Dos represores rinden cuentas

EMPIEZA EL TERCER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN BUENOS AIRES

El Tribunal Oral de Mar del Plata juzgará desde mañana al general Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret por el secuestro, las torturas y el asesinato de Carlos Alberto Labolita, en 1976.

Por Diego Martínez

A un tercio de siglo de los hechos y un lustro de la reapertura de las causas, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar mañana al general de brigada Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret. Están acusados por el secuestro, las torturas y el asesinato en 1976 de Carlos Alberto Labolita, militante de la Juventud Peronista visto por última vez en el centro clandestino que funcionó en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. Será el tercer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires, donde sólo fueron condenados Miguel Etchecolatz y el sacerdote en actividad Christian von Wernich.

Oriundo de Las Flores, Labolita tenía 23 años, estudiaba Sociología en la Universidad de La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Se había casado tres años antes con Gladis D’Alessandro. En los meses previos al golpe de Estado, por razones de seguridad, abandonaron su departamento y se alojaron en la casa de los santacruceños Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Después de un tiempo, nos fuimos a una pensión hasta el 24 de marzo. Ahí cada uno salió como pudo”, recordó Gladis ante Página/12.

El día del golpe, la policía detuvo a Carlos Labolita padre, docente y militante socialista, que padecería la cárcel durante cuatro años. Un mes después, a pesar del peligro, su hijo decidió volver. “Yo no estaba de acuerdo pero, como siempre, lo acompañé. Las Flores es un pueblo chico, circulan muchas historias, éramos militantes y se corría un gran riesgo. Carlos quiso ver a su madre y a sus hermanas, saber qué pasaba con su padre. Era difícil medir los riesgos en ese momento. Llegamos a la casa y en menos de media hora apareció la policía”, contó Gladis.

Fue el 25 de abril de 1976 a la madrugada. El comisario Aníbal Lista declaró que el teniente coronel Mansilla, jefe del Grupo de Artillería, consideraba a Labolita un “elemento subversivo” y le dio “expresas instrucciones” para capturarlo. En la comisaría dejaron constancia de que el detenido quedaba “a disposición del área militar 125”, que conducía Mansilla e incluía a Tandil, Azul y Olavarría. Dos días después, el 27 a la mañana, la policía lo entregó en la oficina de inteligencia del regimiento. Lo recibió el teniente Duret, alias “Porra”, quien se negó a entregar constancia del ingreso. En presencia de los policías, le pusieron una capucha negra.

En la madrugada del 1º de mayo, un grupo de tareas de civil, a cara descubierta y con borceguíes militares, allanó la casa de la familia. “Trajeron a Carlos torturado, encapuchado, descalzo, con las manos atadas. Me encerraron con él en la cocina. Buscaban una valija, direcciones. Carlos les decía que yo no tenía nada que ver”, recordó Gladis. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a contarle su compañero. Apenas podía caminar. Los ocho miembros de la patota, incluido Duret, destruyeron bibliotecas, muebles, teléfonos, dieron vuelta la casa. Decían buscar “la valija verde con los fierros”, que no encontraron. Se llevaron a Gladis, la hicieron dar varias vueltas, la cabeza contra el piso de un auto, hasta que la abandonaron.

Sobrevivientes del centro de detención del cuartel de Azul contaron que fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, confesó un torturador. “Aquí se entra solo, y sólo Dios te ayuda a salir”, explicaba una inscripción que un ex cautivo vio desde la mirilla de su calabozo. Cuando Gladis fue con su madre a pedir por su esposo, Mansilla las maltrató y dijo que lo habían liberado. No negó su paso por el cuartel.

Con el retorno de la democracia, el juez federal de Azul, Jorge Ferro, avanzó en la instrucción de las causas, hasta que se declaró incompetente y envió el expediente el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las leyes de Raúl Alfonsín implicaron para los militares veinte años de impunidad. En 1994, el nombre de Duret reapareció como jefe del Grupo de Artillería de Neuquén, donde fue asesinado el soldado Omar Carrasco. En 2000, los organismos de derechos humanos impugnaron su ascenso en el Senado. Al año, con el visto bueno de Fernando de la Rúa, se convirtió en coronel.

La causa Labolita se reabrió en 2004, impulsada por su familia y por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que reclamó al juez federal Juan José Comparato investigar los delitos de lesa humanidad en el ex área militar 123. En diciembre de 2005, a casi tres décadas del crimen, el juez citó a los represores, que se negaron a declarar. El pintoresco Duret, entonces en actividad, concurrió al juzgado con el uniforme verde oliva que no usaba en las madrugadas de 1976. Se retiró con esposas rumbo a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, hoy Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, donde aún pasa sus días el militar de 56 años. El general Mansilla, de 77 años, goza de arresto domiciliario en su departamento de Dorrego 2699, Capital Federal.

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Los jueces y los abogados

Como la Cámara Federal de Mar del Plata apartó a los miembros del Tribunal Oral local con el argumento de que le tomaron declaración a Carlos Labolita padre durante el Juicio por la Verdad, el TOF estará integrado por tres jueces de La Plata: Alejandro Esmoris, Carlos Rozansky (presidente del TOF-2 que condenó a reclusión perpetua a Etchecolatz y a Von Wernich) y Nelson Jarazo (presidente del TOF-1 que en 2004 condenó a Etchecolatz y a Jorge Bergés a siete años de prisión por sustituir la identidad y falsificar la partida de nacimiento de Carmen Sanz, hija de desaparecidos). La acusación estará a cargo del fiscal federal Daniel Adler, del abogado César Sivo en representación de la familia y de Silvana Rivas y Eduardo Rezses por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. El general Mansilla será asistido por el defensor oficial Diego Fernández. El coronel Duret, por los abogados privados Gerardo Ibáñez y Eduardo Sinforano San Emeterio, ex agente de la SIDE que durante la dictadura custodiaba al jefe del centro clandestino Automotores Orletti. San Emeterio descolló durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Corrientes, donde obtuvo una condena a reclusión perpetua para el coronel Julio Barreiro y de 25 años de prisión para el capitán Juan Carlos De Marchi.

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“Fueron lacayos”

DIALOGO CON CARLOS O. LABOLITA

Por Diego Martínez

Carlos Orlando Labolita fue profesor de filosofía y pedagogía, militante gremial en Las Flores, y padeció la dictadura en carne propia: cuatro años preso en los penales de Marcos Paz y La Plata. A fines de 2005, después de ver en el juzgado de Azul al septuagenario general Pedro Mansilla, quien se negó a hablar sobre su hijo desaparecido, confesó al diario El Popular de Olavarría que sintió lástima por el represor. “Con los años uno entendió cosas que ellos no entendieron nunca. Fueron los lacayos de los verdaderos dueños de este país”, explicó.

–¿Qué espera del juicio?

–Espero justicia, esa cosa tan huidiza y ausente en la Argentina. Después de 32 años no estoy henchido de ilusiones, pero eso espero, nada más. Es lo que hay, como dicen los chicos.

–¿Sigue sintiendo lástima por Mansilla?

–En 32 años he pasado por toda la gama de sentimientos que se puede experimentar, tuve tiempo de revisar todo el inventario. Me dio lástima porque está viejo y tiene que hacerse el distraído, decir que no recuerda, aunque lo cierto es que está en su casa viendo TV con sus nietos. Al principio los hubiera querido hacer volar, pero pasa el tiempo y se va naturalizando todo.

–¿Volvió a militar después de la cárcel?

–No. Cuando se fueron los milicos, dejaron tierra arrasada, nadie quiso formar nada después de semejante experiencia. Seguí en la docencia pero, con un currículum que incluía cinco años en cana y un hijo muerto, al principio se me huía, era como mufa. “Lo que pasó, nos marcó a todos. Es algo que nos dejó medio vacíos y, por otro lado, llenos de conocimientos desagradables, sobre el papel del Estado, los políticos, la Iglesia. Nunca tuve demasiadas ilusiones con respecto al hombre, pero esto fue terrible, una experiencia nefasta. Más allá del compañerismo y la amistad en la cárcel, en el fondo fue negativo”, explica con voz serena.

“Hay algo que me alegra, que no sé si es correcto decir, aunque nunca fui políticamente correcto”, dice. “Me alegra que ellos me hayan considerado su enemigo. Es lo único que me queda como una especie de posgrado en Oxford. Si los enemigos del país, de la patria y de los trabajadores me consideran su enemigo... ¡caramba!, significa que no estoy tan errado.”

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Escudo protector contra los Patti

Media sanción para inhabilitar a los represores

Por Diego Martínez

La diputada Victoria Donda.

Con decenas de representantes de organismos de derechos humanos en los palcos desde primera hora, la Cámara de Diputados aprobó finalmente anoche el proyecto de ley que inhabilita a imputados por graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos. La norma la propuso hace ya quince meses la diputada y nieta restituida Victoria Donda, de Libres del Sur, e implicará modificar la Ley de Etica Pública, el Código Electoral y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que torturadores como Luis Patti, cuya impugnación resolvería hoy el juez electoral platense Manuel Blanco, puedan volver a presentarse como candidatos.

“¡Néstor, la ley para que no asuman represores!”, gritó de palco a palco Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos, al ex presidente Kirchner, presente por la asunción de Jorge Rivas. Como la jura del diputado insumió más de media hora y ya era imposible votar el tratamiento sobre tablas, Donda propuso y consiguió que tres cuartos de la Cámara aceptara apartarse del reglamento y que dos tercios se comprometiera a analizar el proyecto. La tarde pareció consumirse luego en discursos de homenaje a Raúl Alfonsín.

–¡No se vayan! –gritó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo.

–No nos vamos, se fueron los de la oposición –aclaró tres pisos abajo Agustín Rossi, del Frente para la Victoria, que en noviembre se comprometió sin éxito a tratar el proyecto en comisión. Salvo contadas excepciones, el PRO y la UCR se habían ido del recinto.

La insistencia de Donda, el aguante de Madres, H.I.J.O.S., Familiares, CELS, Hermanos y demás militantes de distintas generaciones y la presión de legisladores del FpV a sus compañeros más remisos dieron al fin su fruto. Poco antes de las diez comenzaron las exposiciones: Remo Carlotto, Marcela Rodríguez, Rossi, Donda, Eduardo Macaluse. Nadie argumentó en contra del proyecto. Donda y demás impulsores pretendían que la “prueba suficiente de participación” en secuestros y torturas alcanzara para excluir a ex represores, pero tuvieron que bajar las pretensiones para lograr consenso. Los sectores duros del PJ condicionaron su apoyo a la exigencia de procesamiento. Así fue. Minutos antes de las once, con 131 votos a favor (todo el FpV, el ARI y el SI), cuatro abstenciones y 123 ausentes, se aprobó la norma en general, que ahora deberá tratar el Senado.

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La represión judicial

Ordenan detener a un ex juez por cómplice de la dictadura

Visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”. Investigó la “infiltración ideológica marxista” en la universidad.

Por Diego Martínez

La entrada al centro clandestino de detención La Escuelita, de Bahía Blanca.

Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del Tribunal Oral Federal 5, condenó al apropiador de una hija de desaparecidos, juicio que concluyó con las Abuelas de Plaza de Mayo cantando “Como a los nazis les va a pasar...”. En 2004 Página/12 publicó su historia negra y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su juicio político. Cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo, renunció. En octubre de 2006 el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que ahora, dos años y medio después, ordenó el juez federal Alcindo Alvarez Canale. El protagonista de la historia es Guillermo Federico Madueño, un símbolo de la inserción en las instituciones democráticas de cómplices civiles del terrorismo de Estado.

En diciembre de 1975 el flamante juez archivó sin investigar la causa del primer desaparecido bahiense. El comando a cargo del general Carlos Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en patrullero, esposado y custodiado por tres policías, Daniel Bombara abrió la puerta y se tiró al asfalto. Para no entregar su cuerpo con rastros de tortura, al día siguiente simularon que “desconocidos” lo habían robado mientras una ambulancia lo trasladaba a la morgue. “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, informó La Nueva Provincia. Al mes, el juez archivó la causa.

En abril de 1976, una mujer secuestrada junto con Bombara declaró ante el juez y su secretario, Hugo Sierra, que “un patrullero” los llevó hasta un lugar que no pudo determinar y “con los ojos vendados” fue sometida “a toda clase de torturas”. El magistrado hizo oídos sordos, no investigó las torturas ni reabrió la causa Bombara. En agosto, para mantener en prisión a un militante de la Juventud Peronista, Sierra le propuso al juez usar un dato de la declaración del desaparecido, “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes” (sic) por razones que prefirió no analizar. El juez no se animó a tanto. Sierra aún no está imputado en la causa y es profesor de derecho en la Universidad Nacional del Sur.

En plena dictadura Madueño se reunía en la casa del general René Azpitarte, jefe del Cuerpo V, “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al juez a hacer la investigación de la UNS”, declaró en 1987 el general Vilas, impune por insania. La investigación fue una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura, y que el diario La Nueva Provincia y la revista Cabildo publicitaron como ejemplo de la lucha contra la subversión. Vilas contó ante la Cámara Federal bahiense que invitó al juez a visitar el centro clandestino La Escuelita y que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juez Alvarez Canale ordenó la detención de su ex colega. El defensor oficial Luis Angel Devaux respondió que Madueño padece una enfermedad grave, que se presentará si lo citan y pidió la eximición de prisión. El juez la rechazó.

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Otro represor quiere una banca en el Congreso

Folloni se postula en Salta y fue impugnado por su rol en la dictadura

Por Diego Martínez

Luis Patti no está solo. Organismos de derechos humanos de Salta impugnaron la postulación como candidato a diputado nacional de Jorge Oscar Folloni, ex secretario de Estado del gobernador de facto Roberto Ulloa, fundador del Partido Renovador de Salta, investigado por la Justicia Federal por el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos en 1978. Comandante retirado de Gendarmería de 73 años, Folloni fue diputado provincial, nacional y candidato a gobernador.

La presentación fue efectuada por David Leiva y Tania Kiriaco, abogados de la Red de Derechos Humanos de Salta, ante el juez electoral Leonardo Bavio. Destacan que el candidato “ha participado de un gobierno terrorista que aplicó un plan sistemático de violación de derechos humanos”. Más allá del cargo como funcionario, recuerdan que el 14 de noviembre de 1977, por decreto 3498, el capitán de navío Ulloa y el gendarme Folloni le negaron a Bustos la habilitación como escribano en base a “la evaluación efectuada por el Poder Ejecutivo de los antecedentes ideológicos del peticionante, suministrada con carácter estrictamente confidencial y secreta por los organismos pertinentes”. Dos meses y medio después, el 2 de febrero de 1978, Bustos fue secuestrado en Tartagal y trasladado al Regimiento de Infantería 28, en Embarcación, donde se lo vio por última vez. Para los impugnantes, el decreto “anunciaba el destino final” de la víctima.

La investigación judicial se reabrió en 2005. Al año, el juez federal Miguel Medina procesó por el secuestro del escribano a los coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zirpolo. Hace tres meses elevó la causa a juicio, que recayó en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta. Pero la investigación excede a los coroneles. En julio pasado, el juez Medina dispuso investigar a Ulloa y Folloni por encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los impugnantes sostienen que el candidato carece de “idoneidad ético-jurídica” por haber integrado un gobierno que “no sólo derrocó a las autoridades civiles, sino que produjo miles de víctimas en todo el territorio nacional”. Recuerdan que el Estado se comprometió a implementar mecanismos para evitar que personas comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos ocupen cargos públicos, y destacan que “la protección de los fueros parlamentarios conduce a la impunidad”.

Cordobés, hijo de italianos, abogado, Folloni se radicó en Salta en 1968. El 30 de octubre de 1983, con el flamante Partido Renovador, fue electo diputado provincial. En 1995 se presentó sin suerte como candidato a gobernador. Más tarde asumió como diputado nacional. En 2003 anunció su alejamiento de la política, pero en agosto del año pasado decidió volver. Presidió la convención del partido y fue electo cabeza de la lista de diputados nacionales. El lunes confirmó la postulación. El martes, mientras los abogados lo impugnaban, declaró que “el 28 de junio, en el ocaso del kirchnerismo, se cerrará una etapa cuando el matrimonio que gobierna el país reciba un duro mensaje de la ciudadanía, que mostrará su desacuerdo con un estilo de gobierno hegemónico y confrontativo”. El vicepresidente del partido, Andrés Zottos, calificó la impugnación como “una chicana política”.

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Por un Congreso libre de asesinos

Diputados, familiares de sus víctimas y organismos de derechos humanos impugnaron la candidatura del represor Luis Patti

Reiteraron que el torturador carece de “las calidades exigidas por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos” para presentarse. Destacaron que aún no fue condenado porque hubo treinta años de impunidad. Es improbable que asuma.

Por Diego Martínez

Luis Abelardo Patti está preso en el penal de Marcos Paz, procesado por delitos de lesa humanidad.

Familiares de víctimas de la última dictadura, organismos de derechos humanos y diputados nacionales impugnaron ayer la candidatura del ex subcomisario Luis Patti, preso en la cárcel de Marcos Paz con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad y a disposición del Tribunal Oral Federal de San Martín, que debe juzgarlo en los próximos meses. El represor se postuló para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como cabeza de una lista de duhaldistas, menemistas y miembros del Modín. La nueva candidatura del ex intendente de Escobar se produce después de catorce meses en los que el Congreso de la Nación no reunió el quórum necesario para tratar un proyecto de ley de la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, que inhabilita a imputados en graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos.

Las presentaciones ante la secretaría electoral nacional, a cargo del juez federal platense Manuel Blanco, fueron formuladas por los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, las hermanas de Osvaldo Cambiaso y los hijos de Gastón Gonçalvez, los tres asesinados durante la dictadura en operativos vinculados directamente con Patti. Patrocinaron el pedido los abogados Ana Oberlin, de Hijos; Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Pablo Llonto. Por otra parte, lo impugnaron los diputados nacionales oficialistas Remo Carlotto y Diana Conti, y Emilio García Méndez, de Solidaridad e Igualdad, con el patrocinio de los abogados Luciano Hazán, María Laura Durandeu y María Eva Asprella.

A mediados de abril, los abogados de Patti solicitaron a la justicia electoral una “acción declarativa” que confirmara la idoneidad del represor para postularse a un cargo. El juez Blanco le negó el cheque en blanco y explicó que sólo podría pronunciarse en el caso de que Patti se presentara y la sociedad civil lo impugnara, como ocurrió ayer. Los escritos reiteran que el ex intendente de Escobar carece de “las calidades exigidas por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos” para presentarse como candidato y subrayan la obligación contraída por el Estado, a partir de la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2000, para evitar que personas sospechadas de graves violaciones a los derechos humanos puedan acceder a cargos públicos. Destacan que la falta de una condena firme “debe evaluarse en el contexto de excepcionalidad argentino”, donde la falta de investigación y sanción penal producto de las leyes alfonsinistas y los indultos menemistas “generaron un marco de impunidad y privación de justicia por casi 30 años”. Los impugnantes detallan los hechos por los que Patti será juzgado, solicitan la producción de nuevas medidas y piden a Blanco que convoque a una audiencia pública para que los votantes “puedan ejercer su derecho con la debida información”, tal como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.

Sus Señorías

Si bien las posibilidades reales de asumir como diputado son prácticamente nulas, los últimos antecedentes fueron favorables para el torturador. En 2007, con votos de Juan Carlos Hitters, Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Petiggiani, Federico Domínguez y Carlos Natiello, la Corte Suprema de Justicia bonaerense confirmó una resolución de la Junta Electoral que desestimó mecánicamente un planteo de familiares de víctimas de Patti para impedir su candidatura a la gobernación de la provincia. El candidato se presentó y obtuvo 171.667 votos, equivalente al 2,45 por ciento de los electores.

En abril de 2008, previo dictamen favorable del procurador general Luis Santiago González Warcalde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la decisión de la Cámara Nacional Electoral que había invalidado la exclusión del represor en la Cámara de Diputados en 2006. Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni opinaron que el Congreso se había excedido en sus facultades de contralor y que no le correspondía realizar valoraciones sobre la idoneidad ética de sus miembros. Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carlos Maqueda, en disidencia, consideraron válida la exclusión en virtud de normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, que obligan al Estado argentino a adoptar medidas para que responsables de graves violaciones a los derechos humanos no permanezcan ni ingresen a la función pública.

En la práctica, la decisión de la Corte derivó en la suspensión de la prisión preventiva de Patti durante ocho días. El 24 de abril a la madrugada, por 196 votos a favor, nueve en contra (PRO, Recrear, los demócratas mendocinos, dos radicales y un Paufe) y once abstenciones (ocho de la UCR y tres del Frejuli de Rodríguez Saa), Diputados aprobó el desafuero, privó a Patti de la inmunidad con la que pretendía burlar a la Justicia y la Cámara Federal de San Martín volvió a ordenar su detención.

Aun si la Justicia electoral mantuviera su criterio de ignorar los motivos de la impunidad, rechazara las impugnaciones y Patti fuera electo, es improbable que logre asumir. El Tribunal Oral Federal de San Martín, que aún no fijó fecha pero tendría previsto juzgar a Patti & Cía. cuando concluya el primer juicio por Campo de Mayo, debería en tal caso analizar los planteos de los defensores del policía para que consiga fueros y por ende impunidad. Aun si el TOF concediera el pedido, el desafuero se trataría en diciembre el Diputados.

Congreso en deuda

El proyecto de Victoria Donda para inhabilitar a personas sobre quienes pesan graves sospechas de haber participado en delitos de lesa humanidad se presentó en marzo de 2008, pero nunca llegó al recinto. Debió tratarse en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y, por último, Derechos Humanos y Garantías. Nunca llegó a discutirse en la primera, por falta de quórum. “Ahora estamos pidiendo una reunión conjunta de las tres comisiones, ya que es un proyecto consensuado, para tratarlo directamente en la próxima sesión”, explicó ayer Remo Carlotto, que impugnó a Patti en 2005 y 2007.

El diputado explicó que “el proyecto está consensuado pero no pudo tratarse y carecemos de la legislación que impida que estos personajes se presenten”.

–Si había consenso, ¿por qué no trató?

–Hay que preguntar a quienes tenían a cargo el tratamiento legislativo. Desde el Frente para la Victoria pusimos toda la voluntad, Gerónimo Vargas Aignasse y yo. En período preelectoral es complicado conseguir quórum, pero la decisión política está, es parte de la política de derechos humanos del Gobierno. Somos firmantes del proyecto, lo impulsamos, trabajamos para buscar una síntesis con otros proyectos. No se pudo aprobar, pero no lo vinculo a intencionalidad política del bloque sino al funcionamiento de las comisiones, a la dificultad para conseguir quórum. Pero el compromiso del Frente para la Victoria está.

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“Lo tendrían que hacer de oficio”

“Esto es algo que tendría que hacer la Justicia de oficio”, consideró Manuel Gonçalvez, hijo de una víctima directa de Luis Patti, después de impugnarlo por segunda vez en dos años. Manuel es hijo de Roberto Gastón Gonçalvez, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y visto por última vez tres días más tarde, con signos de tortura, arriba de un patrullero estacionado en la comisaría donde trabajaba el oficial de calle que poco antes le había advertido: “cuidate si querés seguir con vida”. “Si hay una persona procesada por delitos de lesa humanidad, la Justicia tendría que poder avanzar, y si la persona demuestra inocencia asumirá el cargo que quiera en el momento oportuno”, explicó Gonçalvez. “Hay gente que puede votarlo y que cree que la mano dura va a cambiar la realidad social del país, por eso intentamos dejar en claro desde el comienzo de quién estamos hablando”, agregó. La diputada Victoria Donda expresó que “lo único que quiere (Patti) es tener fueros para seguir eludiendo a la Justicia”. “Exigimos a la Justicia que no someta al pueblo a tener un asesino como diputado”, remarcó.

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“No garantizan la imparcialidad”

Piden que la causa sobre el Hospital Posadas cambie de tribunal oral

Los querellantes cuestionaron los antecedentes de dos de los jueces del TOF Nº 3. Uno de ellos ya se excusó. Además, señalaron que los roces que existen entre esos dos magistrados y el tercer integrante del tribunal podrían perturbar el proceso.

Por Diego Martínez

Durante la última dictadura militar, en el Hospital Posadas funcionó un centro clandestino de detención.

Un mes después de que la Cámara de Casación Penal encomendara al Tribunal Oral Federal Nº 3 el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, querellantes patrocinados por el abogado Rodolfo Yanzón solicitaron ayer una nueva reasignación de la causa, porque entienden que los jueces Miguel Guillermo Pons y Gerardo Larrambebere “no se hallan en condiciones de garantizar la imparcialidad” necesaria. Copia del escrito fue entregada a Liliana Catucci, presidenta de Casación, para que los obstáculos surgidos en el tribunal no demoren el inicio del juicio a los represores, incluido el dictador Reynaldo Bignone.

El juez Pons se excusó luego de admitir que la detención de su primo hermano, capitán de corbeta retirado Luis Alberto Pablo Pons, investigado por delitos similares a los que debería juzgar pero ocurridos en la base naval de Puerto Belgrano, “afecta la garantía de imparcialidad del juzgador”. El marino de 66 años, internado en el Hospital Naval, encabezó en 1976 la Brigada de Infantería Nº 1 y está imputado como ejecutor directo del secuestro y los tormentos a Hugo Giorno, ex intendente de Punta Alta.

Oscar Hegott rechazó la excusación de su colega porque entiende que los delitos los cometió “una distinta organización armada estatal: la Armada”, no el Ejército como en el hospital. Sin disimular la tensa relación inter pares, el juez apuntó que “sólo podría ponderar” la excusación si Pons admitiera “un conocimiento previo de los hechos imputados a su primo” e introdujo un tema que para Yanzón “pone a la luz una situación traumática en el seno del tribunal”. Hegott recordó que “mediante la Acordada 4/09 (léase jueces en oficinas contiguas que se comunican por escrito) he exhortado al señor juez que culmine con la práctica de reuniones bilaterales con el restante magistrado para organizar el tribunal a su antojo” (sic).

La excusación y la feroz interna, que para Yanzón “conspira contra la misión que deberían cumplir en este proceso”, no son los únicos elementos que motivan el pedido. También incide el probable apartamiento de Larrambebere, quien habría intervenido en la causa cuando era juez de Morón, y añejos antecedentes de ambos magistrados:

- En 1985, como juez federal porteño, Pons “dispuso la captura de ex miembros de Montoneros basándose en la conferencia de prensa que habían dado en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura”, recordó el abogado.

- En 1989, como juez de Morón, Larrambebere intervino en la causa por los hechos posteriores al copamiento del cuartel de La Tablada. “Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos por no haber investigado los homicidios y torturas” cometidos por militares, “por el tratamiento dado a los cadáveres de los incursores (depostados a pedido del Ejército para impedir que se investiguen los motivos de las muertes)” y por el rol de la fuerza como “auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial”, apunta el escrito.

La investigación de los delitos en el policlínico la realizó el juzgado de Daniel Rafecas, que elevó la causa en enero, con cinco imputados: Bignone, el coronel Agatino Di Benedetto, el brigadier Hipólito Mariani (jefe de Mansión Seré condenado por el TOF Nº 5 a 25 años de prisión, libre hasta que el fallo quede firme) y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos.

Ante el atolladero de expedientes acumulados en el TOF Nº 5 y la alta probabilidad de que decenas de acusados mueran sin sentencia, Casación reasignó todas las causas vinculadas al Primer Cuerpo de Ejército. Hospital Posadas recayó en el TOF Nº 3, que en junio tenía previsto comenzar a juzgar el affaire IBM-Banco Nación. Si por la edad de los represores (tres superan los 80 abriles) el tribunal analizaba priorizar el último juicio recibido, el pedido de los querellantes para que Casación “disponga con urgencia una nueva reasignación” le permitirá juzgar a los banqueros y ex funcionarios menemistas, causa que lleva apenas 14 años en trámite.

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Buscan “controlar a la prensa”

Un proyecto para repudiar una denuncia del Ejército

Por Diego Martínez

La diputada oficialista Diana Conti presentó un proyecto de declaración para que la Cámara baja exprese “su más enérgico repudio” a la denuncia del coronel Celestino Mosteirín contra dos periodistas correntinos, a quienes acusó de difundir nombres de personal civil de inteligencia de la dictadura que aún prestan servicios en el Destacamento 123 de Paso de los Libres. Consideró que la presentación, autorizada por la Dirección de Inteligencia del Ejército, “encubre una clara utilización del derecho penal para controlar el trabajo de la prensa”.

Miembro del Consejo de la Magistratura, Conti pidió además la citación a la Comisión de Disciplina de la jueza subrogante Mabel Borda. Aun cuando el llamado a indagatoria de los cronistas antecedió a su nombramiento, “su obligación ante la palmaria inexistencia de delito debió traducirse en dejar sin efecto ésa y toda medida de tinte cercenatorio de derechos”, afirmó.

La decisión de indagar a los periodistas por supuesta violación de secretos de Estado no la tomó el juez ad hoc Juan Carlos Silberstein, como informó ayer Página/12, sino su antecesora, María Inés Morales de Paulo, la abogada que el año pasado concedió un hábeas corpus para que ex miembros del destacamento procesados por secuestros y torturas no abandonaran su prisión VIP en el Grupo de Artillería 3. Abogados libreños que conocen la Justicia local sugieren que el ideólogo de ambas decisiones es el ex juez Juan Angel Oliva, a quien la abogada subrogó pocos días. Oliva, que renunció el 1º de febrero, cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a citarlo, es el autor de dos procesamientos contra los represores del centro clandestino La Polaca que por sus desprolijidades fueron anulados en sendas oportunidades por la Cámara Federal correntina.

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Dos periodistas en problemas

La Justicia correntina citó a cronistas por difundir nombres de agentes de inteligencia

En un canal de cable y en una radio se difundieron nombres de personal civil de Inteligencia, identificados por un conscripto que presenció torturas durante la dictadura. El Ejército denunció a los cronistas por violar la Ley de Inteligencia y el juez los citó.

Por Diego Martínez

La Polaca, en Paso de los Libres, funcionó como centro de torturas hasta el final de la dictadura.

Dos periodistas correntinos difundieron el testimonio de un ex conscripto que presenció durante la dictadura una sesión de torturas a cargo de militares y civiles del Destacamento de Inteligencia 123. El jefe de esa dependencia del Ejército notó que varios de los nombrados –que a priori no participaban del interrogatorio– seguían en actividad bajo su mando treinta años después, e invocando la Ley de Inteligencia Nacional denunció a los periodistas por difundir nombres de agentes. Lejos de desestimar la denuncia, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, cuyos procesamientos a varios represores que mencionó el soldado fueron anulados por sus desprolijidades por la Cámara Federal de Corrientes, citó a prestar declaración indagatoria a los periodistas. “Es un apriete a quienes se animan a informar, más grave aún cuando varios acusados de presenciar las torturas siguen libres y aún no fueron citados por delitos de lesa humanidad cometidos hace décadas”, destacó Tomás Chalup, abogado de los periodistas.

El Destacamento 123 nutrió de personal a los centros clandestinos La Polaca y Local 13, donde se torturaba a personas secuestradas en el puente que divide Paso de los Libres y Uruguayana. En julio del año pasado un ex conscripto declaró que a mediados de 1983 le ordenaron llevar un sobre al Escuadrón 7 de Gendarmería, donde funcionaba Local 13. Como golpeó y nadie atendió, se asomó por la ventana. Vio a un hombre sentado que gritaba “¡No sé nada!”, mientras el civil Víctor Irineo Aldave le arrancaba las uñas con una tenaza y sus compañeros gritaban “¡Cantá que te vamos a hacer mierda!”. Identificó a “empleados civiles y militares, pudiendo citar a Carlos Faraldo, un tal Ledesma, un suboficial Ojeda, Alberto Gonzalo, Don Clementino y otros, que a raíz de la reacción espontánea de salir de la ventana no alcanzó a reconocer”. Ante la pregunta del juez federal libreño Juan Angel Oliva, el testigo dio todos los nombres del personal del destacamento que recordaba.

El testimonio y el detalle de nombres se publicó en medios gráficos, como Conexión Internacional, y fue difundido por Ignacio Villanueva, del canal de cable Tele 10, y Sergio López, de FM Activa. Cuando el entonces teniente coronel Celestino Mosteirín, jefe del Destacamento 123 hasta diciembre, escuchó que varios PCI mencionados aún prestaban servicio a sus órdenes, se presentó en el juzgado y pidió que se investigara a los periodistas por violar la Ley de Inteligencia, que prohíbe difundir nombres de agentes secretos. Una alta fuente del Ministerio de Defensa informó ayer que Mosteirín tenía el deber de denunciar el posible delito y que fue autorizado por la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Según pudo reconstruir Página/12 de dos fuentes con acceso al expediente, el fiscal ad hoc Edgar Giménez se limitó a pedir que el militar amplíe su denuncia, pero no reclamó ninguna medida de prueba. Habría sido el juez federal ad hoc Juan Carlos Silberstein, hoy secretario del juzgado, quien de motu proprio resolvió allanar la FM y citar a indagatoria a Villanueva y a López (no a quienes publicaron idéntico relato). Especialista en derecho tributario, Silberstein encuadró los hechos en el artículo 222 del Código Penal, que prevé uno a seis años de prisión para quien revele secretos concernientes a la defensa de la Nación, entre otros.

“Es un mensaje intimidatorio, la declaración no es secreta. Nos están diciendo ‘no hablen o los vamos a imputar’”, explicó Villanueva, quien ya en 2005 difundió en TV un informe sobre La Polaca, y que se negó a declarar. López no se presentó y tiene nueva cita para el 20 de mayo. “Hoy (el martes) vinieron de Gendarmería, sin orden judicial, a pedirme datos para hacerme un estudio socioambiental. No dejé que me tomaran ni las huellas digitales, esto ya es demasiado persecutorio”, agregó Villanueva.

Consultado por Página/12, el fiscal federal Benito Pont informó que “reasumí hace unos días, analicé la causa y ya estoy pidiendo el archivo, no hay ningún elemento que permita traer a estas personas a proceso”.

–¿Y qué elemento encontró el juez ad hoc? ¿Cómo chequear que servicios de la dictadura siguen en actividad?

–Ah (silencio).

En septiembre Oliva procesó por segunda vez a nueve ex miembros del Destacamento 123. El 1º de febrero renunció, cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a citarlo por irregularidades en las causas de lesa humanidad. El mes pasado, invocando irregularidades en la instrucción, la Cámara Federal correntina anuló por segunda vez los procesamientos. Excepto los civiles Rubén David Ledesma y Carlos Faraldo, procesados en otra causa y presos VIP en la Guardia de Artillería 3, todos los represores locales recuperaron la libertad. La causa por delitos de lesa humanidad y la que investiga a los periodistas están desde hace dos semanas en manos de la jueza federal subrogante Mabel Borda.

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“Cárceles, las ESMAs del presente”

El CELS denunció que en la provincia hay diez mil presos más que los lugares disponibles

El informe anual del organismo sostiene que en 2008 se verificaron regresiones políticas e institucionales en DD.HH.

Por Diego Martínez

Gastón Chillier y Horacio Verbitsky, director y presidente del CELS, respectivamente, al presentar el informe.

Eternización de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ausencia de mecanismos para evitar que torturadores sin condena asuman en cargos públicos. Reformas regresivas en materia de seguridad con epicentro en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Redes de ilegalidad consentidas desde el poder político. Superpoblación carcelaria. Aumento del número de detenidos en comisarías bonaerenses. Déficit habitacional y desalojos con grupos de choque en la ciudad de Buenos Aires. Tres millones de personas sin servicios cloacales en la cuenca Matanza-Riachuelo. Unos 25.000 detenidos en instituciones psiquiátricas por “razones sociales”. Deudas varias en materia de libertad de expresión. Y, como telón de fondo, ausencia de la más elemental agenda de derechos humanos en los debates políticos. Son sólo algunos de los temas que aborda el “Informe 2009. Derechos Humanos en la Argentina”, que por 14º año consecutivo presentó ayer en sociedad el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hoy a las 20 el trabajo de 491 páginas se presentará en la Feria del Libro.

“No alcanza con políticas de memoria y persecución de crímenes de lesa humanidad si no se trabaja sobre las ESMAs del presente y sobre la reafirmación de los principios y garantías constitucionales”, destacó Gastón Chillier, director del CELS. “Las regresiones políticas e institucionales de 2008 obligan a repensar las formas de construcción de un Estado fuerte y protector de los derechos humanos, objetivo que permanece ausente de los debates políticos”, lamentó. “La deuda principal, a veinticinco años de la recuperación democrática, sigue siendo la conformación de una sociedad inclusiva, en la que la cara visible del Estado para los más desventajados no sea su cara más violenta”, destacó Chillier, director del organismo que este año celebra su 30º aniversario.

La reforma del Código Procesal bonaerense aprobada en diciembre, que restringió el régimen de excarcelaciones e invirtió la regla de la libertad durante el proceso, desde entonces excepcional, es para el CELS una de las mayores regresiones en materia de seguridad ciudadana. El informe destaca que en 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de la prisión preventiva generalizada, “por primera vez en décadas descendió la cantidad de personas privadas de la libertad sin condena”. La tendencia comenzó a revertirse cuando la administración de Daniel Scioli anunció el endurecimiento de la legislación. Entre fines de 2007 y octubre pasado, según el informe, la cantidad de personas detenidas en comisarías ascendió de 2782 a 3448. Si a ello se suman presos en cárceles bonaerenses, el número de detenidos asciende a 27.614, cifra que excede en 10.000 las plazas disponibles según un relevamiento oficial.

El periodista Horacio Verbitsky, presidente del CELS, ratificó que las reformas procesales de Buenos Aires y Mendoza “no solucionan los problemas sino que los agravan” y repudió “la euforia informativa y política con el tema seguridad, totalmente desvinculada de las causas de fondo”. Como ejemplo del rol de los medios, recordó que la cobertura del asesinato de Daniel Capristo “incluyó actos de violencia sobre un fiscal que no merecieron una sola palabra de condena” de los grandes medios. “Pese a que la muerte derivó del intento de robarle el auto, tampoco informaron que ese día se desbarató un desarmadero a cargo de un oficial de la Policía Federal”, agregó. Verbitsky denunció la existencia de “redes de ilegalidad consentidas desde el poder político, que trascienden las jurisdicciones y usan a los chicos como mano de obra barata”. Chillier agregó que “reclutar personal retirado o exonerado, como propuso el gobierno nacional, tampoco es una solución estructural, sino todo lo contrario”.

El informe destaca que el derecho a la vivienda es “sistemáticamente vulnerado” en la ciudad de Buenos Aires. “La lógica de mercado parece tener directa consecuencia en la situación habitacional de los más vulnerables cuando se impulsan desalojos en forma masiva y se generan obstáculos para el acceso a la vivienda”, agrega. “La expulsión sistemática de personas se agrava por la intervención de fuerzas de choque como la Unidad de Control del Espacio Público”, destacó Chillier.

El informe del CELS elogia el fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y destaca que el 55 por ciento de los cinco millones de habitantes de la zona carece de servicios cloacales, situación que se agrava por el tratamiento ineficiente de residuos sólidos y la proliferación de basurales.

En materia de libertad de expresión, el informe remarca la obligación del Estado de adecuar la legislación sobre calumnias e injurias, que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También destaca la necesidad de establecer criterios claros sobre el acceso a la información pública.

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Cerrar las puertas del juicio a Astiz & Cía.

La Justicia volverá a impedir el trabajo de la prensa en el proceso a dieciocho represores que actuaron en la ESMA

Pese a que la Corte Suprema ordenó garantizar la publicidad de los procesos, el Tribunal Oral Federal 5 sólo permitirá un fotógrafo por “un breve lapso” y una cámara de TV operada por policías.

Por Diego Martínez

“Las imágenes atenderán lo sustancial”, según consideren los jueces Farías, Obligado y Gordo.

Víctor Basterra detalla cómo extrajo fotos de torturadores. El Tigre Acosta admite que se sentía Jesucristo cuando seleccionaba pasajeros para los vuelos. Carlos Lorkipanidse relata la tortura a su hijo de veinte días. El cura Emilio Grasselli teoriza que los marinos eran menos brutos que el Ejército. Carlos Capdevila se quiebra al contar cómo arrancaba bebés a sus madres. Graciela Daleo rememora el Mundial en Capucha. Enrique Weber explica que Rodolfo Walsh no le dio otra alternativa que matarlo. Relatos e imágenes, hipotéticos en el caso de los imputados, formarán parte del proceso más importante desde el Juicio a las Juntas en 1985, que filmó ATC y se emitió en flashes sin sonido, a pedido de Raúl Alfonsín, contra la voluntad del tribunal. Un cuarto de siglo después, con Fuerzas Armadas subordinadas a la Constitución y un gobierno que impulsa las causas, el juicio a los iconos del terrorismo de Estado no podrá ser escuchado ni visto más que por el centenar de personas que quepa en Comodoro Py y será filmado por una cámara operada por personal de la policía.

Tras cinco juicios sin cámaras y el escándalo del sexto, cuando dos secretarios cubrieron el lente de un fotógrafo de Télam, el Tribunal Oral Federal 5 que juzgará a 18 represores de la ESMA explicitó por primera vez su criterio de publicidad, que incumple la acordada de la Corte Suprema que ordenó difundir los procesos: 1) Fotógrafos y camarógrafos no ingresarán. La Corte encomendó al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y reporteros” para “garantizar el mejor registro”; 2) Télam tomará imágenes durante “un breve lapso”, en las tres audiencias previstas por la Corte, con prohibición de hacer “primeros planos de las partes ni del tribunal”; 3) La única cámara de TV será operada por policías en base a “directivas del tribunal”. “Las imágenes atenderán lo sustancial”, que determinarán Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado. La mención a “paneos” de imputados sugiere que tampoco se difundirán las indagatorias, incluidas en la acordada.

Arbitrariedad manifiesta

Para la mayor parte de la sociedad, los procesos por crímenes del terrorismo de Estado se limitan a la arenga de Luciano Menéndez, el llanto de Antonio Bussi y las amenazas de Cecilia Pando en Corrientes. La mayoría de los porteños no sabe el nombre de un solo condenado en Comodoro Py, pese a que ya hubo seis juicios: al Turco Julián, la Masacre de Fátima, al prefecto Héctor Febres (envenenado antes del fallo), a ex jefes de Mansión Seré y dos por apropiaciones. Ya lleva dos meses el séptimo, al general Jorge Olivera Róvere.

Excepto el juicio al apropiador Víctor Rei, realizado por el TOF6 sin obstáculos para la prensa, el resto estuvieron a cargo del TOF5, que hasta 2005 integró Guillermo Madueño, quien renunció cuando trascendió su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Durante los primeros juicios, el tribunal rechazó pedidos informales. Sus negativas se instalaron el año pasado, luego de que el país viera en vivo a Menéndez, la Coalición Cívica presentara un proyecto para garantizar la televisación y el comisario Juan Carlos Lapuyole fuera condenado a reclusión perpetua sin que se pudiera conocer el rostro del Francés.

En el inicio del juicio por Mansión Seré, por primera vez el tribunal rechazó por escrito un pedido de Justicia Ya. Argumentó que las cámaras “atentan contra la espontaneidad de los testigos” y que debía “controlar la publicidad negativa del imputado”. Cuando Argra pidió autorización para cubrir las instancias sobre las que luego se pronunciaría la Corte, el TOF se remitió a su escrito previo, que no contrariaba el pedido. El fiscal Félix Crous hizo propio el reclamo de la querella. “En la sociedad de masas, el sentido de la publicidad no se agota en la posibilidad de quienes pueden asistir a la sala”, advirtió. Al mes, sin argumentos, el tribunal ratificó la negativa. Crous recurrió a Casación: denunció la “arbitrariedad manifiesta”, destacó la “gravedad institucional” del caso y recordó que el Estado se comprometió a juzgar los crímenes y a garantizar el derecho a la verdad.

Antes de que Casación respondiera, la Corte, mediante su acordada 29, pidió garantizar la “difusión radial y televisiva”. Encomendó al tribunal determinar “la ubicación” de las cámaras y requerir a un canal “preferentemente público” que distribuya imágenes entre los que no quepan en la sala. La acordada se limitó a la audiencia inicial (incluye indagatorias), alegatos y sentencia (incluye últimas palabras). En la práctica, la Corte convalidó el criterio que aplicaban todos los tribunales excepto el TOF5 y restringió el de La Plata, que incluía publicidad de las testimoniales.

El 3 de noviembre la Cámara de Casación rechazó el planteo de Crous. Gustavo Hornos, Mariano González Palazzo y Augusto Diez Ojeda consideraron que impedir el ingreso de fotógrafos y camarógrafos no era una decisión arbitraria, porque el TOF “aseguró la participación del público en la medida de lo posible”. Como si la acordada fuera un borrador, invitaron al TOF a considerarla “en el futuro”. El fiscal Ricardo Weschler no apeló, el caso no llegó a la Corte. Dos días después, durante la sentencia de Mansión Seré, el tribunal burló la acordada y el consejo de Casación: impidió el ingreso de las cámaras, permitió a los canales tomar la precaria señal de circuito cerrado para ver a Gordo (los represores estaban en sus casas), pero prohibió a la sociedad escuchar las últimas palabras de los imputados.

En febrero, Página/12 anticipó que en el juicio a Olivera Róvere se volvería a incumplir la acordada. “Ordena garantizar el acceso de reporteros, no que el tribunal decida qué filmar. Es una interpretación irrazonable”, apuntó el CELS, que reclamó “una medida categórica” de la Corte. El máximo tribunal citó al TOF, le pidió que acatara la decisión. Gordo amenazó con renunciar antes de autorizar el ingreso de una cámara, algo irrelevante si existe juez sustituto. La audiencia inicial fue un papelón: el tribunal autorizó al fotógrafo de Télam a trabajar tres minutos sin el represor presente y lo obligó a retirarse. Cuando vio de reojo que Olivera Róvere entraba, el fotógrafo desenfundó y un secretario del TOF y otro de la Corte taparon su lente. No lograron evitar la foto y cosecharon un repudio unánime. Al día siguiente, Gordo lo autorizó tres minutos, con dos condiciones: atrás de un blíndex y sin flash. Ante la prohibición de filmar con sus cámaras y la mala calidad de las policiales, Canal 7 se negó a tomar la señal de circuito cerrado.

Una cuestión compleja

El 23 de marzo, el fiscal Alejandro Alagia, designado para secundar a Crous, reclamó “el cumplimiento de la acordada” en el inicio del juicio a los ex jefes de área. La negativa demoró cuatro días. Alagia no apeló y pidió licencia. Un tercio de la resolución son citas de estudios comparados de Gabriel Anitúa y Alberto Bovino, profesores de la UBA partidarios de la más amplia publicidad. El tribunal advierte la “enorme complejidad de la cuestión” y, para simplificarla, selecciona citas sobre riesgos de “manipulación”. Giovanni Sartori alerta que la TV es un medio “frívolo, irresponsable y populista”. María Frascaroli advierte que “la transmisión periodística deforma la realidad”. Julio Maier destaca la escasa objetividad de los medios en el prólogo al estudio de Bovino a favor de la publicidad. Luis García describe condicionamientos que padece la prensa. Alejandro Slokar considera “obscena” la transmisión de “muestras de ira, dolor, desesperación”, no en juicios de lesa humanidad, sino en un programa de María Laura Santillán. García y Slokar sugieren pedir el consentimiento de los testigos para transmitir sus declaraciones, hipótesis que no se analiza. Frascaroli propone que un superior revise las restricciones, como lo hicieron en vano la Corte y Casación.

Gordo, Farías y Obligado concluyen que la TV va a hacer una “difusión manipulada”. No va a difundir “lo sustancial”, sino “lo que impacta, lo que vende, y posar la cámara innecesariamente en el público, el imputado, las partes o el tribunal, a fin de obtener miradas, gestos o reacciones que den volatilidad al ambiente, lo cual puede acarrear consecuencias insospechadas”. En el caso de los privados, “los excesos” derivan del lucro. Los públicos no lucran, pero igual “se ven ‘obligados a vender’ su producto, a presentarlo de modo que resulte aceptado, y en ocasiones esto no es factible si se quiere reproducir fielmente el caso”.

El tribunal sugiere que las prohibiciones “no tienen otro objetivo que controlar lo que ocurra en la sala de audiencias”. No sólo. Gordo, Farías y Obligado ya dejaron en claro su voluntad de impedir también la difusión de las imágenes tomadas por la policía. Ante un pedido de María Eugenia Sampallo Barragán para obtener copia de los videos del juicio a sus apropiadores, no se animaron a descalificar sus motivaciones, pero se limitaron a responderle que lo tendrían “presente” para cuando la Corte confirme la sentencia.

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Con permiso en los demás tribunales

Por Diego Martínez

La resolución del Tribunal Oral Federal 5 de restringir la publicidad cita antecedentes de Canadá o Dinamarca en juicios por delitos comunes, pero omite considerar el criterio aplicado por magistrados argentinos que juzgan delitos de lesa humanidad. En todo el país y antes de que la Corte Suprema ordenara garantizar el acceso de la sociedad a los juicios, ningún tribunal prohibió el ingreso de reporteros y camarógrafos.

El criterio más amplio se aplicó en La Plata, donde se transmitieron en vivo los juicios completos a Etchecolatz y Von Wernich. Tras la desaparición de Julio López (cuya imagen se conocía: fue fotografiado por Helen Zout), el tribunal comenzó a pedir el consentimiento de los testigos. Se opuso una minoría, sobre todo testigos de contexto.

Del resto del país no se vieron testimoniales, pero tampoco se excluyó a la prensa en las audiencias incluidas en la acordada. El juicio a Bussi fue televisado por Canal 10 tucumano y la Universidad de Tucumán. Fotógrafos y camarógrafos de otros medios entraron antes de cada audiencia. En la sala convivían víctimas y admiradores de Bussi, divididos por una fila de gendarmes.

El juicio a Menéndez y otros represores fue filmado por la Universidad de Córdoba. Al inicio y al final, el ex jefe del Cuerpo III leyó un alegato para justificar sus crímenes, que vio todo el país. Para que cada medio tuviera sus imágenes, se permitió que camarógrafos y fotógrafos ingresaran antes de cada audiencia, con las partes presentes. Sólo el día de la sentencia, por la cantidad de fotógrafos, uno registró el acontecimiento y distribuyó copias. En la minúscula sala de San Luis, los reporteros trabajaron con libertad en las audiencias principales. La universidad filmó indagatorias, alegatos y sentencia. En Neuquén, registró el juicio la productora pública Radio Televisión de Neuquén. Además de trabajar sin obstáculos durante las audiencias que pidió la Corte, fotógrafos y camarógrafos ingresaron antes de y durante cada cuarto intermedio. En las tres provincias hubo pantallas fuera de la sala para quienes no entraran por falta de espacio. El tribunal de Corrientes fue el único que no filmó el juicio. Los reporteros ingresaron al inicio de cada jornada, sin limitaciones en alegatos y sentencia, cuando Cecilia Pando amenazó con guillotinar. Por el desinterés de los canales correntinos, ambas jornadas sólo fueron filmadas por cámaras de organizaciones sociales.

El porteño TOF-6, que ya en 2000 garantizó la publicidad del juicio al chileno Enrique Arancibia Clavel, ratificó su criterio en el juicio al gendarme Rei. Además del registro oficial, Canal 7 filmó con cámara propia. El tribunal de San Martín que juzga a generales de Campo de Mayo invirtió el criterio platense: autoriza la transmisión de las declaraciones si los testigos lo solicitan. Canal 7 filmó la audiencia inicial con tres cámaras en la sala.

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La opinión de los testigos

“Sensación de injusticia”

- Carlos Lorkipanidse, sobreviviente de la ESMA: “Si el juicio es oral y público, la publicidad debe respetarse y garantizarse. Si hay centenares de sobrevivientes y miles de personas interesadas en seguir un juicio, la única forma de garantizarlo es por los medios. La mención del TOF5 a ‘lo sustancial’ me recuerda a Miguel Tato, el censor de películas durante la dictadura. Para peor, los jueces en nuestro país se eligen históricamente entre la propia familia judicial. ¿Quién decide qué es ‘sustancial’ y qué es ‘show’? El objetivo de estos procesos es que la historia nunca más se repita y para eso es necesario que trasciendan. Que los juicios sean secretos y privados deja una enorme sensación de injusticia”.

- Graciela García, sobreviviente de la ESMA: “La gran asignatura pendiente es que haya cárcel y sentencias. La segunda, que la sociedad tenga un amplio conocimiento del terrorismo de Estado para comprometerse. Falta conocer mucho y no toda la sociedad está predispuesta, en gran medida porque en algún lugar sabía lo que pasaba. En ese sentido, la difusión es imprescindible. Al mismo tiempo, en lo personal el esfuerzo de reconstruir lo ocurrido en distintas instancias genera un desgaste enorme. Si se agrega la cosa pública, es tal vez demasiado. Uno no es sólo ‘un sobreviviente’. Me parece bien que cada testigo decida si acepta que su declaración trascienda por los medios y que otra instancia evalúe los riesgos de cada declaración para proteger a los testigos. Porque uno habla desde su lugar, desde el dolor, pero por momentos nos sentimos muy expuestos. Si declaramos diez veces es porque no nos están cuidando”.

- Luciano Hazán, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo: “El único modo de garantizar la publicidad de los juicios que despiertan gran interés social es por los medios. El principio general que debe regir, más aún en los juicios de lesa humanidad, es el de publicidad amplia. Si un testigo no quiere que se exhiba su imagen, el tribunal tiene todas las facultades para impedirlo. Pero los testigos son de las partes, no de los jueces. Obstaculizar la publicidad de las audiencias es tan absurdo como impedir que menores de 18 años puedan ingresar a la sala, en un país donde a los 14 años te encierran sin explicaciones”.

- Claudia Bellingeri, testigo en la causa Etchecolatz, coordinadora de la Comisión Provincial por la Memoria: “Juicio oral y público implica transmitir el proceso a la sociedad, para que ese hecho se convierta en verdad jurídica y permita a las nuevas generaciones saber qué pasó en la Argentina. Desde el inicio hasta la sentencia, todas las audiencias tienen su importancia”.

- Miguel D’Agostino, sobreviviente del Atlético: “Como víctima, la mayor protección está en que mi testimonio sea público, que el portero y el mozo del café sepan quién soy. En juicios como los de apropiadores, cuando los jóvenes siguen siendo víctimas y se exponen a escenarios complejos, es importante el consentimiento del testigo. Tanto o más rechazo que los obstáculos a la publicidad me genera que no puedan ingresar a la sala los menores de 18 años, la edad que yo tenía cuando me secuestraron”.

- Marta Alvarez, sobreviviente de la ESMA: “Pasaron demasiados años de ocultamiento y negación, y debemos hablar del pasado para construir un futuro. La difusión de los juicios no sólo es necesaria para que la sociedad ‘se entere’ qué se está juzgando. Es un derecho que tenemos todos: saber qué pasó y cómo, quiénes fueron, para que no vuelva a aparecer la frase hipócrita del ‘yo no sabía’. Si se da a conocer, ya no hay excusas. Con respecto a los testimonios, cada testigo debe tener libertad para decidir si quiere ser expuesto o no. El cuidado pasa por nosotros, porque no hay protección desde otras instancias”.

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Dos miradas desde el Derecho

Por Alberto Bovino

Profesor de la Facultad de Derecho (UBA)

La culpa no es del “chancho”

La Corte Suprema ha dicho en la acordada 29/08 que “ninguna de las normas que [la] componen podrá interpretarse en el sentido de que ella importe una restricción al ejercicio del derecho de informar”. Paradójicamente, no pueden interpretarse de otro modo, porque no “reglamentan” nada, sino que restringen el ejercicio del derecho a obtener, difundir y recibir información. El Tribunal Federal 5 –Gordo, Farías y Obligado– ha sido duramente cuestionado por restringir la cobertura periodística de juicios de evidente interés público. Pero la principal responsabilidad que restringe el derecho a obtener, difundir y recibir informaciones es de la Corte. Según la Convención Americana (art. 30), tales restricciones sólo se pueden realizar por ley del Congreso, con lo cual ellas deberían tenerse por no escritas. Este esquema permitió al Tribunal 5 dictar la infundada resolución referida a la televisación del juicio. Si bien es cierto que el tribunal fue mucho más allá en estas restricciones, se limitó a hacer lo mismo que la Corte. Esta invocó los instrumentos internacionales para aprobar una acordada que no cumple con sus exigencias. Aquél invocó la acordada para no cumplir con sus mandatos.

Luego de citar precedentes inaplicables al caso, ofrecer ejemplos de derecho comparado que nada tienen que ver con estos juicios y recurrir invariablemente a argumentos de pura autoridad, el Tribunal 5 dicta una resolución en la cual instrumenta un mecanismo para controlar al Poder Judicial y se lo encomienda a policías bajo sus órdenes. Impresentables. La Corte le dio de comer, y el Tribunal 5 comió. Ver sólo la lectura de la acusación, el alegato y la sentencia es como leer el prólogo y el epílogo de un libro. La actividad probatoria es la parte central de todo juicio; no poder apreciar su producción impide realizar un análisis adecuado del contenido de la sentencia. ¿Qué es lo que pretenden ocultar?, ¿por qué el Poder Judicial inventa, construye y reconstruye mecanismos para mantenerse fuera del control republicano?

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Por Alberto Binder

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

Herramienta de control y confianza

La publicidad de los juicios es tanto una garantía del imputado como una condición de legitimidad del funcionamiento de la Justicia penal. Es una de las grandes herramientas del control de esa justicia y de la construcción de confianza y fortaleza. En la sociedad actual, el espacio público es impensable por fuera de los medios de comunicación y por eso hay que tener una visión positiva de la construcción que ellos pueden hacer a una actualización del viejo principio de publicidad. Ahora bien, ello no quita que el proceso penal sea un lugar de tensiones, intereses cruzados y visiones en pugna. En el marco de la favorabilidad a los medios (lo que no está tan claro en la acordada de la Corte sobre este tema, pese a la retórica favorecedora), no es incorrecto que los jueces puedan establecer reglas particulares para algunos juicios. Los casos vinculados al terrorismo de Estado merecen la máxima publicidad, por los valores involucrados y la importancia social del ejemplo de la actuación de la Justicia. Es también una excelente ocasión para mejorar la relación de confianza con la sociedad. En este sentido, yo hubiera optado por la mayor publicidad posible. Esto hubiera necesitado una posición firme con el público sin hacer del juicio algo cerrado. En fin, un público que abuchea y una máxima difusión por los medios sin duda no es una buena fórmula. Pero hubiera preferido algún pacto con el público o alguna restricción disciplinaria –que están previstas– antes que restringir la participación de los medios. Ello tampoco implica que no se les puedan establecer reglas a los medios (no influir, no comercializar, etc.). Por fuera de las posiciones que uno pueda tener con el fallo, lo que es común cuando se trata de sopesar intereses en pugna, se debe destacar la vocación de tomar el tema en serio y fundamentar una decisión. Eso nos permite la crítica y la administración de justicia nunca debe sustraerse a ella.

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Un represor detenido en Entre Ríos

Carlos Taffarel estaba prófugo desde hace seis meses

Por Diego Martínez

A los 61 años, tras media vida impune y medio año escondido, Interpol detuvo en un campo de Entre Ríos al coronel retirado Carlos Alberto Taffarel, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura. Taffarel integró el Destacamento de Inteligencia 181 entre 1975 y 1978, como teniente primero y luego como capitán. El Destacamento nutría de interrogadores al centro clandestino La Escuelita. El único identificado es el fallecido suboficial Santiago Cruciani. La causa del Cuerpo V tiene aún dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez y el capitán Jorge Granada. En la causa que investiga crímenes de la Armada está prófugo el capitán de corbeta retirado Ricardo Joaquín Molina, ex jefe de inteligencia de la base naval Puerto Belgrano en 1976.

Robusto, de bigote y anteojos, Taffarel llegó a ser indagado en 1987, pero se benefició con la ley de obediencia debida. El fiscal Hugo Cañón pidió su captura en abril de 2007. Un año y medio después, sin declarar el secreto de sumario e informando al jefe de la cárcel de Villa Floresta, el juez Alcindo Alvarez Canale ordenó su detención y la de otros cuatro oficiales, de los cuales sigue prófugo Granada, amigo del ex subcomisario Luis Patti. Meses antes, su abogado Eduardo San Emeterio se había presentado ante la Justicia de Viedma, que lo investiga, y había fijado el domicilio del represor en O’Higgins 2300 de Capital. Cuando salió su captura, prefirió esconderse. Fue detenido en la estancia San Bernardo, sudeste de Larroque, a medio camino entre Gualeguay y Gualeguaychú. Mientras se lo indague permanecerá en la delegación de la Policía Federal de la que se fugó Julián Corres. Luego será trasladado a la cárcel de Saavedra.

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De investigador a investigado

Renunció un juez acusado de encubrir delitos de lesa humanidad

Carlos Martín Pereyra González, miembro de la Cámara Federal de Mendoza, renunció luego de ser señalado por un tribunal oral. También tenía una denuncia en el Consejo de la Magistratura por su “actitud a favor de la impunidad” de los represores.

Por Diego Martínez

Carlos Martín Pereyra González está acusado de presenciar y consentir torturas.

Luego de conocer los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal de San Luis que ordenó investigarlo por encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el juez Carlos Martín Pereyra González renunció a su cargo en la Cámara Federal de Mendoza. El magistrado también es investigado junto a sus colegas de la Sala B por el Consejo de la Magistratura, a partir de una denuncia de organismos de derechos humanos de Cuyo por su “actitud consecuente y manifiesta a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado”. Familiares de desaparecidos de San Luis pedirán que la renuncia no interrumpa el jury de enjuiciamiento.

Pereyra González fue hace treinta años secretario del juez federal puntano Eduardo Allende. En 1987 el ex policía Jorge Velázquez declaró que el joven magistrado presenció en 1976 en Jefatura de Policía el interrogatorio bajo torturas a Graciela Fiochetti. La denuncia no tuvo eco, Velázquez había sido condenado dos años antes por Pereyra González. Tres meses atrás, durante el juicio en San Luis, el abogado Carlos Samper retomó el caso. Contó que fue a tribunales tras el secuestro de Fiochetti y que el secretario le confesó: “Asistí a un espectáculo terrible que nunca quisiera volver a ver. He visto a esta chica torturada, por suerte parece que la van a poner en libertad”. Dos días después apareció el cadáver, quemado y con las falanges cortadas. La historia continuó. A partir de hábeas corpus a favor de desaparecidos, Allende y su secretario solicitaron y recibieron el sumario militar inventado para adjudicar a Montoneros la muerte de Fiochetti y del “NN masculino” junto al cual la ejecutaron. Pese a que los secuestrados seguían en el limbo, los magistrados no ordenaron exhumar el “NN” y devolvieron el sumario en silencio.

También durante el juicio en San Luis, ex presos políticos lo acusaron de no haber recibido sus denuncias de tormentos. En diciembre de 1976, durante un careo ante juez y secretario, Juan Cruz Sarmiento se retractó de una declaración anterior porque aseguró que había sido obtenida bajo torturas por el capitán Carlos Plá y el comisario Víctor Becerra, ambos condenados a prisión perpetua. Allí murió su denuncia. Aníbal Olivera declaró que “en la Justicia sabían bien lo que pasaba en Jefatura de Policía porque estaban pared de por medio”. En 1977, cuando presentó su primera denuncia ante Allende y Pereyra González, “me trataron como si ellos también fueran torturadores”, declaró. “Cuando dije lo que nos habían hecho, me dijeron a los gritos que lo que estaba haciendo era un desacato a la autoridad”, agregó.

Citado como testigo, Pereyra González admitió haber devuelto el sumario fraguado, negó haber recibido denuncias de torturas y aseguró con lágrimas que “no supe de desapariciones en ese momento, ignorábamos la magnitud de lo que estaba pasando”. La declaración de Samper fue posterior. Cuando trascendió, el camarista pidió una audiencia especial para someterse a un careo. Cuando el tribunal fijó fecha, adujo problemas de salud y no se presentó. Los jueces Raúl Alberto Rodríguez y Roberto Julio Naciff desmenuzaron en sus fundamentos la complicidad judicial con los represores. Jorge Roberto Burad, mendocino como el camarista, redactó su propio voto, que se limitó a los uniformados.

En diciembre, tras la excarcelación de los últimos represores mendocinos presos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos pidieron al Consejo un jury de enjuiciamiento contra Pereyra González, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra Fernández, de la cuestionada Sala B. Dos semanas atrás, los magistrados denunciaron “una embestida contra el Poder Judicial” impulsada por “diversas ONG adscriptas a la tuición de los derechos humanos”. Los organismos de Mendoza ratificaron que “existe una actitud consecuente y manifiesta de los camaristas objetados a favor de la impunidad de militares y policías que ejecutaron el terrorismo de Estado”. Agregaron que “las excarcelaciones y faltas de mérito son consecuencia de esta postura política” y destacaron que el fallo plenario “Díaz Bessone”, invocado por los jueces para ordenar liberaciones, “fue usado en los casos de represores y no en los de delincuentes comunes”.

La semana pasada Pereyra González desmintió en dos oportunidades la noticia de su renuncia, que anticipó Radio Nihuil y que admitió finalmente ante periodistas de MDZ Online. Esta semana el abogado Enrique Ponce, de la APDH San Luis, se presentará ante el Consejo de la Magistratura en representación del hermano del desaparecido Pedro Ledesma y pedirá que el jury no se interrumpa hasta que concluya la investigación por el encubrimiento del secuestro. “La renuncia no implica una sanción. El jury debe continuar hasta que se determine si corresponde o no inhabilitarlo como juez”, explicó Ponce.

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El “Laucha” Corres busca nueva celda

El penal militar de Campo de Mayo, “no recomendable”

Por Diego Martínez

La Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, alojamiento exclusivo de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Lo admitió el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, que evaluó que su “nivel de seguridad no sería el apropiado” para recibir al oficial Julián Corres, fugado el año pasado de la delegación bahiense de la Policía Federal. Angel Argañaraz y Augusto Fernández, jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del “Laucha”, que se suma a lista de espera de uniformados deseosos de abandonar las cárceles comunes.

Campo de Mayo aloja represores desde 2006. En enero de 2007 el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió en Unidad 34 y el SPF reemplazó en la custodia a Gendarmería. El envenenamiento de Héctor Febres y la fuga de Corres convencieron a varios jueces de retirar a imputados de cuarteles y comisarías. Así se pobló la U34, en teoría una cárcel más, que hoy aloja a casi cuarenta militares y que ningún fiscal ni juez federal inspeccionó.

Corres está en Marcos Paz desde su segunda detención, el 18 de agosto. Pidió el traslado para estar cerca de su familia. Tras la advertencia de Cepeda, el juez Alcindo Alvarez Canale rechazó el pedido. Por la apelación, llegó a la Cámara. El juez Fernández apuntó que Cepeda no manifestó “la imposibilidad” de alojarlo, sólo la inconveniencia. Aseguró que en Campo de Mayo “rige un régimen estrictamente carcelario”. Argañaraz agregó que la advertencia es “una mera afirmación dogmática” y que según el informe de gestión del SPF la relación seguridad/interno en Campo de Mayo (0,76) es superior a la de Marcos Paz (0,21). Ricardo Planes disintió. “No puede presumirse falta de idoneidad” de un director del SPF. La fuga “no es el primer antecedente sobre la voluntad de Corres de sustraerse de la causa”, agregó, porque estuvo más de un año prófugo antes de su primera detención.

Días antes la Cámara se pronunció sobre los policías que Alvarez Canale imputó por “favorecimiento doloso de evasión”. Admitió que “la política de celdas abiertas” era impensable “sin la venia de los máximos responsables” de la delegación, pero revocó el procesamiento del ex jefe, comisario Gustavo Scelsi, porque consideró que estaba de licencia (para el juez se había reintegrado). También alivianó la mochila del ex subjefe, subcomisario Marcelo Voros, del ex jefe de servicio Juan Lastra y del guardia Pablo Carbajal. Descartó el dolo, la intención, y sólo les endilgó negligencia. En el peor de los casos deberán pagar 15.000 pesos de multa. La investigación del empresario Héctor Lapeyrade por la cobertura a Corres mientras estaba prófugo pasó a la justicia porteña, que aún no lo citó.

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“Se cierra una puerta”

CONDENA A DIECISEIS AÑOS DE PRISION A UN APROPIADOR

El gendarme Víctor Enrique Rei fue juzgado a partir de una muestra genética obtenida en un allanamiento judicial. Rei había dicho “adopté a un huérfano”, sin explicar cómo Alejandro había llegado a sus manos.

Por Diego Martínez

El comandante de Gendarmería Víctor Rei junto a su abogado Alejandro Macedo Rumi.

Víctor Enrique Rei, comandante retirado de Gendarmería, fue condenado ayer a dieciséis años de prisión por la apropiación y supresión de identidad del hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana. La jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal Oral Federal 6, destacó que robar criaturas es delito de lesa humanidad y ordenó que se investigue al represor por participar en interrogatorios bajo tortura en Campo de Mayo. Rei se fue con la cabeza gacha, escoltado por cuatro agentes del Servicio Penitenciario rumbo al penal de Marcos Paz. Minutos después, en la escalinata de Comodoro Py, Alejandro Sandoval Fontana, emocionado y con una sonrisa, se abrazó con su abuela “Chela” Deharbe de Fontana y su tía Silvia. “Hoy se cierra una puerta y se abren otras”, les confesó. “Yo ya elegí: las quiero.” Un centenar de familiares y compañeros de militancia de sus padres, mezclados con militantes de H.I.J.O.S., no paraba de aplaudir.

–Liliana debe estar tranquila –apuntó Chela.

–Sí, mamá debe estar con Pedro –respondió Alejandro.

La condena de ayer es la primera a partir de muestras de material genético obtenido mediante un allanamiento judicial. También es la pena más alta para un apropiador. El tribunal que también integran José Martínez Sobrino y Julio Panelo condenó a Rei por retención y ocultamiento de un menor de diez años, supresión de estado civil y falsificación de tres documentos públicos: partida de nacimiento, DNI e inscripción en el Registro Civil. Ordenó que se rectifiquen los registros y se investigue a Rei por falsear también la cédula de identidad del joven.

El tribunal encomendó al Colegio Público de Abogados que analice la violación de todas las normas de ética profesional conocidas por parte de Alejandro Macedo Rumi, quien ayer logró superar en seis años la pena a su anterior cliente condenado por robar bebés, el capitán Enrique Berthier. Finalmente, como adelantó Página/12, ordenó que se investiguen las motivaciones del subcomisario Adolfo Osvaldo Porcel para falsear el acta del allanamiento en la casa de Alejandro, en agosto de 2005, el escaso esmero de los empleados del juzgado de María Servini de Cubría para controlar la legalidad del procedimiento y le encomendó al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que “ilustre al personal de las fuerzas de seguridad” para que respeten las reglas durante los allanamientos.

Militantes del Frente Revolucionario 17 de Octubre, Pedro y Liliana fueron secuestrados en 1977 y vistos por última vez en el centro clandestino “Club Atlético”. A Liliana, de 20 años, se la llevaron el 26 de diciembre, a punto de parir a su hijo, a quien pensaba llamar Pedro. Rei, comisionado por la Dirección de Inteligencia de Gendarmería al Primer Cuerpo de Ejército, inscribió al bebé el 5 de abril de 1978. El acta de nacimiento la firmó el cardiólogo militar Julio Cáceres Monié, que también colaboró con otros ladrones de bebés. En 2006 el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand confirmó que el ADN de Alejandro es compatible en un 99,999996 por ciento con el de Fontana-Sandoval.

Durante la primera audiencia, Rei admitió el robo a su manera: “Ni en la Rusia de Stalin se juzgó a alguien treinta años después por adoptar y criar a un huérfano”. No contó quién lo convirtió en huérfano ni cómo se lo apropió. Prometió hablar “sobre ese tema” luego de Alejandro. Obligado a exponer su tragedia por voluntad del victimario, el joven le dio la mano con lástima y se esforzó por ayudar “a Víctor”, así lo llama. Tres semanas después, Rei pidió una audiencia especial pero no se animó a hablar. Ayer volvió a defraudar. “Sólo quiero decir que Gustavo y Alejandro son y serán los únicos amores de mi vida”, dijo por la mañana. Gustavo es su hijo.

Los abogados de Abuelas, igual que el fiscal Martín Niklison, habían pedido 25 años. Igual se conformaron con 16. “La pena, seis años mayor que la de Berthier, ayuda a romper con la creencia de que no era tan malo apropiarse de un hijo de desaparecidos”, explicó Luciano Hazán. “Muestra que un niño secuestrado también es víctima de desaparición forzada. Por eso es delito de lesa humanidad”, agregó. “La orden de rectificar la partida y el DNI reconocen el derecho de Alejandro a recuperar su identidad”, destacó Alan Iud. Nina Brugo celebró que “por primera vez un tribunal oral reconoce que la apropiación es delito de lesa humanidad”.

Alejandro siguió la sentencia desde el móvil de Canal 7. Por un incidente menor el tribunal le había prohibido ingresar a la sala. “Me siento tranquilo, mucho mejor”, contó a Página/12. ¿Qué implica el fallo? “Poder cerrar una puerta y abrir otras, conseguir tranquilidad”, insistió. Cuando conoció a su familia “ni ellos ni yo estábamos preparados para construir una relación”, dijo. ¿Y hoy? “Como toda familia”, sonrió con ojos de chico travieso. “Triunfó la verdad, estoy contenta, aunque me traba no tener a mi hermana”, admitió Silvia Fontana. “Hoy lo importante es que Alejandro es libre y está con nosotros. Con sus condiciones, con la vida desgraciada que le tocó, podemos verlo y podemos besarlo.”

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Un deseo con formato de noticia

Desmienten que el caso Larrabure haya sido considerado delito de lesa humanidad

La Procuración General de la Nación aclaró que un fallo judicial sobre el caso del coronel secuestrado por el ERP incluyó sólo cuestiones procesales y no se expidió sobre la cuestión de fondo. El tema se publicó ayer en La Nación.

Por Diego Martínez

Esteban Righi cuestionó la “banalización” y “manipulación” de figuras del derecho penal internacional.

El avance de los procesos por crímenes de lesa humanidad no sólo deriva en condenas y suicidios. La esperanza de grupos marginales con voceros de peso de instalar en el ideario colectivo que las organizaciones armadas de los ’70 cometieron “delitos de lesa humanidad”, por ende imprescriptibles, derivó ayer en una extensa nota aclaratoria de la Procuración General de la Nación, referida una vez más a la causa por el secuestro y la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure en 1974.

Ante un inexistente “fallo” de la Cámara Federal de Rosario confirmando que se trató de un “delito de lesa humanidad”, el organismo que encabeza el procurador Esteban Righi aclaró que se trató de una resolución sobre temas estrictamente procesales, cuestionó la “banalización” y “manipulación” de figuras del derecho penal internacional por parte de sectores de la prensa que no identificó y destacó que “la reiterada desinformación que se viene observando” alrededor del caso Larrabure “parece responder a motivaciones ajenas al proceso penal”.

El 31 de octubre de 2006, días después de las dos primeras condenas por crímenes de lesa humanidad a Miguel Etchecolatz y Julio Simón, el abogado Javier Vigo Leguizamón se presentó ante la Justicia en representación de Arturo Larrabure, hijo del militar, y solicitó la reapertura de la investigación, archivada por la Justicia federal de Rosario en 1977. Luego hubo una sucesión de irregularidades. Aunque no había elementos nuevos para analizar la reapertura de la causa, el juez federal Germán Sutter Schneider corrió vista al fiscal Francisco Sosa para que instruyera la causa. El fiscal, pese a que no había imputados que lo obligaran a tomar posición, dictaminó que por el tiempo transcurrido los eventuales delitos estaban prescriptos. No convenció a Sutter Schneider, luego recusado por ser hijo de un ex ministro de Educación y Gobierno de Santa Fe durante la dictadura, quien reclamó la opinión del fiscal general Claudio Palacín.

Palacín y luego la fiscal federal Adriana Saccone le indicaron al juez que la consulta era irregular porque antes debía pronunciarse sobre el dictamen de Sosa. Pero ante la insistencia de Sutter Schneider, que luego cuestionaría tanto el juez Marcelo Bailaque como la Procuración, el 30 de octubre de 2007 el fiscal Palacín, que tampoco tenía razones legales para un pronunciamiento de fondo, dictaminó que los delitos de los que había sido víctima Larrabure fueron cometidos en un contexto de “conflicto armado interno” y eran crímenes de lesa humanidad.

La operación reavivó las esperanzas de Cecilia Pando & Cía. de reabrir un debate saldado y derivó en una exhaustiva directiva de Righi, elaborada por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración. El fiscal federal Jorge Auat y el coordinador de la Unidad, Pablo Parenti, demostraron en su informe la imposibilidad de incluir los delitos que afectaron a Larrabure dentro de las categorías de lesa humanidad o crímenes de guerra y llamaron la atención sobre las irregularidades procesales del mecanismo de consulta articulado por Sutter Schneider y aceptado por Palacín.

En agosto pasado, una resolución del juez Bailaque sobre varios pedidos de nulidad fue tergiversada por algunos sectores de la prensa, que informaron sobre la “confirmación” del dictamen de Palacín respecto de la cuestión de fondo. La operación generó la primera aclaratoria de la Unidad Fiscal. Ocho meses después, la jugada se repite. La Nación, que el año pasado respaldó la noticia que no existió con un editorial, publicó anteayer que la Cámara de Rosario consideró el caso Larrabure como un delito de lesa humanidad. La Procuración aclaró ayer que la Cámara rosarina sólo trató “cuestiones de carácter netamente procesal”.

Ante la llamativa recurrencia del error, el comunicado explica que “recién después de la apertura o reapertura de una investigación” y sólo “si existe algún imputado” puede discutirse si el delito constituye o no un crimen de lesa humanidad. “Forzar una discusión” sobre el punto mientras se analiza la reapertura “no se justifica jurídicamente y parece responder a motivaciones ajenas al proceso penal”, destaca. Ante “ciertas noticias de prensa” que no especifica, la Procuración destaca que lleva años “estudiando el desarrollo del derecho penal internacional” y “cuenta con recursos humanos de primera línea”, justamente para evitar “caer en una banalización de las categorías jurídicas”.

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Juez complicado, proceso demorado

RETRASOS EN UN JUICIO A REPRESORES EN CORDOBA

Por Diego Martínez

El avance de la investigación del Consejo de la Magistratura sobre la complicidad del juez Carlos Otero Alvarez con la represión ilegal, cuando era secretario del juez federal de Córdoba, puso en serio riesgo el comienzo del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia.

El vocal del Tribunal Oral Federal 1°, que el año pasado condenó a Menéndez & Cía., pensaba jubilarse el 31 de julio, luego del juicio por el asesinato de Ricardo Albareda en 1979. Pero cuando trascendió su posible citación a la Comisión de Acusación y Disciplina, solicitada por la diputada Diana Conti a instancias del director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, el magistrado dejó trascender la posibilidad de adelantar la partida y desintegrar el TOF. Familiares e H.I.J.O.S. Córdoba, que litigan las causas y recusaron a Otero Alvarez antes del primer juicio a Menéndez, repudiaron a quienes “por acción, omisión, individualismo, vedetismo o complicidad pretenden posponer los juicios” y reclamaron al Estado que “arbitre urgentemente las medidas necesarias” para garantizar la continuidad de los procesos. El caso pone a prueba a la flamante Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que integran los cuatro poderes del Estado.

En 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la “complicidad manifiesta” del ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su secretario en las torturas a Héctor Aurelli. “Tenían pleno conocimiento de la existencia de campos de concentración”, apuntó. El año pasado H.I.J.O.S. y Familiares recusaron a Otero Alvarez por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos en 1976, pero el TOF rechazó la denuncia. Fue entonces cuando Baronetto, contrariando a los organismos de derechos humanos, que veían peligrar el juicio, lo denunció ante el Consejo. En 1977, preso en Sierra Chica, el entonces militante de la Juventud Peronista padeció a Otero Alvarez en carne propia. Antes de ser indagado le preguntó “¿por qué mataron a mi mujer?”, ejecutada en un tiroteo fraguado que el juzgado no investigó. “No podemos hacer nada”, respondió el secretario. El mes pasado el TOF rechazó una nueva recusación, en este caso, del fiscal José Asís. Otero Alvarez fue sobreseído en la causa UP1 por el juez Alejandro Sánchez Freites, pero la Cámara Federal debe resolver las apelaciones del fiscal Gustavo Vidal Lascano, la abogada María Elba Martínez y del propio Baronetto, que repercutieron en el Consejo. El senador radical Ernesto Sanz retiró su dictamen, que proponía desestimar la denuncia, y propuso tratar el de Conti, que pide indagar a Su Señoría.

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Represores con custodia

ORDENARON AL GOBIERNO PORTEÑO DAR INFORMACION SOBRE EMPRESAS DE SEGURIDAD VINCULADAS CON ACUSADOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Ante un pedido de Página/12, el juez Roberto Andrés Gallardo dispuso que el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, entregue los datos sobre socios, empleados, armas e inmuebles de dos agencias relacionadas con represores.

Por Diego Martínez

El represor Héctor Mario Schwab fundó Scanner SA. El ministro Guillermo Montenegro se rehusó a dar información sobre esa empresa.

Por orden de la Justicia y en un plazo máximo de diez días, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, deberá suministrar a Página/12 información sobre dos empresas de seguridad privada vinculadas con represores prófugos por delitos de lesa humanidad. La solicitud de acceso a los registros oficiales fue denegada por la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr), por la Procuración General de la ciudad y por el propio ministro. A partir de un recurso de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales y previo dictamen favorable de la Defensoría del Pueblo, el juez Roberto Andrés Gallardo calificó de “insostenibles” las reiteradas negativas, ordenó entregar los datos bajo apercibimiento de multar al ministro de Mauricio Macri y declaró inconstitucional un artículo de la Ley 1913 que limita el acceso de la sociedad a los registros del organismo encargado de fiscalizar el negocio de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires.

En noviembre de 2007, el autor de esta nota solicitó a la Dgspr datos sobre socios, empleados, armas e inmuebles de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL y de Scanner SA. La primera, tal como informó Página/12 tres meses después, está registrada a nombre del yerno del coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, prófugo desde mediados de 2007. La segunda fue fundada en 1998 por el teniente coronel Héctor Mario Schwab, ex funcionario de Antonio Bussi en Tucumán durante la dictadura. Scanner fue uno de los sostenes financieros de las señoras nucleadas en torno de la apologista del genocidio Cecilia Pando. Un año después del pedido, Schwab también pasó a integrar la lista de prófugos.

La primera negativa fue del entonces titular de la Dgspr, Marcelo Fabián Martínez. Sostuvo que el artículo 21 de la Ley 1913, de seguridad privada, sólo le permitía informar si una empresa está o no habilitada. Ante una supuesta incompatibilidad con las leyes y tratados que obligan al Estado a brindar información, le pidió opinión a la Procuración. La procuradora general adjunta, Adelina Loianno, confirmó el rechazo. Invocó sin desarrollar fundamentos la Ley 1845, de protección de datos personales, y los límites previstos en la Ley 104, de acceso a la información.

Tras la asunción de Macri y de Germán Garavano como procurador general y ante una posible rectificación del criterio aplicado durante la gestión de Jorge Telerman, se presentó un recurso jerárquico ante el jefe de Gobierno. Allí se destacó que el pedido no estaba comprendido en las limitaciones de la ley de acceso a la información, que no corría ningún riesgo “el derecho al honor, la intimidad y la autodeterminación informativa” protegidos por la Ley 1845, y en base a un dictamen de 2006 de la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña se recordó que “la seguridad privada es una actividad de interés público que desarrollan particulares”, que es “complementaria, subsidiaria y subordinada a la seguridad pública” y que “es de vital trascendencia para la sociedad” saber cómo funciona. Se agregó que la ley vigente sólo impide contar con ejército propio a represores condenados e indultados. Nada de esto logró conmover al ex liceísta Montenegro. Invocando los dictámenes de Loianno y de Fernando Lema, director de asuntos jurídicos de la Procuración, el ministro rechazó el pedido por tercera vez. El membrete del escrito que registró el archivo del expediente asegura: “GCBA 2008. Año de la Democracia y vigencia de los Derechos Humanos”.

Pruebas suficientes

El recurso de amparo, elaborado por el abogado Mariano Laufer Cabrera, del CELS, incluyó un elemento nuevo. La Defensoría del Pueblo de la ciudad, encargada de garantizar la protección de datos personales, dictaminó que los solicitados no afectaban “la intimidad de las personas” y le recomendó a Montenegro brindar la información porque sus argumentos “no resultan sostenibles ni válidos ni razonables”. La defensora Alicia Pierini recordó que gracias a las leyes de impunidad el número de condenados era ínfimo y reclamó “desarrollar los mecanismos necesarios para excluir de las funciones públicas a todas aquellas personas de las que existan pruebas suficientes de su participación en crímenes de lesa humanidad”.

Por sorteo la causa llegó a manos del juez Gallardo, que el lunes dictó su fallo. Apuntó que el pedido no incluía información reservada ni sensible. Coincidió con el dictamen de la fiscal Mariana Pucciarello, que sostuvo que la divulgación de los datos en cuestión “no afecta la seguridad, la defensa nacional, las relaciones exteriores o una investigación criminal”, limitaciones para acceder a registros oficiales fijados por la Corte Suprema de Justicia en el caso Ganora. Y destacó la “gravedad institucional” de las cuatro negativas –la última ante su juzgado– ya que “el GCBA no puede a esta altura de los acontecimientos desconocer las causas por las cuales se ha solicitado la información”.

“La mera posibilidad de que personas que hayan sido partícipes de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar pudieran integrar directa o indirectamente organizaciones empresariales destinadas a brindar ‘seguridad’ privada resulta de una envergadura tal que cuesta imaginar cuáles son las razones que puede tener en mira el GCBA para impedir el conocimiento de la información requerida, utilizando para ello diseños formales claramente evitables”, resaltó el magistrado. Le ordenó a Montenegro suministrar los datos requeridos y declaró inconstitucional el artículo 21 de la Ley 1913, que impide a la sociedad rastrear a los genocidas que se esconden detrás de sus propias empresas de seguridad.

“El fallo es importante porque fija el estándar de que todo ciudadano tiene derecho a exigir al gobierno información vinculada con un tema sensible y de evidente interés público como la seguridad. El goce real y efectivo de ese derecho es condición necesaria para intentar alcanzar un nivel de respeto mínimo de los compromisos democráticos y de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, destacó el abogado Laufer Cabrera. “El fallo sienta un precedente fundamental para avanzar en el control y monitoreo de las agencias de seguridad privadas, cuyo sostenido crecimiento a lo largo de los últimos diez años hizo que los custodios privados superaran en número a los efectivos policiales, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires”, apuntó el CELS en un comunicado.

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