El féretro del joven Ariel Farfán fue despedido en las tierras ocupadas. La familia de Reyes no permitió la entrada a la CCC.
Ya sin las carpas, frazadas y colchones que les quemó la policía de Jujuy, pero con la decisión intacta de resistir hasta conseguir su objetivo, las setecientas familias que ocupan tierras del Ingenio Ledesma para construir allí sus viviendas se concentraron ayer a las cuatro de la tarde para despedir a Ariel Farfán. La madre del pibe de 17 años que hace diez días se instaló para exigir un terreno no quiso dejarlo en el cementerio sin antes pasar con el féretro por el lugar donde su hijo pensaba vivir y perdió la vida. Algunos gritos de “asesinos” tuvieron como destinataria a la familia Blaquier, otros al gobierno de Walter Barrionuevo, todos a la policía. Mientras el municipio de Libertador General San Martín organizaba ayer la provisión de agua y luz en las quince hectáreas, los ocupantes se las ingeniaban para enfrentar la ola polar y seguían esperando ayuda por parte de los gobiernos de la provincia y de la Nación.
Ayer fueron enterrados tres de los cuatro muertos. Todos fueron velados en sus casas. Los familiares de Félix Reyes, de 21 años, se negaron a permitir el ingreso de una delegación de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encabezó las negociaciones durante los últimos días. Marcela y Karina Reyes afirmaron no tener dudas de que a su hermano lo mató la policía, pero le ordenaron al líder de la CCC, Enrique Mosquera, que se alejara del lugar. La hipótesis de la familia es que Félix fue asesinado en represalia por la muerte del policía Alejandro Farfán, de 22 años, quien también fue velado ayer en la localidad de Fraile Pintado. Hoy será enterrada en Calilegua la cuarta víctima, Juan José Velázquez, de 37 años.
“Vi cuando mataron a Félix y a Ariel, yo estaba parado a escasos diez metros”, relató Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (Capoma). “El disparo salió del sector de la Comisaría de Infantería, que después la gente del barrio prendió fuego. Ahí no había manifestantes”, afirmó. “La versión del fuego cruzado, los francotiradores o las balas perdidas que difundió el jefe de policía es una total mentira. No hubo ningún enfrentamiento con armas de fuego. A la gente de Libertador le gusta la caza y sabe usar armas, pero si las hubieran usado, esto habría sido una verdadera masacre, de manifestantes y de policías”, explicó.
El dirigente de Capoma, organismo de derechos humanos que necesita un abogado para poder constituirse como querellante en la investigación de los asesinatos, calculó al atardecer que quedaban “ocho o nueve compañeros internados, todos con heridas de bala de plomo, aunque fuera de peligro”, e informó que ya habían ubicado a otros dos que estaban desaparecidos. “Julio Fernández estaba irreconocible porque le desfiguraron el rostro, le dieron una paliza atroz. El cumpa Tolaba se había escondido en la casa de un amigo, no quería ir al hospital por miedo a que lo detuvieran. Hoy lo llevaron y quedó internado con las piernas llenas de perdigones”, contó.
“La policía no nos dio tiempo a nada. Vinieron y empezaron a tirotearnos. La caballería se nos vino encima y arrasó con mujeres y niños, no les importó nada”, recordó ayer Patricia Jacu, de la comunidad guaraní. “Les pedimos por favor que nos dejaran sacar las frazadas, pero no, nos insultaron, nos faltaron el respeto, y en un momento empezaron a quemar todo, también las banderas argentinas y de la comunidad”, relató. “Desarmaban todo, hacían un bulto y prendían fuego”, coincidió Gutiérrez. “Todo esto fue a la madrugada, estaba oscuro. La gente corría por las calles de los barrios. Alrededor de 8.30 comenzó a aclarar, pero la represión continuó hasta la una de la tarde, fueron siete horas”, precisó.
La jornada de ayer fue de duelo pero también de organización para seguir resistiendo. “No nos vamos a ir porque estas tierras nos pertenecen, la empresa nos las prometió hace cuatro años”, recordó Jacu, que además de golpes recibió heridas de balas de goma en una pierna y un brazo. “Estamos alertas, preparados por si viene otra represión. Nos preparamos con piedras, hondas y palos para defendernos. Estamos chupando frío, pero de acá no nos saca nadie”, aseguró la mujer, madre soltera, que intentaba armarse un refugio rodeada por sus hijos de 3, 6, 7 y 8 años.
“La gente está confiada en que la expropiación se va a concretar, pero con estas quince hectáreas no se soluciona el problema habitacional. Según nuestro análisis hacen falta entre cincuenta y cien hectáreas sólo en Libertador”, advirtió el representante de Capoma. El proyecto de ley presentado por el gobernador Barrionuevo, que esta semana trataría la Legislatura, incluye también terrenos en Fraile Pintado, donde ya hubo cuatro ocupaciones que terminaron en desalojos, y en Pampa Blanca. “Hay un fuerte déficit en Calilegua, en Caimancitos, por eso no se entiende lo de Pampa Blanca, que está muy lejos. Sospechamos que hay detrás algún manejo político que no entendemos”, concluyó.
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