MURIO EL EX SUBCOMISARIO RODOLFO ALMIRON, EX JEFE OPERATIVO DE LA TRIPLE A
El represor falleció a los 73 años, sin haber sido indagado por la Justicia, pese a su responsabilidad en más de un millar de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1976. Sólo queda un imputado vivo en la causa Triple A.
Formalmente insano y sin haber llegado a prestar declaración indagatoria, murió impune a los 73 años el ex subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, ex mano derecha de José López Rega y jefe operativo de la Alianza Anticomunista Argentina, responsable de un millar de asesinatos políticos entre fines de 1973 y 1976. Con su muerte, sumada a las de Juan Ramón Morales, en agosto de 2007, y Felipe Romeo, el mes pasado, el octogenario Miguel Angel Rovira es el único imputado del expediente Triple A, que agoniza en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en la causa, denunció ayer la existencia de “una estrategia concertada entre los represores, sus abogados y una parte sustancial del Poder Judicial, para atrasar los juicios hasta que los genocidas mueran o sean declarados insanos”.
Almirón tenía orden de captura desde 1984, pero fue detenido el 28 de diciembre de 2006, tras una investigación del diario El Mundo, de España, impulsada por exiliados argentinos, que denunció que vivía en las afueras de Valencia. Recién entonces, un año después del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el juez Oyarbide dispuso reabrir la causa y pidió su extradición. Llegó al país en marzo del año pasado. El Cuerpo Médico Forense admitió sus problemas de salud, pero dictaminó que conservaba las facultades mentales como para comprender y responder preguntas. Sin embargo, el juez no dispuso su indagatoria.
Oyarbide ordenó apresar a Almirón en el penal de Marcos Paz y luego le concedió el arresto domiciliario en la casa de su hermana, privilegio que revirtió la Cámara Federal. Un mes y medio atrás sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. La Comisión de Homenaje creada para recordar a los siete de-saparecidos que trabajaban allí repudió su presencia con un escrache atípico, desde el interior del hospital. “Estoy libre y seguiré libre”, desafió a una médica el ex ladero de López Rega. La semana pasada fue declarado insano y, por ende, inimputable. El jueves, Oyarbide suspendió el proceso en su contra. Murió el viernes, aunque la noticia se conoció ayer.
La causa Triple A está paralizada. La Cámara Federal confirmó en marzo de 2008 que los crímenes cometidos por los lugartenientes del ex ministro de Bienestar Social eran delitos de lesa humanidad, por eso imprescriptibles. Pero la investigación, que el juzgado no delegó, nunca avanzó. El 30 de diciembre el fiscal Taiano propuso ampliar la investigación, que abarcaba una docena de asesinatos, a 628 crímenes y cuarenta casos de amenazas de muerte. También sugirió al juez Oyarbide ochenta medidas de prueba: recopilar los expedientes judiciales dispersos, recibir infinidad de declaraciones testimoniales, convocar a la Universidad de Buenos Aires para que realice una pormenorizada reconstrucción histórica y a la sociedad para que aporte información, entre otras. Hasta ayer Taiano no fue notificado de que el juez hubiera ordenado producir ninguna prueba.
De los cuatro imputados que la causa tenía a fines de 2006, sólo sobrevive Rovira. El ex comisario Morales también fue detenido a partir de una investigación periodística que lo descubrió tomando aire, en pijama, en el balcón de su departamento de Carranza 2336. Llegó a ser indagado, pero murió con arresto domiciliario siete meses después, el 24 de agosto de 2007. Tenía 88 años. Felipe Romeo salió del país luego de que Página/12 revelara, en enero de aquel año, que vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de edificios antiguos. El ex director de El Caudillo, desde donde señalaba a las futuras víctimas, estuvo prófugo en Brasil dos años. Familiares y amigos lo ingresaron al país a principios de enero y lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso. El suboficial Rovira, ex jefe de seguridad de Metrovías, se entregó voluntariamente y goza de arresto domiciliario en su casa de Pasco 1032, barrio de San Cristóbal. Tampoco López Rega llegó a ser condenado: murió en prisión en 1989.
Almirón fue exonerado de la Policía Federal en los años ’60 por connivencia con delincuentes. López Rega lo reclutó en 1973. La marca registrada de las patotas que comandó se caracterizaron por “exhibir los cuerpos torturados, destrozados” luego de los asesinatos, apuntó Taiano en su dictamen. A mediados de 1975, una movilización gremial y las investigaciones judiciales desbancaron a López Rega y lo obligaron a abandonar al país. Los granaderos desarmaron a sus custodios en la quinta de Olivos. Almirón, Morales y Rovira, entre otros, acompañaron al Brujo en su exilio madrileño.
Almirón estaba acusado formalmente por una decena de crímenes, entre otros el del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, el abogado Alfredo Curuchet, el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi, Luis Latrónica y Pablo Laguzzi, un bebé de cinco meses hijo del entonces decano de la Facultad de Farmacia de la UBA. En marzo del año pasado, cuando llegó a Ezeiza y quedó detenido, un periodista alcanzó a preguntarle: “¿Se arrepiente?”. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, desafió el homicida, encorvado y con esposas.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-126529-2009-06-12.html
DETENCION EN ESTADOS UNIDOS
Seis años de changüí
Luego de tres años y medio prófugo de la justicia, fue detenido en Estados Unidos el gendarme retirado Juan Miguel Méndez, alias Nelson, ex segundo jefe de guardias de los centros clandestinos Banco y Olimpo. El represor se había refugiado en Estados Unidos hace seis años, cuando se reabrió la megacausa Primer Cuerpo de Ejército, y tenía pedido de captura del Juzgado Federal de Daniel Rafecas desde mediados de 2005.
La detención de Méndez, que según oficios de Interpol fue localizado en Florida hace tres años, se relaciona con la intención de la administración Obama de cambiar la imagen de su país como refugio de responsables de graves violaciones a los derechos humanos. También en Florida pasa sus días el fusilador de la Masacre de Trelew, teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, dueño de una empresa que provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Su pedido de captura no logra superar desde hace 16 meses las exigencias del agregado del Departamento de Justicia de la embajada de los Estados Unidos.
Méndez fue destinado luego del golpe de Estado al escuadrón móvil de Campo de Mayo, donde secundó a Guillermo Cardozo, alias Cortez. La relación entre nombre y alias la confirmó el fallecido Juan Antonio del Cerro, alias Colores. “Nelson recorría el centro clandestino pero no teníamos contacto directo. El y Cortez estaban por encima de los guardias”, recordó Isabel Fernández Blanco, sobreviviente de El Olimpo. “Gendarmería tenía guardias jodidas. Eran los responsables de seguridad del campo, lo cual no implicaba que no participaran en operativos. Nelson no tenía una presencia fuerte en Olimpo”, coincidió Enrique Guezán.
En 2003, cuando ingresó a Estados Unidos con visa de turista, declaró que no estaba imputado por violaciones a los derechos humanos. La megacausa se acababa de reabrir y aún no tenía pedido de detención, aunque sabía que sólo era cuestión de tiempo. Su pasado lo obsesionó desde el retorno de la democracia. Surge de su legajo que, cuando comenzó a ver su alias en notas de prensa, adujo problemas de depresión por tareas relacionadas en el marco de “la lucha contra la subversión” y pidió la baja. Fuentes con acceso al expediente aseguran que admitió por escrito haber torturado a prisioneros.
En agosto de 2005, cuando Rafecas ordenó su detención, le llevaron a un gendarme homónimo. Dos guardias ratificaron la confusión. El juez analizó los legajos, dictó la falta de mérito del homónimo y pidió la captura de “Nelson”. En 2006 Interpol notificó que vivía en Florida pero debieron pasar tres años y un cambio de presidente para que lo detuvieran.
Fuentes de trato regular con organismos de gobierno norteamericanos sugieren que, tras la asunción de Obama, los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior comenzaron a revisar pedidos de captura de acusados de graves violaciones a los derechos humanos con el fin de cambiar el perfil de su política ante crímenes de lesa humanidad cometidos por ciudadanos del resto del mundo. El tono del comunicado de la embajada ratifica el diagnóstico. “El arresto testimonia que no hay refugio seguro para violadores a los derechos humanos o para aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y otras atrocidades”, dijo el encargado de negocios Thomas Kelly. El tiempo que demore la captura de Bravo, dueño en Miami de RGB Group, podrá confirmar o desmentir las buenas intenciones.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/126529-40484-2009-06-12.html
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