Una fuga planificada con su debido tiempo

Días antes de condenar a los dos represores ahora prófugos, el tribunal que los juzgó reforzó su guardia ante la posibilidad de que huyeran. Hay sospechas de complicidad judicial en la tramitación del traslado para ser atendidos en el Hospital Militar, de donde se fugaron.

 

Por Diego Martínez

En los días previos a la sentencia que recibieron los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, los jueces del Tribunal Oral Federal de San Juan que finalmente los condenaron por delitos de lesa humanidad tomaron nota de las versiones sobre una posible fuga y ordenaron reforzar las custodias durante los traslados y en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan donde se desarrollaron las audiencias. El miércoles 3 de julio, mientras sus defensores terminaban los alegatos, ambos militares presentaron escritos pidiendo ser trasladados de urgencia al penal de Marcos Paz, escala previa al Hospital Militar Central Cosme Argerich, donde ya tenían turnos asignados que había gestionado la mujer de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada del hospital de la avenida Luis María Campos. El tribunal frustró la maniobra al rechazar los pedidos, el jueves 4 los condenó y el lunes 8 se inició la feria judicial en San Juan. Los datos que comienzan a surgir tras la fuga sugieren que el objetivo de los represores era escabullirse antes de la sentencia y ponen de manifiesto que cayeron en oídos sordos las señales de alerta sobre una posible fuga.

Jorge Olivera y Gustavo De Marchi

Olivera y De Marchi, más allá de los secuestros, tormentos, violaciones y asesinatos que los hermanan con centenares de represores, no son dos militares más. Olivera, que en 1976 era un teniente primero de 25 años, tuvo a su cargo las tareas de inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, donde cometió los delitos que le valieron una condena a prisión perpetua. Pasada la dictadura se recibió de abogado y pidió la baja del Ejército con el grado de mayor, el último al que podía llegar por ascenso directo, sin que la comisión de acuerdos del Senado se detuviera a analizar sus antecedentes. Después supo defender a un ícono del terrorismo de Estado como el general Carlos Guillermo Suárez Mason, participó del alzamiento carapintada en 1987, se benefició con la ley de obediencia debida y en el año 2000 llegó a burlar a la Justicia de Italia con la ayuda de inteligencia del Ejército. En diciembre de 2007 se ordenó su captura y estuvo once meses prófugo, hasta que la Policía Federal lo detuvo en Vicente López.
De Marchi pertenece a una familia de ganaderos de Corrientes y es hermano del empresario y capitán retirado Juan Carlos De Marchi, a quienes sus camaradas bautizaron El Electricista, por sus destrezas con la picana eléctrica. Juan Carlos supo presidir la Sociedad Rural de Corrientes y recibió en 2008 una condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en su provincia. Gustavo, ahora prófugo, les advirtió a quienes lo acusaban que era un “prisionero político” y que ellos eran sus “enemigos”, y se ufanó de haber sido entrenado para fracturarle la tráquea a una persona con un movimiento de apenas dos dedos.
Durante los quince meses que duró el primer juicio a represores de San Juan, tanto Olivera como De Marchi se mostraron físicamente saludables y no manifestaron ningún problema psicológico, kinesiológico o dermatológico como los que finalmente invocaron con éxito para conseguir el traslado y lograr la fuga. Durante todo ese período estuvieron presos en el Penal de Chimbas, el mismo al que Olivera iba y venía con detenidos a los que interrogaba durante la dictadura.
En junio, a medida que se acercaba el final del juicio, llegaron a oídos de fiscales, querellantes y jueces distintos rumores sobre la planificación de una fuga en el traslado de los imputados desde el Penal de Chimbas hasta el rectorado de la universidad. El tribunal que integraron Raúl Fourcade, Héctor Cortés y Alejandro Piña reclamó entonces más agentes al Servicio Penitenciario de San Juan, que los trasladaba cada día hasta la sala de audiencias, y también a la Policía Federal, que tenía a su cargo la custodia del edificio.
El 3 de julio, mientras el tribunal trabajaba contrarreloj para poder dictar la sentencia antes del inicio de la feria judicial, Olivera y De Marchi, por separado, presentaron sendos escritos en los que pedían el traslado a Marcos Paz por supuestos problemas de salud. En ambos casos adjuntaron turnos que ya se habían gestionado en el Hospital Militar, según informó a Página/12 una alta fuente de la Justicia de San Juan. Durante un cuarto intermedio Olivera pidió una audiencia privada con el tribunal, que se la concedió pero en presencia de fiscales, abogados querellantes y defensores. Reiteró entonces el pedido de ser llevado con urgencia a Marcos Paz con el argumento de ver a su madre, supuestamente afectada por problemas de salud, y a su esposa, la psicóloga con grado militar Marta Noemí Ravasi, con quien dijo que intentaba recomponer un vínculo afectivo. El tribunal rechazó de hecho el pedido y anunció para el día siguiente la instancia de las “últimas palabras”.
El miércoles 4, después de las condenas, los jueces ordenaron poner a los represores a disposición del Servicio Penitenciario Federal para que los trasladara al penal que considerara pertinente. Olivera y De Marchi estuvieron en Chimbas hasta el martes 16, cuando por orden del juez federal Leopoldo Rago Gallo, que habría decidido trabajar los primeros días de la feria, los penitenciarios los trasladaron hasta Marcos Paz. Después el juez civil Miguel Angel Gálvez, como subrogante del juzgado federal, firmó la autorización para llevarlos al Hospital Militar. Gálvez declaró ayer que no recordaba el motivo invocado por los condenados, que no revisó el expediente porque entendía que ya estaba en conocimiento de Rago Gallo y que se limitó a firmar el escrito. El abogado querellante Fernando Castro acusó ayer por la tramitación del traslado a la secretaria Paula Carena de Yanello, nuera del ex fiscal Juan Carlos Yanello, a quien el tribunal que condenó a los represores ordenó investigar por su actuación durante la dictadura. Tal como informó ayer Página/12, Rago Gallo es íntimo amigo del ex camarista Otilio Romano, el hombre fuerte del Poder Judicial de Cuyo que frenó sistemáticamente el avance de las causas de lesa humanidad hasta que las acusaciones de su propia actuación en el terrorismo de Estado lo llevaron a fugarse hacia Chile para evitar terminar en la cárcel.