En TOF--5 en su laberinto

Denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo para que se investigue a los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli por autorizar al apropiador Juan Antonio Azic a oficiar de "padrino de boda" de su botín de guerra en base a la "relación paterno-filial" entre víctima y victimario.

Por Diego Martínez

A principios de agosto, a espaldas de fiscales y abogados querellantes, el Tribunal Oral Federal 5 que juzga a Astiz, Acosta & Cía. autorizó al ex prefecto Juan Antonio Azic a oficiar de “padrino de boda” de una de las dos mujeres que se apropió en la ESMA durante la dictadura. La decisión de Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli, fundada en lo que denominaron “relación paterno-filial” entre víctima y victimario, se frustró porque la información se filtró y el Ministerio Público reclamó la intervención del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga la sustracción, retención y ocultación de Carla Silvana Valeria Ruiz Dameri, quien rechazó de inmediato el beneficio porque “implicaría que los delitos por los cuales se encuentra acusado Azic sigan produciendo sus efectos en el tiempo”. Ante las pruebas que sugieren que los magistrados “sabían muy bien” del “vínculo inexistente” entre apropiador y víctima, y la maniobra “para justificar lo injustificable” sin control de las partes, Abuelas de Plaza de Mayo denunció a los jueces del TOF 5 ante el Consejo de la Magistratura para que se los investigue por posible mal desempeño.

Azic crió como hijas propias a Ruiz Dameri y a Victoria Donda, ambas nacidas durante el cautiverio de sus padres en la ESMA. El ex prefecto que hoy escuchará su sentencia por tres secuestros y torturas está procesado por decenas de crímenes que todavía no llegaron a juicio, afronta en estos días otro juicio junto a Videla & Acosta por su participación en el plan sistemático de robo de bebés y tiene procesamiento firme por falsificar la partida de nacimiento y criar como propia a la hija de los desaparecidos Orlando Ruiz y Silvia Dameri.
Los jueces del TOF 5 fundaron la autorización para que Azic asista a la boda en “el deseo” de los “futuros cónyuges”, en la supuesta “relación paterno-filial” y en la obligación de “facilitar y estimular” las relaciones del imputado “con su familia” y de permitirle cumplir con sus “deberes morales”. Abuelas “no juzga los sentimientos” de la víctima, sostiene el escrito que firma Estela de Carlotto, pero sí cuestiona “que el tribunal haya asumido la tarea de ‘facilitar y estimular’ relaciones que, lejos de ser familiares, tienen como antecedente un gravísimo crimen”. Los abogados Alan Iud y Agustín Chit destacan que la partida de nacimiento falseada por Azic fue anulada cuando se comprobó la apropiación, en 2008, pero que los jueces no reclamaron constancias del vínculo “porque sabían muy bien que es inexistente”.
En línea con la posición del Ministerio Público al conocer la decisión del TOF 5, Abuelas destaca que los beneficios para cumplir “deberes morales” se aplican en “casos de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares”, no de bodas, y siempre que no existan “serios y fundamentados motivos para resolver lo contrario”. “Cabe preguntarse si el pedido de salida realizado por el perpetrador de uno de los crímenes más aberrantes, como es la sustracción y sustitución de la identidad de niños nacidos en el cautiverio de sus padres desaparecidos, no es una situación seria y fundamentada”, plantean, y solicitan que se sancione a los magistrados por “beneficiar indebidamente a un apropiador”.

Harguindeguy, sin condena, suma otra orden de detención

El arresto del ex ministro del Interior de la dictadura, quien cumple prisión domiciliaria por otra causa, lo dictó el juez Daniel Rafecas. Lo responsabilizó por los crímenes cometidos en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo.

Albano Eduardo Harguindeguy fue el máximo responsable político-militar de la Policía Federal.

A los 84 años, aún sin condena, arrestado en un lujoso chalet en calle Eva Perón 1331 de Los Polvorines gracias a sus problemas de salud, el ex ministro del Interior de la dictadura Albano Eduardo Harguindeguy sumó ayer una nueva orden de detención, esta vez como máximo responsable político-militar de la Policía Federal. El juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, responsabilizó al ex general de división por secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo. La resolución abarca también a los ex comisarios Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, ambos condenados a prisión perpetua por la Masacre de Fátima, y a los menos conocidos Antonio Doval y Eduardo Norberto Comesaña, quienes ya están presos en el penal de Marcos Paz.

Jefe de la Policía Federal designado en 1975 por la presidenta María Estela Martínez de Perón, Harguindeguy tuvo un rol central en la planificación del golpe y la toma del Estado y fue el ministro político durante cinco de los siete años de la dictadura. En 2003 admitió los secuestros, torturas y asesinatos de detenidos cometidos por las Fuerzas Armadas durante una entrevista con la periodista francesa Marie-Monique Robin. “Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto”, recordó. Contó que los militares argentinos aprendieron los métodos a partir de la experiencia francesa en Argelia e Indochina y consideró que las violaciones masivas a los derechos humanos constituyeron “un error político”. Su consecuencia fue que “ganamos la guerra pero perdimos la paz”, dijo.
El ex ministro de Videla & Massera tiene arresto domiciliario desde julio de 2004 por su actuación en el Plan Cóndor. La causa se elevó en 2007, pero el proceso oral aún no comenzó. También está en condiciones de ser juzgado en una causa de Entre Ríos conocida como Area Concordia, que se elevó en octubre de 2010 y todavía no tiene fecha de inicio. Tiene procesamientos confirmados en segunda instancia por las cámaras federales de Córdoba (causa Roselli), de San Martín, por el secuestro y la desaparición de Roberto Quieto en diciembre de 1975, y de Buenos Aires, por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim en 1977, causa en la que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem. En La Rioja fue indagado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli.
El juez Rafecas responsabilizó a Harguindeguy en 34 homicidios y más de doscientos casos de secuestros y torturas en Coordinación Federal, cuyo centro de detención funcionó en el tercer piso de Moreno 1417, y Garage Azopardo, en el edificio de Chile y Huergo, donde hasta hace meses se tramitaban los pasaportes. El ex miembro del gabinete de la primera junta militar será indagado entre otros casos por la Masacre de Fátima, como pasó a la historia el homicidio de treinta cautivos de Coordinación Federal que fueron trasladados, fusilados y dinamitados en Pilar en agosto de 1976.
Por los delitos en Coordinación Federal, el juez también indagará al Francés Lapuyole –quien cumple condena en su casa–, a Gallone, Doval y Comesaña. Antonio Doval fue uno de los guardias de los secuestrados en los calabozos del tercer piso, donde utilizaba el alias de Gato. Comesaña era auxiliar de inteligencia y su nombre de cobertura para no ser identificado por sus víctimas era Esteban Cruces. De su legajo surge que fue ascendido por su actuación en un “procedimiento antisubversivo” en junio de 1977.
Harguindeguy y Comesaña serán indagados, entre otros crímenes, por la fabricación de un falso “operativo antisubversivo”, seis días antes del golpe de Estado, en el que fueron ametrallados dos hombres y dos mujeres previamente secuestrados. El montaje, que se publicitó en la prensa como un “enfrentamiento armado”, ocurrió en calle Labardén al 300 y las víctimas, masacradas con más de cien disparos de ametralladoras adentro de un auto, fueron Norberto Gómez, Elena Kalaidjian, Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar. El juez considera probado que los cuatro habían sido secuestrados en las semanas previas. Por testimonios de sobrevivientes de Garage Azopardo, pudo saber también que el médico Gómez fue obligado a atender a otros secuestrados luego de las sesiones de tortura, y que Kalaidjian, de 22 años y origen armenio, debió auxiliarlo en las curaciones precarias que hicieron en cautiverio. Panebianco había sido secuestrado junto con su pareja, María Fernández Martínez Suárez, sobrina de la octogenaria animadora Mirta Legrand. Por los cuatro asesinatos también será indagado Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente del Batallón de Inteligencia 601, condenado el año pasado por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo.

Perpetua para los asesinos de Paco Urondo

Cuatro ex policías del D2 fueron condenados a cadena perpetua, un militar recibió doce años y otro fue absuelto. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas el poeta y periodista Francisco Urondo.

Después del fallo de ayer, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240.

Por Diego Martínez

Frente a un centenar de personas de pie, en silencio, unos con puños apretados, otros con fotos de sus seres queridos en alto, amuchados detrás del blindex que los separaba de los victimarios, el juez Juan Antonio González Macías leyó ayer el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza: prisión perpetua en cárcel común para cuatro ex miembros del D2 de la policía provincial, doce años de prisión para un militar (imputado en un solo caso) y absolución para un ex oficial de Inteligencia. “Son asesinos, torturadores, violadores y ladrones”, resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que supo conmover a la sala cuando relató su cautiverio. “Pero tuvieron un juicio justo”, completó ante un periodista local. Con las sentencias de ayer, más la del coronel Alejandro Duret, expulsado de Chile luego de tres días de vacaciones, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.

El proceso que condujo durante once meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, en el que declararon más de doscientos testigos, fue el segundo de la provincia y el tercero en Cuyo. Arrancó el 17 de noviembre de 2010 con diez acusados, aunque sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de cárcel, en tanto fue absuelto el entonces teniente coronel Paulino Furió. Durante el juicio quedaron fuera de juego, aunque no de la historia, el fallecido general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el ex oficial del D2 Armando Osvaldo Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos gracias a sus problemas de salud.

Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más conocido es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 en una cita envenenada que terminó con el secuestro de su esposa Alicia Raboy y de su hija Angela, operativo del que René Ahuali logró huir pese a las heridas. También se condenó por las desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Angel Bustelo.

Un día histórico

Más de 250 personas se concentraron a primera hora frente al tribunal mendocino. Un centenar pudo seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez, que sustituyó a Héctor Cortez, en reposo con tendinitis. “Antes de dar lectura al fallo, quiero reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias”, arrancó el presidente. En la sala había sólo tres imputados: Furió, Smahá y Lucero.

El silencio contenido durante la lectura estalló luego en llantos y abrazos. “¡30 mil compañeros desaparecidos!”, “¡Presentes!”, se recordó a las víctimas. “Justicia es esto: condenar con pruebas como se condenó”, celebró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. “Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces”, reflexionó ante El Sol online. “Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos conviviendo con los genocidas en la calle”, reflexionó Angela Urondo, hija de Paco. “Hoy están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante”, explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.

“Las cosas van quedando en su lugar y quienes cometieron los peores crímenes están donde tienen que estar”, reflexionó Alfredo Guevara, querellante e hijo del abogado homónimo que impulsó las causas en los ’80. “Es un día contradictorio: por un lado estoy contenta, pero sentir que Rafael y Nora no están es un dolor inmenso. Yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros”, lamentó Monserrat Olivera, hermana de Rafael.

Quién es quién

- Juan Agustín Oyarzábal, ex segundo jefe del D2, organizó el operativo que terminó con el asesinato de Urondo. Oyarzábal, que ya en 1975 ofreció su Ford Falcon para hacer procedimientos clandestinos, fue distinguido según su legajo por “desbaratar bandas de delincuentes subversivos”.

- Eduardo Smahá Borzuk, alias “Ruso”, encabezaba el sector de operaciones del D2 junto con Oyarzábal y Lucero. Fue reconocido por la testigo René Ahualli entre quienes mataron a Urondo. Oyarzábal y Smahá eran quienes conducían los interrogatorios junto con Armando Fernández, alias “Piqui”.

- Luis Alberto Rodríguez Vázquez, alias “Pájaro Loco”, era el responsable de Inteligencia del D2, que se ocupaba de estudiar a los futuros blancos del grupo de tareas. Rodríguez Vázquez admitió en 1987 que se encargaba de “la sección investigación de la información”, donde se procesaban los datos que obtenían quienes se infiltraban en distintas organizaciones. Su tarea no fue sólo de escritorio. La sobreviviente Ahualli lo reconoció como quien manejaba el auto que persiguió y alcanzó a Urondo.

- Celustiano Lucero, alias “Mono”, cabo primero a mediados de los ’70, fue quien mató a Urondo al golpearlo detrás de la cabeza con su arma reglamentaria, dato que él mismo confesó mientras intentaba defenderse. Un sobreviviente del D2 lo reconoció entre sus torturadores.

- El teniente Dardo Migno, condenado a doce años de prisión, era jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y estaba imputado por un solo caso de secuestro seguido de torturas.

- El entonces teniente coronel Paulino Furió, jefe de la División Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, estaba imputado por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca. Su absolución sería por la falta de certezas sobre dónde ocurrió el secuestro. De todas formas, Furió seguirá con prisión preventiva por otros delitos.

PáginaI12: a la era digital con DOS

Los trabajadores de PáginaI12 retiramos hoy las firmas en repudio a la falta de respuesta al reclamo de Internet en cada puesto de trabajo. Mientras la dirección del diario lamenta la muerte de Steve Jobs, se babea con tweets de políticos, celebra la entrega de netbooks por “la importancia en la era digital” y estrena la sección de Cultura Digital, hacia adentro hacemos periodismo con DOS y Word Perfect, en computadoras sin parlantes ni lectora de CD, ni conexión a Internet.

Reparaciones, justicia y memoria

Partiendo de una “sociedad sensibilizada con la memoria”, el encuentro buscó comparar políticas y resultados, y entender los conceptos que rigen en el continente la búsqueda de reparar injusticias y crímenes.

Por Diego Martínez

Jozami y Viz Quadrat en el cierre del encuentro.

“Una política de memoria es inseparable de la ampliación de derechos humanos, pero el genocidio no empezó con Videla. Tenemos que hacernos cargo de reparar también la injusticia y la opresión a lo largo de nuestra historia, y una sociedad sensibilizada con la memoria, la verdad y la justicia nos parece la mejor garantía para llevar adelante ese proceso de ampliación del concepto de derechos humanos.” La reflexión de Eduardo Jozami, director del Centro Cultural Haroldo Conti, fue el cierre del IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria, que concluyó anoche en el predio de la ex ESMA.

La conferencia intentó abarcar una mirada regional sobre el tema. La abrió Samantha Viz Quadrat, historiadora del Núcleo de Estudios Contemporáneos de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. La investigadora resumió las dificultades de Brasil para poner fin “a 21 años de silencio” y que “la sociedad pueda reflexionar sobre ese silencio”. Destacó las iniciativas de la presidenta Dilma Rousseff de crear una Comisión por la Verdad y un Plan Nacional de Derechos Humanos, y en particular el programa “Memorias Liberadas”, que apunta a permitir el acceso a documentación del gobierno militar, que sigue vedada incluso a los investigadores.

El uruguayo Alvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, remarcó “el sostén civil y político de la impunidad en Uruguay”. Repasó la Ley de Caducidad, los dos plebiscitos que la legitimaron y la “teoría del maligno” que atribuyó a la guerrilla la responsabilidad por los crímenes de la dictadura. Rico marcó el giro con el ascenso de Tabaré Vázquez, quien “encontró una interpretación de la ley para que la Justicia pudiera actuar en algunos casos” (hay apenas 18 militares, policías y civiles procesados o condenados), y el intento frustrado “por las contradicciones al interior de la izquierda gobernante” para anular este año los efectos de caducidad. Celebró el fallo Gelman de la Corte Interamericana que obliga al Estado a investigar y juzgar en plazos razonables, pero advirtió que el próximo 1º de noviembre “prescribirán todas las causas en curso por violaciones de derechos humanos” durante la dictadura uruguaya.

Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, resaltó que “considerando la renuncia del Poder Judicial a investigar las violaciones a los derechos humanos, un eje obligado de las políticas de memoria ha sido establecer la verdad”. Repasó el rol de las comisiones investigadoras (contabilizaron 41.470 víctimas de graves violaciones, incluidos 3216 desaparecidos y ejecutados) y las distintas formas de reparación material o simbólica, como los pedidos de perdón o los memoriales. A nivel judicial marcó el quiebre que significó la detención de Pinochet en 1998 y precisó que hay 1446 causas abiertas.

Jozami propuso “problematizar” los conceptos: “¿Estamos seguros de que queremos establecer una verdad única sobre los ’70?”. “Lo importante es que el proceso político siga dejando lugar para un pluralismo político notable porque hemos vivido una operación criminal, pero también un operativo de ocultamiento de una magnitud inimaginable.” “La discusión sobre la memoria es aún más complicada”, planteó. Recordó que “en la historia hubo más propagandistas del olvido que de la memoria”, diferenció dos etapas recientes en políticas de memoria (primero “el predominio de la víctima” al margen de los motivos, luego “el recuerdo no de víctimas sino de héroes”) y se esperanzó con la idea de que “estamos pasando la segunda etapa para encontrarle un sentido a la historia, para entender el proceso de lucha popular que derivó en el golpe de Estado como respuesta de disciplinamiento a una sociedad activa, movilizada y cuestionadora”.

Duret, a la sombra de la cordillera

Por Diego Martínez

Alejandro Duret había sido absuelto en primera instancia, pero la Cámara revirtió la decisión.

Atravesar la cordillera para esperar en Chile decisiones cruciales sobre sus futuros parece ser una nueva costumbre de los imputados por crímenes de lesa humanidad. La inauguró un mes atrás el ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que al día siguiente fue suspendido por el Consejo de la Magistratura. El domingo siguió sus pasos el coronel retirado Alejandro Duret, condenado un día después a quince años de prisión por la Cámara Nacional de Casación Penal. Igual que el cuyano, el militar responsable de secuestrar, torturar y desaparecer a Carlos Labollita en 1976 era técnicamente inocente y no tenía prohibición para salir del país. Hasta anoche ni siquiera tenía orden de captura, pedido que formuló el jueves el fiscal federal Daniel Adler y sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La pregunta obligada es si el viaje de Duret es pura coincidencia, si el oficial de Inteligencia del Ejército Argentino seguirá el ejemplo de Romano para buscar refugio e impunidad en los pagos de Sebastián Piñera, o si ya cruzó también el Pacífico y pronto sumará su nombre al de otros cuarenta represores prófugos.

Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos coincidieron en destacar el valor de la decisión de la Sala IV de Casación. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron “competencia positiva” en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que los jueces Nelson Jaranzo y Alejandro Smoris lo dejaron en libertad.

Duret fue absuelto a mediados de 2009, cinco días después de la derrota electoral de kirchnerismo. El 9 de agosto último se realizó la audiencia pública en la que fiscales y abogados pidieron su condena en nombre de los familiares de la víctima, y militares retirados y allegados hicieron acto de presencia junto con Cecilia Pando. Comenzó entonces la cuenta regresiva para que Casación se pronunciara. Según el Código Procesal Penal, la Sala IV debió convocar a Duret en persona para conocerlo antes de fallar. La audiencia, sobre la cual el Ministerio Público Fiscal nunca fue notificado, se habría realizado a principios de mes.

El lunes, Casación firmó la condena y ordenó notificar al Tribunal Oral marplatense. El miércoles la noticia trascendió extraoficialmente. El jueves al mediodía, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, les solicitó a los jueces que ordenaran la prohibición de salir del país para Duret. Cuando los representantes del Ministerio Público apuntaron el nombre del condenado en los registros de Migraciones (también son accesibles a los jueces) se encontraron con la novedad del viaje a Chile. Por la noche, el fiscal Adler pidió la captura nacional e internacional, sobre la que debe pronunciarse ahora el TOF de Mar del Plata, acotado esta vez a Carlos Rozanski dado que Esmoris y Jarazo están de licencia y se reponen de un accidente automovilístico ocurrido el martes.

Duret cruzó la frontera por Mendoza, como Romano, pero no en avión sino en auto. Según los registros de Migraciones, viajó en un Peugeot 206, patente EVC743, junto con un militar y su esposa. Se trata de Héctor Osvaldo Miranda, que en 2003 ascendió a teniente coronel, y su esposa Ana María Groppa, ambos radicados en el barrio de oficiales del Grupo de Artillería de Montaña 8 de Mendoza. Miranda tiene 56 años, edad con la que podría permanecer en actividad en el Ejército, aunque según bases de datos empresariales está abocado a tareas privadas en un rubro sensible a los uniformados: preside la agencia de seguridad Kustos. Migraciones también registró el retorno del matrimonio, apenas dos horas después, pero entonces a solas, sin Duret, que ya se había hecho una escapada al país trasandino el 17 de septiembre.

Funcionarios chilenos afirmaron durante el último mes que Chile respeta los derechos humanos. Tanto sus normas internas como el derecho internacional establecen que el status de refugiado no incluye a acusados (menos aún condenados) por delitos de lesa humanidad. Los trámites previstos para quien solicita el refugio, sin embargo, le permiten a Romano ganar tiempo y burlar la cárcel. En los próximos días se sabrá si el del camarista es un caso aislado o si Duret decidió acompañarlo.

Casación: 15 años para Duret. ¿Primer condenado prófugo?

Por Diego Martínez

Luego de 35 años de impunidad, incluidos 27 meses de changüí por cortesía de los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, el coronel retirado Alejandro Duret fue condenado a quince años de prisión por secuestrar, torturar y asesinar a Carlos Alberto Labolita, ex militante de la Juventud Peronista. Se trata de la primera sentencia condenatoria por delitos de lesa humanidad de la Cámara Nacional de Casación Penal, que revocó la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, cinco días después de la derrota electoral del kirchnerismo a mediados de 2009. Hasta anoche no había novedades sobre el paradero del militar.

La absolución del ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, donde transcurrió el cautiverio de Labolita, fue celebrada hace dos años por represores y cómplices como el comienzo del fin de los procesos por delitos de lesa humanidad. Las pruebas contra Duret eran contundentes. El 27 de abril de 1976 recibió a Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron una constancia de la entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto la noche del golpe de Estado cuando secuestraron a su esposo y a quien identificó luego como Duret, dato que confirmó durante un careo en 1985.

Pero nada logró conmover a Esmoris y Jarazo, que en línea con los argumentos del abogado Gerardo Ibáñez pintaron a Duret como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor del regimiento, desacreditaron el relato de la madre de la víctima, que ya no estaba viva para ratificarlo, y prescindieron de los testimonios de los policías que entregaron a la víctima en Azul por considerarlos potenciales imputados. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribieron los fiscales Daniel Adler y Horacio Azzolín al apelar el fallo. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizaron.

El mes pasado, en una audiencia oral y pública ante la Sala IV de la Cámara de Casación, el fiscal Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron las incongruencias de la absolución y la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena del militar. La sala colmada del tribunal dejó en evidencia, aquel 9 de agosto, la expectativa que generaba el caso: no sólo estuvieron presentes los familiares y amigos de las víctimas de la dictadura en Las Flores, sino también la apologista del genocidio Cecilia Pando y un grupo de militares retirados.

La resolución de los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda trascendió el miércoles, pero recién ayer fue confirmada por fuentes judiciales, y hasta anoche no había sido difundida por la agencia de prensa del Poder Judicial. A la histórica condena de Casación se sumó ayer otra mala noticia para los nostálgicos de la capucha y para el abogado Ibáñez: la Cámara Federal, con votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva del ex piloto naval Julio Alberto Poch por su participación en los vuelos de la muerte. “Los enjundiosos argumentos” de Ibáñez, apuntaron los camaristas, “no han logrado desvirtuar el cuadro cargoso” contra el marino.

El fiscal Palermo pidió la captura del ex juez Romano

Procesado como partícipe necesario en un centenar de delitos de lesa humanidad, Romano se fue a Chile, donde pretende que se lo considere un refugiado político. Según el texto de la ley, sus posibilidades son pocas.

Por Diego Martínez

Otilio Romano está procesado en un centenar de secuestros, torturas, robos de bienes y desapariciones.

Mientras la dirigencia chilena comienza a tomar partido sobre el pedido de refugio del ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que huyó del país ante su inminente desafuero, el fiscal general Omar Palermo le pidió ayer al juez federal Walter Bento que declare en rebeldía y ordene la captura internacional del fugitivo, quien a juzgar por la ley sobre protección de refugiados de Chile tendría pocas chances de obtener el asilo político. Más allá de los ocho meses de visado temporario que concede automáticamente a cualquier solicitante, la norma que refrendó en abril del año pasado el propio presidente Sebastián Piñera excluye del régimen de protección a toda persona sobre quien existan “fundados motivos” sobre su participación en “delitos contra la humanidad” como Romano, procesado como partícipe necesario en un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones.

La intención del gobierno chileno, según fuentes del entorno de Piñera citadas ayer por el diario La Nación, sería expulsar a Romano del país. La decisión, de ser cierta, demorará no menos de un mes. Según la ley 20.430 sobre protección de refugiados, la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiados (CRCR) no tiene un plazo perentorio para pronunciarse, aunque en caso de decidir la expulsión debe conceder treinta días al interesado para que gestione su admisión en un país más generoso.

El secretario general de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, propuso ayer canjear a Romano por el ex guerrillero Sergio Galvarino Apablaza, asilado político en la Argentina. Como si fueran bandas que intercambian rehenes, el dirigente de los ultraderechistas que integran el gabinete de Piñera planteó abiertamente que “si la Justicia argentina quiere al juez Romano, debe entregar (sic) a Galvarino Apablaza a la Justicia chilena”. El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, descartó la hipótesis. “No es posible, sería violar la ley”, respondió. El diputado Hugo Gutiérrez, ex miembro de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, le pidió al Ministerio del Interior que expulse al ex juez de su país. “No se le puede dar asilo político a un acusado de lesa humanidad”, remarcó el diputado del Partido Comunista.

La ley sobre refugiados chilena concede el derecho a quienes tengan “fundados temores de ser perseguidos”, pero excluye en su artículo 16 a los imputados en “delitos contra la paz, de guerra o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional ratificado por Chile”. El artículo 31 ordena a la comisión recopilar información del país de origen, donde Romano tiene procesamiento confirmado en segunda instancia; el 33 obliga al solicitante a “decir la verdad” y el 34 encomienda a la Comisión Interministerial a apreciar las pruebas “conforme a la sana crítica”. Si bien no se conocen los argumentos presentados por Romano, no le resultará fácil convencer a los funcionarios chilenos de ser un “perseguido político” cuando hasta hace 17 días presidía uno de los tribunales más cuestionados del país por entorpecer causas sobre represores.

El fiscal Palermo, en tanto, le pidió al juez Bento que ordene la captura de Romano. El coordinador de la Oficina de Asistencia en causas de lesa humanidad de Mendoza, que el 12 de agosto pidió la elevación a juicio de la causa que tiene al ex juez como imputado, destacó la “clara y manifiesta voluntad contraria al sometimiento a proceso” por parte de Romano, que huyó del país sin informar al tribunal que lo procesó y no se presentó ante la citación por medio de sus abogados. Palermo resaltó que la inmunidad de arresto protege “la ‘función’ judicial” que Romano abandonó al fugarse, pero no puede “blindar de impunidad a la persona del funcionario”.

Cuando pa’ Chile me voy es que fugándome estoy

Cuando era inminente su suspensión como juez y su pérdida de fueros, Otilio Romano se fugó a Chile. Interpol informó a la Justicia argentina que allí obtuvo una visa por ocho meses y pidió estatus de refugiado.

Por Diego Martínez

Romano y el camarista Petra brindando con champagne luego de un fallo que liberó a los represores cuyanos.

Durante un año y medio dilató con éxito el proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y la pérdida de los fueros que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión de LAN rumbo a Chile. Ayer, mientras la noticia del camarista fugitivo circulaba en los medios trasandinos, Interpol le informó a la Justicia argentina que Otilio Romano, flamante ex juez con procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, se encuentra “con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades” chilenas. El próximo paso corresponde ahora al juez mendocino Walter Bento, en condiciones de pedir su captura internacional con fines de extradición. La última palabra la tendrá la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Chile, integrada por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera. El Consejo de la Magistratura, que suspendió a Romano y ordenó un jury de enjuiciamiento por su actuación en el terrorismo de Estado, se reunirá “de urgencia” el próximo jueves para considerar la suspensión del pago de haberes ante “la intención evidente de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción”.

La noticia sobre el pedido de refugio de Romano despertó ayer suspicacias respecto del uso político que el gobierno de Piñera pueda hacer del caso, sobre todo a partir del asilo que la Conare argentina le otorgó el año pasado al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien Chile pretende juzgar por un asesinato y un secuestro en 1991. El gobierno chileno, patrocinado por un estudio de abogados argentinos, se presentó días atrás ante la Justicia en lo contencioso administrativo para intentar revertir la decisión de la Conare. Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que “la presentación es técnicamente un disparate, porque el asilo es una decisión política que se funda en la oportunidad, el mérito y la conveniencia de quien tiene la facultad para ejercerla”, aunque no descartaron que Piñera utilice el caso “para devolver gentilezas”.

Salvo que Chile decidiera expulsar a Romano, decisión poco probable dado que no ingresó al país ilegalmente, el proceso para que el imputado retorne a la Argentina podría demorar semanas e incluso meses. Si bien no se conoce el escrito que el ex juez presentó para pedir refugio, abogados con experiencia en trámites de extradición consultados por este diario dieron por descontado que se presentó como “un perseguido político”, en línea con la carta pública que difundió desde el diario Los Andes en octubre de 2010, cuando vinculó el avance de la investigación sobre su pasado con el fallo de la Cámara Federal que convalidó la suspensión de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. Esa hipótesis fue desbaratada de inmediato por los organismos de derechos humanos de Mendoza, cuando recordaron que ya en enero de 2010 habían denunciado penalmente y habían pedido la destitución de Romano y de su entonces colega Luis Francisco Miret por su “compromiso ideológico” y su participación en “la persecución sistemática de la población civil emprendida por el régimen militar”.

Romano se convirtió en fugitivo para la Justicia el miércoles a las 13, cuando venció el plazo de 48 horas que el juez Bento le había fijado para demostrar que continuaba “sujeto a proceso”. Ayer por la mañana, antes de que el juez alcanzara a pedirle autorización al Consejo para dictar la orden de captura, la oficina de Interpol en Buenos Aires le informó que Romano “se encuentra en la República de Chile, con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades del citado país”.

Bento le informó la novedad al Consejo de la Magistratura, que el viernes 25 lo había suspendido y había designado a dos consejeros para que prepararan la acusación ante el jury de enjuiciamiento. La suspensión implica que el magistrado no puede concurrir a su trabajo ni firmar resoluciones, pero sí mantener su salario, su obra social y el tratamiento especial que se dispensa a Sus Señorías. Ante la novedad, el presidente del organismo, Mario Fera, convocó al resto de los consejeros para el jueves a las 10 con el fin de tratar “la propuesta de suspensión del pago de haberes al doctor Otilio Irineo Roque Romano”. Fera recordó que ayer venció “el plazo otorgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Romano para su presentación”, y al no presentarse le dio traslado al defensor oficial. “Deberían destituirlo de una vez, ahora no sólo por su participación en crímenes de lesa humanidad, sino por sustraerse a la Justicia, una conducta inadmisible en un magistrado”, opinó el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Cuyo.

Al margen de lo que decida el Consejo de la Magistratura, los próximos pasos están ahora en manos del juez Bento. Una vez que el magistrado pida la captura internacional, Cancillería deberá comenzar a tramitar la extradición. La Conare chilena deberá analizar entonces los argumentos de Romano y las pruebas provenientes de la Argentina, donde ya estaba en condiciones de afrontar su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. El organismo del que dependerá la suerte del ex hombre fuerte de la Justicia cuyana está integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, de Justicia, de Desarrollo Social y por el canciller de Chile. La principal diferencia con la Argentina y la mayor parte de los países de la región es que no cuenta con representantes del Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.

Otilio Romano, flamante fugitivo

El ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza dejó el país cuando el Consejo de la Magistratura iba a suspenderlo por su participación en delitos de lesa humanidad. El juez Bento solicitaría hoy autorización al Consejo para pedir la captura internacional.

Por Diego Martínez

Otilio Romano se fue a Chile el pasado 24 de agosto.

Otilio Roque Romano, hombre fuerte del Poder Judicial de Mendoza desde el retorno de la democracia, es desde ayer formalmente un fugitivo. El ex presidente de la Cámara Federal cuyana se fugó en realidad el jueves 24 de agosto, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo por su participación en delitos de lesa humanidad, sólo que ayer a las 13 venció la intimación para presentarse que el juez federal Walter Bento le informó a su abogado, luego de que trascendiera que el ex magistrado había cruzado la frontera. Bento pediría hoy autorización al Consejo para dictar la orden de captura internacional de Romano, medida que aceleraría el proceso de destitución. Paradójicamente, la presidencia de la Cámara quedó en manos de Julio Demetrio Petra, el mismo juez que después de liberar a todos los represores cuyanos y de recusar a Bento fue fotografiado mientras celebraba con champaña en un bar de la capital mendocina con su amigo Romano, compañero de tribunal durante más de dos décadas.

Romano tiene buenas razones para convertirse en prófugo: el juez Bento y luego la propia Cámara, integrada por jueces subrogantes, lo procesaron como partícipe necesario en más de un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bie-nes y desapariciones protagonizadas por militares y policías entre 1975 y 1983, mientras se desempeñaba como fiscal federal y eventualmente como juez subrogante. Logró esquivar la cárcel gracias a los fueros que le quitaron horas después de la fuga.

El mendocino no es el primer magistrado que se esconde para burlar a su propia corporación ante el avance de investigaciones sobre la complicidad de los jueces con el terrorismo de Estado. El primero fue Guillermo Federico Madueño, juez hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5, que hoy juzga a los represores de la ESMA, fallecido hace un año. A diferencia de Romano, el Consejo de la Magistratura no pudo investigar el rol del ex juez federal de Bahía Blanca en el encubrimiento de los crímenes de las Fuerzas Armadas porque el entonces presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia. Madueño estuvo prófugo más de medio año, asistido por una empleada del propio TOF-5. Pasó sus últimos diez meses de vida preso aunque no llegó a ser indagado gracias a sus problemas de salud, a las gestiones de sus íntimos en Comodoro Py (su hermano, Raúl Madueño, esjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal) y a la negativa del juez federal bahiense Alcindo Alvarez Canale de trasladarse a Buenos Aires.

Romano tuvo menos suerte, sobre todo después de confirmar como camarista el fallo de la jueza Olga Pura Arrabal que suspendió la aplicación de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. La medida cautelar que presentó el diputado nacional del PJ disidente Enrique Thomas había sido patrocinada por el ex juez federal Luis Leiva, quien compartió con su amigo Romano el vuelo de LAN Chile que el jueves 24 lo dejó en Santiago. El viernes 25 el Consejo lo suspendió por haber sido “funcional” al terrorismo de Estado. El primer indicio de la fuga lo aportó el portero de su edificio cuando informó que ya no vivía allí. Luego se supo que tenía pasaje de retorno para el 29, pero que prefirió no utilizarlo. Sus abogados Adolfo Moreno y Verónica Romano, que además es su hija, dicen desconocer su paradero. “Juez mendocino suspendido viaja a Chile para evitar juicio”, tituló ayer El Mercurio. El diario chileno informó que Interpol no registró la salida del país del flamante fugitivo.

Las patotas de Camps y Etchecolatz

Entre los acusados están el interventor en la gobernación Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único imputado civil. Se juzgan 280 casos, entre ellos los jóvenes de la Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y Jorge Julio López.

Por Diego Martínez

El centro clandestino de detención de Arana, donde fueron vistos los secundarios secuestrados en la Noche de los Lápices.

A 35 años de los crímenes, 24 de la condena al general Ramón Camps y un lustro desde la última condena al subcomisario Miguel Etchecolatz y la segunda desaparición de Jorge Julio López, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata comenzará a juzgar el 12 de septiembre a un grupo de veintiséis policías y militares por delitos de lesa humanidad en el llamado “Circuito Camps”, como pasó a la historia el conjunto de campos de concentración que comandó durante la dictadura el entonces jefe de la Policía Bonaerense. El proceso oral y público tendrá en el banquillo al interventor militar en la gobernación de la provincia, general Ibérico Saint Jean, y a su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único civil entre los imputados. Entre las 280 víctimas por las que rendirán cuentas, se encuentran los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios secuestrados durante la denominada Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y la sobreviviente Adriana Calvo, quien murió en diciembre luego de luchar durante el tercio de siglo posterior a su cautiverio para llevar a los genocidas a la cárcel. También se juzgará la masacre de calle 30 en la que policías y militares asesinaron a cuatro militantes montoneros y secuestraron a la beba de tres meses Clara Anahí Mariani, a quien desde entonces busca incansablemente su abuela María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani.

El 2 de diciembre de 1986, a un año del juicio a los ex comandantes y mientras el presidente Raúl Alfonsín se aprestaba a anunciar la Ley de Punto Final, la Cámara Federal porteña condenó a Camps y a su sucesor, el general Ovidio Ricchieri, a 25 y 14 años de prisión; al ex director de investigaciones Etchecolatz, a 23 años, y a los policías Jorge Antonio Bergés y Norberto Cozzani a seis y cuatro años, en tanto absolvió a los comisarios Luis Vides y Alberto Rousse. Lejos de la interpretación de la obediencia debida que el jefe de Estado radical intentaba imponer por medio de instrucciones a los fiscales, el tribunal destacó que “matar a un enemigo en el campo de batalla y en el fragor de la lucha no es situación que guarde identidad alguna con la de aplicar crueles tormentos a personas inermes en la tranquilidad y seguridad de cuatro paredes”.

No habían pasado seis meses cuando la Corte Suprema de Justicia, con votos de José Severo Caballero, César Augusto Belluscio y Carlos Santiago Fayt, aplicó por primera vez la Ley de Obediencia Debida de Alfonsín y absolvió por “falta de capacidad decisoria” a Etchecolatz, ex mano derecha de Camps, al médico Jorge Bergés, que controlaba que los secuestrados no murieran durante la tortura, y al resto de los subordinados. Camps y Ricchieri purgaron su condena hasta el 30 de diciembre de 1990, cuando a pesar del “día de protesta y duelo nacional” convocado por los organismos de derechos humanos y en medio de una masiva manifestación de repudio, el presidente Carlos Menem los indultó junto con los ex comandantes condenados y el ex ministro José Martínez de Hoz, entre otros.

La impunidad de los miles de policías bonaerenses que secuestraron y torturaron durante la dictadura tuvo un primer quiebre en 2004, cuando Bergés y Etchecolatz fueron condenados por la apropiación de una menor. Dos años después, tras la declaración de inconstitucionalidad de la obediencia debida, el tribunal presidido por Carlos Rozansky comenzó a jugar a Etchecolatz en el primer proceso oral y público a represores del país (luego comenzó en Buenos Aires el de Julio Simón, alias “el Turco Julián”). El 26 de septiembre de 2006, días después de la desaparición de Jorge Julio López, testigo central del proceso, el tribunal condenó al ex subcomisario a la pena de prisión perpetua, que purga en el penal de Marcos Paz.

En noviembre de 2007, en otro proceso con un solo acusado, el mismo tribunal sentenció a pasar el resto de sus días en la cárcel al capellán Cristian Von Wernich, quien a pesar de tener condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia continúa en actividad como sacerdote de la iglesia Católica. El primer proceso platense con un número significativo de imputados fue recién el año pasado y concluyó con la condena a catorce agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, encabezados por Abel Dupuy, ex director de la Unidad 9, por torturas y asesinatos de presos políticos.

La demora en concretar el primer juicio por el Circuito Camps es consecuencia de la lentitud en las instrucciones a cargo de los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, pero también de las internas en el TOF1, cuyo presidente, Carlos Rozansky, afronta un sumario en el Consejo de la Magistratura por el elevado número de causas prescriptas bajo su responsabilidad y por el maltrato a sus empleados, denunciado por el gremio de los judiciales que conduce Julio Piumato.

El juicio que arranca el 12 de septiembre se desarrollará en el teatro platense de la AMIA, donde se juzgó a los penitenciarios. Acompañarán a Rozansky los jueces Roberto Falcone y Mario Portela. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina. También participarán como querellantes abogados de Justicia Ya!, la APDH de La Plata y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Más allá de los 26 imputados que llegan a juicio por secuestros, torturas y asesinatos en la Comisaría 5ª, el Destacamento de Arana, las brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata y los centros clandestinos Puesto Vasco y COT 1 Martínez, hay ya un listado de más de cincuenta procesados del Circuito Camps en condiciones de ser juzgados, pero también de morir si el proceso judicial no se acelera.

Todos los acusados.

- Ibérico Manuel Saint Jean, 88 años, abogado y general del Ejército, ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires.

- Jaime Lamont Smart, 75 años, civil, abogado, ex ministro de gobierno de Saint Jean.

- Rodolfo Aníbal Campos, 83 años, coronel del Ejército, ex segundo jefe de la policía debajo de Ramón Camps.

- Alejandro Agustín Arias Duval, 82 años, coronel del Ejército, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.

- Miguel Osvaldo Etchecolatz, 82 años, subcomisario, ex director general de Investigaciones de la policía, condenado a prisión perpetua.

- Hugo Alberto Guallama, 64 años, changarín, ex chofer de Etchecolatz.

- Domingo Almeida, 72 años, ex sargento en la Comisaría 5ª, responsable de los calabozos.

- Luis Vicente Patrault, 82 años, ex sargento en la Comisaría 5ª, alias “Tío” o “Patrú”.

- Carlos García, 70 años, comisario retirado, ex miembro de la Unidad Regional La Plata, alias “Oso”.

- Horacio Elizardo Luján, 69 años, comisario mayor, ex jefe de la Unidad Regional La Plata.

- Eros Amílcar Tarela, 75 años, policía, alias “Capitán Trimarco”.

- Roberto Antonio Cabrera, 75 años, oficial, ex miembro de la Brigada de Investigaciones de Lanús, actuó en el CCD Puesto Vasco.

- Sergio Arturo Verduri, 65 años, comisario retirado, ex oficial de la Dirección de Investigaciones de La Plata.

- Norberto Cozzani, 59 años, ex cabo, alias “Beto”.

- Jorge Antonio Bergés, 68 años, comisario y médico, condenado en 1986 por torturador y en 2004 por apropiador.

- Rubén Oscar Páez, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP).

- Pedro Ferriole, ex jefe de la BILP.

- Miguel Kearney, subcomisario, actuó en la BILP

- Fernando Svedas, segundo jefe de la BILP.

- Bernabé Jesús Corrales, ex segundo jefe de la BILP.

- Raúl Orlando Machuca, oficial subinspector, segundo en la BILP.

- Julio César Argüello, ex cabo de la BILP.

- Mario Víctor Sita, sargento primero.

- Roberto Omar Grillo, oficial.

- Daniel Jorge Lencinas, oficial ayudante.

- Santiago Antonini, oficial.

La peor elección de su vida

La líder de la Coalición Cívica no apareció en el bunker. Adrián Pérez, su candidato a vice, salió a explicar que “la ciudadanía no nos ha votado” y felicitó “a la fórmula ganadora”. Ni siquiera Patricia Bullrich, candidata a diputada, estuvo ante la prensa.

Por Diego Martínez

Adrián Pérez dijo que las PASO “nos permitió como nunca difundir nuestro mensaje”.

Cuatro años después de anunciar que la Coalición Cívica era “la segunda fuerza nacional” detrás del Frente para la Victoria, Elisa Carrió hizo ayer la peor elección de su vida como dirigente. La chaqueña obtuvo veinte puntos menos que en 2007 y al cierre de esta edición se ubicaba en el sexto lugar entre los candidatos presidenciales, con un 3,3 por ciento de los votos, la misma cifra que consiguió María Eugenia Estenssoro en la elección porteña. El clima de anoche en el bunker de la Coalición Cívica combinó tristeza con impotencia, al punto que Carrió prefirió no dar la cara. Fue Adrián Pérez, candidato a vice, quien pasadas las diez de la noche salió a reconocer la derrota y a felicitar “al Gobierno” y a “la fórmula ganadora”, sin nombres propios. Rodeado por un puñado de dirigentes, ante las notorias ausencias de candidatos y referentes como Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay o Mario Llambías, el lilito elogió la reforma política que permitió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, dijo que “nos permitió como nunca difundir nuestro mensaje” y admitió que, a diferencia de 2007, no tenían ningún faltante de boletas que denunciar. “El problema hoy fue otro: la ciudadanía no nos ha votado.”

Carrió fue la última presidenciable en ingresar al cuarto oscuro. Al salir, calificó las Primarias como “un amistoso en términos futboleros”, aunque admitió que no sabe de fútbol. Aseguró que cualquiera fuera el resultado se sentiría “en paz y feliz”, pronosticó un lento recuento de votos y recomendó a la ciudadanía “que no digan lo que votaron, para garantizar la paz del escrutinio”. Cuando le preguntaron si había detectado irregularidades, destacó que estaba “todo en paz, todo maravilloso, todo lindo... qué sé yo, estoy bárbara, con la felicidad de haber hecho todo lo que tenía que hacer”. Anunció que se iría a almorzar y a dormir la siesta “con camisón y Padrenuestro”. “Es sagrada”, aclaró.

Cinco minutos después del cierre de la votación, Pérez se asomó ante los periodistas en el Hotel Savoy. Al mejor estilo Scioli, dijo que era “optimista en que la ciudadanía nos acompañe”, pero advirtió que había “muchas fuerzas políticas”. “Hicimos la campaña que queríamos hacer, recorrimos todo el país”, agregó, y prefirió no difundir bocas de urna ni blanquear expectativas. Durante las tres horas siguientes, los cívicos no se dejaron ver. Hubo empanadas, sandwiches, bocaditos de alta gama, notebooks para pasear por Internet, todo menos voceros de la Coalición. Ni dirigentes, ni banderas, ni militantes, ni juventud, ni simpatizantes. Sólo periodistas, reporteros gráficos, mozos y mozas almidonados.

A las 21 se conoció la primera cifra oficial: 2,97 por ciento. Mientras hablaba la Presidenta apareció el primer (y último) puñado de señoras tristes. Los cronistas arriesgaban títulos de Carrió: “Fraude en todo el país” o “El cincuenta por ciento no votó al gobierno”. Cuando trascendió que hablaría Pérez, un periodista propuso dejarlo solo. No hubo quórum. El lilito entró rascándose la nuca, con sonrisa de azafato y la piel inmaculada. “Primero quiero felicitar y agradecer la amplia participación ciudadana”, valoró. Repitió que “hicimos la campaña que queríamos hacer, recorrimos el país como nunca”. Celebró que “fue una campaña sin mayores agresiones” y que “la decisión de la reforma política, que nos permitió como nunca difundir nuestro mensaje”. Las señoras aplaudieron. Pérez acomodó los dos micrófonos y fue al grano: “Somos una fuerza que siempre valoró la verdad, y la verdad es que no ha sido una buena elección; la ciudadanía eligió otras opciones y respetamos absolutamente la voluntad ciudadana”. Felicitó “al gobierno nacional”, recordó que “fuimos claramente opositores desde la convicción” y anunció que hoy habrá conferencia de prensa de Carrió y la mesa nacional de la CC.

–¿Por qué Carrió decidió no venir? –preguntó un cronista.

–No decidió eso. Esperamos todos los resultados puestos para que hable Carrió y la mesa nacional –repitió, y el puñado de dirigentes que lo acompañaba partió a paso lento, en clima de caravana fúnebre.

La derrota de ayer fue, por lejos, la más dura en la carrera de Carrió. En 2003, cuando Menem se bajó del ballottage, fue quinta, con 2,7 millones de votos, el 14,14 por ciento del padrón. Entonces disputaba el voto de centroizquierda con Kirchner, a quien dijo que apoyaría en segunda vuelta. “Entre el mal absoluto y el mal menor, no tengo dudas”, dijo. Al día siguiente reiteró su certeza sobre el camino inexorable a la Presidencia y celebró haber superado “una bisagra histórica: tenemos una mujer con casi 3 millones de votos”. “La otra etapa es aceptar que será presidenta”, dijo con razón, aunque no sería sino CFK. En 2005 hizo una buena elección en la Ciudad (segunda detrás de Macri). Dos años después, tras la fractura del ARI, volvió a competir por la presidencia y aumentó su caudal: 23,04 por ciento contra 45,3 de CFK. “La Coalición Cívica se ha constituido en la segunda fuerza nacional”, anunció. En 2009, aliada con radicales y socialistas, su derrota pasó desapercibida por la del kirchnerismo, aunque la advertencia del electorado fue clara. Incluso en la Ciudad, donde venía de sacar un 36 por ciento, pagó caro haber colocado a Prat Gay como cabeza de lista y fue tercera con 19 puntos. Los 3,3 por ciento de Estenssoro este año confirmaron una caída sin retorno. Resta ahora saber si la diáspora de la Coalición Cívica será inmediata o posterior a octubre.

Una nueva oportunidad para hacer justicia

El represor Alejandro Duret, ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, fue identificado como el responsable de la desaparición de Carlos Labolita, pero fue absuelto. Casación debe resolver si mantiene ese fallo.

Por Diego Martínez

Alejandro Guillermo Duret al declarar en el juicio por Carlos Labolita, quien había vivido en casa de los Kirchner.

El 27 de abril de 1976, como jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, el teniente Alejandro Duret recibió a Carlos Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron constancia de entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto el 24 de marzo cuando detuvo a su esposo y al que identificó luego como Duret, acusación que confirmó durante un careo en 1985. El 3 de julio de 2009, a cinco días de la derrota electoral del kirchnerismo, los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo hicieron propios los argumentos del defensor y absolvieron al militar. Ayer, ante una sala colmada por familiares y amigos de víctimas de la dictadura de Las Flores pero también por militares retirados y por la apologista del genocidio Cecilia Pando, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal tomaron nota de las pruebas y argumentos de las partes. Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda tienen ahora veinte días, bien para anular el fallo y condenar a Duret, bien para confirmar la absolución que represores y cómplices celebraron hace dos años como el comienzo del fin del proceso de justicia por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Labolita, de 23 años, casado con Gladis D’Alessandro, estudiaba sociología en La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Meses antes del golpe, por seguridad, la pareja abandonó su departamento. Se alojó primero en casa de Néstor y Cristina Kirchner, luego en una pensión. El 24 de marzo, treinta hombres al mando de Duret detuvieron a su padre. El militar admitió en los ’80 que “le tocó recibir el mensaje militar, secreto y encriptado” y “cumplir con la detención de Carlos Orlando Labolita”, y diferenció la información que ordenaba las capturas. La del padre era por “su actividad docente y su actuación afín a promover la teoría marxista”. “De Carlos Alberto, el mensaje militar cifrado lo vinculaba a la actividad terrorista, sindicándolo como integrante de la Organización Montoneros”. “Al no ser hallado Carlos Alberto Labolita el 24 de marzo –agregó–, el personal policial quedó con la consigna de proveer cualquier noticia que hubiera respecto de su presencia en Las Flores.”

Labolita visitó a su madre el 25 de abril. Media hora después lo detuvo la policía. En la comisaría dejaron constancia de que estaba “a disposición del área militar 125”. Dos días después se lo entregaron a dos uniformados en el cuartel de Azul. Policías que participaron del traslado declararon que Labolita no había sido golpeado, que vieron cuando lo encapuchaban y que les negaron un recibo de entrega. Uno identificó en 1985 a Duret, dato que reconoció en el juicio oral cuando le leyeron su testimonio.

Cinco días después, una patota a cara descubierta allanó la casa de Las Flores. Llevaban a Labolita con las manos atadas, encapuchado y descalzo. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, le confió a Gladis. Rosa Banegas, madre de Carlos, reconoció entre los secuestradores al joven alto y rubio que se había llevado a su esposo. Cuando ambas mujeres pidieron explicaciones, el jefe del cuartel les dijo que lo habían liberado. Sobrevivientes del centro clandestino de Azul fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, les confió un torturador.

En 1981, Rosa denunció la última visita de su hijo ante el subcomisario Héctor Bicarelli, juzgado en estos días por crímenes en Necochea. Contó que incluso increpó a Duret: “¿Qué buscás si ya estuviste?”. En 1985, en un careo frente a frente, Rosa no dudó en identificarlo. Duret respondió “casi con seguridad” que no había vuelto al hogar de Labolita tras el 24 de marzo y ante la firmeza de la mujer concedió que pudo haber ido a buscar libros o documentos. La declaración se incorporó por lectura, Rosa murió antes del juicio. Sus hijas y Gladis, en cambio, describieron al oficial que daba las órdenes. Los legajos de oficiales de Azul de 1976, en tanto, permitieron descartar que hubiera otro militar con esa fisonomía.

En 2009, el juez Carlos Rozanski votó en minoría por la condena. Esmoris y Jarazo, igual que el defensor Gerardo Ibáñez, pintaron a Duret como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor, desacreditaron el relato de la madre de Labolita, que no podía ratificarlo, y el de los policías que entregaron al detenido por ser posibles imputados, objeción que debieron formular antes de citarlos. El fiscal Horacio Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron ayer las incongruencias de la absolución, la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena de Duret, que prefirió no pisar la sala. Ahora Casación tiene la palabra.

El coronel Duret, en la senda de Carrascosa

Casación revisará la absolución de Alejandro Duret, imputado por secuestrar, torturar y asesinar a Carlos Labolita en 1976. La audiencia, oral y pública, es mañana al mediodía en Comodoro Py.

Por Diego Martínez

Foto de Marcelo Núñez

El 3 de julio de 2009, a cinco días de la derrota electoral del kirchnerismo, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua al general Pedro Mansilla por secuestrar, torturar y asesinar en 1976 a Carlos Alberto Labolita. Los jueces Alejandro Esmoris y Nélson Jarazo, con disidencia de Carlos Rozanski, absolvieron entonces al coronel Alejandro Duret, encargado de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul donde Labolita estuvo en cautiverio, reconocido por los policías que le entregaron al detenido y también por la madre y la esposa del militante de la Juventud Peronista cuando un grupo de tareas allanó la casa familiar con el secuestrado descalzo y encapuchado. La Cámara de Casación Penal revisará esta semana la absolución que represores y cómplices interpretaron como el comienzo del fin del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Mañana al mediodía, en una audiencia oral y pública en Comodoro Py, los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda escucharán al fiscal federal Horacio Azzolín y al abogado querellante César Sivo, que exigen la anulación del fallo y la condena a prisión perpetua de Duret. También pedirán que se revoque el arresto domiciliario que Mansilla cumple en el piso 21 de avenida Dorrego 2699.

Labolita, de 23 años, casado con Gladis D’Alessandro, estudiaba sociología en La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Meses antes del golpe de Estado, por seguridad, la pareja abandonó su departamento. Se alojó primero en casa de Néstor y Cristina Kirchner, luego en una pensión. El 24 de marzo treinta hombres al mando de Duret secuestraron en Las Flores a Labolita padre, que estuvo cuatro años preso. El militar admitió por escrito ante el juez federal de Azul que “le tocó recibir el mensaje militar, secreto y encriptado” y luego “cumplir con la detención de Carlos Orlando Labolita”, y diferenció “el origen de la información” que ordenaba las capturas de padre e hijo. “La vinculada al padre tenía relación con su actividad docente y su actuación afín a promover la teoría marxista; de Carlos Alberto, el mensaje militar cifrado lo vinculaba a la actividad terrorista, sindicándolo como integrante de la Organización Montoneros”. Aclaró Duret que “al no ser hallado Carlos Alberto Labolita el día 24 de marzo, el personal policial quedó con la consigna de proveer cualquier noticia que hubiera respecto de su presencia en Las Flores”.

El 25 de abril, Carlos se animó a visitar a su madre. Media hora después lo detuvo la policía. El comisario Aníbal Lista declaró que tenía “expresas instrucciones” para capturarlo del teniente coronel Mansilla, jefe del cuartel. En la comisaría de Las Flores dejaron constancia que estaba “a disposición del área militar 125” y dos días después lo entregaron en la Sección Inteligencia del regimiento, a cargo de Duret. Dos policías que participaron del traslado declararon que Labolita no había sido golpeado, que alcanzaron a ver cuando dos uniformados lo encapuchaban y que les negaron una constancia de la entrega. Uno identificó en 1985 a Duret, dato que reconoció en el juicio cuando le leyeron su testimonio.

En la madrugada del 1º de mayo, una patota militar a cara descubierta allanó la casa de Las Flores. Llevaban a Labolita con las manos atadas, encapuchado y descalzo. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, le contó a Gladis, ambos en la cocina, mientras los militares buscaban “una valija con fierros” que no encontraron. Rosa Banegas, la madre de Labolita, reconoció entre los secuestradores sin uniforme al joven alto y rubio que había detenido a su esposo. Cuando las dos mujeres pidieron explicaciones en el cuartel, Mansilla les dijo que lo habían liberado. Nadie volvió a verlo. Sobrevivientes del centro de detención de Azul contaron que fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, les confió un torturador.

Rosa Banegas denunció la última visita de su hijo en 1981 ante el subcomisario Héctor Bicarelli, juzgado en estos días por delitos de lesa humanidad en Necochea. Aseguró que el joven oficial que se llevó a su esposo era el mismo que volvió con su hijo destrozado y que incluso lo increpó: “¿Qué buscás si ya estuviste acá?”, le dijo. El 9 de abril de 1985, en un careo frente a Duret ordenado por el juez federal Jorge Ferro, Rosa afirmó con certeza que era el secuestrador al que había denunciado en plena dictadura. Duret atinó a responder “casi con seguridad” que no había vuelto a la casa de los Labolita tras el golpe de Estado y, ante la firmeza de la mujer, concedió que pudo haber ido a buscar libros o documentos. La declaración se incorporó por lectura porque Rosa murió antes del juicio. Sus hijas y la mujer de Labolita, en cambio, describieron con precisión en las audiencias al joven rubio y alto que daba órdenes a la patota. María Inés Labolita lo reconoció en una foto durante la instrucción de la causa. Los legajos de los oficiales del cuartel en 1976, en tanto, permitieron descartar que hubiera otro militar con esa fisonomía.

Esmoris y Jarazo hicieron propios todos los argumentos del defensor de Duret. Dejaron de lado el testimonio de los policías que lo entregaron vivo, desacreditaron el de la madre, sugirieron que pudo haber más de un oficial joven rubio y alto en Azul, confiaron en la “precaria capacidad operativa” de la sección inteligencia descripta por amigos de Duret, y minimizaron el rol del militar que admitió haber sido encargado de inteligencia, que fue sancionado por saltear jerarquías para reportar directamente a Mansilla, que en 1978 ingresó a un grupo de elite especializado en “lucha contra la subversión” y al que tres sobrevivientes identificaron como quien los interrogó bajo torturas. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribió el fiscal Daniel Adler al apelar el fallo. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizó. El Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló hace dos años la absolución de Carlos Carrascosa y lo condenó a prisión perpetua por asesino. El de Duret podría ser el primer ejemplo similar en un proceso por delitos de lesa humanidad.

Un final que se demora

Por Diego Martínez

Los terrenos ocupados fueron desalojados con una violenta represión.

La promesa del gobernador Walter Barrionuevo de otorgar “un lote a cada familia que lo necesite” con la condición de abandonar los terrenos ocupados no logró descomprimir la crisis política y social en Jujuy. Mientras dirigentes partidarios se cruzan acusaciones y la oposición abandonó en tiempo récord la comisión parlamentaria creada para investigar las responsabilidades políticas por las muertes de Libertador General San Martín, que terminó con cuatro muertos y casi setenta heridos, en la sociedad civil comienza a tomar fuerza el rechazo a la “ola ocupa” y a los “intrusos”, conceptos que utilizan con naturalidad los medios de comunicación. Ayer se realizó en San Salvador de Jujuy una “marcha por la paz”, a la que desde las redes sociales se convocaba a participar con velas, con ropa blanca y aclarando que no habría líderes ni oradores.

La multiplicación de tomas, sumada a los dimes y diretes entre funcionarios y opositores a una semana de las primarias abiertas, relegaron a un segundo plano la investigación penal sobre los asesinatos de un policía y tres civiles durante el intento de desalojo, el jueves 28, de quince de las más de 150.000 hectáreas que la familia Blaquier posee en Jujuy. Antes de retomar la instrucción de la causa, el juez penal Jorge Samman deberá pronunciarse mañana sobre el pedido de recusación en su contra presentado por la abogada de la madre de una de las víctimas por la presunta responsabilidad del magistrado en las muertes: Samman firmó la orden de desalojo un día antes del comienzo de la feria judicial.

Si bien el expediente sigue bajo secreto de sumario, el discurso del oficialismo jujeño se inscribe en la línea que sugiere la carátula de la causa: “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer”. El diputado provincial Jorge Casas aseguró que información recolectada por la difunta comisión “determina claramente que la policía no había reprimido, que no había orden superior de represión, que la policía había accedido al lugar del desalojo sin armas y que en todo momento estuvo a la defensiva”. Testigos citados por Página/12 en los últimos días aseguraron que las balas que asesinaron a Félix

Díaz y Ariel Farfán partieron desde donde se apostaban sólo policías, frente a una seccional que terminó incendiada. La hipótesis oficial, sin embargo, podría apuntalarse gracias a la semana que las armas usadas en el operativo estuvieron en manos de la fuerza de seguridad, antes de que el juez ordenara el peritaje a Gendarmería.

El retiro de la oposición de la comisión parlamentaria se gestó en simultáneo con la decisión de no prestar quórum para tratar el proyecto oficial para expropiar tierras, que el senador radical Gerardo Morales calificó de “inconstitucional e irresponsable”. Carlos Snopek, del Frente Primero Jujuy, explicó que “repartir lotes sin infraestructura y sin las mínimas condiciones de habitabilidad” era “una medida de clientelismo preelectoral” que generaba “la concepción de que hay que salir a ocupar tierras”. La diputada Carolina Moisés justifició la disolución de la comisión por las negativas a declarar por parte del jefe de policía al momento de la masacre y del ex ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa, quien renunció el día de las muertes.

Desde el oficialismo, en tanto, criticaron la “ingratitud e irresponsabilidad” de la UCR. Destacaron que los radicales tenían mayoría en la comisión, en la cual aseguraron que se estaba demostrando la ausencia de responsabilidad del Ejecutivo en la represión, y sugirieron que los opositores renunciaron porque “el resultado final no les iba a convenir”. El legislador Miguel Rioja dijo que si la UCR se oponía al proyecto de expropiaciones, debió haberlo debatido, y destacó que “el peor error del radicalismo fue demostrar que detrás de todo existe un interés político”, que ejemplificó con el pedido de renuncia de Morales al gobernador Barrionuevo. También repudió a “los funcionarios municipales que están disponiendo a través de secretarios y punteros la toma de terrenos y viviendas en la ciudad de San Salvador”. Ante la insistencia de los periodistas, identificó al secretario general de gobierno del municipio, Carlos Toconás, y se negó a dar más nombres.

La promesa del gobernador de comenzar a lotear terrenos a quienes acrediten dos años de residencia y “necesidades reales” disminuyó las tensiones, pero derivó en menos levantamientos de tomas de las esperadas. Ayer se mantenían no sólo en El Triángulo, donde ocurrieron las muertes, sino también en localidades del interior como Monterrico, Perico y El Carmen. Tampoco rindieron frutos los rumores de la llegada de Gendarmería para ejecutar desalojos. Para peor el incipiente censo lleva el mismo nombre que el programa que la Legislatura no llegó a tratar. Varios municipios ya anunciaron que no pueden inscribir a nadie hasta que el programa “Un lote...” se apruebe y reglamente. Por debajo de las declaraciones de los políticos y de la incapacidad para gestionar la crisis, crece en la sociedad la estigmatización contra “los ocupas”.

Masacre de Ledesma, condenada a la impunidad

Por Diego Martínez

El gobernador Walter Barrionuevo anunció que impulsará un plan de entrega de lotes.

A una semana de la represión en Libertador General San Martín, que se cobró la vida de tres manifestantes y un policía, ninguna autoridad demuestra mayor interés por investigar los crímenes. La causa está todavía en manos del juez penal Jorge Samman, quien debe investigar las consecuencias de la orden de desalojo que él mismo emitió antes de irse de vacaciones. Las organizaciones sociales marcharán hoy hacia el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial para exigir la destitución del magistrado, que caratuló el expediente como “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer”. El diputado radical Alberto Bernis, titular de la Comisión Parlamentaria Investigadora creada para indagar sobre los responsables políticos de la masacre, se manifestó “preocupado por la situación en que se encuentra la policía de la provincia de Jujuy como institución, más allá de las personas”. Las ocupaciones de tierras, mientras tanto, se multiplican e incorporan nuevos actores, desde trabajadores de la sanidad, docentes y profesionales hasta las esposas de los policías provinciales y los bomberos voluntarios de Perico, que ayer tomaron un predio de la finca El Pongo, de administración estatal.

Sobre el expediente, bajo secreto de sumario, el único dato certero es la carátula. Rumores que trascienden desde el Poder Judicial y la dirigencia política indican que las víctimas cayeron por balas calibre 22, distintas de las que usa oficialmente la policía. Desde el hospital donde se realizaron las autopsias, sin embargo, informaron a integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que la bala que asesinó a Ariel Farfán era calibre 9 milímetros. Más allá del secreto, ni el gobierno provincial ni las familias de los muertos ni las organizaciones sociales se presentaron aún como querellantes. “Aún no se le hicieron las pruebas de parafina a ningún policía. Sí a los manifestantes presos, pese a que fueron detenidos antes de las muertes”, destacó Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma).

La responsabilidad del juez por las consecuencias del desalojo que ordenó un día antes del comienzo de la feria judicial estuvo desde el comienzo en la mira de manifestantes y funcionarios. El mismo jueves de la represión, el gobernador Walter Barrionuevo destacó que le “llamó la atención” que, tras ordenar la medida, Samman “se fuera tan livianamente” de vacaciones. El viernes fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien pidió que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez”, que anticipó su regreso para asumir la instrucción. Hasta el momento, ni los jueces del STJ ni el fiscal general ante el máximo tribunal, Alejandro Ficoseco, pidieron su apartamiento.

“Es de una gravedad institucional tremenda que un juez investigue los excesos derivados de su propia orden de desalojo. Es imprescindible garantizar la preservación de la prueba y la transparencia del proceso”, consideró ante la consulta de Página/12 el abogado Andrés Reynoso, responsable de la oficina jujeña de Abogadas y Abogados del No- roeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). El letrado de Andhes contrastó la pasividad del STJ y de la clase política con la premura con que la Legislatura solicitó el año pasado el jury de enjuiciamiento a tres jueces en lo Contencioso que le ordenaron al Poder Legislativo provincial respetar la ley de cupo femenino en la distribución de bancas.

La comisión parlamentaria, por su parte, escuchó durante dos horas al jefe de la Unidad Regional de la policía local, Osvaldo Vera. Testigos de la interpelación, el lunes por la noche, contaron que las preguntas de los diputados apuntaron a determinar la responsabilidad de las víctimas y la presencia o no del personal de seguridad del ingenio Ledesma durante el operativo policial. Vera afirmó primero que los trescientos efectivos actuaron “sólo con escudos y bastones”, luego admitió que los únicos desarmados eran los agentes de la comisaría local, no el Cuerpo de Infantería ni el Grupo Especial de Operaciones. Cuando le preguntaron por la presencia de mujeres y niños durante el desalojo, sugirió que no había ninguno, para luego admitir que no había estado presente.

Mientras las ocupaciones se multiplican, funcionarios de Libertador General San Martín y miembros de organizaciones sociales se reunieron ayer para decidir qué terrenos se le expropiarán al ingenio Ledesma. El gobierno provincial propuso y la Legislatura aprobó la expropiación sin determinar antes dónde se ubican las cuarenta hectáreas en cuestión. “En la reunión se llegó a un preacuerdo, aunque tentativo porque el gobierno sugirió que tiene que pedirles el visto bueno a la empresa”, explicó Gutiérrez, quien participó del encuentro. Los terrenos propuestos por las organizaciones, en la zona oeste de la ciudad, son contiguos a otras 18 hectáreas que ya habían sido cedidas para la construcción de viviendas.