española. El otro, Tiempo Nuevo, que conducían Bernardo Neustadt y Mariano Grondona.

En busca de los cuerpos

Por Diego Martínez

Peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense comenzarán a trabajar el lunes próximo en un predio del Ejército ubicado en la reserva Laguna del Diamante, en una zona cordillerana de la provincia de Mendoza, en busca de restos de desaparecidos. La medida fue ordenada por el juez federal subrogante de San Rafael, Eduardo Ariel Puigdéngolas, a partir de dos testimonios coincidentes realizados con casi treinta años de diferencia por personas que no se conocen y cuyas identidades se mantienen en reserva. La hipótesis de los investigadores, que ya realizaron una primera inspección sobre el terreno, es que allí habrían sido enterradas víctimas del terrorismo de Estado de San Rafael, secuestradas en 1976.

“Desde el Ministerio Público tenemos una gran expectativa en poder dar respuesta a las familias sobre el lugar donde están enterrados sus seres queridos. Si bien siempre imputamos por homicidio y desde la Justicia se siguen determinando responsabilidades penales, lo cierto es que no hemos podido darles respuestas sobre el destino de los cuerpos”, explicó el fiscal federal Francisco Maldonado. “Estamos muy esperanzados”, confesó Mariano Tripiana, hijo de un militante peronista desaparecido en San Rafael a fines de marzo del ’76. “Por el lugar donde está el predio, a mitad de camino entre Mendoza (ciudad) y San Rafael, tampoco descartamos que pueda haber restos de desaparecidos de Mendoza”, agregó Tripiana, miembro de H.I.J.O.S. de San Rafael.
El refugio militar General Alvarado está en el departamento de San Carlos, al pie del volcán Maipo, en un paisaje paradisíaco, 160 kilómetros al oeste de San Rafael y a 220 km de la capital cuyana. Es un área natural protegida que sólo en verano es accesible al turismo. Hasta el lunes 11, a las 9, cuando comenzarán a trabajar los antropólogos, el juez ordenó resguardar el predio a las autoridades del Regimiento de Caballería Ligera 15 Libertador Simón Bolívar.
El primer testimonio sobre fosas clandestinas allí data de 1984. El juez federal que lo recibió se declaró incompetente y remitió la causa a la autodenominada “justicia militar”. El autor de la denuncia, ratificada semanas atrás ante el juez Puigdéngolas, relató que supo de entierros ilegales y que él mismo encontró restos óseos de un brazo humano. Antes de archivar el expediente, los militares subieron al denunciante a patadas a un camión del Ejército y lo trasladaron hasta el refugio. Al llegar se dio cuenta de que la tierra había sido removida. Los uniformados le ordenaron señalar el lugar e hicieron un pozo con una pala. “¿Viste que no hay nada? Firmá acá y borrate”, le aconsejaron.
El segundo testimonio fue meses atrás. La fuente, que el juzgado también decidió mantener en reserva, mencionó exactamente el mismo lugar y se refirió al entierro clandestino de cuatro o más cuerpos en el año 1976. Con ese dato, Puigdéngolas convocó al EAAF, que realizó una inspección y aconsejó iniciar tareas de excavación. Según la resolución, el objeto de la pericia es la “detección, ubicación y exhumación, en su caso, de restos humanos presuntamente correspondientes a víctimas de desapariciones forzadas”. Primero se realizará un “acondicionamiento del terreno” y luego “una prospección geofísica mediante tecnología GPR (Ground Penetrating Radar), a fin de acotar la superficie de interés”. A partir de la información obtenida y su procesamiento se hará “el sondeo con retroexcavadora de los puntos de la superficie correspondientes a las perturbaciones identificadas” y, de confirmarse la hipótesis de los investigadores, “la exhumación de los restos que pudieran ser hallados”. El equipo del EAAF estará a cargo de la investigadora Silvina Turner.

“Es el momento de avanzar”

ENTREVISTA A GLENN POSTOLSKI, DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UBA

 

Por Diego Martínez

“Ahora estamos en otro estadío y hay una responsabilidad en términos estatales de dar respuesta a la expectativa que generó la ley de medios. Es el momento de avanzar en el plan técnico, en la reserva del 33 por ciento a los medios sin fines de lucro, en el llamado a concursos. La conducción de la Afsca tiene que dar un salto cualitativo en ese aspecto.” La reflexión pertenece a Glenn Postolski, especialista en medios, impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, director de la carrera Comunicación Social de la UBA y flamante decano electo de la Facultad de Ciencias Sociales.

–¿Qué significa el fallo de la Corte a cuatro años de la sanción?
–En principio significa que aquellos que habíamos militado y planteado que el proceso era legítimo y legal no éramos unos cruzados inquisidores contra la libertad de expresión, sino quienes pensamos la comunicación como un derecho humano fundamental. Eso se ve plasmado en el fallo y por lo tanto es celebratorio. Por otro lado, cuatro años es un período presidencial y esa demora implicó en términos de debate democrático una degradación de los términos en que se discutió, a partir de una confrontación reduccionista y sesgada en torno de Clarín y el Gobierno, cuando esto implicaba una cuestión mucho más trascendente.
–La ley y antes los “21 puntos...” plantearon la adjudicación del 33 por ciento de las licencias a medios sin fines de lucro y sobre 900 licencias de FM adjudicadas desde 2009 sólo 28 fueron a ese tipo de entidades. ¿A qué atribuye esa demora en un punto que no frenó la Justicia?
–Primero caracterizaría la complejidad en torno de cualquier organismo del Estado, históricamente colonizado por un determinado tipo de interés. No hay que olvidar que el Comfer mandaba resoluciones por fax a Clarín antes de que salieran con la firma del interventor o que se habló de un Comfer paralelo que negociaba con las corporaciones. Son costumbres arraigadas y el Estado no construye fácilmente condiciones para dar respuestas rápidas a actores con los que nunca tuvo una dinámica de trabajo. Por otro lado, entiendo que el Gobierno tomó una definición política por la cual la disputa en términos de los fines transformadores de la ley pasaba por una contradicción principal que era desmontar al grupo hegemónico, porque caso contrario cualquier otra iniciativa iba a quedar opacada por la capacidad de Clarín en términos de fijación de agenda. La decisión fue priorizar esa disputa y frente a ella no aplicar el conjunto del articulado. Si fue o no la mejor caracterización, lo evaluarán quienes lo decidieron. Creo que ahora estamos en otro estadío y hay una responsabilidad, en términos estatales, de dar respuesta a la expectativa que generó la ley. Es el momento de avanzar en el plan técnico, en la reserva del 33 por ciento, en el llamado a concursos. La conducción de la Afsca tiene que dar un salto cualitativo en ese aspecto.
–¿Qué otras medidas podría impulsar el Estado para garantizar una mayor pluralidad de voces? La Red Nacional de Medios Alternativos reclama un fondo de promoción y desarrollo para medios comunitarios y exención de gravámenes.
–No sólo eso. La obligatoriedad de los sistemas de cable de incluir señales de organizaciones sociales, todo lo relacionado con la capacitación, promoción y desarrollo... El Estado de alguna manera vino generando condiciones, ahora es el momento de apostar al mediano plazo. Lo mismo con el abono social para sectores vulnerables, la producción de contenidos para público infantil y juvenil, todas estas cosas tienen que tomar mayor dinámica.
–La UBA tiene una radio. ¿Analizan la posibilidad de tener una licencia de televisión?
–La radio es de la universidad, la maneja el rectorado. Creo que tienen una licencia de TV digital, aunque no es un tema que conozca. Si me pregunta como director de Comunicación Social si la carrera debiera en este escenario producir sus contenidos e inclusive tener un medio propio, hoy no tenemos la personería jurídica (la tiene la UBA) pero habría que imaginarse formas de que sea posible. Comunicación tiene 10.000 alumnos y una gran capacidad de producción e incidencia en el entorno metropolitano. Habrá que ver si con el actual presupuesto y con los actuales actores políticos será viable, pero sería una apuesta interesante.
–La ley exige a los nuevos licenciatarios garantizar los puestos de trabajo y se firmó un convenio con ese fin entre el Ministerio de Trabajo, la Afsca y algunos gremios. ¿Se traducirá la ley en algún momento en la creación de nuevos puestos de trabajo?
–La expectativa de incrementar cuantitativamente los medios, la viabilidad a nivel federal, es un proceso que se está dando. Una parte de esta idea de federalización y pluralidad da cuenta de que hay expectativas de que aparezcan nuevas fuentes de trabajo. Lo único que no hay que pensar es que toda aparición va a ser en términos de grandes medios: no van a aparecer canales como Telefe con 200 trabajadores, es otra escala, otra dimensión, pero puestos van a aparecer y de hecho con los concursos de contenidos para TV digital se armaron decenas de cooperativas de productores, guionistas, etcétera.
–La Corte, aunque no era el tema del fallo, planteó la necesidad de pautas claras sobre el reparto de la publicidad oficial. ¿Cuál es su posición?
–Creo que hay un conjunto de regulaciones que hacen a un sistema y ninguna debe estar por fuera de la lógica general. Pienso que habría que fijar criterios que tengan como lógica fomentar el pluralismo de voces y no distribuir pauta según el nivel de venta o el rating de un medio. Debería ser una herramienta que constituya la posibilidad de sustentabilidad de los medios, y ese debate debería darse en el Congreso. También el de una ley de acceso a la información que tenga como objeto no sólo al Estado sino a otros actores, como los grandes medios, para que los ciudadanos puedan decidir en base a información transparente y no al secretismo que manejan grandes grupos económicos.
–¿Cómo imagina el mapa de medios audiovisuales en un lustro? ¿Qué nuevos actores sociales marcarán agenda?
–De acá a cinco años va a ser muy parecido, los cambios en la arena de lo cultural son más a mediano y largo plazo. Creo que no habrá una explosión de medios alternativos como en los ’80, sí experiencias vinculadas a sectores sociales organizados que empiecen a construir contenidos diferentes y que vayan creando un nuevo tipo de audiencia, que hoy es hasta difícil de imaginar. Hay todo un camino por recorrer donde se van a generar nuevos nichos, nuevas audiencias, sujetos particulares vinculados por ejemplo a la vida gremial de los trabajadores. Creo que en ese recorrido se van a poder garantizar contenidos diferentes y proyectos políticos comunicacionales sustentables en el tiempo.

Un represor de la ESMA en la Ciudad Luz

Por Diego Martínez

Francia tiene en sus manos el destino de un represor de la ESMA. Se trata de Mario Alfredo Sandoval, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal que integró el Grupo de Tareas 3.3 con el alias “Churrasco”. Sandoval hizo carrera en Francia, donde tejió vínculos en ámbitos académicos, empresariales y políticos, y es consejero de paramilitares colombianos. Hace un año y medio el juez Sergio Torres pidió su captura internacional con fines de extradición, pero Churrasco se las ingenió para estar preso apenas una semana, pese a estar imputado por delitos de lesa humanidad contra 400 víctimas, incluidas las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, caso por el que Francia condenó en ausencia a Alfredo Astiz y actuó como querellante en la Argentina. El 9 de octubre la Cámara de Instrucción de París analizará el pedido del juez Torres. Miembros de organismos de derechos humanos acompañados por familiares de Hernán Abriata, detenido-desaparecido secuestrado por una patota que encabezó Sandoval, se presentaron en la Embajada de Francia con una carta dirigida al presidente François Hollande, a quien piden que implemente todas las medidas a su alcance para garantizar la extradición.

Los grupos de tareas de la ESMA tuvieron en sus filas a marinos y enlaces de Ejército, pero también a prefectos, policías, penitenciarios y civiles. En 1976 Sandoval tenía 22 años, era oficial subinspector de la Policía Federal y estaba destinado en el Departamento de Asuntos Políticos, en el séptimo piso de Moreno 1417, cuatro pisos más arriba del centro clandestino de la Superintendencia, de donde sacaron a los militantes que fusilaron en Fátima. De su legajo surge que realizó cursos de instrucción en “lucha antisubversiva”, en los que se enseñaban técnicas de interrogatorio bajo tortura, y que fue “recomendado” en noviembre de 1976 por su actuación en “procedimientos antisubversivos”.
En 1984, sobrevivientes de la ESMA declararon ante la Conadep sobre Churrasco como “agente operativo” del GT 3.3. En 2008 Página/12 informó que el alias pertenecía a Sandoval y la Justicia comenzó una investigación que cuatro años después derivó en el pedido de detención. “Era un tipo muy extraño, hacía inteligencia, un tipo intelectualmente de los más preparados dentro de la ESMA y muy jodido. Si te podía boletear, te boleteaba, no había tutía con este hombre, sabía realmente lo que estaba haciendo y lo que quería”, declaró Alfredo Buzzalino, sobreviviente de la ESMA. “Era algo distinto dentro de la ESMA, un tipo que manejaba mucha información, muy culto. No iba asiduamente”, agregó el testigo, a quien Sandoval interrogó alguna vez en el café Richmond de calle Florida. “Era morochón, peinado para atrás, siempre vestía de traje”, recordó.
También de 1984 datan los testimonios sobre el secuestro de Abriata que mencionan a Sandoval. El operativo fue en la madrugada del 30 de octubre de 1976 en Elcano 3235 e incluyó un interrogatorio a Abriata en la habitación donde dormía. Ante familiares del joven militante de la JUP, uno de los secuestradores se identificó como “oficial inspector Sandoval de Coordinación Federal” (el nombre anterior de Superintendencia) y dijo que “la denuncia” en su contra provenía de la Facultad de Arquitectura, donde estudiaba y militaba. Entre los alias que lograron escuchar estaban “Halcón”, como se hacía llamar el capitán Néstor Savio, y “Sérpico”, que era Ricardo Cavallo, miembros del GT 3.3. El 7 de noviembre otros seis estudiantes de Arquitectura fueron secuestrados y uno solo sobrevivió. Diez días después, Sandoval logró la “recomendación” por su actuación destacada en un “procedimiento antisubversivo”. Ante preguntas del procurador general del Tribunal de Apelaciones de París, el juez Torres explicó que el de Abriata es un “caso testigo”, pero que va a indagar a Sandoval por todos los casos de la ESMA registrados entre esa fecha y septiembre de 1979, cuando el policía fue trasladado a la delegación de la Federal en Resistencia, Chaco.
No hubo noticias de Churrasco hasta 2002, cuando Horacio Verbitsky informó que dos “periodistas independientes” llegaron al país con cartas de recomendación de Sandoval, convertido en profesor de La Sorbona y experto de la Unión Europea sobre Colombia. En medio de una exposición en la Escuela Superior de Guerra, uno de los colombianos se presentó como “comandante de las Autodefensas Unidas”, dato con el que los oficiales argentinos dieron por terminada la reunión. En 2008, cuando Página/12 informó que Sandoval y Churrasco eran la misma persona, el periodista Eduardo Febbro apuntó que había sido miembro del Instituto de Altos Estudios de América Latina de La Sorbonne Nouvelle y de la Universidad de Marne-la-Vallé. Contó también que junto a otro argentino, Juan Antonio Rubbini Melato, había sido consejero político de las Autodefensas Unidas de Colombia en la reunión de Santa Fe de Ralito, donde se gestó una suerte de alianza secreta de paramilitares y políticos colombianos.
En octubre pasado, al tanto del pedido de captura pero aún en su casa en el 46 de Rue Mouraud 75.020, París, Sandoval escribió un texto de antología contra el “gobierno cleptocrático dictatorial” de la Argentina. Advirtió sobre el “peligro inminente” de terminar en “un caos general o la anarquía”, destacó que “la rebelión y la desobediencia son derechos naturales y legales”, llamó a la ciudadanía a no reconocer al gobierno ni a los funcionarios ni a los jueces y, ante la eventualidad de que las masas no acusaran recibo, pidió a los jueces “hacer respetar las normas jurídicas con prisioneros y perseguidos políticos”. Así se definió al firmar la nota, en la que no negó ni confirmó su paso por la ESMA.
El futuro del represor se definirá en un tribunal de París. El primer secretario de la Embajada de Francia, Grégory Varennes, recibió el jueves pasado a Carlos Lorkipanidse y a Carlos Loza, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, pero prefirió no tomar contacto con los familiares de Abriata. El diplomático recibió la carta dirigida al embajador Frédéric Baleine du Laurens, a la que adhieren Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, en la que apelan “a los valores reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para reclamar la inmediata extradición” y piden que la misiva llegue a manos del presidente Hollande. La Justicia francesa demoró quince meses en ordenar la detención de Sandoval, que estuvo preso apenas una semana, del 5 al 13 de junio último. En teoría está a disposición de la Justicia, tiene prohibido salir de Francia y el miércoles 9 se presentará a la audiencia en la que se decidirá su extradición y en gran medida su libertad por el resto de sus días. En la práctica, Churrasco está libre y sólo el Estado francés puede garantizar que comparezca ante el juez.

"Chiche" Aráoz y los negocios del capitán Vergez

Por Diego Martínez

Página/12, 20.9.13

La organización Hijos regional Córdoba presentó ayer una denuncia penal para que se investigue al ex diputado y ex ministro menemista Julio César Aráoz por su vinculación con delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La presentación se originó en la declaración de la madre de un desaparecido, Miguel Angel Arias. La mujer contó que fue extorsionada por Chiche Aráoz, quien la recibió como “íntimo amigo” del capitán Héctor Vergez, jefe de la patota del centro clandestino La Perla. Aráoz le exigió “cinco nombres” de amigos de su hijo, que en ese momento tenía 18 años, si pretendía volver a verlo. También le describió, en pleno 1976, cómo había sido el secuestro de una pareja amiga de su hijo y a quién le habían entregado al niño, datos que coinciden con los hechos tal como se conocieron años después. “Este personaje habría sido colaborador del Tercer Cuerpo de Ejército, en particular del Batallón de Inteligencia 141”, explicó a Página/12 la presidenta de Hijos regional Córdoba, Silvia Di Toffino. La denuncia fue radicada ante el Juzgado Federal No 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

La declaración que vincula a Aráoz con el terrorismo de Estado no surgió en el juicio oral por los crímenes en La Perla, sino en la causa que se instruye en primera instancia. “Como organismo de derechos humanos que representa a familiares de víctimas acompañamos a la mamá de un desaparecido, Miguel Angel Arias, secuestrado en 1976”, explicó Di Toffino. “La mujer contactó a Aráoz a partir de la relación de su cuñado con el padre de Vergez, jefe de La Perla”, relató Claudio Orosz, abogado de Hijos. “En esas entrevistas, que fueron varias, Aráoz admitió que era íntimo amigo de Vergez. También le describió el secuestro del matrimonio Soulier, amigos de Arias, que venía de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), y hasta le dio detalles sobre cómo devolvieron al hijo pequeño de esa pareja. ‘Lo devolvimos porque, si no, lo iban a matar. Con Vergez lo llevamos a la casa de la tía’, le dijo, y así fue en la realidad”, confirmó Orosz.
La declaración de la madre de Arias sugiere que Aráoz no sólo tenía información de primera mano, sino también poder para negociar en nombre de los secuestradores que comandaba el general Luciano Menéndez. “Le dijo que si quería volver a tener noticias sobre su hijo le diera cinco nombres de amigos”, relató Orosz, y recordó también la respuesta de la mujer. “Yo hablé con mi marido, lo pensé, pensé qué hubiera hecho el Coqui (apodo de su hijo) y dije ‘nunca hubiera entregado a un amigo’. Entonces volví y le di esa respuesta”, transcribe Orosz el testimonio. La respuesta de Aráoz fue “bueno, aténgase a las consecuencias”. “La consecuencia es que Arias sigue desaparecido”, explicó el abogado.
Un dato importante de la declaración es que Aráoz recibía a los padres del desaparecido en un local de compra y venta de muebles usados, que podría estar relacionado con los negociados de la patota de La Perla con los bienes que robaban a los secuestrados. El propio gobernador José Manuel de la Sota, en alguna interna del PJ que lo enfrentó con Aráoz, ironizó sobre su pasado como “vendedor de muebles”, aunque hasta ahora no había una prueba tan directa. En el juicio oral hubo al menos tres testimonios de sobrevivientes que, durante su cautiverio, escucharon rumores del vínculo entre Aráoz y los grupos de tareas de La Perla, recordó Orosz. Hijos entregó al juzgado los fragmentos de esos testimonios, que ahora deberá analizar el juez Sánchez Freytes.