El EAAF identificó los restos de Ana Teresa Diego

Zaida Franz, la madre de la joven desaparecida y miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, habló sobre el significado de la identificación. La joven había sido enterrada en una fosa común del cementerio de Avellaneda.

Por Diego Martínez

Ana Teresa Diego

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Ana Teresa Diego, la militante comunista y estudiante de astronomía desaparecida durante la dictadura en cuya memoria se denominó Anadiego a un asteroide descubierto por un científico argentino. El cuerpo de la joven, secuestrada a los 21 años en La Plata, en septiembre de 1976, y vista por última vez en un centro clandestino del Circuito Camps, había sido enterrado en una fosa común del cementerio de Avellaneda. La noticia de la identificación “llena de luz un vacío, es como que está otra vez en la familia, la sentimos profundamente con nosotros”, explicó a Página/12 su mamá, Zaida Franz, viuda de Diego, miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que con 84 años no baja los brazos: “Ahora falta la justicia, una sentencia, y avanzar con los cómplices civiles, ya que ningún golpe de Estado en la Argentina fue solamente obra de los militares”.

Ana Diego nació el 5 de noviembre de 1954 en Bahía Blanca. En 1976 cursaba el tercer año del doctorado en astronomía en la Escuela Superior de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Militaba en la Federación Juvenil Comunista. En 1975 había fallecido su padre, Antonio Diego, matemático de la Universidad Nacional del Sur, a quien militantes de la época recuerdan como “uno de los primeros profesores con los que pudo contar el movimiento estudiantil bahiense”. “Tenían mucha afinidad, se parecían mucho: gente abierta, transparente, que decía lo que sentía. Eso le costó que se la llevaran”, apunta Zaida, que participó en Bahía Blanca de las primeras reuniones de familiares de desaparecidos y en La Plata de las primeras marchas de Madres.
Ana fue secuestrada al mediodía del 30 de septiembre de 1976, al salir de la facultad, por una patota de represores de civil que se movilizaba en dos Fiat sin patente. “Nos saludamos, me pidió la hora y en ese momento nos encapucharon y nos metieron adentro de un auto”, declaró Carlos Schultz en febrero, en el primer juicio a los subordinados del general Ramón Camps. Ana alcanzó a gritar su nombre antes de que se la llevaran. Los represores destrozaron y vaciaron luego el departamento que alquilaba. Ana fue vista en dos centros clandestinos: Pozo de Arana y Brigada de Quilmes. “Estábamos todos encapuchados, acostados o sentados contra una pared”, contó Schultz. En febrero de 1977, Zaida supo que Ana estaba en la Brigada de Quilmes. Se presentó, pero le negaron que estuviera allí. “Anita era muy dulce, muy especial”, la recordó Nora Ungaro, compañera de militancia y de cautiverio. “Compartíamos muchas cosas. Anita recordaba con gran cariño a su padre”, apuntó en 2000 en el Juicio de la Verdad. “Por el miedo nos acomodamos cabeza con cabeza, nos hablábamos al oído y cantábamos canciones de la Guerra Civil Española”, recordó en el juicio oral.

Zaida Franz de Diego, Madre de Plaza de Mayo

El último 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Unión Astronómica Internacional bautizó a un asteroide con el nombre Anadiego. “Hoy Dilma (Rousseff) ocupa el sillón de uno de los países más importantes del mundo, a lo mejor esta joven pudo haber estado sentada en el mismo lugar”, reflexionó entonces la presidenta Cristina Fernández. “Tener un desaparecido en la familia es como tener un vacío, un eslabón que falta aunque uno a veces se haga el distraído”, confiesa Zaida. “Saber que encontraron los restos llena de luz ese vacío, es como que está otra vez en la familia, la sentimos profundamente con nosotros.”

Jujuy se resiste a hacer justicia

El Tribunal Oral Federal de Jujuy se apresta a consagrar el proceso de impunidad construido durante años por el flamante ex juez Carlos Olivera Pastor con el visto bueno de la Cámara Federal de Salta. Pese a los reclamos de los organismos de derechos humanos, de la Procuración General de la Nación y de la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exhortó a los magistrados a concretar juicios orales en plazos razonables y con la mayor cantidad posible de imputados y de casos (víctimas) para evitar la revictimización de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, los jueces René Vicente Casas, Gabriel Eduardo Casas y Marcelo Juárez Almaraz decidieron comenzar el 13 de junio un juicio con apenas un imputado y por una sola desaparición. La Unidad Especial de coordinación y seguimiento de juicios de lesa humanidad de la Procuración anticipó ayer a Página/12 que presentará esta semana un recurso ante la Cámara de Casación Penal para que le exija al TOF jujeño la acumulación de los 53 casos que Olivera Pastor elevó con cuentagotas y la realización de un juicio con los diez represores en condiciones de rendir cuentas por delitos cometidos 35 años atrás.

Jujuy, junto con Mendoza y otras provincias norteñas, es un símbolo de la resistencia de la corporación judicial a avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura. Las casi 100 mil personas que marcharon en San Salvador el último 24 de marzo llevaron como consigna central la denuncia contra Olivera Pastor, un oscuro secretario devenido juez federal subrogante que durante años bloqueó sistemáticamente el avance del proceso, que rechazó el 90 por ciento de las indagatorias pedidas por el fiscal (incluida la del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier) y que esta semana presentó finalmente su renuncia.
Entre 2009 y febrero pasado, siempre con el respaldo de la Cámara salteña que encabeza Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, el entonces juez contrarió los criterios impulsados por la Procuración y la Comisión Interpoderes y elevó al tribunal diez fragmentos de la instrucción, varios con un imputado y una víctima. Los represores en condiciones de ser juzgados son el condenado Luciano Menéndez, Rafael Mariano Braga, César Darío Díaz, Mario Marcelo Gutiérrez, Antonio Orlando Vargas, Herminio Zárate, José Eduardo Bulgheroni, Horacio Domingo Marengo, Carlos Alberto y Orlando Ricardo Ortiz. El único a quien el tribunal decidió juzgar es el teniente coronel Braga, alias “Cara cortada” por sus cicatrices en la mejilla izquierda, y sólo por el secuestro en 1976 de Julio Alvarez García, un militante de la Juventud Universitaria Peronista.
“El caso de Jujuy refleja la dificultad de lograr que se apliquen pautas básicas como la acumulación de casos conexos”, explica Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal, quien destaca la necesidad imperiosa de “desarrollar mecanismos institucionales para corregir rápidamente estas decisiones”. “No puede seguir pasando que los tribunales arbitrariamente dejen de acumular casos conexos y con pruebas en común. Hay 875 procesados y más de 600 tienen alguna elevación a juicio. Este mecanismo de juicios por goteo está provocando una dilación que, finalmente, va a impedir concretar los juicios que faltan”, advierte. “Es urgente que desde la cabeza del Poder Judicial se tomen medidas para evitarlo.”

Detuvieron al Japonés Martínez

Fue el primer represor que detalló en Suiza los vuelos de la muerte. Llevaba más de cinco años prófugo. Hoy lo indagarán en las causas por la Masacre de Fátima y del circuito Atlético-Banco-Olimpo.

Por Diego Martínez

Martínez integró los grupos de tareas de Coordinación Federal.

Luis Alberto Martínez, alias Japonés, ex integrante de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, fue detenido ayer por Interpol luego de más de un lustro prófugo. Martínez, el primer represor que detalló en 1981 desde Suiza los vuelos de la muerte, logró burlar a la Justicia desde la reapertura de los procesos de lesa humanidad –cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó su captura– y evitó de esa manera estar en el banquillo en dos juicios orales: el de la Masacre de Fátima y el del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Rafecas lo indagará hoy en ambas causas y por su rol en Coordinación Federal. También ayer fue indagado por el juez Norberto Oyarbide por un secuestro extorsivo como miembro de la banda de Aníbal Gordon, Raúl Guglielminetti y compañía.

Ex suboficial de la Policía Federal, Martínez fue detenido por primera vez en 1981, en Suiza, acusado de participar en el secuestro extorsivo del financista Fernando Combal, liberado tras el pago de un millón de dólares, y del banquero Carlos Koldovsky, entre otros delitos al amparo del terrorismo de Estado. El policía brindó aquel año una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre. Contó que originalmente se desempeñaba en el Departamento de Asuntos Gremiales de Coordinación Federal, que luego trabajó en la infiltración de facultades de la Universidad de Buenos Aires, y dio un amplio detalle sobre represores, relaciones entre distintos centros de detención y métodos utilizados para interrogar y para desaparecer personas.
Luego de los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de la Policía Federal recurrían a los vuelos de la muerte, confesó catorce años antes que el capitán Adolfo Scilingo. “Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. A llegar recibían una inyección, se les decía contras las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército”, precisó. “Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró, y apuntó que el método se aplicó antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975 y 1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.
En 1985, entrevistado en Suiza por el abogado Jorge Baños, contó que también actuó en Automotores Orletti, el epicentro argentino del Plan Cóndor, al que llegó de la mano del “Mayor Guastavino”, léase Guglielminetti, juzgado en estos días en Neuquén. Baños había viajado a Suiza en representación del CELS para intentar obtener información de parte de Martínez y de los agentes de inteligencia Rubén Bufano y Leandro Sánchez Reisse. Finalmente fue extraditado por orden del juez Carlos Oliveri e indagado por su reemplazante, el juez Luis Niño. Pese a que la mayor parte de sus delitos quedaron amparados por la Ley de Obediencia Debida, el Japonés siguió preso como delincuente común hasta 1989. La decisión de liberarlo, luego de leer un voluminoso expediente en menos de 24 horas, la tomó el juez de instrucción Luis Velazco. En 1998 fue noticia en General Pico, cuando junto al subcomisario Leonardo De Laurentis golpearon y amenazaron con armas a un remisero. La jueza Rosa Vázquez le dictó la falta de mérito pese a que tenía prohibido usar armas. Desde entonces sólo fue noticia como prófugo. El Japonés comenzó ayer una nueva etapa de su vida, ahora con epicentro en la cárcel de Villa Devoto.

Lo imposible hecho realidad

El Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) presentaron el libro Hacer Justicia, que desarrolla el proceso y los resultados de la Argentina en las causas por delitos de lesa humanidad.

Valeria Barbuto, Horacio Verbitsky, Jorge Taiana y Marcelo Ferrante, ayer en la Biblioteca Nacional.

Publicado en PáginaI12, sin firma (de viernes a domingo los diarios porteños salen sin firmas, primer paso del plan de lucha para que La Nación, Clarín, PáginaI12 & Cía. se sienten a negociar mejores condiciones de trabajo.  DM)

El desafío de “hacer justicia” treinta años después. La sinergia a partir de 2003 entre una sociedad civil perseverante en su reclamo de “juicio y castigo” y la decisión del poder político. El acompañamiento a los sobrevivientes como clave de los procesos. Las violaciones sexuales como delito diferenciado de la tortura, ejemplo de vitalidad del proceso argentino. Los temas, entre otros, forman parte de Hacer Justicia, el libro que el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus sigla en inglés) presentaron ayer en la Biblioteca Nacional. “Es un libro importante en sí, que muestra cómo la realidad se fue transformando y lo que parecía imposible se convirtió en realidad”, resumió el ex canciller Jorge Taiana, miembro de la comisión directiva del organismo de derechos humanos.

“Hacer Justicia es el resultado de varios años de trabajo del CELS en cooperación con el ICTJ, con el auspicio de la Unión Europea”, explicó la antropóloga Valeria Barbuto, directora del Programa de Documentación e Investigación del CELS y moderadora del panel que también integraron el periodista Horacio Verbitsky, presidente de la institución, y el abogado Marcelo Ferrante, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y autor de uno de los capítulos del libro.
“Es inevitable ver la visión y el mensaje del proceso de justicia argentino” hacia el mundo, sostuvo Taiana. Marcó “dos conclusiones: la enorme vitalidad de la sociedad civil, en particular de los organismos de derechos humanos y los familiares, decisivos para mantener el tema en la agenda social y política, y la importancia de la decisión del poder político a partir de la presidencia de Néstor Kirchner”. “La estrategia en nuestro país fue la acción ante la Justicia penal”, recordó, y marcó “el contraste entre buena parte de América latina y el resto del mundo, donde la búsqueda de justicia no fue tan frecuente y se apeló por ejemplo a comisiones por la verdad”. “Fue el camino más largo, pero también el más exitoso y el más nítido”, afirmó.
Taiana repasó el libro. Destacó el capítulo de la abogada Carolina Varsky sobre los testimonios en los procesos y las estrategias para acompañar a los testigos. “Es interesante para otras experiencias”, apuntó. “El derecho a la verdad fue una utilización muy original del sistema penal para hacer justamente lo que no se podía: pedir juicio y castigo”, recordó. Sobre el avance de las causas por delitos sexuales en cautiverio, tema resistido por el Poder Judicial, que investigaron la socióloga Lorena Balardini, la abogada Ana Oberlín y la psiquiatra Laura Sobredo, Taiana destacó que “no estaba presente y muestra la vitalidad del proceso argentino”. El ex canciller cerró su exposición con referencias al capítulo de la politóloga Pilar Calveiro, sobreviviente de la dictadura. “Muestra cómo ciertas prácticas perviven en el tejido más íntimo de las políticas represivas y en los métodos de investigación penal”, destacó, y expresó su deseo de que el Congreso convierta en ley el proyecto que establece un mecanismo de aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Ferrante, a su turno, desarrolló su estudio sobre las actitudes de los jóvenes apropiados durante la dictadura frente al proceso de justicia, en particular sobre los fundamentos para no colaborar con las investigaciones por parte de quienes se negaron a dar muestras de ADN. El abogado se explayó sobre “el argumento de la lealtad” con los apropiadores, a partir de “un vínculo parental de hecho”, y sobre el argumento de la pertinencia. “La identificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos es siempre pertinente”, concluyó.
El cierre estuvo a cargo de Verbitsky, quien recordó la historia de la confesión de Adolfo Scilingo y el quiebre que marcó en el proceso de justicia: las primeras presentaciones en base al derecho a la verdad, el rol clave de jueces como Horacio Cattani, el surgimiento de la agrupación HIJOS, la apertura de la causa por genocidio en España y la detención del dictador Augusto Pinochet en Chile.

El terrorismo de Estado al servicio de Loma Negra

La fiscalía y la querella pidieron penas de prisión perpetua para los tres militares involucrados y altas penas para dos civiles. También reclamaron que se indague sobre la responsabilidad de la empresa de los Fortabat.

Por Diego Martínez

El TOF N° 1 de Mar del Plata juzga a los acusados por el caso Moreno.

La relación de la cementera Loma Negra con el terrorismo de Estado está en la mira de la Justicia. El fiscal Daniel Adler y el abogado César Sivo, representante de la familia de Carlos Moreno, abogado de los obreros de la empresa hasta su asesinato en 1977, le pidieron ayer al Tribunal Oral Federal 1º de Mar del Plata que promueva una investigación criminal contra los directivos de la firma que desde 1976 dirigía Amalia Lacroze de Fortabat, que murió impune el mes pasado. Los letrados, en sus alegatos, pidieron penas de prisión perpetua para los coroneles retirados Roque Pappalardo y Julio Tomassi, y para el suboficial José Luis Ojeda, como coautores de la privación ilegal de la libertad, las torturas y el asesinato de Moreno. Para los hermanos Emilio y Julio Méndez, dos civiles que facilitaron su chacra de Tandil como centro clandestino, Sivo pidió veinte años de prisión; Adler 16 y 14 años respectivamente.

Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría. Durante cuatro días fue interrogado y torturado en la chacra de los Méndez. El 3 de mayo se fugó. Descalzo, tambaleante, llegó a la chacra de los Bulfoni. Fue recapturado, pero volvió a escabullirse. El secuestrador frustrado le ordenó a la hija de los Bulfoni que lo llevaran a la chacra de los Méndez, donde subió un hombre armado. Partieron en camioneta, lo encontraron atrás de una piedra, le pegaron con una pala y otra vez al centro clandestino. Lo mataron ese mismo día. El Primer Cuerpo de Ejército informó en un comunicado que Moreno fue “abatido” por resistirse a ser detenido. Su cuñado lo reconoció en la morgue envuelto en una manta verde del Ejército, con dos disparos, la nariz quebrada y signos de torturas. Los obreros de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) se levantaron al saber del crimen, pero el teniente coronel Ignacio Verdura le exigió a la mujer de Moreno que los calmara si quería el cuerpo. “Moreno era tan querido que hasta los abogados de las cementeras, sus contrapartes en los juicios, firmaron un hábeas corpus por él”, recordó ayer el fiscal Adler.
Tommasi era jefe de área, “un burócrata orgulloso de su eficaz subordinado Pappalardo”, lo definió Adler. Pappalardo “hizo historia en Tandil”: varios sobrevivientes lo reconocieron en la tortura. “Yo no compartía el método”, dijo el militar en el juicio, con crucifijo y rosario en mano. En el caso específico fue quien ordenó recapturar a Moreno. “Se ocupaba de custodiar los intereses de las empresas que perdían juicios por demandas de sus empleados”, dijo el fiscal. “En el caso de la Cooperativa Cretal” mencionó dos secuestros de “actores del juicio”. “En el caso de Loma Negra fue más lejos: directamente secuestró al abogado de los trabajadores. El mismo grupo operativo, los mismos intereses: que las empresas no sufran el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores”, resumió Adler.
El cabo primero Ojeda, según testigos, persiguió a Moreno a los tiros tras la evasión e informó a Pappalardo. Los Méndez aportaron su propiedad como centro clandestino. “Alcahuetes de los militares”, los definió Matías Moreno, hijo del abogado. Emilio Méndez, que reconoció su relación con los militares, era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la Usina Popular. “El trueque era evidente”, dijo el fiscal. “Cedieron su chacra a los militares, que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”, resumió.
“Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó el fiscal. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis”, enfermedad que sufrían los obreros, e intercedieron por despidos y aportes. Destacó el rol del juez Carlos Pagliere, que en plena dictadura “selló el destino de los imputados” al recoger pruebas, y se detuvo en los indicios de la relación de Loma Negra con los militares y “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo”. El superintendente Ernesto Cladera le dijo al socio de Moreno “que no molestaran, que había ido el jefe del regimiento y que haga la lista de los que andaban jodiendo, que él era dueño de la vida y de los bienes”. El hijo del vicepresidente de la cementera contó que ambos abogados eran “muy mal nombrados” en las reuniones de empresarios y militares. Adler pidió que se investigue si fue “un crimen por encargo o por codicia” y que se indague sobre “las conexiones de estas empresas con el poder militar”. También pidió que se investigue a Verdura, al comisario Rubén Argentino Balquinta y a dos militares de apellido Echeverría y Martínez, mencionados como integrantes del grupo de tareas con base en la chacra de Tandil.

Patti y Bignone, procesados por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi

La medida alcanza a nueve represores. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo también dispuso la falta de mérito de dos acusados. Para procesar a Patti por este hecho, ocurrido en 1983, hubo que anular su sobreseimiento.

Por Diego Martínez

Los familiares de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, secuestrados en el bar Magnum en 1983.

A casi ocho años de la reapertura de la causa, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesó a nueve represores por los secuestros, torturas y asesinatos en 1983 de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. La medida alcanzó al dictador Reynaldo Bignone, al ex policía Luis Abelardo Patti, al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario coronel Pascual Guerrieri y a su segundo, teniente coronel Luis Américo Muñoz, el único que sigue libre. Con argumentos que se desconocen, ya que las partes no fueron notificadas, el juez de San Nicolás dictó la falta de mérito del coronel Víctor Hugo Rodríguez, de quien dependían los civiles de Inteligencia (PCI) que participaron de los secuestros, y del ex arquero Edgardo Andrada, identificado por su ex compañero Eduardo Constanzo entre los miembros del grupo a cargo del operativo. “Chuli” Rodríguez y “El Gato” Andrada son curiosamente los únicos imputados que no están condenados o procesados en otras causas. En los próximos días Villafuerte Ruzo deberá indagar al ex policía Juan Amadeo Spataro, quien integró junto con Patti la patrulla que se encargó de los fusilamientos, en tanto siguen libres e impunes con el visto bueno del juez y de la Cámara Federal de Rosario todos los miembros de las planas mayores de zona, subzona y áreas militares que el fiscal federal Juan Patricio Murray pidió citar a indagatoria en junio del año pasado.

Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti, Spataro y Rodolfo Diéguez, que murió impune, los asesinó horas después en un camino vecinal cerca de Zárate. Fue uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de Inteligencia, asesinato en tiroteo fraguado por policías. Los fusiladores fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos demostró luego que los militantes peronistas fueron torturados con picana y atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y dictó el sobreseimiento provisorio, que el paso del tiempo convirtió en definitivo el mismo día que se sancionó la ley de Obediencia Debida. La pelea de Murray y de los abogados querellantes para revertir la “cosa juzgada” rindió frutos recién el año pasado, cuando Villafuerte Ruzo la declaró nula, decisión que luego confirmó la Cámara de Rosario y que quedó firme por la presentación extemporánea del recurso ante Casación.
Los procesamientos dictados por Villafuerte Ruzo, recusado (sin suerte) por congelar expedientes y por pronunciarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, abarcaron a cinco civiles de Inteligencia: Walter Pagano (condenado en 2010 a prisión perpetua), Juan Andrés Cabrera, Ariel Antonio López, Carlos Antonio Sfulcini y Ariel Porra, quien según Constanzo trasladó a las víctimas hasta el camino donde los ejecutaron. La misma función que los citados PCI cumplía Andrada, ex arquero de Rosario Central y de la Selección argentina de fútbol. Su falta de mérito no es el primer beneficio que le concede Villafuerte Ruzo: antes dictó su exención de prisión y le permitió conservar en su casa un arsenal que incluía pistolas de 9 y 11,25 milímetros, tres fusiles Winchester y una carabina, entre otras armas de guerra. “¿Qué juez, en una causa cualquiera, primero dejaría en libertad a un sospechoso de doble homicidio, y segundo le permitiría conservar en su poder semejante arsenal?”, planteó el camarista Fernando Barbará al analizar la conducta del nicoleño. “La pregunta, naturalmente, es del todo retórica, ya que la respuesta obvia es: ninguno”, escribió, en el fallo de la Cámara de Rosario que finalmente ordenó secuestrar la armería del Gato Andrada.
La falta de mérito del Chuli Rodríguez también asombró a quienes integran la acusación. El entonces capitán era jefe de la Sección Segunda del Destacamento, de la que dependían varios de los PCI procesados, y fue mencionado por El Tucu Constanzo entre los secuestradores. Casi treinta años después es el actual presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, que cada año cruza los Andes con el ex intendente y ahora senador provincial Miguel Lifschitz. El teniente coronel Rodríguez se afeitó el bigote para concurrir a la indagatoria, a la que llegó en un Nissan de vidrios polarizados acompañado por custodios con trajes negros, y no hizo descargo ni ofreció pruebas para defenderse. “No imagino qué gato sacó de la galera” Villafuerte Ruzo para beneficiarlo, confió Murray.
El único procesado libre, beneficio sobre el que debe pronunciarse la Cámara de Casación, es el teniente coronel Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento y superior inmediato de Rodríguez. De su legajo surge una de las pruebas más concluyentes de la actuación criminal del Ejército, aun en 1983, y del esmero en borrar pruebas en democracia. En 1989, disconforme con una calificación que frenaba su ascenso, Muñoz pidió que se consideraran sus “merecimientos” y citó dos “operaciones especiales” que por “razones de contrainteligencia” no había relatado pese a que participó “directa y activamente”. La primera fue en 1983 y “consistió en un despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de elementos subversivos residuales” antes de las elecciones de octubre. Advirtió “el riesgo de ponerse en evidencia” pero cumplió la orden “como corresponde a un soldado”, escribió, y apuntó que un coronel amigo tuvo que realizar otra “operación especial” para que el semanario Siete Días no informara sobre los protagonistas del hecho. La segunda, en 1984, fue “un gran despliegue de efectivos y medios” para “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos para llevar ante los estrados judiciales” a hombres como él, y “cumplió ampliamente con su cometido”, explicó.
El fiscal Murray no dudó al pedir la detención que la operación de 1983 fue el asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi; no sólo porque Muñoz integraba el destacamento de Inteligencia de Rosario, donde se produjeron los secuestros, sino también porque la revista Humor registró el vínculo del caso con la “operación especial” del coronel amigo. Luego de recibir un informe secreto “sobre las alternativas íntimas del caso Cambiaso-Pereyra Rossi”, un cronista y un fotógrafo de Siete Días intentaron hablar con uno de los protagonistas. “Si esto trasciende, les vuelo la editorial. Con amnistía o sin amnistía, en actividad o en retiro, les vuelo la editorial con ustedes adentro”, les advirtió el militar, según relató el periodista Enrique Vázquez en Humor. La operación de guerra de 1984, dedujo Murray, fue el robo de expedientes sobre la represión ilegal de los Tribunales Provinciales de Rosario. Los secuestros y el robo fueron “las dos operaciones más delicadas de toda mi carrera”, confesó Muñoz, no porque enfrente tuviera a un ejército real sino por la “gran repercusión”. “Hubo que poner en juego una real y verdadera vocación de servicio”, destacó el soldado, orgulloso porque el robo de expedientes permitió “llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.

Murió Angela Muruzábal de Westerkamp

“Se fue suavemente, se apagó”

A los 97 años, murió una de las primeras mujeres universitarias, doctora en Química. Tuvo un rol clave en la fundación del CELS. La detención de su hijo Gustavo en 1975, que estuvo más de siete años preso, signó su vida y la de su esposo.

Los restos de Angela Muruzábal de Westerkamp serán trasladados hoy a la Chacarita.

Publicado en PáginaI12.

A los 97 años, luego de una vida dedicada a la ciencia y la investigación y de una intensa militancia para denunciar los crímenes del terrorismo de Estado, murió ayer Angela Muruzábal de Westerkamp. Doctora en Química, docente universitaria, fundadora de la Universidad Tecnológica Nacional, su vida dio un giro radical tras la detención de su hijo Gustavo, que durante siete años y medio peregrinó por las cárceles de la dictadura. A través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y más tarde del Centro de Estudios Legales y Sociales, siempre junto a su esposo José Federico “Pipo” Westerkamp, Angela se ocupó durante años de ayudar a los familiares de presos políticos que la dictadura encerraba bien lejos de sus seres queridos y participó en 1980 de la difusión clandestina del “Informe prohibido” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Creo que muchas mujeres estarán orgullosas, las representó muy bien”, escribió ayer Gustavo. “Se fue esta madrugada suavemente, se apagó”, apuntó en su perfil de Facebook. Angela fue velada en su departamento de calle Juncal hasta ayer al atardecer y luego en una casa velatoria en Córdoba 3677. Hoy a las 9.30 será traslada al cementerio de la Chacarita.

Angela Muruzábal había nacido el 18 de septiembre de 1914 en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, donde vivió su primera infancia. Junto a su familia, numerosa, de origen vasco, se trasladó a Buenos Aires. A los veinte años ingresó a estudiar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Corría 1935 y las mujeres eran minoría en la academia: sobre 45 matriculados, 40 eran varones. En la facultad conoció a quien sería su esposo, Pipo Westerkamp, con quien tuvo tres hijos, incluida una niña que murió a poco de nacer.
En 1940 se recibió de doctora en Química con diploma de honor y medalla de oro, que no recibió por falta de presupuesto, según historió la licenciada María Ferraro en el boletín de la Fundación Síntesis, que homenajeó hace un lustro la trayectoria de Muruzábal. Una vez recibida comenzó a ejercer la docencia en la Universidad de Buenos Aires y en el exterior, en las universidades de Columbia y de Nueva York. Durante sus años en los Estados Unidos conoció a Albert Einstein, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, New Jersey. En nuestro país trabajó con los médicos Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA. En 1955, luego de quince años como docente de la UBA, participó de la fundación de la Universidad Tecnológica Nacional, donde se desempeñó hasta 1978.
Su vida dio un giro el 21 de octubre de 1975, cuando Gustavo fue secuestrado tras la revisación médica para el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Patricios. Angela sabía de la militancia de su hijo, incluso lo había acompañado al funeral de un amigo muerto en un enfrentamiento con militares. Westerkamp hijo fue torturado durante dos días en la Superintendencia de Seguridad Federal y luego comenzó a peregrinar por las cárceles de Villa Devoto, Sierra Chica, La Plata y Rawson, siempre a disposición del Poder Ejecutivo, pero sin cargo ni proceso. “Siete años y medio preso sin condena. Estos no se animaban a condenar”, afirmó Westerkamp padre, entrevistado para el archivo oral de Memoria Abierta.
“Angelita estuvo siempre al lado del movimiento de los derechos humanos, muy cerca del CELS en sus primeros tiempos”, recordó ayer Cristina Caiati, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales desde 1980. Recordó su participación en la reproducción y difusión del informe de la CIDH que ingresó al país Emilio Mignone, fundador del CELS, y que junto a un grupo de Madres de Plaza de Mayo hicieron llegar a políticos, periodistas, jueces y dirigentes. “También hizo un trabajo muy importante en 1981, cuando metieron presos a todos los miembros de la comisión directiva. Llamó a todo el mundo en Estados Unidos. Se movió mucho para que recuperaran la libertad”, apuntó. Caiati destacó en particular la relación que Muruzábal tejió con Tex Harris, un diplomático norteamericano que recibió a centenares de familiares de desaparecidos y que tendría un rol clave en la fundación del CELS. “Trabajó muchísimo para generar interés internacional sobre lo que pasaba en el país. Fue una mujer muy solidaria con todos los familiares y las víctimas”, recordó.
“Mi madre tuvo un ACV que le dejó paralizado todo el lado izquierdo del cuerpo (...) Los médicos no han dado un pronóstico favorable sino lo contrario. Angela pone todo de sí para salir adelante, pero parece que no puede”, escribió Gustavo el jueves. “Angela pone todo de sí para salir adelante pero parece que no puede. Nosotros tratamos de hacerle lo más suave posible este trance, pero parece que se va a ir apagando lentamente”, anunció. El desenlace se produjo el jueves a las siete de la mañana.

La impunidad de Mercedes Benz y la boina del Che

Por Diego Martínez

Mientras la causa por la desaparición de activistas de Mercedes Benz Argentina (MBA) continúa paralizada y los abogados de la automotriz dilatan con éxito el juicio civil ante un tribunal de California, la firma que tiene en su haber catorce delegados desaparecidos desató la ira de los cubanos de Miami al utilizar la imagen de Ernesto Guevara para identificar a sus autos con la revolución. "Nunca más voy a comprar un Mercedes y le estoy diciendo a mis amigos lo mismo", se ofuscó Félix Rodríguez, un cubano contratado por la CIA para capturar al Che en Bolivia, luego de ver el ícono de la marca en reemplazo de la estrella roja de la boina del guerrillero. "Es vergonzoso que una empresa que creció durante el nazi fascismo ahora utilice la imagen de un revolucionario latinoamericano", opinó la periodista Gabriela Weber, que investigó la complicidad de Mercedes Benz con el terrorismo de Estado e impulsa la causa en los Estados Unidos. "Es una forma de intentar blanquearse", de "mostrar que no son reaccionarios", sostiene Julio D'Alessando, ex trabajador que debió exiliarse durante la dictadura y que integra la Asociación de ex Trabajadores y Familiares de Desaparecidos de MBA.

"Varios de los delegados desaparecidos de Mercedes Benz fueron vistos en Campo de Mayo o en centros clandestinos de Zona Oeste", apunta Pablo Llonto, abogado del sobreviviente Héctor Ratto, secuestrado dentro de la propia empresa. La causa está radicada desde 2002 en el juzgado federal 2 de San Martín y no avanzó durante la década que estuvo en poder de los jueces Martín Suárez Araujo y Juan Manuel Yalj. Desde el mes pasado está en manos de la subrogante Alicia Vence. Los querellantes le presentaron un escrito para recordar que siguen pendientes de respuesta los pedidos de indagatoria para los jefes de Campo de Mayo. Las solicitudes de investigación incluyen al directorio de MBA, en particular al ex gerente Juan Rolando Tasselkraut, quien en presencia de Ratto entregó la dirección de un obrero que horas después desapareció para siempre. También abarca al entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf y al secretario general de Smata, José Rodríguez, acusados de gestionar la "eliminación" de "elementos subversivos".

"La causa está dormida por voluntad política", afirmó Weber, quien volcó su investigación en el documental Milagros no hay. "Cristina (Fernández de Kirchner) festejó el aniversario en Mercedes Benz y ni siquiera mencionó a los obreros desaparecidos", destacó, en referencia al acto por los 60 años de MBA en el país, el 6 de septiembre pasado, en el que la presidenta pidió que "tengamos memoria" pero no en referencia a los desaparecidos de la firma anfitriona sino para entender "cómo terminamos como terminamos en 2001".

El juicio ante la Corte de Apelaciones de San Francisco, iniciado en base a una ley que permite demandar a corporaciones asentadas en los Estados Unidos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, debía comenzar en diciembre pero se suspendió por un recurso que presentó Mercedes Benz a último momento.

El episodio que ofuscó a los exiliados cubanos ocurrió el martes durante una feria de consumidores en Las Vegas. Dieter Zetsche, directivo de Mercedes Benz, apareció orondo con un afiche gigante a sus espaldas con la imagen del Che retocada: en lugar de la cruz roja, el símbolo de la marca alemana. Zetsche pretendió usar la presentación para describir una nueva campaña que tituló Car Together, para exhortar a los choferes de autos de lujo a compartir los viajes con el fin de reducir las emisiones de gases y el congestionamiento de tránsito, informó ayer El Nuevo Herald. "Algunos colegas piensan que compartir el coche bordea el comunismo", bromeó. "Si ese es el caso, ¡viva la revolución!", celebró su ocurrencia y desató la reacción de los cubanos exiliados.

"No saben quién fue el Che Guevara. Fue un criminal", escribió Rodríguez en el sitio web de la marca. Apuntó que tuvo tres Mercedes pero "nunca más voy a comprar otro". La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen escribió que "el Che era un cobarde corrupto y sediento de sangre" y que Mercedes Benz debería "avergonzarse". "No entiendo cómo una compañía que vende carros de lujo pueda usar una figura de alguien que predicó la lucha de clases", se indignó Ninoska Pérez Castellón, miembro del directorio del Consejo por la Libertad de Cuba.

Daimler AG, que controla Mercedes Benz, difundió el jueves un comunicado para disculparse. "El doctor Zetsche se refirió a la revolución de la automovilidad debido a nuevas tecnologías, en particular aquellas asociadas con la conectividad", intentó aclarar. "Para ilustrar el punto, la compañía brevemente empleó una foto del revolucionario Che Guevara (una de muchas imágenes y videos en la presentación)", agregó. "Daimlier no respalda la vida o acciones de esta figura histórica o la filosofía política que promovía”, tomó distancia. “Nos disculpamos sinceramente con aquellos que se sintieron ofendidos", concluyó.

"Pienso que es una forma de intentar blanquearse", considera D'Alessando, un trabajador que debió exiliarse en Brasil durante la dictadura. "Ellos participaron del genocidio con gente del servicio de inteligencia del Batallón 601 y ahora presentan estas cosas como para mostrar que no son reaccionarios", agrega. "Creo que la movida es esa, con más razón ahora que se está haciendo un juicio en los Estados Unidos. No tiene nada que ver con la ideología, sólo hacen negocios".

El turno de los jueces chilenos

Un juez chileno solicitó al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputan al ex camarista destituido por participar en delitos de lesa humanidad. El magistrado también requirió informes sobre el pedido de refugio presentado por Romano.

El ex camarista mendocino Otilio Romano ya nombró un abogado en Chile.

Publicado en PáginaI12.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Adalis Oyarzún, le solicitó al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputan al ex camarista mendocino Otilio Romano, destituido por el Consejo de la Magistratura por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, por los que ya tiene procesamiento firme. El magistrado también le pidió al Ministerio del Interior de su país que le informe en qué estado se encuentra el trámite por el pedido de refugio político presentado por el ex hombre fuerte del Poder Judicial de Mendoza en agosto pasado, luego de huir en avión a Chile justo cuando el Consejo se aprestaba a suspenderlo y dejarlo sin fueros.

Romano fue durante años un pilar fundamental para obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad en las tres provincias de Cuyo, donde siguió actuando como juez incluso después de haber sido procesado. Esa particular situación fue posible gracias a una medida cautelar que le concedió un juez ad hoc y que permitió demorar durante casi un año el avance del proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. El 24 de agosto, un día antes de la sesión que terminaría con su suspensión como magistrado, Romano se tomó un vuelo de LAN rumbo a Chile, donde pidió asilo político, un beneficio que no incluye a imputados por delitos de lesa humanidad pero que le permite ganar tiempo hasta que el Estado chileno analice el caso y se pronuncie.
Una de las últimas señales de vida de Romano fue a principios de diciembre, cuando a través de un abogado presentó una carta ante la misma Cámara Federal de Mendoza para decir que se consideraba despedido, ya que el Consejo de la Magistratura le suspendió el pago de haberes (estimado en 40 mil pesos mensuales por tratarse de un camarista) al considerar que huir del país para no enfrentar un proceso judicial es “incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas de un juez federal”.
El 15 de diciembre, luego de un proceso en ausencia en el que varios sobrevivientes del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza testimoniaron sobre la pasividad de Romano ante las denuncias por secuestros, torturas y violaciones, el Consejo, con voto unánime, lo separó del cargo por haber omitido en forma sistemática denunciar e investigar graves violaciones a los derechos humanos mientras se desempeñó como fiscal federal y juez subrogante, a partir de fines de 1975. “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Irineo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, concluyó el jury.
“Ya lo vamos a traer, lo va a traer la Justicia”, declaró un día después la presidenta Cristina Fernández en Mendoza. “El Gobierno, como corresponde, va a pedir la extradición al gobierno de Chile”, agregó. Al mismo tiempo, el juez federal Walter Bento activó la orden de detención pedida por los abogados de los organismos de derechos humanos y por el fiscal general Omar Palermo, hasta entonces supeditada a la destitución.
En los últimos días de diciembre, Bento envió a la Cancillería un extenso formulario que, vía Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, debía llegar al máximo tribunal trasandino. El nombre completo de Otilio Roque Irineo Romano, mientras tanto, figura con foto y demás datos personales en un listado de las 315 personas más buscadas por Interpol junto con narcotraficantes y terroristas.
El estado de los trámites sobre Romano fue publicado por el diario trasandino El Mercurio, donde también se informó que la defensa del ex juez en Chile está a cargo de Claudio Feller Schleyer, profesor y director del departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de ese país y abogado especializado en temas criminales y delitos de carácter económico. Las gestiones de su abogado chileno sugieren que resistirá desde el otro lado de la cordillera, sin volver a huir a un tercer país. La decisión de detenerlo y extraditarlo está ahora en manos de la Corte Suprema de Chile. Si decide avanzar, la última palabra la tendrá el presidente Sebastián Piñera.

Una resistencia que cumplió 31 vueltas

La consigna central fue “Toda la verdad, toda la justicia”. Hubo un reconocimiento a los juicios y también distintos reclamos, como la investigación de los cómplices civiles y la libertad de Karina Germano.

Por Diego Martínez

Los organismos de derechos humanos llevaron la bandera con las caras de víctimas de la dictadura.

Con la exigencia de “toda la verdad, toda la justicia” como consigna central, el reconocimiento por los 264 represores condenados y más de 800 procesados, pero también con reclamos históricos como el juicio a los cómplices civiles del terrorismo de Estado más un amplio abanico de cuentas pendientes de distintas épocas, desde la “aparición con vida de Jorge Julio López” o la exigencia de que las cárceles “dejen de ser centros de tortura y muerte” hasta los recientes asesinatos de militantes campesinos en el norte del país, organismos de derechos humanos realizaron ayer en Plaza de Mayo su histórica Marcha de la Resistencia.

La 31ª edición de la caminata en torno de la Pirámide que Madres y Abuelas realizan cada diciembre desde 1981 fue convocada este año por ambas agrupaciones (en el caso de Madres por la Línea Fundadora, ya que la asociación de Hebe de Bonafini tomó distancia en 2006 al considerar que “ya no tenemos un enemigo en la Casa Rosada”), más Hijos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia.
A la imagen de los organismos de derechos humanos portando su bandera con rostros de víctimas de la dictadura se agregaron postales menos imponentes, pero no menos significativas: fotos de los tres hombres jujeños asesinados en julio durante el desalojo del predio del Ingenio Ledesma, de Nora Cortiñas recordando que “Ledesma mata” desde la leyenda de un barbijo, imágenes del pibe Luciano Arruga, “desaparecido en democracia” en manos de la Policía Bonaerense, carteles de reclamos de justicia por los asesinatos de Cristian Ferreyra, militante del Mocase-Vía Campesina de Santiago del Estero, y también por las muertes de Mario y Roberto López, “hermanos Qom asesinados por los sicarios de Insfrán”, en referencia al gobernador formoseño Gildo Insfrán.
A las seis de la tarde, mientras un turista desconcertado indagaba el motivo del encuentro y desde el escenario sonaban los “tambores en lucha” de La Chilinga, habitués de las convocatorias de los organismos, en torno de la pirámide eran escasos los familiares caminando con las fotos en blanco y negro de sus seres queridos, y numerosas las banderas de pibes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y la CTA, entre otras agrupaciones.
Una consigna distintiva este fue año fue el pedido de “libertad de Karina Germano”, militante de Hijos en sus comienzos, quien cumple desde 2006 en la Argentina una condena por un secuestro en Brasil. La Galle Germano, en el penal de Ezeiza, recordó desde una grabación que fue extraditada con la ayuda del ex presidente Néstor Kirchner, que fue “víctima de fiscales y jueces cómplices de la dictadura, quienes por mi condición de Hija me quitaron todos los derechos”, y que desde hace cinco años pide sin suerte acceder a salidas transitorias. “El pedido se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia”, recordó.
“La marcha significa hoy seguir reclamando toda la verdad y toda la justicia”, enfatizó Martín Fraga, de Hijos. “Se logró mucho, pero también faltan muchos juicios, falta juzgar a empresarios cómplices como los Blaquier o los de Mercedes Benz, a la Triple A y a la CNU; falta abrir los archivos de la Secretaría de Inteligencia, de la Policía Federal y de las policías provinciales, falta encontrar a 400 nietos y también trabajar para que no haya más muertes como las de Ferreyra, del Mocase santiagueño, y también el del Partido Obrero”, destacó.
Mientras en el escenario los pibes de Jahmila dedicaban el Bella Ciao de los partisanos italianos “a la resistencia de los pueblos indígenas”, militantes que se distanciaron de los organismos de derechos humanos más cercanos al kirchnerismo enumeraban reclamos que quisieran escuchar con más fuerza. “Hace cinco o diez años pedíamos para que no reprimieran a los pueblos originarios y no corrieran a los campesinos de sus tierras. Algunos quieren creer hoy que eso ya no existe”, lamentan. “La marcha sigue teniendo el mismo significado que hace 30 años: resistir contra la impunidad. Claro que hubo cambios, pero la impunidad pasa hoy por tener más de cuatro mil procesados por protestas sociales mientras los represores procesados apenas pasan de 800”, apunta Nora López Pomé, presidenta de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos.
Los organismos celebraron en el documento consensuado el avance de las causas contra “la corporación judicial”, reclamaron celeridad y cárcel común a los represores, pero también “consolidar un proyecto social de inclusión en todos los niveles”. “No podemos seguir permitiendo que los empresarios y sus cómplices en los distintos poderes avancen sobre las tierras y los pobladores originarios”, advirtieron.

Tucumán: tercera condena simbólica al Tuerto Albornoz

Por Diego Martínez

Roberto Heriberto Albornoz fue jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía de Tucumán.

Roberto Heriberto Albornoz, alias Tuerto, ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) de la policía de Tucumán durante la dictadura, fue condenado ayer a la pena de prisión perpetua por el secuestro y homicidio de los militantes montoneros Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss de Tello en 1976. Tanto familiares de las víctimas como organismos de derechos humanos y el fiscal Leopoldo Peralta Palma celebraron el fallo, pero repudiaron el beneficio de la prisión domiciliaria para Albornoz, que acumula tres condenas. “Sentimos un profundo desagrado por el arresto domiciliario, ya que se trata de un ser perverso que estará muy cómodo en su casa mientras nuestros hijos no están con no-sotros”, resumió Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo de Tucumán.

Carlos Tello y su esposa Margarita vivían en Mendoza pero, perseguidos por la Triple A, se radicaron en Tucumán. El operativo fue el 12 de julio de 1976. “Azizita”, como le decía su familia, llegó a su casa con su hija Mariana Eva, de nueve meses. “Cuando vio el operativo del Ejército y la policía, mi madre empezó a retroceder tratando de protegerme y fue inmediatamente acribillada por ráfagas de ametralladora”, declaró la semana pasada Mariana, que estuvo dos meses secuestrada y que hace quince años milita en Hijos Córdoba. Tello llegó a la casa a la noche, pudo burlar a la policía y sobrevivió “durmiendo en cualquier parte”, recordó a su turno. Por gestiones de su suegro, diez días después pudieron recuperar el cuerpo de Margarita, que fue enterrado en Jujuy.
El correntino Aguirre, militante peronista surgido de grupos católicos, maestro, padre de cuatro hijos, estaba en la casa de Tello y fue secuestrado con otros militantes. Una vecina vio cuando los cargaban en un camión, encapuchados. Sus restos fueron identificados 33 años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense y en febrero de 2010 fueron inhumados en su ciudad, Goya. Su hija Liliana, jueza civil y comercial de Goya, recordó al declarar que “después de la muerte de papá, en casa nunca más se lo nombró hasta la vuelta de la democracia”. La noticia de la muerte fue en realidad un comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército sobre un “enfrentamiento” en el que “cayeron abatidos los subversivos”.
Ayer a las diez de la mañana el Tribunal Oral Federal de Tucumán invitó a Albornoz a decir sus últimas palabras. “No me encuentro con ánimo”, balbuceó quien fuera uno de los más feroces torturadores bajo el mando de Antonio Bussi. A las 13, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Jaime Díaz Gavier hicieron público el veredicto: prisión perpetua como autor mediato de los delitos de violación de domicilio, secuestro y homicidio agravado. Albornoz ya fue condenado en 2010 en el juicio a los represores de la jefatura de policía y este año en la causa Romero Niklison. El juicio tenía otros dos imputados: Luciano Menéndez, fuera de juego por problemas de salud, y Bussi, que falleció la semana pasada.
Mariana Tello dijo sentirse “aliviada”, pero aclaró que su lucha continúa. “Esto no termina aquí, porque voy a seguir adelante por los 30 mil desaparecidos, los chicos que fueron quitados a sus padres y entregados a otras familias”, explicó. Lamentó el arresto domiciliario del condenado y recordó que “era un hombre que se sentía dueño de la vida y de la muerte de las personas”. El fiscal Peralta Palma advirtió que “si Albornoz sigue cumpliendo la pena en su casa, el fallo se vuelve irrisorio, simbólico”. “Creemos que se debe acondicionar el lugar de detención acorde con las necesidades médicas, pero debe estar en la cárcel, porque son delitos de lesa humanidad, graves”, reclamó.

Patti procesado por el asesinato del periodista Ricardo Giménez

Por Diego Martínez

Luis Abelardo Patti cumple condena en Ezeiza.

Dos días antes de celebrar su primer cumpleaños como condenado, Luis Abelardo Patti fue procesado el jueves por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Miguel Giménez, el primer desaparecido de Escobar. Militante de la Juventud Peronista de zona norte y redactor del diario El Actual, donde escribía sobre los trabajos sucios de la Policía Bonaerense, Giménez fue secuestrado en enero de 1976 y no hubo rastros de su paradero hasta 2007, cuando un registro burocrático permitió probar que lo asesinaron después de 23 días en cautiverio. El ex intendente de Escobar, que hoy festejará sus 59 años en el hospital de la cárcel de Ezeiza, fue procesado esta vez por el juez federal subrogante de Campana, Adrián González Charvay, que embargó sus bienes por un millón de pesos.

Giménez trabajaba en el diario que dirigía Tilo Wenner, poeta y periodista asesinado días después del golpe de Estado. Se ocupaba de investigar las tareas ilegales de la Policía Bonaerense para desactivar conflictos gremiales y amedrentar militantes. Las denuncias le valieron varios hostigamientos, en particular de agentes de la comisaría de Escobar. En diciembre de 1975 un grupo de tareas de policías y civiles allanó de madrugada la casa de los tíos de Giménez. Destruyeron la casa, buscándolo en un supuesto escondite, pero no lo encontraron. El 7 de enero de 1976 la patota invadió la casa de sus abuelos en Loma Verde, en Escobar. Lo secuestraron ante la presencia de sus hijos, entre otros familiares, y robaron hasta el bombeador de agua. Parientes y compañeros lo buscaron y publicaron solicitadas en las que hacían responsable a la policía. La Justicia sobreseyó la denuncia cinco meses después.
El cadáver desfigurado, mutilado y maniatado apareció el 30 de enero de 1976 a la mañana, veintitrés días después del secuestro, en una zona despoblada conocida como La Quema, en Moreno, donde los recolectores descargaban la basura de la ciudad. La División Documentos de la Policía Bonaerense lo identificó por las huellas, pero los restos se inhumaron con “NN masculino” en el cementerio de Moreno, con el visto bueno del Juzgado Penal 4 de Mercedes. El registro lo descubrió y aportó a la causa en 2007 la Dirección General del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense. Intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense, pero fue imposible restituir los restos a la familia porque en 1982 habían sido trasladados al osario general.
Las amenazas de Patti a Giménez, que no ocultaba su militancia y recorría Escobar como periodista, comenzaron en 1973, apuntó el juez González Charvay. Los trabajadores de la imprenta Rayo, donde se editaba El Actual, solían verlo de civil, en un Peugeot 504 color mostaza, registrando los movimientos del diario. También vigilaba las reuniones en el sindicato del Fatre o en casas de familia. Patti fue reconocido la madrugada de 1975 cuando fueron a secuestrarlo a la casa de sus tíos. “Nunca lo conocí”, afirmó durante su declaración indagatoria, sin obligación de decir la verdad. El juez enmarcó el caso en “un modelo sistemático orquestado y organizado por sectores del Ejército que junto con fuerzas de seguridad, en particular con la comisaría de Escobar, actuaban con la finalidad de exterminar a grupos políticos, sociales, estudiantiles y gremiales, y también a organizaciones armadas”.

COMUNICADO DE LOS TRABAJADORES DE PAGINA12 (24.11.11)

La asamblea de trabajadores de Página12 repudia la censura en los artículos de nuestro compañero Darío Aranda sobre el asesinato del campesino Cristian Ferreyra, militante del Mocase-VC de Santiago del Estero. En dos notas consecutivas, la primera sobre el crimen y la segunda sobre la marcha de repudio, el diario eliminó los párrafos que informaban que el gobernador de la provincia donde se produjo el asesinato se llama Gerardo Zamora, se define como un “radical K” alineado con el gobierno nacional, y que no se pronunció sobre un hecho de innegables connotaciones políticas ni respondió a los llamados del periodista. Esos datos elementales, que con ningún justificativo se pueden dejar de informar a los lectores, fueron eliminados de lascrónicas sin avisarle al periodista ni retirarle su firma.

Darío es un periodista que recorre el país para cubrir sin intermediarios las luchas de campesinos e indígenas. Sus investigaciones sobre los conflictos derivados de la expansión de los agronegocios, el atropello de los derechos de las comunidades que habitan sus tierras desde tiempos ancestrales y la complicidad de autoridades políticas y judiciales han sido tapa de PáginaI12 durante años. Su compromiso y honestidad le han valido el respeto no sólo de las organizaciones a las que supo hacer visibles, sino también de sus compañeros y de los lectores.

Su situación laboral, sin embargo, es de absoluta precariedad: trabaja desde hace siete años como “colaborador”, sin garantías de estabilidad, sujeto al humor de la empresa, con pagos que en el último año promedian poco más de 500 pesos, costeando los viajes de su bolsillo o con la ayuda de organizaciones campesinas. Por tratarse de un “caso testigo” de precariedad y maltrato, sus compañeros de PáginaI12 solicitamos a la empresa el pase a planta permanente de Darío Aranda, porque entendemos que esa es la solución. Con eso, además, se garantizará que pueda seguir aportando su experiencia y sus conocimientos en los temas de su especialidad, pero a cambio de un sueldo digno, como corresponde a todo trabajador.

También queremos dejar sentado que exigimos que de ahora en más no se repitan hechos de esta naturaleza y en el caso de que algún editor modifique el contenido de las notas contra la voluntad del periodista, se respete el derecho básico a retirar la firma.

Asamblea de Trabajadores de Página 12

“Aportar al estado de conciencia”

DEBATE SOBRE EL ROL DEL PERIODISMO DE INVESTIGACION EN EL PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Por Diego Martínez

“El rol más importante de los periodistas es aportar a la modificación de los estados de conciencia y de las relaciones de fuerza, para que sean las sociedades las que se den los instrumentos que permitan terminar con la impunidad”, explicó Horacio Verbitsky. “Los periodistas deben recuperar su voz autónoma del poder político, del Poder Judicial y también de los propietarios de los medios”, propuso la prestigiosa periodista chilena Mónica González Mujica. “Tenemos que dejar de ser googlistas y ser periodistas”, planteó el colega uruguayo Roger Rodríguez. “Una contribución importante del periodismo en mi país es valorizar las historias de vida, la emoción”, afirmó el brasileño Iván Marsiglia. Las definiciones se escucharon ayer en un panel sobre “Aportes del periodismo de investigación al proceso de memoria, verdad y justicia en la región”, en el marco de las jornadas para corresponsales extranjeros organizadas por el programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de Presidencia de la Nación.

Verbitsky hizo un repaso por publicaciones en dictaduras y en democracia para destacar que en el oficio “lo fundamental es la voluntad”. Como antecedente lejano citó la investigación sobre los fusilamientos de 1956, recordó que Rodolfo Walsh “se apuró para que no le ganaran de mano los grandes medios y después se dio cuenta deque no competía con nadie”. Sobre la última dictadura, recordó el rol de la Agencia de Noticias Clandestina, destacó que sólo un 30 por ciento de la información era exclusiva, que los cables llegaban a los diarios y que sin embargo se limitaron a reproducir las falacias militares. “Se burlaban de la inteligencia de los lectores. Clarín o La Nación publicaban comunicados de forma acrítica, acompañaban con editoriales apoyando a la dictadura y se beneficiaban como socios de este Estado terrorista en la construcción y operación de la planta de papel”, recordó. Agregó que, ya en democracia, “medios como Humor, El Periodista o Página/12 se hicieron cargo de una responsabilidad que no interesaba a los grandes medios”. “Los periodistas somos emergentes de la sociedad, igual que los jueces o los organismos de derechos humanos. No somos ni mejores ni peores, somos parte de un colectivo”, recordó.

González Mujica, directora del Centro de Investigación Periodística (Ciper) de Chile, recordó que durante la dictadura de Pinochet hubo periodistas que fueron víctimas, “pero también hubo cómplices e incluso autores de homicidios”. Diferenció dos actitudes ante al régimen. “Hubo periodistas de medios oficiales, pero con una valentía impresionante, que colaboraron con información para saber la verdad”, opción que implicó “dormir con el enemigo”. La segunda consistió en “investigar noches completas” a partir de datos aislados: una camioneta, una patente, una descripción física, y al mismo tiempo “buscar la corrupción del dinero”. Si a partir de 1990 “toda la historia estuvo en los tribunales fue por la labor heroica de familiares, sobrevivientes, abogados, funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad y también de periodistas”, recordó.

“Hoy estamos en un momento complicado por el crimen organizado en México, Honduras, Guatemala”, saltó al presente González Mujica. En esos países “están hoy los esclavos de la ESMA”, comparó. “Más que nunca es necesario juntar nuestras fuerzas –reclamó–, porque el modelo es copia exacta del de Seguridad Nacional, para ocupar zonas y hacer prisioneros a miles de pobladores vulnerables, acaparándoles sus tierras”. “El periodismo tiene que ganar poder, porque hoy día puede ser también la voz de aquellos que se sienten desolados por la falta de mística, de una fuerza que convoque a quienes creen que no hay grietas”, concluyó.

Rodríguez recordó las dificultades para escribir sobre el gobierno militar en Uruguay aun en democracia. Contó que enviaba sus investigaciones a Jair Kriske, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, quien las traducía y publicaba en el periódico Cero Hora. “Una semana después de enviarlas, escribía ‘Cero Hora informó que...’ No me vengan con que no se puede hacer todo”, planteó. Tras repasar las consecuencias de la impunidad, destacó que “los medios se transformaron en cañones” y “su tenencia y control es una batalla”.

Iván Marsiglia, editor del periódico Estado de Sao Paulo, se refirió a las dificultades de Brasil para enfrentar su pasado, a “la resistencia al debate” y al escaso apoyo de los medios a la formación de la Comisión de la Verdad, que acaba de anunciar la presidenta Dilma Rousseff. “Ninguno se manifestó abiertamente en contra, pero todo el tiempo se hizo mención al revanchismo, al riesgo de romper el proceso de ‘reconciliación’. No es (un discurso) fácil de quebrar”, explicó. En ese contexto destacó la importancia de poner ante los ojos de la sociedad brasileña las historias de vida de las víctimas, que “tocan a todos, de izquierda o derecha”.

La última batalla del condenado Patti

El represor condenado a perpetua solicitó dejar el penal de Ezeiza por sus problemas de salud. Reclama ir a su casa y traslados a la clínica Fleni. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó determinar cuál es su estado y en función de eso definir dónde continúa preso.

Mientras se decide su situación, Luis Patti seguirá en el hospital del penal de Ezeiza.

El Tribunal Oral de San Martín que condenó al ex subcomisario Luis Abelardo Pa-tti a prisión perpetua en cárcel común deberá requerir informes actualizados sobre la salud del torturador y volver a pronunciarse “con celeridad” sobre el lugar de cumplimiento de la sentencia. La orden la impartió la Cámara Federal de Casación Penal ante un planteo de la defensa de Patti, que en base a sus problemas de salud reclama el beneficio del arresto domiciliario y traslados a la clínica privada Fleni de Escobar para someterse a un tratamiento de rehabilitación. El ex policía continuará mientras tanto en el hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.

La pelea de Patti por volver a casa es anterior al juicio. Preso en Marcos Paz desde noviembre de 2007, el hombre que se ufanaba de sus crímenes mientras reinaba la impunidad obtuvo, a principios de 2010, autorización para operarse de una lesión en los ligamentos cervicales. Un accidente cerebrovascular durante la intervención le permitió instalarse en la clínica Fleni, donde durante meses recibió visitas con escasos controles y se sacó fotos disfrazado de payaso. Cuando comenzó el juicio oral se le desdibujó la sonrisa y optó por ingresar al auditorio de José León Suárez en camilla, acostado y con los ojos cerrados. El 26 de mayo, tras la condena por secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín ordenó su traslado al hospital del Servicio Penitenciario Federal en Ezeiza.
El caso llegó a Casación por un recurso de la abogada Verónica Corbacho, que entró en escena tras los frustrados esfuerzos del ex camarista Alfredo Bisordi, quien pasó a retiro tras la sentencia. La defensora argumentó que Patti es “un discapacitado motriz y visual” que requiere asistencia hasta para vestirse o ir al baño y afirmó que los hospitales del Servicio Penitenciario “no poseen la accesibilidad al medio espacial y arquitectónico indispensable” para su cliente, a quien considera sometido a “un trato cruel e inhumano”. Corbacho pidió entonces el arresto domiciliario y la rehabilitación en la clínica Fleni de Escobar.
El fiscal general Javier de Luca, en cambio, cuestionó la falta de imparcialidad de los informes médicos elaborados por los médicos de la clínica que Patti inauguró cuando era intendente de Escobar, destacó que en el hospital penitenciario cuenta con atención médica las 24 horas y que en definitiva la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad es del Estado y no de particulares. En el hospital del penal de Ezeiza Patti pasa sus días en una habitación amplia, luminosa, limpia, con estanterías, plantas y portarretratos, según documentó la semana pasada la revista XXIII.
La Sala II de Casación coincidió con De Luca en que la salud del imputado es “una situación dinámica” que exige contar con “elementos de juicio actuales” sobre el estado y el pronóstico de Patti. Los jueces Pedro David, Alejandro Slokar y Liliana Catu-cci consideraron que “la omisión” de encomendar un informe al Cuerpo Médico Forense implicaba “arbitrariedad de sentencia” por parte del tribunal de San Marín, cuestionaron que “tampoco obra en autos un detalle de las condiciones actuales de alojamiento” y que sus pares se pronunciaron sin antes conocer las prestaciones de los centros médicos que la prepaga de Patti ofreció para realizar la rehabilitación. Los magistrados aclararon que la decisión de anular la decisión del tribunal de San Martín no implicaba anticipar un juicio a favor del arresto domiciliario de Patti, sino propugnar “un pronunciamiento fundado”, por lo que devolvieron la pelota el tribunal que preside Lucila Larrandart para que “con celeridad” vuelva a pronunciarse sobre dónde debe pasar el resto de sus días el condenado Patti.

Un lustro después, el almirante Godoy será indagado por espionaje ilegal

Por Diego Martínez

El almirante Jorge Godoy será indagado como responsable del espionaje ilegal una base de la Armada.

El almirante Jorge Godoy, jefe de la Armada, será indagado hoy por el juez federal Daniel Rafecas como máximo responsable del espionaje ilegal por el que una docena de marinos serán juzgados el próximo año. Godoy se benefició en 2008 con una falta de mérito, apelada por el Ministerio Público y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y en 2009 por un oportuno salvataje de la Cámara de Casación Penal, que le quitó el expediente a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia cuando se aprestaba a pronunciarse. Los magistrados patagónicos no dudaron al confirmar los procesamientos de miembros de la oficina de inteligencia de la Base Almirante Zar de Trelew que la cúpula naval “dio las pautas generales para efectuar las tareas vedadas”. El eventual procesamiento del jefe del Estado Mayor de la Armada, pedido por el fiscal federal Federico Delgado, implicaría el fin de la carrera de Godoy, nombrado al frente de esa fuerza por el ex presidente Néstor Kirchner en junio de 2003.

La causa se inició en 2006, cuando un cabo de la Base Zar se presentó en el CELS para denunciar las tareas ilegales que se resistía a cumplir. El juez federal Jorge Pfleger realizó un allanamiento exitoso en la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval 3 de Trelew y varios frustrantes en oficinas similares alertadas a tiempo. La documentación secuestrada incluía informes ordenados y clasificados sobre dirigentes sociales, organismos de derechos humanos, periodistas y funcionarios, incluida la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré.
La investigación probó la existencia de un sistema de inteligencia ilegal de alcance nacional, que burlaba las leyes de Seguridad Interior, Defensa e Inteligencia nacionales. Los artilugios de las defensas, sin embargo, dilataron los tiempos. En diciembre de 2007, al revocar sobreseimientos de tres altos jefes navales, la Cámara de Comodoro afirmó que “sin dudas la Armada como organismo militar tenía a la política interna como clara hipótesis de trabajo y no conforme con ello ‘obtenía información’ y ‘almacenaba datos’ de personas sin estar autorizada”.
El CELS y el fiscal Fernando Gelvez pidieron entonces la imputación de Godoy. A la sistematicidad de las tareas ilegales con el fin evidente de facilitar la toma de decisiones institucionales, el organismo agregó que Godoy había aprobado y firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) de 2005, con objetivos que permitían el espionaje interno: las “amenazas asimétricas” y la “comunicación institucional y contrainteligencia sobre todo actor que pretenda incidir contra la institución”.
Godoy sugirió en su indagatoria que las tareas ilegales habían sido iniciativas de ovejas descarriadas, hecho que contraría la lógica de funcionamiento de la estructura militar y lo descalificaría como jefe, pero obtuvo una falta de mérito del juez Hugo Sastre y siguió al frente de la Armada. Con la excusa de que el PBIN se había redactado en Buenos Aires, instaló además un conflicto de competencias que le valió tres años de changüí. Su suerte comenzó a revertirse en junio de 2010, cuando la Cámara Federal porteña rechazó su pedido de sobreseimiento. Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah manifestaron su sospecha de que el espionaje ilegal respondía “a una actividad generalizada de las distintas seccionales de la Armada” y le ordenaron a Rafecas profundizar la búsqueda y análisis de la prueba.

Vuelo hacia el juicio oral

Por Diego Martínez

Un avión Skyvan. Uno de los modelos usados para arrojar secuestrados vivos al mar durante la última dictadura.

Tres ex pilotos de los Skyvan desde los que se arrojaron secuestrados vivos al mar durante la última dictadura podrían compartir con Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón & Cía. el banquillo del próximo juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los ex prefectos Enrique De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro D’Agostino, identificados en una investigación del Ministerio Público Fiscal como pilotos del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977 en el que habrían sido ejecutadas las monjas francesas, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y los familiares secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. Sigue libre e impune en Necochea el superior de los aviadores, prefecto general Hilario Ramón Fariña, ex jefe de la División Aviación de Prefectura durante la dictadura, denunciado desde 1984 ante la Conadep como responsable de “tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”.

La resolución de la Cámara Federal que confirma los procesamientos ordenados por el juez federal Sergio Torres lleva las firmas de Martín Irurzun y Eduardo Farah e incluye a otros dos acusados: el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, ex defensor de sus compañeros de la ESMA, denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojar al vacío, y el suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, quien relató su actuación en los vuelos en los años ’80 ante sus compañeros de trabajo. El ex mecánico de la Armada trabajó hasta el día de su detención en Aerolíneas Argentinas, igual que Arru y De Saint George, que eran comandantes de vuelos internacionales.
El capitán Emir Sisul Hess, quien confesó sus crímenes en privado en los ’90, es por el momento el único imputado por su participación directa en los vuelos que ya está en manos del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que condenó al primer grupo de 16 represores de la ESMA y que a mediados de 2012 comenzaría el segundo proceso oral y público. A fines de septiembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Julio Alberto Poch, el ex piloto que confesó sus crímenes ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia. De los tiempos que demore la elevación a juicio y del criterio de acumulación de causas que adopte el tribunal que preside el juez Daniel Obligado dependerá que Poch y los cinco acusados que desde esta semana tienen procesamiento firme sean juzgados a partir del próximo año o recién en un tercer proceso, que al ritmo actual no arrancaría antes de 2015.
De Saint George, Arru y D’Agostino fueron imputados a partir del estudio de 2800 planillas de vuelo de los Skyvan de Prefectura, realizadas por la Unidad Especial sobre delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, y de testimonios de ex suboficiales y civiles que prestaban servicios para Prefectura obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio. Entre quienes tenían “la sartén por el mango” con los vuelos de la muerte, según un ex prefecto que declaró en la causa, también estaban los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, que está radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA.
La impunidad de Fariña es difícil de explicar. Su nombre completo figura desde enero de 1984 en una carta enviada al presidente Raúl Alfonsín por la “oficialidad joven y no corrupta de Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”. Se lo sindica con todas las letras como “quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. Fariña conducía la División Aviación (DAV), que integraban apenas catorce pilotos y una docena de mecánicos. Entrevistado por Página/12, primero negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”. Su imputación está en manos del juez Torres, que instruye la megacausa ESMA, y del fiscal federal Eduardo Taiano, quien consultado para esta nota no recordó haber pedido su citación para prestar declaración indagatoria.
De Saint George, Arru y D’Agostino eran en 1977 oficiales principales. Sus superiores inmediatos eran Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. El bahiense D’Agostino era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en el aeroparque Jorge Newbery. Diecisiete días después del vuelo que lo distingue de los pilotos de los Skyvan que continúan en libertad fue elogiado por Zaldúa por el “dominio de sus reacciones emotivas” y porque “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En 2003 murió el mecánico que participó del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.