Luego de cuatro condenas esporádicas y otra frustrada por un envenenamiento imprevisto, 2008 será el primer año con una cantidad significativa de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Si bien sólo tres causas tienen fecha confirmada, querellantes y fiscales coinciden en que sus esfuerzos se traducirán en los próximos meses en debates orales y públicos en todo el país. La mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5. De no surgir una directiva de la Corte Suprema de Justicia que reasigne una de las dos megacausas que tiene asignadas –ESMA o Cuerpo I de Ejército– el comienzo de varios juicios se postergará de manera inevitable hasta 2010, con el riesgo evidente de que más imputados queden en el camino.
Desde la reapertura generalizada de investigaciones en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de impunidad, hubo cinco juicios. En 2006 fueron condenados dos policías emblemáticos del Estado terrorista: Miguel Etchecolatz y Julio Simón. En 2007 el panorama se diversificó, incluyó por primera vez a un sacerdote de la Iglesia Católica, el capellán Cristian von Wernich (segunda condena en La Plata) y a un grupo de coroneles del Batallón de Inteligencia 601. La muerte por envenenamiento en su prisión VIP salvó al prefecto Héctor Febres de escuchar una condena inexorable.
Si bien la Justicia instruyó y elevó más de veinte causas, sólo tres tienen fecha confirmada:
- El 5 de febrero el Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar a los responsables del Regimiento de Infantería 9 por quince secuestros y desapariciones forzadas. Será el primer juicio oral del interior del país, con más de 40 testigos. Rendirán cuentas el ex comandante de la Brigada de Infantería VII general Cristino Nicolaides, su jefe de inteligencia capitán Juan Carlos Demarchi (próspero ganadero, miembro de la Sociedad Rural), los coroneles Horacio Losito (agregado militar en Italia hasta su detención) y Rafael Manuel Barreiro, el suboficial Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso. Salvo Nicolaides, con domiciliaria, y Reynoso, en Marcos Paz, el resto aguardará en el Instituto Penal de Campo de Mayo.
- El 19 de febrero el TOF5 comenzará a juzgar al capitán Enrique José Berthier y al matrimonio de civiles compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto por la sustracción de la menor María Eugenia Sampallo, primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que querella a sus apropiadores. Berthier también espera en Campo de Mayo.
- El 29 de abril otra vez el TOF5 juzgará a los oficiales de la Policía Federal Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Angel Timarchi por la masacre de Fátima, un desprendimiento de “Cuerpo I”. El 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres fueron trasladados hasta un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima, donde los vendaron y fusilaron. Luego apilaron y dinamitaron sus cuerpos. La mayor parte de los 16 identificados estuvieron secuestrados en Coordinación Federal, donde prestaban servicio los imputados. Durante la instrucción murió impune el comisario Carlos Vicente Marcote. Continúa prófugo Luis Alberto Martínez.
El embudo
Sinónimo de iconos del genocidio como Alfredo Astiz o el Tigre Acosta, la ESMA es el centro clandestino con mayor cantidad de represores identificados: más de setenta. Durante los cuatro años transcurridos desde septiembre de 2003, cuando la Cámara Federal resolvió su reapertura, el juez federal Sergio Torres dividió la investigación por años y elevó causas de imputados puntuales como Febres, Adolfo Donda o Juan “Jeringa” Barrionuevo, o bien por hechos específicos como la muerte del escritor Rodolfo Walsh, la desaparición de las monjas francesas y las Madres secuestradas en la iglesia Santa Cruz, o el robo de bienes a los cautivos.
“El juez avanza por año, va por 1977 y eleva causas menores. Es improbable que alguna llegue a juicio en 2008 sin una decisión superior que reorganice el expediente y redistribuya las causas del TOF5”, lamenta Mirna Goransky, fiscal general adjunta de la Procuración General de la Nación asignada a la megacausa ESMA. “Antes del comienzo del juicio a Febres presentamos una propuesta ante la Corte Suprema para que en uso de sus facultades de superintendencia unifique causas y las distribuya de otra manera. No tuvimos respuesta. Ahora, junto con las querellas, estamos pensando cómo reeditar el reclamo”, advierte. “No creo que sea posible un solo juicio por ESMA pero sí se podría unificar varias investigaciones elevadas con ‘Testimonios A’ (nombre de la causa cerrada en 1987), que tiene diez imputados por más de 70 hechos”, concluye.
En principio los primeros delitos cometidos en la ESMA en llegar a juicio serían los robos de bebés nacidos en cautiverio. De las 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad que integran la causa “Plan Sistemático”, doce se produjeron en la ESMA. Por sorteo le corresponde intervenir al TOF 6. Los imputados son Cristino Nicolaides, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.
La instrucción de la megacausa “Cuerpo I”, a cargo del juez Daniel Rafecas, se organizó por centros clandestinos y por hechos significativos como la masacre de Fátima. En octubre de 2005 Rafecas elevó por separado las acusaciones contra un grupo de represores procesados en los ’80 e impunes por las leyes alfonsinistas: César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani, Pedro Durán Sáenz, Héctor Rubén Gamen y Pedro Alberto Barda. Aún esperan su turno en el abarrotado TOF5.
Por la relación jerárquica entre los imputados y la comunidad de casos y pruebas, es probable que se unifique el juicio al comandante de la subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, con los jefes de área que ejecutaban sus órdenes: Teófilo Saa, Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez. Lo improbable es que el dueño de vidas y muertes porteñas cumpla una larga condena. Tiene 84 años.
En el TOF que condenó al “Turco Julián” y fracasó con Febres también esperan la causa conocida como “masacre de calle Belén”, contra los jefes del Batallón de Inteligencia 601 (Carlos Alberto Tepedino, Mario Gómez Arenas y Jorge Suárez Nelson), el gendarme apropiador Víctor Enrique Rei y una docena de represores de la provincia de La Pampa.
Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que en agosto difundió el primer diagnóstico estatal preciso sobre los motivos que explican la lentitud de los procesos, el fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti coinciden en destacar como preocupación central la acumulación en el TOF5.
“Aspiramos a que las causas parciales ya elevadas se junten, porque tienen testigos y acusados comunes. Sabemos que un juicio único es imposible, que el conocimiento de los hechos es gradual, pero trabajamos para lograr juicios representativos de lo que fue la estructura represiva. Entendemos que primero debe juzgarse lo que ya está elevado, pero tratamos de fijar pautas para ordenar los procesos de modo de llegar a juicios con la mayor cantidad de imputados y hechos posibles”, explican Parenti y Auat.
“Queremos juicios significativos, con un número elevado de imputados y de víctimas, para que sobrevivientes y testigos no tengan que seguir declarando el resto de sus días”, coincide la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La aceleración de los procesos es imprescindible y compete a los tres poderes del Estado”, advierte.
Tierra adentro
Entre las causas del interior del país con más chances de seguir los pasos correntinos se destaca la que investiga a los jefes de La Escuelita, el centro clandestino del Batallón 181 de Neuquén. Los querellantes estiman para marzo el juicio al general Enrique Olea, al teniente coronel Oscar Reinhold y al mayor Luis Farías Barrera.
San Luis también pinta rápida. Tres meses después de la detención del capitán Carlos Esteban Plá, la Justicia ya elevó la causa por el asesinato de Graciela Fiochetti, los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de Pedro Ledesma y Sandro Santana Alcaraz. Los otros imputados son el coronel Miguel Angel Fernández Gez (quien denunció al obispo emérito Juan Rodolfo Laise porque le pidió hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía casarse) y los policías puntanos Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco. Sus abogados no apelaron los procesamientos.
En Tucumán serán juzgados los dos mayores símbolos del genocidio del Norte argentino. Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez rendirián cuentas por el secuestro, las torturas y la desaparición forzada del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Los generales gozan de buen pasar, viven con los suyos, pero no parece razonable prolongar la espera: ya pasaron los 80 abriles.
En Rosario acaba de elevarse a juicio la causa Quinta de Funes. Los primeros militares en rendir cuentas serán el flamante condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano, apresado mientras escuchaba misa por el hijo del Tucu Constanzo.
Córdoba no tiene elevaciones pero las querellas confían que tendrán juicios el próximo semestre. El primero sería al general Menéndez y siete subordinados de La Perla, por los secuestros, torturas y homicidios agravados de cuatro personas –incluido Humberto Brandalisi, que da nombre a la causa– a las que asesinaron después de simular su liberación. Para mediados de año los organismos de Chaco prevén sentar ante un tribunal a los fusiladores de Margarita Belén, trasladados días pasados desde la cómoda base de La Ligura a la cárcel de Campo de Mayo. Pese a su buena cosecha de enemigos continúa prófugo el mayor Norberto Raúl Tozzo. Entre los departamentos judiciales que en los ’80 hicieron un trabajo ejemplar y hoy se resisten a juzgar a sus mayores criminales se destaca la inconmovible Bahía Blanca.
