Los jefes del infierno

JUICIO A JAIME SMART E IBERICO SAINT JEAN

El fiscal platense y el abogado de los hijos de Timerman pidieron la elevación a juicio de la causa contra los responsables del mayor circuito represivo del país.

Por Diego Martínez

Smart, Saint Jean y otros militares y policías son acusados por 63 desapariciones y torturas.

“Reventalo hasta que hable. Tiene que hablar. Y si no que se muera”, ordenó el hombre de traje. El detenido, pálido, había atravesado varias escalas del mayor circuito represivo del país. Llevaba dos meses vendado y atado a una cama en el subsuelo de la Jefatura de Policía de La Plata, pero no tardó en reconocer al ex camarista de la anterior dictadura. El interrogador Norberto Cozzani, condenado en los ’80 por torturar al periodista Jacobo Timerman, lo ayudó a evacuar la duda:

–Sí, señor ministro –acató la orden.

El testimonio ante la Justicia pertenece a un ex diputado que por seguridad prefiere que se preserve su identidad. El trajeado no es otro que Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean y superior inmediato del jefe de policía Ramón Camps. Tanto el fiscal Sergio Franco como el abogado Alejo Ramos Padilla, que patrocina a los hermanos Héctor y Javier Timerman por el caso de su padre, le requirieron al juez Arnaldo Corazza la elevación a juicio oral y público, por 63 privaciones ilegales de la libertad y torturas, de los ex funcionarios de facto y de otros siete imputados: el coronel Rodolfo Aníbal Campos, los policías Co-zzani, Eros Amílcar Tarela, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés y el condenado Miguel Etchecolatz.

“Es absurdo que se juzgue a quienes empuñaron armas e interrogaron y no a los autores intelectuales que idearon, colaboraron y dirigieron ese plan”, escribió Ramos Padilla. Luego de desmenuzar relatos de guardias y sobrevivientes de Puesto Vasco y COT-1 Martínez sobre los tormentos contra Timerman y la saña por su condición de judío, detalló la responsabilidad de Saint Jean y Smart, firmantes de la designación de Camps y de quienes dependía orgánicamente la policía.

Las pruebas más sólidas contra los ex funcionarios las aportó el propio Camps en su libro sobre Timerman. “Un equipo del gobierno provincial colaboró aportando las bases para la consideración jurídica, de carácter económico, y para establecer cuál era el verdadero trasfondo de la publicación a través del análisis del contenido de La Opinión”, escribió. Camps los identificó en los agradecimientos, junto a los torturadores. La lista la encabeza Smart, que cuatro meses antes del secuestro de Timerman dijo sentir “el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos” y “la necesidad de volcar todos los recursos del Ministerio de Gobierno en la lucha contra la subversión”. “Fueron parte de un todo, tuvieron participación activa”, confirmó Cozzani desde la cárcel. “En el caso Timerman había dos superiores a quienes rendir cuentas: el gobernador, por ser autoridad natural de la policía, y el comandante del Primer Cuerpo por tratarse de un problema subversivo”, agregó Camps.

“El secuestro de Timerman, la intervención y clausura de La Opinión, derivaron de la acción de un grupo de personas que tenía como fin último acallar las denuncias públicas sobre violaciones a derechos humanos”, escribió Ramos Padilla. “La causa formal fue vincularlo con David Graiver”, sindicado como financista de Montoneros. “La causa real, que estaban convencidos de que era un diario ideológicamente subversivo”, agregó. Detalló notas críticas al gobierno de Saint Jean y la evaluación que, tras el estudio de los funcionarios, realizó Camps. Timerman “trató desde La Opinión de orquestar una empresa de concientización revolucionaria”, “creyó posible redefinir los fundamentos de nuestra cultura” y es “uno de los principales responsables de la subversión cultural, que armó las conciencias de la guerrilla”, escribió.

“No puedo creer que Jimmy sea responsable”, declaró días atrás Juan Romero Victorica, fiscal ante la Cámara de Casación, en referencia a su amigo Smart. “No voy a aceptar que torturó y secuestró”, agregó. Romero fue denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos por “no representar al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad” y por ignorar jurisprudencia que establece la obligación de juzgar delitos de lesa humanidad. La Procuración General de la Nación analiza la denuncia. Casación debe resolver si confirma o rechaza la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que ordenó revocar el arresto domiciliario y enviar a una cárcel a Saint Jean y Smart. Excepto apropiadores de bebés y agentes de inteligencia, los civiles que actuaron a la par de militares, policías y capellanes durante la dictadura no han sido alcanzados por el corto brazo de la Justicia. ¿Será el abogado Smart el primer alto funcionario civil del Estado terrorista juzgado por secuestros y torturas?

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Patti tiene otro amigo tras las rejas

Interpol detuvo al represor Jorge Granada, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601

A Granada lo detuvieron por la causa en la que se investiga su rol como superior del único interrogador identificado del centro clandestino La Escuelita. Patti lo encubrió años atrás, cuando estaba prófugo de la Justicia.

Por Diego Martínez

Luis Patti tuvo una mala noticia el domingo, cuando se enteró de la detención de Granada.

El domingo 28 de junio, pese a la derrota kirchnerista, fue un pésimo día para Luis Patti. No sólo porque la boleta con su apellido no estaba en el cuarto oscuro del penal de Marcos Paz. Poco después de las 14, en Ingeniero Maschwitz, Interpol detuvo al teniente coronel retirado Jorge Horacio Granada, el amigo al que encubrió durante su primera etapa como prófugo de la Justicia. Granada salió ileso en la causa que investiga su rol como miembro del Batallón de Inteligencia 601 en el secuestro y la desaparición de militantes montoneros en 1979, pero es altamente improbable que corra la misma suerte en Bahía Blanca, donde era superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino del Cuerpo V de Ejército.

Hijo mayor de un militar homónimo, Granada llegó a Bahía Blanca en diciembre de 1974 con el grado de teniente primero, destinado al Destacamento de Inteligencia 181, que durante el año siguiente reemplazó gradualmente a los matones de la Triple A con la misma bandera anticomunista pero con métodos más sofisticados. En diciembre de 1975 fue secuestrado y torturado hasta la muerte Daniel Bombara, el primer desaparecido de la ciudad. Después del golpe de Estado, el Destacamento 181 nutrió de interrogadores al centro clandestino La Escuelita. Allí se procesaba también la información obtenida en la mesa de torturas y se revelaban las fotos de los secuestrados. Durante los dos años más sangrientos de la última dictadura, Granada actuó como superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado de La Escuelita, que funcionaba detrás del Cuerpo V. A fines de 1977, ya con el grado de capitán, fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo, donde funcionaba el mayor centro clandestino del Ejército.

El amigo de Patti fue detenido por primera vez en 1985, por decreto del presidente Raúl Alfonsín, acusado de conspirar contra el orden constitucional junto a una docena de militares encabezados por Ramón Camps y Carlos Suárez Mason. Volvió a caer el 25 de julio de 2003, mientras caminaba por plaza San Martín. Llevaba un año prófugo por su actuación en el secuestro de un grupo de montoneros que ingresaron al país en el marco de la “contraofensiva” para resistir a la dictadura militar. En diciembre de 2003 la Sala II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento, que había dictado el juez Claudio Bonadío, pero poco después fue excarcelado.

Patti reconoció al ser indagado que eran amigos “desde hace veinte años” y que le hizo llegar dinero durante 2002, cuando era intendente de Escobar, pero aseguró ignorar que estuviera prófugo. Una conversación grabada por orden de Bonadío demostró lo contrario. “Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento”, le confió Granada, que no iba a cobrar la pensión como retirado por temor a ser detenido. El mes pasado la Corte Suprema rechazó el último recurso dilatorio de Patti, que en los próximos meses, tal vez cuando concluya el juicio que afrontará en el Tribunal Oral Federal de San Martín, será juzgado por encubrir a Granada y al coronel Jorge Luis Arias Duval.

La última orden de detención de Granada la libró la Justicia federal de Bahía Blanca el 10 de noviembre pasado. Tal como informó Página/12, en lugar de declarar el secreto de sumario para garantizar las capturas, el juez federal Alcindo Alvarez Canale comunicó la decisión, que incluía a otros cuatro represores, al defensor oficial y al jefe de la cárcel de Villa Floresta. Las detenciones se produjeron meses después. Granada fue el último de la tanda. Según el escueto informe de Interpol que recibió el juzgado, el militar de 63 años fue detenido en la vía pública de Ingeniero Maschwitz, en calle Almafuerte entre Beltrán y Los Cedros, donde residiría su esposa. La causa bahiense tiene ahora dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, que le cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y el ex juez federal Guillermo Madueño.

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Un fallo que dejó un gusto amargo

El tribunal de Mar del Plata absolvió al coronel Duret y condenó al general Mansilla a domiciliaria

Los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo –Carlos Rosansky se pronunció en disidencia– le aseguraron la libertad a Duret, señalado como el secuestrador de Labolita, el amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Cecilia Pando vociferó en las puertas del tribunal.

Por Diego Martínez

El general Pedro Pablo Mansilla (77 años) fue condenado a prisión domiciliaria.

Uno fue absuelto, volverá a su casa. El otro fue condenado a prisión perpetua, pero también volverá a su casa. Así concluyó ayer el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata, por el secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Labolita. Los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo consideraron culpable al general Pedro Pablo Mansilla, de 77 años, y absolvieron al coronel Alejandro Guillermo Duret, de 56, sin chances de aspirar al arresto domiciliario. El juez Carlos Rosansky, en disidencia, votó por la condena y la cárcel para ambos. La viuda de la víctima, que reconoció a Duret a la cabeza del grupo de tareas que allanó la casa familiar días después del secuestro, con Labolita encapuchado, torturado y descalzo, se desmayó al escuchar la absolución. Por la mañana Cecilia Pando reapareció y provocó incidentes.

“Es un golpe inesperado pero no estamos todavía en el suelo, podemos levantarnos”, se esperanzó Carlos Labolita padre, preso político entre 1976 y 1980. Duret “es un mal bicho pero tiene causas pendientes y va a caer”, confió. “Una sentencia tan crítica nos conmociona”, explicó su abogado César Sivo. “Duret no era un personaje secundario, era el dueño de Las Flores. No hubo elementos que pudieran generar dudas”, explicó, y calificó como “una burla” la domiciliaria para Mansilla.

“El juicio fue una gran parodia”, denunció tras el fallo Sara Derothier de Cobacho, titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. “Pero no termina acá. Vamos a apelar”, anticipó. “Las pruebas contra Duret no se valoraron como correspondía. En un juicio por tráfico de drogas o en un secuestro extorsivo, con pruebas similares termina en condena”, explicó el abogado Eduardo Rezses, de la Secretaría. “No puedo dejar de señalar que este fallo se produce a cinco días de las elecciones, con el resultado conocido y con lo que simboliza el caso Labolita en particular”, agregó, en referencia a la relación que entabló con Néstor Kirchner y Cristina Fernández en los meses previos al golpe de Estado.

La jornada arrancó con las últimas palabras de los imputados y provocaciones de la apologista del genocidio Cecilia Pando. Duret se definió como “un perseguido y encarcelado” (hasta ayer en Batán) y citó al rabino Sergio Bergman para remarcar que “los derechos humanos no son de derecha ni de izquierda”. Consideró que el juicio era histórico “por la confrontación de valores entre impunidad e igualdad ante la ley, entre venganza y justicia”. Mansilla dijo que “llevamos tres décadas y media tratando un tema que no tiene solución” y propuso “buscar la pacificación con especialistas”, no especificó en qué materia.

Pando no pudo ingresar a la sala, colmada por 180 personas, e insultó a los jueces cuando salieron. “Muchos jueces nos dicen que tenemos razón por las garantías que se están violando a militares pero no podemos hacer nada: están presionados, manipulados”, dijo horas antes de que el tribunal le tapara la boca. “Si quieren pacificar, ¿por qué no devuelven a los chicos apropiados?”, le preguntó una periodista. Pando prefirió no responder. Luego, sonriente y con un cartel de supuestos “terroristas”, intentó pasar en medio del centenar de personas, con lo que provocó la reacción de varios militantes que la insultaron y corrieron varios metros. Los jueces ya habían pasado a deliberar para emitir el veredicto.

Los imputados prestaban servicio en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, a cargo de Mansilla. Desde allí se ordenó la captura de Labolita, militante de la Juventud Peronista que en los meses previos al golpe de Estado compartió casa y luego pensión con Kirchner y la Presidenta. El 25 de abril de 1976, un mes después de la captura de su padre en Las Flores, decidió visitar a su familia. Media hora después se lo llevó la policía bonaerense, que registró su ingreso en la comisaría “a disposición del área militar 125”. Dos días después lo entregaron a la oficina de inteligencia del regimiento. La descripción física de la persona que lo recibió y ordenó encapucharlo coincidiría con la de Duret, que prestaba servicio allí. Días después un grupo de tareas de civil a cara descubierta allanó la casa de la familia. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a confesar Labolita, con las manos atadas, capucha y dificultades para caminar. La patota destruyó la casa. La esposa y la madre, ya fallecida, reconocieron a Duret como la persona que encabezaba el grupo. Recién tras la feria judicial, cuando se conozcan los fundamentos del fallo, se sabrá cómo hicieron los jueces para desbaratar las pruebas.

La lectura de la sentencia, a cargo de Esmoris, provocó emociones encontradas. Primero anunció la condena a perpetua de Mansilla por secuestro agravado por violencia, tormentos agravados por aplicarse a un perseguido político y homicidio calificado por alevosía. La alegría mutó en silencio cuando anunció la domiciliaria y en tristeza cuando informó la absolución de Duret. La tarde concluyó con un centenar de militantes tirando huevos contra el vidrio del tribunal, con el incendio de dos muñecos con trajes a rayas que representaban a los imputados y con los jueces que absolvieron a Duret retirándose cubiertos por escudos.

La de ayer es la cuarta sentencia por crímenes de lesa humanidad de 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei y dos carceleros de Misiones. Es el tercer fallo en la provincia desde la reapertura de causas: antes fueron condenados Miguel Etchecolatz y el cura en actividad Cristian von Wernich. Duret es el tercer imputado absuelto por crímenes al amparo del terrorismo de Estado, dato que ratifica la independencia de los tribunales que conducen los juicios.

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Aval a un entregador de bebés

El capitán Berthier quedaría libre por demoras en la Justicia

El represor condenado a diez años de prisión, en abril del año pasado, por haber entregado a María Sampallo Barragán, nacida en cautiverio, sería liberado por el TOF-5. La sentencia no está firme y la pena podría ser incrementada.

Por Diego Martínez

El juez Guillermo Andrés Gordo (foto), junto a Ricardo Farías, proclives a liberar a Berthier.

El capitán retirado Enrique José Berthier, condenado en abril de 2008 a diez años de prisión por haber entregado a una beba nacida durante el cautiverio de sus padres en un centro clandestino a comienzos de 1978, podría recuperar la libertad en los próximos días. La decisión la tomaron los jueces Guillermo Andrés Gordo y Ricardo Farías, miembros del Tribunal Oral Federal 5, con el argumento de que el militar cumplió las dos terceras partes de la condena y goza de buen concepto en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. La liberación se concretará cuando Berthier pague o cubra con sus propiedades una fianza de 175 mil pesos y no se interrumpirá por la apelación que presentará el fiscal federal Félix Crous.

El tercer juez del TOF-5, Daniel Obligado, se opuso a la excarcelación. Evaluó que Berthier ya estuvo prófugo de la Justicia, que la sentencia no está firme y que la Cámara de Casación Penal podría elevar la pena en base a los 25 años de prisión solicitados por fiscalía y querella. En tal caso se modificaría el cálculo de los dos tercios y el mismo TOF-5 debería ordenar la captura del oficial del Ejército, condenado por entregar a una pareja a María Eugenia Sampallo Barragán, nacida mientras sus padres estaban secuestrados en el centro clandestino Club Atlético.

“El problema es que la Sala II de la Cámara de Casación lleva más de un año sin resolver sobre la apelación. El expediente ingresó al tribunal en mayo de 2008. La demora de Casación fomenta la impunidad y la liberación de los represores”, consideró Tomás Ojea Quintana, que patrocina a Sampallo Barragán. “En el expediente queda claro que Berthier conspiró contra el proceso junto a su abogado (Alejandro) Macedo Rumi y que estuvo evadido de la Justicia. Ambos elementos sugieren que no debe ser excarcelado. Si la pena se eleva volverá a evadirse”, agregó el abogado.

Berthier fue detenido por la Policía Federal el 21 de agosto de 2002, por orden de la jueza María Servini de Cubría, luego de dos meses prófugo. Mientras las fuerzas de seguridad intentaban capturarlo, la joven apropiada, testigos, funcionarios de la Justicia y hasta ex camaradas que habían declarado en la causa recibieron amenazas. A una testigo le anticiparon que iba a aparecer “colgada de un árbol”. En escuchas ordenadas por la Justicia hay diálogos en los que se habla de matar al secretario del juzgado de Servini de Cubría. Los mensajes mafiosos se interrumpieron luego de la detención. El abogado de Berthier en 2002 era Juan Enrique Torres Bande, apoderado del partido neonazi Nuevo Triunfo.

En octubre de 2006, los jueces Gordo y Farías fallaron por primera vez a favor de la excarcelación del militar, que entonces llevaba cuatro años detenido y sin sentencia. Igual que Obligado ahora, en aquella oportunidad votó en disidencia el juez Luis Di Renzi, que interpretó las amenazas de 2002 como “indicios suficientes para inferir que Berthier intentaría entorpecer o eludir el accionar de la Justicia”.

Los 175 mil pesos de fianza no serían un problema. Los investigadores que rastrearon a Berthier mientras estaba escondido detectaron que tenía cuentas corrientes en cinco bancos, varias propiedades, automóviles y acciones en diferentes sociedades anónimas. En diciembre el TOF-5 le negó a María Eugenia una copia de los videos del juicio que marcó un quiebre en su vida con el argumento de que la condena no estaba firme. Seis meses después, la demora de Casación vuelve a jugar a favor del victimario.

María Eugenia recuperó su identidad en 2002. Es hija de Edgardo Sampallo y Mirta Mabel Barragán, secuestrados el 6 de diciembre de 1977, Mirta con un embarazo de seis meses. Berthier, con destino formal en el Regimiento de La Tablada, entregó a la niña a Osvaldo Rivas y María Gómez Pinto. Ambos fueron condenados a ocho y siete años de prisión pero están en libertad.

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Un corte a los privilegios

Reclamo ante la Corte por los represores presos en unidades militares

La Unidad Fiscal de Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos le solicitó a la Unidad para delitos de lesa humanidad de la Corte Suprema su “inmediata intervención” para “normalizar” la situación.

Por Diego Martínez

El Cuartel Unión, del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, ofrece un buen pasar para camaradas.

A un lustro de la reapertura de las causas, los imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura siguen siendo los únicos ciudadanos que, con el aval de jueces federales, cumplen prisión preventiva en su hábitat natural: unidades de fuerzas armadas o de seguridad. La decisión, amén de ilegal, acarrea riesgos procesales que la fuga de Julián Corres y el envenenamiento de Héctor Febres confirmaron con contundencia. El mes pasado, invocando facultades de superintendencia delegadas por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Federal de Córdoba le ordenó a la jueza Cristina Garzón de Lascano trasladar a cárceles comunes a ex miembros de grupos de tareas de La Perla, que vivían como huéspedes de honor en el Tercer Cuerpo de Ejército. Era el caso más grosero, pero no el último. La semana pasada, invocando los “irritantes privilegios” y la “gravedad institucional” que implica alojar imputados por crímenes de lesa humanidad en dependencias creadas con otro fin y a cargo de personal incapacitado para oficiar de carcelero, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación le solicitó a la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad de la Corte Suprema de Justicia su “inmediata intervención” para “normalizar” la situación.

La irregularidad es de vieja data y los organismos de derechos humanos la cuestionaron desde las primeras detenciones de represores, en 2003. La aparición del cadáver con cianuro de Febres en un dúplex de Prefectura disuadió a algunos jueces sobre los riesgos de mantener presos en cuarteles, pero no terminó con los privilegios. Luego de varios intentos frustrados de persuadir a los magistrados, en agosto la ministra Nilda Garré prohibió a las tres fuerzas recibir nuevos detenidos. La mayor resistencia la opuso Garzón de Lascano, que mantenía a los militares en el cuartel Unión y a los policías en la Guardia de Infantería. Recién después de que Defensa y la Unidad Fiscal inspeccionaran la unidad militar y corroboraran las obscenas condiciones de detención, dignas de un hotel y sin las más elementales condiciones de seguridad, la Cámara Federal de Córdoba le ordenó a la magistrada trasladar a los represores a unidades penitenciarias. El problema en el ámbito militar está prácticamente solucionado. Según datos de la PGN, sólo el general retirado Alberto Luis Cattáneo y el ex jefe de la policía tucumana coronel Mario Albino Zimermann, permanecen alojados en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, el mismo donde cometieron los delitos.

En las fuerzas de seguridad, en cambio, el problema persiste. En julio del año pasado, tras la fuga del oficial de inteligencia Julián Corres de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, ordenó a las cuatro fuerzas que conduce no recibir nuevos detenidos. Sin embargo, hasta el viernes, cuando fueron procesados y trasladados, cuatro marinos retirados se hospedaban en la misma habitación de la que huyó Corres.

El principal detalle que pone de manifiesto el pedido de la Unidad Fiscal es que la prohibición de Fernández no abarca a las policías provinciales, donde se alojan aún una veintena de represores. El grupo más numeroso, que incluye a ocho procesados por la masacre de Margarita Belén, se aloja en la alcaidía de Resistencia, Chaco. La alcaidía fue el centro clandestino donde las Fuerzas Armadas concentraron y torturaron a los detenidos políticos antes de fusilarlos, la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Otros cinco ex policías provinciales se alojan en la comisaría 3ª de Avellaneda, de Santa Fe, en tanto ex miembros de las patotas de Agustín Feced que serán juzgados en los próximos meses pasan sus días en la Unidad Regional II de Rosario, servidos por camaradas.

La Unidad Fiscal destaca que “los irritantes privilegios y la seriedad de los riesgos procesales” verificados en Córdoba es “sólo un ejemplo de un estado de cosas de gravedad institucional cuya generalización es necesario impedir”, y enmarca el pedido “en el entendimiento que la inmediata intervención con carácter general encontraría lugar entre las facultades de superintendencia a cargo de esa Corte Suprema de Justicia y, particularmente, de las finalidades y potestades indicadas en la acordada 42/2008 de creación de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad”.

Ante la consulta de Página/12, fuentes de la Unidad admitieron que evalúan la solicitud, aunque en principio considerarían que es resorte de cada jurisdicción disponer los lugares de detención.

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La Justicia avanza en Bahía Blanca

Procesaron a seis represores de Puerto Belgrano

Por Diego Martínez

A paso lento pero firme, el proceso de justicia avanza en la inconmovible Bahía Blanca. El jueves, el juez federal Alcindo Alvarez Canale elevó a juicio un primer fragmento de la causa que investiga delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V, con seis militares como acusados. Ayer, el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni procesó con prisión preventiva en cárceles comunes a seis marinos, dos prefectos, un oficial del Ejército y un ex policía bonaerense, por secuestros y torturas en la base naval de Puerto Belgrano. También creció la lista de prófugos: a los históricos Aldo Mario Alvarez y Jorge Granada se sumó el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 porteño.

Los imputados que a más tardar en 2010 rendirán cuentas son el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé, los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los tres primeros formaron parte del Estado Mayor del Cuerpo V, donde se decidía el destino de cada secuestrado. El resto integraba grupos operativos. Alvarez Canale no incluyó aún en la elevación al coronel Jorge Mansuetto Swendsen.

Los flamantes procesados en la causa que investiga a la Armada, los primeros desde la reapertura a fines de 2005, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contraalmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydi, el coronel Argentino Cipriano Tauber y el ex comisario de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.

Cornelli y Martínez Loydi son responsables de un informe secreto que recomendó “ralear” del diario La Nueva Provincia a los gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados que habían enfrentado a la familia Massot durante los años previos al golpe de Estado, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976. Los prefectos aún no fueron indagados porque la Cámara Federal debe resolver si asigna el caso a Tentoni, como pidieron fiscales y querellantes, o a Alvarez Canale, excusado de investigar marinos por su parentesco con un imputado. Tentoni fijó la responsabilidad civil de cada represor en seis millones de pesos y ordenó enviarlos a cárceles comunes: Tauber seguirá en la unidad 34 de Campo de Mayo; Botto y Martínez Loydi irán al penal de Batán, Carrizo a la cárcel de San Luis y el resto a Marcos Paz, con Astiz, Patti, Von Wernich & Cía.

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Abogado experto en desalojar campesinos

CUESTIONAN A UN CANDIDATO PARA SER FISCAL EN SANTIAGO DEL ESTERO

Por Diego Martínez

Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como diputado provincial, mientras patrocinaba a terratenientes, impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Con esos antecedentes, Pedro Eugenio Simón se postuló para fiscal federal de Santiago del Estero. Fue cuestionado por el Mocase, entre otras organizaciones, y quedó último en el concurso de la Procuración General. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional propuso su designación y pidió acuerdo al Senado. Ahora la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad solicitaron a la Cámara baja realizar audiencias públicas para evaluar su idoneidad moral y recomendaron rechazar su pliego para garantizar “un Poder Judicial democrático e independiente” en Santiago del Estero.

Según los abogados Rodolfo Yanzón y Luis Santucho, de la Fundación LADH, Simón “representa legal y políticamente a terratenientes y empresarios vinculados a corporaciones nacionales e internacionales del complejo sojero”. El candidato proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, “que en tiempos de los Juárez y hasta la fecha se especializa en desalojar campesinos de sus tierras”, apuntan. El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario de apellido Sartor y del escribano Edmundo Gómez por defraudación y falsificación de instrumento público. Simón tuvo un rol “directo y decisivo”, sostiene el escrito.

Como diputado provincial por el peronista Bloque Lealtad Popular, Simón impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo. La norma había sido derogada por la intervención federal porque “coloca a las personas de condiciones más humildes en una situación de vulnerabilidad e indefensión”, sostuvo el Ministerio de Justicia en 2003. El Cels y Copadi recuerdan que el candidato era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideran “por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado”.

Luego de que su proyecto se convirtiera en ley, Simón participó en persona del desalojo de la familia Guzmán junto a un grupo de elite de la policía de Santiago (Getoar). Hubo intentos de expulsarlo de Diputados, pero logró mantenerse en el cargo. “Existen fundadas sospechas respecto de la falta de compromiso del candidato con la vigencia de los derechos humanos y de su falta de independencia del poder político y los sectores dominantes provinciales”, afirman el Cels y Copadi, y como “la Presidenta no hizo claras las razones por las cuales eligió a un candidato tan mal calificado y tan seriamente cuestionado” como Simón, solicitan al Senado que contribuya a conformar “una justicia federal democrática e independiente”.

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“Con Vos Marcos Paz”

FESTEJO DEL CELS, HIJOS Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS

Manuel Gonçalvez reveló que se enteró mientras pedía al tribunal de San Martín que le fijara fecha al juicio contra el ex comisario. “Siento tranquilidad”, señaló Juana Muniz Barreto.

Por Diego Martínez

Laura Conte y Horacio Verbitsky, del CELS, y Juana Muniz Barreto y Manuel Gonçalvez, víctimas de Patti.

–Estoy muy emocionada. No lo esperábamos –confió Ana Oberlín, abogada de H.I.J.O.S. y tenaz impulsora de la impugnación a Luis Patti.

–Ya estábamos pensando qué vía elegir cuando lo rechazaran –coincidió Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales.

–Los jóvenes tienen poca fe –bromeó Horacio Verbitsky, presidente del organismo.

–Admito que formo parte de los pesimistas. Es que la Justicia nos ha dado demasiados golpes –explicó el periodista y abogado Pablo Llonto.

Tres generaciones de militantes por los derechos humanos se congregaron ayer en el CELS para celebrar e informar sobre el histórico fallo de la Cámara Nacional Electoral que por primera vez, a treinta años de los hechos y diez de la primera impugnación frustrada, inhabilitó una candidatura del ex intendente de Escobar.

“Los convocamos para anunciar que el ex comisario sólo podrá ser candidato de ‘Con Vos Marcos Paz’”, abrió la conferencia de prensa Verbitsky. El periodista explicó la esencia del escrito, dijo que no afecta el principio de inocencia, que contribuye a crear institucionalidad democrática y que ratifica el valor de la lucha de los organismos.

–¡Hace diez años que lo impugnamos! –apuntó feliz Cristina Caiati, responsable del centro de documentación del CELS desde sus orígenes y autora del Manual del buen torturador, que por primera vez pasó en limpio el prontuario del ex policía.

Luego fue el turno de familiares de víctimas de Patti. “Siempre planteé como esquizofrénico que mientras un tribunal le negaba la excarcelación por su peligrosidad, otro lo habilitaba como candidato. Ahora siento tranquilidad, hay un mensaje claro y coherente”, explicó Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, por cuyo secuestro y asesinato será juzgado Patti en los próximos meses.

“Fue un día intenso. Nos enteramos del fallo mientras pedíamos al tribunal de San Martín que le ponga fecha al juicio”, contó Manuel Gonçalvez, hijo de Gastón, que padeció al policía durante la dictadura. “El fallo excede la discusión por una banca. Es una respuesta de la Justicia, después de treinta años de lucha, para frenar una candidatura que sólo busca perpetuar la impunidad. Es un gran aporte para este momento del país, donde hay tantas discusiones sobre candidaturas”, agregó.

“Mi sentimiento es de tranquilidad, confianza y compañerismo”, explicó la diputada Victoria Donda, que desde Libres del Sur logró la aprobación en general de un proyecto para impedir que secuestradores y torturadores ocupen cargos públicos. “Mientras haya hombres y mujeres que peleen por la vida y la justicia, tarde o temprano vamos a ganarles a la muerte y a la impunidad”, afirmó.

“Empieza otra etapa. Estos son fallos fundantes”, explicó Laura Conte, vicepresidenta del CELS, que recordó con emoción a los miembros fundadores y primeros impulsores de la causa, Emilio Mignone y Augusto Conte.

“Es un momento único. No lo esperábamos”, admitió Diego Morales. Recordó que “este proceso arrancó en 1983 con la idea de depurar la Justicia, la política, las Fuerzas Armadas” y que “llevó más de veinte años lograr que la Justicia entendiera la importancia de dar respuestas”. “Es un buen día para festejar”, propuso.

Pablo Llonto, abogado de víctimas de Patti, calificó al fallo como “bastante didáctico” y admitió que “recobramos las ganas de dar pelea”. Recordó su paso por el CELS en los ’80, contó que “en las oficinas de Rodríguez Peña lloramos cuando salieron las leyes de impunidad y hubo que guardar las carpetas naranjas porque ya no había juicios”, y celebró la existencia de “una nueva generación de abogados que dan batalla”.

“Cuando me enteré del fallo me vino a la mente una charla con Ethel Cambiaso (hermana de Osvaldo, asesinado en un tiroteo fraguado con Patti). ‘¿Otra vez tenemos que impugnarlo?’, me preguntó. Sentí ganas de llorar”, contó Pipi Oberlín. “Lo que genera que una persona así pueda candidatearse no es una cuestión abstracta. Tiene que ver con personas que sufren la impunidad en carne propia”, explicó.

La abogada rosarina destacó que “así como ellos tienen su línea de conducta, nosotras tenemos la nuestra”. “Siento un gran orgullo de pertenecer a H.I.J.O.S. y al movimiento de derechos humanos de la Argentina. Cada uno con su estilo, con su pasión, contribuyó para conseguir este fallo”, agradeció. “En nuestro organismo tenemos una frase que me parece oportuna: ‘Lo imposible sólo tarda un poco más’.”

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Para hacerle compañía al Brujo

MURIO EL EX SUBCOMISARIO RODOLFO ALMIRON, EX JEFE OPERATIVO DE LA TRIPLE A

El represor falleció a los 73 años, sin haber sido indagado por la Justicia, pese a su responsabilidad en más de un millar de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1976. Sólo queda un imputado vivo en la causa Triple A.

Por Diego Martínez

Formalmente insano y sin haber llegado a prestar declaración indagatoria, murió impune a los 73 años el ex subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, ex mano derecha de José López Rega y jefe operativo de la Alianza Anticomunista Argentina, responsable de un millar de asesinatos políticos entre fines de 1973 y 1976. Con su muerte, sumada a las de Juan Ramón Morales, en agosto de 2007, y Felipe Romeo, el mes pasado, el octogenario Miguel Angel Rovira es el único imputado del expediente Triple A, que agoniza en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en la causa, denunció ayer la existencia de “una estrategia concertada entre los represores, sus abogados y una parte sustancial del Poder Judicial, para atrasar los juicios hasta que los genocidas mueran o sean declarados insanos”.

Almirón tenía orden de captura desde 1984, pero fue detenido el 28 de diciembre de 2006, tras una investigación del diario El Mundo, de España, impulsada por exiliados argentinos, que denunció que vivía en las afueras de Valencia. Recién entonces, un año después del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el juez Oyarbide dispuso reabrir la causa y pidió su extradición. Llegó al país en marzo del año pasado. El Cuerpo Médico Forense admitió sus problemas de salud, pero dictaminó que conservaba las facultades mentales como para comprender y responder preguntas. Sin embargo, el juez no dispuso su indagatoria.

Oyarbide ordenó apresar a Almirón en el penal de Marcos Paz y luego le concedió el arresto domiciliario en la casa de su hermana, privilegio que revirtió la Cámara Federal. Un mes y medio atrás sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. La Comisión de Homenaje creada para recordar a los siete de-saparecidos que trabajaban allí repudió su presencia con un escrache atípico, desde el interior del hospital. “Estoy libre y seguiré libre”, desafió a una médica el ex ladero de López Rega. La semana pasada fue declarado insano y, por ende, inimputable. El jueves, Oyarbide suspendió el proceso en su contra. Murió el viernes, aunque la noticia se conoció ayer.

La causa Triple A está paralizada. La Cámara Federal confirmó en marzo de 2008 que los crímenes cometidos por los lugartenientes del ex ministro de Bienestar Social eran delitos de lesa humanidad, por eso imprescriptibles. Pero la investigación, que el juzgado no delegó, nunca avanzó. El 30 de diciembre el fiscal Taiano propuso ampliar la investigación, que abarcaba una docena de asesinatos, a 628 crímenes y cuarenta casos de amenazas de muerte. También sugirió al juez Oyarbide ochenta medidas de prueba: recopilar los expedientes judiciales dispersos, recibir infinidad de declaraciones testimoniales, convocar a la Universidad de Buenos Aires para que realice una pormenorizada reconstrucción histórica y a la sociedad para que aporte información, entre otras. Hasta ayer Taiano no fue notificado de que el juez hubiera ordenado producir ninguna prueba.

De los cuatro imputados que la causa tenía a fines de 2006, sólo sobrevive Rovira. El ex comisario Morales también fue detenido a partir de una investigación periodística que lo descubrió tomando aire, en pijama, en el balcón de su departamento de Carranza 2336. Llegó a ser indagado, pero murió con arresto domiciliario siete meses después, el 24 de agosto de 2007. Tenía 88 años. Felipe Romeo salió del país luego de que Página/12 revelara, en enero de aquel año, que vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de edificios antiguos. El ex director de El Caudillo, desde donde señalaba a las futuras víctimas, estuvo prófugo en Brasil dos años. Familiares y amigos lo ingresaron al país a principios de enero y lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso. El suboficial Rovira, ex jefe de seguridad de Metrovías, se entregó voluntariamente y goza de arresto domiciliario en su casa de Pasco 1032, barrio de San Cristóbal. Tampoco López Rega llegó a ser condenado: murió en prisión en 1989.

Almirón fue exonerado de la Policía Federal en los años ’60 por connivencia con delincuentes. López Rega lo reclutó en 1973. La marca registrada de las patotas que comandó se caracterizaron por “exhibir los cuerpos torturados, destrozados” luego de los asesinatos, apuntó Taiano en su dictamen. A mediados de 1975, una movilización gremial y las investigaciones judiciales desbancaron a López Rega y lo obligaron a abandonar al país. Los granaderos desarmaron a sus custodios en la quinta de Olivos. Almirón, Morales y Rovira, entre otros, acompañaron al Brujo en su exilio madrileño.

Almirón estaba acusado formalmente por una decena de crímenes, entre otros el del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, el abogado Alfredo Curuchet, el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi, Luis Latrónica y Pablo Laguzzi, un bebé de cinco meses hijo del entonces decano de la Facultad de Farmacia de la UBA. En marzo del año pasado, cuando llegó a Ezeiza y quedó detenido, un periodista alcanzó a preguntarle: “¿Se arrepiente?”. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, desafió el homicida, encorvado y con esposas.

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DETENCION EN ESTADOS UNIDOS

Seis años de changüí

Por Diego Martínez

Luego de tres años y medio prófugo de la justicia, fue detenido en Estados Unidos el gendarme retirado Juan Miguel Méndez, alias Nelson, ex segundo jefe de guardias de los centros clandestinos Banco y Olimpo. El represor se había refugiado en Estados Unidos hace seis años, cuando se reabrió la megacausa Primer Cuerpo de Ejército, y tenía pedido de captura del Juzgado Federal de Daniel Rafecas desde mediados de 2005.

La detención de Méndez, que según oficios de Interpol fue localizado en Florida hace tres años, se relaciona con la intención de la administración Obama de cambiar la imagen de su país como refugio de responsables de graves violaciones a los derechos humanos. También en Florida pasa sus días el fusilador de la Masacre de Trelew, teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, dueño de una empresa que provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Su pedido de captura no logra superar desde hace 16 meses las exigencias del agregado del Departamento de Justicia de la embajada de los Estados Unidos.

Méndez fue destinado luego del golpe de Estado al escuadrón móvil de Campo de Mayo, donde secundó a Guillermo Cardozo, alias Cortez. La relación entre nombre y alias la confirmó el fallecido Juan Antonio del Cerro, alias Colores. “Nelson recorría el centro clandestino pero no teníamos contacto directo. El y Cortez estaban por encima de los guardias”, recordó Isabel Fernández Blanco, sobreviviente de El Olimpo. “Gendarmería tenía guardias jodidas. Eran los responsables de seguridad del campo, lo cual no implicaba que no participaran en operativos. Nelson no tenía una presencia fuerte en Olimpo”, coincidió Enrique Guezán.

En 2003, cuando ingresó a Estados Unidos con visa de turista, declaró que no estaba imputado por violaciones a los derechos humanos. La megacausa se acababa de reabrir y aún no tenía pedido de detención, aunque sabía que sólo era cuestión de tiempo. Su pasado lo obsesionó desde el retorno de la democracia. Surge de su legajo que, cuando comenzó a ver su alias en notas de prensa, adujo problemas de depresión por tareas relacionadas en el marco de “la lucha contra la subversión” y pidió la baja. Fuentes con acceso al expediente aseguran que admitió por escrito haber torturado a prisioneros.

En agosto de 2005, cuando Rafecas ordenó su detención, le llevaron a un gendarme homónimo. Dos guardias ratificaron la confusión. El juez analizó los legajos, dictó la falta de mérito del homónimo y pidió la captura de “Nelson”. En 2006 Interpol notificó que vivía en Florida pero debieron pasar tres años y un cambio de presidente para que lo detuvieran.

Fuentes de trato regular con organismos de gobierno norteamericanos sugieren que, tras la asunción de Obama, los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior comenzaron a revisar pedidos de captura de acusados de graves violaciones a los derechos humanos con el fin de cambiar el perfil de su política ante crímenes de lesa humanidad cometidos por ciudadanos del resto del mundo. El tono del comunicado de la embajada ratifica el diagnóstico. “El arresto testimonia que no hay refugio seguro para violadores a los derechos humanos o para aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y otras atrocidades”, dijo el encargado de negocios Thomas Kelly. El tiempo que demore la captura de Bravo, dueño en Miami de RGB Group, podrá confirmar o desmentir las buenas intenciones.

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Dos represores rinden cuentas

EMPIEZA EL TERCER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN BUENOS AIRES

El Tribunal Oral de Mar del Plata juzgará desde mañana al general Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret por el secuestro, las torturas y el asesinato de Carlos Alberto Labolita, en 1976.

Por Diego Martínez

A un tercio de siglo de los hechos y un lustro de la reapertura de las causas, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar mañana al general de brigada Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret. Están acusados por el secuestro, las torturas y el asesinato en 1976 de Carlos Alberto Labolita, militante de la Juventud Peronista visto por última vez en el centro clandestino que funcionó en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. Será el tercer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires, donde sólo fueron condenados Miguel Etchecolatz y el sacerdote en actividad Christian von Wernich.

Oriundo de Las Flores, Labolita tenía 23 años, estudiaba Sociología en la Universidad de La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Se había casado tres años antes con Gladis D’Alessandro. En los meses previos al golpe de Estado, por razones de seguridad, abandonaron su departamento y se alojaron en la casa de los santacruceños Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Después de un tiempo, nos fuimos a una pensión hasta el 24 de marzo. Ahí cada uno salió como pudo”, recordó Gladis ante Página/12.

El día del golpe, la policía detuvo a Carlos Labolita padre, docente y militante socialista, que padecería la cárcel durante cuatro años. Un mes después, a pesar del peligro, su hijo decidió volver. “Yo no estaba de acuerdo pero, como siempre, lo acompañé. Las Flores es un pueblo chico, circulan muchas historias, éramos militantes y se corría un gran riesgo. Carlos quiso ver a su madre y a sus hermanas, saber qué pasaba con su padre. Era difícil medir los riesgos en ese momento. Llegamos a la casa y en menos de media hora apareció la policía”, contó Gladis.

Fue el 25 de abril de 1976 a la madrugada. El comisario Aníbal Lista declaró que el teniente coronel Mansilla, jefe del Grupo de Artillería, consideraba a Labolita un “elemento subversivo” y le dio “expresas instrucciones” para capturarlo. En la comisaría dejaron constancia de que el detenido quedaba “a disposición del área militar 125”, que conducía Mansilla e incluía a Tandil, Azul y Olavarría. Dos días después, el 27 a la mañana, la policía lo entregó en la oficina de inteligencia del regimiento. Lo recibió el teniente Duret, alias “Porra”, quien se negó a entregar constancia del ingreso. En presencia de los policías, le pusieron una capucha negra.

En la madrugada del 1º de mayo, un grupo de tareas de civil, a cara descubierta y con borceguíes militares, allanó la casa de la familia. “Trajeron a Carlos torturado, encapuchado, descalzo, con las manos atadas. Me encerraron con él en la cocina. Buscaban una valija, direcciones. Carlos les decía que yo no tenía nada que ver”, recordó Gladis. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a contarle su compañero. Apenas podía caminar. Los ocho miembros de la patota, incluido Duret, destruyeron bibliotecas, muebles, teléfonos, dieron vuelta la casa. Decían buscar “la valija verde con los fierros”, que no encontraron. Se llevaron a Gladis, la hicieron dar varias vueltas, la cabeza contra el piso de un auto, hasta que la abandonaron.

Sobrevivientes del centro de detención del cuartel de Azul contaron que fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, confesó un torturador. “Aquí se entra solo, y sólo Dios te ayuda a salir”, explicaba una inscripción que un ex cautivo vio desde la mirilla de su calabozo. Cuando Gladis fue con su madre a pedir por su esposo, Mansilla las maltrató y dijo que lo habían liberado. No negó su paso por el cuartel.

Con el retorno de la democracia, el juez federal de Azul, Jorge Ferro, avanzó en la instrucción de las causas, hasta que se declaró incompetente y envió el expediente el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las leyes de Raúl Alfonsín implicaron para los militares veinte años de impunidad. En 1994, el nombre de Duret reapareció como jefe del Grupo de Artillería de Neuquén, donde fue asesinado el soldado Omar Carrasco. En 2000, los organismos de derechos humanos impugnaron su ascenso en el Senado. Al año, con el visto bueno de Fernando de la Rúa, se convirtió en coronel.

La causa Labolita se reabrió en 2004, impulsada por su familia y por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que reclamó al juez federal Juan José Comparato investigar los delitos de lesa humanidad en el ex área militar 123. En diciembre de 2005, a casi tres décadas del crimen, el juez citó a los represores, que se negaron a declarar. El pintoresco Duret, entonces en actividad, concurrió al juzgado con el uniforme verde oliva que no usaba en las madrugadas de 1976. Se retiró con esposas rumbo a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, hoy Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, donde aún pasa sus días el militar de 56 años. El general Mansilla, de 77 años, goza de arresto domiciliario en su departamento de Dorrego 2699, Capital Federal.

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Los jueces y los abogados

Como la Cámara Federal de Mar del Plata apartó a los miembros del Tribunal Oral local con el argumento de que le tomaron declaración a Carlos Labolita padre durante el Juicio por la Verdad, el TOF estará integrado por tres jueces de La Plata: Alejandro Esmoris, Carlos Rozansky (presidente del TOF-2 que condenó a reclusión perpetua a Etchecolatz y a Von Wernich) y Nelson Jarazo (presidente del TOF-1 que en 2004 condenó a Etchecolatz y a Jorge Bergés a siete años de prisión por sustituir la identidad y falsificar la partida de nacimiento de Carmen Sanz, hija de desaparecidos). La acusación estará a cargo del fiscal federal Daniel Adler, del abogado César Sivo en representación de la familia y de Silvana Rivas y Eduardo Rezses por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. El general Mansilla será asistido por el defensor oficial Diego Fernández. El coronel Duret, por los abogados privados Gerardo Ibáñez y Eduardo Sinforano San Emeterio, ex agente de la SIDE que durante la dictadura custodiaba al jefe del centro clandestino Automotores Orletti. San Emeterio descolló durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Corrientes, donde obtuvo una condena a reclusión perpetua para el coronel Julio Barreiro y de 25 años de prisión para el capitán Juan Carlos De Marchi.

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“Fueron lacayos”

DIALOGO CON CARLOS O. LABOLITA

Por Diego Martínez

Carlos Orlando Labolita fue profesor de filosofía y pedagogía, militante gremial en Las Flores, y padeció la dictadura en carne propia: cuatro años preso en los penales de Marcos Paz y La Plata. A fines de 2005, después de ver en el juzgado de Azul al septuagenario general Pedro Mansilla, quien se negó a hablar sobre su hijo desaparecido, confesó al diario El Popular de Olavarría que sintió lástima por el represor. “Con los años uno entendió cosas que ellos no entendieron nunca. Fueron los lacayos de los verdaderos dueños de este país”, explicó.

–¿Qué espera del juicio?

–Espero justicia, esa cosa tan huidiza y ausente en la Argentina. Después de 32 años no estoy henchido de ilusiones, pero eso espero, nada más. Es lo que hay, como dicen los chicos.

–¿Sigue sintiendo lástima por Mansilla?

–En 32 años he pasado por toda la gama de sentimientos que se puede experimentar, tuve tiempo de revisar todo el inventario. Me dio lástima porque está viejo y tiene que hacerse el distraído, decir que no recuerda, aunque lo cierto es que está en su casa viendo TV con sus nietos. Al principio los hubiera querido hacer volar, pero pasa el tiempo y se va naturalizando todo.

–¿Volvió a militar después de la cárcel?

–No. Cuando se fueron los milicos, dejaron tierra arrasada, nadie quiso formar nada después de semejante experiencia. Seguí en la docencia pero, con un currículum que incluía cinco años en cana y un hijo muerto, al principio se me huía, era como mufa. “Lo que pasó, nos marcó a todos. Es algo que nos dejó medio vacíos y, por otro lado, llenos de conocimientos desagradables, sobre el papel del Estado, los políticos, la Iglesia. Nunca tuve demasiadas ilusiones con respecto al hombre, pero esto fue terrible, una experiencia nefasta. Más allá del compañerismo y la amistad en la cárcel, en el fondo fue negativo”, explica con voz serena.

“Hay algo que me alegra, que no sé si es correcto decir, aunque nunca fui políticamente correcto”, dice. “Me alegra que ellos me hayan considerado su enemigo. Es lo único que me queda como una especie de posgrado en Oxford. Si los enemigos del país, de la patria y de los trabajadores me consideran su enemigo... ¡caramba!, significa que no estoy tan errado.”

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Escudo protector contra los Patti

Media sanción para inhabilitar a los represores

Por Diego Martínez

La diputada Victoria Donda.

Con decenas de representantes de organismos de derechos humanos en los palcos desde primera hora, la Cámara de Diputados aprobó finalmente anoche el proyecto de ley que inhabilita a imputados por graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos. La norma la propuso hace ya quince meses la diputada y nieta restituida Victoria Donda, de Libres del Sur, e implicará modificar la Ley de Etica Pública, el Código Electoral y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que torturadores como Luis Patti, cuya impugnación resolvería hoy el juez electoral platense Manuel Blanco, puedan volver a presentarse como candidatos.

“¡Néstor, la ley para que no asuman represores!”, gritó de palco a palco Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos, al ex presidente Kirchner, presente por la asunción de Jorge Rivas. Como la jura del diputado insumió más de media hora y ya era imposible votar el tratamiento sobre tablas, Donda propuso y consiguió que tres cuartos de la Cámara aceptara apartarse del reglamento y que dos tercios se comprometiera a analizar el proyecto. La tarde pareció consumirse luego en discursos de homenaje a Raúl Alfonsín.

–¡No se vayan! –gritó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo.

–No nos vamos, se fueron los de la oposición –aclaró tres pisos abajo Agustín Rossi, del Frente para la Victoria, que en noviembre se comprometió sin éxito a tratar el proyecto en comisión. Salvo contadas excepciones, el PRO y la UCR se habían ido del recinto.

La insistencia de Donda, el aguante de Madres, H.I.J.O.S., Familiares, CELS, Hermanos y demás militantes de distintas generaciones y la presión de legisladores del FpV a sus compañeros más remisos dieron al fin su fruto. Poco antes de las diez comenzaron las exposiciones: Remo Carlotto, Marcela Rodríguez, Rossi, Donda, Eduardo Macaluse. Nadie argumentó en contra del proyecto. Donda y demás impulsores pretendían que la “prueba suficiente de participación” en secuestros y torturas alcanzara para excluir a ex represores, pero tuvieron que bajar las pretensiones para lograr consenso. Los sectores duros del PJ condicionaron su apoyo a la exigencia de procesamiento. Así fue. Minutos antes de las once, con 131 votos a favor (todo el FpV, el ARI y el SI), cuatro abstenciones y 123 ausentes, se aprobó la norma en general, que ahora deberá tratar el Senado.

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La represión judicial

Ordenan detener a un ex juez por cómplice de la dictadura

Visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”. Investigó la “infiltración ideológica marxista” en la universidad.

Por Diego Martínez

La entrada al centro clandestino de detención La Escuelita, de Bahía Blanca.

Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del Tribunal Oral Federal 5, condenó al apropiador de una hija de desaparecidos, juicio que concluyó con las Abuelas de Plaza de Mayo cantando “Como a los nazis les va a pasar...”. En 2004 Página/12 publicó su historia negra y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su juicio político. Cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo, renunció. En octubre de 2006 el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que ahora, dos años y medio después, ordenó el juez federal Alcindo Alvarez Canale. El protagonista de la historia es Guillermo Federico Madueño, un símbolo de la inserción en las instituciones democráticas de cómplices civiles del terrorismo de Estado.

En diciembre de 1975 el flamante juez archivó sin investigar la causa del primer desaparecido bahiense. El comando a cargo del general Carlos Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en patrullero, esposado y custodiado por tres policías, Daniel Bombara abrió la puerta y se tiró al asfalto. Para no entregar su cuerpo con rastros de tortura, al día siguiente simularon que “desconocidos” lo habían robado mientras una ambulancia lo trasladaba a la morgue. “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, informó La Nueva Provincia. Al mes, el juez archivó la causa.

En abril de 1976, una mujer secuestrada junto con Bombara declaró ante el juez y su secretario, Hugo Sierra, que “un patrullero” los llevó hasta un lugar que no pudo determinar y “con los ojos vendados” fue sometida “a toda clase de torturas”. El magistrado hizo oídos sordos, no investigó las torturas ni reabrió la causa Bombara. En agosto, para mantener en prisión a un militante de la Juventud Peronista, Sierra le propuso al juez usar un dato de la declaración del desaparecido, “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes” (sic) por razones que prefirió no analizar. El juez no se animó a tanto. Sierra aún no está imputado en la causa y es profesor de derecho en la Universidad Nacional del Sur.

En plena dictadura Madueño se reunía en la casa del general René Azpitarte, jefe del Cuerpo V, “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al juez a hacer la investigación de la UNS”, declaró en 1987 el general Vilas, impune por insania. La investigación fue una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura, y que el diario La Nueva Provincia y la revista Cabildo publicitaron como ejemplo de la lucha contra la subversión. Vilas contó ante la Cámara Federal bahiense que invitó al juez a visitar el centro clandestino La Escuelita y que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juez Alvarez Canale ordenó la detención de su ex colega. El defensor oficial Luis Angel Devaux respondió que Madueño padece una enfermedad grave, que se presentará si lo citan y pidió la eximición de prisión. El juez la rechazó.

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Otro represor quiere una banca en el Congreso

Folloni se postula en Salta y fue impugnado por su rol en la dictadura

Por Diego Martínez

Luis Patti no está solo. Organismos de derechos humanos de Salta impugnaron la postulación como candidato a diputado nacional de Jorge Oscar Folloni, ex secretario de Estado del gobernador de facto Roberto Ulloa, fundador del Partido Renovador de Salta, investigado por la Justicia Federal por el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos en 1978. Comandante retirado de Gendarmería de 73 años, Folloni fue diputado provincial, nacional y candidato a gobernador.

La presentación fue efectuada por David Leiva y Tania Kiriaco, abogados de la Red de Derechos Humanos de Salta, ante el juez electoral Leonardo Bavio. Destacan que el candidato “ha participado de un gobierno terrorista que aplicó un plan sistemático de violación de derechos humanos”. Más allá del cargo como funcionario, recuerdan que el 14 de noviembre de 1977, por decreto 3498, el capitán de navío Ulloa y el gendarme Folloni le negaron a Bustos la habilitación como escribano en base a “la evaluación efectuada por el Poder Ejecutivo de los antecedentes ideológicos del peticionante, suministrada con carácter estrictamente confidencial y secreta por los organismos pertinentes”. Dos meses y medio después, el 2 de febrero de 1978, Bustos fue secuestrado en Tartagal y trasladado al Regimiento de Infantería 28, en Embarcación, donde se lo vio por última vez. Para los impugnantes, el decreto “anunciaba el destino final” de la víctima.

La investigación judicial se reabrió en 2005. Al año, el juez federal Miguel Medina procesó por el secuestro del escribano a los coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zirpolo. Hace tres meses elevó la causa a juicio, que recayó en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta. Pero la investigación excede a los coroneles. En julio pasado, el juez Medina dispuso investigar a Ulloa y Folloni por encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los impugnantes sostienen que el candidato carece de “idoneidad ético-jurídica” por haber integrado un gobierno que “no sólo derrocó a las autoridades civiles, sino que produjo miles de víctimas en todo el territorio nacional”. Recuerdan que el Estado se comprometió a implementar mecanismos para evitar que personas comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos ocupen cargos públicos, y destacan que “la protección de los fueros parlamentarios conduce a la impunidad”.

Cordobés, hijo de italianos, abogado, Folloni se radicó en Salta en 1968. El 30 de octubre de 1983, con el flamante Partido Renovador, fue electo diputado provincial. En 1995 se presentó sin suerte como candidato a gobernador. Más tarde asumió como diputado nacional. En 2003 anunció su alejamiento de la política, pero en agosto del año pasado decidió volver. Presidió la convención del partido y fue electo cabeza de la lista de diputados nacionales. El lunes confirmó la postulación. El martes, mientras los abogados lo impugnaban, declaró que “el 28 de junio, en el ocaso del kirchnerismo, se cerrará una etapa cuando el matrimonio que gobierna el país reciba un duro mensaje de la ciudadanía, que mostrará su desacuerdo con un estilo de gobierno hegemónico y confrontativo”. El vicepresidente del partido, Andrés Zottos, calificó la impugnación como “una chicana política”.

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Por un Congreso libre de asesinos

Diputados, familiares de sus víctimas y organismos de derechos humanos impugnaron la candidatura del represor Luis Patti

Reiteraron que el torturador carece de “las calidades exigidas por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos” para presentarse. Destacaron que aún no fue condenado porque hubo treinta años de impunidad. Es improbable que asuma.

Por Diego Martínez

Luis Abelardo Patti está preso en el penal de Marcos Paz, procesado por delitos de lesa humanidad.

Familiares de víctimas de la última dictadura, organismos de derechos humanos y diputados nacionales impugnaron ayer la candidatura del ex subcomisario Luis Patti, preso en la cárcel de Marcos Paz con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad y a disposición del Tribunal Oral Federal de San Martín, que debe juzgarlo en los próximos meses. El represor se postuló para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como cabeza de una lista de duhaldistas, menemistas y miembros del Modín. La nueva candidatura del ex intendente de Escobar se produce después de catorce meses en los que el Congreso de la Nación no reunió el quórum necesario para tratar un proyecto de ley de la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, que inhabilita a imputados en graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos.

Las presentaciones ante la secretaría electoral nacional, a cargo del juez federal platense Manuel Blanco, fueron formuladas por los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, las hermanas de Osvaldo Cambiaso y los hijos de Gastón Gonçalvez, los tres asesinados durante la dictadura en operativos vinculados directamente con Patti. Patrocinaron el pedido los abogados Ana Oberlin, de Hijos; Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Pablo Llonto. Por otra parte, lo impugnaron los diputados nacionales oficialistas Remo Carlotto y Diana Conti, y Emilio García Méndez, de Solidaridad e Igualdad, con el patrocinio de los abogados Luciano Hazán, María Laura Durandeu y María Eva Asprella.

A mediados de abril, los abogados de Patti solicitaron a la justicia electoral una “acción declarativa” que confirmara la idoneidad del represor para postularse a un cargo. El juez Blanco le negó el cheque en blanco y explicó que sólo podría pronunciarse en el caso de que Patti se presentara y la sociedad civil lo impugnara, como ocurrió ayer. Los escritos reiteran que el ex intendente de Escobar carece de “las calidades exigidas por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos” para presentarse como candidato y subrayan la obligación contraída por el Estado, a partir de la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2000, para evitar que personas sospechadas de graves violaciones a los derechos humanos puedan acceder a cargos públicos. Destacan que la falta de una condena firme “debe evaluarse en el contexto de excepcionalidad argentino”, donde la falta de investigación y sanción penal producto de las leyes alfonsinistas y los indultos menemistas “generaron un marco de impunidad y privación de justicia por casi 30 años”. Los impugnantes detallan los hechos por los que Patti será juzgado, solicitan la producción de nuevas medidas y piden a Blanco que convoque a una audiencia pública para que los votantes “puedan ejercer su derecho con la debida información”, tal como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.

Sus Señorías

Si bien las posibilidades reales de asumir como diputado son prácticamente nulas, los últimos antecedentes fueron favorables para el torturador. En 2007, con votos de Juan Carlos Hitters, Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Petiggiani, Federico Domínguez y Carlos Natiello, la Corte Suprema de Justicia bonaerense confirmó una resolución de la Junta Electoral que desestimó mecánicamente un planteo de familiares de víctimas de Patti para impedir su candidatura a la gobernación de la provincia. El candidato se presentó y obtuvo 171.667 votos, equivalente al 2,45 por ciento de los electores.

En abril de 2008, previo dictamen favorable del procurador general Luis Santiago González Warcalde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la decisión de la Cámara Nacional Electoral que había invalidado la exclusión del represor en la Cámara de Diputados en 2006. Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni opinaron que el Congreso se había excedido en sus facultades de contralor y que no le correspondía realizar valoraciones sobre la idoneidad ética de sus miembros. Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carlos Maqueda, en disidencia, consideraron válida la exclusión en virtud de normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, que obligan al Estado argentino a adoptar medidas para que responsables de graves violaciones a los derechos humanos no permanezcan ni ingresen a la función pública.

En la práctica, la decisión de la Corte derivó en la suspensión de la prisión preventiva de Patti durante ocho días. El 24 de abril a la madrugada, por 196 votos a favor, nueve en contra (PRO, Recrear, los demócratas mendocinos, dos radicales y un Paufe) y once abstenciones (ocho de la UCR y tres del Frejuli de Rodríguez Saa), Diputados aprobó el desafuero, privó a Patti de la inmunidad con la que pretendía burlar a la Justicia y la Cámara Federal de San Martín volvió a ordenar su detención.

Aun si la Justicia electoral mantuviera su criterio de ignorar los motivos de la impunidad, rechazara las impugnaciones y Patti fuera electo, es improbable que logre asumir. El Tribunal Oral Federal de San Martín, que aún no fijó fecha pero tendría previsto juzgar a Patti & Cía. cuando concluya el primer juicio por Campo de Mayo, debería en tal caso analizar los planteos de los defensores del policía para que consiga fueros y por ende impunidad. Aun si el TOF concediera el pedido, el desafuero se trataría en diciembre el Diputados.

Congreso en deuda

El proyecto de Victoria Donda para inhabilitar a personas sobre quienes pesan graves sospechas de haber participado en delitos de lesa humanidad se presentó en marzo de 2008, pero nunca llegó al recinto. Debió tratarse en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y, por último, Derechos Humanos y Garantías. Nunca llegó a discutirse en la primera, por falta de quórum. “Ahora estamos pidiendo una reunión conjunta de las tres comisiones, ya que es un proyecto consensuado, para tratarlo directamente en la próxima sesión”, explicó ayer Remo Carlotto, que impugnó a Patti en 2005 y 2007.

El diputado explicó que “el proyecto está consensuado pero no pudo tratarse y carecemos de la legislación que impida que estos personajes se presenten”.

–Si había consenso, ¿por qué no trató?

–Hay que preguntar a quienes tenían a cargo el tratamiento legislativo. Desde el Frente para la Victoria pusimos toda la voluntad, Gerónimo Vargas Aignasse y yo. En período preelectoral es complicado conseguir quórum, pero la decisión política está, es parte de la política de derechos humanos del Gobierno. Somos firmantes del proyecto, lo impulsamos, trabajamos para buscar una síntesis con otros proyectos. No se pudo aprobar, pero no lo vinculo a intencionalidad política del bloque sino al funcionamiento de las comisiones, a la dificultad para conseguir quórum. Pero el compromiso del Frente para la Victoria está.

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“Lo tendrían que hacer de oficio”

“Esto es algo que tendría que hacer la Justicia de oficio”, consideró Manuel Gonçalvez, hijo de una víctima directa de Luis Patti, después de impugnarlo por segunda vez en dos años. Manuel es hijo de Roberto Gastón Gonçalvez, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y visto por última vez tres días más tarde, con signos de tortura, arriba de un patrullero estacionado en la comisaría donde trabajaba el oficial de calle que poco antes le había advertido: “cuidate si querés seguir con vida”. “Si hay una persona procesada por delitos de lesa humanidad, la Justicia tendría que poder avanzar, y si la persona demuestra inocencia asumirá el cargo que quiera en el momento oportuno”, explicó Gonçalvez. “Hay gente que puede votarlo y que cree que la mano dura va a cambiar la realidad social del país, por eso intentamos dejar en claro desde el comienzo de quién estamos hablando”, agregó. La diputada Victoria Donda expresó que “lo único que quiere (Patti) es tener fueros para seguir eludiendo a la Justicia”. “Exigimos a la Justicia que no someta al pueblo a tener un asesino como diputado”, remarcó.

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“No garantizan la imparcialidad”

Piden que la causa sobre el Hospital Posadas cambie de tribunal oral

Los querellantes cuestionaron los antecedentes de dos de los jueces del TOF Nº 3. Uno de ellos ya se excusó. Además, señalaron que los roces que existen entre esos dos magistrados y el tercer integrante del tribunal podrían perturbar el proceso.

Por Diego Martínez

Durante la última dictadura militar, en el Hospital Posadas funcionó un centro clandestino de detención.

Un mes después de que la Cámara de Casación Penal encomendara al Tribunal Oral Federal Nº 3 el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, querellantes patrocinados por el abogado Rodolfo Yanzón solicitaron ayer una nueva reasignación de la causa, porque entienden que los jueces Miguel Guillermo Pons y Gerardo Larrambebere “no se hallan en condiciones de garantizar la imparcialidad” necesaria. Copia del escrito fue entregada a Liliana Catucci, presidenta de Casación, para que los obstáculos surgidos en el tribunal no demoren el inicio del juicio a los represores, incluido el dictador Reynaldo Bignone.

El juez Pons se excusó luego de admitir que la detención de su primo hermano, capitán de corbeta retirado Luis Alberto Pablo Pons, investigado por delitos similares a los que debería juzgar pero ocurridos en la base naval de Puerto Belgrano, “afecta la garantía de imparcialidad del juzgador”. El marino de 66 años, internado en el Hospital Naval, encabezó en 1976 la Brigada de Infantería Nº 1 y está imputado como ejecutor directo del secuestro y los tormentos a Hugo Giorno, ex intendente de Punta Alta.

Oscar Hegott rechazó la excusación de su colega porque entiende que los delitos los cometió “una distinta organización armada estatal: la Armada”, no el Ejército como en el hospital. Sin disimular la tensa relación inter pares, el juez apuntó que “sólo podría ponderar” la excusación si Pons admitiera “un conocimiento previo de los hechos imputados a su primo” e introdujo un tema que para Yanzón “pone a la luz una situación traumática en el seno del tribunal”. Hegott recordó que “mediante la Acordada 4/09 (léase jueces en oficinas contiguas que se comunican por escrito) he exhortado al señor juez que culmine con la práctica de reuniones bilaterales con el restante magistrado para organizar el tribunal a su antojo” (sic).

La excusación y la feroz interna, que para Yanzón “conspira contra la misión que deberían cumplir en este proceso”, no son los únicos elementos que motivan el pedido. También incide el probable apartamiento de Larrambebere, quien habría intervenido en la causa cuando era juez de Morón, y añejos antecedentes de ambos magistrados:

- En 1985, como juez federal porteño, Pons “dispuso la captura de ex miembros de Montoneros basándose en la conferencia de prensa que habían dado en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura”, recordó el abogado.

- En 1989, como juez de Morón, Larrambebere intervino en la causa por los hechos posteriores al copamiento del cuartel de La Tablada. “Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos por no haber investigado los homicidios y torturas” cometidos por militares, “por el tratamiento dado a los cadáveres de los incursores (depostados a pedido del Ejército para impedir que se investiguen los motivos de las muertes)” y por el rol de la fuerza como “auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial”, apunta el escrito.

La investigación de los delitos en el policlínico la realizó el juzgado de Daniel Rafecas, que elevó la causa en enero, con cinco imputados: Bignone, el coronel Agatino Di Benedetto, el brigadier Hipólito Mariani (jefe de Mansión Seré condenado por el TOF Nº 5 a 25 años de prisión, libre hasta que el fallo quede firme) y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos.

Ante el atolladero de expedientes acumulados en el TOF Nº 5 y la alta probabilidad de que decenas de acusados mueran sin sentencia, Casación reasignó todas las causas vinculadas al Primer Cuerpo de Ejército. Hospital Posadas recayó en el TOF Nº 3, que en junio tenía previsto comenzar a juzgar el affaire IBM-Banco Nación. Si por la edad de los represores (tres superan los 80 abriles) el tribunal analizaba priorizar el último juicio recibido, el pedido de los querellantes para que Casación “disponga con urgencia una nueva reasignación” le permitirá juzgar a los banqueros y ex funcionarios menemistas, causa que lleva apenas 14 años en trámite.

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Buscan “controlar a la prensa”

Un proyecto para repudiar una denuncia del Ejército

Por Diego Martínez

La diputada oficialista Diana Conti presentó un proyecto de declaración para que la Cámara baja exprese “su más enérgico repudio” a la denuncia del coronel Celestino Mosteirín contra dos periodistas correntinos, a quienes acusó de difundir nombres de personal civil de inteligencia de la dictadura que aún prestan servicios en el Destacamento 123 de Paso de los Libres. Consideró que la presentación, autorizada por la Dirección de Inteligencia del Ejército, “encubre una clara utilización del derecho penal para controlar el trabajo de la prensa”.

Miembro del Consejo de la Magistratura, Conti pidió además la citación a la Comisión de Disciplina de la jueza subrogante Mabel Borda. Aun cuando el llamado a indagatoria de los cronistas antecedió a su nombramiento, “su obligación ante la palmaria inexistencia de delito debió traducirse en dejar sin efecto ésa y toda medida de tinte cercenatorio de derechos”, afirmó.

La decisión de indagar a los periodistas por supuesta violación de secretos de Estado no la tomó el juez ad hoc Juan Carlos Silberstein, como informó ayer Página/12, sino su antecesora, María Inés Morales de Paulo, la abogada que el año pasado concedió un hábeas corpus para que ex miembros del destacamento procesados por secuestros y torturas no abandonaran su prisión VIP en el Grupo de Artillería 3. Abogados libreños que conocen la Justicia local sugieren que el ideólogo de ambas decisiones es el ex juez Juan Angel Oliva, a quien la abogada subrogó pocos días. Oliva, que renunció el 1º de febrero, cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a citarlo, es el autor de dos procesamientos contra los represores del centro clandestino La Polaca que por sus desprolijidades fueron anulados en sendas oportunidades por la Cámara Federal correntina.

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Dos periodistas en problemas

La Justicia correntina citó a cronistas por difundir nombres de agentes de inteligencia

En un canal de cable y en una radio se difundieron nombres de personal civil de Inteligencia, identificados por un conscripto que presenció torturas durante la dictadura. El Ejército denunció a los cronistas por violar la Ley de Inteligencia y el juez los citó.

Por Diego Martínez

La Polaca, en Paso de los Libres, funcionó como centro de torturas hasta el final de la dictadura.

Dos periodistas correntinos difundieron el testimonio de un ex conscripto que presenció durante la dictadura una sesión de torturas a cargo de militares y civiles del Destacamento de Inteligencia 123. El jefe de esa dependencia del Ejército notó que varios de los nombrados –que a priori no participaban del interrogatorio– seguían en actividad bajo su mando treinta años después, e invocando la Ley de Inteligencia Nacional denunció a los periodistas por difundir nombres de agentes. Lejos de desestimar la denuncia, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, cuyos procesamientos a varios represores que mencionó el soldado fueron anulados por sus desprolijidades por la Cámara Federal de Corrientes, citó a prestar declaración indagatoria a los periodistas. “Es un apriete a quienes se animan a informar, más grave aún cuando varios acusados de presenciar las torturas siguen libres y aún no fueron citados por delitos de lesa humanidad cometidos hace décadas”, destacó Tomás Chalup, abogado de los periodistas.

El Destacamento 123 nutrió de personal a los centros clandestinos La Polaca y Local 13, donde se torturaba a personas secuestradas en el puente que divide Paso de los Libres y Uruguayana. En julio del año pasado un ex conscripto declaró que a mediados de 1983 le ordenaron llevar un sobre al Escuadrón 7 de Gendarmería, donde funcionaba Local 13. Como golpeó y nadie atendió, se asomó por la ventana. Vio a un hombre sentado que gritaba “¡No sé nada!”, mientras el civil Víctor Irineo Aldave le arrancaba las uñas con una tenaza y sus compañeros gritaban “¡Cantá que te vamos a hacer mierda!”. Identificó a “empleados civiles y militares, pudiendo citar a Carlos Faraldo, un tal Ledesma, un suboficial Ojeda, Alberto Gonzalo, Don Clementino y otros, que a raíz de la reacción espontánea de salir de la ventana no alcanzó a reconocer”. Ante la pregunta del juez federal libreño Juan Angel Oliva, el testigo dio todos los nombres del personal del destacamento que recordaba.

El testimonio y el detalle de nombres se publicó en medios gráficos, como Conexión Internacional, y fue difundido por Ignacio Villanueva, del canal de cable Tele 10, y Sergio López, de FM Activa. Cuando el entonces teniente coronel Celestino Mosteirín, jefe del Destacamento 123 hasta diciembre, escuchó que varios PCI mencionados aún prestaban servicio a sus órdenes, se presentó en el juzgado y pidió que se investigara a los periodistas por violar la Ley de Inteligencia, que prohíbe difundir nombres de agentes secretos. Una alta fuente del Ministerio de Defensa informó ayer que Mosteirín tenía el deber de denunciar el posible delito y que fue autorizado por la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Según pudo reconstruir Página/12 de dos fuentes con acceso al expediente, el fiscal ad hoc Edgar Giménez se limitó a pedir que el militar amplíe su denuncia, pero no reclamó ninguna medida de prueba. Habría sido el juez federal ad hoc Juan Carlos Silberstein, hoy secretario del juzgado, quien de motu proprio resolvió allanar la FM y citar a indagatoria a Villanueva y a López (no a quienes publicaron idéntico relato). Especialista en derecho tributario, Silberstein encuadró los hechos en el artículo 222 del Código Penal, que prevé uno a seis años de prisión para quien revele secretos concernientes a la defensa de la Nación, entre otros.

“Es un mensaje intimidatorio, la declaración no es secreta. Nos están diciendo ‘no hablen o los vamos a imputar’”, explicó Villanueva, quien ya en 2005 difundió en TV un informe sobre La Polaca, y que se negó a declarar. López no se presentó y tiene nueva cita para el 20 de mayo. “Hoy (el martes) vinieron de Gendarmería, sin orden judicial, a pedirme datos para hacerme un estudio socioambiental. No dejé que me tomaran ni las huellas digitales, esto ya es demasiado persecutorio”, agregó Villanueva.

Consultado por Página/12, el fiscal federal Benito Pont informó que “reasumí hace unos días, analicé la causa y ya estoy pidiendo el archivo, no hay ningún elemento que permita traer a estas personas a proceso”.

–¿Y qué elemento encontró el juez ad hoc? ¿Cómo chequear que servicios de la dictadura siguen en actividad?

–Ah (silencio).

En septiembre Oliva procesó por segunda vez a nueve ex miembros del Destacamento 123. El 1º de febrero renunció, cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a citarlo por irregularidades en las causas de lesa humanidad. El mes pasado, invocando irregularidades en la instrucción, la Cámara Federal correntina anuló por segunda vez los procesamientos. Excepto los civiles Rubén David Ledesma y Carlos Faraldo, procesados en otra causa y presos VIP en la Guardia de Artillería 3, todos los represores locales recuperaron la libertad. La causa por delitos de lesa humanidad y la que investiga a los periodistas están desde hace dos semanas en manos de la jueza federal subrogante Mabel Borda.

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“Cárceles, las ESMAs del presente”

El CELS denunció que en la provincia hay diez mil presos más que los lugares disponibles

El informe anual del organismo sostiene que en 2008 se verificaron regresiones políticas e institucionales en DD.HH.

Por Diego Martínez

Gastón Chillier y Horacio Verbitsky, director y presidente del CELS, respectivamente, al presentar el informe.

Eternización de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ausencia de mecanismos para evitar que torturadores sin condena asuman en cargos públicos. Reformas regresivas en materia de seguridad con epicentro en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Redes de ilegalidad consentidas desde el poder político. Superpoblación carcelaria. Aumento del número de detenidos en comisarías bonaerenses. Déficit habitacional y desalojos con grupos de choque en la ciudad de Buenos Aires. Tres millones de personas sin servicios cloacales en la cuenca Matanza-Riachuelo. Unos 25.000 detenidos en instituciones psiquiátricas por “razones sociales”. Deudas varias en materia de libertad de expresión. Y, como telón de fondo, ausencia de la más elemental agenda de derechos humanos en los debates políticos. Son sólo algunos de los temas que aborda el “Informe 2009. Derechos Humanos en la Argentina”, que por 14º año consecutivo presentó ayer en sociedad el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hoy a las 20 el trabajo de 491 páginas se presentará en la Feria del Libro.

“No alcanza con políticas de memoria y persecución de crímenes de lesa humanidad si no se trabaja sobre las ESMAs del presente y sobre la reafirmación de los principios y garantías constitucionales”, destacó Gastón Chillier, director del CELS. “Las regresiones políticas e institucionales de 2008 obligan a repensar las formas de construcción de un Estado fuerte y protector de los derechos humanos, objetivo que permanece ausente de los debates políticos”, lamentó. “La deuda principal, a veinticinco años de la recuperación democrática, sigue siendo la conformación de una sociedad inclusiva, en la que la cara visible del Estado para los más desventajados no sea su cara más violenta”, destacó Chillier, director del organismo que este año celebra su 30º aniversario.

La reforma del Código Procesal bonaerense aprobada en diciembre, que restringió el régimen de excarcelaciones e invirtió la regla de la libertad durante el proceso, desde entonces excepcional, es para el CELS una de las mayores regresiones en materia de seguridad ciudadana. El informe destaca que en 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de la prisión preventiva generalizada, “por primera vez en décadas descendió la cantidad de personas privadas de la libertad sin condena”. La tendencia comenzó a revertirse cuando la administración de Daniel Scioli anunció el endurecimiento de la legislación. Entre fines de 2007 y octubre pasado, según el informe, la cantidad de personas detenidas en comisarías ascendió de 2782 a 3448. Si a ello se suman presos en cárceles bonaerenses, el número de detenidos asciende a 27.614, cifra que excede en 10.000 las plazas disponibles según un relevamiento oficial.

El periodista Horacio Verbitsky, presidente del CELS, ratificó que las reformas procesales de Buenos Aires y Mendoza “no solucionan los problemas sino que los agravan” y repudió “la euforia informativa y política con el tema seguridad, totalmente desvinculada de las causas de fondo”. Como ejemplo del rol de los medios, recordó que la cobertura del asesinato de Daniel Capristo “incluyó actos de violencia sobre un fiscal que no merecieron una sola palabra de condena” de los grandes medios. “Pese a que la muerte derivó del intento de robarle el auto, tampoco informaron que ese día se desbarató un desarmadero a cargo de un oficial de la Policía Federal”, agregó. Verbitsky denunció la existencia de “redes de ilegalidad consentidas desde el poder político, que trascienden las jurisdicciones y usan a los chicos como mano de obra barata”. Chillier agregó que “reclutar personal retirado o exonerado, como propuso el gobierno nacional, tampoco es una solución estructural, sino todo lo contrario”.

El informe destaca que el derecho a la vivienda es “sistemáticamente vulnerado” en la ciudad de Buenos Aires. “La lógica de mercado parece tener directa consecuencia en la situación habitacional de los más vulnerables cuando se impulsan desalojos en forma masiva y se generan obstáculos para el acceso a la vivienda”, agrega. “La expulsión sistemática de personas se agrava por la intervención de fuerzas de choque como la Unidad de Control del Espacio Público”, destacó Chillier.

El informe del CELS elogia el fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y destaca que el 55 por ciento de los cinco millones de habitantes de la zona carece de servicios cloacales, situación que se agrava por el tratamiento ineficiente de residuos sólidos y la proliferación de basurales.

En materia de libertad de expresión, el informe remarca la obligación del Estado de adecuar la legislación sobre calumnias e injurias, que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También destaca la necesidad de establecer criterios claros sobre el acceso a la información pública.

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