EL INCREIBLE CASO DE MONSEÑOR LAISE, OBISPO DE SAN LUIS, EN LA DICTADURA
En 1976, Laise le pidió al máximo responsable militar de la provincia que se secuestrara a un sacerdote que había dejado los hábitos. Como el coronel se negó, el obispo prohibió a los curas locales que le casaran a la hija. Una historia impune que se mezcla con los casos que se van a juzgar en la provincia.
El obispo emérito de San Luis monseñor Juan Rodolfo Laise le encargó en 1976 al máximo responsable militar de la provincia “que hiciera desaparecer a un sacerdote, porque había dejado los hábitos y se iba a casar con una mujer”. Lo declaró ante la Justicia el destinatario del recado, el coronel (R) Miguel Angel Fernández Gez, entonces jefe del Comando de Artillería 141 y del área militar 333. No fue el único que encendió el ventilador. El capitán (R) Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como autor material del asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti, contó que en realidad la mataron cuatro miembros de la plana mayor del comando enfrentados con Fernández Gez. Dio sus nombres y admitió que se reunió con ellos en un bar porteño mientras estaba prófugo de la Justicia. Fernández Gez lo ratificó y agregó que los acusados fueron a apretarlo a su casa. La Justicia aún no ordenó sus detenciones. Ambos militares serán juzgados en 2008 junto con tres policías puntanos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
El coronel Fernández Gez, de 81 años, goza de arresto domiciliario. No aceptó ser entrevistado pero a pedido de Página/12 recordó ante su abogado Carlos Daniel Mercado el diálogo con Laise:
–¿Pero qué me pide, padre? ¿Se volvió loco? –reaccionó ante el recado de “hacer desaparecer” al cura descarriado.
–Entonces no tenemos más nada que hablar –concluyó Laise.
“Me negué rotundamente porque no soy un genocida. Ni siquiera permití que me dijera el nombre del sacerdote”, declaró ante la Justicia.
Como represalia por la negativa, Laise prohibió a los curas de la diócesis casar a la hija del militar. La ceremonia se realizó en la iglesia de Santo Domingo, frente a la gobernación, pero con un cura que viajó especialmente desde Río Cuarto a pedido de la esposa del coronel.
Laise fue obispo de San Luis durante 30 años, hasta 2001. Si el juez federal Juan Esteban Maqueda decide citarlo debe dirigirse al santuario Nuestra Señora de las Gracias, en Viale Padre Pío 71013, San Gionvanni Rodondo, en Foggia, Italia. Pese a sus 81 años cumplidos, el obispo no se deja amedrentar por la tecnología: su correo electrónico es juanrodolfo@ya hoo.com.ar, aunque nunca respondió la consulta de este cronista.
Hablar o no hablar
Graciela Fiochetti fue secuestrada junto con Víctor Fernández en la madrugada del 21 de septiembre de 1976. Después de las torturas, Fernández fue liberado. Cuando la familia Fiochetti se presentó ante el capitán Plá e invocó saber que la joven estaba en su poder, el entonces subjefe de policía de San Luis ordenó volver a detener al Gringo Fernández. Lo torturaron durante 28 días.
Diez años después, el ex chofer del servicio de inteligencia de la policía Jorge Velázquez declaró que Fiochetti fue torturada y violada. Le hicieron firmar un acta de liberación, pero al día siguiente Velázquez volvió a verla en un centro clandestino. Dos noches después la llevaron junto con otro secuestrado a un descampado en Salinas del Bebedero. Plá los obligó a arrodillarse. “¿Van a hablar o no van a hablar?”, gritó. Ante el silencio, disparó a la nuca de Graciela. “No miré más”, confesó Velázquez.
Plá fue detenido en San Isidro el 26 de septiembre, después de dos años prófugo. Cercado por las pruebas y aunque nadie le apuntaba a la nuca, no dudó en hablar. Dijo que el asesinato fue ordenado por el teniente coronel Juan Carlos Moreno, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA) 141, y ejecutado por el teniente primero de inteligencia Horacio Angel Dana. Agregó que cuando la Justicia lo citó en 1985, el propio Dana, durante un acto militar, lamentó “el garrón que se está comiendo” y le confesó que matar a Fiochetti había sido una decisión de la plana mayor del GADA para comprometer a Fernández Gez, con quien estaban enfrentados. Incluyó entre los asesinos a los entonces tenientes coroneles Guillermo Daract, subcomandante y subjefe de área, Jerácimo Dante Quiroga, jefe de operaciones, y Raúl Benjamín López, jefe de inteligencia.
Mientras duró la impunidad, el capitán Plá olvidó el caso Fiochetti. Cuando la causa se reabrió –siempre según su relato– fue a visitar a Moreno, presidente de la Mutual de Socorros Mutuos de las Fuerzas Armadas. Días después, ya prófugo, se reunieron en un bar de Barrio Norte con Daract y Quiroga. Volvieron a verse en el estudio del abogado Mercado.
–Ustedes saben que no tengo nada que ver, busquen la forma de desvincularme –dice Plá que les solicitó.
–Chico (sic), quédate tranquilo, vamos a enfrentar las responsabilidades –asegura que respondió Moreno.
El diálogo fue en 2006. Plá aún espera, ahora entre rejas.
La visita
Fernández Gez declaró en San Luis el 3 de octubre de 2006. No bien volvió a su prisión domiciliaria en la calle Agüero recibió una visita atípica: los coroneles Moreno, Daract y Quiroga. Recién un año después, cuando Plá cayó en desgracia –ambos imputados son patrocinados por Mercado–, el coronel aportó a la causa un acta de lo conversado aquella tarde, incluidos detalles del fusilamiento.
A Salinas del Bebedero fueron sus tres visitantes más el teniente primero Horacio Dana y “otros oficiales del GADA”. Fue de madrugada, en vehículos no identificables. Cavaron fosas para enterrar a Fiochetti y a un varón, que sería Sandro Santana Alcaraz. “Moreno dirigió el fusilamiento, en el que todos dispararon sus armas. Daract y Quiroga erraron sus disparos, pero Moreno rozó el rostro de Fiochetti y fue Dana quien le dio el tiro de gracia”, escribió.
Según Fernández Gez la visita no terminó bien. “Me exigieron que asumiera mi responsabilidad por haber sido el comandante”, dijo. Les respondió que fueron hechos ilícitos que él no conocía, de los que no participó, que no autorizó ni consintió. Poco después Daract volvió a insistirle, pero el coronel se mantuvo firme.
La semana pasada el juez federal Juan Esteban Maqueda clausuró la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio oral y público. Además de Plá y Fernández Gez serán juzgados los ex comisarios Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco, jefe, subjefe y encargado respectivamente de la división investigaciones de la policía provincial. Excepto Fernández Gez, los otros están presos en la cárcel de San Luis. Deberán rendir cuentas por cuatro secuestros y torturas, las desapariciones forzadas de Pedro Valentín Ledesma, Sandro Santana Alcaraz, y el homicidio de Fiochetti. Moreno, Daract, Quiroga, López y Dana aún no fueron citados a declarar. Tampoco monseñor Laise.
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No se reciben familiares de subversivos
Cuando los familiares de detenidos-desaparecidos de San Luis comenzaron a golpear puertas, el obispo Juan Rodolfo Laise colgó un cartel en la suya: “No se reciben familiares de subversivos”. Uno de los pocos que logró traspasarla logró ver detrás de una cortina un voluminoso archivo con informes sobre presos políticos. “El obispado recibía las cartas de los presos y evaluaba si podían llegar o no a la familia. Ante el más mínimo contenido político las guardaba y ordenaba a los carceleros llamar al orden al preso”, recuerda la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, Lilian Videla. Para entonces ya eran habituales sus visitas al comandante del Cuerpo III, general Luciano Benjamín Menéndez, dueño de la vida y de la muerte del norte argentino.
El capuchino Laise fue nombrado obispo de San Luis en 1971 en reemplazo de Carlos María Caferatta, quien había moldeado la diócesis inspirado en el Concilio Vaticano II. Apegado a la tradición integrista, Laise imprimió un brusco cambio de rumbo, se deshizo de los sacerdotes cercanos al obispo saliente y militarizó varios edificios de la Iglesia.
También se lo recuerda en la Universidad Nacional de San Luis, tanto por sus clases de adoctrinamiento, de las que excluía a ateos o creyentes no católicos, como por exigirle al interventor militar ampliar la lista negra de expulsados, según investigó el periodista puntano Gustavo Heredia.
En 1980 Laise exigió públicamente censurar dos programas de entretenimientos en televisión porque desprestigiaban “la figura del sacerdote y de las religiosas”. Los consideraba viles medios de “difamación y calumnia abiertamente subversivos” que “no contribuyen al Proceso de Reorganización Nacional”, publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro Doble Juego.
Aún después del desastre de Malvinas, cuando la dictadura se desintegraba y renacía la posibilidad de volver a votar, el obispo machacaba desde el pasquín Cabildo que “la autoridad y los derechos del poder vienen de Dios y no del pueblo o consenso de las mayorías”.
Con el retorno de la democracia no tardó en amoldarse a los hábitos de los Rodríguez Saá. En 1993 indultó “al Adolfo” por su infidelidad con la “Turca” Sesín, pero tuvo que hacerlo en una parroquia periférica porque las señoras de Acción Católica le prohibieron dar la misa del perdón en la Catedral. Los contribuyentes puntanos pagaron caro aquel servicio. Su última aparición trascendente, documentó Heredia, fue en 2004, cuando dos fotos del ex obispo se publicaron en el sitio web de una agrupación neonazi española.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/96592-30513-2007-12-23.html
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