Para acceder y preservar los archivos

Reflexiones acerca del uso y la gestión de la documentación de las dictaduras en la región

Investigadores y archivistas de todo el país y de la región debatieron sobre “archivos y derechos humanos”. Coincidieron en pedir que se realice un censo de documentos en las Fuerzas Armadas, y de seguridad y políticas de preservación y acceso.

Por Diego Martínez

Parte del debate en Rosario giró en torno de la especificidad de los denominados “archivos de la memoria”.

Desde Rosario

Normativas de acceso y gestión comunes de los archivos. Políticas públicas activas de búsqueda de documentación relacionada con la represión clandestina. Elaboración de inventarios de los fondos documentales existentes en el país y creación de un portal o sitio web que los centralice, de modo de facilitar el trabajo de la Justicia y los investigadores. Estas fueron algunas de las preocupaciones comunes entre quienes participaron ayer, en Rosario, de la jornada final del II Encuentro “Archivos y derechos humanos: usos actuales, posibilidades y limitaciones”, que organizaron Memoria Abierta y el Museo de la Memoria local.

El encuentro contó con la participación de investigadores y archivistas de todo el país y también de Perú, Chile, Uruguay y Paraguay, pertenecientes a archivos tanto del Estado como de la sociedad civil. “Hay mucho por avanzar a nivel del Mercosur, para que tanto los Estados como las organizaciones de la sociedad civil mejoren la comunicación entre sus archivos. Así como durante las dictaduras del Cono Sur existía una coordinación para secuestrar, asesinar y desaparecer a los enemigos políticos, también existía una coordinación entre las organizaciones de derechos humanos para avanzar en investigaciones y en la exigencia de justicia. Hoy no hemos podido producir una integración a nivel de información que rinda frutos en la región. No es sólo un tema de justicia y derechos humanos sino de políticas culturales y de protección del patrimonio histórico y cultural”, explicó Patricia Valdez, directora de Memoria Abierta.

Parte del debate giró en torno de la especificidad que caracteriza a los denominados “archivos de la memoria” y sus diferencias respecto de los archivos históricos, que son aquellos que tienen por finalidad reunir, conservar y difundir los documentos de valor permanente para la historia de la sociedad y para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Uno de los diagnósticos es la ausencia de una normativa que permita aplicar criterios comunes de acceso a fondos documentales similares. Ante distintos archivos de organismos que actuaron en la represión en todo el país, existen distintos criterios de gestión y de acceso que generan incertidumbre y la mayor parte de las veces derivan en la imposibilidad de satisfacer las consultas. Otra demanda fue la necesidad de realizar un censo de archivos entre las Fuerzas Armadas y de seguridad, incluidas las policías provinciales, que permita al Estado y a la sociedad conocer qué documentos poseen y dónde se encuentran, objetivo que apunta mucho más allá del período dictatorial. Varios representantes del interior enfatizaron sus dificultades para lograr acceder a los archivos en manos de las fuerzas de seguridad. “En Mendoza, fiscales y jueces no buscan pruebas y se las reclaman a los querellantes, que a su vez nos encontramos con negativas constantes de la burocracia provincial. Necesitamos que desde el poder central intervengan para posibilitar el acceso a los documentos”, fue uno de los planteos.

“Uno de los problemas es la ausencia de una política de preservación y acceso al patrimonio documental en general. Carecemos, tanto en el Estado como en la sociedad, de una conciencia sobre la importancia de los archivos, ya sea con vistas a la investigación o a la producción de políticas de la memoria como con vistas a defender los derechos ciudadanos más elementales. Recién ahora se percibe una mínima conciencia sobre la importancia de los archivos”, reflexionó Graciela Karababikian, responsable del área Patrimonio Documental de Memoria Abierta. Los participantes se comprometieron a profundizar el debate y buscar pautas de acción comunes para optimizar las condiciones de acceso a los documentos.

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Instrumentos de la memoria

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL SOBRE LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION ILEGAL

Por Diego Martínez

La vicegobernadora Griselda Tessio inauguró ayer el II Encuentro de Archivos y Derechos Humanos.

Desde Rosario

¿Existe una política pública de gestión de los archivos recuperados sobre la última dictadura? ¿Cómo se logra unificar esfuerzos e iniciativas dispersas por el país y el exterior para poner a disposición de jueces, fiscales e investigadores miles de documentos fundamentales para reconstruir la historia silenciada y maximizar su utilidad con vistas a obtener justicia? ¿Agotó el Estado su capacidad de búsqueda de archivos sobre centros clandestinos, identidad de represores, destino de desaparecidos y la compleja trama de silencios y complicidades que tuvo como trasfondo la masacre militar? Estas son apenas algunas de las preguntas sobre las cuales se debatirá hoy en el II Encuentro “Archivos y Derechos Humanos: usos actuales, posibilidades y limitaciones”, coorganizado por Memoria Abierta y el Museo de la Memoria de Rosario, que cuenta con la presencia de antropólogos, historiadores, archivistas, investigadores y miembros de organismos de derechos humanos.

La jornada inaugural comenzó con un recorrido por sitios de la memoria de Rosario, que tuvo como epicentro la visita al centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de la policía de Santa Fe, copado durante las últimas dos dictaduras por las patotas al mando del comandante de Gendarmería Agustín Feced. El Pozo, como pasó a la historia, es un rincón lúgubre de paredes húmedas de un edificio imponente, una manzana completa, donde durante un siglo y hasta hace cuatro años funcionó la jefatura de policía. Entre el golpe de Estado y fines de 1978 se estima que por allí pasó un millar de personas, la mayoría blanqueados en cárceles, un centenar desaparecidos. A cien metros, cruzando la plaza San Martín, funcionó el Cuerpo II de Ejército, desde donde el general Leopoldo Galtieri digitó vidas y muertes en seis provincias argentinas. Es una casona señorial donde hoy funciona Rock & Feller’s, comercio indiferente a la historia como cualquier otro, pero donde a partir de marzo funcionará el Museo de la Memoria de Rosario.

Durante la bienvenida formal, el profesor Rubén Chababo, titular del Museo de la Memoria, destacó la necesidad de contar con políticas públicas relacionadas con los archivos del horror y recordó el triste privilegio rosarino de haber sufrido en 1984 el robo en Tribunales de miles “de pruebas y testimonios” que inculpaban a los grupos de tareas de Feced, “destruidos para ocultar sus responsabilidades”, destacó. Rosa Acosta, secretaria de derechos humanos de la provincia, elogió “el compromiso personal, técnico y científico para enriquecer los archivos” y destacó “el valor incalculable que adquieren hoy con vistas a los juicios”. Patricia Valdez, directora de Memoria Abierta, enfatizó que “ni toda la sociedad civil es bella y virtuosa, ni todos en el Estado tienen sentido de lo público, por eso convocamos a trabajar con profundo sentido de lo público, para avanzar en el acceso a la información”.

El panel inaugural lo abrió Leonor Arfuch, docente e investigadora de la UBA. Arfuch destacó que “memoria y archivos son indisociables” y distinguió tres etapas en las cuales “el lugar de la memoria se fue transformando”. En la posdictadura el show del terror, los testimonios crudos. Luego el Nunca Más, la demanda de justicia, el Juicio a las Juntas, que combinó “lo testimonial con lo reivindicativo”. Y en los ’90, con las leyes de impunidad , la aparición de Hijos con los escraches “enfatizó la matriz genealógica de la memoria” y abrió infinidad de debates. “Es momento de que los hijos les pregunten a sus padres: ‘¿Cómo hicieron para no saber?’”, dijo, La vicegobernadora de Santa Fe y ex fiscal federal Griselda Tessio repasó su trayectoria y la lucha de fiscales de todo el país para impulsar el proceso de justicia. “Hace 25 años que transito caminos de memoria, olvido, recuerdos, y cada vez tengo más perplejidades pero también más certezas.”

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Un brigadier que se autoincriminó

Declaración en el juicio por la Mansión Seré

Por Diego Martínez

A pedido del Primer Cuerpo de Ejército y a partir de junio de 1976, cuando se firmó la orden de operaciones Provincia 2/76, la Fuerza Aérea Argentina se hizo cargo de “la lucha contra la subversión” en la subzona militar 16, jurisdicción que abarcó los partidos de Merlo, Moreno y Morón. Así surge del testimonio que ayer, durante el juicio a los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, prestó el brigadier mayor Miguel Angel Osses, que recibió la solicitud de parte del fallecido general Carlos Suárez Mason. Osses aseguró que la primera mención al centro clandestino Mansión Seré la escuchó “en marzo o abril de 1978, cuando el jefe de la VII Brigada Aérea, Comes, me vino a informar que una propiedad que era aparentemente de la Fuerza Aérea había sido destruida”. Hoy declarará Guillermo Fernández, uno de los cuatro protagonistas de la fuga de Mansión Seré.

“Por razones de carencia de personal”, Suárez Mason pidió a la Fuerza Aérea encargarse “de las funciones antisubversivas” en la subzona 16, relató Osses. Como comandante de la Agrupación Marco Interno, elaboró “un estudio preliminar” y le advirtió a su jefe “dos aspectos negativos”: falta de personal y “de formación profesional”. Su jefe “tomó la decisión de que siguiéramos adelante”. Así fue que “formamos el cuerpo de la orden de operaciones Provincia”, que “creó la Fuerza de Tareas 100 con la tarea de defender el nuevo territorio que se cedía a la Fuerza Aérea”. Como oficiales más antiguos de las cuatro bases aéreas de la zona, Mariani y Comes comandaron la Fuerza de Tareas 100 en 1977 y 1978, respectivamente.

La función de la Fuerza de Tareas fue “captar a la población” y “contrarrestar cualquier propaganda del sector subversivo”, explicó el brigadier de 81 años. Entre las tareas incluyó “ver si había gente con armas en las villas de emergencia” y realizar “patrullajes intensos” para “obtener información temprana y alertar ante probables ataques subversivos”. Agregó que cada área de la subzona “tenía un grupo de tareas”, división que calificó de “flaqueza”, pues “ante un ataque la Fuerza se hubiera visto en figurillas para reunir a sus componentes”.

Para evitar que se autoincriminara, el fiscal federal Félix Crous desistió de seguir interrogando al testigo Osses, que como comandante de Operaciones Aéreas fue superior de los dos imputados y que a fines de 1977 felicitó a Mariani por su esfuerzo y capacidad “en su actuación en la lucha antisubversiva en la subzona 16”. Mariani solicitó ayer ampliar su declaración indagatoria. Lo hará el martes próximo.

En el primer turno, el brigadier general Ernesto Horacio Crespo dijo que la Fuerza Aérea “fue parcialmente ajena a la lucha contra la subversión”. Sostuvo que investigó el rol de su fuerza durante la dictadura en 1985, cuando el presidente Raúl Alfonsín ordenó a las Fuerzas Armadas colaborar con la Justicia. Limitó el trabajo sucio a “la Jefatura 2 de Inteligencia”, aunque las informaciones que recibió no están documentadas, admitió. Mansión Seré “era una casa, algo así”, pero “sólo tenía conocimiento la gente involucrada, de inteligencia”. “Incluso tengo entendido que el jefe de la regional (de Inteligencia Buenos Aires) le dio al jardinero de la regional un bebé o algo por el estilo” (sic), dijo. Los brigadieres Héctor Augusto León Cocito y Luis María Maggi, en tanto, negaron haber integrado la Fuerza de Tareas 100 y no aportaron datos relevantes.

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El militar que procedió

LA TRAYECTORIA DE BENDINI, DE SANTA CRUZ A LA CUPULA CASTRENSE

El saliente jefe del Ejército será recordado por haber descolgado los retratos de Videla y Bignone en el Colegio Militar. Sus últimos tiempos estuvieron marcados por la fuga del represor Corres y los casos de corrupción en la fuerza.

Por Diego Martínez

“Proceda”, le ordenó Kirchner el 24 de marzo de 2004 y Bendini retiró los cuadros de los dictadores.

Roberto Fernando Bendini no pasará a la historia por su triste final. El teniente general que comandó el Ejército Argentino durante el primer gobierno posterior al genocidio que desterró de plano la teoría de los dos demonios será recordado en los manuales de historia por una foto tomada el 24 de marzo de 2004. Por orden del entonces presidente Néstor Kirchner, ese día Bendini se paró sobre un banquito frente a cámaras y descolgó de la galería de ex directores del Colegio Militar los cuadros de los dictadores Jorge Videla y Benito Bignone. Esa imagen quedará como el sello de su gestión y un símbolo de la era K. Entre sus deudas, en cambio, quedará no haber encontrado o entregado los archivos del Ejército sobre la dictadura.

Oficial de Caballería de larga trayectoria, miembro de la promoción 100 del Colegio Militar, Bendini llegó a la cúpula de la pirámide castrense el 28 de mayo de 2003 gracias a la relación que entabló con Kirchner en Santa Cruz. Lo conoció como jefe del Regimiento de Tanques en 1991, cuando Kirchner era intendente. Se reencontraron en 2001, con K gobernador, cuando Bendini asumió el mando de la Brigada Mecanizada XI de Río Gallegos, donde se produjo la malversación de fondos que ayer derivó en su renuncia.

El nombramiento del único general que Kirchner conocía implicó el pase a retiro de otros 27 más antiguos, que no lo recuerdan con cariño. Desde aquel día se esmeró en no defraudar las expectativas presidenciales y acató sin chistar decisiones que más de una vez lo enfrentaron con camaradas activos y retirados. El motivo principal, tal vez el único, fue su alineamiento con la política de derechos humanos que lo llevó a compartir escenarios con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Durante sus cinco años al frente del Ejército condenó la represión ilegal e incluso las secuelas de pobreza heredades del modelo económico de Martínez de Hoz. Quienes pretenden archivar el pasado sin rendir cuentas interpretaron su posición como una traición y más de una vez lo hicieron público. Una de ellas fue cuando varios generales pidieron pasar a retiro tras verlo bajar los cuadros del Colegio Militar.

Voceros históricos del partido militar sugirieron que Bendini no fue ajeno a los grupos de tareas, pero nunca lo probaron. La única imagen que lo liga con la dictadura es del 23 de marzo de 1976. Ese día, como oficial de Granaderos, le tocó reforzar la guardia de la Casa Rosada. Su jefe sólo les dijo que iban a cumplir con su deber y que debían defender a la presidenta Isabel Martínez de Perón. En la madrugada del 24 la sacaron en helicóptero y comenzó la dictadura más sangrienta de la historia argentina.

Su mandato también se recordará por un exabrupto antisemita, cuando mencionó como interesados en ocupar la Patagonia a presuntos turistas israelíes, y por la presencia insoportable de Cecilia Pando, la apologista del genocidio que lo obligó a pasar a retiro a su esposo, el mayor Rafael Mercado. También por sancionar a los militares en actividad que en 2006 participaron en plaza San Martín de un acto fogoneado por quienes reclaman impunidad con la excusa de homenajear a las “víctimas de la subversión”.

Sus últimos años fueron accidentados. A fines de 2007 su jefe de inteligencia, general Osvaldo Montero, fue pasado a retiro acusado de conspirar contra la ministra Nilda Garré. El mes pasado, tras la fuga de Julián Corres, tuvo que mandar a su casa al comandante del Cuerpo V y a su secretario por brindar servicios a represores presos. La anteúltima pésima noticia que recibió fue la auditoría que derivó en la denuncia penal por asociación ilícita, que ya le costó la cabeza a seis generales. Bendini es el único militar de su familia, está casado y tiene cuatro hijas, cuatro Marías a las que –por ahora– podrá dedicar más tiempo.

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EL GOBIERNO Y EL RECAMBIO

Un salto generacional

El jefe del Ejército, Roberto Bendini, presentó su pedido de pase a retiro poco después del mediodía, apenas se supo del procesamiento que le había dictado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Pero la presidenta Cristina Kirchner recién le ordenó al jefe de Gabinete, Sergio Massa, que saliera a dar a conocer la noticia a las 18, cuando la decisión judicial ya había comenzado a circular como rumor, cuestión de anticiparse a los hechos. Para nombrar a su reemplazante esperarán que la ministra de Defensa, Nilda Garré, vuelva hoy de Chile, pero en el Gobierno adelantaban “un cambio generacional importante” a partir de la llegada de la nueva conducción.

Para el anuncio del reemplazo tal vez haya que esperar hasta mañana. Garré viajó a Chile como invitada especial a los festejos del Día de Gloria del Ejército trasandino y no quedaría bien que se fuera antes del desfile, explicaban anoche cerca de la ministra. En la Casa Rosada la esperarían para designar al nuevo jefe del Ejército aunque, subrayaban, el nombramiento lo haría la Presidenta. “El que saca no pone”, resumía un ministro sobre el papel que cumpliría Garré.

Mañana por la noche Cristina Kirchner emprenderá su viaje a Nueva York, donde permanecerá una semana para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Casa Rosada imaginaban que iniciaría el periplo con el problema resuelto.

En Defensa se preocupaban en aclarar que la salida de Bendini no había tenido nada que ver con los recientes pases a disponibilidad masivos dispuestos dentro de la Fuerza en el marco de la investigación que se lleva adelante por irregularidades cometidas en diversas compras y licitaciones. Por cierto, la causa por la que procesaron a Bendini data de varios años y tiene que ver con su tarea al frente de una brigada en Río Gallegos. Pero por la nueva investigación y el retiro de 43 militares habían resurgido las voces dentro del Ejército que cuestionaban lo que consideraban era una “falta de conducción” de Bendini.

Por eso, en Gobierno sostenían que tenían varios nombres en carpeta que podrían reemplazar con eficiencia a Bendini. En principio, no dudaban que quien le tocara asumir lo haría con un estilo más dinámico que el que caracterizó al ahora ex jefe del Ejército en los últimos tiempos.

Anoche, se barajaban nombres de posibles reemplazantes (ver aparte). Cualquiera resultara el elegido, en el Gobierno destacaban que suplantarían a un militar de 62 años por otro una década más joven, lo que interpretaban como “un cambio generacional importante”. El nuevo jefe del Ejército rondará los 50 años, lo que significa que en la dictadura militar hoy estaba estudiando o a lo sumo tendría el grado inicial de subteniente. “Será alguien que hizo toda su carrera en democracia”, evaluaban. En esa franja mencionaban una ristra de candidatos “todos profesionales y subordinados al poder democrático”.

Se sabe que tanto Néstor Kirchner como ahora su esposa son reacios a los cambios de funcionarios y militares. Sobre todo, como en el caso de Bendini, cuando le tienen confianza y le son leales. Pero en este caso no hubo más remedio. “En este Gobierno no hay ni puede haber procesados”, resumía un hombre de la Casa Rosada.

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Fuera de La Cueva

DETUVIERON A CUATRO EX MILITARES EN MAR DEL PLATA

Es por crímenes cometidos en el centro clandestino La Cueva. En total, dictaron siete prisiones, pero tres de ellos ya estaban detenidos. Podría haber nuevas capturas.

Por Diego Martínez

Aldo Máspero y Ernesto Agustoni, dos de los militares capturados en esta causa.

Tres oficiales retirados de la Fuerza Aérea y uno del Ejército fueron detenidos por orden de la Justicia federal de Mar del Plata por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y abril de 1978 en el centro clandestino La Cueva, que funcionó en la Base Aérea local, pero que dependía de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea (AADA) 601 a cargo del coronel Alberto Pedro Barda. Las capturas no serían las últimas, ya que el juez federal Alejandro Castellanos dictó el secreto de sumario en la causa y en la Alcaldía 44 de Batán recibieron orden de reservar diez camas para nuevos huéspedes.

Los nuevos detenidos, que serán indagados en los próximos días, son el comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el brigadier José Beccio, jefe y subjefe de la Base Aérea respectivamente; el coronel Roberto Atilio Bocalandro, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601 hasta diciembre de 1976, y el oficial de la Fuerza Aérea Leandro Marquiegui, jefe de inteligencia de Barda. El juez Castellanos también imputó por los delitos en La Cueva a tres represores detenidos con anterioridad que gozan de arresto domiciliario. El general Alfredo Manuel Arrillaga fue jefe de inteligencia del GADA, jefe de la subzona represiva 15 y es vicepresidente del Círculo Militar. El coronel Aldo Carlos Máspero reemplazó a Barda como jefe del GADA el 3 de octubre de 1977. El coronel Jorge Luis Toccalino fue jefe de operaciones del GADA. Toccalino, detenido desde septiembre por secuestros en Necochea, preside la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e integra el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.

Hasta ayer, los únicos detenidos por secuestros, torturas y asesinatos en La Cueva eran el general Barda, como responsable principal, y dos autores materiales de los hechos: el suboficial de la Fuerza Aérea y violador de cautivas Gregorio Rafael Molina, y el ex miembro de la Concentración Nacional Universitaria Nicolás Cafarello, que luego del golpe se incorporó al GADA como chofer de Arrillaga. El miércoles se sumó el ex jefe de la CNU y abogado de alto perfil Eduardo Cincotta. La captura de Eduardo Salvador Ullúa fue anunciada por organismos locales, pero hasta ayer a la tarde no se había concretado. Ambos fueron incorporados como personal civil de inteligencia y están acusados como partícipes necesarios de los delitos. Todas las detenciones en curso son contra autores mediatos.

El comodoro Agustoni declaró durante el Juicio a las Juntas en 1985. Relató que a pedido de Barda la Fuerza Aérea le cedió al Ejército el uso del viejo radar “para descanso y escala de las patrullas de esa fuerza”. Investigaciones posteriores demostraron que no era exacto: el problema era que el GADA estaba a 15 kilómetros de Mar del Plata y Barda necesitaba que los interrogatorios bajo tortura para extraer información demoraran lo menos posible. Agustoni agregó que “el requerimiento fue verbal aunque informado a la superioridad”, aseguró que “ningún miembro de la Fuerza Aérea prestó funciones en el radar” y que no le constaba “que dentro de la base hubiese personas detenidas”. En el año 2000, cuando regían las leyes de impunidad, Agustoni se negó a declarar durante el Juicio por la Verdad de Mar del Plata. Ahora podrá explayarse ante el juez Castellano.

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Otros trece militares de guante blanco

Defensa amplió la denuncia por administración fraudulenta en el Ejército

Por Diego Martínez

Garré ordenó cesar a los imputados.

La ministra de Defensa, Nilda Garré, amplió su denuncia ante la Justicia por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica contra otros 13 militares y 29 civiles y ordenó al general Roberto Bendini el pase a disponibilidad de todos los involucrados. Según informó Defensa, los delitos se habrían cometido “con idéntico modus operandi e incluso con la participación de algunos de los proveedores ya denunciados” en agosto pasado, cuando se acusó a 30 miembros del Ejército y a otras 51 personas, la mayoría con relaciones familiares o comerciales con los militares.

La nueva denuncia incluye a los generales de brigada Gustavo Gabriel Schurlein y Gustavo Serain, hasta ayer comandantes del Cuerpo III de Ejército de Córdoba y del Comando de Aviación de Campo de Mayo, respectivamente. Página/12 había adelantado que el Gobierno analizaba, tras la tanda inicial, la separación de otros dos generales. También que Schurlein es quien intentó justificar las maniobras fraudulentas invocando engorrosos procedimientos administrativos el día que Garré detalló los ilícitos ante 90 oficiales.

La denuncia original se presentó ante la Cámara Federal porteña y, por sorteo, recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien delegó la instrucción en el fiscal federal Eduardo Taiano. Después de desmenuzar las auditorías que dirigió el contador Jorge Argüello, el fiscal dio cuenta de “una estructura destinada a delinquir, que operaría dentro del Ejército Argentino”, y amplió el universo de imputados: pidió, entre otras medidas de prueba, la indagatoria de 101 personas, 20 civiles más de los denunciados por Defensa.

La denuncia original de Garré derivó en el pase a disponibilidad de 23 militares, incluidos cuatro generales: Héctor Mario Giralda, que era director de Asuntos Históricos; Mario Fernando Troncoso, director de Personal del Estado Mayor; Eduardo Salvador Gibelli, comandante de Intendencia; y Raúl Horacio Gallardo, imputado también en Catamarca por delitos de lesa humanidad como asistente personal del comandante del Regimiento de Infantería 17, ex comandante de Operaciones Terrestres y antes director del Colegio Militar.

La ampliación de ayer, elaborada por abogados del ministerio a partir de un centenar de auditorías realizadas en 2006 y 2007, se centra en el Cuerpo III y en el Comando de Aviación. Los oficiales superiores denunciados por irregularidades en la unidad de batalla cordobesa son, además del general Schurlein, los coroneles Horacio Mones Ruiz, Angel Saverio Lapillo y Adrián Ricardo Cortes y dos tenientes coroneles cuyos nombres no trascendieron. Los involucrados por Campo de Mayo son, además de Serain, el coronel Eduardo Sabín Paz, tres tenientes coroneles, un mayor y una capitana. Todos fueron pasados a disponibilidad, es decir que seguirán cobrando su sueldo pero privados de destino hasta que la Justicia se pronuncie sobre sus responsabilidades. Según el comunicado de Defensa, los 29 civiles denunciados ayer representan a once firmas comerciales.

De 1317 expedientes analizados, 583 habían sido “manipulados con modificaciones de folio, falsificaciones de firmas u otro tipo de acciones delictivas”, detalló el contador Argüello a fines de agosto. El perito describió “maniobras groseras” y aclaró que no se trataba de irregularidades administrativas, sino de “acciones delictivas”. Garré agregó durante su exposición que existía “un núcleo que organizó la red y que se podría estar ante un caso de asociación ilícita”.

Las irregularidades detectadas son desdoblamientos de contrataciones para que figure un monto menor que permita evitar controles (por ejemplo de la Sigen), adulteraciones de documentos, adjudicaciones a oferentes con dudosas situaciones fiscales y sin experiencia, adjudicaciones a proveedores vinculados entre sí y/o ligados a funcionarios intervinientes. El fiscal Taiano solicitó 17 medidas de prueba, incluido el estudio de las cuentas bancarias de funcionarios y proveedores, y la declaración testimonial de miembros de la Comisión Evaluadora del Ejército que intervinieron en algunas licitaciones. El próximo paso corresponde al juez Canicoba Corral.

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El represor prófugo que cayó en Río

Detenciones por la Masacre de Margarita Belén y por la CNU

Por Diego Martínez

Luego de burlar con éxito a las fuerzas de seguridad durante tres años y cinco meses, Interpol detuvo ayer en Río de Janeiro al mayor retirado Norberto Raúl Tozzo, con pedido de captura de la Justicia chaqueña por su actuación en la Masacre de Margarita Belén durante la dictadura. Con su detención, la lista de prófugos por delitos de lesa humanidad se reduce a 41 represores. En Mar del Plata, en tanto, fueron detenidos los abogados Eduardo Cincotta y Eduardo Salvador Ullúa, ex miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria, que después del golpe de Estado se integraron al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército. Ambos se negaron a declarar ante el juez federal Alejandro Castellanos y quedaron alojados en la Alcaldía 44, pegada al penal de Batán, junto con marinos retirados y el ex CNU Nicolás Cafarello.

Dueño de medios de comunicación en Entre Ríos, Tozzo fue detenido en 2003 por orden del juez Carlos Skidelsky. Luego, la Cámara Federal de Resistencia liberó a todos los imputados por la masacre de diciembre de 1976. Cuando el juez volvió a pedir su detención, ya se movía cómodo con documentos falsos. Interpol siguió sus pasos y lo detuvo ayer por la mañana, con colaboración de sus pares de Brasil, cuando salía de un hotel de Río. Una vez extraditado se sumará a los diez imputados por la masacre, causa que próximamente se elevará a juicio.

Cincotta y Ullúa fueron detenidos el martes a la noche. Ambos fueron vistos en el GADA por familiares de desaparecidos y, según un informe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba) que publicó Página/12, “colaboraron con el Ejército en la lucha antisubversiva” tras el golpe de Estado. Ullúa había estado preso por el asesinato de Silvia Filler en 1971 y fue amnistiado por Héctor Cámpora. A fines de 1974 fue contratado como oficial segundo en la fiscalía de Gustavo Demarchi. El suboficial Orestes Vaello declaró en Conadep que Ullúa era jefe de la CNU local, que “dependía del Destacamento de Inteligencia”. En 1996 fue condenado a 17 años de prisión por contrabando de drogas en la Operación Langostino. En la cárcel se recibió de abogado. Cincotta fue entre 1975 y mayo de 1976 secretario general de la Universidad Provincial, donde contrató en tareas de seguridad a sus compañeros de la CNU. Luce en su estudio una distinción por servicios “en la lucha contra la subversión”.

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Con el honor metido en el bolsillo

Los represores procesados que cobran una pensión honorífica por Malvinas

Uno está prófugo y once, procesados por crímenes de lesa humanidad. Todos reciben aún la pensión de los ex combatientes de Malvinas. Uno por uno, su historial.

Por Diego Martínez

Un militar prófugo de la Justicia y al menos otros once procesados por crímenes de lesa humanidad cobran la pensión “honorífica” que el gobierno nacional paga a ex combatientes de Malvinas. Seis meses atrás, a partir de la denuncia de organismos de derechos humanos, la Anses suspendió preventivamente el beneficio a ocho represores, incluido el marino Jorge Acosta, jefe de inteligencia de la ESMA. En teoría, la Anses y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos iban a controlar cada mes el padrón de beneficiarios para que los nuevos procesados dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo si eran absueltos. En la práctica, pese a la insistencia de Página/12, fue imposible conocer oficialmente si los controles derivaron en nuevas exclusiones, pero sí fue posible confirmar que al menos una docena de retirados de dudosa honorabilidad cobra su pensión.

El caso más insólito es el del coronel retirado Norberto Ricardo Villegas, con pedido de captura de la Justicia federal de Tucumán desde febrero de 2006 por el caso Vargas Aignasse y por la desaparición y el robo de la casa de Marta y Rolando Coronel en 1977. Según el sitio web de la Anses, Villegas puede retirar su pensión a partir del 22 de septiembre en la sucursal Luis María Campos del Banco Nación. El riesgo de quedar detenido es ínfimo: la Unidad Especial de búsqueda de prófugos, creada por una ley del Congreso que la presidenta Cristina Fernández promulgó en mayo, se resiste a existir. El 9 de agosto, Aníbal Fernández adjudicó la demora a que la Jefatura de Gabinete no le transfirió los fondos y anticipó que la creación se concretaría esa misma semana. No volvió a dar señales de vida.

La zanahoria

La pensión para los colimbas que pelearon en Malvinas fue impulsada por los Centros de Ex Combatientes durante los ’80 y se concretó por ley 23.848 a fines de 1990. El pago equivalía al modesto sueldo de un cabo del Ejército. Carlos Menem la extendió a militares en situación de retiro o baja voluntaria. En 2004, por decreto 1357, Néstor Kirchner traspasó la administración del beneficio de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la Anses, la transformó en pensión “honorífica”, aumentó el monto hasta el equivalente a tres jubilaciones mínimas (poco menos de dos mil pesos) e igualó a sobrevivientes con derechohabientes de los caídos.

La zanahoria se volvió sabrosa y la Comisión Nacional de Ex Combatientes, dependiente del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, comenzó a presionar para que el pago se extendiera a los militares, que desde 1994 cobran un plus salarial como ex combatientes. Lo logró en 2005: por decreto 886 pasaron a cobrar todos los miembros de las Fuerzas Armadas “que hubieran estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas”, incluidos marinos mercantes y miles de oficiales y suboficiales que no se movieron de las bases continentales.

Los primeros en cuestionarlo fueron los ex conscriptos, obligados tras la derrota a firmar en Campo de Mayo un compromiso de silenciar estaqueamientos, desnutrición y torturas que padecieron de sus superiores. “Los militares fueron a la guerra por vocación, cobrando un sueldo, cumpliendo su deber, y al volver siguieron cobrando. A los soldados se les dio de baja y cada uno se las arregló como pudo”, explica Ernesto Alonso, presidente del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata. “Reconocer a los militares con una pensión honorífica es un acto que coloca bajo el manto del olvido el reclamo de verdad, justicia y memoria que los soldados sostenemos desde hace 25 años”, agrega.

Los abusos contra colimbas, que el cineasta Tristán Bauer instaló en centro de la escena en Iluminados por el fuego, derivaron en 2007 en una denuncia ante la Justicia federal de Río Grande, Tierra del Fuego, presentada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, actual secretario del Consejo de la Magistratura. La presentación detalla 73 hechos que podrían ser considerados delitos de lesa humanidad e identifica a 62 imputados, varios de ellos aún en actividad. La instrucción está a cargo de la jueza Lilian Herraez y del fiscal Mario Rapoport. Aún hoy resta que declaren más de sesenta personas, entre víctimas y testigos. Cuando lo hagan, la jueza comenzará a citar a indagatoria y se producirán las primeras detenciones.

El decreto

El problema es que ni una imputación por estaquear a un soldado hasta convertirlo en hielo ni un procesamiento por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura impiden cobrar la pensión “honorífica”. El decreto 886/05 de Kirchner excluyó a condenados por violaciones a los derechos humanos, traición a la Patria, delitos contra el orden constitucional, la vida democrática, o sedición, pero no sentó ningún criterio sobre los procesados, situación jurídica que exige un considerable cuadro probatorio, pero no es sinónimo de culpabilidad: somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Según los registros del programa Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, al día de hoy existen 421 procesados, 42 prófugos y más de trescientos denunciados por secuestros, torturas y asesinatos, contra apenas 32 condenados, los únicos excluidos del cuadro de honor.

En marzo, ante el reclamo de organismos de derechos humanos, el entonces director ejecutivo de la Anses, Claudio Moroni, ordenó suspender el pago a los represores procesados, “teniendo en consideración el especial espíritu que ilustra, motiva y conlleva el reconocimiento”. Fueron excluidos entonces los marinos Jorge Acosta, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Ricardo Corbetta, Hugo Enrique Damario y Juan José Lombardo, el general Osvaldo Jorge García y el suboficial del Ejército, Juan Carlos Camicha.

Moroni también convino con el Ministerio de Justicia un control mensual para que dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo en caso de ser absueltos. Desde hace dos semanas Página/12 intenta infructuosamente que la Anses, que dirige Amado Boudou, informe si el control existe y si hubo nuevos excluidos. El ministro Fernández informó por medio de su vocero que cada mes el Registro de Reincidencia actualiza el padrón de procesados, aunque ignora si hubo nuevos excluidos. En los recuadros que acompañan esta nota se enumeran once casos de militares procesados por secuestros, torturas y homicidios que ponen en duda su honorabilidad y que aún cobran la pensión. A ellos debe agregarse el prófugo Villegas y también ex carapintadas que no llegaron a ser condenados sólo porque se fugaron del país a tiempo, como el mayor médico Pablo Santiago Llanos.

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De la guerra a la picana

Tirador Binotti

El capitán de fragata Julio César Binotti fue durante 1976 y 1977 jefe de la sección “tiradores” del Batallón de Infantería de Marina 2, en Baterías, donde funcionó un centro clandestino que la Justicia federal de Bahía Blanca aún no investigó. En 1982 integró la única unidad naval que combatió cuerpo a cuerpo con los ingleses, el Batallón de Infantería de Marina 5, que tras la derrota se replegó en orden y con sus oficiales a la cabeza. El Centro de Ex Combatientes de Corrientes denunció que Binotti ordenó estaquear a un soldado chaqueño, de apellido Ferreyra, por un supuesto acto de indisciplina. “Lo ataron al suelo por los pies y las manos y le tiraron encima una lona, que no lo dejaba ver qué podían hacerle. Lo tuvieron así desde la mañana hasta la media tarde, durante siete horas”, relató el soldado Orlando Pascua. Tras la derrota, Binotti se integró al Grupo de Operaciones Especiales de la ESMA, con los alias “Fernando” o “Ciscardo”. El sobreviviente Víctor Basterra, que lo fotografió disfrazado de policía, contó en el Juicio a las Juntas que Binotti participó de secuestros, torturas y traslados, entre otros el de René Haidar. “¿Ustedes ahora terminan?”, le preguntó Basterra. “Este gobierno termina. Los grupos de tareas de la Armada nunca terminan”, respondió hace un cuarto de siglo el marino, ahora preso en Marcos Paz.

Al caso de Binotti se suman otros como beneficiarios de la pensión honorífica:

- El capitán de navío Carlos Eduardo Daviou compartió el primer “vuelo de la muerte” que el marino Adolfo Scilingo relató ante el juez español Baltasar Garzón, quien solicitó su extradición en 1997. A diferencia de otras celebridades de la ESMA, Daviou fue un tapado que hizo carrera: llegó a ser segundo jefe de Inteligencia de la Armada, se retiró a fines de 1999 y fue detenido y procesado por el juez federal Sergio Torres recién en marzo pasado. En la ESMA utilizaba el alias “Justo”. Está preso en Marcos Paz.

- El capitán de navío Francisco Lucio Rioja, alias “Fibra” o “Jirafa”. Fue jefe del Servicio de Inteligencia Naval desde junio de 1976 hasta fines de 1977. Luego fue trasladado a Mar del Plata. Está procesado desde junio de 2006 por secuestros y torturas en la ESMA y en la Casa del SIN. También está imputado por extorsionar a secuestrados para robarles sus propiedades. Está preso en Marcos Paz.

- El capitán de navío Hugo Enrique Damario, alias “Jirafa”. Fue oficial de operaciones del GT 3.3.2 entre 1977 y 1978, cuando fue designado en el área de prensa de la Cancillería, donde eran obligadas a trabajar varias mujeres secuestradas en la ESMA. En marzo, la Anses informó que lo excluyó del beneficio, pero en su sitio consta que cobra. Está preso en Marcos Paz.

- El almirante Edgardo Aroldo Otero, alias “Honda”, fue director de la ESMA y comandante del grupo de tareas 3.3.2 desde enero hasta diciembre de 1980. Fue detenido recién en marzo pasado y goza de arresto domiciliario.

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Capitán, huidizo y fusilador

Plá, el preso

- El capitán Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía en San Luis, está sindicado como el autor material del asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti. El ex chofer del servicio de inteligencia de la policía Jorge Velázquez declaró que Fiochetti fue torturada y violada. Le hicieron firmar un acta de liberación, pero al día siguiente volvió a verla en un centro clandestino. Dos noches después la llevaron junto a otro secuestrado a un descampado. Plá los obligó a arrodillarse. “¿Van a hablar o no van a hablar?”, gritó. Ante el silencio, les disparó a la nuca. Plá fue detenido el 26 de septiembre de 2007, después de dos años prófugo.

- El teniente coronel José Tadeo Luis Bettoli, oficial de inteligencia y presidente del Instituto Sanmartiniano de Formosa, está procesado por torturas y desapariciones en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco (causa “Caballero”). También está imputado por la masacre de Margarita Belén.

- El coronel César Amadeo Fragni está procesado en la megacausa Campo de Mayo y será juzgado junto a otros cuatro militares por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, de 14 años, cuyo cadáver torturado y atado de pies y manos apareció en la costa uruguaya. El 15 de abril de 1976 el oficial de infantería Fragni estampó su firma en la constancia de detención de Iris Pereyra, en el mismo operativo que su hijo Floreal. Está detenido en el Instituto Penal de Campo de Mayo.

- El coronel Osvaldo César Quiroga está procesado por los homicidios de Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil. El 12 de agosto de 1976, como miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, los retiró de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba con una orden firmada por el general Juan Bautista Sasiaiñ. Luego los fusilaron en presencia de un hermano de De Breuil, también secuestrado, en inmediaciones del estadio Chateau Carreras.

- El teniente coronel Luis Alberto López está procesado como cómplice del asesinato de José Angel Pucheta, Carlos Sgandurra y José Villada, el 28 de mayo de 1976. Como miembro del mismo regimiento que Quiroga y también por orden de Sasiaiñ, los retiró de la cárcel de Córdoba amordazados y encapuchados. Los tres fueron fusilados por un grupo de militares y miembros del célebre Departamento II de la policía provincial. Familiares de Quiroga y de López cobran en la sucursal Belgrano del Banco Nación.

- El teniente coronel Ernesto Hugo Kishimoto cobró su pensión en la sucursal Abasto del Banco Nación durante el año y medio que permaneció prófugo. Fue detenido el 4 de junio, cuando entregó su DNI para el check in en el aeropuerto de Posadas. Fue procesado por delitos cometidos en el Regimiento de Infantería de Monte 29, pero está excarcelado.

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Un concurso que terminó en la nada

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEJO SIN EFECTO EL PROCESO DE SELECCION DE TRES JUECES FEDERALES

Los juzgados a cubrir son los que dejaron vacantes Juan José Galeano, Jorge Urso y Guillermo Montenegro. El trámite para sustituirlos estaba paralizado. Los consejeros políticos decidieron hacer borrón y cuenta nueva.

Por Diego Martínez

Ahora se hará un nuevo concurso para cubrir los tres juzgados vacantes en Comodoro Py.

Luego de un año y medio de parálisis el Consejo de la Magistratura dejó sin efecto ayer un concurso de 2005 del que nunca llegó a elevar una terna de postulantes al Poder Ejecutivo, unificó el proceso de selección para cubrir los tres juzgados federales vacantes –que se destacan tener en su poder causas sobre corrupción, narcotráfico y derechos humanos– y designó a un jurado distinto del que tácitamente responsabiliza por la demora. “Es una decisión límpida, sin ningún vericueto”, aseguró la diputada y consejera kirchnerista Diana Conti. “Es la culminación de un proceso totalmente irregular. El nuevo llamado apunta a mantener en el juzgado que ocupaba Juan José Galeano a Octavio Aráoz de Lamadrid, un subrogante que constitucionalmente no es juez y que en la evaluación se sacó un uno”, lamentó Beinusz Szmukler, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

El concurso 140 se inició en agosto de 2005, para cubrir el lugar del destituido Galeano. Luego se sumó la vacante que dejó Jorge Urso. En diciembre rindieron examen 32 postulantes. El jurado concluyó que “ninguno demostró un dominio claro de la totalidad de los problemas en juego”, ni “la habilidad para presentar una solución bien argumentada”. Sólo siete sacaron más de cinco puntos. Primero terminó Daniel Petrone (8), hoy juez en lo penal económico. Segundo quedó Ignacio Rodríguez Varela (7) y tercero Marcelo Martínez de Georgi (6,5), que hoy subroga a Urso.

Como 22 postulantes impugnaron las calificaciones por arbitrarias se creó una subcomisión para evaluar sus cuestionamientos, integrada por el juez Luis María Bunge Campos y el diputado Carlos Kunkel. Según la resolución de ayer, ambos advirtieron una “presunta arbitrariedad manifiesta” y convocaron consultores técnicos: los juristas Julio Maier, Gustavo Mitchell y Carlos Lascano. El 14 de febrero de 2007 se conoció su dictamen. Según la resolución de ayer, negaron genéricamente cualquier arbitrariedad pero no se pronunciaron sobre observaciones puntuales, no desvirtuaron la impresión de arbitrariedad. “Eso es falso: los consultores ratificaron que la evaluación fue inobjetable”, sostiene Szmukler.

Desde febrero de 2007 el tema hibernó. En septiembre, cuando Guillermo Montenegro saltó al PRO, surgió la tercera vacante y el Consejo llamó a concurso. La prueba estaba prevista para el 17 de octubre pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió las inscripciones y el trámite del concurso anterior. Sin los tres representantes de los jueces, el tema se trató ayer sobre tablas el planteo de Conti y lo aprobó por unanimidad.

La resolución resaltó una urgencia que durante el último año y medio pareció no haber existido. “Sin reprochar la actividad” del jurado cuya evaluación descalificaron, los consejeros destacaron los planteos de los candidatos bochados y cuestionaron la complejidad del caso elegido para la evaluación con el argumento de que uno similar dividió posiciones en la Corte Suprema. “Como no quisieron designar a la terna elegida trataron de vaciar el concurso 140 designando a los seleccionado en otros tribunales. El concurso fue convalidado por consultores de primer nivel, pero igual lo liquidan. Esto responde a un plan del que son responsables todos los que lo votaron”, concluyó Szmukler.

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Proceso contra Skidelsky

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura abrió el proceso de remoción del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky. El magistrado está acusado de “mal desempeño” y deberá afrontar al jurado de enjuiciamiento si el plenario del cuerpo confirma esta medida. Votaron en su contra los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, el senador Nicolás Fernández, Marcela Losardo, representante del Poder Ejecutivo, y Santiago Montaña, representante de los abogados. El senador Ernesto Sanz y el académico Mariano Candioti se pronunciaron por no acusarlo.

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Los tratados internacionales

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández; el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana; el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; Víctor Abramovich, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, se reunieron ayer en la Facultad de Derecho para presentar La aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, un libro editado por el organismo de derechos humanos. Fernández aseguró que el Gobierno está “compenetrado con la defensa de los derechos humanos”, pero reconoció que “Argentina pide más”. Coincidió con el resto de los panelistas en que la aplicación de los tratados internacionales en el país no se vincula sólo con los crímenes de lesa humanidad, sino también con salud, trabajo, libertad de expresión y medio ambiente, entre otros temas. Taiana señaló que la presencia de casos contra Argentina en el sistema interamericano de derechos humanos es procesado como “oportunidad” y no un problema. Lorenzetti, por su parte, aseguró que el desafío para el futuro ya no pasaba por la normativa, sino por la “efectividad en el cumplimiento de los derechos humanos”. Abramovich afirmó que la aplicación de los tratados internacionales en estos últimos años “fue más allá de lo esperado” y ponderó la creación dentro del Estado de agencias especializadas en derechos humanos, así como la mayor integración de los países de la región en la materia.

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“El quiso conocernos”

Las abuelas de Federico Cagnola Pereyra, el nieto 95

Jorgelina Pereyra y Nilda Cagnola cuentan cómo fue el reencuentro con su nieto, al que buscaron durante 30 años. “No tengan miedo de recuperar su identidad, es de la única manera que van a caminar firmes”, fue el mensaje para los que dudan.

Por Diego Martínez

Jorgelina Pereyra y Nilda Cagnola con Estela de Carlotto, ayer, en la sede de Abuelas.

“Fue el día más feliz de mi vida. Me reí, lloré, le hablé desde el lugar donde están sus papás, le dije que había podido cumplir lo que desde siempre le prometí a mi hija: encontrar a su hijito, mi nieto”, explica Jorgelina “Coqui” Pereyra. “Fue una emoción enorme, porque además él quiso conocernos”, explica Nilda Cagnola con los ojos llorosos. Jorgelina y Nilda son las madres de Liliana Carmen Pereyra y de Eduardo Alberto Cagnola respectivamente, y se refieren al encuentro con su nieto Federico, nacido durante el cautiverio de su madre en la ESMA e identificado por una investigación de HIJOS. Sin ocultar la alegría pero cuidadosas de no dar datos sobre el nieto 95 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, ambas hablaron ayer ante decenas de cámaras en la sede del organismo. También se confirmó la identificación de Laura Catalina De Sanctis Ovando, nacida durante el cautiverio de su madre en el Hospital Militar de Campo de Mayo. “No tengan miedo de recuperar su identidad, es de la única manera que van a caminar firmes”, aseguró Coqui, que encabeza la filial de Abuelas en La Plata.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, repasó la historia de ambas parejas y de sus búsquedas en una sala desbordada de periodistas, amigos, y una numerosa delegación de Chacabuco que acompañó a los familiares de Cagnola. Contó que “Lali” y “Mocho” se conocieron en La Plata, donde estudiaban derecho y donde comenzaron a militar en la Juventud Universitaria Peronista, escala previa a su incorporación a Montoneros. En 1977, cuando La Plata era tierra arrasada, se mudaron a una pensión de Mar del Plata. Ella trabajó como filetera, él en una cámara frigorífica.

Los secuestraron el 5 de octubre, a Liliana con un embarazo de cinco meses, y los trasladaron a la Base Naval de Mar del Plata, donde Eduardo fue visto por última vez. Luego Liliana fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz a Federico en febrero de 1978. Estuvieron juntos alrededor de diez días. Luego los marinos de Mar del Plata se llevaron a Liliana. Allí se le perdió el rastro. En 1985 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó e identificó su cuerpo, enterrado en el cementerio de Mar del Plata. Cagnola sigue desaparecido.

Ambas abuelas denunciaron el caso en 1981. Poco después recibieron denuncias sobre un matrimonio que podía tener en su poder un posible hijo de desaparecidos. La comisión “Hermanos” de la agrupación HIJOS dio con el paradero de Federico. El juez federal Jorge Ballestero ordenó retirar muestras de ADN de pertenencias del joven. El martes, en su despacho, le informó que la compatibilidad con la familia Cagnola-Pereyra es de un 99,99 por ciento. El juez le informó que abuelas, tíos y primos estaban en otra oficina y Federico aceptó conocerlos allí mismo.

“Fue algo sensacional. La emoción, el amor, la alegría, es muy difícil de expresar con palabras. Fui pensando que él querría resguardarse. Cuando el juez nos dijo que quería conocernos fue una sorpresa hermosísima. Así que tuvimos la dicha de verlo. Lo besé, lo abracé, le mostré fotos de su mamá y su papá, y tuve una charla breve”, repasa Coqui.

Nilda admite que sintió “una emoción muy grande” y destaca que nunca perdió la esperanza de encontrarlo. “Con mi esposo, que se tuvo que ir antes que yo, siempre decíamos que teníamos que encontrarlo y que él conociera sus orígenes. Después, que decidiera qué hacer. Ahora es un hombre de treinta años, así que ya decide. Fue una alegría enorme verlo. Conversó mucho y desde luego quiere que lo respetemos, pero intercambiamos los teléfonos, así que a lo mejor nos vamos a comunicar”, sonríe.

–¿Es parecido a sus padres?

–En realidad tenía tanto miedo de emocionarme y llorar y no poder disfrutarlo que me paré y lo único que pude decirle es “sos muy buen mozo”. Después lo besé, le tocaba el brazo, la espalda, lo toqueteé todo, cosa que nunca imaginé. Son tantos años –confiesa Pereyra.

Mientras dialoga con Página/12, Coqui recibe otra noticia, la frutilla de la torta. “Llamó recién tu nieto. Te manda un beso enorme. A vos y a todos. Agradece muchísimo que lo hayan resguardado”, le informan. Coqui salta del sillón, exclama “¡Hay, mi amor!”, corre hacia al resto de las Abuelas y cuenta a los gritos “¡Me llamó mi nieto! ¡Me llamó mi nieto!”.

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Nuevas historias recuperadas

Dos jóvenes apropiados durante la dictadura conocieron su identidad

Se trata de Laura Catalina De Sanctis Ovando, que habría nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo a mediados de 1977, y de Federico Cagnola Pereyra, que nació en la ESMA en febrero de 1978.

Por Diego Martínez

Liliana Carmen Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola fueron secuestrados el 5 de octubre de 1977 en Mar del Plata.

Otros dos hijos de militantes políticos secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar recuperaron ayer su identidad. Se trata de Laura Catalina De Sanctis Ovando, que habría nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo a mediados de 1977, y de Federico Cagnola Pereyra, que nació en la ESMA en febrero de 1978. Son dos jóvenes que después de treinta años tienen la posibilidad de conocer su verdadero nombre y su verdadera historia. En el caso de Federico, fue gracias a una investigación de la agrupación HIJOS. La noticia se anunciará formalmente hoy a las 12 en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Virrey Cevallos 592.

Laura es hija de Myriam “Tita” Ovando, nacida el 17 de enero de 1956 en Rosario, donde estudió psicología, y de Raúl René De Sanctis, que nació el 21 de julio de 1954 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ambos militaban en Montoneros. Myriam fue secuestrada el 1º de abril de 1977 en Virreyes, cerca de su domicilio, en el norte del Gran Buenos Aires. Estaba embarazada de seis meses. Se sabe que estuvo secuestrada en una casa de militantes montoneros, en Escobar, que luego el Ejército utilizó como centro de detención. Desde allí fue trasladada a Campo de Mayo.

En cautiverio, Myriam logró escribir una carta para sus padres. Allí les contó que había dado a luz a una niña a la que llamó Laura Catalina. La carta sugería su certeza de que la niña había sido entregada por los militares a sus abuelos. Pero nunca la recibieron. De Sanctis cayó en mayo de 1977 en la estación de trenes de Campana, provincia de Buenos Aires, y fue visto en el centro clandestino que funcionó en la Comisaría 5ª de La Plata, punto neurálgico del circuito Camps. Ambos están desaparecidos.

Federico es hijo de Liliana Carmen Pereyra, nacida en La Plata el 1º de septiembre de 1956, y de Eduardo Alberto Cagnola, en Chacabuco, 12 de diciembre de 1954, también militantes de Montoneros. Fueron secuestrados el 5 de octubre de 1977 en una pensión de Mar del Plata, en calle Catamarca 2254. Lali, de 21 años, estaba embarazada de cinco meses. Ambos fueron trasladados a la Base Naval local, que encabezaba el vicealmirante Juan José Lombardo (procesado con arresto domiciliario), donde fueron torturados brutalmente. En diciembre de 1977, Liliana fue trasladada para parir en la ESMA, donde funcionaba la maternidad clandestina de la Armada, junto con otra embarazada, Elizabet Marcuzo. Durante más de dos meses estuvo alojada en la “sala de embarazadas”, en el tercer piso del Casino de Oficiales, pegado a “Capucha”. En febrero de 1978 dio a luz a un varón, a quien llamó Federico. La asistió en el parto el médico y capitán de navío retirado Jorge Luis Magnacco, que aún goza de prisión domiciliaria. Los abogados de Abuelas solicitaron que se le revoque el privilegio y se lo envíe a una cárcel común, ya que los últimos exámenes médicos muestran una recuperación del cáncer que padece. Aún esperan respuesta por parte de los jueces federales María Romilda Servini de Cubría y Sergio Torres.

Después de dar a luz, Liliana Pereyra fue retirada de la ESMA, sin su hijo, por los mismos marinos de Mar del Plata que la habían llevado. Federico estuvo al menos un día más en la ESMA, donde quedó en manos de Héctor Febres, el prefecto que murió envenenado pero en silencio en diciembre pasado. Liliana fue asesinada el 15 de julio de 1978. En marzo de 1985 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó e identificó su cuerpo, que había sido enterrado como NN en el cementerio de Mar del Plata. Cagnola permanece desaparecido. Liliana es hija de Jorgelina Azzarri de Pereyra, “Coqui”, referente de Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata, que después de treinta años de espera ayer conoció a su nieto.

Con las dos nuevas restituciones llega a 94 la cifra de hombres y mujeres recuperados por Abuelas. En las dos identificaciones anteriores, confirmadas a fines de julio, las investigaciones fueron impulsadas por los hermanos de los jóvenes apropiados. Ahora se trata de una investigación de los equipos de Abuelas, en el caso de Laura, y de la comisión “Hermanos” de la agrupación HIJOS en el de Federico.

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La saña de los torturadores

Relatos de Pilar Calveiro y Soraida Martín en el juicio por la Mansión Seré

Dos ex detenidas contaron que la tortura de la Fuerza Aérea “incluía manoseos y vejaciones”. También que en el Hospital Aeronáutico se atendía a personas que habían sido torturadas. El fiscal Félix Crous pidió que se televisen los alegatos y la sentencia.

Por Diego Martínez

Pilar Calveiro estuvo en Mansión Seré, la comisaría de Castelar y la ESMA.

Médicos y enfermeros del Hospital Aeronáutico atendieron en 1977 a mujeres vendadas, con signos de torturas, trasladadas desde Mansión Seré. Así surge del testimonio de Pilar Calveiro viuda de Campiglia, sobreviviente del centro clandestino de la Fuerza Aérea, que declaró ayer en el juicio a los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani. Soraida Martín, secuestrada a los 16 años, cuando militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), relató la saña de los torturadores de Seré y de la Comisaría 3º de Castelar, por donde pasaron decenas de militantes de la Zona Oeste. Hoy declarará Claudio Tamburrini, protagonista del célebre escape que dio lugar al film Crónica de una fuga.

Calveiro fue secuestrada en mayo de 1977. Forcejeó y logró tirarse del auto, pero la agarraron y la encerraron en el baúl. Estuvo un mes en Mansión Seré, dos veces en Castelar y dos meses “prestada” en la ESMA. Recién en septiembre, cuando llegó a una casa del Servicio de Inteligencia Naval, dejó de estar en manos de la Fuerza Aérea.

Dos días después de llegar a Seré saltó al vacío desde una ventana. “Me fracturé un brazo, la nariz, el talón y varias costillas”, resumió. La llevaron al Hospital Aeronáutico “vendada, esposada, sucia, con fracturas y señas de torturas. Me atendieron en Traumatología. Me sacaron radiografías y me enyesaron el tórax, un brazo y una pierna. Después me esposaron a una camilla”, contó. La segunda visita fue con Graciela Tauro, embarazada que dio a luz en la ESMA, desaparecida. El médico le sacó el yeso y auscultó a Tauro. “Les voy a dar un refrigerio para que tengan un buen recuerdo”, les dijo. “Nos dio galletitas y leche, que no tomaba desde que me habían secuestrado”, recordó ayer Calveiro.

Investigadora de la Universidad Nacional de México, donde se exilió, Calveiro recordó que la tortura de la Fuerza Aérea “incluía manoseos y toda una parte dedicada a vejaciones”. Los pilotos “se manejaban con torpeza”. Eso no alivianaba el cautiverio. “Había mucha crueldad, ensañamiento y preguntas absurdas: cuál era la dirección de Firmenich o en cuántas orgías había estado. Había falta de inteligencia en todo sentido y una combinación invariable de tortura física y sexual.”

“La patota se identificaba como de Fuerza Aérea, hablaban con desprecio del Ejército y la Armada”, aclaró. También robaban. Desvalijaron su casa. Ya secuestrada, “dormí en la cama de mi hijo y vi que usaban la campera de mi marido”, contó. Destacó que “tenían un odio particular con judíos y comunistas. Mientras torturaban, gritaban y hablaban de Dios, era un ritual muy loco. Se presentaban como ‘defensores de la moral’”. En Castelar “la patota se identificaba como de Fuerza Aérea pero de la Base de Morón”.

–La testigo dijo que se interrogaba sobre militancia. ¿Qué quiere decir? –preguntó José Ignacio Garona, abogado de los brigadieres que ya escuchó a Calveiro durante el Juicio a las Juntas.

–Participación política en algún grupo: gremial, armado, político.

–¿Militó en la organización armada Montoneros? –preguntó el ex defensor del brigadier Orlando Agosti. Ni los querellantes, ni el fiscal, ni los jueces objetaron la pregunta.

–Sí –respondió serena Calveiro.

Soraida Martín juró “por los 30.000 compañeros desaparecidos”. El 16 de diciembre de 1976 la Fuerza Aérea allanó su casa y secuestró a su hermana de 14 años. Ese día “arrasaron Cardales, Villa Udaondo, Villa Irupé y Villa Angela”, detalló. Todos fueron a parar a la 3ª de Castelar. Martín fue secuestrada en Mendoza el 29 de enero. La trasladaron desde la Base Aérea del Plumerillo. “Cuando llegábamos pidieron pista a Base Palomar”, recordó. La torturaron en Castelar y luego en Seré, donde perdió todos los dientes por la tortura en las encías. Recordó “los cubiertos de alpaca con las alitas” de la Fuerza Aérea. El 28 de diciembre la liberaron. El 29 fueron a avisarle que la vigilaban. Un mes después apareció su hermana. Al salir se contactó “con las familias de los compañeros secuestrados, una tarea militante”, aclaró. También estuvo secuestrado su padre. “Perdió una pierna en la tortura. Estuvo en la Brigada de San Justo y en el GIVA de Merlo. Hacía diez años que no vivía con nosotros, no tenía idea de nada.”

Durante la audiencia de ayer, el fiscal federal Félix Crous solicitó al Tribunal Oral Federal 5 que autorice la televisación de alegatos, réplicas, dúplicas y sentencia, como ocurre en todos los tribunales del país. Crous destacó que el rechazo a la solicitud anterior se basó en un fallo de la Corte de Estados Unidos de 1966, que hay jurisprudencia más moderna que sostiene lo contrario y que en Estados Unidos existe un canal que televisa juicios en vivo. “En la sociedad de masas el sentido de la publicidad no se agota en la posibilidad de quienes pueden asistir a la sala”, advirtió. Guillermo Gordo, presidente del tribunal, se limitó a tomar nota.

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