De la guerra sucia al narcotráfico

EL INCREIBLE PERIPLO DE UN EX SERVICIO QUE REVISTABA CON GORDON

Por Diego Martínez

Lorenzo, alias “Mayor Guzmán”.

La mano de obra desocupada de la dictadura militar sigue empeñada en causas nobles. Ernesto Lorenzo, el líder de los narcotraficantes detenidos ayer, tiene una extensa trayectoria ligada a las Fuerzas Armadas y a paramilitares que el mero paso del tiempo no logra reciclar. El “Mayor Guzmán”, tal su alias o nombre de guerra desde hace treinta años, trabajó en Inteligencia del Ejército durante la guerra sucia, se integró luego al Batallón de Inteligencia 601 –nueve de sus miembros acaban de ser condenados– y fue hombre de confianza del paramilitar Aníbal Gordon, para quien siguió trabajando en secuestros extorsivos en los años ’80. Ya había caído preso por narco en 2000. Nadie le podrá negar coherencia.

Lorenzo tiene 58 años. Es civil, aunque durante años estuvo rodeado de uniformes verde oliva. A principios de los ’70 comenzó a especializarse en asaltos y defraudaciones de la mano de Gordon, que con los años se convertiría en celebridad entre los genocidas del Cono Sur. Con el surgimiento de la Triple A las ofertas laborales se diversificaron. Antes del golpe de Estado, Gordon y Lorenzo fueron reclutados en Rosario por el general Otto Paladino, que de la Triple A saltó a conducir la SIDE durante la dictadura. Paladino fue uno de los cerebros del centro clandestino Automotores Orletti, un símbolo del Plan Cóndor por el que pasaron desaparecidos de varios países de Sudamérica. Durante los años duros del gobierno de facto, Lorenzo trabajó en el departamento II de Inteligencia del Cuerpo II de Ejército, en Rosario, como subordinado del coronel Oscar Pascual Guerrieri, uno de los condenados en diciembre.

Entre 1982 y 1984 la banda de Gordon se especializó en secuestros extorsivos. Los primeros cinco minutos de fama de Lorenzo llegaron cuando la dictadura agonizaba: participó como chofer en el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. Fue en agosto de 1983 en la esquina de Cabildo y Republiquetas. Junto con Eduardo “Zapato” Ruffo (apropiador, procesado y preso por su actuación en Automotores Orletti), César Enciso, Marcelo Gordon (hijo de Aníbal) y Carlos Rizzaro, Lorenzo trasladó a Kelly hasta una casa operativa en Rosario, donde lo aguardaba Aníbal Gordon. Según contó el “Mayor Guzmán” a la Justicia, “se le preguntó para qué servicio de Inteligencia trabajaba”. Gordon agregó que entregaron el video con el interrogatorio al Cuerpo II, que les ordenó liberarlo por el revuelo que la publicidad del caso había causado. Un año después Lorenzo fue detenido. En 1991 el juez federal Martín Irurzun lo condenó a siete años de prisión, pero ya los había cumplido.

En 1992 volvió a caer, esta vez por un intento de robo a la sucursal de plaza San Martín del Lloyds Bank. El 29 de octubre de 1995, al volante de una camioneta, fue detenido una vez más en el barrio de Belgrano. En la caja transportaba un cuadro de Goya del sigloXVIII, Retrato de María Teresa Ruiz de Apodaca y Sesma. Lo había robado la banda de Gordon dos meses después de secuestrar a Kelly, en 1983, del Museo de Arte Decorativo Odilio Estevez, de Rosario. La obra de arte estaba valuada en más de tres millones de dólares.

Su anteúltima caída fue el 28 de octubre de 2000 en una casaquinta de General Rodríguez, como miembro de un grupo de narcotraficantes, su último oficio. Lo acompañaba José Orlando Mercado Solís, que un día antes se había escapado de la cárcel de Devoto con la colaboración de agentes del Servicio Penitenciario Federal. Además de credenciales falsas de la policía y de la Secretaría de Seguridad Interior, la banda tenía un arsenal en su poder. Lorenzo había cambiado de rubro pero no de alias: “Mayor Guzmán” era su nombre clave en la organización.

En 2005 el juez Norberto Oyarbide condenó a la banda de Gordon por los secuestros de los ’80. A Lorenzo le dio diez años, pero por la pena que purgó en los ’80 siguió en libertad. Fuentes vinculadas con la detención de ayer informaron que estuvo cuatro años preso, por narcotráfico y tenencia de armas de guerra, hasta que la Cámara Federal de San Martín lo liberó, por causas que aún no se desconocen.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-97745-2008-01-20.html

La patota de la brigada

DETUVIERON A UN MILITAR Y DIEZ POLICIAS EN EL CHACO

Los represores están acusados de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979. En la misma causa están imputados dos ex fiscales que fueron separados de sus cargos.

Por Diego Martínez

La Brigada de Investigaciones de Resistencia, el centro clandestino más importante del Nordeste.

Un militar y diez policías retirados de la provincia de Chaco fueron detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979 en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el centro clandestino más importante del nordeste argentino. La medida fue ordenada por el conjuez federal Juan Antonio Piñero en la causa Caballero, uno de los primeros imputados. Se trata del mismo expediente en el que están acusados por su actuación durante la dictadura los ex fiscales federales chaqueños Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes, separados de sus cargos el mes pasado por la Procuración General de la Nación, que ordenó someterlos a un jury de enjuiciamiento. Mazzoni renunció no bien conoció la medida.

Los imputados que el juez Piñero ordenó detener el 15 de diciembre pasado por su participación en torturas y desapariciones en la brigada que funcionó en calle Juan B. Justo 473 son el teniente coronel José Tadeo Luis Bettolli, denunciado también por la masacre de Margarita Belén, y los policías Félix “El Indio” Cáceres, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza, Juan Ramón Rodríguez Valiente, José Omar Esquivel, Guillermo Antonio Enchausti, Cristino Martínez, Ramón Héctor Maidana, Miguel Angel Vitorello, Francisco Orlando Alvarez, Pedro Ramos, Regiardo Cáceres, Omar Eduardo Monzón y Oscar Octavio Ayala. Los últimos cuatro están muertos. Excepto Bettoli, que vivía en Formosa –como presidente del Instituto Sanmartiniano fue habitué hasta estos días de los actos oficiales del gobierno provincial–, el resto de las detenciones se produjeron en Chaco.

Desde su reapartura en 2003, la causa Caballero alternó detenciones, liberaciones y demoras. En septiembre de ese año, por orden del juez federal Carlos Skidelsky, fueron arrestados por primera vez los ex policías Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José María Cardozo, José Marín y Héctor Ramón Escobar. Pero sus defensores lograron apartar del caso al juez y el 3 de diciembre quedaron en libertad. En octubre de 2005, luego de una serie de recusaciones, los volvieron a detener, pero entre Navidad y Año Nuevo el conjuez Ricardo San Martín los volvió a liberar. El 27 de diciembre de 2006 el conjuez Piñero volvió a apresarlos. La tercera, hasta ahora, fue la vencida.

Los cinco policías están en la Alcaidía de esa fuerza, donde ahora los acompañan sus diez camaradas, apresados por primera vez luego de tres décadas de plena impunidad. La custodia está a cargo de la propia policía de Chaco. La alcaidía fue el centro clandestino donde las Fuerzas Armadas concentraron y torturaron a los detenidos políticos provenientes de la Unidad 7 y de la propia Brigada antes de fusilarlos en la masacre de Margarita Belén, la madrugada del 13 de diciembre de 1976.

En la causa también están detenidos pero con prisión domiciliaria los ex agentes Lucio Caballero y Ramón Esteban Meza, en tanto el teniente Luis Alberto Pateta, imputado también por Margarita Belén, está en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo. Procesados pero sin prisión preventiva están los ex policías Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard y el agente de Inteligencia Alberto Valussi. Los dos máximos responsables de ese centro de exterminio murieron impunes: el ex comisario Carlos Alcides Thomas era jefe de la Brigada y su par Wenceslao Ceniquel, jefe de la policía de Chaco.

En la misma causa están imputados el ex fiscal federal de primera instancia Carlos Flores Leyes y el ex fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni. Están acusados de participar en interrogatorios ilegales, amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad. Ambos fueron apartados de sus funciones el mes pasado por orden del titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, quien ordenó que se los someta a un jury de enjuiciamiento. Mazzoni renunció dos días después. Sobre los dos magistrados y el ex juez federal de Resistencia Luis Angel Córdoba, ya jubilado, existe en la causa Caballero un requerimiento de la fiscalía para que se los indague por tormentos. Aún no fueron citados. Las querellas también los denunciaron por su actuación en Margarita Belén.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-97697-2008-01-19.html

NO VARIA LA CANTIDAD DE IMPUTADOS PROFUGOS

La estabilidad más indeseable

Por Diego Martínez

La cantidad de prófugos imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura –44 según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales– es la más estable de las situaciones procesales entre los represores autóctonos. Desde marzo del año pasado, cuando Página/12 publicó que una de cada siete órdenes de captura no se habían concretado, pocos jueces acusaron recibo.

El 1º de abril Interpol detuvo en Virginia, Estados Unidos, a Ernesto Barreiro, alias Nabo, jefe de torturadores de La Perla, en Córdoba. El 10 de mayo otra vez Interpol capturó a Enrique José Del Pino, alias Miguel, jefe de un grupo de tareas de El Banco y El Olimpo. El 18 de septiembre, tras cuatro años huyendo de la Justicia, Gendarmería detuvo al sargento ayudante Alfredo Omar Feito, alias Cacho o Speziale, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 de Ejército. El 26 de septiembre la división antiterrorismo de la Policía Federal apresó al capitán Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía de San Luis imputado por el homicidio de Graciela Fiochetti. También durante 2007 fueron detenidos el uruguayo Ernesto Soca, alias Drácula, investigado por su papel en Automotores Orletti, y el policía salteño Jorge Héctor Zanetto, imputado por el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone.

Como contracara de esas capturas, se incorporaron a la lista de prófugos Herminio Jesús Antón, alias Perro, ex miembro de la temible D2 de inteligencia de la policía de Córdoba investigado en la causa del Comando Libertadores de América; Juan Máximo Cocteleza, miembro del grupo de tareas Swat investigado por su actuación en el Hospital Posadas; los oficiales Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic, imputados por las torturas a las que fue sometida la actual jueza sanjuanina Margarita Camus en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, más los dos prófugos auxiliados por la Justicia federal de Bahía Blanca. Encontrarlos es imprescindible para garantizar la seguridad de testigos, querellantes y magistrados.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/97460-30798-2008-01-14.html

La causa donde los represores mueren o se escabullen impunes

La lentitud de la Cámara Federal de Bahía Blanca ya permitió que sean más los fallecidos y prófugos que los imputados en la investigación por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Por Diego Martínez

De izquierda a derecha: los militares prófugos García Moreno, Alvarez y Corres.

Cada vez que recibió una notificación para presentarse a declarar voluntariamente, el teniente coronel Jorge Aníbal Masson respondió con certificados médicos que daban cuenta de sus problemas cardíacos. Recién cuando el militar agotó la posibilidad de pedir nuevas prórrogas, el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale ordenó su detención. Pero ya era tarde. En el 7º D de Luis María Campos 1245 sólo quedaba un sillón, para que descansaran los visitantes. No es el único represor que burla a la Justicia con el visto bueno de Su Señoría. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, popular vecino de Belgrano condecorado en 1977 por su actuación “en combate”, se esfumó de su piso en 3 de Febrero 1747 después de recibir la citación del juez bahiense.

Hasta la sanción de las leyes de impunidad, la Cámara Federal de Bahía Blanca sobresalió por su eficiencia en investigar los crímenes cometidos en La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V. Desde la reapertura de la causa en diciembre de 2005, cuando Alvarez Canale declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes, la Justicia bahiense se destacó en el mejor de los casos por su lentitud. Pese a los reiterados pedidos de detención y denuncias por retardo de justicia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, H.I.J.O.S. Capital y los fiscales Antonio Castaño y Hugo Cañón, en los dos años transcurridos la cifra de prófugos y muertos impunes ya supera a la de imputados por Alvarez Canale.

El primer procesado, en noviembre de 2006, fue el suboficial Santiago Cruciani. Pese a la abundancia de pruebas –los sobrevivientes recordaban al “Tío” como interrogador en la mesa de torturas y sus familiares porque los recibía en el Destacamento de Inteligencia 181, donde se hacía llamar “Mario Mancini”–, el juez no elevó su caso a juicio oral. Cruciani murió en julio, sin condena. Seis meses antes había fallecido, impune y libre, el teniente coronel Emilio Jorge Ibarra, jefe del “equipo de combate contra la subversión”, como llamó en el Juicio por la Verdad a las patotas de secuestradores del Ejército.

En junio, Alvarez Canale procesó y detuvo en el Instituto Penal de Campo de Mayo a tres miembros del Estado Mayor del Cuerpo V: el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Al cuarto nunca lo encontró. El coronel Aldo Mario Alvarez, jefe de Inteligencia, se convirtió entonces en el segundo prófugo de la causa, junto con el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, torturador de La Escuelita que dependía, según admitió en el Juicio por la Verdad, del propio Alvarez.

En ese contexto, en lugar de ordenar las detenciones como se lo había solicitado el fiscal, Alvarez Canale decidió citar a indagatoria, como si fueran infractores de tránsito, a cuatro ex miembros de los grupos operativos del célebre “Loco” Ibarra. El coronel Mario Alberto Casela y el teniente coronel Mario Carlos Méndez se presentaron, declararon y quedaron detenidos. Masson presentó certificados médicos para ganar tiempo y organizar la mudanza en paz. García Moreno –ex legislador porteño y ex director del Registro Nacional de las Personas durante la presidencia interina del senador Eduardo Duhalde– encomendó a su abogado Eduardo San Emeterio el explicarle al juez que era un católico honorable, militante antiabortista e hincha de Atlanta, pero por las dudas no volvió a pisar su bonito piso de Belgrano.

Dos meses atrás familiares de detenidos-desaparecidos le reclamaron a Alvarez Canale por deficiencias en la instrucción y le solicitaron que detuviera al menos a los militares que merodeaban impunes por la puerta de su juzgado, como el coronel Jorge Enrique Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181. El juez tampoco citó aún –como se lo solicitaron los fiscales– a su ex colega Guillermo Federico Madueño, que tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a impulsar su juicio político. Mucho menos a los directivos del diario La Nueva Provincia, pese a que eran los únicos enemigos de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

“La actitud de ciertos jueces y fiscales ante delitos de lesa humanidad denota cuanto menos cierto temor a actuar con la frontalidad que aplican en causas comunes. Si ante imputados de gran habilidad, que han gozado de impunidad por décadas y tienen recursos para eludir a la Justicia, no se actúa con habilidad y diligencia, la posibilidad de un juzgamiento adecuado puede frustrarse”, reflexionó el fiscal Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. “En Bahía Blanca se ha dado el caso de militares con órdenes de detención que seguían cobrando como retirados, lo cual es una burla a la inteligencia”, agregó.

“Con la prueba reunida varios imputados debieran estar condenados”, considera el secretario de la APDH bahiense, Eduardo Hidalgo. “Pero con resoluciones insulsas y noveladas, más una evasión reiterada de los requerimientos de querellantes y fiscales, la Justicia bahiense aplica un indudable criterio de promoción y afianzamiento de la impunidad”, lamenta.

Otro reclamo de los organismos a Alvarez Canale es por impedir que participen de las indagatorias los abogados de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, creada por la Procuración General de la Nación justamente para auxiliar a la Justicia. La medida genera absurdos que para fortuna del juez la sociedad ignora: el teniente Casela, por ejemplo, dijo haber participado de un operativo posterior al período en el que admitió haber prestado servicios sin que Alvarez Canale ni el fiscal Castaño se percataran. Cuando el fiscal le reiteró la importancia de ser secundado por sus colaboradores en virtud de “la complejidad de la causa”, el magistrado respondió, sincero: “Me cago en la complejidad”.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-97460-2008-01-14.html

“Sabés por qué estamos acá”

ROBO DE DOCUMENTOS A UNA INTEGRANTE DE HIJOS

El hecho ocurrió en Mar del Plata. Se llevaron testimonios del Juicio por la Verdad y fotos de servicios de inteligencia que se infiltran en las marchas de los trabajadores del puerto.

Por Diego Martínez

Eleonora Alais tiene 32 años y es hija de Raúl Alais, desaparecido en la Noche de las Corbatas.

El jueves a la madrugada, cuando abrió el garaje de su casa, Eleonora Alais, dirigente de H.I.J.O.S. filial Mar del Plata, se encontró con dos hombres encapuchados y armados. Cuando el que parecía mayor le advirtió “vos sabés por qué estamos acá” se le ocurrieron un par de ideas. Todavía no sabe con cuál quedarse. Su única certeza es que no eran delincuentes cualunques. Seleccionaron papeles con cuidado y dejaron objetos de valor. A priori se interesaron por testimonios del Juicio por la Verdad, que la agrupación sube a la web para que lean quienes no pueden presenciar las audiencias. Más llamativo parece el interés por las fotos de los servicios de inteligencia que acostumbran infiltrarse entre los obreros del puerto marplatense y que la dirigente analizaba en esos días con sus compañeros del frente antirrepresivo.

Eleonora Alais tiene 32 años y es hija de Raúl Alais, desaparecido en la famosa Noche de las Corbatas del 13 de julio de 1977, cuando las patotas del Grupo de Artillería Antiaérea 601 secuestraron a un grupo de abogados y los llevaron al centro clandestino “La Cueva”. En 2001 la joven se plantó frente al ex jefe del GADA 601, coronel Carlos Alberto Barda. Le gritó asesino y le pegó un bofetazo. Barda acababa de negarse a declarar en el Juicio por la Verdad. “Es indignante saber que dio la orden para que maten a tu viejo y esté ahí como si nada”, explicó.

El miércoles, cuando salió de su casa, en Juana Manso al 1500 del barrio El Progreso, hacía 20 días que no pisaba la calle, para reponerse de una operación. “Al abrir el portón vi a dos personas con la cara cubierta. El primero entró, el segundo me tapó la boca. En la desesperación se me ocurrió simular que tenía asma y me ahogaba. Mientras me golpeaba la cabeza contra el portón yo tiraba manotazos y gritaba. Le dije que buscara el aparatito para el asma que tenía en la cartera. Cuando soltó el arma para agarrar la cartera salí corriendo por el portón y empecé a gritar a los vecinos”, relató.

–¡Rancho! ¡Rancho! –gritó el pibe, no más de 17 años, calculó.

“El segundo me dijo ‘no llames a nadie porque te vamos a venir a buscar’. Por la voz parecía mayor. Yo salí corriendo hacia el centro y ellos hacia el lado opuesto. Como creía que había alguien más no me animé a entrar. Llamé al 911 y dije que había gente armada en mi casa. Cuando entramos con la policía nos asombramos: estaba todo ordenado salvo el escritorio de mi habitación y una caja con papeles. De a poco nos fuimos dando cuenta de qué cosas faltaban. Objetos de valor material, sólo una filmadora y una cámara digital. Pero por la selección de papeles que hicieron deduzco que estaban desde hacía un buen rato”, agregó.

La lista de documentos robados incluye testimonios del Juicio por la Verdad, surgidos de audiencias públicas y que la propia Alais se encarga de subir al sitio http://hi josmardelplata.blogspot.com; los documentos sobre su padre registrados por la ex Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y películas en DVD sobre la dictadura. “También portarretratos con fotos de los padres de mis compañeros de H.I.J.O.S. y, lo que más me duele, la medalla que el Colegio de Abogados me entregó, como homenaje a mi padre, cuando se cumplieron 30 años del secuestro”.

Pero los incursores no sólo tenían inquietudes por el pasado de la dirigente. “También se llevaron las fotos de todos los servicios de inteligencia que se infiltran en las marchas por el conflicto de las fileteras, material que estábamos trabajando con la colaboración del frente antirrepresivo de los compañeros del puerto”, agregó.

A la tarde un superior de la comisaría 3ª le hizo preguntas durante una hora y media. Le aclaró que era del interior, recién llegado a la ciudad, y que desconocía el caso de su padre. Se disculpó por su ignorancia y se puso a disposición. “El problema es que los de la comisaría 3ª son los mismos que intervienen en el conflicto del puerto y los conocemos: nos persiguen en todas las marchas de las fábricas del barrio”, explicó.

Para compensar tanta pálida celebró que “me llamaron de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones, hasta de sociedades de fomento para solidarizarse”. También de las secretarías de Derechos Humanos de provincia y Nación, donde le ofrecieron protección. “Pero acá la protección de testigos muy bien no funciona. Los mismos prefectos que en teoría cuidan testigos después se sacan el uniforme para infiltrarse entre los portuarios”, enfatizó. La denuncia de Alais, realizada ante el fiscal federal Daniel Adler, quedó radicada en Juzgado Federal 2. “Más allá del susto tengo una bronca bárbara porque la medalla de mi viejo era lo único que me quedaba”, lamentó.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-97380-2008-01-12.html

La situación de los testigos

Ledda Muñoz es ex detenida-desaparecida. Su hija y su yerno están desaparecidos y aún busca a su nieto. Por el valor de su testimonio, central en el juicio que afrontará el suboficial Rafael Molina (torturador y violador de La Cueva preso en Batán), hace más de un año pidió custodia al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Durante meses entabló una buena relación con los tres prefectos que la acompañaban las 24 horas. Pero de un día para otro se los cambiaron. Los puso a prueba y comprobó que les habían sacado los Nextel que debían recibir sus alertas. Llamó al jefe de Prefectura de Mar del Plata y le advirtió “usted va a ser el responsable si me matan”. La historia derivó en una denuncia judicial, un llamado de atención al jefe de Prefectura y el reemplazo de custodios. Pero “una vez más son las víctimas quienes vuelven a ser victimizadas sin que nadie se haga cargo de su protección real, formalmente a cargo del Estado”, concluye el comunicado que difundió ayer la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del Plata.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/97380-30775-2008-01-12.html

Anaya murió antes de volver a los Tribunales

Por Diego Martínez

Jorge Isaac Anaya, “estratega” de la guerra de Malvinas.

A los 80 años, en libertad y rodeado de seres queridos, ayer por la mañana en su semipiso de Recoleta falleció de muerte natural Jorge Isaac Anaya, el almirante que desató y condujo la guerra de Malvinas, donde murieron 649 soldados argentinos, más 400 que se suicidaron al volver. Anaya integró la tercera Junta Militar junto con el general Leopoldo Galtieri y el brigadier Arturo Lami Dozo. Desde noviembre de 2006, cuando el juez federal Sergio Torres ordenó su detención, una serie de oportunos infartos le evitaron el mal trago de pisar Tribunales. Estaba acusado por 266 casos de secuestros y torturas en la ESMA.

Anaya nació en Bahía Blanca en 1926. El 12 de septiembre de 1981 fue designado comandante en jefe de la Armada y, como tal, miembro de la Junta Militar. Cuando la dictadura se desplomaba, la Comisión Investigadora Interfuerzas, en su famoso “Informe Rattenbach”, lo sindicó como propulsor de la idea de recuperar Malvinas y recomendó conducirlo junto con Galtieri y Lami Dozo a un pelotón de fusilamiento. Consideró que la junta “eligió el peor momento desde el punto de vista de la política internacional”, criticó su “planeamiento defectuoso”, que no contempló la reacción británica, y subrayó que “la falta de capacidad integral de la flota no se correlaciona con la decisión del comandante en jefe de la Armada de impulsar la idea de recuperar los archipiélagos australes”.

El 15 de mayo de 1986 el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lo condenó con la más alta de las penas a los integrantes de esa junta: 14 años de prisión, contra 12 a Galtieri y 8 a Lami Dozo. En 1988 la Cámara Federal porteña revisó el fallo, unificó las penas en 12 años y ordenó quitarle el grado militar. Pero el 7 de octubre de 1989 el presidente Carlos Menem lo indultó.

Por su papel en el terrorismo de Estado tampoco le fue mal. Durante el Juicio a las Juntas en 1985 el fiscal Julio Strassera lo acusó por 236 casos de secuestros, torturas y reducción a la servidumbre y pidió una condena de 12 años de prisión, pero la Cámara Federal lo absolvió.

En 2003 estuvo detenido unos pocos días a pedido del juez español Baltasar Garzón. El 9 noviembre de 2006 por orden del juez Torres, a cargo de la megacausa ESMA, quedó detenido en el Edificio Libertad. Dos horas antes de la declaración indagatoria, gracias a un “infarto agudo de miocardio” evitó a la justicia y fue internado en el Hospital Naval. El fiscal Eduardo Taiano había pedido su detención por su responsabilidad en 266 casos de secuestros y torturas mientras se desempeñó como director de Personal Naval, entre diciembre de 1977 y febrero de 1980. Gracias a otros tres infartos ni siquiera llegó a conocer el despacho del juez.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-97287-2008-01-10.html

Para que no le dé un golpe de calor

LA HERMANA DE ASTIZ SE QUEJO PORQUE EL REPRESOR NO TIENE VENTILADOR

Escribió una carta abierta contra el almirante Godoy. Dice que su madre y ella se sofocaron en la ruta al penal de Marcos Paz.

Por Diego Martínez

El represor Alfredo Astiz fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz luego de la muerte de Febres.

A menos de un mes del traslado de los imputados por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada al penal de Marcos Paz, las familias navales no dejan de asombrarse por las condiciones de detención que los presos comunes deben soportar en las cárceles argentinas. Tras una visita frustrada al ex oficial Alfredo Astiz en esa unidad del Servicio Penitenciario Federal, su hermana Lucrecia denunció en una carta abierta que el penal “no cumple con los requisitos de la Constitución” porque “abundan las cucarachas, las ratas y no disponen de ventiladores”.

Luego de casi cuatro años en unidades militares, el grupo de marinos imputados por secuestros y torturas en la ESMA fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz por orden del juez federal Sergio Torres una semana después de la aparición del cadáver del prefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex VIP de Prefectura.

No habían transcurrido 24 horas de la llegada al penal cuando el abogado Alfredo Solari presentó un escrito para solicitar el retorno a bases navales, donde vivieron desde 2003 hasta julio pasado, cuando se sumaron a los militares presos en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo. Permanecer en una “cárcel civil” implica “un tratamiento indigno, degradante, persecutorio y carente de justificación histórica, humana, jurídica y constitucional”, escribió Solari. Su colega Juan Martín Aberg Cobo (h), defensor de Astiz y amigo íntimo de la familia, planteó como alternativa que retornaran a la base de Río Santiago, aunque “bajo vigilancia y supervisión del SPF” e incluso ofertó habilitar el predio donde funcionó la ex Escuela Naval Militar.

La visita de Lucrecia Astiz al hermano en desgracia se produjo el viernes pasado. La acompañó su madre, de 81 años, que viajó especialmente desde Mar del Plata. Consustanciada con la apertura tradicional de la Armada a las instituciones del Estado, la hermana del represor no dirigió su reclamo al ministro del Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, de quien depende el SPF, sino al jefe naval almirante Jorge Godoy, pese a que Astiz fue exonerado de la Marina.

“Ibamos tres mujeres al presidio y en General Paz se nos pinchó la goma”, relató. “Tardaron una hora o más en auxiliarnos. La sensación térmica era de 40 grados. Debimos sentarnos en el pasto debajo de un arbolito que no lograba aplacar el calor. Estábamos sofocadas”, destacó en mayúsculas. “Para colmo, cuando me retiré a pedir auxilio pasó un ‘pobre chorro’ –ironizó– y nos manoteó la cartera con la plata y los documentos.”

Después debieron atravesar un basural a la vera del único camino de acceso disponible con “pozos de casi medio metro de profundidad, en los que casi dejamos el chasis”, lamentó. Ya en el penal, sufrió “la degradación de desnudarse delante de mujeres policías”, que si bien “son correctas” la hicieron sentirse “como una criminal”. Por razones que no explica no le permitieron ver a su hermano ni dejarle lavandina para asear su celda. Por si fuera poco, el guardiacárcel que las recibió “no nos creía lo del chorro, porque no le sustrajeron los aros a mi madre”.

Siempre en referencia al almirante Godoy, la hermana del secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo admitió no haber imaginado nunca poder “albergar tanto odio” hacia el jefe de la Armada y confesó “realmente me afloran sentimientos de venganza”.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-97239-2008-01-09.html

Los juicios del 2008

LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL TERRORISMO DE ESTADO

Tres debates orales y públicos ya tienen fecha de inicio. Querellantes y fiscales esperan que haya una cantidad significativa de condenas a represores y que se logre ordenar las causas.

Por Diego Martínez

El represor Carlos Gallone abraza a una Madre de Plaza de Mayo.

Luego de cuatro condenas esporádicas y otra frustrada por un envenenamiento imprevisto, 2008 será el primer año con una cantidad significativa de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Si bien sólo tres causas tienen fecha confirmada, querellantes y fiscales coinciden en que sus esfuerzos se traducirán en los próximos meses en debates orales y públicos en todo el país. La mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5. De no surgir una directiva de la Corte Suprema de Justicia que reasigne una de las dos megacausas que tiene asignadas –ESMA o Cuerpo I de Ejército– el comienzo de varios juicios se postergará de manera inevitable hasta 2010, con el riesgo evidente de que más imputados queden en el camino.

Desde la reapertura generalizada de investigaciones en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de impunidad, hubo cinco juicios. En 2006 fueron condenados dos policías emblemáticos del Estado terrorista: Miguel Etchecolatz y Julio Simón. En 2007 el panorama se diversificó, incluyó por primera vez a un sacerdote de la Iglesia Católica, el capellán Cristian von Wernich (segunda condena en La Plata) y a un grupo de coroneles del Batallón de Inteligencia 601. La muerte por envenenamiento en su prisión VIP salvó al prefecto Héctor Febres de escuchar una condena inexorable.

Si bien la Justicia instruyó y elevó más de veinte causas, sólo tres tienen fecha confirmada:

- El 5 de febrero el Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar a los responsables del Regimiento de Infantería 9 por quince secuestros y desapariciones forzadas. Será el primer juicio oral del interior del país, con más de 40 testigos. Rendirán cuentas el ex comandante de la Brigada de Infantería VII general Cristino Nicolaides, su jefe de inteligencia capitán Juan Carlos Demarchi (próspero ganadero, miembro de la Sociedad Rural), los coroneles Horacio Losito (agregado militar en Italia hasta su detención) y Rafael Manuel Barreiro, el suboficial Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso. Salvo Nicolaides, con domiciliaria, y Reynoso, en Marcos Paz, el resto aguardará en el Instituto Penal de Campo de Mayo.

- El 19 de febrero el TOF5 comenzará a juzgar al capitán Enrique José Berthier y al matrimonio de civiles compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto por la sustracción de la menor María Eugenia Sampallo, primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que querella a sus apropiadores. Berthier también espera en Campo de Mayo.

- El 29 de abril otra vez el TOF5 juzgará a los oficiales de la Policía Federal Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Angel Timarchi por la masacre de Fátima, un desprendimiento de “Cuerpo I”. El 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres fueron trasladados hasta un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima, donde los vendaron y fusilaron. Luego apilaron y dinamitaron sus cuerpos. La mayor parte de los 16 identificados estuvieron secuestrados en Coordinación Federal, donde prestaban servicio los imputados. Durante la instrucción murió impune el comisario Carlos Vicente Marcote. Continúa prófugo Luis Alberto Martínez.

El embudo

Sinónimo de iconos del genocidio como Alfredo Astiz o el Tigre Acosta, la ESMA es el centro clandestino con mayor cantidad de represores identificados: más de setenta. Durante los cuatro años transcurridos desde septiembre de 2003, cuando la Cámara Federal resolvió su reapertura, el juez federal Sergio Torres dividió la investigación por años y elevó causas de imputados puntuales como Febres, Adolfo Donda o Juan “Jeringa” Barrionuevo, o bien por hechos específicos como la muerte del escritor Rodolfo Walsh, la desaparición de las monjas francesas y las Madres secuestradas en la iglesia Santa Cruz, o el robo de bienes a los cautivos.

“El juez avanza por año, va por 1977 y eleva causas menores. Es improbable que alguna llegue a juicio en 2008 sin una decisión superior que reorganice el expediente y redistribuya las causas del TOF5”, lamenta Mirna Goransky, fiscal general adjunta de la Procuración General de la Nación asignada a la megacausa ESMA. “Antes del comienzo del juicio a Febres presentamos una propuesta ante la Corte Suprema para que en uso de sus facultades de superintendencia unifique causas y las distribuya de otra manera. No tuvimos respuesta. Ahora, junto con las querellas, estamos pensando cómo reeditar el reclamo”, advierte. “No creo que sea posible un solo juicio por ESMA pero sí se podría unificar varias investigaciones elevadas con ‘Testimonios A’ (nombre de la causa cerrada en 1987), que tiene diez imputados por más de 70 hechos”, concluye.

En principio los primeros delitos cometidos en la ESMA en llegar a juicio serían los robos de bebés nacidos en cautiverio. De las 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad que integran la causa “Plan Sistemático”, doce se produjeron en la ESMA. Por sorteo le corresponde intervenir al TOF 6. Los imputados son Cristino Nicolaides, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.

La instrucción de la megacausa “Cuerpo I”, a cargo del juez Daniel Rafecas, se organizó por centros clandestinos y por hechos significativos como la masacre de Fátima. En octubre de 2005 Rafecas elevó por separado las acusaciones contra un grupo de represores procesados en los ’80 e impunes por las leyes alfonsinistas: César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani, Pedro Durán Sáenz, Héctor Rubén Gamen y Pedro Alberto Barda. Aún esperan su turno en el abarrotado TOF5.

Por la relación jerárquica entre los imputados y la comunidad de casos y pruebas, es probable que se unifique el juicio al comandante de la subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, con los jefes de área que ejecutaban sus órdenes: Teófilo Saa, Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez. Lo improbable es que el dueño de vidas y muertes porteñas cumpla una larga condena. Tiene 84 años.

En el TOF que condenó al “Turco Julián” y fracasó con Febres también esperan la causa conocida como “masacre de calle Belén”, contra los jefes del Batallón de Inteligencia 601 (Carlos Alberto Tepedino, Mario Gómez Arenas y Jorge Suárez Nelson), el gendarme apropiador Víctor Enrique Rei y una docena de represores de la provincia de La Pampa.

Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que en agosto difundió el primer diagnóstico estatal preciso sobre los motivos que explican la lentitud de los procesos, el fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti coinciden en destacar como preocupación central la acumulación en el TOF5.

“Aspiramos a que las causas parciales ya elevadas se junten, porque tienen testigos y acusados comunes. Sabemos que un juicio único es imposible, que el conocimiento de los hechos es gradual, pero trabajamos para lograr juicios representativos de lo que fue la estructura represiva. Entendemos que primero debe juzgarse lo que ya está elevado, pero tratamos de fijar pautas para ordenar los procesos de modo de llegar a juicios con la mayor cantidad de imputados y hechos posibles”, explican Parenti y Auat.

“Queremos juicios significativos, con un número elevado de imputados y de víctimas, para que sobrevivientes y testigos no tengan que seguir declarando el resto de sus días”, coincide la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La aceleración de los procesos es imprescindible y compete a los tres poderes del Estado”, advierte.

Tierra adentro

Entre las causas del interior del país con más chances de seguir los pasos correntinos se destaca la que investiga a los jefes de La Escuelita, el centro clandestino del Batallón 181 de Neuquén. Los querellantes estiman para marzo el juicio al general Enrique Olea, al teniente coronel Oscar Reinhold y al mayor Luis Farías Barrera.

San Luis también pinta rápida. Tres meses después de la detención del capitán Carlos Esteban Plá, la Justicia ya elevó la causa por el asesinato de Graciela Fiochetti, los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de Pedro Ledesma y Sandro Santana Alcaraz. Los otros imputados son el coronel Miguel Angel Fernández Gez (quien denunció al obispo emérito Juan Rodolfo Laise porque le pidió hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía casarse) y los policías puntanos Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco. Sus abogados no apelaron los procesamientos.

En Tucumán serán juzgados los dos mayores símbolos del genocidio del Norte argentino. Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez rendirián cuentas por el secuestro, las torturas y la desaparición forzada del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Los generales gozan de buen pasar, viven con los suyos, pero no parece razonable prolongar la espera: ya pasaron los 80 abriles.

En Rosario acaba de elevarse a juicio la causa Quinta de Funes. Los primeros militares en rendir cuentas serán el flamante condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano, apresado mientras escuchaba misa por el hijo del Tucu Constanzo.

Córdoba no tiene elevaciones pero las querellas confían que tendrán juicios el próximo semestre. El primero sería al general Menéndez y siete subordinados de La Perla, por los secuestros, torturas y homicidios agravados de cuatro personas –incluido Humberto Brandalisi, que da nombre a la causa– a las que asesinaron después de simular su liberación. Para mediados de año los organismos de Chaco prevén sentar ante un tribunal a los fusiladores de Margarita Belén, trasladados días pasados desde la cómoda base de La Ligura a la cárcel de Campo de Mayo. Pese a su buena cosecha de enemigos continúa prófugo el mayor Norberto Raúl Tozzo. Entre los departamentos judiciales que en los ’80 hicieron un trabajo ejemplar y hoy se resisten a juzgar a sus mayores criminales se destaca la inconmovible Bahía Blanca.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-96846-2007-12-30.html

El obispo que pidió desaparecer a un cura

EL INCREIBLE CASO DE MONSEÑOR LAISE, OBISPO DE SAN LUIS, EN LA DICTADURA

En 1976, Laise le pidió al máximo responsable militar de la provincia que se secuestrara a un sacerdote que había dejado los hábitos. Como el coronel se negó, el obispo prohibió a los curas locales que le casaran a la hija. Una historia impune que se mezcla con los casos que se van a juzgar en la provincia.

Por Diego Martínez

El obispo Laise, cuando estaba en actividad, y el militar Carlos Plá, cuando estaba prófugo.

El obispo emérito de San Luis monseñor Juan Rodolfo Laise le encargó en 1976 al máximo responsable militar de la provincia “que hiciera desaparecer a un sacerdote, porque había dejado los hábitos y se iba a casar con una mujer”. Lo declaró ante la Justicia el destinatario del recado, el coronel (R) Miguel Angel Fernández Gez, entonces jefe del Comando de Artillería 141 y del área militar 333. No fue el único que encendió el ventilador. El capitán (R) Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como autor material del asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti, contó que en realidad la mataron cuatro miembros de la plana mayor del comando enfrentados con Fernández Gez. Dio sus nombres y admitió que se reunió con ellos en un bar porteño mientras estaba prófugo de la Justicia. Fernández Gez lo ratificó y agregó que los acusados fueron a apretarlo a su casa. La Justicia aún no ordenó sus detenciones. Ambos militares serán juzgados en 2008 junto con tres policías puntanos por crímenes cometidos durante la última dictadura.

El coronel Fernández Gez, de 81 años, goza de arresto domiciliario. No aceptó ser entrevistado pero a pedido de Página/12 recordó ante su abogado Carlos Daniel Mercado el diálogo con Laise:

–¿Pero qué me pide, padre? ¿Se volvió loco? –reaccionó ante el recado de “hacer desaparecer” al cura descarriado.

–Entonces no tenemos más nada que hablar –concluyó Laise.

“Me negué rotundamente porque no soy un genocida. Ni siquiera permití que me dijera el nombre del sacerdote”, declaró ante la Justicia.

Como represalia por la negativa, Laise prohibió a los curas de la diócesis casar a la hija del militar. La ceremonia se realizó en la iglesia de Santo Domingo, frente a la gobernación, pero con un cura que viajó especialmente desde Río Cuarto a pedido de la esposa del coronel.

Laise fue obispo de San Luis durante 30 años, hasta 2001. Si el juez federal Juan Esteban Maqueda decide citarlo debe dirigirse al santuario Nuestra Señora de las Gracias, en Viale Padre Pío 71013, San Gionvanni Rodondo, en Foggia, Italia. Pese a sus 81 años cumplidos, el obispo no se deja amedrentar por la tecnología: su correo electrónico es juanrodolfo@ya hoo.com.ar, aunque nunca respondió la consulta de este cronista.

Hablar o no hablar

Graciela Fiochetti fue secuestrada junto con Víctor Fernández en la madrugada del 21 de septiembre de 1976. Después de las torturas, Fernández fue liberado. Cuando la familia Fiochetti se presentó ante el capitán Plá e invocó saber que la joven estaba en su poder, el entonces subjefe de policía de San Luis ordenó volver a detener al Gringo Fernández. Lo torturaron durante 28 días.

Diez años después, el ex chofer del servicio de inteligencia de la policía Jorge Velázquez declaró que Fiochetti fue torturada y violada. Le hicieron firmar un acta de liberación, pero al día siguiente Velázquez volvió a verla en un centro clandestino. Dos noches después la llevaron junto con otro secuestrado a un descampado en Salinas del Bebedero. Plá los obligó a arrodillarse. “¿Van a hablar o no van a hablar?”, gritó. Ante el silencio, disparó a la nuca de Graciela. “No miré más”, confesó Velázquez.

Plá fue detenido en San Isidro el 26 de septiembre, después de dos años prófugo. Cercado por las pruebas y aunque nadie le apuntaba a la nuca, no dudó en hablar. Dijo que el asesinato fue ordenado por el teniente coronel Juan Carlos Moreno, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA) 141, y ejecutado por el teniente primero de inteligencia Horacio Angel Dana. Agregó que cuando la Justicia lo citó en 1985, el propio Dana, durante un acto militar, lamentó “el garrón que se está comiendo” y le confesó que matar a Fiochetti había sido una decisión de la plana mayor del GADA para comprometer a Fernández Gez, con quien estaban enfrentados. Incluyó entre los asesinos a los entonces tenientes coroneles Guillermo Daract, subcomandante y subjefe de área, Jerácimo Dante Quiroga, jefe de operaciones, y Raúl Benjamín López, jefe de inteligencia.

Mientras duró la impunidad, el capitán Plá olvidó el caso Fiochetti. Cuando la causa se reabrió –siempre según su relato– fue a visitar a Moreno, presidente de la Mutual de Socorros Mutuos de las Fuerzas Armadas. Días después, ya prófugo, se reunieron en un bar de Barrio Norte con Daract y Quiroga. Volvieron a verse en el estudio del abogado Mercado.

–Ustedes saben que no tengo nada que ver, busquen la forma de desvincularme –dice Plá que les solicitó.

–Chico (sic), quédate tranquilo, vamos a enfrentar las responsabilidades –asegura que respondió Moreno.

El diálogo fue en 2006. Plá aún espera, ahora entre rejas.

La visita

Fernández Gez declaró en San Luis el 3 de octubre de 2006. No bien volvió a su prisión domiciliaria en la calle Agüero recibió una visita atípica: los coroneles Moreno, Daract y Quiroga. Recién un año después, cuando Plá cayó en desgracia –ambos imputados son patrocinados por Mercado–, el coronel aportó a la causa un acta de lo conversado aquella tarde, incluidos detalles del fusilamiento.

A Salinas del Bebedero fueron sus tres visitantes más el teniente primero Horacio Dana y “otros oficiales del GADA”. Fue de madrugada, en vehículos no identificables. Cavaron fosas para enterrar a Fiochetti y a un varón, que sería Sandro Santana Alcaraz. “Moreno dirigió el fusilamiento, en el que todos dispararon sus armas. Daract y Quiroga erraron sus disparos, pero Moreno rozó el rostro de Fiochetti y fue Dana quien le dio el tiro de gracia”, escribió.

Según Fernández Gez la visita no terminó bien. “Me exigieron que asumiera mi responsabilidad por haber sido el comandante”, dijo. Les respondió que fueron hechos ilícitos que él no conocía, de los que no participó, que no autorizó ni consintió. Poco después Daract volvió a insistirle, pero el coronel se mantuvo firme.

La semana pasada el juez federal Juan Esteban Maqueda clausuró la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio oral y público. Además de Plá y Fernández Gez serán juzgados los ex comisarios Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco, jefe, subjefe y encargado respectivamente de la división investigaciones de la policía provincial. Excepto Fernández Gez, los otros están presos en la cárcel de San Luis. Deberán rendir cuentas por cuatro secuestros y torturas, las desapariciones forzadas de Pedro Valentín Ledesma, Sandro Santana Alcaraz, y el homicidio de Fiochetti. Moreno, Daract, Quiroga, López y Dana aún no fueron citados a declarar. Tampoco monseñor Laise.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-96592-2007-12-23.html

No se reciben familiares de subversivos

Por Diego Martínez

Cuando los familiares de detenidos-desaparecidos de San Luis comenzaron a golpear puertas, el obispo Juan Rodolfo Laise colgó un cartel en la suya: “No se reciben familiares de subversivos”. Uno de los pocos que logró traspasarla logró ver detrás de una cortina un voluminoso archivo con informes sobre presos políticos. “El obispado recibía las cartas de los presos y evaluaba si podían llegar o no a la familia. Ante el más mínimo contenido político las guardaba y ordenaba a los carceleros llamar al orden al preso”, recuerda la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, Lilian Videla. Para entonces ya eran habituales sus visitas al comandante del Cuerpo III, general Luciano Benjamín Menéndez, dueño de la vida y de la muerte del norte argentino.

El capuchino Laise fue nombrado obispo de San Luis en 1971 en reemplazo de Carlos María Caferatta, quien había moldeado la diócesis inspirado en el Concilio Vaticano II. Apegado a la tradición integrista, Laise imprimió un brusco cambio de rumbo, se deshizo de los sacerdotes cercanos al obispo saliente y militarizó varios edificios de la Iglesia.

También se lo recuerda en la Universidad Nacional de San Luis, tanto por sus clases de adoctrinamiento, de las que excluía a ateos o creyentes no católicos, como por exigirle al interventor militar ampliar la lista negra de expulsados, según investigó el periodista puntano Gustavo Heredia.

En 1980 Laise exigió públicamente censurar dos programas de entretenimientos en televisión porque desprestigiaban “la figura del sacerdote y de las religiosas”. Los consideraba viles medios de “difamación y calumnia abiertamente subversivos” que “no contribuyen al Proceso de Reorganización Nacional”, publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro Doble Juego.

Aún después del desastre de Malvinas, cuando la dictadura se desintegraba y renacía la posibilidad de volver a votar, el obispo machacaba desde el pasquín Cabildo que “la autoridad y los derechos del poder vienen de Dios y no del pueblo o consenso de las mayorías”.

Con el retorno de la democracia no tardó en amoldarse a los hábitos de los Rodríguez Saá. En 1993 indultó “al Adolfo” por su infidelidad con la “Turca” Sesín, pero tuvo que hacerlo en una parroquia periférica porque las señoras de Acción Católica le prohibieron dar la misa del perdón en la Catedral. Los contribuyentes puntanos pagaron caro aquel servicio. Su última aparición trascendente, documentó Heredia, fue en 2004, cuando dos fotos del ex obispo se publicaron en el sitio web de una agrupación neonazi española.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/96592-30513-2007-12-23.html

Una denuncia que no fue escuchada

HABIAN ADVERTIDO SOBRE LAS CONDICIONES DE DETENCION DE FEBRES

Por Diego Martínez

Cinco meses antes de que el prefecto Héctor Febres muriera envenenado, un prefecto denunció las visitas a deshora, comilonas con los responsables de custodiarlo y banquetes junto a posibles ex represores. La información llegó a manos del secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, que la giró a la Justicia recién tres meses después, justo el día que los diarios consignaron que se había producido la primera audiencia del juicio. Cuando el juez federal Sergio Torres pidió un informe a Prefectura, le respondió el propio denunciado. El jefe de Zona Delta, prefecto mayor Rubén Amado Iglesias, le explicó, como era previsible, que nada anormal había en las condiciones de detención de Febres. Torres se dio por satisfecho.

A principios de julio la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires, María José Guembe, recibió una denuncia de un prefecto que debió servir al represor de la ESMA. Según el escrito, fechado el 26 de junio, Febres “manipula a su antojo al personal de mayor jerarquía”, recibe “visitas de familiares a cualquier horario”, organiza “banquetes junto con personas implicadas en la dictadura” y “celebra días festivos de sus descendientes”. Agrega que “son diarias las comidas que lidera y comparte con los máximos oficiales”, que “implanta órdenes a los superiores del área Delta, llegando incluso a refutar ciertas decisiones que éstos hubiese tomado” y se dirige a sus guardias “con un aire burlón, autoritario y hostil”. Por seguridad pide que se trate el caso con reserva. “No quiero ser un nuevo López”, aclara.

El 11 de julio Guembe transmitió la denuncia a su par de la nación. Le solicitó a Duhalde “colaboración” para que “tome intervención en relación a los hechos denunciados”. El titular de la secretaría, querellante en la causa, recibió la nota al día siguiente. Tres meses después, el 19 de octubre, cuando los diarios publicaron que había comenzado el juicio a Febres, Duhalde desempolvó una copia para Torres. No hizo lo propio con el Tribunal Oral Federal 5, pese a que también era responsable de garantizar la seguridad del imputado y su comparecencia ante la Justicia.

El 6 de noviembre el juez pidió a Prefectura un informe sobre las condiciones de detención de Febres. La fuerza respondió más rápido que funcionario y magistrado. Iglesias –hoy pasado a disponibilidad e investigado por la Justicia– escribió que el camarada disponía de “habitación, baño y comedor” de “características normales”, utilizaba un teléfono de la dependencia entre las 8 y las 17 y recibía visitas los miércoles, sábados y domingos de 10 a 18. Agregó que sólo lo visitaban familiares directos y su abogado, entregó ese registro con datos actualizados, aclaró que las visitas eran “identificadas y requisadas” e incluso se los controlaba “durante su estancia”. Torres tomó nota. Allí murió la denuncia, 19 días antes que Febres.

“Cuando recibimos este tipo de denuncias lo que hacemos es informar inmediatamente al juez”, dijo Luis Alen, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos ante la consulta de Página/12. El funcionario dijo no recordar este caso puntual.

–¿Por qué en esta oportunidad tardaron tres meses?

–Hicimos averiguaciones sobre el denunciante relativas a otra cosas: una causa en trámite sobre defraudación y un sumario administrativo.

–¿No se podría haber hecho algo más?

–No tenemos potestad para resolver sobre lugares de detención, eso corresponde al juez. Hemos pedido que todos los imputados por delitos de lesa humanidad estén en cárceles comunes y vamos a reiterarlo en todas las causas en las cuales nos hemos presentado como querellantes.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-96540-2007-12-22.html

Más devotos para la misa de Von Wernich

DESPUES DE LA MUERTE DE FEBRES, 15 REPRESORES DE LA ESMA VAN A MARCOS PAZ

El juez Sergio Torres ordenó el traslado de los marinos que estaban presos en una cárcel militar de Campo de Mayo. La medida, que responde a un pedido de Abuelas, ya había sido solicitada por otros organismos de derechos humanos. En 2005, la Cámara Federal reclamó que los represores sean custodiados por penitenciarios.

Por Diego Martínez

Alfredo Astiz y Jorge Acosta estuvieron primero en unidades de la Marina, luego en Campo de Mayo y ahora serán ubicados en Marcos Paz.

Con un cuerpo envenenado de por medio, el juez federal Sergio Torres ordenó ayer trasladar a una unidad bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal a los oficiales de la Armada imputados por crímenes en la ESMA. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tomó nota y al atardecer informó que el nuevo destino será un pabellón de la cárcel de Marcos Paz, la misma donde cumplen sus condenas Etchecolatz, Von Wernich & Cía. La medida, otro coletazo de la muerte del prefecto Héctor Febres, es reclamada por fiscales y querellantes desde la reapertura de la causa, en 2003. Los traslados terminarían de concretarse hoy mismo.

El 27 de diciembre de 2005 la sala II de la Cámara Federal le ordenó a Torres que los represores de la ESMA, dispersos en bases navales, pasaran a ser custodiados por penitenciarios. Cinco meses después, la ministra de Defensa, Nilda Garré, sugirió a los magistrados reconsiderar la decisión de enviar genocidas a los cuarteles. Todo siguió igual.

Finalmente, en julio, por iniciativa de Defensa, Torres concedió el traslado de los marinos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, bajo custodia de Gendarmería. A principios de mes, los ministerios de Defensa y de Justicia firmaron un convenio para que la custodia pase a manos del SPF, medida anunciada para el 1º de enero. Pero ante la solicitud de Abuelas de Plaza de Mayo, formulada el martes pasado, el juez decidió desandar su camino y anticiparse.

Ante el envenenamiento de Febres “se impone una nueva evaluación” sobre lugar y condiciones de detención, escribió. Subrayó su responsabilidad de proteger a los imputados “frente a posibles circunstancias que puedan poner en peligro sus vidas, salud e integridad física” y al mismo tiempo de “garantizar el sometimiento a la acción de la Justicia”, que implica entre otras cosas evitar suicidios o asesinatos.

La resolución comprende al ex jefe de inteligencia Jorge Acosta y sus lugartenientes Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Capdevila, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Radice, Raúl Scheller, Adolfo Donda, Néstor Savio, Víctor Cardo, Carlos Guillermo Suárez Mason (h.), Carlos Pazo, Hugo Damario y Rogelio Martínez Pizarro.

El juez también ordenó que agentes del SPF reemplacen en la custodia de Juan Antonio Azic –internado en la Clínica San Jorge– a sus camaradas de Prefectura, y en la del marino Pablo García Velazco –en teoría en el Hospital Naval– a “aquella que tuviere en la actualidad” (sic). Para evitar sorpresas, solicitó “un constante y permanente control de salud de los detenidos”, de modo de ser informado “sobre cualquier anomalía, descompensación o deterioro en la salud”.

Según la solicitud presentada la semana pasada por Abuelas de Plaza de Mayo, la detención “en unidades dependientes de la propia fuerza que integraron o en su propio domicilio constituye claramente un privilegio y dispensa especial, estrictamente prohibida por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”. El escrito también fue presentado ante los jueces federales Daniel Rafecas, a cargo de la megacausa del Cuerpo I; Alberto Suárez Araujo, que investiga los crímenes en Campo de Mayo, y magistrados del interior del país.

A contramano de Torres, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó la solicitud del fiscal Félix Crous de trasladar al capitán Enrique Berthier a una unidad del SPF. Berthier está detenido en Campo de Mayo a la espera del juicio oral por su rol en la apropiación de María Eugenia Sampallo. El TOF 5 es el mismo que –junto con Torres– tuvo bajo su responsabilidad la custodia del prefecto Héctor Febres hasta su muerte por envenenamiento.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-96451-2007-12-20.html

Cuando los secretos del Batallón de Inteligencia salieron a la luz

Quiénes son los acusados y qué funciones tenían. Las tareas del Batallón que operaba en las sombras y cuyos miembros fueron los primeros dentro de las Fuerzas Armadas en ser juzgados. Los documentos del Departamento de Estado de EE.UU. que los señalan.

Por Diego Martínez

El represor Julio Simón, conocido como El Turco Julián, fue agente de Inteligencia.

A la mayor parte de los militares condenados ayer por el juez federal Ariel Lijo no se les conocía el rostro. En algunos casos aún se ignoran sus alias y se desconoce si participaban o no de sesiones de tortura. Se sabe con certeza, en cambio, que sin el aporte de esos anónimos oficiales que en las sombras del Batallón de Inteligencia 601 procesaban testimonios obtenidos a fuerza de picana, redactaban informes para destacamentos de todo el país y señalaban “blancos” que los grupos de tareas debían secuestrar, el mundo no hablaría hoy del genocidio argentino.

En el extremo superior de la cadena de mandos entre los condenados se ubica el general Cristino Nicolaides, jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo al momento de los hechos. El sargento Nelson González contó hace diez años que fue Nicolaides quien ordenó fusilar a Ricardo Zuker y demás secuestrados en el polígono de tiro de ese centro de exterminio, el mayor del país. Ya en 1981 el entonces jefe del Cuerpo III relató orgulloso ante 600 personas la captura de “dos células guerrilleras” provenientes del exterior y agregó que “tuve oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes”. Confesión de parte.

En el extremo inferior se ubica Julio Simón, el único policía condenado, único preso en Marcos Paz, único que no vistió traje para las cámaras y que no escuchó inmutable el fallo. Después de sobrepasar todo límite de crueldad y sadismo en el circuito Atlético-Banco-Olimpo, al Turco Julián le tocó custodiar –a su manera– a Silvia Tolchinsky, que sobrevivió para contarlo.

El coronel Jorge Luis Arias Duval, jefe de la central de reunión del 601 de la que dependían los grupos de tareas, se hacía llamar Ratón o Arizmendi. Tolchisnky lo padeció más de una vez. La primera le propuso dar una conferencia de prensa para desmentir la existencia de desaparecidos. La segunda le preguntó si le convenía comprar dólares y no ocultó su prejuicio antisemita. “Sos judía, tenés intuición económica”, dijo. Junto con el coronel Alberto Roque Tepedino, jefe del 601 aún impune, autorizaron a uno de sus hombres –que usaba el nombre falso Jorge Contreras– a brindar detalles de sus tareas mundanas al oficial regional de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, James Blystone.

El personal civil de inteligencia Santiago Manuel Hoya se hacía llamar Pancho o Villegas. Tenía a su cargo grupos operativos y era jefe de quienes custodiaban a los cautivos. “Le tenían un temor reverencial”, recuerda Tolchisnky.

Sobre el jefe de operaciones Pascual Oscar Guerrieri, el jefe de la división Inteligencia General Subversiva, Juan Carlos Gualco, y los miembros de la central de reunión Carlos Gustavo Fontana y Waldo Carmen Roldán, las constancias más contundentes de su pertenencia a la asociación ilícita que derivó en sus condenas son sus propios legajos. Más que a cualquier otro, a ellos les cabe el anonimato del primer párrafo.

En agosto el Ejército respondió al juez que el Batallón de Inteligencia 601 era “una formación” encargada del “proceso intelectivo” que consiste en “el análisis de dos o más informaciones”.

Bastante más útil para comprender qué fue en los hechos el Batallón 601 hasta su clausura a fines de 1985 y por qué ocho de sus ex miembros no podrán salir más a la calle son sus propios documentos, que detallan los secuestros pero no el destino final de sus víctimas, y sobre todo los desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, inobjetables aún para los propios imputados.

En abril de 1980 los oficiales de la Embajada de Estados Unidos tomaron nota sobre caídas de militantes, apuntaron que “la operación había sido desplegada por el Batallón de Inteligencia 601” y que los cautivos estaban en la “prisión secreta de Campo de Mayo”. Dos meses después el oficial Blyston deja constancia de que nuevos cautivos “serán interrogados y –he aquí la palabra clave– desaparecidos permanentemente”. En agosto los norteamericanos llegaron a considerar que la junta era “prisionera” de las decisiones del 601, que el gobierno “ha sido avergonzado e importunado” por su trabajo sucio y, precisaron, “la desaparición es trabajo del 601”.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/96396-30465-2007-12-19.html

Pocos suicidios

Por Diego Martínez

Desde que concluyó la guerra de Malvinas se suicidaron alrededor de 400 ex combatientes. Más de 6000 veteranos de Irak y Afganistán, la mayoría de entre 20 y 24 años, se quitaron la vida cuando volvieron a su patria. Entre los represores rioplatenses, en cambio, es regla esconder la cabeza, dejar correr el tiempo, envejecer y operar en las sombras para espantar cualquier esbozo de justicia. Escasas excepciones la confirman.

El coronel César Emilio Anadón, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba y su centro de exterminio La Perla, se voló el cráneo con una pistola nueve milímetros mientras gozaba de prisión domiciliaria. Estaba enfermo y deprimido. Cuando la policía golpeó su puerta para llevarlo ante el juez a dar explicaciones sobre sus crímenes en Automotores Orletti, el coronel uruguayo José Antonio Rodríguez Buratti pidió “un momento para armar el bolso”. Buscó una pistola y se mató. Al enterarse del pedido de captura del juez español Baltasar Garzón el prefecto Juan Antonio Azic caminó hasta una clínica, se sentó en un banco frente a la imagen de la Virgen Stella Maris –patrona de la Armada sin su consentimiento– y se disparó en la boca con su nueve milímetros. Aún vive.

A diferencia de argentinos y uruguayos (de este lado del río hay 336 detenidos y otros 82 están procesados sin preventiva), pocos nazis vieron de cerca la posibilidad de ser juzgados y condenados. Según la secretaria de Adolf Hitler, cuando el Ejército Rojo estaba a pocos metros su jefe ingirió cianuro y se disparó con una pistola en la sien. Antes hizo matar a su perra y ordenó ser cremado para que Stalin no lo exhibiera como trofeo de guerra. A Eva Braun la cápsula la mató antes de agarrar el arma. El ministro de propaganda Joseph Goebbels y su esposa Magda fracasaron en el intento de persuadir a Hitler para que no lo hiciera. Ante el hecho consumado vistieron a sus seis hijos –de 5 a 12 años– con pijamas blancos, los acostaron y le ordenaron al médico de Hitler que les suministrara cianuro enmascarado en chocolates. Salieron del bunker y se dispararon mutuamente. El comandante supremo Hermann Göring fue condenado a morir en la horca por el Tribunal de Nuremberg. Dos horas antes de la ejecución se quitó la vida con una cápsula de cianuro. Nunca se supo cómo llegó a sus manos.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-96259-2007-12-16.html

“Fisurar el muro de impunidad golpea el poder”

GRACIELA DALEO

“En el caso López eligieron la desaparición, eje de la represión. En el de Febres, el cianuro. Un plus cuyo destinatario específico son los militantes de los ’70”, asegura esta sobreviviente de la ESMA. Y vuelve sobre el reclamo de cárcel común para los represores.

Por Diego Martínez

Perdió la cuenta de las veces que declaró como testigo pero no la perseverancia para exigir justicia. Graciela Daleo sobrevivió a la ESMA, volvió a ser detenida en democracia y rechazó un indulto de Carlos Menem. Hoy coordina una cátedra libre de derechos humanos y acepta dialogar sobre el actual proceso de justicia. Padeció al represor Héctor Febres durante su cautiverio en la ESMA y cree que el prefecto murió asesinado para enviar un mensaje múltiple: a los represores y a los militantes de los ’70. “Hay un plus macabro: somos las organizaciones populares las que debemos plantarnos frente a las instituciones para pedir que garanticen que lleguen vivos a escuchar la sentencia.”

–¿Cómo recibió la noticia de la muerte de Febres?

–Me sorprendió, me dejó perpleja y me generó interrogantes múltiples. ¿Muerte natural, suicidio o asesinato? Al menos esa pregunta se develó: murió envenenado con cianuro.

–¿Tiene alguna hipótesis? ¿Murió o lo mataron?

–Tengo apenas impresiones, relacionadas con la significación del personaje, su pertenencia y responsabilidades. Este desenlace ratifica cuán justa es nuestra exigencia de que los asesinos estén en cárceles comunes y custodiados por penitenciarios. Eso no garantiza sus vidas, porque en las cárceles los presos mueren asesinados por el Servicio Penitenciario, incluso quemados vivos. Pero la muerte de Febres demuele el argumento del juez Sergio Torres de “garantizar la seguridad de los detenidos”. Se lo hemos planteado en persona.

–¿Qué respuesta dio?

–Ninguna. Desde 2003 cuando empezaron las detenciones vivimos ese silencio como una burla a la lucha por juicio y castigo. Que sean cuidados por sus pares y reciban visitas sin control son lujos de los que ningún preso dispone. Ni siquiera de cárceles dignas disponen los presos comunes.

–¿Conocía los privilegios que tenía?

–Sabíamos cómo era el lugar, no sobre el acceso irrestricto. Si no fuera una ofensa sería risible. Es asombrosa la cantidad de visitas a médicos, dentistas, oculistas, sólo les falta ir al pedicuro. Pedimos que se investigara el significado de tantas visitas a médicos privados sin control serio y fehaciente. Intuíamos las condiciones de presos VIP porque sabemos que así se los atiende. Leer el reclamo de celular, Internet, mingitorios y más ventanas de los marinos trasladados a Campo de Mayo es una mofa. Significa que antes los tenían.

–No todos los jueces admiten privilegios. ¿Por qué ocurrió así en este caso?

–Es una respuesta que debe dar el juez. Ocupamos lugares distintos: él decide, no es algo que suceda naturalmente. Pero es imperioso que el diseño de las detenciones sea concienzudo. Cárceles comunes no puede implicar formar clubes de represores, como se plantea en Marcos Paz, donde el director llegó a hablar de “presos políticos”. Se tomó la decisión correcta de separarlo, pero queda claro que no es un caso aislado.

–¿Dónde deben estar presos?

–Si los juzgados están en Capital tienen que estar en Villa Devoto o en cárceles para procesados a disposición de la Justicia federal, igual que cualquier preso.

–Reitero la pregunta: ¿cuál es su hipótesis sobre la muerte de Febres?

–Mi impresión es que fue asesinado. Le hicieron tomar cianuro. El primer destinatario del mensaje son los propios represores. No creo que fuera a hablar porque nunca dio un dato útil. El mensaje para ellos es “ojo con lo que hacen, el pacto de silencio sellado con la sangre se debe seguir manteniendo”. El segundo se relaciona con la elección del cianuro. Intentan mostrar que siguen siendo dueños de la vida y de la muerte. En el caso López eligieron la desaparición, eje central de la represión. En el caso Febres, el cianuro. Es un plus que tiene como destinatario específico a los militantes de los ’70. “Ustedes apelaban al cianuro para evitar que los torturáramos y matáramos, nosotros lo usamos para no ser sometidos al escarnio que significa ser condenados”. Ser perseguidos por la justicia es para ellos una forma simbólica o figurativa de muerte civil. Y hay otro plus macabro: somos las organizaciones populares las que debemos plantarnos frente a las instituciones para pedir que garanticen que lleguen vivos a escuchar la sentencia. El gran agujero negro del lunes es tener que aceptar que otro genocida murió impune. Por eso pedimos al Tribunal Oral Federal que considere probados los hechos, aunque no pueda leer la condena. Es paradójico: hay ascensos pero no condenas post mortem. Si el Tribunal Oral Federal 5 rechaza el pedido vamos a insistir en otras instancias. Si bien sobreseimiento no es sinónimo de inocencia, para el saber popular lo es, y en la historia no puede quedar inscripto que Febres fue inocente. Es responsable de centenares de desapariciones, torturas, apropiaciones, de todo el sufrimiento de nuestro pueblo y las consecuencias que aún padecemos.

–Antes de fin de año la Justicia dictará sentencia en el caso de Nicolaides y el Batallón de Inteligencia 601. ¿Es posible otro Febres?

–Me niego a pensarlo. La desaparición de López fue una trompada fenomenal al movimiento popular y uno se niega a pensar que pueda repetirse. Sólo sé qué debemos hacer: exigirle a las instituciones juicio justo y castigo rápido, pues las pruebas están sobre la mesa, y cárceles comunes. Esa red de exigencia debe ser cada vez más intensa y densa, para que quienes estamos más expuestos no sintamos que estamos solos. Nos toca un papel específico, pero la lucha es de todo el pueblo. Los casos López, Febres, las amenazas refutan la pretensión de que “están juzgando a estos viejos de mierda porque ya no joden a nadie”. No es cuestión del pasado. Fisurar el muro de impunidad golpea al poder. Y los poderosos responden.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-96258-2007-12-16.html

El misterioso participante argentino

EL ABOGADO GUILLERMO LEDESMA CONTO QUE SE REUNIO CON ANTONINI

Guillermo Ledesma, ex integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas, estuvo en una de las reuniones con los venezolanos en Miami. Lo consultaron como penalista por la situación de Antonini.

Por Diego Martínez

El ex camarista Guillermo Ledesma junto al ex fiscal Luis Moreno Ocampo, tiempo atrás.

El misterioso “individuo de la Argentina” mencionado en el informe que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) presentó el miércoles ante la Corte de Florida y que el 27 de agosto se reunió en un restaurante de Miami con el empresario Guido Antonini Wilson –por entonces con pedido de captura internacional emanado de la Justicia argentina– es el penalista Guillermo Ledesma, el mismo que en 1985 integró la Cámara Federal porteña que condenó a Videla, Massera & Cía.

Un día después de la detención de Moisés Maionica, el abogado conocido de Wilson que lo convocó y lo recibió antes del encuentro, Ledesma envió a Página/12 una carta con pedido de publicación:

“Con motivo de la detención de tres personas en Estados Unidos vinculadas al affaire Antonini Wilson, de público conocimiento, se menciona la intervención de un argentino en una reunión celebrada en Fort Lauderdale en la que habrían participado el nombrado, el Dr. Maionica y otras dos personas.

“Dado que en todos los actos de mi vida profesional, tanto como juez cuanto en mi calidad de abogado, he actuado a plena luz del día, me veo en la obligación, por respeto al derecho de informar que hace a la libertad de prensa, valor sustancial en un Estado de derecho, a poner de manifiesto que el argentino presente en esa ocasión fui yo.

“He aquí los motivos: el estudio jurídico venezolano Di Vénere-Maionica-Rossini-Jelambi-Balestrini & Ribeiro se puso en contacto conmigo solicitando mis servicios a los efectos de que, como especialista en derecho penal argentino, respondiera a las inquietudes de Antonini Wilson en relación con la posibilidad de presentarse ante la justicia con motivo de la solicitud de captura que pesaba en ese momento sobre él con miras a la extradición que habría de pedirse por parte de la juez que intervenía en la causa por contrabando seguida contra el nombrado en Buenos Aires. Acepté la proposición y viajé a Miami, adonde llegué el 26 de agosto. Ese día me reuní, en el hotel en que estaba hospedado, con el Dr. Maionica y un socio, cuyo nombre no recuerdo, con quienes conversamos sobre los aspectos jurídicos vinculados a la situación de Antonini. Acordamos que al día siguiente me llamaría para reunirnos con éste y así fue.

“Me envió un automóvil que me condujo a un restaurante ubicado en una zona residencial de Ft. Lauderdale. Allí me encontré con el Dr. Maionica y nos sentamos a una mesa junto a una de las vidrieras que daban a la calle, en la que se hallaba una persona de alrededor de treinta años y, si mal no recuerdo, luego se nos unió otra. Al rato se hizo presente Antonini Wilson. Luego de la presentación que hizo el Dr. Maionica de mi persona y de mis referencias profesionales, la conversación se centró en la situación procesal de Antonini en la Argentina. Le señalé que era conveniente que no eludiera la acción de la Justicia. De ahí que lo razonable era, de acuerdo con mi experiencia, solicitar su eximición de prisión y que si se la concedían, cosa que era probable dada la pena del delito que se le atribuía, cabía el levantamiento de la captura internacional y que se le concediera autorización para salir del país durante el proceso. Con esas garantías su presentación carecería de riesgos. Desde entonces, la sugerencia nunca tuvo acogida.

“Recuerdo que también se habló de la oportunidad de esa eventual presentación en función de la situación política del país y de otras circunstancias que carecen de relevancia. En honor a la verdad, debo decir que, al menos en mi presencia, no se habló del destino que tenían los fondos que fueron secuestrados. El primero en retirarse de la reunión –en la que hubo un aparte entre la persona joven a la que me referí y Antonini Wilson– fue este último. Eso es todo.

“Saludo al director muy atentamente. Guillermo Ledesma”.

Contexto

La reunión del abogado argentino con el venezolano-norteamericano Antonini Wilson, su socio Moisés Maionica y otras dos personas se concretó once días después de que la jueza María Luz Novatti ordenara la captura internacional del empresario. Dos días más tarde, el 18 de agosto, el FBI informó a la Policía Federal que había ubicado a Antonini Wilson en Key Biscayne. Sin embargo, el dato sobre su paradero recién se hizo público el 27 de agosto, es decir el día de la reunión que detalla Ledesma.

Según la cronología del FBI, el 23 de agosto Franklin Durán le informó a su socio Antonini Wilson “la identidad del candidato” presidencial argentino que recibiría los 800.000 dólares de la “donación abortada”, le advirtió que “autoridades tanto de la Argentina como de Venezuela (le) harían juicio si decía que los fondos decomisados no pertenecían a él” y que sus futuras acciones “podrían poner en riesgo la vida de sus hijos”. Ledesma viajó el 26. No informa en su nota cuántos días antes recibió el llamado. Según el FBI, el cuarto participante de la reunión fue Durán, quien le habría advertido a Wilson que hacer público el propósito y el destinatario de los dólares “resultaría en la pérdida de la elección” del candidato presidencial. Durán le habría advertido a Wilson que “el pueblo de Venezuela y la Argentina” deseaban que no se conociera la verdad sobre el affaire Antonini. Ledesma asegura no haber escuchado ese fragmento de la conversación. El agente especial del FBI Michael Lasiewicki, redactor del informe, omitió consignar la identidad y la profesión del abogado argentino. También la sugerencia rechazada. Por razones comprensibles, tampoco especificó quién grabó los diálogos de Antonini.

El miércoles, los venezolanos Maionica, Durán, Carlos Kauffmann y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello fueron detenidos en Miami. El mismo día el FBI presentó una acusación formal ante la Justicia. Los acusa de trabajar como agentes encubiertos de Venezuela para encubrir el origen y el destino de los 800.000 dólares decomisados el 4 de agosto en el aeroparque Jorge Newbery. También incluyen en la conspiración al venezolano Antonio José Canchica Gómez, prófugo de la Justicia.

El mismo miércoles el fiscal federal adjunto Tom Mulvihill especificó que los dólares decomisados eran para ayudar “a la campaña de Cristina Kirchner”. La Presidenta calificó las acusaciones del FBI como una “operación basura”, advirtió que no se va a dejar presionar y defendió la relación del gobierno argentino con el presidente venezolano Hugo Chávez.

El lunes los cuatro detenidos tendrán su primera audiencia ante una Corte de Justicia de Miami. El 28 deberán optar entre declararse culpables y negociar una reducción de la pena o presentarse como inocentes y afrontar un juicio que podría llevarlos a la cárcel.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-96216-2007-12-15.html

Presos en sus casas, en cuarteles militares y pocos en las cárceles

Sobre 339 represores presos, más de un tercio están en unidades militares. Un 35 por ciento goza de prisión domiciliaria. Hubo reclamos de querellantes, fiscales y el Ministerio de Defensa para que no están en unidades de las Fuerzas Armadas.

Por Diego Martínez

Los restos de cianuro hallados en el cadáver del prefecto Héctor Febres reavivan el debate sobre lugares y condiciones de detención de los represores. Algo es evidente: el Estado falla. Con o sin el consentimiento de Febres, alguien ingresó cianuro al destacamento de Prefectura. Suicidio o asesinato, el Estado, con sus jueces federales a la cabeza, tiene el deber de dar explicaciones.

Desde la reapertura de la causa ESMA, tanto querellantes como fiscalía cuestionaron los privilegios de los imputados. En 2004, la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios transmitió a los jueces su inquietud por los detenidos en bases de la Armada, Gendarmería y Prefectura. Al mes, el abogado Rodolfo Yanzón solicitó que ocho represores de la ESMA fueran trasladados a la cárcel de Marcos Paz. El juez Sergio Torres pidió informes y constató cómo vivía Febres: recepción, comedor, dormitorio, baño privado. El juez adujo “riesgos” y negó el pedido. Cuando el fiscal Eduardo Taiano le recordó que las cárceles argentinas son inhóspitas para todos, desempolvó otro argumento: “El rechazo que han generado en la opinión pública los hechos”, léase torturas y asesinatos. El rechazo no los diferencia de otros delincuentes presos, contestó Taiano. Fue en vano. El fiscal federal Félix Crous retrucó que se trataba de un privilegio insostenible, resabio de fueros derogados y competencias prohibidas. La Cámara Federal coincidió, a fines de 2005, y le ordenó a Torres que los marinos pasaran a ser custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal, pero nada cambió.

Cinco meses después, la ministra de Defensa insistió para que los jueces reconsideraran la decisión de enviar genocidas a los cuarteles. La Constitución lo prohíbe, las funciones penitenciarias están vedadas a las Fuerzas Armadas y sus miembros tienen prohibido vincularse con detenidos, explicó. Pero el juez no modificó su postura.

El 17 de julio último, Garré convenció a Torres de trasladar a los marinos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, la cárcel de Campo de Mayo, donde ahora los custodian agentes del Servicio Penitenciario. Sin celulares ni Internet, los oficiales navales no tuvieron mejor idea que presentar un hábeas corpus, recurso que se utiliza cuando se supone en riesgo la vida, la libertad o la integridad de una persona. Claro que la medida de Garré no alcanzó a Febres, que hasta el final siguió rodeado por sus camaradas de Prefectura.

¿Alguna razón justifica que los represores detenidos no estén en cárceles comunes? Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales no disponen de la infraestructura propia de una penitenciaria. Sus hombres no se capacitan como guardiacárceles. Tampoco merecen semejantes compañías. Las leyes de defensa y seguridad vedan a las tres armas las funciones de custodia y seguridad de presos a disposición de tribunales ordinarios.

Sobre 339 represores presos registrados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, un 35 por ciento goza de prisión domiciliaria, otro tanto está en unidades militares y el resto en cárceles comunes, categoría que incluye Campo de Mayo.

Los imputados por el fusilamiento de Margarita Belén viven plácidos en la Base de Apoyo Logístico de Resistencia. Toman aire en la plaza donde exhibieron los cadáveres y son servidos por soldados y suboficiales. El ex director de seguridad de Marcos Paz ordenó en marzo brindar un “trato privilegiado” a los genocidas. Los consideraba “presos políticos”. Cuando esto se supo, fue pasado a disponibilidad. Un fiscal denunció al SPF por obstaculizar la investigación para esclarecer la segunda desaparición de Julio López. La mayor parte de los policías provinciales procesados en el interior están detenidos en dependencias de sus propias fuerzas. Los privilegios parecen haberle jugado a Febres una mala pasada.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-96157-2007-12-14.html

Alcides Bosch

LA MASACRE DE MARGARITA BELEN

Por Diego Martínez

Los actos por el aniversario de la masacre de Margarita Belén culminarán hoy con una buena noticia: el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de Alcides Bosch, militante de la Juventud Peronista y más tarde de las Ligas Agrarias del norte argentino. Bosch fue secuestrado el 22 de noviembre de 1976 en Resistencia, transcurrió su cautiverio en algún centro clandestino aún no identificado y después de ser fusilado fue enterrado como NN, por orden del Ejército Argentino, en el cementerio San Francisco Solano de la localidad chaqueña.

En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 miembros de la Brigada de Infantería VII del Ejército arrancaron de cárceles legales y clandestinas a 22 hombres y mujeres (el número preciso nunca pudo ser confirmado). Los fusilaron en un paraje de la ruta 11 conocido como Margarita Belén. “Cuando trascendió la masacre se me estrujó el alma”, recuerda María Isabel Francovich, compañera de Bosch y primera secretaria general de las Ligas Agrarias. “Desde ese momento comencé a armar la figura del desaparecido. Comprendí que si iban a detenernos era mejor huir y ser asesinados, para que al menos nuestra familia se enterara”, agrega.

La mayor parte de las víctimas fueron entregadas a sus deudos a cajón cerrado. En mayo de 2001 la causa de la masacre se reabrió a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En 2005 por orden del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky el EAAF exhumó dos cuerpos, un varón y una mujer, enterrados como NN. Según una investigación de El Diario de la Región de Chaco, la mujer podría ser Ema Cabral, santafesina y esposa de Reinaldo Zapata Soñez, asesinado en el mismo operativo. El cotejo del ADN del varón con familiares de Bosch que colaboraron con la investigación permitió corroborar su identidad.

Alcides Bosch, Bocha para los amigos, nació en Las Mercedes, colonia rural de Villa Ocampo, en Santa Fe, el 10 de octubre de 1948. Según el periodista Raúl Borsatti, autor de Sólo digo compañeros. Vida y compromiso militante desde el norte de Santa Fe, cuando terminó el secundario se internó en el Seminario Diocesano de Santa Fe para formarse como sacerdote. Lo abandonó para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Católica. Hizo la conscripción en el Distrito Militar Santa Fe y tras algunos oficios terrenales en Reconquista se trasladó a Villa Ana, pagos arrasados por la Forestal en los años ‘30, donde se sumó al parque agrícola que dirigía su tío, el sacerdote tercermundista Rafael Yacuzzi. En representación de Villa Ana participó por primera vez de un congreso de las Ligas Agrarias del norte santafesino. El 22 de noviembre de 1976 partió a dedo desde Misión Lahisí, Formosa, hacia Resistencia. No hay testigos de su secuestro ni de su cautiverio. “Era un militante de tiempo completo. Voluntarioso, convencido, ponía el alma en cada tarea. Era afectuoso y cálido, siempre con una broma a mano, humor que heredó nuestro hijo”, recuerda su compañera.

Por la masacre de Margarita Belén hay once represores procesados. Desde abril de 2005 se encuentra prófugo el mayor Norberto Raúl Tozzo, dueño de medios de comunicación en las localidades entrerrianas de Monte Grande y Hasenkamp. Los actos por el aniversario concluirán hoy con una caravana hacia el lugar de la masacre. En el monumento que recuerda a las víctimas la agrupación H.I.J.O.S chaqueña agregará el nombre de Alcides Bosch.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-96102-2007-12-13.html

La otra cara de la Iglesia

LOS PASIONISTAS: LA CONGREGACION QUE COBIJO A LAS MADRES

En la Santa Cruz se reunían los familiares de desaparecidos durante la última dictadura. Allí nacieron la APDH y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Allí también fueron secuestradas las Madres fundadoras de Plaza de Mayo. Una parroquia que mantuvo en estos treinta años su compromiso con los problemas sociales.

Por Diego Martínez

Imagen: Gustavo Mujica

La palabra refugio flota en el aire de la Santa Cruz. ¿Por qué se reunían las Madres aquí? ¿Por qué les abrimos las puertas?, titula el padre Carlos Saracini en la revista de la parroquia. ¿Los pasionistas están locos? “Sí, decididamente locos. Dicho con humildad, conociendo nuestras fragilidades, incoherencias, miedos y cobardías”, responde. Igual que hace treinta años, cuando la pluma del padre Federico Richards denunciaba desde The Southern Cross las atrocidades que la Conferencia Episcopal silenciaba, los escritos de la Congregación de Misioneros Pasionistas van por carriles alejados de la jerarquía. Desde sus páginas aún predican Angelelli, Mugica, Freire y se celebra la autocrítica del almirante Godoy: ESMA como “símbolo de barbarie e irracionalidad”, un descenso al fango de la historia imprescindible “para explicar las consecuencias de colocar el corazón y los pies entre los pobres”.

El padre Carlos tiene 43 años. Aparenta menos. Se crió en la manzana Santa Cruz, que incluye parroquia, colegio y la Casa Nazareth, cobijo de perseguidos de dictaduras del Cono Sur aun antes del golpe. En 1991 se ordenó sacerdote, vivió el menemato desde Montevideo y en 1998 volvió “a Potenciar –con mayúsculas escribe– la manzana”. Desde entonces vive “años pasionistas, muy apasionados”.

¿Certezas? Apenas tres: ser coherentes con el modelo de Iglesia que predica, hacer memoria de la pasión de Jesús y vivir una fe adulta, responsable de su libertad.

La historia

El lunes 3 el padre Bernardo Hu-ghes cumplió 74 años. Como agradecimiento escribió una carta a sus amigos. “Siento como un don del Espíritu haberme encontrado con Madres y Abuelas: no me permitieron ser indiferente”, apuntó. La espera incluye un bautismo a un joven que lucha por dejar la droga. Bernardo arma una ronda, conversa y se calza “la maxifalda” para cumplir con el rito. Después busca una habitación y se dispone al diálogo.

–¿Cuándo ubica los primeros refugiados?

–Cuando cae (Salvador) Allende, las familias chilenas. Muchos terminan en Suecia.

–¿Había espacio para todos?

–Sí, la manzana tiene varias bocas de expendio. La escuela, frente al pasaje que llamo “Historia Argentina” porque nace en Independencia y termina en Estados Unidos; el templo, el local de Alcohólicos Anónimos que los curas no usamos, el servicio social y la Casa de Nazareth, treinta habitaciones con baño.

Sin proponerlo la charla se desvía hacia Perón. “Fuimos a recibirlo las dos veces: la primera con lluvia, la segunda con sol y tiros. Los muchachos del barrio le dieron sentido religioso, me invitaron a rezar la noche anterior. En el camino una columna nos advirtió: ‘nos robaron la fiesta’.”

–¿Cuándo sintió miedo por primera vez?

–La violencia nos rozó con (Juan Carlos) Onganía. A pocas cuadras, en Filosofía y Letras, fue la Noche de los Bastones Largos. Después cuando involucraron al cura (Alberto) Carbone con el secuestro de Aramburu. Invitamos a orar y vino la policía. “¿Qué significa tercermundistas? ¿Quieren casarse?”, preguntó un cana. “Para eso no hace falta tanto lío”, le explicamos. No había que distraerse, era sacar el foco del problema.

Hughes fue párroco de la Santa Cruz durante nueve años, hasta mayo de 1976. La historia oficial dice que se exilió. “No me dijeron las intenciones”, relativiza. Cuando masacran a los palotinos le advirtieron “no vuelvas, va carta”. En Bogotá conversó con Eugenio Delaney, teólogo que tenía a su cargo la Casa de Nazareth, donde una bomba había servido de advertencia. “Ahí me desayuno que en Argentina hay centros clandestinos, parecía imposible”, recuerda.

El 8 de diciembre de 1977 Bernardo estaba en Montevideo. Como párroco lo había reemplazado Mateo Perdía, hermano del montonero. Junto con Delaney, el padre Richards, el rector del colegio Carlos O’Leary y el sacerdote Jorge Stanfield, Perdía –amigo de Adolfo Pérez Esquivel– fue quien abrió las puertas de la Santa Cruz a las primeras Madres. Allí nacieron el Movimiento Ecuménico (MEDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). También la Asociación de Trabajadores del Estado.

Y allí siguen firmes, junto con los obreros de Brukman, en la Multisectorial Vecinos de San Cristóbal o exigiendo desprocesar a los trabajadores del Hospital Francés, copado por gendarmes. Como señal de alerta, un documental que hizo el grupo de jóvenes del Area Social de la parroquia por los 30 años de los secuestros arranca con un graffiti de 1976, “Fuera curas comunistas”, y otro de 2007, “Viva Videla” junto con la placa que recuerda a los doce secuestrados de aquella noche.

El padre Bernardo tampoco baja los brazos. Pelea “en medio de esa guerra brutal entre pobres que es el negocio de la droga” en el barrio San Cayetano, a mitad de camino entre Zárate y Campana. “Es un barrio cerrado, porque no tiene entrada, y privado, privado de todo”, lamenta.

–La sacamos barata –concluye cuando mira hacia atrás–. El secuestro de esas doce personas no fue un golpe a nosotros. No es que sea insensible. Quiero decir que si hubieran querido también nos habrían llevado.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-95949-2007-12-09.html