El magistrado de la causa Corres admitió la amistad con uno de los investigados
El comisario Gustavo Ariel Scelsi, preso por la fuga del represor, concurría a las fiestas de cumpleaños de Alvarez Canale. Pero la Cámara rechazó la recusación presentada por los fiscales.
El juez federal Alcindo Alvarez Canale admitió que el comisario Gustavo Ariel Scelsi concurrió a sus fiestas de cumpleaños pero consideró que la amistad con el ex jefe de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal no es “íntima” y rechazó la recusación formulada por los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño. La Cámara Federal bahiense sostuvo que los fiscales no probaron la amistad y aceptó la pretensión del juez de investigar al amigo, a quien indagó durante seis horas. En altas esferas oficiales se evalúa la posibilidad de impulsar un juicio político contra Alvarez Canale por desbaratar de un plumazo una instrucción que apuntaba a desentrañar la cadena de vínculos y complicidades policiales y militares que hicieron posible la fuga del teniente coronel Julián Oscar Corres.
El militar procesado por secuestros, torturas y homicidios en La Escuelita se enteró el viernes pasado, sin que los guardias se lo contaran, que dos días después iba a ser trasladado a la cárcel de Campo de Mayo. Después de la medianoche, cuando terminó de ver Cirque du Soleil, se puso la campera, agarró el cepillo de dientes y caminó hacia el baño, en el fondo de la delegación. A las 8.45 el guardia encargado de ofrecer los menús del día del Cuerpo V de Ejército se percató de su ausencia.
Alvarez Canale declaró a un cronista de labrujula.net que se enteró de la fuga a las ocho de la mañana y de inmediato ordenó un corte de rutas. Luego, se rectificó ante el periodista Luis Cano: no se enteró 45 minutos antes que el guardia sino “aproximadamente a las nueve” y “sólo” sugirió el corte, ya que “no estaba en funciones”. Agregó que la llamada a su celular “era del jefe de la Federal”, es decir Scelsi. Confesó que estuvo “todo este tiempo en la ciudad” y no de vacaciones como sugería su licencia. “Después me desentendí del tema”, aseguró sin ponerse colorado.
Corres se había fugado de la dependencia a la cual él lo había enviado.
El desentendimiento duró cinco días. El miércoles, cuando Página/12 informó en exclusiva que era “inminente” la citación a indagatoria del comisario Scelsi, el juez decidió interrumpir su licencia, prevista hasta mediados de agosto, e invocó “la responsabilidad que me cabe” pero no le había cabido hasta entonces para reasumir el cargo. Su primera medida fue citar como testigos en forma “urgente” a tres personas que las autoridades a cargo de la causa investigaban por su íntima relación con Corres: Héctor Lapeirade, padrino del “Laucha” y dueño de la petrolera Chañares Herrados SA, que le dio trabajo mientras estuvo prófugo; el teniente coronel Roque Cocco, de inteligencia del Cuerpo V, quien auxilió con camas, sábanas y víveres a los represores presos; y el coronel retirado Rubén Villano, ex subordinado de Corres que también lo visitaba en su calabozo VIP.
Los fiscales no recusaron al juez por arruinar la investigación sino por su amistad con Scelsi. Alvarez Canale calificó la recusación de “falaz y tendenciosa”. Admitió que tutea al comisario y que fue “una o dos veces” a su casa, a aplaudirlo cuando sopla las velas, pero ello no influye en su “absoluta objetividad”. Cerró con una aclaración no menor: la causa de la fuga es conexa a la que investiga los crímenes del Ejército y abandonarla “importaría que me viera obligado a apartarme” de la principal. Al atardecer, los camaristas Augusto Fernández, Angel Argañaraz y Ricardo Planes le dieron la razón. La amistad es “una apreciación subjetiva” pero “no se ha demostrado”. Sobre decoro y delicadeza, silencio. La resolución es inapelable. Mientras los camaristas debatían y para legitimar su tarea el juez se esforzó sin éxito en convencer al fiscal Castaño de que participe de la indagatoria a Scelsi. Ambos fiscales se negaron.
La relación con el comisario no es el único dato que genera dudas sobre su objetividad. Alvarez Canale fue entre 1972 y 1984 juez de Caleta Olivia, de donde son oriundos los Corres. Oscar Héctor, primo hermano del “Laucha”, participó como miembro de la CNU de Mar del Plata en 1971 del asesinato de la estudiante Silvia Filler. Tras la amnistía encabezó entre 1973 y 1985 la delegación Comodoro Rivadavia –a 60 kilómetros de Caleta– de la Dirección de Migraciones. Su padre, vecino de Caleta, fue ministro de Santa Cruz durante la dictadura. Lapeirade, amigo del vicecomodoro Héctor Santiago Corres y padrino del hijo, alias “Laucha”, también es de Caleta. Por eso los investigadores no se sorprendieron cuando Alvarez Canale, luego del rapto de responsabilidad, ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que buscara a Lapeirade y enumeró de memoria cuatro domicilios en Capital Federal, Comodoro, Viedma y Caleta. Un funcionario que a fines de abril presenció la declaración indagatoria a Corres contó a sus íntimos otro dato relevante: juez e imputado charlaron sobre amigos comunes de Caleta Olivia, en particular de Lapeirade.
Cañón anticipó ayer a Página/12 que va a “seguir buscando a Corres con las fuerzas de seguridad y con la red de fiscales de todo el país pero por fuera de Alvarez Canale”. También ayer fue excarcelado el inspector Juan Carlos Lastra, uno de los guardias que relató el trato de sus superiores con los represores. Al juez debe ahora escuchar al otro detenido, el subcomisario Marcelo Alejandro Voros, quien llegó a tomar café en su despacho con los represores presos que debía custodiar.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-108925-2008-08-02.html
La carta de Garré
La ministra de Defensa, Nilda Garré, solicitó ayer a todos los jueces federales del país que instruyen causas por crímenes de lesa humanidad que se abstengan de ordenar detenciones en cuarteles militares y revisen el criterio aplicado con quienes permanecen allí detenidos. Garré explicó que las Fuerzas Armadas “no tienen competencia legal ni funcional para asegurar las detenciones”, lamentó que la decisión de los jueces implique “lidiar permanentemente con sospechas de que persiste apoyo por parte de las fuerzas a los procesados” y afirmó que las unidades militares “no son ni siquiera cárceles ‘especiales’”. También destacó que según la Ley de Personal Militar los retirados mantienen “una relación jerárquica con respecto al personal en actividad encargado de su custodia”. Como consecuencia, los encargados de la controlar a los represores presos “se enfrentan con la contradicción” de tener que custodiar y vigilar a personas con las cuales “mantienen subordinación jerárquica”.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/108925-34392-2008-08-02.html
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