viernes, 22 de agosto de 2008

La maldad humana

LEONARDO BOFF, DE OBSERVADOR
Por Diego Martínez
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A falta de sacerdotes, la segunda audiencia del juicio tuvo un testigo de lujo. En la última fila de la pequeña jaula reservada al público, con poncho, bufanda y su inconfundible barba blanca, se ubicó el teólogo y filósofo brasileño Leonardo Boff, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación que inspiró en la Argentina el surgimiento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

“Los crímenes no pueden ser olvidados. La humanidad tiene que saber de qué ha sido capaz el alma humana, las perversidades que el ser humano comete. La opinión pública debe conocer los relatos que se escuchan en estos juicios porque, si no, las heridas seguirán abiertas”, explicó mientras el camión celular del Servicio Penitenciario partía con los represores.

“Me quedé un poco perplejo –admitió–. Uno los mira y parecen viejitos tranquilos, pero esconden una historia de perversidad que recién ahora llega a la luz. A mi lado había familiares que decían: ‘Me acuerdo de ese rostro cuando secuestró a mi hermana’. Son situaciones dramáticas”, explicó Boff, que asistió la semana pasada a la asunción de su colega ex sacerdote Fernando Lugo en Paraguay y que anoche, invitado por la cátedra libre “Don Jaime de Nevares”, dio una conferencia sobre “La Carta de la Tierra y los desafíos globales” en la Universidad Nacional del Comahue.

“En la Argentina se han superado ciertos límites insalvables para la persona humana, propios de los nazis. La conciencia de la humanidad debe rechazar estos crímenes, que ofenden la dignidad humana, y en ese sentido este juicio rescata la lucha de todos los que han sufrido, la fuerza y la resistencia de los grupos de neuquinos que nunca abandonaron la causa”, explicó.

Boff admitió que nunca antes había participado de una audiencia similar. “Lamento que ninguno de los imputados habló. Sólo se trataron formalidades, pero sé que con el correr del proceso aparecerán los testimonios y la pasión”, dijo. Agregó que “es el momento de estar junto con los comprometidos, con los que siempre alzaron la voz”, y expresó su deseo “de que triunfe la verdad y la justicia”.

–¿Se puede rezar por un criminal condenado? –preguntó un colega.

–Sí, un criminal nunca es sólo un criminal, nunca deja de ser persona y por lo tanto tiene también la presencia de Dios. Pero eso no disminuye su perversidad. Tenemos que rezar siempre, hasta que tengan justicia divina. La última palabra la debe tener Dios.

Ante quienes plantean “mirar para adelante”, destacó que “es importante, pero sin olvidar jamás que esto no puede volver a repetirse, de allí la necesidad de la verdad. No podemos congelarnos en el pasado, pero se debe escuchar el grito de las víctimas y debe haber justicia”.

El asesor del Movimiento de los Sin Tierra y de las Comunidades Eclesiales de Base de Brasil destacó que “donde hay opresión hay sentido de la liberación” y que la Teología de la Liberación “es más actual que nunca, porque las formas de opresión son globales”.

Simulando ignorar lo obvio y para ver la reacción, el cronista se acercó al oído de quien acompañaba a Boff y preguntó:

–¿No sigue siendo sacerdote, no?

–No, tiró la sotana; o se la hicieron sacar –sonrió el interlocutor–. Sigue hablando como si lo fuera, pero el Vaticano no lo reconoce.

Ocho escudados en el silencio

LOS REPRESORES QUE ESTAN SIENDO JUZGADOS EN NEUQUEN SE NEGARON A DECLARAR

Durante la segunda audiencia por secuestros, torturas y desapariciones, los militares no ampliaron su declaración indagatoria. Los abogados querellantes discutieron con el tribunal por las restricciones para presenciar las audiencias.

Por Diego Martínez
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El general Enrique Olea, uno de los procesdos por la represión en Neuquén.

Los ocho militares retirados acusados por secuestros y torturas cometidos en Neuquén durante la última dictadura se negaron ayer a hacer uso de la palabra para ampliar sus declaraciones indagatorias. Fue durante la segunda audiencia del primer juicio por delitos de lesa humanidad del sur argentino. Pese al reclamo de las querellas, el Tribunal Oral Federal que preside Orlando Coscia reiteró su negativa a continuar las audiencias en una sala alternativa y con una capacidad acorde con los centenares de allegados a las víctimas y a la importancia histórica del juicio.

El miércoles, sin más fundamento que su facultad de decidir, el tribunal rechazó la propuesta de de-sarrollar el juicio en la sala cultural Conrado Villegas. Ayer, cuando el juez declaró abierto el debate, la abogada Ivana Dal Bianco solicitó que se revisara la decisión porque “no es sólo una facultad del tribunal, es una cuestión que nos compete a todos”.

–¿En qué normas legales se sustenta, doctora? –la chicaneó Coscia.

–En el principio de oralidad y publicidad, en los pactos internacionales de derechos humanos que establecen que la publicidad es un derecho de la sociedad y una obligación que los jueces deben garantizar, y en los 32 años de lucha de los organismos de derechos humanos y del pueblo argentino –le respondió la abogada de Ceprodh. Nerea Monte, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, adhirió al pedido.

El defensor oficial Eduardo Peralta cuestionó luego el comportamiento del público durante la primera audiencia y solicitó al tribunal que “extreme los recaudos” para “conservar la seguridad” y para que reinen “el respeto y el silencio”. Se refería a que tanto al ingresar al recinto como al retirarse, las treinta personas apiñadas detrás del blíndex cantaron “como a los nazis/les va a pasar/a donde vayan los iremos a buscar”. Adhirieron al planteo los ocho defensores y, para desconcierto del público, también el fiscal Manuel de Reyes Balboa.

Luego de un breve receso para analizar los planteos y tras obligar al público a ponerse de pie para recibirlos, Sus Señorías informaron “no ha lugar” al pedido de las querellas, porque “no está previsto en disposición específica alguna”, y exhortaron al público a guardar silencio.

Llegó entonces el turno de escuchar a los ocho imputados. Coscia les explicó que la indagatoria era “un medio de defensa”, que “abstenerse de declarar no es presunción de culpa”, pero les advirtió que de todas formas el tribunal tenía obligación de dictar sentencia. Luego los invitó, uno a uno, a sentarse en el centro de la sala, frente a un ejemplar de la Biblia Latinoamericana reservado para los testigos.

El primero fue el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 182.

–¿Quiere declarar o prefiere guardar silencio?

–No voy a declarar –respondió.

Siguió el mayor Luis Farías Barreras, ex jefe de personal de la Brigada de Infantería de Montaña VI que recibía a los familiares de los desaparecidos, y más tarde el teniente coronel Sergio San Martín, acusado como torturador del Destacamento y activo hasta 1994.

–Voy a guardar silencio, Su Señoría.

–Muy bien, caballero –lo despidió el juez.

Así, sin responder más que lo inevitable, pasaron los ocho. Jorge Molina Ezcurra, compañero de tareas de San Martín y premiado luego con un cargo de jefe de sección en el Batallón de Inteligencia 601 de Viamonte y Callao, apuntó que se retiró como coronel en 1995. Siguieron el suboficial mayor Francisco “El Loro” Oviedo, el coronel Oscar Lorenzo Reinhold –que prefirió cubrir su chaleco antibalas con un sobretodo–, el general de brigada Enrique Braulio Olea y el mayor médico Hilarión de la Pas Sosa.

Antes de que el juez diera por concluida la audiencia, el defensor oficial Peralta solicitó que sus defendidos (Reinhold, Farías Barrera y Gómez Arena) puedan no asistir a las audiencias de declaraciones testimoniales que se extenderán durante los próximos dos meses. Adhirieron al planteo los abogados Hernán Elizondo y María Cecilia Oviedo, que defiende a su papá. La querellante Dal Bianco solicitó al tribunal que, de acceder al pedido, los imputados queden en una sala contigua a la de audiencias y no en la cárcel de General Roca donde pasan sus días. “Los asiste el derecho que invocó el defensor”, volvió a desentonar el fiscal De Reyes Balboa. Coscia anunció que oportunamente el tribunal decidirá sobre el planteo y dio por concluida la audiencia.

La sala se puso de pie para despedir a Sus Señorías y la treintena de presentes amuchados al fondo de la sala retomó una música y una letra que ya es clásico en juicios de todo el país: como a los nazis, sí.

–¡Desalojen la sala! –ordenó Coscia, pero hasta los policías le sonrieron.

–¿Te acordás cuando me torturabas, hijo de puta? –le gritó un hombre a uno de los represores.

Ninguno acusó recibo.

jueves, 21 de agosto de 2008

“Son parte del genocidio ocurrido en Argentina”

En Neuquén comenzó ayer el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en el sur del país

Con una manifestación en la calle y ocho represores en el banquillo, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio de querellantes y fiscales. Los organismos sostuvieron el carácter genocida de la dictadura. Una abogada sufrió un atentado mafioso.

Por Diego Martínez
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El represor Enrique Braulio Olea, general de brigada.

Desde Neuquén

Con un millar de personas en la calle y reclamos de cárcel perpetua y efectiva colándose por las ventanas, ayer comenzó en el Tribunal Oral Federal de Neuquén el primer juicio por delitos de lesa humanidad del Sur argentino. La audiencia incluyó la lectura de los requerimientos de elevación de querellantes y fiscales más la parte resolutiva que dispuso el juez federal Guillermo Labate. La mala nueva del día fue el mensaje mafioso que recibió la abogada Ivana del Bianco, del Ceprodh. El martes a la noche desconocidos ingresaron a su casa, robaron su computadora personal, dieron vuelta todos los cajones, encontraron 500 pesos, pero los dejaron sobre la cama para que nadie los confunda con ladrones comunes. Hoy los defensores formularán sus clásicos planteos dilatorios y los ocho imputados podrán declarar o mantener el pacto de silencio, que no será usado en su contra.

Los represores llegaron minutos antes de 7.30. El sol no había asomado, el frío penetraba. La bienvenida corrió por cuenta de una veintena de militantes de Hijos. “Como a los nazis / les va a pasar / a donde vayan los iremos a buscar”, entonaron a coro. Del celular bajaron rápido, con chalecos antibalas, varios con boinas de abuelito, custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal. Antes de las 9 entraron a la sala, uno a uno y con esposas, que les quitaron frente a fotógrafos y camarógrafos. Los penitenciarios cerraron las ventanas, sin suerte: los tambores sonaban cada vez más fuerte. “No hubo errores / no hubo excesos / son todos asesinos los milicos del proceso”, cantaban abajo.

La calle era una fiesta: un pañuelo gigante de Madres de Plaza de Mayo, fotos de los imputados antes de sus indagatorias, rostros en blanco y negro de desaparecidos locales, cada uno con una breve historia personal, e infinidad de banderas, entre otras de CTA, Federación Universitaria del Comahue, ATEN, cerámicas Del Valle y Zanon, PTS, Movimiento Sur y Convergencia Socialista. Una mujer paseaba una pancarta con la cara de monseñor Jaime de Nevares. “En los corazones de los que no aflojan”, decía.

Cuando los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Oscar Albrieu (subrogante, de General Roca) terminaron de acomodarse, la abogada Del Bianco pidió la palabra. “Anoche en mi domicilio hubo un robo bastante sospechoso. Se llevaron una computadora, dieron vuelta todos los cajones, encontraron 500 pesos, pero los dejaron a la vista, sobre la cama. Hicimos la denuncia, pero queremos decirlo en esta sala porque no lo desvinculamos del juicio”, explicó. Vale recordar que la causa tiene tres prófugos: el capitán Jorge Di Pascuale, que integraba el Destacamento de Inteligencia 182 igual que cuatro de los imputados, y dos policías de la provincia de Río Negro: Héctor Mendoza y Saturnino Martínez.

Del Bianco planteó que la continuidad de un juicio histórico para la Patagonia en una sala ínfima, no apta para claustrofóbicos, “es otro modo de mantener el tema oculto y de vulnerar el principio de publicidad”. Ayer el tribunal rechazó formalmente la propuesta de las querellas de desarrollar las audiencias en la sala cultural Conrado Villegas. La argumentación de Sus Señorías fue contundente: “Es facultad ordenatoria propia del tribunal”.

Si Jesucristo hablara

Antes de la lectura de los pedidos de elevaciones, el presidente del tribunal, Orlando Coscia, solicitó a los imputados que se identificaran. A diferencia de los cordobeses, aquí no respetaron jerarquías. Desde la izquierda, detrás de los nueve abogados encargados de defenderlos, se ubicaron el coronel Mario Gómez Arenas, el mayor Luis Farías Barrera, los coroneles Sergio San Martín y Jorge Molina Ezcurra, el sargento Francisco Oviedo, el general de brigada Enrique Braulio Olea y el coronel médico Hilarión de la Paz Sosa. En segunda fila, solitario, el coronel Oscar Lorenzo Reinhold. Contra la pared, una hilera de penitenciarios con revólveres a mano, tal vez para justificar los chalecos antibalas de los represores. Sobre sus cabezas, sin chance de objetar su ubicación en la sala, un pequeño Jesucristo crucificado.

La lectura, a cargo de la secretaria del tribunal María Julieta Cesano de Caunedo, comenzó por el pedido de elevación a juicio de los fiscales José María Darquier y su adjunta María Cristina Beute, noventa páginas con relatos de secuestros, robos, vejaciones, simulacros de fusilamientos e interrogatorios a cargo de celebridades como Raúl Guglielminetti. Las reacciones de los imputados fueron dispares. Gómez Arena, ex jefe del Destacamento 182 con base en La Escuelita, no logró controlar su tic nervioso: durante horas guiñó ambos ojos. Farías Barrera, ex jefe de personal de la Brigada de Infantería de Montaña VI, ladino y apocado en el recuerdo de los familiares que hace tres décadas le rogaban por sus desaparecidos, puchereó hasta que el sueño lo venció. El Laucha, como lo apodan sus camaradas, tiene 78 años. El general Olea, ex jefe del Batallón de Ingenieros 181, fue el único que tomó apuntes. Reinhold, ex jefe de inteligencia de la Brigada, permaneció inmutable.

El escrito suscripto por las abogadas de la Asamblea por los Derechos Humanos Nerea Monte y María Suárez explicó que los represores invocaron ser “guardianes de la civilización occidental y cristiana” para cometer sus crímenes, destacó que “el descreimiento de la Justicia” fue funcional a la impunidad y recordó el rol “de los sacerdotes para el ablande de los detenidos”. El organismo comparó la masacre argentina con los genocidios nazi y armenio y con la matanza de Ruanda en 1994 y pidió “llamar por su nombre a fenómenos que registran similitudes que deben ser reconocidas”. Farías Barrera se durmió abrazado al texto de la APDH.

El Ceprodh, representado por Del Bianco y Romina Sckmunck, destacó que los represores “eran fungibles” dentro de “una estructura de poder” y tenían “plena conciencia de desarrollar acciones criminales”. Recordó que el TOF de La Plata “reconoció la existencia jurídica del genocidio”, citó al sociólogo Daniel Feierstein para argumentar que la dictadura “se propuso eliminar una fracción de la sociedad” y que los delitos de cada represor se cometieron “con la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional y en consecuencia forman parte del genocidio ocurrido en la Argentina entre 1976 y 1983”.

Hoy y si es necesario mañana tendrán la palabra imputados y defensores. El lunes comenzarán las testimoniales: declararán la presidenta de APDH, Noemí Labrune, la abogada Mirta Mántaras, el sacerdote Rubén Capitanio y el ex juez federal Rodolfo Rivarola, actores centrales del proceso judicial en la Patagonia hasta la sanción de las leyes de impunidad.

miércoles, 20 de agosto de 2008

Ocho militares ante el tribunal

Empieza el juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén
Por Diego Martínez

Desde Neuquén

El Tribunal Oral Federal de Neuquén juzgará desde hoy a ocho militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Escuelita y en dependencias de la Brigada de Infantería de Montaña VI durante la dictadura. Entre los imputados sobresalen el general de brigada Enrique Braulio Olea, los coroneles Oscar Lorenzo Reinhold y Mario Alberto Gómez Arenas, y el mayor Luis Alberto Farías Barrera. Se los juzgará por asociación ilícita, 17 secuestros y torturas agravadas y una desaparición forzada. Se trata del primer juicio oral y público por crímenes imprescriptibles en el sur argentino, tercero en el interior del país.

El juicio se hará en una sala con capacidad para 40 personas, que obligará a las víctimas a seguir las audiencias desde la calle, donde habrá pantallas, y a los periodistas a pasar la noche en la puerta del tribunal para acceder a uno de los veinte lugares para la prensa. Hay 160 medios acreditados y se asignarán por orden de llegada. La sede original era la ex Legislatura local, con capacidad para 130 personas, pero se cayó el techo del edificio. Los querellantes sugirieron como alternativa la sala cultural Conrado Villegas, pero fue rechazada. Los gremios estatales y la Universidad del Comahue declararon asueto para estar hoy presentes.

La causa por crímenes de lesa humanidad en Neuquén y el Alto Valle se reabrió en 2005, tiene más de 90 víctimas y varias decenas de represores identificados. El juez federal Guillermo Labate la fragmentó y elevó en una primera etapa los 17 casos por los que se juzgará a los ocho militares. Desde hoy al viernes, se prevé la lectura de la elevación a juicio, y los requerimientos de fiscalía y querellantes: APDH y Ceprodh.

Olea era jefe del Batallón de Ingenieros 181. En un terreno aledaño funcionó La Escuelita. Reinhold era jefe de inteligencia de la Brigada. Farías Barrera, de personal. Gómez Arenas era jefe del Destacamento de Inteligencia 182. Los otros imputados son los oficiales Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín, miembros del destacamento y acusados de torturas, el médico Hilarión de la Paz Sosa, acusado de adormecer a las víctimas antes de los traslados, y el suboficial Francisco Julio “Loro” Oviedo. El 1º de agosto, para evitar sorpresas, el tribunal ordenó concentrar a los militares en la cárcel de General Roca. Cinco tenían arresto domiciliario. Murió impune el jefe de la brigada general José Luis Sexton y están prófugos el capitán Jorge Di Pascuale y el ex comisario Héctor Mendoza.

domingo, 10 de agosto de 2008

Buscados

HAY 40 REPRESORES CON ORDEN DE CAPTURA QUE NO APARECEN

La fuga de Julián Corres, que ya había estado prófugo, actualizó la problemática de los métodos utilizados para ubicar a los acusados por delitos de lesa humanidad. La unidad de búsqueda todavía no funciona.

Por Diego Martínez

“En teoría las fuerzas de seguridad y el enorme aparato de inteligencia estatal los buscan. En la práctica más de uno sonreirá, mate en mano, al leer esta nota y pensar en sus argucias cotidianas para burlar al Estado que hasta hoy, con fundamentos, consideran bobo.” El comienzo del informe especial sobre represores prófugos que Página/12 publicó el 11 de marzo de 2007 mantiene su vigencia intacta. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado, del CELS, hay 40 prófugos en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, apenas tres menos que hace 17 meses. Teniendo en cuenta las 413 órdenes de detención, significa que uno de cada diez militares, marinos, aviadores, gendarmes, prefectos, penitenciarios, policías y colaboradores acusados por delitos de lesa humanidad logran escabullirse de la Justicia.

El principal agravante respecto de aquel momento es la existencia de un fugado: el teniente coronel Julián Corres. El 3 de abril cuando Interpol lo detuvo, con la fisonomía cambiada, el torturador de La Escuelita llevaba 18 meses escondido. El juez federal Alcindo Alvarez Canale alojó a un oficial de inteligencia en una dependencia sin las más elementales medidas de seguridad, a cargo de un comisario que va a sus cumpleaños. Recién tres meses después, tras procesarlo por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y siete desapariciones forzadas, ordenó su traslado a Campo de Mayo y se fue de vacaciones. Durante el mes siguiente fue el Servicio Penitenciario Federal el responsable de no concretar el traslado.

La segunda diferencia es una decisión política que nunca se concretó: la creación de un organismo dedicado a buscar a los represores prófugos. El 29 de mayo la presidenta Cristina Fernández promulgó la ley 26.375 que creó una Unidad Especial con ese fin, dotada de un fondo de recompensas de cinco millones de pesos. El 27 de junio el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos fijó una serie de pautas para regular los pagos. Tras la fuga de Corres, cuando Página/12 recordó que la unidad no existía, el ministro Aníbal Fernández la invocó para ofrecer 150.000 pesos a quien aportara información sobre el Laucha. Pero al día de hoy, esa fue toda su actividad. Fernández explicó ayer por medio de su vocero que la demora obedece a que Jefatura de Gabinete no transfirió los fondos necesarios y anticipó que la creación se concretará en la semana próxima.

La desidia dio lugar a situaciones que, sin el trasfondo de la masacre, serían risueñas. El ex agente Raúl Guglielminetti, con orden de detención desde 2003, vivió siempre en su casaquinta La Mapuche, que todos en Mercedes conocen. Hasta agosto de 2006, cuando el juez Daniel Rafecas dio instrucciones sobre la ubicación del empresario, ninguna fuerza de seguridad lo había buscado. El teniente coronel retirado Ernesto Kishimoto llevaba un año y medio prófugo cuando entregó su DNI para el check in en el aeropuerto de Posadas. Mientras lo detenían aclaró que ignoraba el pedido de captura y que siempre vivió en un departamento de Corrientes al 4500 que figura a su nombre en la guía telefónica.

Más insólito es el caso del capitán Carlos Eduardo Domínguez Linares, próspero hacendado cordobés y ex mano derecha del gobernador de facto de Formosa, general Juan Carlos Colombo. La APDH local informó a la Justicia el domicilio y el número de celular del militar, que solía aparecer en el canal rural con bombacha y chiripá como presidente de la Confederación Gaucha Argentina. Según los querellantes, el juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro “transformó un pedido de captura en una averiguación de paradero” y recién un año y medio después, cuando el Consejo de la Magistratura lo convocó a dar explicaciones, ordenó su detención.

Otras detenciones sirven de contracara y sugieren que el Estado, cuando se lo propone, puede. El capitán Enrique José Del Pino, ex jefe de un grupo de tareas de El Banco y El Olimpo, fue detenido por Interpol cuando salía de un restaurante de Palermo después de un prolongado trabajo de inteligencia. Llevaba 18 meses prófugo. Su compañero de andanzas, sargento ayudante Alfredo Omar “Cacho” Feito, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601, se burló mientras pudo: dos meses después de ser declarado en rebeldía su nombre apareció en el Boletín Oficial como socio de la sociedad anónima Poitagua. Tras el informe de Página/12 de marzo de 2007, el juez federal Ariel Lijo encomendó su captura al Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. Fue detenido seis meses después, tras un trabajo de escuchas en las que se lo mencionaba como “Señor X” o “Innombrable”. También el capitán Carlos Esteban Pla, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como asesino de Graciela Fiochetti, fue detenido en Vicente López por la división Antiterrorismo de la Policía Federal tras un año bien guardado.

La última captura destacable fue la de Corres, que además de su oficio en inteligencia disponía de todos los recursos materiales imaginables. Su padrino es el empresario Héctor Lapeyrade, un multimillonario dueño de la petrolera Chañares Herrados e íntimo de su padre, a quien prometió garantizar la buena vida de la familia. Lapeyrade admitió que le pasaba 4500 pesos al prófugo y otros 5000 a su esposa. El juez bahiense Alvarez Canale frustró la pesquisa que pudo haber derivado en su detención. En la investigación por la fuga de Corres obligó al pase a disponibilidad de dos militares en actividad: el secretario y el comandante del V Cuerpo de Ejército.

Celebridades

La causa ESMA tiene más de cincuenta represores procesados con preventiva, pero también ostenta el récord de prófugos. El más antiguo es el capitán de fragata Jorge Vildoza, ex jefe de un grupo de tareas. La justicia ya lo buscaba en 1986, junto con su esposa Ana María Grimaldos, por la apropiación de una menor. Sus buenos contactos le permiten reunirse sin mayores problemas con uno de sus hijos biológicos, titular de la firma de máquinas de juego American Data, con sede en Martínez y negocios en la Patagonia.

Rosario tiene más prófugos que procesados. La ceguera selectiva de su policía provincial es ostensible. El ex PCI del Ejército Walter Pagano fue detenido de bronca, mientras escuchaba misa, por el hijo de otro represor. El ex comisario César Luis Peralta, alias “La Pirincha”, es dueño de una flota de taxis y compartiría con sus ex camaradas negocios menos transparentes pero más rentables. La última captura, por parte de la Policía Federal, fue la del comisario inspector Carlos Alberto “Dippy” Moore. En febrero Rosario/12 publicó por primera vez una foto del prófugo Jorge Andrés Cabrera, alias Barba, uno de los más finos especialistas en torturas de la patota de Feced.

Un caso insólito es el del teniente de navío Roberto Bravo, acusado por la Masacre de Trelew. El juez Hugo Sastre ordenó su detención el 9 de febrero. Luego Página/12 informó que Bravo es dueño en Florida de RGB Group, que factura millones de dólares y provee servicios al Pentágono. Interpol pidió que le traduzcan acusación y pruebas, tarea que comenzó en abril. El viernes el fiscal Fernando Gélvez le pidió al juez que intime a la intérprete a terminar. Bravo ya tuvo siete meses para esconderse.

La lista de prófugos que Aníbal Fernández debería poner a disposición de la justicia incluye varias celebridades. El mayor Jorge Antonio Olivera viajó a Italia para defender a Carlos Suárez Mason pero quedó detenido por la desaparición de Marie Anne Erize. Recuperó su libertad con ayuda de inteligencia del Ejército, que faxeó a Italia un documento falso. El coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V, fue hasta 2000 titular de la empresa de seguridad Alsina SRL. Felipe Romeo dirigió el pasquín El Caudillo, vocero de la Triple A.

sábado, 9 de agosto de 2008

Los amigos del Laucha

El comandante del V Cuerpo pasó a disponibilidad

Oscar Gómez era superior del ex secretario general del comando, que admitió que visitó y asistió a los represores detenidos en la delegación de la policía de la que se fugó Corres.

Por Diego Martínez
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El ex comandante del V Cuerpo de Ejército Oscar Gómez.

Las sospechas sobre la complicidad de oficiales del Ejército en la fuga del teniente coronel retirado Julián Corres derivaron ayer en el pase a disponibilidad del general de brigada Oscar Roberto Gómez, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca. Gómez era superior inmediato del ex secretario general del comando, coronel Jorge Roque Co-cco, quien admitió ante la Justicia que “en respuesta a órdenes superiores” visitó y asistió con camas, colchones, sábanas, medicamentos, mate amargo, tortas de coco y hasta un patriótico locro a los represores detenidos en la delegación local de la Policía Federal de donde se fugó El Laucha Corres. Según el comunicado difundido por Defensa, la ministra Nilda Garré consideró que “Gómez debía tener conocimiento de los inadecuados mecanismos de visita y asistencia al ahora, por segunda vez, prófugo de la Justicia”.

La íntima relación de Cocco con los camaradas en desgracia se conoció a partir del testimonio de los guardias encargados de custodiarlos. Los servicios comenzaron en 2006, con la detención del suboficial Santiago Cruciani. Cocco era entonces jefe del Batallón de Inteligencia 181. Otro visitante asiduo era el coronel retirado Rubén Villano, ex subordinado de Corres, también de inteligencia, que aún no fue citado por la Justicia.

Con la llegada de los oficiales Jorge Mansueto Swendsen y Miguel Angel García Moreno el trato a los detenidos pasó a ser privilegiado: puertas abiertas, visitas a deshora y sin registro, reuniones en una sala acondicionada con sillones y cafecitos en el despacho del subcomisario Marcelo Voros, pasado a disponibilidad al día siguiente de la fuga.

El cabo Pablo Carbajal y el inspector Juan Carlos Lastra contaron que se negaron a acceder a los pedidos de los militares, que invocaban a Voros para exigir servidumbre. Ambos son casualmente los únicos procesados, aunque fueron excarcelados. El juez federal Alcindo Alvarez Canale los consideró partícipes secundarios del delito de facilitación de fuga.

El domingo Página/12 informó que Cocco había sido pasado a disponibilidad y que se le había iniciado un sumario. El martes, antes de declarar, el coronel, aún sonriente, sugirió a la prensa que era apenas “un tema periodístico”. Aún no había sido notificado. Minutos después, ante el juez y el fiscal federal Hugo Cañón, admitió las visitas, dijo que la habitación/celda no tenía llave ni candado y que “por caridad cristiana” llevaba tortas para acompañar las rondas de mate. Enmarcó sus servicios como “acciones solidarias” del Ejército, equiparó los préstamos a represores con los que realizan a boy scout, bomberos y discapacitados y mencionó entre los superiores que lo autorizaban al general Gómez y al coronel José Herminio Hernández, jefe del Estado Mayor del Cuerpo V.

El martes a la tarde Garré recibió a Gómez en su despacho. Defensa no hizo pública la explicación del militar, aunque trascendió que la reprimenda fue dura. La ministra “reiteró en tono enérgico” instrucciones para que los oficiales activos no participen de “actividades de supuesta contención” de criminales de lesa humanidad y advirtió que “las solidaridades corporativas con acusados de terrorismo de Estado perturban el proceso de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad”.

El jueves, el fiscal Cañón explicó en FM Universal que había un “respaldo institucional” del Ejército a los represores. Gómez respondió por el mismo medio que la fuerza “no tiene responsabilidad alguna en la administración, custodia y alojamiento del personal militar detenido”, aunque admitió “puntos de vinculación” con la Policía Federal y sugirió que estaba obligado a atender la salud de los retirados en manos de la Justicia.

Un día después, Defensa decidió su pase a disponibilidad “por sus responsabilidades en el ejercicio del comando de su gran unidad de batalla en las circunstancias vinculadas con la fuga” de Corres y destacó “la dependencia directa de su mando” del servicial Cocco. Gómez había asumido el mando del Cuerpo V el 6 de febrero pasado.

La causa por la fuga tiene cuatro imputados. Los dos guardias procesados y los dos ex jefes de la Policía Federal: el comisario Gustavo Scelsi y el subcomisario Voros. Alvarez Canale ya indagó a Scelsi, el desconocido que va a sus cumpleaños, pero aún no resolvió su situación procesal. Voros aún no fue indagado. Ambos pasan sus días en la cárcel de Villa Floresta.

jueves, 7 de agosto de 2008

“Te voy a matar con mis propias manos”

Cuatro represores condenados, una absolución y un show de Cecilia Pando que incluyó amenazas de muerte

La defensora mediática de los represores acusó a los jueces de “cobardes” y amenazó al secretario de Derechos Humanos y a la diputada Victoria Donda, luego de que un tribunal correntino condenara a tres militares y a un ex gendarme por crímenes de lesa humanidad.

Por Diego Martínez
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Cecilia Pando hizos el gesto de degüello mientras gritaba a sobrevivientes y familiares de desaparecidos.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó ayer a tres oficiales retirados del Ejército y a un ex comandante de Gendarmería por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 9 durante la dictadura. El empresario ganadero y ex presidente de la Sociedad Rural de la provincia, capitán Juan Carlos De Marchi, apodado “El Electricista” por sus destrezas con la picana, pasará 25 años en una cárcel común como cualquier hijo de vecino. La sentencia incluyó la absolución de un suboficial del Ejército, la segunda desde la reapertura de las causas, y un espectáculo dantesco de la militante por los derechos de los genocidas Cecilia Pando, que incluyó amenazas de muerte a los jueces, a la diputada Victoria Donda y al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

El juicio tuvo un gran ausente: el general Cristino Nicolaides, comandante de la Brigada de Infantería VII de la que dependía el Regimiento donde se cometieron los crímenes. El ex jefe del Ejército fue condenado a 25 años de prisión en diciembre por los secuestros y desapariciones de cinco militantes montoneros que ingresaron al país en 1979. La salud le evitó una segunda condena segura. Aún goza de prisión domiciliaria en su casa del barrio Cerro de las Rosas, en Córdoba.

Los represores correntinos fueron juzgados por el homicidio de Rómulo Artieda, la desaparición forzada de Juan Ramón Vargas y una veintena de secuestros y tormentos agravados. Luego de su cautiverio en el Regimiento 9, Artieda fue asesinado y enterrado en una fosa común del cementerio de Empedrado. De allí lo exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La pena mayor, prisión perpetua, recayó sobre el coronel Julio Rafael Manuel Barreiro. El tribunal que preside Víctor Alonso e integran Lucrecia Rojas de Bardaró y Guillermo Navarro lo consideró autor del delito de asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos.

De Marchi y el coronel Horacio Losito, agregado militar en Italia hasta 2003, fueron condenados a 25 años de prisión por asociación ilícita más once y diez secuestros y tormentos respectivamente. El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, alias “El Astiz correntino” por infiltrarse en la familia de Artieda, fue condenado a 18 años de prisión como partícipe necesario en seis casos y coautor de un séptimo. Sólo resta definir si cumplirán sus penas en Marcos Paz o en Resistencia.

El absuelto de culpa y cargo es el sargento retirado Carlos Roberto Píriz. Los motivos de la absolución, que las querellas van a recurrir ante la Cámara de Casación, se conocerán el 17 de septiembre cuando el tribunal dé a conocer sus fundamentos. “La absolución demuestra que las sentencias no están escritas de antemano, que los juzgamientos no son políticos y que estamos transitando el camino de la justicia y la verdad. Píriz llegó a juicio porque había pruebas suficientes. Que un tribunal imparcial pueda valorar la prueba y resolver lo contrario forma parte de las reglas de un estado de derecho”, sintetizó el abogado Mario Bosch, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Un día histórico

Si bien la sentencia a Menéndez & Cía. en Córdoba fue la primera del interior del país (Miguel Etchecolatz y el cura Christian von Wernich fueron condenados en La Plata, que para el interior profundo es un anexo de Buenos Aires), el primer juicio oral y público en comenzar, a principios de febrero, fue el de Corrientes.

La previa de ayer arrancó, pese al frío, con una vigilia de pibes de Barrios de Pie y agrupaciones estudiantiles en la esquina del tribunal, en La Rioja y Carlos Pellegrini. Con el correr de la mañana llegaron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, militantes y familiares de Misiones, Chaco y Entre Ríos, funcionarios nacionales, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, y la diputada nacional Victoria Donda.

Pando correteó ante la indiferencia generalizada y desparramó panfletos con una frase que habría suscripto el ex presidente de Peugeot Argentina y actual embajador argentino en Francia, Luis Ureta Sáenz Peña, en la cual se expresaría “reconocimiento y solidaridad” a quienes “derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista”.

La actitud humilde de los familiares del suboficial Píriz contrastó con la arrogancia y la pilcha de los críos de los oficiales. “Entran con chalecos antibalas los héroes de Malvinas”, arengó un hijo de Losito cuando ingresaron a la sala. Un segundo después de que el juez Alonso, con la cruz sobre su cabeza, terminara de leer la sentencia, Pando se paró sobre una silla y empezó a gritar desaforada. “Ustedes van a pagar por lo que están haciendo. Juzguen al terrorismo, no sean cobardes”, les gritó a los jueces mientras se retiraban de la sala.

A diferencia de Córdoba, donde los familiares de los imputados le exigieron no hacer papelones y acató sin chistar, en Corrientes nadie intentó contenerla. En línea con el alegato del condenado Menéndez y sin disimular sus desequilibrios, Pando reiteró varias veces el típico gesto de degüello mientras gritaba “¡Asesinos! ¡Terroristas! ¡Falsificadores!” a sobrevivientes y familiares que se abrazaban. “¡Te voy a matar con mis propias manos!”, amenazó al secretario Duhalde. “¡Son jueces parciales! ¡Se les ha pagado a todos!”, agregó una cuarentona indignada. A la hora de insultar también sobresalieron la esposa y un hijo de Losito, educado “en la moral cristiana” según el coronel. “Les ponemos los micrófonos y somos sujetos de agresiones. Todos los medios recibimos patadas y cachetazos”, relató en vivo un corresponsal de televisión. La respuesta de quienes supieron esperar justicia durante treinta años no se hizo esperar:

–¡¿Rómulo Artieda?!

–¡Presente!

–¡¿Juan Vargas?!

–¡Presente!

Alguien aconsejó “un psiquiatra” para Pando y un coro de voces comenzó a celebrar. “Como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.” Las amenazas siguieron fuera de la sala. “¡Nos la vas a pagar!”, le gritó el hijo de De Marchi al fiscal Oscar Resoagli, que intervino en la primera etapa de la causa. En la calle, medio millar de personas que escucharon la sentencia en vivo seguían celebrando.

miércoles, 6 de agosto de 2008

Solidarios con “El Laucha”

Dos militares dieron explicaciones por la fuga del represor Julián Corres

El ex secretario general del Cuerpo V de Ejército, Jorge Roque Cocco, declaró ante la Justicia. El comandante del Cuerpo V, Oscar Gómez, fue citado por la ministra Nilda Garré, quien rechazó “las solidaridades corporativas” con los represores.

Por Diego Martínez
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La ministra de Defensa, Nilda Garré, recibió ayer al jefe del V Cuerpo de Ejército.

El ex secretario general del Cuerpo V de Ejército, coronel Jorge Roque Cocco, declaró ayer ante la Justicia que los servicios brindados a los camaradas en desgracia procesados por crímenes de lesa humanidad fueron “en respuesta a órdenes superiores”. Agregó que “por caridad cristiana” un par de veces les llevó tortas de coco. Ayer la ministra de Defensa, Nilda Garré, recibió al comandante del Cuerpo V, general de brigada Oscar Roberto Gómez. Según una alta fuente de la cartera que no dejó trascender la explicación brindada por el militar, la ministra le advirtió que “las solidaridades corporativas con acusados de terrorismo de Estado perturban seriamente el proceso de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad”. Defensa deberá evaluar ahora el informe escrito de Gómez.

A casi dos semanas de la fuga del teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, alias Laucha, procesado por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas en 1976, su paradero sigue siendo un misterio. La causa tiene dos imputados: el comisario Gustavo Scelsi y el subcomisario Marcelo Voros, jefe y subjefe de la delegación de la Policía Federal donde se alojó a Corres durante casi cuatro meses. Luego de rechazar el pedido de recusación de los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño por su amistad con Scelsi, quien participa de sus fiestas de cumpleaños, el juez federal Alcindo Alvarez Canale les negó la excarcelación a los policías, detenidos en la cárcel de Villa Floresta. Voros aún no declaró.

Página/12 informó el domingo que Garré había citado a Gómez y ordenado la apertura de sumario para Cocco, a quien ordenó pasar a disponibilidad. Cocco llegó al tribunal bahiense sonriente y con uniforme. Enmarcó el aporte de camas, colchones, sábanas y toallas a los represores como parte de la acción solidaria del Ejército. La equiparó con donaciones a boy scouts, bomberos y discapacitados. Aclaró que los pedidos se satisfacen “siempre que sean institucionales” y dijo que en el caso específico fue “por requerimiento de la Policía Federal”.

–¿Y para qué fue con un inventario y aclaró que debían devolverlas cuando los detenidos abandonaran esa dependencia, como declaró el comisario Scelsi? –le preguntó el fiscal Hugo Cañón.

Cocco no supo qué responder. El militar se tomó su tiempo ante cada pregunta. Invocó una supuesta directiva de Sanidad del Ejército por la cual el comando tendría obligación de proveer de medicación a militares presos. Los superiores que mencionó son el general Gómez y el jefe de Estado Mayor del Cuerpo V, coronel José Herminio Hernández.

El militar dijo que visitaba a los imputados una vez por semana, cuando salía del Comando, entre 19 y 20.30, pese a que el horario de visitas había concluido. Admitió que la habitación/calabozo donde tomaban mate no tenía llave ni candado. Además de la torta dijo que “el 25 de Mayo, Día de la Patria, por caridad cristiana” les llevó un locro que costeó de su bolsillo. Aclaró que conoció a Corres tras la detención. Sobre la fuga del sábado pasado, dijo que a las nueve de la mañana partió hacia Río Cuarto y que a las cinco de la tarde el coronel Hernández le avisó por teléfono.

–¿Cuál fue su reacción?

–Grité “¡qué tremendo hijo de puta!” –aseguró.

Garré recibió a Gómez en su despacho de piso 11 acompañada por el secretario de Asuntos Militares, Germán Montenegro, y la directora de Derechos Humanos, Ileana Arduino. La reunión duró más de una hora. La fuente de Defensa informó que la ministra “reiteró en tono enérgico precisas instrucciones acerca de la absoluta limitación de la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de supuesta contención de personas acusadas penalmente ante la Justicia, especialmente aquellos acusados por crímenes durante el terrorismo de Estado”.

sábado, 2 de agosto de 2008

Hacete amigo del juez Alcindo

El magistrado de la causa Corres admitió la amistad con uno de los investigados

El comisario Gustavo Ariel Scelsi, preso por la fuga del represor, concurría a las fiestas de cumpleaños de Alvarez Canale. Pero la Cámara rechazó la recusación presentada por los fiscales.

Por Diego Martínez
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El juez Alcindo Alvarez Canale interrogó ayer a Gustavo Scelsi, ex jefe de la Federal en Bahía.

El juez federal Alcindo Alvarez Canale admitió que el comisario Gustavo Ariel Scelsi concurrió a sus fiestas de cumpleaños pero consideró que la amistad con el ex jefe de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal no es “íntima” y rechazó la recusación formulada por los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño. La Cámara Federal bahiense sostuvo que los fiscales no probaron la amistad y aceptó la pretensión del juez de investigar al amigo, a quien indagó durante seis horas. En altas esferas oficiales se evalúa la posibilidad de impulsar un juicio político contra Alvarez Canale por desbaratar de un plumazo una instrucción que apuntaba a desentrañar la cadena de vínculos y complicidades policiales y militares que hicieron posible la fuga del teniente coronel Julián Oscar Corres.

El militar procesado por secuestros, torturas y homicidios en La Escuelita se enteró el viernes pasado, sin que los guardias se lo contaran, que dos días después iba a ser trasladado a la cárcel de Campo de Mayo. Después de la medianoche, cuando terminó de ver Cirque du Soleil, se puso la campera, agarró el cepillo de dientes y caminó hacia el baño, en el fondo de la delegación. A las 8.45 el guardia encargado de ofrecer los menús del día del Cuerpo V de Ejército se percató de su ausencia.

Alvarez Canale declaró a un cronista de labrujula.net que se enteró de la fuga a las ocho de la mañana y de inmediato ordenó un corte de rutas. Luego, se rectificó ante el periodista Luis Cano: no se enteró 45 minutos antes que el guardia sino “aproximadamente a las nueve” y “sólo” sugirió el corte, ya que “no estaba en funciones”. Agregó que la llamada a su celular “era del jefe de la Federal”, es decir Scelsi. Confesó que estuvo “todo este tiempo en la ciudad” y no de vacaciones como sugería su licencia. “Después me desentendí del tema”, aseguró sin ponerse colorado.

Corres se había fugado de la dependencia a la cual él lo había enviado.

El desentendimiento duró cinco días. El miércoles, cuando Página/12 informó en exclusiva que era “inminente” la citación a indagatoria del comisario Scelsi, el juez decidió interrumpir su licencia, prevista hasta mediados de agosto, e invocó “la responsabilidad que me cabe” pero no le había cabido hasta entonces para reasumir el cargo. Su primera medida fue citar como testigos en forma “urgente” a tres personas que las autoridades a cargo de la causa investigaban por su íntima relación con Corres: Héctor Lapeirade, padrino del “Laucha” y dueño de la petrolera Chañares Herrados SA, que le dio trabajo mientras estuvo prófugo; el teniente coronel Roque Cocco, de inteligencia del Cuerpo V, quien auxilió con camas, sábanas y víveres a los represores presos; y el coronel retirado Rubén Villano, ex subordinado de Corres que también lo visitaba en su calabozo VIP.

Los fiscales no recusaron al juez por arruinar la investigación sino por su amistad con Scelsi. Alvarez Canale calificó la recusación de “falaz y tendenciosa”. Admitió que tutea al comisario y que fue “una o dos veces” a su casa, a aplaudirlo cuando sopla las velas, pero ello no influye en su “absoluta objetividad”. Cerró con una aclaración no menor: la causa de la fuga es conexa a la que investiga los crímenes del Ejército y abandonarla “importaría que me viera obligado a apartarme” de la principal. Al atardecer, los camaristas Augusto Fernández, Angel Argañaraz y Ricardo Planes le dieron la razón. La amistad es “una apreciación subjetiva” pero “no se ha demostrado”. Sobre decoro y delicadeza, silencio. La resolución es inapelable. Mientras los camaristas debatían y para legitimar su tarea el juez se esforzó sin éxito en convencer al fiscal Castaño de que participe de la indagatoria a Scelsi. Ambos fiscales se negaron.

La relación con el comisario no es el único dato que genera dudas sobre su objetividad. Alvarez Canale fue entre 1972 y 1984 juez de Caleta Olivia, de donde son oriundos los Corres. Oscar Héctor, primo hermano del “Laucha”, participó como miembro de la CNU de Mar del Plata en 1971 del asesinato de la estudiante Silvia Filler. Tras la amnistía encabezó entre 1973 y 1985 la delegación Comodoro Rivadavia –a 60 kilómetros de Caleta– de la Dirección de Migraciones. Su padre, vecino de Caleta, fue ministro de Santa Cruz durante la dictadura. Lapeirade, amigo del vicecomodoro Héctor Santiago Corres y padrino del hijo, alias “Laucha”, también es de Caleta. Por eso los investigadores no se sorprendieron cuando Alvarez Canale, luego del rapto de responsabilidad, ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que buscara a Lapeirade y enumeró de memoria cuatro domicilios en Capital Federal, Comodoro, Viedma y Caleta. Un funcionario que a fines de abril presenció la declaración indagatoria a Corres contó a sus íntimos otro dato relevante: juez e imputado charlaron sobre amigos comunes de Caleta Olivia, en particular de Lapeirade.

Cañón anticipó ayer a Página/12 que va a “seguir buscando a Corres con las fuerzas de seguridad y con la red de fiscales de todo el país pero por fuera de Alvarez Canale”. También ayer fue excarcelado el inspector Juan Carlos Lastra, uno de los guardias que relató el trato de sus superiores con los represores. Al juez debe ahora escuchar al otro detenido, el subcomisario Marcelo Alejandro Voros, quien llegó a tomar café en su despacho con los represores presos que debía custodiar.

viernes, 1 de agosto de 2008

Con una pequeña ayuda de mis amigos

LA CAUSA POR LA FUGA DEL REPRESOR JULIAN CORRES SE COMPLICA CON LA LLEGADA DEL JUEZ ALCINDO ALVAREZ CANALE

Pidieron la recusación del juez por su relación con el jefe de la Federal en Bahía Blanca, quien, como adelantó Página/12, quedó detenido el miércoles, junto a su segundo. Investigan la complicidad de dos militares, uno retirado y otro en actividad.

Por Diego Martínez
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El juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale.

Las esperanzas de las autoridades judiciales y policiales de avanzar en la cadena de complicidades que permitieron la fuga del represor Julián Corres se hicieron trizas con el retorno, a Bahía Blanca y a la causa, del juez federal Alcindo Alvarez Canale. A la mañana, mientras en la calle trescientas personas le reprochaban no haber garantizado el traslado del torturador a la cárcel antes de irse de vacaciones, el magistrado transparentó involuntariamente su relación con los ex jefes de la Policía Federal sospechados de facilitar la fuga. Los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron la recusación del juez por su íntima amistad con el comisario Gustavo Ariel Scelsi, que incluía comilonas hogareñas y a quien hoy a las nueve debería indagar junto al subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Se trata del jefe y subjefe de la delegación local de la Policía Federal que, tal como adelantó ayer Página/12, fueron detenidos el miércoles.

Alvarez Canale, que luce en su despacho un retrato del general Julio Roca dedicado por “amigos del Cuerpo V”, tenía previsto volver de sus vacaciones a mediados de agosto. El miércoles a la noche invocó “la responsabilidad que me cabe” para reasumir su competencia. Su primera medida fue citar como testigos a tres de las personas que el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, los fiscales y sus auxiliares de la Policía de Seguridad Aeroportuaria investigaban por su relación con Corres. La medida desbarató el trabajo de inteligencia que hubiera posibilitado acceder a una cadena de vínculos y complicidades.

Uno de los citados es Héctor Basilio Lapeirade, ex ejecutivo de YPF y directivo de la firma Chañares Herrados SA, la petrolera donde Corres trabajó durante el año y medio que estuvo prófugo y donde presta servicios el represor Luis Alfredo Zarattini. Corres salía de las oficinas de esa firma cuando Interpol lo capturó, en abril. Alvarez Canale no asentó que conoció a Lapeirade cuando se desempeñó como juez en Caleta Olivia, entre 1972 y 1984.

Los otros dos potenciales imputados que gracias al juez se convertirán en simples testigos son el teniente coronel Roque Jorge Cocco y el coronel retirado Rubén Darío Villano, ambos integrantes de la Jefatura II de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, el mismo destino de Corres cuando cometió los secuestros, torturas y asesinatos por las cuales lo procesó la Justicia. Ambos militares visitaban a Corres en su alojamiento VIP. Cocco suele participar de actos oficiales con autoridades que la prensa tradicional denomina “fuerzas vivas”, incluido juez, comisario y obispo, y fue quien asistió con camas, colchones, mantas y comida a los represores bahienses. El jefe de inteligencia del Ejército de quien dependen es el general César Milani. Una alta fuente de Defensa informó que la ministra Nilda Garré solicitó ayer al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, y al del Cuerpo V, general Oscar Roberto Gómez, “que analicen y deslinden responsabilidades sobre la fuga de Corres”.

Mientras en la vereda una multitud escuchaba a la diputada Victoria Donda y al secretario de la APDH local, Eduardo Hidalgo, Alvarez Canale declaró ante un periodista de labrujula.net que se enteró de la fuga a las ocho de la mañana y de inmediato ordenó un corte de rutas. Según el relato de quienes debían custodiar a Corres, se percataron de su ausencia a las 8.45. Es decir que el juez, de vacaciones, se enteró 45 minutos antes y ordenó, todo indica que a su amigo el comisario Scelsi, cortar algunas rutas.

El juez también dijo que el 6 de junio ordenó trasladar a Corres a Campo de Mayo. No es cierto. Aquel día dispuso que “oportunamente” lo lleven al penal de Marcos Paz. Recién después preguntó si había cupo. El 18 le respondieron que sí y el 25, por razones desconocidas, ordenó que lo llevaran... a Campo de Mayo. “La responsabilidad es del Servicio Penitenciario Federal. Yo no lo podía llevar”, ironizó ayer. El director del SPF, Alejandro Marambio, informó que el traslado de Corres se frustró en dos oportunidades, el 11 y el 18 de julio, por “excesos de movimientos internos”. Aún no dio explicaciones.

jueves, 31 de julio de 2008

El apoyo logístico

Dos policías detenidos por complicidad con Corres
Por Diego Martínez
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El fugado Julián Corres. Investigan si tuvo ayuda del Ejército.

Los dos jefes de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal pasados a disponibilidad tras la fuga del represor Julián Corres fueron detenidos ayer por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Se trata del comisario Gustavo Ariel Scelsi y del subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Dos de sus subordinados describieron que ambos, pero sobre todo Voros, mantenían una relación que oscilaba entre la admiración y la pleitesía con los represores. Los privilegios incluían amenas charlas de café en sus despachos y constantes visitas de militares en una sala especialmente acondicionada, en un sector inaccesible para presos comunes.

“Todo lo que se investigó permite inferir que (la fuga) no fue un acto casual, producto sólo de la inoperancia y/o complicidad de la Policía Federal, sino que hubo un apoyo logístico expreso desde afuera. Todo sugiere que hubo una actividad de inteligencia del Ejército y un enlace institucional o cuasi institucional, ya que existió más de una maniobra distractiva para garantizar la posibilidad de fuga”, explicó a Página/12 el fiscal general Hugo Cañón, en quien Tentoni delegó la investigación.

El cabo Pablo Carbajal, que ayer fue excarcelado, contó que algunos militares invocaban a Voros para poder recibir visitas en una sala de estar del primer piso con sillones y mesa ratona. Junto con el inspector Juan Carlos Lastra, que sigue detenido, les negaron el permiso aquella vez, pero le consta que otros guardias acataban la orden. El suboficial contó que el primer preso de la causa, el fallecido suboficial Santiago Cruciani, permanecía en un calabozo cerrado. El trato privilegiado comenzó tras la llegada de los oficiales retirados Jorge Mansueto Swendsen y Miguel Angel García Moreno, hoy procesados y presos en Marcos Paz.

Carbajal, que vio por última vez a Corres poco después de la medianoche, mirando TV y fumando, declaró que el Ejército proveyó a sus represores de camas, mantas y también de alimentos. Un día antes Lastra había contado que el sábado a las 8.45 se percataron de la ausencia de Corres cuando fueron a preguntarle qué quería comer. De las declaraciones de los policías puede inferirse que en los próximos días habría nuevas citaciones a indagatoria. El comandante del Cuerpo V de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, es el general de brigada Oscar Roberto Gómez.

Hoy a las 11, convocados por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Suteba, CTA y otras organizaciones, habrá una “marcha contra la impunidad” hasta el juzgado de Alcindo Alvarez Canale, aún de vacaciones. Reclamarán la captura de Corres y repudiarán la connivencia de la Policía Federal con los represores, la lentitud de la causa y las amenazas contra Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH de Bahía Blanca.

miércoles, 30 de julio de 2008

Amenaza y una búsqueda infructuosa

Citarán a indagatoria al comisario Scelsi por la fuga del represor Corres
Por Diego Martínez

Luego de tres días de exposición pública por la fuga del oficial Julián Corres, un cobarde amparado en el anonimato amenazó de muerte ayer a Eduardo Hidalgo, secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y sobreviviente de La Escuelita. La investigación sobre el paradero del militar que el sábado escapó de la delegación local de la Policía Federal carece de indicios significativos. De la declaración del agente a cargo de la guardia surge que la libertad de movimientos de los represores estaba garantizada desde la cúpula de la fuerza que debía custodiarlos. Es inminente la citación a indagatoria del comisario Gustavo Scelsi, que el sábado fue pasado a disponibilidad. Ayer la Justicia allanó sin éxito el domicilio de un suboficial de la Armada, en Punta Alta.

El inspector Juan Carlos Lastra admitió que por orden superior la puerta de la habitación de los represores no tenía candado y tenían libertad para cocinar y ver televisión. Agregó que el día de la fuga el Servicio Penitenciario Federal le había anunciado que el traslado, ordenado el 25 de junio, se concretaría el domingo, un mes después. Minutos después de anunciar la novedad a sus superiores, los presos ya lo sabían. Alejandro Marambio, director del SPF, le confirmó el dato al juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Agregó que el traslado se suspendió en dos oportunidades por motivos que ahora deberá detallar en la causa de la fuga. Tentoni le negó a Lastra la excarcelación. Hoy será indagado el cabo primero Pablo Carbajal, el último que vio al militar preso.

De la instrucción surge que el viernes a la noche Corres vio Cirque du Soleil, fumó bastante y se recostó. Estaba ansioso, le dolía la cabeza. Alrededor de la una de la madrugada se puso la campera, tomó el dentífrico, el cepillo de dientes y partió hacia el baño del fondo. Nunca volvió. Un guardia se percató de su ausencia a las 8.45, cuando fue a despertarlo. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ofrece 150.000 pesos a quienes brinden datos útiles para capturarlo, pero aún no informó qué medidas tomó para garantizar la comparecencia a la Justicia de los 83 represores alojados en dependencias de Fuerzas Armadas y de seguridad como las que posibilitaron la fuga de Corres.

La amenaza al teléfono de Hidalgo fue a las 16.28. “Cortala con lo de Corres porque te vamos a matar”, fue el mensaje. “La voz era de una persona joven, treinta y pico de años. Una voz con cierta agudeza, pero elevada de tono”, describió a Página/12. “No tengo miedo pero sí cierta intranquilidad”, admitió antes de exponer ante el fiscal Cañón. Miembro de la APDH desde 1986, no es la primera amenaza que Hidalgo recibe, pero sí la más clara. El 24 de marzo de 2007, en medio de una multitud, una voz le sugirió: “Estás demasiado tranquilo”. Poco después, por teléfono, le advirtieron “hijo de puta, terminala”. Anoche durmió con custodia.

“Chiquito” Hidalgo, por sus dos metros, cayó dos veces. En agosto de 1976 fue maltratado durante dos semanas en un galpón ferroviario de la calle Parchape, centro de detención que los bahienses desconocen. El 9 de noviembre una patota que integraba Corres lo llevó a La Escuelita. En la mesa de torturas le leyeron una carta dirigida a su hermano Daniel, en la cual relataba pormenores del cautiverio. “Sos inteligente. Te diste cuenta que veníamos del norte”, le dijo un guardia correntino. El 14 de noviembre, Daniel y su compañera Olga Souto Castillo fueron masacrados tras defenderse a tiros durante media hora. Primero murió él. Chela, 21 años, embarazada, resistió hasta que le tiraron con una bazuca. “Tiene unos huevos así de grandes”, admitió Corres ante otro secuestrado. Los guardias de La Escuelita levantaron el volumen de la radio para que Hidalgo escuchara el comunicado oficial de boca de José Román Cachero, un empleado del Ejército camuflado como periodista del diario La Nueva Provincia.

lunes, 28 de julio de 2008

Detenidos por dejar huir a la Laucha

Dos policías sospechados por la fuga de un represor detenido en Bahía Blanca

El represor Julián “Laucha” Corres estaba en un edificio sin custodia y con cámaras que no funcionan. La Justicia detuvo a dos policías y anoche se aprestaba a allanar sus domicilios.

Por Diego Martínez
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Tras la fuga de Corres, la delegación policial fue intervenida.

La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal de donde se fugó el sábado el teniente coronel retirado Julián Oscar Corres no llevaba registro de visitas al represor. El edificio no tiene custodia exterior y la cámara de seguridad que debió registrar la fuga no funciona desde el año 2000. En ese lugar, sin infraestructura ni personal capacitado para oficiar de guardiacárcel, estuvo preso durante casi cuatro meses, por orden del juez federal Alcindo Alvarez Canale, nada menos que un ex oficial de inteligencia del Ejército procesado por secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino La Escuelita.

A pedido del fiscal federal Hugo Cañón y por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, fueron detenidos dos de los policías que vieron a Corres la madrugada de la fuga: el inspector Juan Carlos Lastra y el cabo primero Pablo Alejandro Carbajal. Al cierre de esta edición iban a allanar sus domicilios. Lastra tuvo a su cargo la guardia de los detenidos hasta las 6 de la mañana. Tres horas después, cuando le preguntaron dónde estaba Corres, dijo que a las 5.45 lo acompañó al baño y no volvió a verlo. Agregó que designó como custodia al cabo primero Carbajal, quien dijo haber visto por última vez a Corres a la 1 de la madrugada, cuando apagó el televisor y se fue a lavar los dientes.

La Unidad Especial del Ministerio de Justicia, encargada de la búsqueda de delincuentes de lesa humanidad prófugos, ayer no había dado señales de vida. La ley 26.375 que la creó y le asignó un fondo de recompensas de 5 millones de pesos se sancionó el 22 de mayo. Desde el sábado, Página/12 intenta infructuosamente conocer quién es su titular, que depende del ministro Aníbal Fernández. Ayer la delegación de la Policía Federal bahiense fue intervenida y pasaron a disponibilidad once de sus agentes, encabezados por el ahora ex jefe, comisario Gustavo Scelsi.

El 25 de junio, Alvarez Canale ordenó trasladar a cuatro procesados por delitos de lesa humanidad desde la dependencia de la Policía Federal a instalaciones del Servicio Penitenciario. Para los ex jefes de la cárcel Andrés Miraglia y Héctor Selaya y para el agente Leonardo Núñez ordenó el traslado al penal de Marcos Paz. Para Corres, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas. No se conocen los motivos por los que no se concretó el traslado. Versiones sugieren que fue por falta de móviles.

Tras dar la orden, el juez partió de vacaciones por 45 días. En su ausencia, el fiscal Cañón solicitó al otro juez federal de la jurisdicción Ramón Dardanelli Alsina que por conexidad designara en la causa de la fuga a Tentoni, juez ad hoc de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano. Dardanelli aceptó el criterio y designó al abogado, quien delegó la investigación en el fiscal. Al atardecer, asistido por personal de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo del vicecomodoro Fernando Telpuk, Cañón allanó las instalaciones de Rondeau 189 donde Corres estuvo detenido desde el 9 de abril. El reconocimiento incluyó el secuestro de libros de registros, documentación, discos rígidos y demás objetos.

Durante su declaración indagatoria, el 30 de abril, Corres relató que a La Escuelita asistían “tres equipos diferentes” de interrogadores y que “dos podrían ser de la policía”. Sostuvo que lo dedujo “por los modismos”, diferentes a los militares, y por frases como “dejá el móvil en la entrada”, en referencia a los autos de civil que usaban en los operativos clandestinos. La mención a la participación de policías durante interrogatorios bajo tortura, que Corres también admitió, no impidió que el juez Alvarez Canale autorizara su alojamiento en la delegación de la Policía Federal durante tres meses.

domingo, 27 de julio de 2008

Como Laucha por tirante

UN REPRESOR SE FUGO DE LA DELEGACION DE LA POLICIA FEDERAL DE BAHIA BLANCA

Estaba procesado por secuestros, torturas y homicidios en el centro de detención La Escuelita. Habían ordenado su traslado a Marcos Paz, pero seguía en la policía. Hay otros 83 represores en sitios no controlados por el Servicio Penitenciario.

Por Diego Martínez
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Julián Oscar “Laucha” Corres en 1999, cuando fue a declarar al Juicio por la Verdad de Bahía Blanca.

Luego de burlar con éxito a la Justicia y a las fuerzas de seguridad durante un año y medio y a menos de cuatro meses de su detención, el teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, alias Laucha, se fugó durante la madrugada de ayer de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. Estaba procesado por secuestros, torturas y homicidios en el centro de detención La Escuelita durante la última dictadura. Los guardias que en teoría lo custodiaban se percataron de su ausencia recién dos horas después. El juez federal Alcindo Alvarez Canale había ordenado el traslado de Corres al penal de Marcos Paz el 25 de junio pasado, antes de irse de vacaciones. Ayer nadie supo explicar por qué el traslado nunca se concretó. Aún hay 83 represores detenidos en unidades de fuerzas armadas o de seguridad que carecen de infraestructura y capacitación para cumplir el rol de guardiacárceles.

Según la versión oficial brindada por el comisario Gustavo Scelsi, jefe de la delegación bahiense, a las ocho de la mañana y mientras realizaba el recuento de detenidos, el oficial ayudante Cristian Alberto Bértoli, a cargo del servicio de guardia desde las seis, se percató de la ausencia de Corres. El inspector Juan Carlos Lastra, que cumplió el mismo servicio hasta las seis, dijo que quince minutos antes acompañó al Laucha al baño, en los fondos de la comisaría, “haciendo aparentemente sus necesidades fisiológicas”. Se ignora por qué motivo lo dejó solo. Lastra también dijo que designó como guardia nocturna y custodia general al cabo primero Pablo Alejandro Carbajal, quien vio por última vez a Corres a la una de la madrugada. Extraoficialmente, el jefe policial habría admitido que no llevaban registro de las visitas que recibía el represor, aunque el dueño de una bodega de Viedma era uno de sus asiduos visitantes.

“El informe policial sugiere una relajación absoluta en cuanto a los controles. Corres es uno de los represores más terribles que pasaron por Bahía Blanca y costó mucho trabajo detenerlo. Tememos que haya connivencias dentro de las estructuras del Estado, policiales o militares”, explicó a Página/12 el fiscal federal bahiense Hugo Cañón. “Es responsabilidad del juez Alvarez Canale que este hombre haya estado cuatro meses en una delegación policial después de un año y medio prófugo. Se sospechaba que intentaría fugarse. Había que imponer las mayores medidas de seguridad para que eso no sucediera”, lamentó Mirta Mántaras, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Según sobrevivientes del centro clandestino del Cuerpo V, “Laucha” era el apodo de quien manejaba la picana eléctrica durante los interrogatorios. Corres admitió durante el Juicio por la Verdad bahiense en 1999 que lo apodaban “Laucha” y que era “jefe de guardias” de La Escuelita. Dependía de la Jefatura II de Inteligencia, a cargo del coronel retirado Aldo Mario Alvarez, dueño hasta marzo de 2000 de la empresa de seguridad Alsina SRL, también prófugo de la Justicia. Debajo de Alvarez y por encima de Corres estaban el teniente coronel Walter Bartolomé Tejada y el mayor Osvaldo Lucio Sierra, ambos libres e impunes. La causa por delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V está a cargo de Alvarez Canale, que se tomó vacaciones a fines de junio y tiene previsto regresar el 17 de agosto.

Corres fue detenido por Interpol el pasado 3 de abril al mediodía, cuando salía del edificio de Córdoba 1309 donde funciona la empresa petrolera Chañares Herrados Sociedad Anónima. Durante sus últimos meses en libertad usaba un pase a nombre de esa firma para atravesar los peajes de Autopistas del Sol. El apoderado de Chañares Herrados, al menos hasta abril, era Luis Alfredo “Fredy” Zarattini, “compañero de un hermano de Aldo Rico y de Raúl Antonio Guglielminetti en los campos de concentración y en Centroamérica”, detenido con un arsenal en su poder en agosto de 1988 e indultado un año después por Carlos Menem junto a un grupo de ex carapintadas, según publicó Horacio Verbitsky. Según un informe sobre antisemitismo de la DAIA, Zarattini, ex militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, también está acusado de colaborar con la DINA chilena en el asesinato del jefe del Ejército durante el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats.

Otro de los contactos de Corres durante su año y medio prófugo fue el capitán retirado Adolfo Saúl Zabala, que pasó a retiro en 1980. A diferencia del Corres versión 1999, que era calvo, usaba bigote pero no anteojos, nueve años después para esquivar a la Justicia comenzó a usar lentes, se dejó crecer la barba y la melena, igual que en 1975, entonces para infiltrarse entre los estudiantes de la Universidad del Sur.

Corres ingresó en la delegación bahiense de la Policía Federal, en Rondeau 189, el 9 de abril a la medianoche. Alvarez Canale lo indagó a fines de abril y lo procesó por 47 secuestros, 38 casos de torturas, 17 homicidios (ejecuciones en enfrentamientos fraguados) y siete desapariciones forzadas. Hasta ayer compartía una habitación precaria con los ex jefes de la cárcel local Andrés Miraglia y Héctor Selaya y con Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre el penal de Villa Floresta y La Escuelita. Consultado por Página/12, el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, invocó el “estricto secreto de sumario” para no dar información. Sólo dijo que “Interpol y toda la fuerza está trabajando” para ubicarlo y que “administrativamente, está viajando gente de Asuntos Internos para tomar cartas en el asunto y entrevistarse con el juez”.

“No hicimos más que aplicar la ley”

JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE CONDENO A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ

El magistrado cordobés señala que todavía hay sectores de la Justicia que son renuentes a investigar los crímenes de la dictadura, asegura que la cárcel común debería ser la regla y la domiciliaria la excepción y que hay que garantizar la publicidad de este tipo de procesos.

Por Diego Martínez
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Cordobés de 58 años, juez desde 1993, Jaime Díaz Gavier fue el encargado de leerle a Luciano Benjamín Menéndez su condena a prisión perpetua por cuatro de los miles de crímenes que cometió cuando gobernaba, a su manera, diez provincias argentinas. Junto con los vocales Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, resolvieron que el general retirado de 81 años pasara el resto de sus días en la cárcel de Bouwer, donde el jueves cenó puchero. Entrevistado por Página/12 horas después del histórico fallo, Díaz Gavier destacó la contribución de las víctimas, explicó que la cárcel común debe ser la regla y la domiciliaria una excepción bien fundada y consideró “un poco absurdo” impedir la difusión de las imágenes de los imputados como ocurre en el Tribunal Oral Federal 5 porteño. “La Justicia no estuvo ni está al margen de lo que pasó en la Argentina. Muchas de las cosas que pasaron no habrían sido posibles sin su consentimiento o indiferencia”, reflexionó.

–¿Qué siente tras haber condenado a prisión perpetua a Menéndez?

–La sensación es de deber cumplido. Es una satisfacción en el sentido de que los juicios se han hecho esperar muchos años. Luego se destrabaron, pero aún así hubo idas y vueltas. Los juicios son producto del reclamo de la sociedad argentina para esclarecer, determinar los hechos, fijar responsabilidades penales e, incluso, como un modo genuino de poder superar la historia para poder seguir adelante sobre una base de justicia efectiva. Siento satisfacción porque fue un gran trabajo montar este juicio en tan poco tiempo, pero se hizo precisamente con la idea de que había que dar respuesta a la sociedad de la manera más rápida posible, dentro de los marcos procesales y los términos que debemos respetar.

–¿Qué simboliza para usted Menéndez, no como juez, sino como ciudadano de Córdoba?

–Para mi generación, que atravesó el llamado “proceso”, la dictadura militar, en la plenitud de la juventud (en 1976 Díaz Gavier tenía 26 años e iniciaba su carrera como abogado), el recuerdo es muy complicado. Se asocia a todo tipo de temores, inseguridades. Lo importante es que la historia siguió su curso y, aunque con demora, se ha podido llevar adelante el juicio y dictar sentencia.

–¿Fue difícil tomar la decisión de hacer cumplir la pena en una cárcel común?

–Siempre es difícil decidir sobre la libertad de una persona, sea quien sea. Desde el punto de vista jurídico y procesal, la primera dificultad pasa por determinar los hechos y atribuir responsabilidades. En estos casos es aún más complejo por el tipo de delitos, cometidos de manera tal de disimular y hacer desaparecer las pruebas. Desde ese punto de vista, lo difícil es la condena en sí. Sobre la prisión común, no hicimos más que aplicar la ley, que establece que una persona condenada debe cumplir su pena en un establecimiento penitenciario del Estado. Hay excepciones, como la edad o eventualmente una enfermedad en estado terminal, pero aun en esas situaciones la ley requiere informes y dictámenes médicos y psicológicos que justifiquen la imposibilidad de cumplir la pena en la cárcel. Se está cumpliendo la norma, así debe ser.

–¿Qué balance hace del desarrollo de las audiencias? La sensación es que todas las partes quedaron conformes.

–Afortunadamente sí, creo que pudimos manejarlo con imparcialidad, con objetividad. Es evidente que había tensiones muy fuertes, dramáticas, no comunes en otros juicios, porque se trata de un período de la historia muy complicado y que no ha terminado de procesarse. De manera tal que haber podido llevarlo adelante en un marco de respeto a los derechos de las partes y de control de todo tipo de reacciones fue muy importante. En ese sentido me parece importante destacar la actitud del público, básicamente constituido por víctimas o familiares de víctimas, que hicieron un verdadero esfuerzo de autocontrol y consiguieron dominar reacciones que hasta podrían ser comprensibles.

–¿Se quejaron los imputados por la difusión que tuvo el juicio, por su exposición ante las cámaras? Se lo pregunto porque en Capital Federal el tribunal oral que concentra la mayor cantidad de juicios por crímenes de lesa humanidad, el número cinco, impide que se conozca el rostro de los imputados e incluso que se transmita el audio de sus sentencias.

–(Silencio.) Confieso que no lo sabía y en principio no me gusta esa idea. Entiendo que debemos respetar el principio de publicidad, de manera que la gente pueda conocer la actuación de un poder del Estado. Ignoro las razones y valoraciones del TOF 5. Lo que hicimos aquí fue preservar la seguridad de los testigos para que no ocurrieran casos como los de Julio López. El cuerpo policial encargado de custodiarlos cumplió y cumple su tarea con eficiencia. Honestamente me parece que preservar la identidad de los imputados es un poco absurdo. El pueblo tiene derecho a conocer quiénes son. A quien hay que proteger es al testigo que está prestando un servicio público, máxime cuando pasaron por situaciones extremas.

–Antes del comienzo del juicio, usted dijo que un sector minoritario de la Justicia no era partidario de avanzar con las causas por crímenes de la dictadura. ¿Sigue existiendo esa resistencia?

–No tengo ninguna duda. Hablo al menos de la Justicia federal, que integro y conozco, y es la encargada de intervenir en estas causas. Creo absolutamente que, no sólo en Córdoba sino en todo el país, la Justicia no estuvo ni está al margen de lo que pasó en la Argentina y que muchas de las cosas que pasaron no habrían sido posibles sin el consentimiento o la indiferencia de actores sociales que no atendieron estas cosas, que no querían creer o ver. La Justicia es parte de la sociedad y tiene los mismos síntomas de crisis. Es evidente que existen sectores que fueron y son renuentes a investigar y juzgar este tipo de crímenes.

–¿Conoce la cárcel de Bouwer? ¿Cómo es el calabozo de Menéndez?

–Sí, somos también jueces de ejecución de sentencias, tenemos el deber de visitar a los condenados. Honestamente no he visto qué calabozo le asignaron, pero conozco el módulo, los pabellones. Es una cárcel moderna, de las mejores que me ha tocado ver en el país. Las celdas individuales tienen sanitario y lavabo. En otros sectores lamentablemente hay superpoblación. En el sector del pabellón donde están los detenidos vinculados a fuerzas de seguridad y armadas el régimen es el mismo que en el resto de la cárcel. Por razones obvias no pueden tener contacto con la población común, porque su destino sería muy previsible.