Los ex conscriptos de la dictadura reclaman una pensión y obra social
Desde una identidad compleja, que incluye a defensores del terrorismo de Estado y también a sus víctimas, los ex conscriptos piden un “reconocimiento” y una “reparación histórica”. Defensa elimina la definición de “desertores” de los expedientes de desaparecidos.
–Fuimos soldados del Operativo Independencia –afirma un hombre calvo, paisano de Bragado.
–Fuimos testigos y por ende víctimas del terrorismo de Estado –explica otro, veterano del Beagle, la guerra que no fue en 1978.
–Nos tocó patear puertas en una guerra no convencional. Te ponían un fusil en la mano y había que salir a levantar subversivos –grita un tercero que dejó de filmar para hacerse oír.
–Fuimos humillados y torturados como todos los colimbas de la historia. No defendí ni serví a la patria. Serví a dos tipos que decían ser cuadros militares –baja los decibeles un correntino de voz serena.
Las definiciones pertenecen a ex conscriptos nacidos entre 1953 y 1959, unidos por el deseo de acceder a pensión y obra social “como reconocimiento y reparación histórica”, pero con serias dificultades para definir la identidad colectiva que justificaría el beneficio. Fueron pronunciadas ante familiares de sus pares desaparecidos, que el Estado terrorista tildó como “desertores”, por hombres que un tercio de siglo después no logran superar las secuelas de la servidumbre civil obligatoria durante el terrorismo de Estado.
La convocatoria fue impulsada por ex conscriptos de La Matanza desde un programa de radio, La Voz de los Colimbas, con el objetivo de rendir homenaje a sus compañeros desaparecidos. Se concretó el sábado pasado, en un club de Lomas del Mirador, con un centenar de hombres, mayoría del conurbano y del interior bonaerense, más algunos rosarinos y correntinos.
“Hemos hecho cosas que no teníamos ganas de hacer”, abre el encuentro un coordinador. Presenta al panel, integrado también por Pablo Pimentel, de APDH La Matanza, y por Pablo Llonto, querellante en causas de lesa humanidad, y pide un minuto de silencio “para los conscriptos desaparecidos por el Proceso de Reorganización Nacional, manga de asesinos y delincuentes que los hicieron pasar por desertores”.
El sondeo previo de Página/12 ratifica que los presentes son testigos centrales del accionar del terrorismo de Estado –ante un Poder Judicial que se obstina en ignorarlos– aunque sugiere que no todos comparten el diagnóstico del presentador: “Fuimos soldados. En este país indemnizaron a los guerrilleros y a los que se fueron a Europa, pero no a los soldados”, renegó minutos antes el pelado de Bragado, buena pilcha, Crónica en mano.
–¿Usted reclama pensión como soldado?
–Sí, del Operativo Independencia.
–¿Estuvo en Tucumán en 1975?
–No, qué Tucumán, después.
–Ese operativo lo encabezó Adel Vilas en 1975. ¿Hasta cuándo duró según usted?
–Hasta 1981, 1982.
–Y empezó antes, pibe –corrige el bragadense que filmará todo–. En el ’74 ya estábamos levantando gente.
Ex parejas y hermanas de miembros de “El batallón perdido”, como los bautizó en su libro el capitán José Luis D’Andrea Mohr, cuentan sus historias con la esperanza de encontrar nuevos datos. Secuestros, peregrinaje por cuarteles, silencio, miedo, datos confusos, registros del cautiverio en algún caso. Juicio por desertores, la respuesta común del general Reynaldo Bignone.
“Lo más doloroso es el rechazo de un sector de la sociedad, que ensucia a los desaparecidos y a sus familiares”, explica un pibe de 26 años, sobrino de un colimba de Campo de Mayo. Se presentó como “luchador por los derechos humanos” y cierra su exposición con un “Nunca más”. La mayor parte de la sala lo aplaude. El grupo del “campo” cuchichea y sonríe.
Pimentel se presenta como “miembro de las clases que la dictadura prefirió no incorporar por sospechosos: 1957 y 1958”. Dos hermanos menores no corrieron su suerte, “pero mi papá, que nos formó para la paz y la solidaridad, invocó la patria potestad ante Bignone” y logró que siguieran en libertad. “Luego, en pleno genocidio, creó el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio”, al que definió como “servidumbre a una casta privilegiada”.
–Con todo respeto, señor –se sale de la vaina un paisano de ojos claros, boina negra, bordado de Malvinas–. Lamento lo de las señoras y lo del chico, pero fue una guerra entre hermanos –dice y se esfuerza para evitar reivindicarse como guerrero, como lo había hecho en privado.
–No fue una guerra, fue un genocidio. No se aplicó ninguna ley –le explica Pimentel, que se explaya en tono firme y didáctico. Recuerda que “el servicio militar fue suspendido, no abolido”, critica sin dar nombres el proyecto del ex liceísta Julio Cobos para reinstalarlo con leve maquillaje y es premiado con un aplauso sonoro, no unánime.
Llonto, abogado y periodista, habla del valor de la verdad. “Toda religión, filosofía, escuela, las maestras y los padres, enseñamos que se debe decir la verdad. Eso buscamos en los juicios, eso niegan los militares”, explica, y cita a Luis Patti como ejemplo de suprema cobardía: “Cuando reinaba la impunidad dijo que había matado a ‘tres subversivos’. Ante la Justicia lo negó”. Cuenta que en la causa Campo de Mayo declararon quinientos colimbas y convoca a los presentes a dar testimonio.
–No todos los de los derechos humanos piensan como ustedes –agradece un hombre conmovido–. La señora de Bonafini nos tildó de cómplices. El diputado Carlotto nos preguntó por qué no desertamos. “Porque nos mataban”, le respondimos.
–Sus palabras son las que repetimos desde hace años –acota el veterano del Beagle dirigiéndose a Pimentel–. No somos ex combatientes, somos testigos y por ende víctimas del terrorismo de Estado.
–Claro que son víctimas, más allá de que algunos se engancharon después en grupos de tareas y compartieron su ideología –recuerda Pimentel, y desata la reacción del camarógrafo amateur.
–¿Estuviste bajo presión alguna vez?
–No.
–¿Sabés lo que es aguantar siete minutos con la cabeza en la mierda? Fui soldado tres años, tengo compañeros desaparecidos, el 82 por ciento del cuerpo con incapacidad por la picana y también fui a patear puertas, año ’74, ’75. Te ponían un fusil en la mano y te sacaban a buscar subversivos. No defiendo a unos ni a otros, pero nos usaban de pantalla. ¿A quién creés que mandaban al frente?
Los familiares de desaparecidos miran sin pestañear.
“Fue una guerra no convencional”, continúa, en línea con los teóricos del genocidio. “Supuestamente yo salí a matar a tu tío, pibe. Salíamos a levantar gente, a patear puertas, a tirar. Fuimos instruidos para ir a matar, eso es ser soldados”, termina, tenso pero aliviado.
La reunión duró varias horas. Concluyó con intercambios de teléfonos y promesas de estrechar el diálogo con querellantes y organismos de derechos humanos para aportar información a la Justicia.
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Un paso adelante
Algunos fueron secuestrados en los propios cuarteles. Otros en sus casas, durante alguna salida. Algunos fueron vistos en cautiverio. A la mayoría se le perdió el rastro para siempre. El mismo Estado terrorista que se los llevó los declaró desertores. Treinta años después, el Ministerio de Defensa decidió adecuar los registros de las Fuerzas Armadas a la realidad: en cada documento donde figure la palabra “desertor” deberá decir “detenido-desaparecido” y el número del correspondiente legajo Conadep. La primera lista difundida por Defensa, surgida de información brindada por las tres fuerzas, incluye a 43 víctimas. “Hemos encontrado otros casos que aún no fueron detectados en los legajos, pero de todas formas es un paso adelante”, consideró el abogado Pablo Llonto, que formuló el pedido en diciembre pasado, en nombre de familiares de cinco ex conscriptos desaparecidos. “Que las Fuerzas Armadas adecuen sus registros es un pequeño avance, aunque debe hacerse una reparación al menos administrativa en todo el Estado –concluyó–. Falta que por ley los padrones los designen como detenidos-desaparecidos, que todas las universidades incluyan esa figura en sus registros, y que en la administración pública no figuren más como abandonando el trabajo o cesanteados.”
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